JUEVES 12 DE FEBRERO DEL 2026
AYER
La jornada
legislativa de ayer se concentró en el trabajo de comisiones, con avances en
proyectos de contenido social. En la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad se
discutió y aprobó el expediente No. 25089, iniciativa que permite a las
personas con discapacidad firmar contratos bajo un enfoque que reconoce su
capacidad jurídica y fortalece su autonomía. La aprobación de este proyecto
constituye un avance significativo en materia de inclusión y garantía de
derechos.
Posteriormente,
la Comisión Especial de la Mujer conoció el expediente No. 23706, relativo a la
autorización de permisos para mujeres menstruantes. Durante el debate se acordó
extender dicha autorización también a las estudiantes, ampliando su alcance al
ámbito educativo. Este ajuste introduce implicaciones relevantes en términos de
igualdad de condiciones y permanencia en el sistema educativo, por lo que será
importante analizar la redacción final que adopte la comisión.
HOY
Ahora bien,
para el día de hoy, teniendo en cuenta lo sucedido el pasado lunes con el
expediente No. 23652, reforma a la Ley General de Contratación Pública, Ley No.
9986, el cual fue aprobado en primer debate con 38 votos a favor y 6 en contra,
el Plenario Legislativo conocería su segundo debate. No obstante, aunque en
principio podría presumirse que se mantendrá la misma correlación de fuerzas,
no es prudente dar por hecho que los votos se reproducirán automáticamente,
pues en esta etapa, aunque poco probable con este proyecto de ley, pueden
surgir reconsideraciones o ausencias estratégicas. De mantenerse el respaldo
observado, la iniciativa quedaría definitivamente aprobada, consolidando una
reforma relevante para reconocer las particularidades de la investigación, la
docencia, la extensión universitaria y la cooperación académica que desarrollan
las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores.
En paralelo,
la Comisión permanente especial de ciencia, tecnología y educación tiene
previsto conocer, en segundo lugar de su agenda, el
expediente No. 24929, denominado “Ley para que los rectores de las
universidades públicas y el presidente del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) concurran ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica”.
Este proyecto reviste especial sensibilidad institucional. Si bien se reconoce
la importancia de la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos la
creación de una obligación legal periódica podría resultar innecesaria y, más
aún, abrir espacio a dinámicas de confrontación partidaria o exposición
mediática que desplacen el análisis técnico sustantivo, convirtiendo la
comparecencia en un eventual “show político”. La posición es clara: la
transparencia es un principio irrenunciable, pero debe ejercerse dentro de un
equilibrio institucional que resguarde la autonomía universitaria y evite su
instrumentalización coyuntural.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784