MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DEL 2024
AYER
Ayer, 45 diputados votaron a favor
de una moción para extender el plazo de votación sobre el decreto ejecutivo que
solicita al Tribunal Supremo de Elecciones la consulta de un referéndum para la
llamada "ley jaguar" del Gobierno. Esta decisión, uno de los puntos
más importantes de la sesión plenaria, permitirá esperar la resolución que
emitirá el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, el próximo jueves 20 de
junio. Dicha resolución determinará si es necesario consultar previamente al
TSE y a la Sala Constitucional antes de votar el decreto en el plenario.
Antonio Ortega, jefe de fracción del
FA, fue quien impulsó esta medida, argumentando que las consultas son
esenciales para que los diputados puedan votar de manera informada y evitar
avanzar con un referéndum sobre una ley que podría ser inconstitucional.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción
del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó que aún existen muchas dudas
sobre el proceso y que esperarán la resolución. Indicó que apoyan la idea de
una consulta popular, pero si la Sala IV declara la inconstitucionalidad de la
ley, la rechazarán, ya que sería ilógico gastar más de 3000 millones de colones
en un referéndum sobre una reforma contraria a la Constitución.
Ortega añadió que si la resolución
de Arias concluye que no se necesitan consultas y esta es aceptada, ellos
apelarán la decisión y buscarán las 10 firmas necesarias de los diputados para
presentar la consulta ante la Sala Constitucional. En caso de que la resolución
no requiera consultas y sea aceptada, la convocatoria al referéndum se votaría
el martes 25 de junio.
Este tema está marcando el ambiente
legislativo y genera gran expectativa sobre las próximas decisiones en el
Congreso.
Por otro lado, aunque ayer el
Ministro de Hacienda fue a presentar el Cuarto presupuesto extraordinario por
11.040 millones de colones, lo más importante fue la audiencia y lo señalado
por la Contralora General de la República. Doña Marta Acosa señaló que el
Ministerio de Hacienda no registro recursos por 10865 millones de colones en el
Presupuesto Nacional de la República del 2023. Indicó que, en la liquidación
presupuestaria 2023, se evidenciaron gastos sin registrar, así como errores en
la partida de remuneraciones, producto de la entrada en
vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
El análisis de la Contraloría
también señaló que no se cumplió con la regla fiscal, atribuyendo esto a las
discrepancias en su aplicación comparadas con las prácticas del Ministerio de
Hacienda. Según sus palabras, "En cuanto al dictamen de regla fiscal,
se evidencia que, ante las limitaciones e incongruencias vigentes, existe la
necesidad de replantear el mecanismo desde su origen".
En otro asunto, según la Contralora la
ejecución de la Ley Jaguar tiene serias implicaciones hacendarias. Doña Marta
Acosta, externó su preocupación acerca del proyecto "Ley Jaguar"
impulsado por el presidente Chaves y que se planea someter a referéndum. Estas
declaraciones fueron hechas a las afueras de la Comisión de Hacendarios del
Congreso, donde Acosta compareció ayer.
Acosta advirtió sobre las posibles
consecuencias de esta ley en la fiscalización de los recursos públicos,
señalando que "la Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un
perjuicio económico para la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se
materialicen los daños y sea demasiado tarde". Tras analizar el expediente
No. 24364, la Contraloría expresó su preocupación por las modificaciones
propuestas a varios artículos de su ley orgánica, las cuales podrían
"desmantelar el control sobre los fondos públicos que la Constitución
Política le encarga a la Contraloría General".
Acosta también destacó el riesgo de
suprimir competencias importantes en el control de los fondos públicos,
ejercidas tanto por la Contraloría como por las auditorías internas y la
Asamblea Legislativa. En sus palabras, "cuando el fiscalizado, en este
caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le
aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance".
Por último, de conformidad con el
artículo 96 bis del reglamento legislativo, se anunció ayer que la discusión
del informe del Expediente N.º 23.933, Comisión Especial Investigadora de las
Contrataciones Relacionadas con Publicidad y Empresas de Medios Alternativos y
Medios Tradicionales, así como Personas Físicas, donde se encuentra relacionado
el BCIE, el SINART, la Agencia de Publicidad del SINART y las diversas
instituciones del Estado que han hecho contratación con dicha agencia, se
llevará a cabo el próximo lunes 8 de julio de 2024.
Se recordó que este informe debe ser
conocido y votado en una sola sesión, según la normativa citada. Por lo tanto,
el lunes 8 de julio no se realizará la habitual discusión de control político,
para iniciar la discusión de los informes como primer punto de la agenda.
Además, se informó que la primera
parte de la sesión se ampliará para el conocimiento de los informes. Asimismo,
se reiteró que si a las 19:00 horas de esa sesión aún hay diputados en el uso
de la palabra, se suspenderá la discusión y se procederá a la votación de los
informes de manera inmediata.
HOY
Ahora bien, el día de hoy, aunque varios
órganos sesionarán, no se tramitarán asuntos que sean de nuestro interés. Eso sí,
debemos destacar que hoy el Plenario sesionará de forma extraordinaria en la
que realizará un debate reglado de 60 minutos para que los congresistas puedan referirse
a la conmemoración del Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos
Políticos de las mujeres Costarricenses y a propósito del 75 aniversario de
aprobación del sufragio para las mujeres en Costa Rica.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784