VIERNES 6 DE MARZO DEL 2026
AYER
En la
jornada legislativa del día de ayer uno de los espacios de mayor interés para
el sector educativo y universitario se desarrolló en la Comisión Permanente
Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, donde se continuó con el análisis
del expediente legislativo 25.293, denominado Ley para la creación del Sistema
Nacional de Macroevaluación Educativa. Durante la
sesión la comisión recibió el criterio favorable de la investigadora Isabel
Román Vega, directora del área de educación del Programa Estado de la Nación,
quien compareció ante las diputaciones para referirse al proyecto.
Román señaló
que uno de los problemas estructurales del sistema educativo costarricense es
la ausencia de una política estable de macroevaluación.
Según explicó, en las últimas décadas el país ha experimentado un “vaivén”
constante en los mecanismos de evaluación educativa, lo que genera
incertidumbre tanto en docentes como en estudiantes y familias respecto a los
objetivos del sistema y a los parámetros con los que se mide el desempeño
académico. Indicó que este fenómeno ha sido documentado ampliamente en la
novena edición del Informe del Estado de la Educación, en el cual se dedica un
capítulo específico al análisis de la macroevaluación
y sus implicaciones para la calidad educativa.
En ese
contexto, la investigadora respaldó la iniciativa legislativa señalando que la
creación de un sistema nacional de macroevaluación
permitiría establecer criterios estables y técnicamente sustentados para medir
el desempeño del sistema educativo en su conjunto. Asimismo, recomendó la
creación de un centro especializado en macroevaluación
que articule el trabajo de las distintas instituciones del sistema educativo,
incluyendo al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, las universidades
públicas y otras entidades vinculadas con la producción de conocimiento y la
evaluación de políticas educativas. Como resultado de la discusión, la comisión
acordó convocar al Ministro de Educación Pública para
que exponga el criterio oficial del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de
ley.
En paralelo
a la actividad de comisión, el plenario legislativo dio trámite a una
iniciativa de reforma constitucional que generó discusión política al interior
del Congreso. Los diputados admitieron para estudio una reforma que obligaría
al Presidente de la República a comparecer
personalmente ante el plenario durante el análisis legislativo de su informe
anual de labores. Actualmente el mandatario remite el informe por escrito y no
está obligado a permanecer en la sesión en la que se discute su contenido. La
reforma busca fortalecer el control político del Legislativo sobre el
Ejecutivo, al abrir un espacio para que los diputados puedan confrontar
directamente al Presidente sobre los resultados de su
gestión y las políticas públicas impulsadas por su administración.
Finalmente,
en el plano de la relación entre el Gobierno y las universidades públicas,
trascendió una noticia de relevancia estratégica para el sistema de educación
superior. Tras una sugerencia del presidente Rodrigo Chaves Robles, el
Ministerio de Educación adelantará el inicio de las negociaciones del Fondo
Especial para la Educación Superior, proceso que normalmente se desarrolla en
la segunda mitad del año. La decisión implicaría iniciar la discusión dentro de
aproximadamente un mes, lo que anticipa el debate sobre el financiamiento de
las universidades públicas y podría abrir una etapa temprana de negociación
entre el Gobierno, el Consejo Nacional de Rectores y otros actores del sistema
educativo.
Este
adelanto sugiere que el tema del financiamiento universitario volverá a ocupar
un lugar central en la agenda política nacional en las próximas semanas,
especialmente en un contexto de presión fiscal y de discusión sobre la
sostenibilidad del gasto público en educación superior.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784