MIERCOLES 25 DE JUNIO DEL 2025
AYER
El martes 24 de junio se realizó la cuarta sesión de la
Comisión de Enlace para la negociación del
Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)
correspondiente al ejercicio 2026. La actividad
tuvo lugar en la sede del CONARE, en Rohrmoser, y contó con
la participación de representantes del
Poder Ejecutivo, de las universidades públicas y del sector
estudiantil. El encuentro estuvo marcado
por un incremento en la tensión política entre las partes y
por la ausencia de un acuerdo definitivo
sobre el monto del presupuesto.
Durante la sesión, el Poder Ejecutivo presentó una nueva
propuesta de incremento del 0,8 %
respecto al presupuesto aprobado para el 2025, lo que
representa aproximadamente ₡4.700
millones adicionales. Esta cifra se acompaña de una cláusula
de ajuste por inflación que permitiría
un aumento hasta un máximo de 1,5 %, dependiendo del
comportamiento del índice de precios al
consumidor. Además, el gobierno indicó que el 0,3 %
adicional se destinaría de forma exclusiva a
becas estudiantiles. Esta nueva oferta mejora levemente el
planteamiento anterior del Ejecutivo,
que había sido de un 0,5 %.
Por su parte, las universidades públicas mantuvieron su
solicitud de un incremento del 2,5 %,
equivalente a aproximadamente ₡14.690 millones, con
base en la pérdida del poder adquisitivo del
FEES, el crecimiento de la matrícula, la necesidad de
garantizar acceso y permanencia estudiantil, y
el financiamiento de programas de investigación, extensión y
desarrollo regional. La rectora de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED), María Estrada,
manifestó que ese ajuste es esencial para
sostener la operación universitaria y responder a las
crecientes demandas sociales.
Al cierre de la sesión, se realizó una conferencia de prensa
donde se presentaron públicamente las
posiciones. Luego de las intervenciones de los ministros
Leonardo Sánchez (Educación) y Nogui
Acosta (Hacienda), la presidenta de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna),
Raquel Loría Quesada, tomó la palabra para denunciar el
congelamiento de recursos, la falta de
transferencias completas del FEES aprobado en 2025, y el
deterioro de condiciones para los
estudiantes, incluyendo recortes en becas, comedores,
transporte y acceso a vivienda. Su discurso
incluyó señalamientos directos al gobierno, al que acusó de
implementar una estrategia deliberada
de desmantelamiento de derechos sociales y de marginar el
papel de la educación pública.
En medio de su intervención, los jerarcas del Ejecutivo
abandonaron la conferencia. El ministro de
Hacienda calificó el discurso como un “ataque político” que
no aportaba al proceso negociador,
mientras que la ministra de Planificación, Marta Esquivel,
afirmó que las declaraciones se alejaban
del tema técnico que debía discutirse. Posteriormente,
Raquel Loría denunció que su intervención
fue interrumpida y deslegitimada, y acusó a los ministros de
haberla tratado con condescendencia
y de haberla calificado de “inmadura emocional”. El rector
de la Universidad Nacional, Francisco
González, defendió la legitimidad de la participación
estudiantil y el derecho a la crítica en un
proceso que afecta directamente a las comunidades
universitarias.
Tras el incidente, las universidades públicas acordaron
tomarse un plazo de dos semanas para
analizar técnica y políticamente la propuesta presentada por
el Ejecutivo. No se alcanzó un acuerdo
durante la cuarta sesión, por lo que las negociaciones
continuarán.
Por otra parte, la Comisión de Juventud, Niñez y
Adolescencia aprobó, con tres votos a favor y uno
en contra, el informe del expediente 24.593, correspondiente
a la investigación sobre la no entrega
de equipos tecnológicos a estudiantes en condición de
vulnerabilidad por parte del Ministerio de
Educación Pública (MEP), el Ministerio de Ciencia,
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones
(FONATEL). El informe concluye que el Estado
incumplió su obligación de entregar oportunamente
dispositivos tecnológicos y conectividad a más
de 300.000 estudiantes en pobreza o pobreza extrema, a pesar
de contar con recursos disponibles
en el FONATEL. Se critica además la falta de criterios
técnicos claros en la priorización de
beneficiarios y deficiencias en la metodología utilizada
para su identificación.
El informe también señala una falta de coordinación efectiva
entre el MICITT y el MEP, en particular
respecto a la ejecución de convenios marco con FONATEL. Los
retrasos administrativos y disputas
de competencia institucional afectaron el cumplimiento del
principio del interés superior del niño.
Las responsabilidades recaen principalmente sobre el MEP,
por no ejercer con la debida diligencia
su rol como garante del acceso a los servicios digitales
básicos en el marco del derecho a la
educación.
Se recomienda al Plenario legislativo aprobar el dictamen y
remitirlo a la Comisión de Control de
Ingreso y Gasto Público para su seguimiento. Además, se
solicita a la Procuraduría de la Ética Pública
investigar posibles omisiones o negligencias
administrativas, y al Ministerio Público abrir una
investigación preliminar por presunto incumplimiento de
deberes. También se plantea investigar
contratos y licitaciones relacionados con la compra de
dispositivos y servicios de conectividad, y se
insta a la Defensoría de los Habitantes y a la Contraloría
General de la República a realizar acciones
de evaluación e informe sobre los impactos de estas
omisiones.
En otro orden, el Plenario Legislativo aprobó en primer
debate el expediente 24.992,
correspondiente al Primer Presupuesto Extraordinario de la
República para el ejercicio económico
2025 y a la primera modificación legislativa de la Ley N.o
10.620, del 6 de diciembre de 2024. Durante
la discusión, hizo uso de la palabra el diputado Jonathan
Acuña.
La Comisión de Asuntos Hacendarios recibió en audiencia a la
contralora general de la República,
quien manifestó preocupación por las asignaciones al MEP
dentro del presupuesto extraordinario,
considerándolas excesivas. Asimismo, hizo referencia al
cumplimiento de las normas
presupuestarias vigentes y presentó los informes de cierre
de la rendición de cuentas de la Hacienda
Pública. También compareció el ministro de Hacienda, Nogui
Acosta, para analizar el expediente
24.991, relativo a la liquidación presupuestaria
correspondiente al año 2024.
En la Comisión de Educación, compareció Ilberth Díaz
Vásquez, presidente del Sindicato de
Educadores Costarricenses (SEC), quien presentó un conjunto
de propuestas para abordar el rezago
estructural del sistema educativo nacional. Advirtió que la
crisis educativa se ha intensificado
durante la actual administración y propuso, entre otras
medidas, establecer una política educativa
de Estado con respaldo presupuestario, respetar el mandato
constitucional del 8 % del PIB,
universalizar la educación dual, destinar un 5 % de las
utilidades bancarias al sistema educativo,
reducir a 25 estudiantes por aula y fortalecer la
capacitación docente. Consultado sobre bilingüismo
e innovación, mencionó la incorporación de herramientas de
inteligencia artificial en el proceso
educativo. A solicitud de la diputada Rocío Alfaro, se
aprobó una moción para crear una mesa de
trabajo interinstitucional orientada al fortalecimiento
legal de la educación pública.
HOY
Por otra parte, la agenda legislativa del día de hoy
contempla la siguiente programación en
comisiones.
- La Comisión de Gobierno y Administración tramitó mociones
vía artículo 137 al expediente N.o
23.736, sobre la ley de transporte remunerado no colectivo
de personas y plataformas digitales.
- La Comisión de Asuntos Económicos tramitó mociones al
expediente N.o 23.448, para regular e
impulsar el uso de franquicias en el país.
- La sesión extraordinaria del Plenario Legislativo dedicada
al informe anual de labores de la
Defensoría de los Habitantes.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784