JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2026
ESTA SEMANA
Esta semana ha estado atravesada por un tema central y particularmente
sensible para el país: el financiamiento de las universidades públicas a través
del FEES. El punto de partida lo marca la resolución de la Sala Constitucional,
que condena al Ministerio de Hacienda por no girar los recursos que ya habían
sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Este elemento es clave, porque no
se trata de una discusión política más, sino de un incumplimiento a una
obligación legal previamente definida, lo que reafirma que el FEES no es
discrecional una vez aprobado, sino de acatamiento obligatorio.
A partir de ahí, la discusión adquiere todavía mayor relevancia cuando se
observa lo que está ocurriendo en paralelo con el FEES 2027. A pesar de esta
condena, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de no otorgar ningún
incremento nominal al fondo, e incluso ha planteado la posibilidad de
congelarlo, bajo el argumento de presiones fiscales y endeudamiento. Esto
genera una contradicción evidente: por un lado, la Sala Constitucional
establece límites claros al Ejecutivo respecto al cumplimiento del
financiamiento aprobado, y por otro, el propio Ejecutivo impulsa una línea de
contención que, en la práctica, debilita el crecimiento del financiamiento
universitario. En términos políticos, esto anticipa un conflicto directo en la
negociación del FEES, donde las universidades llegan con una posición
fortalecida no solo en lo político, sino en lo jurídico.
Este tema, además, no es menor en el contexto actual, porque el FEES no
solo representa el financiamiento de las universidades públicas, sino que
incide directamente en investigación, formación profesional, regionalización y
desarrollo territorial. Por eso, cualquier intento de congelamiento o reducción
real (aunque no nominal) tiene efectos estructurales en el modelo de educación
superior del país.
Mientras esta tensión se posiciona como el eje principal de la semana, el
ambiente legislativo se ha movido en otra línea: la reorganización del poder
dentro de la Asamblea Legislativa. Desde el oficialismo se mantiene la
aspiración de controlar tanto el Directorio Legislativo como las comisiones, lo
que evidencia una estrategia clara de acumulación de poder parlamentario.
En paralelo, la futura presidencia legislativa ha planteado la posibilidad
de sesionar los viernes en el Plenario, lo que podría modificar la dinámica de
trabajo legislativo, ampliando los espacios de discusión, pero también
aumentando la presión operativa sobre las fracciones.
En cuanto a decisiones concretas, el Plenario aprobó de manera definitiva
el crédito por 770 millones de dólares para el corredor vial San José–San
Ramón, reactivando uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del
país, aunque no exento de cuestionamientos en materia de endeudamiento y
ejecución.
Estaremos atentos a lo que suceda dentro y fuera del recinto parlamentario,
pues las últimas tres semanas del periodo suelen ser críticas para el entorno
legislativo.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784