LUNES 14 DE OCTUBRE DEL 2019

 

LA SEMANA QUE HOY COMIENZA

 

En la semana que hoy comienza cabe la posibilidad que inicie trámite en el Plenario el proyecto que propone regular las huelgas, expediente No. 21049.

 

Además, la Comisión Permanente de asuntos hacendarios comenzará la discusión de mociones presentadas para modificar el texto original enviado por el Ministerio de hacienda, con excepción de dos mociones aprobadas previamente sobre temas municipales, del proyecto de Presupuesto 2020.

 

La semana pasada, en el trámite del proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2020 compareció, en la Comisión Permanente de asuntos hacendarios, la señora Marta Acosta Contralora de la República, para exponer el informe técnico de esa dependencia sobre este proyecto de ley, cuyo texto encontrará entre los documentos adjuntos.

 

Hay varias referencias a las universidades estatales y al FEES.

 

En la página 37 aparece lo siguiente

 

A manera de ejemplo, en el caso del FEES el monto asignado como transferencia de capital se da como producto del acuerdo de la Comisión de Enlace, en el que se determina el monto del Fondo para el ejercicio presupuestario. En su cláusula quinta, las universidades estatales se comprometen a realizar inversión de capital por un monto de ¢70.000 millones.

Otras condiciones incorporadas en el acuerdo del Fondo para 2020 son: restricción a la creación de plazas, aumento de 4% en los recursos para becas, ajustes salariales semestrales del 1,5% e incremento de los montos para las sedes regionales. En materia de programación, el acuerdo estipula la aplicación de indicadores de gestión y resultados en el PLANES (Plan Nacional de la Educación Superior Estatal). Pese a lo anterior, en el proyecto de Presupuesto de la República 2020 no se incluyeron indicadores -de ningún tipo- relativos a los recursos que ejecutarán las universidades estatales a través del FEES, por lo que todo el cumplimiento de estos compromisos se delega en la praxis a las universidades. Es pertinente indicar que el artículo 29 de los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República estipulan que los ministros rectores y ministerios concedentes de recursos deberán establecer mecanismos internos para realizar dicho seguimiento y hacer la respectiva rendición de cuentas ante la DGPN.

La Contraloría General de la República señala la importancia de dar seguimiento a estos acuerdos, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades competentes y que las asignaciones de gasto respondan a los criterios que las sustentaron en la etapa de formulación. Aunado a lo anterior, este caso destaca la relevancia en la vinculación plan-presupuesto, a través de diferentes instrumentos (PNDIP, Presupuesto de la República, PLANES y presupuestos institucionales), que deben ser armoniosos entre sí, como insumo fundamental para profundizar en la implementación del modelo de gestión por resultados y en pro de la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

En la página 57 del texto se encuentra la siguiente mención:

Para la atención del mandato constitucional sobre la educación superior, se incorpora una transferencia total al FEES por ¢512.782 millones (1,3% del PIB), con un crecimiento de ¢11.627 millones (2,32%) respecto al presupuesto 2019 ajustado a agosto. Del total asignado, ¢70.000 millones son clasificados por primera vez como transferencias de capital; al respecto, la exposición de motivos dice que esto se debe a que para el 2020 las instituciones de educación superior universitaria estatal realizarán inversiones de capital por ese monto, según el Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020[1].

 

 

 

 

 

En la página 62 encontramos la siguiente mención:

 

La transferencia a favor de la UTN contemplada en el proyecto de ley de presupuesto 2020 asciende a ¢35.678 millones, que es el monto estipulado en el Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020 suscrito el 18 de julio de 2019. Al igual que en el caso del FEES, esta transferencia crece en un 2,32% en comparación con la contenida en el presupuesto vigente de 2019, crecimiento equivalente a la inflación interanual a mayo 2019, según lo indica el Acuerdo mencionado.

 

Luego, en la página 64 encontramos este párrafo:

 

Finalmente, las transferencias destinadas a la educación aumentan en ¢29.137 millones (2,9%) en comparación con 2019 como consecuencia, primordialmente, del ya mencionado crecimiento del 2,32% en el aporte a favor del FEES y del cambio de clasificación funcional, de «Protección social» a «Educación», de las transferencias al IMAS para el programa «Crecemos».

 

Refiriéndose a las transferencias de capital y a la Regla fiscal, en la página 64 aparece:

 

Para el presupuesto 2020, y con ocasión de la entrada en vigencia de la regla fiscal, el proyecto de ley de presupuesto clasifica como transferencias de capital parte de las transferencias que venían clasificándose como transferencias corrientes en años previos. Existen documentos que el Ministerio de Hacienda ha exhibido como respaldo para la realización de este cambio, pero hará falta una verificación posterior de la aplicación de estos recursos por parte de los beneficiarios a fin de determinar su justificación. Los principales montos reclasificados corresponden a ¢70.000 millones de las transferencias a favor del FEES y ¢50.839 millones de las transferencias a favor de FODESAF. El cuadro siguiente presenta la información relativa a esta variación en la clasificación de las transferencias del presupuesto.

 

Por último, en la página 68, refiriéndose al gasto total en educación, encontramos la siguiente mención:

 

El presupuesto que se incorpora para la atención del gasto en educación estatal asciende a ¢2.856.090 millones (7,4% del PIB[2]) y se constituye en el principal destino específico, ya que este concentra el 70,9% del total presupuestado en destinos específicos. Su fundamento se encuentra en los artículos 78 y 85 de la Constitución Política, en los cuales se establece la asignación del 8% del PIB para educación estatal, así como la obligatoriedad de asignar recursos a las universidades estatales. El presupuesto destinado a educación estatal incluye los recursos para el Financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual asciende, para 2020, a ¢512.782 millones (1,3% del PIB), con un crecimiento de 2,3% respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2019. La exposición de motivos considera además recursos correspondientes a las Pensiones del Magisterio y Profesores, asunto que no comparte esta Contraloría sea gasto en educación, sino gasto en protección social según el clasificador funcional y la misma clasificación realizada a este rubro en el presupuesto.

 

 

Atentamente,

 

 

 

Emmanuel Ferrer Venegas

              Consultor

                                                 

 



[1] Este acuerdo fue firmado el 18 de julio de 2019 por los Rectores de la UCR, la UNA, la UNED, el TEC y la UTN, y por los jerarcas del MEP, MIDEPLAN, MICIT y Ministerio de Hacienda. En su cláusula quinta, el acuerdo dice: “Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones”. Indica también este acuerdo que la asignación presupuestaria para el 2020 corresponde al monto presupuestado para 2019 ajustado por la inflación interanual a mayo 2019, del 2,32%.

[2] Para el año 2020, y de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto, se incorpora en los recursos destinados a educación estatal, el presupuesto estimado de ¢160.074 millones para el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) así como ¢25.998 millones que el Ejecutivo indica que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) asignará a la red de cuido. Lo anterior en atención al artículo 29 del título IV la Ley N° 9635, el cual indica que se contabilizarán dentro del ocho por ciento (8%) del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal los recursos presupuestados para primera infancia, preescolar, educación primaria, secundaria, educación profesional y educación técnica, incluido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).