MIÉRCOLES 30 DE JULIO DEL 2025
AYER
La séptima sesión de las jornadas extraordinarias mantuvo el ritmo que ha
caracterizado este arranque de período: un avance mínimo en la tramitación del
expediente de jornadas 4-3 y un creciente desgaste en la dinámica
parlamentaria. La votación de apenas tres mociones en una sesión que duró poco
más de cuatro horas refleja el atasco procedimental que enfrenta el
oficialismo, incapaz de acelerar el debate ante la resistencia opositora. En
este escenario, la tensión entre fracciones volvió a manifestarse con reclamos
cruzados por el uso del tiempo y acusaciones de sabotaje. Mientras algunos
diputados reclamaban la ineficiencia deliberada del Plenario, otros insistían
en que el trámite acelerado oculta las carencias técnicas y sociales del
proyecto.
Al margen del lento avance, un nuevo foco de atención se ha consolidado
alrededor de las declaraciones de la jefa oficialista Pilar Cisneros, quien
volvió a defender la vía rápida y advirtió que su eventual suspensión sería un
“golpe letal” a la competitividad nacional. Esta narrativa busca reposicionar
el expediente como un eje de la agenda de reactivación económica, en momentos
en que sectores empresariales retoman presión sobre la Asamblea Legislativa. No
obstante, la retórica de Cisneros podría ahondar las diferencias con las
bancadas que reclaman una discusión más amplia sobre el impacto de las jornadas
4-3 en la salud y estabilidad laboral de los trabajadores.
Paralelamente, la atención política comienza a desplazarse hacia el proceso
de conformación de la comisión especial que definirá si se levanta o no la
inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Aunque todavía no hay una lista
oficial de nombres, el peso político de esta decisión es evidente: la
conformación de la comisión dependerá del delicado equilibrio entre
representación partidaria y control de daños institucionales. La Asamblea
enfrenta así un dilema entre proteger la estabilidad del Poder Ejecutivo o someterlo
al escrutinio más severo desde el inicio de esta administración. La votación
clave se realizará el miércoles, pero los movimientos en el Congreso ya
reflejan la tensión en torno a las negociaciones internas, en particular entre
las fracciones de oposición que buscan garantizar imparcialidad en el proceso.
Por último, ayer en la Comisión especial de educación los congresistas recibieron
al SEC, quienes se refirieron al CONARE como actor partícipe de la política
educativa costarricense. Además, señalaron que para el año 2026, el Presupuesto
en educación rondará en 4.9 y 5.1 del PIB, por lo que instaron defender los
recursos en educación.
HOY
Para este miércoles, se anticipa una jornada menos mediática pero no menos
relevante en el ámbito fiscal y administrativo. La Comisión de Asuntos
Hacendarios recibirá en audiencia a la señora Elizabeth Castillo Cerdas,
Auditora Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias, quien expondrá el segundo informe de auditoría sobre el
cumplimiento de la Ley N.° 10456, relativa al
contrato de préstamo N.° 2317 (PROERI).
Este préstamo ha sido motivo de cuestionamientos por presuntas
irregularidades en su ejecución y por la falta de articulación entre el
financiamiento externo y la planificación de riesgo a nivel institucional. Se
espera que la audiencia permita clarificar responsabilidades y abrir espacio a
posibles recomendaciones desde la Asamblea Legislativa, en momentos en que la
ejecución presupuestaria y el control del gasto público están bajo el
escrutinio tanto político como técnico.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784