MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2026
AYER
En la
jornada de ayer el debate legislativo estuvo marcado por tres temas en particular.
En primer lugar, tomó fuerza la discusión en torno al proyecto que permitiría
la minería a cielo abierto en Crucitas, luego de que la Universidad de Costa
Rica sugiriera a los diputados no aprobar la iniciativa. La UCR advirtió sobre
riesgos ambientales y cuestionamientos técnicos relacionados con el impacto en
ecosistemas y fuentes hídricas. Sin duda, este posicionamiento vuelve a colocar
a las universidades públicas como actores relevantes en la deliberación sobre
modelos de desarrollo y sostenibilidad, introduciendo criterios científicos en
una discusión altamente politizada.
En segundo
término, se intensificó el debate sobre eventuales cambios en las reglas del
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Aunque existe
disposición en sectores legislativos para modificar el régimen (principalmente
en aspectos vinculados a condiciones de retiro y modalidades de uso de los
fondos) los criterios técnicos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), del
Banco Central de Costa Rica (BCCR) y de las operadoras han planteado objeciones
de fondo.
Desde la
perspectiva técnica, se ha advertido que ajustes sin un respaldo actuarial
sólido podrían afectar la sostenibilidad financiera del sistema, generar
distorsiones en la administración de los portafolios de inversión y comprometer
la estabilidad del mercado de capitales local, dado el peso que tienen los
fondos del ROP en la colocación de deuda pública y privada. De esta forma,
también el Banco Central ha insistido en que decisiones legislativas que
alteren el horizonte de inversión o provoquen retiros masivos podrían impactar
variables macroeconómicas como liquidez, tasas de interés y estabilidad
financiera. La SUPEN, por su parte, ha reiterado la necesidad de preservar el
diseño técnico del régimen como complemento previsional de largo plazo y no
como mecanismo de liquidez inmediata.
En ese
contexto, la discusión no se limita a un debate político sobre acceso a
recursos, sino que abre un frente técnico sobre gobernanza del sistema
previsional, independencia de los criterios regulatorios y el equilibrio entre
presión social y sostenibilidad estructural.
Por otra
parte, el Plenario eligió únicamente una magistrada suplente adicional para la
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quedando aún tres puestos
pendientes. La falta de acuerdos completos para llenar todas las vacantes
refleja la complejidad política del proceso y la importancia estratégica de la
Sala Tercera en materia penal.
HOY
Ahora bien,
el día de hoy, la atención se traslada a la Comisión Plena II, donde se
conocerá en primer debate el expediente No. 24196, Ley de acciones afirmativas
a favor de las personas indígenas. El proyecto plantea medidas diferenciadas
orientadas a reducir brechas estructurales y fortalecer la inclusión de los
pueblos indígenas en distintos ámbitos institucionales. El eventual debate
girará en torno al alcance constitucional de las acciones afirmativas, su
implementación práctica y los efectos presupuestarios asociados. Se trata de
una iniciativa con relevancia simbólica y jurídica en materia de derechos
colectivos y equidad territorial.
Seguiremos
atentos al resultado del primer debate y al comportamiento de las fracciones
durante su discusión.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784