JUEVES 5 DE FEBRERO DEL 2026
AYER
Ayer en la
Asamblea Legislativa se produjo un encuentro de alta relevancia dentro del
Partido Liberación Nacional cuando su fracción electa se reunió con el
excandidato presidencial, Álvaro Ramos, en el Balcón Verde para definir el
liderazgo legislativo y establecer líneas de acción de cara al inicio de la
próxima administración. En esa reunión se designó a Álvaro Ramírez como jefe de
fracción y a Iztarú Alfaro como subjefa, decisiones
que se tomaron de forma interna y sin comunicación previa a la prensa. El
mensaje que transmitieron los nuevos líderes fue claro: promoverán una
oposición responsable, vigilante de las libertades públicas y que, a la vez,
reivindique el respaldo a iniciativas gubernamentales que apunten a mejorar la
calidad de vida de la población y fortalezcan la institucionalidad, con
especial énfasis en seguridad y lucha contra la criminalidad. Este
posicionamiento estratégico de la bancada verdiblanca evidencia una lectura
política orientada a balancear fiscalización y apoyo selectivo al poder
ejecutivo entrante, en función del interés público.
En ese mismo
ambiente político de transición, varios diputados expresaron fuertes reservas
respecto al reciente nombramiento de Laura Fernández como ministra de la
Presidencia durante los últimos tres meses de la administración saliente.
Diputados de diversas fracciones calificaron ese nombramiento como
“innecesario”, “inusual” o incluso “extraño”, subrayando que la presidenta
electa debería estar concentrada en la preparación del ejercicio de su gobierno
y en la articulación de su gabinete, más que en asumir un cargo subordinado a
pocos días del cambio de poderes. Otros legisladores, sin embargo, consideran
que la figura de la ministra de la Presidencia puede ser un puente útil de
diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, que es fundamental para avanzar en la
agenda legislativa.
HOY
Hoy, la
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación sesionará desde
la 1:15 p.m., con dos puntos de agenda que revisten particular importancia para
la política educativa y la vinculación del sistema educativo con el mercado
laboral. El primer punto relevante es el Expediente N.º 24929, Ley para que los
rectores de las universidades públicas y el presidente del Consejo Nacional de
Rectores ante la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa propone, en términos
generales, establecer la obligación de que los rectores de las universidades
públicas y el presidente del CONARE comparezcan ante el Plenario para rendir
informes dirigidos a la población, con un balance del último año respecto de
temas como la situación económica-financiera, distribución presupuestaria,
desempeño académico e inserción laboral, entre otros.
En esencia,
busca fortalecer la rendición de cuentas directa de las autoridades académicas
ante el Órgano Legislativo como una forma de transparencia. Sin embargo, desde
la perspectiva jurídica y académica se han planteado observaciones importantes,
pues esta comparecencia obligatoria podría entrar en tensión con la autonomía
constitucional de las universidades y del propio CONARE, dado que estos ya
rinden cuentas ante entes como la Contraloría General de la República y otras
instancias de control externo.
El otro
proyecto de interés incluido al final de la agenda es el Expediente N.º 25269,
Ley de creación del Sistema Nacional de Cualificaciones para fomentar la
calidad educativa y la oferta laboral. Esta iniciativa busca establecer un
sistema nacional que integre diferentes marcos de cualificaciones educativas
para articular la formación profesional, la educación formal y las necesidades
del mercado de trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y
fortalecer la empleabilidad de los egresados. El proyecto propone la creación
de un Marco Nacional de Cualificaciones y de una instancia rectoría que
coordine y organice los marcos existentes y futuros, dando un enfoque coherente
entre los niveles educativos y los requerimientos productivos del país. Pese a
la intención positiva de articular educación y mercado laboral, diversos
análisis técnicos han señalado que el proyecto presenta falencias en claridad
conceptual, en la inclusión de actores clave y en mecanismos efectivos de
seguimiento y evaluación, lo que sugiere la necesidad de una discusión profunda
para asegurar que la ley no sólo tenga ambición normativa sino también
viabilidad operativa y respeto por la autonomía de las instituciones educativas.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784