JUEVES 3 DE JUNIO DEL 2021

 

AYER

 

El día de ayer la Comisión permanente especial de asuntos de discapacidad y adulto mayor sesionó desde las 8:45 de la mañana. Dicha Comisión no tramitó el expediente No. 21775, Creación del programa inclusión social y laboral de personas adultas con discapacidad (INSOLAPED), ya que los diputados integrantes decidieron ordenar la Comisión estableciendo el horario de las sesiones y las subcomisiones que tramitarán los expedientes que se encuentran en la agenda. En cuanto al horario de las sesiones, esta Comisión sesionará los jueves a partir de las 8:45 de la mañana, y respecto a las subcomisiones, se crearon dos, lideradas por las diputadas Aracelly Salas Eduarte y Marolin Azofeifa Trejos. Cabe recordar que la iniciativa mencionada arriba le asigna responsabilidades, en dos artículos distintos, al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y a las universidades estatales.

 

Por otro lado, en la sesión de la Comisión permanente de asuntos hacendarios, los diputados tramitaron las mociones de fondo presentadas a los siguientes proyectos de ley:  

                              

·         Expediente No. 22214. Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional De Reconstrucción Y Fomento y el Banco Centroamericano De Integración Económica para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización.

                              

·         Expediente No. 22433. Aprobación del financiamiento con el fondo monetario internacional a través de la facilidad de servicio ampliado del fondo (SAF) para el programa de apoyo para la recuperación post pandemia y la consolidación fiscal.

 

Los diputados aprobaron algunas mociones para que se disponga el diez por ciento de ambos créditos, los cuales son por 600 Millones de dólares en el caso del BIRF y el BCIE y 1778 millones de dólares del FMI, y que lo correspondiente sea girado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Cabe señalar que el pago se hará conforme se realicen los desembolsos de los recursos.

 

Por la tarde, en la sesión plenaria, los diputados discutieron el informe de la Comisión especial que analizó el tema de la UPAD. Encontrará este informe en el siguiente enlace: Informe sobre la UPAD.

 

Luego de una amplia discusión, los diputados decidieron aprobar dicho informe de mayoría con 32 votos a favor y 8 en contra. Es importante señalar que este informe pide investigar el posible delito de prevaricato por parte del Presidente Carlos Alvarado Quesada, de Víctor Morales Mora (ex ministro de la Presidencia) y de Luis Daniel Soto Castro (ex viceministro de Planificación Nacional y Política Económica), esto por la firma del Decreto Presidencial que creaba la UPAD. Este informe también pide investigar penalmente, por falso testimonio, a la señora Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación, ya que en su audiencia en la Comisión investigadora alegó desconocimiento absoluto del Decreto, sin embargo, el informe señala que se logró demostrar que si tenía conocimiento. Además, este informe señala al Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas como el culpable del traslado de información sensible al ex asesor de Casa Presidencial, Santiago Álvarez Ovares, aludiendo que se le había solicitado en nombre del Presidente de la República.          

 

El informe aprobado también solicita investigar el involucramiento del señor Eriksson Álvarez Cologne, director del SINIRUBE; María Fullmen Salazar, exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social; Santiago Álvarez Ovares, ex asesor de Casa Presidencial; a los ex asesores y ex asesora de Casa Presidencial, Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero, Felly Salas Hernández y a Luis Salazar Muñoz, redactor del decreto de creación de la UPAD.

 

Varios diputados reprocharon, nuevamente, al accionar y la poca autocrítica del Gobierno del Partido Acción Ciudadana sobre este tema, señalando que, sin lugar a dudas, se violó la privacidad de los costarricenses al firmar un Decreto que a todas luces fue inconstitucional.

 

Ahora bien, sobre la consulta institucional del proyecto de ley llamado Ley marco de empleo público, expediente No. 21336, sobre el cual también fue solicitado el criterio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Corte Plena ya se pronunció. La Corte Plena, de forma unánime y con 17 Magistrados presentes, acogió un informe elaborado por el Magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso Álvarez, quien analizó la última versión del texto del expediente legislativo. Dicho informe señala que este proyecto afecta la organización, funcionamiento e independencia del Poder Judicial, así como también señala que esta iniciativa contiene roces constitucionales. En el siguiente enlace encontrará las objeciones señaladas en el pronunciamiento de la Corte Plena: Objeciones en pronunciamiento de la Corte Plena.

 

Cabe señalar que, en vista del pronunciamiento de la Corte Plena, la Asamblea Legislativa requerirá 38 votos a favor para la aprobación de este expediente en su segundo debate.    

 

HOY

 

El día de hoy algunas comisiones sesionarán, sin embargo, ninguna tramitará proyectos de nuestro interés. Eso sí, estaremos muy atentos a la sesión de jefaturas de fracción, la cual marcará el rumbo del Congreso para la próxima semana.

 

En cuanto a la sesión plenaria, ya que ayer fueron tramitadas las mociones de fondo del primer día sobre el proyecto de ley del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el Congreso podría iniciar la discusión del proyecto en primer debate, esto si los diputados no presentan mociones de fondo del segundo día ni mociones de reiteración. Estaremos atentos.

 

Emmanuel Ferrer Venegas

Consultor PREDICTA S.R.L