MIÉRCOLES 22 DE JULIO DEL 2026
AYER
Durante la
jornada de ayer, la discusión política en la Asamblea Legislativa estuvo
marcada por dos asuntos estrechamente relacionados: la negociación del proyecto
de eurobonos y el anuncio de una amplia agenda de reformas fiscales por parte
del Poder Ejecutivo. Aunque ambos temas se han presentado públicamente como
componentes de una estrategia para atender las necesidades financieras del
Estado, las conversaciones evidencian que el Gobierno todavía no cuenta con una
ruta política consolidada ni con los acuerdos legislativos necesarios para
impulsar sus principales propuestas.
En cuanto a los
eurobonos, la segunda mesa de trabajo celebrada en la Comisión de Asuntos
Hacendarios permitió profundizar en las necesidades de financiamiento y en los
vencimientos de deuda que deberá enfrentar el país durante los próximos años.
Sin embargo, la negociación continúa en una etapa preliminar y sin acuerdos
concretos. La principal diferencia se concentra en la pretensión gubernamental
de obtener una autorización por $13.500 millones, distribuida en nueve
emisiones anuales de $1.500 millones hasta 2034. Para las fracciones de
oposición, esta propuesta no solamente representa un monto elevado, sino que
concedería al Poder Ejecutivo una autorización que comprometería decisiones
correspondientes a varias administraciones futuras.
Por esta razón,
el monto y el plazo se perfilan como los dos componentes técnicamente
negociables del proyecto. El oficialismo ha reconocido que existe disposición
para reducirlos, pero hasta el momento no ha señalado cuál sería la
autorización mínima que considera suficiente. Por su parte, Liberación Nacional
tampoco ha definido el monto específico que podría respaldar, aunque sí ha
descartado aprobar la totalidad de los $13.500 millones. Esto permite anticipar
que una eventual salida política podría consistir en una autorización parcial,
limitada a un número menor de emisiones y acompañada de mecanismos adicionales
de control legislativo. No obstante, esa posibilidad aún no se ha traducido en
una propuesta concreta y las mesas de trabajo deberán continuar durante la
próxima semana.
La negociación
tampoco se limita a las condiciones financieras del endeudamiento. Tanto
Liberación Nacional como el Frente Amplio han vinculado sus votos a compromisos
políticos que trascienden el contenido inmediato del proyecto. El PLN exige que
el Gobierno reconozca y atienda la deuda estatal con la Caja Costarricense de
Seguro Social y que garantice los recursos destinados a seguridad, mientras que
el Frente Amplio condiciona cualquier respaldo a que el Ejecutivo descarte
públicamente un eventual aumento del IVA sobre productos de la canasta básica.
El oficialismo ha calificado algunas de estas exigencias como difíciles o
imposibles de cumplir, pero al mismo tiempo reconoce que necesita mantener
abierta la negociación, pues la iniciativa requiere al menos 38 votos y, por
tanto, no puede avanzar únicamente con el respaldo de la bancada gubernamental.
En
consecuencia, los eurobonos se han convertido en una negociación política más
amplia, dentro de la cual la oposición procura utilizar la necesidad de
financiamiento del Gobierno para obtener compromisos en materia social,
presupuestaria y tributaria. La discusión ya no gira únicamente alrededor de si
el país debe acudir al mercado internacional, sino sobre la extensión de la
autorización, los controles que se impondrán al Ejecutivo y las concesiones que
estará dispuesto a realizar para construir la mayoría calificada. El Gobierno
sostiene que existe una presión permanente derivada de los vencimientos de
deuda externa, pero todavía debe demostrar que una autorización de largo plazo
constituye la alternativa más conveniente y que no se transformará en un cheque
en blanco para esta y las siguientes administraciones.
Este proceso
coincide con el anuncio de una agenda fiscal compuesta por 24 proyectos de ley
que serán presentados paulatinamente entre agosto de 2026 y febrero de 2027. El
primer bloque incluiría 15 iniciativas, seguido por seis proyectos adicionales
en octubre y, posteriormente, por reformas estructurales al Código de Normas y
Procedimientos Tributarios, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley
Orgánica del Ministerio de Hacienda. Entre los objetivos anunciados se
encuentran combatir el uso de facturas falsas, fortalecer las potestades de la
Administración Tributaria, perseguir la evasión y el contrabando e implementar
un esquema de renta global que acumule las distintas fuentes de ingreso de los
contribuyentes para determinar su obligación tributaria.
Sin embargo, el
anuncio gubernamental abrió un nuevo frente de incertidumbre debido a que la
mayoría de los textos todavía no ha sido presentada ante la Asamblea
Legislativa. La oposición ha cuestionado que se anuncie un paquete fiscal de
gran amplitud sin precisar el contenido, el rendimiento esperado, los sectores
afectados ni la relación entre las distintas iniciativas. También resulta
contradictorio que el Ejecutivo plantee una necesidad fiscal urgente, pero
programe la presentación de las reformas más importantes hasta febrero de 2027.
Desde el punto de vista legislativo, esto impide realizar por ahora una
valoración integral de la propuesta y obliga a considerar el anuncio como una
declaración de intenciones, más que como una agenda fiscal lista para ser
negociada.
Asimismo, las
primeras reacciones anticipan una discusión compleja sobre la distribución de
la carga tributaria. Liberación Nacional ha advertido que no respaldará
iniciativas que afecten los ingresos de las familias, la producción o el
empleo, mientras que el Frente Amplio reclama una agenda orientada a gravar a
los sectores de mayor capacidad económica y mantiene su rechazo a cualquier
aumento del IVA sobre la canasta básica. La posibilidad mencionada por el
Gobierno de diferenciar el tratamiento tributario de estos productos según el
nivel de ingreso ha generado aún más dudas, pues no se conoce el mecanismo
mediante el cual podría aplicarse esa distinción.
El anuncio
también contempla una contención del gasto del 5 % durante lo que resta de
2026, aplicada sobre recursos que ya habían sido incorporados al Presupuesto
Ordinario de la República. Esta decisión deberá observarse con atención,
especialmente por sus posibles efectos sobre la ejecución institucional y sobre
sectores prioritarios como educación, salud, seguridad e inversión pública.
Aunque el Gobierno presenta la medida como un ejercicio de eficiencia, una
reducción generalizada sin criterios sectoriales claramente definidos podría
profundizar problemas de subejecución o limitar la capacidad de las
instituciones para cumplir sus metas.
En términos
políticos, la coincidencia entre la negociación de los eurobonos y la
presentación del paquete fiscal coloca al Poder Ejecutivo ante una dificultad
adicional. Mientras solicita a la oposición una autorización amplia para acudir
al endeudamiento externo, también anuncia reformas tributarias, restricciones
al gasto y cambios estructurales cuyos textos todavía no se conocen. Esto puede
fortalecer la posición negociadora de las fracciones opositoras, que demandarán
mayor claridad sobre la estrategia fiscal integral antes de conceder una
autorización de endeudamiento que abarcaría varias administraciones. Por ello,
durante las próximas semanas será necesario observar si el Gobierno logra
articular ambas discusiones dentro de una propuesta coherente o si, por el
contrario, la falta de precisión termina dificultando tanto el avance de los
eurobonos como el de la nueva agenda tributaria.
HOY
Para este
jueves 23 de julio, el Plenario Legislativo se encuentra sesionando
extraordinariamente desde horas de la mañana. La modificación del horario
responde a la necesidad de liberar el recinto y disponer del tiempo requerido
para preparar la logística de la sesión solemne que se celebrará mañana,
viernes 24 de julio, con motivo de la conmemoración del 25 de julio, Día de la
Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. En consecuencia, se prevé una
jornada legislativa reducida y condicionada por los preparativos protocolarios,
mientras las principales negociaciones políticas sobre eurobonos y reformas
fiscales continuarán desarrollándose fuera del Plenario y retomarán mayor
intensidad durante la próxima semana.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula
1-0500-0784