MARTES 20 DE ENERO DEL 2026

ESTE AÑO LEGISLATIVO

El año legislativo que se abre a partir del próximo 1.º de febrero presenta un nivel de complejidad inédito para la educación superior estatal, no solo por el recambio total de la Asamblea Legislativa, sino por la configuración política que, según las tendencias actuales, podría emerger con una fuerza parlamentaria claramente adversa a los intereses históricos del sistema universitario público.

Para CONARE, este escenario no admite lecturas superficiales ni respuestas reactivas, pues lo que está en juego no es únicamente una negociación presupuestaria anual, sino el marco político e institucional que condicionará la sostenibilidad de la educación superior estatal en los próximos años.

Las proyecciones electorales indican que el partido Pueblo Soberano podría consolidar una bancada cercana a los 21 diputados, lo que le permitiría ejercer una influencia determinante en el Plenario, en las comisiones estratégicas y en la definición del ritmo y contenido de la agenda legislativa. Esta eventual correlación de fuerzas adquiere especial relevancia si se considera que varios de los liderazgos de esta agrupación han mantenido, de forma consistente y pública, una posición crítica e incluso confrontativa frente al financiamiento, la autonomía y el rol político de la educación superior estatal.

En los primeros lugares de elección de dicho partido figuran actores que, durante su paso por el Poder Ejecutivo, protagonizaron algunos de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y las universidades públicas. Entre ellos se encuentran Nogui Acosta, Ana Katharina Müller Castro y Laura Fernández, esta última con una alta probabilidad de encabezar el próximo Poder Ejecutivo. No se trata únicamente de trayectorias personales, sino de una visión política que ya se tradujo, en su momento, en decisiones concretas orientadas a tensionar y redefinir el modelo de financiamiento universitario. El antecedente más relevante en este sentido fue la decisión de llevar por primera vez la discusión del FEES al Congreso mediante la figura del diferendo, rompiendo con la tradición de negociación política directa entre el Ejecutivo y las universidades públicas en la Comisión de Enlace. Este hecho no solo alteró el equilibrio histórico del modelo, sino que abrió una puerta institucional que podría volver a utilizarse, esta vez con un respaldo parlamentario mucho más robusto y con una narrativa política que cuestiona abiertamente la legitimidad, eficiencia y pertinencia del sistema universitario estatal.

A este escenario político se suma un contexto macroeconómico que, lejos de ofrecer holguras, refuerza las tensiones sobre la asignación de recursos públicos. Según el Banco Central de Costa Rica, la economía cerraría 2025 con un crecimiento del PIB real cercano al 4,2%, impulsado principalmente por el consumo privado, mientras que para 2026 se proyecta una moderación del crecimiento hasta alrededor del 3,5%, asociada a una desaceleración de la demanda externa y a un retorno gradual del crecimiento hacia su nivel potencial. Este comportamiento implica que el país ingresará al nuevo periodo legislativo con una economía aún en expansión, pero sin un margen amplio para expansiones sostenidas del gasto público.

En materia de precios, el INEC reportó que la inflación interanual cerró 2025 en -1,23%, confirmando un entorno de inflación excepcionalmente baja. De acuerdo con el Banco Central, esta condición se mantendría durante los primeros meses de 2026, y el retorno de la inflación general al rango de tolerancia alrededor de la meta del 3% se proyecta hasta el segundo trimestre de 2027. Este dato es particularmente relevante porque condiciona la política monetaria, las expectativas económicas y los ajustes presupuestarios, y refuerza el argumento de contención nominal del gasto en un entorno de baja presión inflacionaria.

En coherencia con este escenario, el Banco Central ha reducido de forma sostenida la Tasa de Política Monetaria, ubicándola en 3,5% hacia finales de 2025, nivel que la autoridad monetaria considera consistente con una postura neutral. Esta relajación monetaria ha contribuido a reducir el costo del financiamiento y el pago de intereses de la deuda pública, pero no elimina las restricciones estructurales del marco fiscal, que seguirán siendo un factor determinante en las decisiones legislativas de este año

. Desde la perspectiva fiscal, los datos oficiales del Ministerio de Hacienda muestran una mejora en los indicadores de corto plazo, con un déficit financiero acumulado cercano al 1,2% del PIB a mitad de 2025 y una trayectoria de consolidación sostenida bajo la regla fiscal. Sin embargo, la deuda del Gobierno Central se mantiene alrededor del 60% del PIB, umbral que continúa operando como referencia política y técnica para justificar la contención del gasto. En este contexto, la disciplina fiscal seguirá siendo uno de los ejes centrales del discurso y de la acción legislativa en 2026, con impactos directos sobre el financiamiento de la educación pública.

Es precisamente en este punto donde convergen el riesgo político y el condicionante macroeconómico. A la expectativa de eventuales reformas de rango constitucional en materia de financiamiento educativo, incluyendo la educación superior, se suma un entorno económico que refuerza narrativas de ajuste, eficiencia y priorización del gasto. Estas iniciativas, de prosperar, no se limitarían a ajustes coyunturales, sino que podrían redefinir las reglas estructurales bajo las cuales operan las universidades públicas, afectando principios como la autonomía universitaria, la planificación plurianual y la estabilidad financiera del sistema.

En este escenario, resulta previsible que el papel de CONARE sea objeto de un escrutinio político más intenso, no solo en términos de su posición frente al FEES, sino también respecto a su eficacia, su capacidad de articulación y su rol como actor político-técnico en el debate nacional. Este cuestionamiento no necesariamente se expresará de forma frontal o inmediata, sino que puede manifestarse a través de decisiones legislativas, reformas normativas o cambios en la interlocución institucional que, de manera acumulativa, reduzcan su margen de incidencia en un entorno crecientemente adverso.

El panorama descrito coloca a CONARE ante un dilema estratégico de fondo. El desafío no radica en intentar construir consensos artificiales ni en diluir posiciones para evitar el conflicto, sino en fortalecer una resistencia institucional sólida, técnicamente fundada y políticamente coherente, capaz de sostener el modelo de educación superior estatal frente a una oposición organizada y con poder real de decisión. En un contexto de restricciones fiscales, baja inflación y posible mayoría parlamentaria adversa, las decisiones que se adopten hoy adquieren un peso mayor, pues condicionan la capacidad de respuesta futura.

Este año legislativo, por tanto, no debe entenderse como uno más dentro del ciclo ordinario de seguimiento parlamentario, sino como un punto de inflexión que exige claridad estratégica, cohesión interna y decisiones cuidadosamente calibradas. La manera en que CONARE afronte este escenario, los actores con los que decida articularse y los criterios que utilice para fortalecer su acción institucional serán determinantes para enfrentar un entorno político y económico que, lejos de ser favorable, se perfila como estructuralmente desafiante.

PREDICTA S.R.L

Cédula 3-102-13416

Emmanuel Ferrer Venegas Arturo Ferrer Schlager

Cédula 1-1568-0284 Cédula 1-0500-0784