EXTRACTO
DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENARIO
EL LUNES 15 DE MARZO DEL
2010
Discusión y aprobación del Informe de mayoría afirmativo, de la Comisión
Especial Permanente de consultas de constitucionalidad, sobre el proyecto de
Ley de modificación de varios artículos de la Ley No.
7744, de concesión y operación de marinas turísticas, expediente No.14836
DIPUTADA ELSA GRETTEL
ORTIZ ÁLVAREZ:
Gracias,
Presidenta.
Con
las palabras de conclusión del diputado Merino, esta legisladora comulga,
porque, efectivamente, como miembro de la Comisión de Consultas de
Constitucionalidad, pero sobre todo como diputada, yo me opuse rotundamente a
que este informe de este proyecto regresara aquí, al Plenario.
Para
mí, en lo fundamental, y yo creo, también para el compañero Rafael Madrigal
Brenes, las facultades de la Comisión Permanente Especial de Consultas de
Constitucionalidad se excedieron, y lo he dicho una y otra vez, porque he
pertenecido a esta comisión en estos cuatro años y siempre que hubo proyectos
que tenían observaciones de la Sala Constitucional, con algunas excepciones,
dijimos que para las enmiendas necesarias, o sea, para las correcciones, debía
ser la Comisión dictaminadora la que tenía potestad de rectificación y no la
Comisión de Consultas de Constitucionalidad, porque ejercer esa facultad de
enmienda excedía lo que reglamentariamente está establecido para esta comisión
y que, además, excedía lo que la Sala misma dispone en sus resoluciones, a
efecto de que estos defectos puedan ser reparados.
Nosotros
fuimos los que hicimos la consulta de constitucionalidad, la última, la cual
nos dio razón, en esa oportunidad, la Sala Constitucional —valga la
redundancia— y fue así como en una resolución de esta Sala Constitucional se nos dio
la razón de la problemática que tenía este proyecto, sobre todo en el tanto en
que este proyecto no había reformado específicamente dos artículos, que nos
parecen muy importantes de citar aquí.
Creemos
importante, cuando consultamos a la Sala Constitucional que se procediera,
básicamente, con un control previo de naturaleza ambiental, antes de que se
dieran las concesiones.
Este
control previo implica un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico de
impacto ambiental en la marina que se fuera a construir y que, además, no se
hiciera en forma posterior, porque este era el error que contenía, básicamente,
la, digámoslo así, la propuesta de la mayoría, de quienes están apoyando esta
creación o reforma de la Ley de marinas.
Si
bien es cierto, ahora la comisión, tratando de enmendar el yerro que tenía el
proyecto, dice que acoge las modificaciones para que se reforme el inciso d)
del artículo 8 contenido en el artículo 1 del expediente, y hace la
incorporación para que dentro del proceso se integre una copia de la viabilidad
de licenciamiento ambiental en sus siglas VLA, que otorga la Setena y, además,
suprimir el inciso b) y f) del artículo 19 contenido en el artículo 2 del
expediente en mención y que se corra la numeración sobre el trámite, perdón,
sobre la reforma del artículo 9, en cuanto al trámite para planos
constructivos.
Ahí
nosotros estamos de acuerdo en el tanto que había que hacerle varias reformas
y, entre ellas, el plazo de ciento veinte días naturales para presentar en la
ventanilla única de la Cimat los documentos que el
inciso, perdón, que el artículo 9 bis dispone.
Pero,
¿por qué la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tiene que suplir las
obligaciones de una comisión que había dictaminado el proyecto?, no, señores,
no, esto no puede ser, y seguimos cometiendo el error. Creemos que la comisión dictaminadora es la
que debía y debe, mantenemos nuestro criterio técnico, debe hacer estas
enmiendas y no el Plenario.
Además,
se hace una resolución por el fondo del proyecto, o sea, el proyecto se cambia
por el fondo, no es solamente un cambio de forma, es hacer una recomendación al
Plenario, lo cual creemos que también era errado y nosotros nos basamos en este
criterio; precisamente, en el dictamen que Servicios Técnicos ofreció en su
oportunidad, indicándonos a nosotros, los diputados miembros de esta comisión,
que debíamos de hacer una remisión de este proyecto, nuevamente, a la comisión
dictaminadora.
Quiero
decir con esto que aquí yo no estoy diciendo cosas porque se me ocurrieron, no,
no, es porque hay un ente asesor jurídico en esta Asamblea Legislativa, que se
llama Servicios Técnicos, que nos amparaba en el sentido de no volver a
conocer este proyecto aquí, tan sencillo como eso, en forma adicional nosotros
habíamos solicitado a la Sala Constitucional que se volviera al procedimiento
correspondiente para que las municipalidades que tengan interés en el proyecto
fueran, una vez más, consultadas, lo cual no tuvo asidero y, por el contrario,
se tomó la decisión de eliminar esa obligación, prácticamente, dentro de la
tramitación de este proyecto.
Ahora quiero, en vista
de que este informe por un error de procedimientos no pudo ser presentado o no
consta presentado en el expediente, sí quiero leer brevemente lo que dije en el
acta del 9 de febrero del 2010 en la sesión ordinaria número 11 de la
comisión...
LA VICEPRESIDENTA MAUREEN PATRICIA BALLESTERO VARGAS:
Se ha roto el quórum.
Vamos a dar el tiempo
de reglamento.
Se ha restablecido el
quórum.
Diputada Ortiz Álvarez,
puede continuar.
DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ:
Gracias, Presidenta.
Nosotros insistimos, en
esta acta del 15 de febrero de este año, que quienes debían y deben conocer
este proyecto de ley para enmendarlo es la comisión vía artículo 154 del
reglamento.
Vean ustedes, a pesar
de que advertimos este asunto que la comisión votó en forma afirmativa y por
mayoría regresar el documento y el proyecto aquí, sin embargo, nosotros, y me
refiero al diputado Rafael Madrigal y yo, dijimos que es a la comisión a la que
le corresponde conocer el fondo y recomendarle al Plenario legislativo la forma
de corregirlo y no al revés, perdón, perdón, que esa es la exposición nuestra,
más bien que sea una comisión la que venga y le diga al Plenario: ya corregimos
ese error.
Se habló de economía
procesal, pero por economía procesal tenemos, en este Plenario y en algunas
comisiones, la costumbre de cometer errores y esos errores nos están siendo
cobrados muy caros, digo esto porque yo he visto pasar aquí proyectos con
problemas procesales que han sido consultados una y otra vez a la Sala
Constitucional, precisamente, por economía procesal, por querer correr hemos
cometido errores garrafales, la Ley de penalización contra la violencia, contra
las mujeres, de la violencia contra las mujeres es un ejemplo, no fue error
nuestro, es cierto, diputada, pero fue error de las demás asambleas
legislativas, que igual hicieron lo mismo con estos proyectos que llegaron, se corrigieron
en la comisión y se corrigieron abusando de las facultades reglamentarias que
nos otorga, valga la redundancia, el Reglamento Interno de la Asamblea
Legislativa.
El asunto, entonces, de
la economía procesal nos sale caro como nos está saliendo caro lo de la Ley de
tránsito, que, para pesadilla de muchos, hoy no terminamos tampoco de votar, y
esto yo lo lamento mucho, porque como he sido parte de quienes han querido
sacar la tarea y sé que tengo buena fe en las cosas y sé que creo que las cosas
se pueden hacer si no hago absolutamente ninguna acción denunciando u
oponiéndome a lo que yo considero que es un error, entonces puedo ser parte de
los que resulten responsables, y no, en este momento yo no quiero ser
responsable de las acciones que cometemos erróneamente en esta Asamblea.
Nosotros creemos que la
comisión que dictaminó este proyecto es quien conoce el proyecto, fueron ellos
los que los discutieron, fueron ellos los que lo conocen a profundidad, fueron
ellos los que lo reformaron, mocionaron, hicieron propuestas muy importantes y
que excedernos como Comisión de Consultas de Constitucionalidad puede
ocasionar, de nuevo, una consulta a la Sala Constitucional, y lo dejo así
planteado, ¿y por qué me opongo a pesar, también, no solamente del procedimiento,
sino también del proyecto? muy sencillo, hay razones de carácter técnico que el
proyecto no ha contemplado. Resulta que
en Costa Rica las inversiones en marinas son tan altas que rondan alrededor de
seiscientos millones de dólares, y esto, señoras y señores, cantidad muy fuerte
y muy grande, dicen por ahí, que pueden mover voluntades y también conciencias.
La marinas que se
proponen construir en nuestro país se pueden equiparar a la construcción de
veintidós aeropuertos, porque son veintidós marinas las que hay intención de
construir y que podrían tener tantos problemas como los ha tenido el aeropuerto
Juan Santamaría, ¿en qué sentido?, en la movilización de recursos tanto
humanos, de infraestructura, salud, aduanas, seguridad, migración, emergencias
y otros, pero, también recordemos que a través de las marinas, específicamente
de algunas que ya están en funcionamiento, puede entrar droga, prostitución y
algunos otros males que hoy por hoy no queremos en este país, y la pregunta es:
¿está preparada Costa Rica para manejar un grupo grande de marinas si con costo
podemos manejar un aeropuerto internacional como el Juan Santamaría?
Cada marina puede
manejar alrededor de siete grupos de desechos sólidos entre combustibles,
aceites, materiales explosivos e inflamables, aguas residuales, resinas
tóxicas, disolventes, pinturas y otros desechos sólidos, cuya lista no tengo, ¿y
cuál es el radio de impacto que puede tener una marina? Alrededor de diez kilómetros a la redonda,
solo imagínense ustedes un derrame muy conservador de gasolina, de pintura, de
disolventes o de cualquier combustible peligroso o contaminante, y hablemos,
incluso, hasta de petróleo.
En Costa Rica no
existen estudios técnicos a profundidad, porque así lo he consultado, que lleve
un control, salvo algunos hechos por algunos de los ingenieros marinos de la Universidad de
Costa Rica sobre la turbidez del agua y la radiación solar al fondo del océano
que reduce entre un cincuenta y un setenta por ciento, por lo menos, y que
afecta, por lo menos, los organismos vivos, o sea, vamos a tener en algunas o
en algunos lugares, si no se hacen las cosas bien, muerte de seres vivos muy
sensibles, como son los corales.
¿Y las aguas de
desecho de los barcos, propias de la actividad marina, qué se hacen?, no se
mandan al cielo, se mandan al mar, precisamente, y aquí nosotros sabemos que el
transitar de muchas o de algunas naves podría contaminar con mucho más
frecuencia nuestras aguas y, por lo tanto, podrían causar más muerte en
nuestros ecosistemas marinos.
Se dice que el
tránsito de vehículos marinos, o de más bien de naves marinas. aleja peces,
tortugas y delfines, esto solamente en las partes costeras, se han preguntado
ustedes, ¿qué puede llegar a pasar con aquellos atracaderos en lagos, en ríos,
o en lugares tan sensibles como, por ejemplo, la zona norte de San Carlos,
Puerto Viejo, la gente que se maneja a través de los ríos como Tortuguero? Todas
estas carreteras marinas, por así decirlo, no, no son carreteras, vías marinas
que podemos tener nosotros hoy en resguardo si incrementamos el uso intensivo
de construcción de marinas o de atraques para naves acuáticas, y resulta
todavía peor y alarmante que la luminosidad de los yates afecta específicamente
a las tortugas.
Entonces, ¿por qué
marinas en Costa Rica y por qué tantas marinas?
¿Saben por qué?, porque Costa Rica está ubicada estratégicamente donde
no hay grandes ¾por dicha y gracias a Dios¾ huracanes y hay
mucha agua potable, porque para construir una marina se necesita mucha agua
potable, porque hay que renovar constantemente los lugares donde hay
desembarcaderos, donde hay desechos sólidos o líquidos, lo que ustedes se
imaginan, por eso nuestro país tiene tanto atractivo, y por eso las personas
buscan nuestras costas, nuestros lagos y buscarán nuestros ríos para hacer este
tipo de actividad.
Sin embargo, en Costa
Rica no hay una visión integral de marinas, entiéndanlo, no hay una visión
integral de marinas, y nuestra naturaleza oceánica y su riqueza debe ser
conceptualizada, es por eso que si bien, si Costa Rica opta por construir
marinas, como ha optado, por ejemplo, en la parte de Quepos, es necesario, y
aquí hago la pregunta, ¿se estará haciendo que se realicen estudios de un año
sobre las corrientes marinas para poder caracterizar el impacto de las
obras? Costa Rica tiene cinco tipos de
corrientes diferentes que afectan el régimen marino, ¿y el cambio climático?,
¿qué vamos a hacer cuando el nivel de las aguas supere el promedio actual de
aguas?, ¿qué va a pasar con esas construcciones?, ¿qué va a pasar con los
actuales muelles y atracaderos?, ¿hemos contemplado eso, el calentamiento
global y el deshielo? A mí me gustaría
conocer un proyecto que haga un estudio que evalúe este tipo de impactos.
Igualmente, debemos
hacer una morfología de la costa y esto es actualizarlas, porque con los
terremotos, señoras y señores, todos conocemos que muchas, o por lo menos el de
Limón, cambió la morfología de la costa del Caribe, y cuidado si no, y Dios no
lo quiera, si hay un terremoto a nivel del Pacífico sur o a nivel de Nicoya, que también ahí haya, perdón, se dé un cambio de
morfología de la costa Pacífica.
Se debe hacer en una
marina una distribución y dispersión de los contaminantes, hay que planificar y
desarrollar ¾valga la redundancia¾ planes de contingencia
para determinar el protocolo que hay que seguir en el caso de derrames, ¿cómo
cuantificar el valor de la fauna y arrecifes en caso de derrames?, debe haber
planos, planes, perdón, y estándares universales para establecer criterios para
atender crisis por contaminación.
Realmente, Costa Rica
ha sido bendecida, y lo digo con tanta esperanza, porque cuando Limón, que por
ahí entran grandes barcos que traen el petróleo que aquí necesitamos,
prácticamente los derrames que se han suscitado han sido muy pequeños.
¿Pero ustedes saben qué fue lo que
pasó, por ejemplo, cuando se quemó la planta de productos químicos Holanda, en
Limón? Ahí hubo gente que no pudo tomar
agua por muchos meses, y muchos de los líquidos que se derramaron en los
acuíferos llegaron hasta la costa del Caribe, y pocas veces se hicieron o no se
hicieron, no lo sé, estudios de impacto ambiental, específicamente en el mar
Caribe, respecto a este incendio tan terrible que hubo unos años atrás.
Entonces, si vamos a tener marinas,
si eso es a lo que va a apostar Costa Rica, tenemos que tener claro cuáles son
esos índices de fragilidad ambiental, porque son fundamentales; y Costa Rica,
lamentablemente, en esto está rezagada, no hay estudios serios, ¿por qué?, muy sencillo,
porque Costa Rica le da la espalda al mar, los costarricenses pensamos mucho en
lo que sucede aquí en tierra, pero pocas veces podemos apostar o queremos
apostar por lo que está pasando en el mar.
Esto no es solamente un tema de derecho internacional, sino, también,
constitucional.
Hay que recordar que, a raíz de una
propuesta para el Tratado de libre comercio, percibimos que nuestro mar
territorial es muy grande y que Costa Rica tenía todo el derecho de reclamar,
extender ese mar territorial ante las organizaciones internacionales para que
se nos reconozca ese derecho, que, gracias a Dios, hoy está también en
discusión, a efectos de proteger nuestros recursos patrimoniales y, sobre todo,
nuestros recursos económicos, recursos biológicos y, sobre todo, las fuentes de
energía renovables que pueden existir en el mar del Pacífico.
Otro problema que a mí, por lo
general, me asalta, y es que cuando se va a establecer y construir una marina
debemos entender que las municipalidades tienen una gran responsabilidad, y esa
responsabilidad comienza con los planes reguladores; sin embargo, muchas
responsabilidades, a lo largo y ancho de nuestras costas, no lo tienen, y
algunas, que lo han podido hacer, resulta que permitieron que quienes hicieran
este desarrollo territorial, esta planificación, fueran entes privados, y esto
no se puede permitir.
¿Y por qué no se puede permitir?,
porque no puede haber una delegación de las atribuciones municipales hacia
privados y mucho menos en lo que respecta a los planes reguladores; por lo
tanto, desde el punto de vista legal, cualquier plan regulador, que se haga
pagado o se delegue su desarrollo por una empresa privada, tiene problemas
jurídicos y, sobre todo, constitucionales.
En el caso de las islas, ¿qué pasa
cuando en una isla se vaya a plantear la posibilidad de hacer una marina, una
marina de grandes dimensiones, no hablemos de un atracadero o de un muellecito,
de una marina de esas de lujo? ¿qué va a pasar?, ¿saben qué pasa?, que, en algunas islas,
donde ya se han desarrollado planes en este sentido, a la población, al treinta
por ciento de la población se le arrincona, y, entonces, esa población
prácticamente es segregada de ese territorio, precisamente porque muchas de
estas marinas necesariamente se hacen muy cerca de los pueblos y es ahí donde
se buscan instalaciones necesarias para desarrollarlas, y muchas de estas islas
en Costa Rica están pobladas.
Los desarrolladores marinos, en este
caso los inversionistas, les prometen trabajo, claro que sí, ¿pero saben cuánta
gente puede estar contratada en una marina nacional?, solo un diez por ciento,
¿y por qué?, porque resulta que el manejo de administración de una marina, al
igual que en un aeropuerto, exige gente con conocimientos en materia
migratoria, en materia ambiental, en materia fiscal, en materia administrativa
y así por el estilo; y la mano de obra que se contrata, nacional en algunos
casos, no digo que en todos, es para manejo de puestos de mecánicos, mucamas y
puestos que no tienen perfiles técnicos muy elevados. O sea, el noventa por ciento de la mano de
obra de muchas marinas, no solamente las que ya están funcionando en Costa
Rica, sino en otros países, no es nacional sino que es extranjera.
Hice esta narración para que ustedes
entiendan por qué estoy preocupada; y lo otro, porque aquí me ayudó gente que
sabe, gente que conoce, traería algunas conclusiones sobre este proyecto de ley
de marinas, aparte de las observaciones que hice al principio sobre la
tramitación de este proyecto aquí en Plenario, y se nos ha indicado, por
ejemplo, como defecto de este proyecto de ley lo siguiente: que los estudios que pide la Cimat se pueden encontrar hasta en Internet, porque el
estudio de las corrientes no es lo mismo que el campo de corrientes. Pareciera, entonces, que esto es muy
importante y no ha sido valorado.
Tampoco, en el proyecto de ley se
piden planes de contingencia, lo que se pretende impulsar es torpe y afecta
ambientalmente; es previsible, se dice, que exista agresión evidente al
ambiente.
También, se cambia del turismo
conservacionista a uno muy selectivo y de muy alto impacto ambiental. Aquí hay que preguntar ¿cuántos de ustedes
tienen un yate?, ¿quiénes pueden mantener un yate?, ¿cuánto vale un yate parqueado,
digámoslo así, no sé cómo se llama, anclado más bien, en un muelle?, ¿cuánto
vale eso y quiénes pueden pagarlo?
La construcción de una marina
evidentemente trasforma la cultura de las comunidades costeras y, además, se
hace una pérdida de empleos dignos, y aquí me hice referencia a qué clase de
empleos buscan los desarrolladores para la mano… para la mano de trabajo
costarricense y cuáles se ofrecen fuera de este país.
Tampoco contempla este proyecto cómo salvaguardar las riquezas de los
fondos marinos. Así que me parece a mí
que este proyecto está en deuda, que este proyecto quedó corto y que este
proyecto no debe ser aprobado.
Yo quisiera, compañeras y
compañeros, manifestar que, lastimosamente, este proyecto de ley necesita ser
nuevamente revisado, con planificación de los recursos del mar y que, en algún
momento, en un futuro, este Parlamento debería dictaminar o, por lo menos,
plantear una ley general de desarrollo marino; sin esto, señoras y señores,
seguiremos cometiendo errores y, lastimosamente, las futuras generaciones son los
perdedores de todas estas actividades.
Señora Presidenta, quiero
preguntarle a usted cuánto tiempo me queda.
LA VICEPRESIDENTA MAUREEN PATRICIA BALLESTERO
VARGAS:
Le quedan veinticinco minutos,
diputada, sin embargo, en dos minutos voy a suspender la discusión, porque esto
debemos votarlo a las seis de la tarde, entonces, puede seguir hablando unos
minutillos más.
DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ:
Gracias.
Para concluir y en vista del aviso,
yo sí quisiera insistir, porque quizás no sé si nos corresponderá en la
Comisión de Consultas de Constitucionalidad conocer otra vez este proyecto, no
lo sé, no sé si nos va a volver a tocar otra vez, a esta Asamblea Legislativa,
llegar a conocer una nueva consulta sobre las marinas, pero sí quiero insistir
en lo siguiente: en estos cuatro años en que he sido miembro permanente de la
Comisión de Consultas de Constitucionalidad, con todo el respeto que a mí me
merecen los compañeros que ahí están, creo que, en algunos expedientes que
conocimos, en algunos proyectos que conocimos, fuimos más allá, fuimos más allá
del mandato constitucional.
Sé que no es por mala fe, pero creo
que debemos revisar el Reglamento de esta Asamblea Legislativa, porque si lo
que queremos es seguir haciendo reformas…