VIERNES 19 DE DICIEMBRE DEL 2025

 

AYER

 

Ayer fue el último día legislativo del año 2025 en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pues a partir de hoy los congresistas entran en receso y retomarán sesiones ordinarias el lunes 12 de enero de 2026. A pesar de tratarse de la última jornada del año, la polémica política estuvo presente y marcó el cierre del periodo con fuertes denuncias que captaron la atención de los diputados, la opinión pública y los medios de comunicación.

 

La agenda de la Comisión de Ingreso y Gasto Público se vio dominada por la comparecencia del exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, quien fue destituido de su cargo el 24 de noviembre de este año y hoy transformó la última sesión en un espacio de denuncia sobre presuntas irregularidades internas en esa entidad. Ante los legisladores, Monge aseguró haber recibido presiones para permitir la entrada de “fondos cuestionables” al puesto de bolsa del INS por parte de Federico Cruz, conocido en el ámbito político como “Choreco” y exasesor del presidente de la República, Rodrigo Chaves. Según su relato, estas presiones ocurrieron en un contexto de negociaciones institucionales y contactos con agentes externos, y habrían incluido intentos de influenciar decisiones que, en su criterio, comprometerían la integridad del manejo financiero dentro del instituto.

 

Más allá de la presunta presión sobre transacciones del puesto de bolsa, el exjerarca amplió su denuncia y puso sobre la mesa otra arista que alimenta la polémica: la afirmación de que la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, habría ordenado aplazar la aplicación de aumentos salariales correspondientes a 2025 hasta enero de 2026 por motivos electorales. Monge explicó que, conforme a la convención colectiva de la institución, estaba previsto realizar un ajuste salarial anual y que este estudio se realizó con anticipación; sin embargo, en la audiencia aseguró que Chacón frenó la implementación por “razones electorales”, una decisión que afectaría a los empleados de la entidad y que, según su versión, fue motivada por consideraciones externas al ámbito laboral y vinculadas a la coyuntura política que vive el país.

 

El exgerente también mencionó que, ante su insistencia por respetar la legalidad y aplicar los ajustes correspondientes, recibió advertencias internas que ponían en riesgo su puesto de trabajo, lo cual intensificó aún más el debate sobre el uso de la administración pública con fines que, a juicio de los denunciantes, podrían estar orientados a intereses electorales. Estas declaraciones se dieron con la propia presidenta ejecutiva del INS presente en la audiencia, lo que generó un clima tenso y abrió la puerta a solicitudes legislativas de remitir las declaraciones a la Fiscalía y dar seguimiento judicial a lo expuesto.

 

Sin duda este tema marcará el inicio del próximo año legislativo, el cual se anticipa bastante polémico y poco productivo por la incidencia electoral.

 

                                                                                      PREDICTA S.R.L

                                                                                   Cédula 3-102-13416

 

 

Emmanuel Ferrer Venegas                                                                                                                Arturo Ferrer Schlager

   Cédula 1-1568-0284                                                                                                                         Cédula 1-0500-0784