JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
AYER
En las
últimas semanas, el panorama legislativo costarricense ha sido escenario de
debates intensos que revelan profundas tensiones entre distintos actores del
Estado, la sociedad civil y los sectores productivos. En primer lugar, la
discusión del presupuesto para el Ministerio de Seguridad escaló de tono entre
el jerarca responsable y varios diputados. Durante esa sesión, Mario Zamora
protagonizó un altercado con Jonathan Acuña del Frente Amplio, lo que motivó
reproches como “Señor ministro, qué vergüenza oírlo” por parte de quienes
consideraban que la actitud del ministro no solo desviaba la atención del fondo
del presupuesto, sino que debilitaba la institucionalidad al incurrir en
confrontaciones personales más que en argumentaciones técnicas.
Simultáneamente,
otro proyecto que resalta la tensión entre desarrollo económico, derechos
ciudadanos y protección del ambiente volvió a presentarse con luz verde. La
Comisión Legislativa dictaminó favorablemente un proyecto del Poder Ejecutivo
que permite la exploración y explotación de oro en Crucitas, una zona que ha
sido motivo de gran polémica histórica debido a los impactos ambientales y
conflictos legales que comportó en anteriores intentos de minería metálica. Este
dictamen vuelve a poner en el centro del debate público el dilema entre abrir
espacios productivos y los riesgos de degradación ambiental, contaminación, y
la respuesta de comunidades afectadas.
En ese
contexto también emerge la discusión sobre las jornadas laborales 4×3, que
propone que ciertos sectores puedan tener jornadas de cuatro días de trabajo de
doce horas cada uno, con tres días libres. Una de las voces críticas fue la de
la diputada Daniela Rojas, quien advirtió que la propuesta genera confusión al
dejar en manos de los trabajadores la decisión de adoptar o no el esquema, pues
este mecanismo voluntario podría ocultar presiones empresariales o
desigualdades de hecho que distorsionan la voluntariedad.
El más
reciente giro en ese debate lo dio la Asamblea Legislativa al aprobar, con 32
votos a favor y 11 en contra, la moción de texto sustitutivo No. 625 al
proyecto de jornadas 4×3 (expediente 24.290). Esa moción introduce cambios
importantes: establece que solo si una mayoría de trabajadores de la empresa lo
aprueba mediante votación secreta, se podrá aplicar el esquema de jornadas
12×4, y además delimita los sectores productivos que pueden acogerse al modelo.
También obliga a realizar consultas institucionales obligatorias (como a la
Corte Suprema de Justicia, al INS, al PANI, entre otros) y suspende
temporalmente el trámite legislativo del proyecto por ocho días hábiles para
cumplir ese procedimiento.
Estos tres
debates muestran rostros de un país que procura definir con claridad sus
prioridades: seguridad, desarrollo económico, derechos laborales y protección
ambiental. Las reacciones sociales reflejan preocupaciones legítimas sobre cómo
se toman estas decisiones y quiénes terminan beneficiados o perjudicados. En el
caso del presupuesto de Seguridad, los cuestionamientos apuntan al estilo y al
contenido; en Crucitas, al precedente ambiental y legal de permitir explotación
minera metálica tras moratorias previas; y en las jornadas 4×3, a la necesaria
protección de estándares laborales y de salud, así como a la necesidad de
diálogo sincero y no meramente formal.
HOY
Para hoy, la agenda legislativa contempla una serie de sesiones de gran
interés. A las once de la mañana se celebrará la reunión de jefaturas de
fracción, espacio crucial donde las distintas bancadas definen acuerdos
políticos, prioridades de agenda y estrategias de coordinación que luego se
reflejan en el plenario.
Por la tarde, la Comisión Permanente Especial de Ciencia y Tecnología
sesionará a la una y quince en el plenario para abordar el expediente No. 23525,
que busca ampliar el acceso a la educación técnica mediante el uso de nuevas
tecnologías, un proyecto que responde a la necesidad de vincular el sistema
educativo con las transformaciones productivas y las demandas de empleabilidad
en un país en proceso de transición digital.
Posteriormente, a las seis con cinco de la tarde, la misma comisión
analizará el expediente 24.307, que introduce una adición al inciso (b) del
artículo 3 de la Ley Fundamental de Educación. Esta discusión apunta a
actualizar el marco legal de la educación en Costa Rica, fortaleciendo la
orientación hacia la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del
desarrollo nacional.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784