JUEVES 28 DE
MAYO DEL 2020
AYER
El día de ayer se llevó a cabo la esperada sesión de la Comisión especial
que analiza el FEES. Dicha sesión tuvo como objetivo aprobar el informe de mayoría
sobre el FEES.
Después de leer dicho informe nos percatamos que no contempla el marco jurídico
en el que se rigen las universidades y el CONARE. Como muestra, este informe ignora,
adrede, la mención de la existencia de la Comisión de Enlace, con tal de
argumentar que la definición del monto del FEES proviene de una decisión de yo
con yo. Igual señalamiento hace cuando se refiere al PLANES y su evaluación. La
ausencia de la mención a la Comisión de Enlace, revela la ignorancia, aunque no
desconocimiento, por parte de los diputados.
En definitiva, no es de recibo que se planteen acciones o recomendaciones
ignorando tanto la ley de creación del Fondo Estatal para el Financiamiento de
la Educación Estatal, Ley No. 5909; el Decreto Ejecutivo No. 4437-E, Creación
de la Comisión de Enlace entre las instituciones de educación superior, los
Poderes del Estado y las instituciones autónomas, y el Decreto Ejecutivo 6725-H,
que establece los procedimientos para definir el monto del FEES, con la
participación de la Comisión de Enlace. Destaco lo anterior ante las consideraciones
de la diputada Yorleni León, quien citó recomendaciones como la de que un ente
externo evalúe el PLANES. Esto refleja que no entiende el funcionamiento de la
Comisión de Enlace, la cual ya hace dicho trabajo. Hay que recordar que esta
Comisión está integrada por el Ministro de Educación Pública (quien preside), el Ministro de
Planificación Nacional y Política Económica, el Ministro de Hacienda y el
Ministro de Ciencia y Tecnología. Además, esta Comisión tiene tres
funciones principales: distribuir las rentas de las universidades, coordinar
con el Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas y armonizar la
planificación del Estado con la planificación universitaria establecida en el
PLANES. Esto también delimita las funciones de cada institución en cuanto al
Sistema de Educación Superior Estatal, como el caso del CONARE, el cual es un administrativo,
algo que aún no entienden estos diputados.
Este informe podría responderse por sí mismo, ante la increíble ignorancia
del marco jurídico y sus recomendaciones sin sentido, las cuales demuestran ser
producto de la ignorancia. En varias
partes el Informe expresa que hay que ampliar el CONARE, con ministros y
estudiantes. Eso ya es así. También existen aseveraciones que corresponden al
idealismo de algunos diputados. Es lo que ellos quisiera que fuera, tener
injerencia en los asuntos de las universidades estatales, inclusive plantear un
Sistema Nacional de Educación Universitaria, con las universidades estatales y
las privadas unidas; esto refleja que no tienen idea de lo que están planteando,
al meter en un mismo saco a las universidades estatales con su autonomía y a
las privadas que tienen un formato comercial.
Los diputados quieren una planificación universitaria de cortísimo plazo,
que empiece y termine mientras ejercen sus cargos. No pueden concebir una Costa
Rica dentro de 50 años. Quieren graduados en carreras que sean rentables para
la economía y no para desarrollar el talento de las PERSONAS. Quieren
universidades estatales que sean permeables al proselitismo electoral; pero la
autonomía se los impide y entonces las califican de “feudos”.
En fin, quieren dictar política académica, desde sus diminutas visiones de
la realidad, fundamentando sus consideraciones en el “valor público” de la
actividad docente, de extensión o de investigación. No ven al estudiante como
persona sino como un costo reflejado en el PIB.
Después de lo anterior, solo queda echar un vistazo rápido a las
principales propuestas y conclusiones que se exponen en este ridículo informe,
las cuales están llenas de ignorancia y alejadas del marco jurídico. Estas son
las siguientes:
§ La inversión en las regiones no ha
sido una prioridad para las universidades públicas
§ Necesidad de una redistribución del FEES
§ Necesidad de adopción de medidas de
empleo público en todas las universidades
§ Generación de ingresos propios
universitarios
§ Necesidad imperante de que un
tercero evalúe el PLANES y sea coincidente en metas con el plan nacional de
desarrollo
§ Democratización del CONARE
§ Necesidad de acelerar el proceso de
acreditación principalmente en las regiones
§ Coordinación y planificación del uso
del FEES
§ Reforma salarial dentro de las
universidades
§ Modernización y calidad de la oferta
educativa
§ Que un ente independiente realice
las evaluaciones de PLANES.
En
conclusión, dichas recomendaciones, por válidas que sean, ya han sido
consideradas en los consejos universitarios, que luego tienen resonancia en el
CONARE y, principalmente, en la Comisión de Enlace. Por eso, la sostenibilidad
es un proceso continuo de mejoramiento de la administración financiera de las
academias. Las autoridades universitarias conocen la situación por la que está
pasando el país, con un déficit fiscal que no proviene de su funcionamiento y
una emergencia sanitaria global; los consejos universitarios, la Comisión de
Enlace, el CONARE, colectiva e individualmente están conscientes de la
necesidad por dar mayor sostenibilidad financiera a las instituciones
académicas estatales y, estamos seguros, que harán lo necesario para desvirtuar
los oscuros vaticinios de los diputados.
Ahora bien, el
diputado Wagner Jiménez adelantó que próximamente presentará un proyecto de ley
que pretende hacer constar que prevalecerá el equilibrio financiero sobre la
autonomía universitaria. Esta será una reforma Constitucional a la que
estaremos monitoreando de cerca, ya que pareciera tener el consenso entre los
diferentes diputados integrantes de la comisión.
HOY
Ahora, el
día de hoy el Plenario tramitará proyectos de ley en segundo debate, ajenos a
nuestro interés. En cuanto a primeros debates, aún sigue en el primer lugar de
este apartado el proyecto de Ley de cinematografía y audiovisual, expediente No. 20661.
Por otro lado,
hoy sesionarán las comisiones permanentes especiales, dentro de las cuales
destacamos la Comisión especial de ciencia, tecnología y educación. Esta sesión
tramitará dos asuntos el día de hoy: el trámite de mociones vía artículo 137 sobre
expediente No. 21631, Reforma a la Ley No. 1581, Estatuto de Servicio Civil
para incorporar el inciso d) que establece la obligatoriedad del examen de
idoneidad en los requisitos de ingreso a la carrera docente.
Además,
posterior a este trámite, la Comisión recibirá en audiencia al Señor Ricardo Jara Núñez, Presidente
del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Aprendizaje, para que se refieran al expediente No.
21738, Ley para el fortalecimiento de la
formación profesional para la empleabilidad, la inclusión social y la
productividad de cara a la revolución industrial 4.0 y el empleo del futuro
(reforma parcial a la Ley No.. 6868 y sus reformas “Ley orgánica del Instituto
Nacional de Aprendizaje”).
Emmanuel Ferrer Venegas
Consultor PREDICTA SRL