VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

 

AYER

 

Por enésima vez, en la sesión plenaria matutina de ayer, las y los legisladores no pudieron elegir al magistrado que sustituirá a don Luís Fernando Solano en la Sala Constitucional. Los candidatos que obtuvieron más votos fueron los señores Paul Rueda y Jorge Córdoba, aunque insuficientes para ser elegidos. Luego continuó el trámite del proyecto de Ley de reforma a la Ley de tránsito, expediente No. 17412, solo para contabilizar un día más, en el marco del procedimiento estipulado en el artículo 208 bis del Reglamento interno de Congreso.

 

Por la tarde, la sesión del Plenario fue consumida por lagos recesos. En la primera parte, el señor diputado José Luís Valenciano, del PLN, conmemoró el nacimiento en el año 1870, en San Ramón, del científico botánico Alberto Manuel Brenes, quien ostenta el título de Benemérito de la Patria. Por otra parte, la señora diputada Ofelia Taitelbaum, del PLN, dirigiéndose a la barra del público donde se encontraban varios representantes de las comunidades indígenas, expuso el largo trámite sufrido por el proyecto de Ley de desarrollo autónomo de ls pueblos indígenas, expediente No. 14352; “ahora está en el Plenario esperando el primer debate, pero apareció un problema; y es que, dentro del proyecto, se dispuso tomar recursos del CONAVI que iban dirigidos a la Universidad de Costa Rica, para asignarlos a las representaciones indígenas. Las universidades alertaron del problema en su financiamiento y ahora buscamos la posibilidad de devolver el dictamen a la comisión dictaminadora, por solo un día, aplicando el artículo 154 del Reglamento interior del Congreso, para corregir el error. Necesitamos, por lo tanto, aprobar una moción de posposición de los asuntos de la agenda para ubicar este proyecto en el primer lugar, para luego aprobar otra moción que disponga la aplicación de ese artículo del Reglamento de la Asamblea”, manifestó doña Ofelia.

 

En la segunda parte de la sesión fue rechazado, en segundo debate, el proyecto de de Ley de autorización al Estado para que segregue y venda a la Universidad de Costa Rica el inmueble que ocupa el Instituto Clodomiro Picado en Dulce Nombre de Coronado, expediente No.  17052. La señora diputada Leda Zamora justificó el rechazo, exponiendo las consideraciones de la Sala Constitucional a la consulta efectuada por diputados del PAC, entre las cuales señala como innecesario el trámite legislativo, aunque sin encontrar aspectos inconstitucionales, porque las dos instituciones son estatales y la compra de la propiedad no requiere autorización del Congreso, de acuerdo con la Ley de contratación administrativa. Por ese motivo, al someterlo a votación, el proyecto recibió solo once votos de los cuarenta diputados presentes y fue enviado al archivo. Esta es la anotación del voto que aparece en la página web de la Sala Constitucional:

 

10537-09. PROYECTO DE LEY PARA VENTA DE INMUEBLE A LA UCR.  Consulta Legislativa en lo referente al Proyecto de Ley número 17052.”Autorización al Estado para que segregue y venda a la Universidad de Costa Rica el Inmueble que ocupa el Instituto Clodomiro Picado en Dulce Nombre de Coronado”. Se evacua la consulta en el sentido que el proyecto N° 7052 de la Ley "AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE SEGREGUE Y VENDA A LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO CLODOMIRO PICADO EN DULCE NOMBRE DE CORONADO", no es inconstitucional. Tomen en cuenta los diputados consultantes, lo expresado en el último considerando. Comuníquese al Presidente de la Asamblea Legislativa y a los Diputados consultantes. Evacuada.

 

La sesión continuó entre interrupciones por falta de quórum y más recesos; al final, las y los diputados aprobaron una moción, autorizando a la Presidencia a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria, lo que efectivamente sucedió pasadas las cinco de la tarde.

 

Ayer sesionó también la Comisión Especial de derechos humanos, donde fueron recibidas personalidades eclesiásticas y laicas, como don Hugo Barrantes,  don Sixto Porras y don Pedro Beirute, quienes expusieron su opinión acerca del proyecto de reforma a los artículos 75 y 194 de la Constitución Política, que  propone declarar al Estado costarricense como un estado seglar y eliminar a Dios del juramento que deben prestar los funcionarios públicos. Cabe la inquietud acerca de la contribución del Estado al mantenimiento de la Iglesia Católica.

 

Los artículos 75 y 194 vigentes disponen:

 

ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

 

ARTÍCULO 194.- El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente:

 

“¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro.- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”

 

La reforma propone los siguientes textos:

 

ARTÍCULO 75. “Toda persona es libre de adoptar y profesar una religión que sea respetuosa de los derechos humanos , o bien de no adoptar ninguna. El Estado será neutral en materia religiosa, pero garantizará el ejercicio de esta libertad, conforme a la ley”.

 

ARTÍCULO 194. “¿Jura por sus convicciones y promete a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República; y cumplir fielmente los deberes de su cargo? - Sí, juro. - Si así lo hiciere que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande”.

 

Lic. Arturo Ferrer Schlager

Consultor PREDICTA SRL