MARTES 22 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020
AYER
El día de
ayer el Plenario inició con el tiempo de control político, en el cual, la diputada
liberacionista, Yorleni León, se refirió al proyecto de ley de reforma al
CONESUP, expediente No. 21578.
En esta ocasión, doña Yorleni, quien abogó por aprobar esta reforma, se mostró
preocupada por la amenaza por parte de algunas universidades privadas de
pretender cerrar sedes en zonas rurales. La diputada adelantó que este proyecto
será puesto a discusión en los próximos días. A continuación le mostramos el extracto
del acta donde la diputada expresó las inquietudes que se han puesto sobre la
mesa acerca de este proyecto de ley:
“Diputada Yorleny León Marchena:
Muy buenos días tengan todas y todos. Muy buenos días, señor presidente,
personas de la prensa y las personas que nos ven y escuchan.
El futuro de la educación superior privada es lo que este Plenario tendrá
que definir en los próximos días. Así que no se trata de una responsabilidad
menor la que vamos a tener en nuestras manos seguidamente.
Principalmente nos enfrentaremos a dos posibles vías. La primera pone como
prioridad a las y los estudiantes que hacen grandes esfuerzos para costear una
educación universitaria en un centro privado. Balancean el estudio con
uno o con varios trabajos, ponen recursos de varios miembros de la familia y
hasta se endeudan para poder pagar la matrícula, los materiales que requieren a
lo largo de esos años de estudio. Para estas personas ir a una universidad
privada se trata de la inversión de su vida.
Ese es el camino que mi persona y mi compañera diputada Patricia Villegas
esperamos que decidan recorrer, uno que tiene como meta el resguardar la
inversión y sacrificio que miles de familias costarricenses hacen cada semestre
o cuatrimestre.
La otra ruta es la ruta del fracaso, simple y claro. No sería la
primera vez que esto ocurre. Desde que en 1981 se crea el Conesup varias
iniciativas han pasado por esta Asamblea Legislativa para modificar la Ley 6693
que dio vida al Conesup, pero han resultado todas infructuosas.
Detrás de estos fracasos, se encuentran intereses particulares de un sector
y su poderoso lobby que con
ayuda de legisladores han hecho su misión, el de enterrar cualquier esfuerzo
anterior con el bombardeo de cientos de mociones y argumentos temerarios,
incluso hasta falsos.
Tampoco sería en el mejor interés de las y los estudiantes salir de este
Plenario con una nueva ley hecha a la medida de esos intereses particulares,
para lo cual ya hay un gran número de mociones presentadas, claramente dejando
de lado el espíritu de un trabajo que venimos desarrollando desde hace más de
un año para garantizar una educación de calidad a nivel de las universidades
privadas.
Para descalificar esta labor técnica, cuidadosa y transparente, se han argumentado
en días recientes varias falsedades, como que el control tarifario incluido en
la ley es una novedad de este proyecto y que afectará la libre competencia,
cuando lo cierto, señores y señores, es que el artículo 3 de la Ley del Conesup
desde 1981 ya le otorga en la actualidad la atribución de aprobar las tarifas
de matrícula y de costos de los cursos.
El proyecto lo que establece es que estas tarifas deban de responder a un
modelo elaborado con criterios técnicos, que asegura que los elementos que se
tomen en cuenta no sean antojadizos ni arbitrarios y que respeten las
diferencias entre los centros educativos; modelo tarifario para cursos y
matrícula recomendados por la Contraloría General de la República desde el
2015.
También se ha cuestionado el pago de cánones por parte de las
universidades. Nuevamente esto es un invento, que simplemente no se nos
ocurrió a las legisladoras. Desde el 2015 la Contraloría viene señalando que
Conesup brinda un servicio y que debe cobrar una tarifa por la tasa de
supervisión, según el Reglamento General de Conesup, por lo que esto no es más
que un acatamiento al marco legal y al órgano contralor.
También estos intereses particulares, como es usual en estos casos,
aseguran que si fueran a la Sala Cuarta este proyecto sería declarado
inconstitucional. Esa es una apreciación sesgada.
La diputada Villegas y mi persona estamos dispuestas a que este proyecto
pase por los filtros necesarios para su aprobación, incluido el de la consulta
en la Sala. Es más, llevarlo a la Sala es lo más oportuno que puede
pasar, así sabremos de una vez por todas si el argumento con el que asustan las
universidades privadas es o no cierto.
Nuestra lectura, refiriéndome a la diputada Villegas y mi persona, lo que
nos dice es que las universidades están tan seguras que el proyecto no es
inconstitucional que están buscando por todos los medios que el mismo no llegue
hasta ahí, ya que sería zanjar de una vez por todas uno de los argumentos que
han utilizado por años para traerse al suelo cualquier propuesta que busca lo
mismo que busca el proyecto 21.578.
El proyecto no es un fin en sí mismo. Es una contribución para que
cualquier persona en este país tenga la posibilidad de acceder a una educación
superior de calidad, que le permita hacer valer su inversión, desarrollarse de
manera integral y enfrentar los desafíos que nos presenta un mundo cada día más
cambiante, más complejo, con los evidentes beneficios que esto nos va a traer
como país también.
Critican que el proceso de acreditación se haga por medio del Sinaes. Esto
es cuestionar la misma institucionalidad de nuestro país. Las diputadas
no inventamos el Sinaes.
Sinaes es la institución a la que el Estado costarricense le otorgó la
responsabilidad de certificar la calidad de las instituciones, carreras y
programas de educación superior desde el mismo día que nació la ley.
Importante aclarar que en la Junta Directiva del Sinaes el cincuenta por
ciento de las sillas, el cincuenta por ciento de las sillas las ocupan representantes
de las universidades privadas, lo que significa que las decisiones que toma
Sinaes no se dan a espaldas de las universidades privadas; todo lo contrario,
se toman de manera conjunta.
También han cuestionado la reducción de plazos y mejoras en los procesos
que plantea el proyecto de ley, así como las sanciones por incumplir la Ley de
Conesup y su Reglamento, cuando en repetidas ocasiones, durante el proceso de
construcción del proyecto de ley, se les pidieron aparte y se les integró a una
mesa de trabajo.
Aquí estamos la diputada Villegas y mi persona esperando las propuestas
para solucionar un tema que tanto les preocupa, nunca llegó y nunca van a
llegar, sencillamente porque corregir los tiempos es lo que menos les
preocupa. Lo que sí les preocupa es que esta ley no se apruebe y punto.
Porque si algo podemos decir la diputada Patricia Villegas y mi persona,
con total orgullo, entereza y calidad, es que este proyecto de ley siempre tuvo
como norte y tiene como norte garantizar una educación de calidad.
Por eso se trabajó con el Ministerio de Educación Pública, con el Conesup,
con Sinaes y con las universidades privadas las cuales asistieron a la
comisión, participaron en reuniones en febrero y participaron en agosto y
setiembre en una mesa de trabajo que se estableció para tal fin.
Siendo el día 9 de setiembre un día en que decidieron levantarse de la
misma.
Finalmente, el argumento que más me ha conmocionado es la amenaza, la
amenaza de cerrar sedes universitarias en las zonas rurales.
Como diputada de una zona rural, me parece inaceptable que se usen las
necesidades de estos territorios como moneda de cambio cuando ya esos
territorios de por sí sufren del olvido, son tan vulnerables y en donde las
brechas se hacen cada vez más marcadas.
Este tipo de ataques lo que nos evidencia es una falta de voluntad de
encontrar verdaderas soluciones y una falta de compromisos para generar
estándares mínimos de calidad de algo tan importante como la educación, el
principal motor de desarrollo de este país, que muestra también un desdén por
la urgente necesidad que tiene el país de establecer estos lineamientos y de
fortalecer un ente que fue creado en 1981, cuando nuestro país contaba con sola
una universidad y hoy la realidad es que tenemos cincuenta y dos.
Pero mucho más preocupante es la falta de compromiso, interés hacia los
estudiantes quienes merecen garantías por considerar la inversión que hay que
realizar.
Este proyecto no se puede ver solo con los ojos de las universidades
privadas, tiene que verse con los estudiantes, como el centro de la toma de
decisiones, no son pesetas, señores, en muchísimos casos en las zonas rurales
las familias hipotecan la casa y parcela para que sus hijos vayan a la
universidad.
Estos jóvenes y sus familias, a quienes tendremos que rendir cuentas por
las decisiones que tomemos respecto al expediente 21.578, merecen que se tome
la mejor decisión posible.
Muchas gracias, señor presidente; y muy buenos días.”
Posteriormente,
en la segunda parte de la sesión, los diputados dieron trámite a una serie de
proyectos, entre los cuales destacamos el proyecto de ley para resguardar el
derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria
(ROP), expediente No. 21309.
Este proyecto de ley inició la discusión en primer debate, sin embargo, no
alcanzó el tiempo para someterlo a votación.
Por último,
el día de ayer ingresó el Tercer Presupuesto Extraordinario bajo el expediente No. 22217. Este
presupuesto incorpora 32 mil millones, provenientes de los ingresos corrientes
que se derivan de la Ley 9840 (por diferencial de precios de los combustibles)
e ingresos extraordinarios externos del crédito IRF del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Este
proyecto le asigna recursos a los siguientes propósitos:
Ø Asignación de ¢7.200 millones para
el adelanto de la compra de vacunas contra el COVID-19.
Ø Transferencias para el Consejo
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), para proteger a esta población
ante el COVID-19.
Ø Aumento de transferencias de capital
(recursos para infraestructura) para el Consejo Nacional de Vialidad.
Ø Reasignación de recursos para el
programa de equidad y otros programas del Ministerio de Educación Pública.
Ø Transferencias a la CCSS para
financiar pensiones del Régimen No Contributivo.
Ø Transferencias al Instituto Mixto de
Ayuda Social y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad para
dotar de recursos para la atención de población en pobreza.
Ø Creación de plazas para las nuevas
autoridades de la Comisión de Promoción de la Competencia y la dotación de
bienes duraderos, conforme a los compromisos asumidos ante la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Cabe destacar que no
encontramos alusión a las instituciones estatales de educación superior
universitaria.
Este
expediente lleva consigo las normas presupuestarias
que regirán la aplicación del mismo.
HOY
Ahora bien,
el día de hoy, si los diputados quisieran terminar el tema de ayer, podrían
someter a votación, en primer debate, al proyecto de ley para resguardar el
derecho del trabajador a retirar los recursos de la pensión complementaria
(ROP), expediente No. 21309.
Por la tarde
algunas comisiones sesionarán, entre las cuales destacamos a la Comisión
permanente de asuntos hacendarios, la cual recibirá en audiencia al señor
Michael Soto Rojas, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública,
además, también recibirá al señor Rodolfo Solano Quirós, Ministro de Relaciones
Exteriores. Ambos están citados para defender sus presupuestos contemplados en
el proyecto de ley del Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para
el ejercicio económico 2021, expediente No. 22174.
Por otro
lado, la Comisión permanente ordinaria de agropecuarios recibirá en audiencia a
la señora Tania López Lee, Directora Ejecutiva de la Oficina Nacional de
Semillas, y al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura, para que
se refieran al proyecto de ley para la promoción y desarrollo de la producción
y comercio de semillas, expediente No. 21087.
Estaremos
pendientes de estos trámites.
Emmanuel Ferrer Venegas
Consultor PREDICTA SRL