MIERCOLES 18 DE JUNIO DEL 2025
AYER
Durante la tercera sesión de la Comisión de
Enlace, realizada en las instalaciones del Ministerio de
Ciencia, Innovación, Tecnología
y Telecomunicaciones (MICITT), el Consejo Nacional de
Rectores (CONARE), junto con la representación
estudiantil, presentó formalmente una contrapropuesta de aumento del
2,5 % para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente
al año 2026. Esta propuesta
se plantea con base en el presupuesto aprobado para el año 2025, que asciende a
¢587.608,75 millones. De ser aceptado
el incremento, el FEES para el año 2026 alcanzaría un monto de ¢602.298,96 millones, condicionado a que el Poder Ejecutivo transfiera la totalidad del monto vigente, incluyendo el 2 % adicional aprobado por la Asamblea Legislativa y aún pendiente de giro.
Las universidades
públicas sustentan su planteamiento en la pérdida del poder adquisitivo que ha experimentado el FEES en los últimos
años. De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 2019 y 2025 el
fondo creció un
9,62 %, mientras que la inflación
acumulada proyectada alcanzará un 12,49 % al cierre
de este año, lo que ha generado una brecha
de 2,87 puntos porcentuales que afecta
la sostenibilidad de las funciones
sustantivas de las universidades
públicas en materia de docencia, investigación, acción social y producción académica.
CONARE fundamentó su propuesta
en cinco elementos centrales: la obligación constitucional del
Estado costarricense de financiar
la educación superior pública
conforme a los artículos 78 y 85 de la Constitución Política; el papel estratégico
de las universidades como motores de movilidad social y desarrollo nacional; la reducción sostenida del peso del
FEES respecto al PIB, siendo
en 2025 el más bajo de los últimos 15 años (1,14 %);
la falta de reconocimiento por parte del Gobierno
de los ¢62.590 millones postergados en los años 2020 y 2021; y el riesgo estructural
que implicaría para el país una reducción
sostenida en la inversión en educación
superior pública.
La propuesta
fue respaldada unánimemente por los rectores de las cinco universidades estatales y por la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, Raquel Loría Quesada, quien enfatizó que se trata de una propuesta seria y técnicamente sustentada, frente a la oferta inicial del Gobierno de apenas un 0,5 %, calificada
como mezquina e insuficiente.
Adicionalmente, se solicitó que los
recursos no girados del
FEES en los años 2020 y 2021 sean restituidos mediante transferencias de capital, en tractos del 25 % anual durante el periodo
2026–2029. Dichos fondos se
destinarían a fortalecer el acceso de estudiantes
en condición de vulnerabilidad, mejorar la cobertura académica en zonas periféricas, cumplir con los indicadores de calidad previamente establecidos y contribuir con proyectos estratégicos conjuntos entre las universidades
públicas y el Estado en áreas prioritarias
como educación, salud, seguridad, justicia, innovación y desarrollo productivo.
En representación
del Gobierno, el ministro de Educación Pública y presidente de la Comisión de Enlace, Leonardo Sánchez
Hernández, señaló que la propuesta
será valorada con apertura al análisis y disposición al diálogo, sin descartar la posibilidad de
extender el proceso de negociación en caso de no alcanzarse un acuerdo definitivo en la próxima sesión.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, evitó confirmar si el
Ejecutivo girará el 2 % pendiente del FEES
2025, alegando que su cumplimiento dependerá de las condiciones macroeconómicas que enfrente el país
en los próximos
meses.
La cuarta
sesión de la Comisión de Enlace se realizará el martes 24 de junio en la sede
de CONARE, y se espera que el
Poder Ejecutivo emita su respuesta formal a la propuesta presentada por las universidades públicas.
Por otra
parte, la Comisión de Asuntos
Hacendarios dictaminó afirmativamente el primer presupuesto extraordinario de la
República correspondiente al ejercicio
económico 2025, el cual contempla una rebaja neta
de ₡15.014 millones respecto
al presupuesto ordinario originalmente aprobado. El proyecto de ley será remitido al Plenario Legislativo para su discusión y votación en dos debates reglamentarios, en el marco
de los mecanismos de
control fiscal y alineamiento con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República.
La modificación
presupuestaria responde a
cuatro objetivos fundamentales
planteados por el Poder Ejecutivo: incorporar ingresos adicionales de fuente interna y
externa, realizar ajustes a
las partidas para cubrir necesidades institucionales impostergables, atender observaciones formuladas por la Contraloría en su análisis
del presupuesto ordinario y
mantener el cumplimiento del marco normativo vigente en materia de ejecución
presupuestaria. Los recursos
serán reorientados a programas prioritarios como comedores escolares, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER), gastos diplomáticos
y ajustes por inflación, entre otros destinos de interés nacional.
Finalmente, la Comisión de Ambiente aprobó
una moción para convocar al ministro de Ambiente y Energía, así como al ministro de Relaciones Exteriores, con el propósito de que expliquen por qué
se revocó la acreditación
de científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR)
que iban a participar en la Conferencia de los Océanos. La iniciativa busca esclarecer los criterios y responsabilidades institucionales en torno a esta
decisión, que ha generado preocupación en sectores académicos y científicos del país.
HOY
En la
Comisión de Asuntos Hacendarios se realiza una audiencia con la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) sobre el tema
PROERI, la cual continúa en una sesión posterior.
En la Comisión de Asuntos Económicos comparece el señor
Tommaso Majer, de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE).
En la Comisión de Asuntos Sociales se discute el expediente
N.° 24624, relacionado con la regulación de los
Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares
Sin Nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado.
En la Comisión de Asuntos Jurídicos se realiza una
audiencia con representantes del Colegio de Abogados y otras autoridades,
respecto al expediente N.° 24818, reforma a varias
normas del proceso agrario.
En la Comisión de Gobierno y Administración se tramitan
mociones vía artículo 137 al expediente N.° 23736,
relativo a la ley de transporte remunerado no colectivo de personas mediante
plataformas digitales.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-0500-0784