MARTES 2 DE DICIEMBRE DEL 2025
LA SEMANA QUE HOY COMIENZA
Esta semana
estará marcada por el expediente No. 24929, “Ley para que los rectores de las
universidades públicas y el presidente del Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) concurran ante la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica”,
actualmente en estudio de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, y
sobre el cual distintas instancias como la Contraloría General, el Colegio de
Abogados y las propias universidades han empezado a emitir criterio.
Este debate
se inserta en un contexto político en el que la negociación del FEES 2026,
donde Gobierno y universidades, dieron como resultado un incremento del 1% con
condicionamientos y con una fuerte presión fiscal de fondo; y
por otro lado, una narrativa instalada desde parte del oficialismo y sectores
aliados que insiste en presentar a las universidades públicas como estructuras
poco eficientes, sobredimensionadas y desconectadas de las necesidades “del
mercado laboral”. En ese marco, la discusión del proyecto 24.929 se convierte
en un espacio clave para rebatir esa narrativa y defender tanto la autonomía
universitaria como el sentido estratégico de la educación superior pública.
El proyecto establece
la obligación de que los rectores de las universidades públicas comparezcan una
vez al año ante el Plenario Legislativo, en la primera sesión ordinaria de
febrero, con un informe de 20 minutos que debe incluir un balance
económico-financiero, el detalle de ingresos y egresos, indicadores de
desempeño estudiantil (duración de la carrera, graduación, deserción), porcentaje
de inserción laboral, así como el desempeño de la investigación y de los
órganos asesores de la administración pública. A su vez, obliga al Presidente de CONARE a rendir un informe similar, también de
20 minutos, sobre estado de la educación universitaria, distribución del FEES,
número de carreras, costo por estudiante y tasas de graduación, deserción e
inserción laboral, tras lo cual se abre un debate reglado para que las
fracciones realicen consultas.
En la
superficie se presenta como un mecanismo de “rendición de cuentas” amparado en
el artículo 11 constitucional, pero su diseño concreto y el momento político en
que se impulsa revelan un conjunto de riesgos y efectos negativos para la
educación superior pública que es importante explicitar.
En primer
lugar, el proyecto introduce una forma de control político anual que desdibuja
la autonomía universitaria y reconfigura la relación entre poderes. No se trata
de negar la rendición de cuentas –que ya existe y es robusta– sino de señalar
que las universidades públicas hoy rinden cuentas de múltiples maneras: están
sometidas al control de la Contraloría General de la República, a auditorías
internas y externas, al escrutinio de sus consejos universitarios y órganos
colegiados, a procesos de acreditación de calidad, a la supervisión ciudadana
y, en el caso del FEES, a una Comisión de Enlace que ya negocia con base en 22
indicadores acordados entre Gobierno y universidades.
Obligar a
una comparecencia anual de los rectores ante el Plenario, por fuera de las
comisiones especializadas y al margen de esos mecanismos ya existentes, crea
una línea directa de presión política sobre las autoridades universitarias, más
propia de un esquema de subordinación que de un régimen de autonomía
constitucionalmente reconocida. La Asamblea tiene funciones de control
político, pero al normar en detalle cómo, cuándo y sobre qué indicadores
específicos deben dar cuentas las universidades, el legislador se aproxima
peligrosamente a dirigir la gestión universitaria desde el Congreso.
En segundo
lugar, la iniciativa selecciona y prioriza un conjunto de indicadores que
reflejan una visión reducida y economicista de la educación superior. El
énfasis está puesto en la “adecuación de la oferta académica al mercado
laboral”, en la “eficiencia y productividad”, en la inserción laboral inmediata
y en la deserción, sin considerar con el mismo peso la función social, cultural
y democrática de las universidades, su papel en la generación de conocimiento
crítico, su presencia territorial ni su aporte al desarrollo humano en sentido
amplio. Ese encuadre desplaza el debate hacia una lógica de corto plazo, donde
carreras, programas y presupuestos pueden ser juzgados año con año solo por su
“retorno” medible en empleo inmediato, presionando a recortar o cerrar áreas
estratégicas como las humanidades, las artes, la investigación básica o la
formación docente, que no siempre se traducen en estadísticas laborales inmediatas pero son indispensables para la sociedad. En la
audiencia, los rectores pueden subrayar que aceptar sin crítica este marco de indicadores
supone legitimar una redefinición del sentido mismo de la universidad pública,
alejándola de su mandato histórico.
En tercer
lugar, el proyecto construye un régimen de exposición pública y mediática
exclusivamente para las universidades públicas, reforzando la narrativa de que
son ellas, y no otros actores estatales, las que deben estar permanentemente “a
prueba” ante la opinión pública. El texto no establece obligaciones
equivalentes para otras instituciones que también manejan porcentajes
significativos del presupuesto nacional –Caja Costarricense del Seguro Social,
Poder Judicial, instituciones autónomas de otro tipo– sino que elige como
objeto único de esta comparecencia anual a los rectores y a CONARE, con el
argumento de que las universidades consumen el 20,8% del presupuesto del MEP.
En la
práctica, esto coloca a las universidades en una vitrina política donde, cada
febrero, deberán defender su legitimidad en un escenario que facilita el uso
del populismo fiscal: se puede apelar al enojo por el costo de la vida, a
situaciones puntuales de conflicto o a anécdotas sobre “mal uso de recursos”
para cuestionar globalmente al sistema de educación superior, aunque los datos
estructurales cuenten otra historia.
A partir de
allí se abre el cuarto riesgo, directamente vinculado al FEES y a la
estabilidad financiera del sistema: la comparecencia anual ante el Plenario
puede convertirse en un “juicio político” recurrente sobre el FEES, cuyos
resultados sean luego usados para impulsar recortes o congelamientos en las
siguientes negociaciones. El proyecto llega en un contexto donde el Poder
Ejecutivo ha buscado amarrar el FEES 2026 a una base condicionada por la
inflación, incluso tomando como base una cifra que incluye aumentos previamente
acordados pero no desembolsados; en ese marco,
disponer de un informe anual presentado en clave de “eficiencia” y
“productividad” les brinda munición discursiva a quienes ya han cuestionado el
crecimiento del fondo y piden recortes. No es casual que, mientras la Comisión
de Enlace discute los indicadores y las condiciones para financiar mejor las
becas, la investigación y la regionalización, en la Asamblea se tramite un
proyecto que enfatiza el costo por estudiante y la carga sobre “el bolsillo de
todo el pueblo” como eje central del relato.
En quinto
lugar, el diseño procedimental del proyecto crea asimetrías que perjudican a
las universidades. Se conceden solo 20 minutos a cada rector y a la presidencia
de CONARE para explicar la complejidad de sus instituciones, su estructura
financiera, sus retos académicos y sociales, sus resultados en docencia,
investigación y extensión; en contraste, el debate reglado posterior permite
que las fracciones utilicen la información de manera fragmentada, formulen
preguntas que no necesariamente buscan aclarar sino construir titular político,
y mantengan el control de la agenda discursiva.
Al limitar
el tiempo de exposición de las autoridades universitarias y ampliar el margen
de intervención de los diputados, el proyecto instala una lógica de
“interpelación anual” más que una conversación técnica, que puede derivar en
señalamientos simplistas y en comparaciones injustas entre universidades en
función de uno o dos indicadores aislados.
Además, hay
un problema de duplicidad institucional e ineficiencia administrativa. Las
universidades ya están obligadas a generar memorias institucionales, informes
de gestión, reportes a la Contraloría y al Ministerio de Hacienda, informes
específicos al CONARE y documentación de respaldo para cada negociación del
FEES.
La
iniciativa 24929 no se limita a pedir que esos informes se remitan a la
Asamblea, sino que introduce un formato propio, con indicadores específicos y
una comparecencia anual ante el Plenario, lo que implica más horas de trabajo
técnico, más costos de recopilación y sistematización de datos, y una carga
adicional sobre equipos que ya están atendiendo, por ejemplo, la evaluación de
los 22 indicadores acordados en la Comisión de Enlace. Lejos de aportar
claridad, corre el riesgo de dispersar esfuerzos y de crear versiones paralelas
de la información que generen confusión o interpretaciones parciales según
convenga a la coyuntura política del momento.
En la
audiencia, los rectores pueden explicar que las herramientas de rendición de
cuentas ya existentes fueron precisamente una de las bases para la negociación
del 1% adicional y que seguir multiplicando exigencias formales no mejora la
transparencia, pero sí distrae capacidades que deberían estar destinadas a la
docencia, la investigación y la extensión.
De esta
forma, para esta semana el punto central será precisamente la audiencia donde
las autoridades universitarias expondrán su posición frente al proyecto en la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. En ese espacio, pueden articular
una oposición que no sea defensiva sino propositiva: reconocer abiertamente la
importancia de la rendición de cuentas, mostrar evidencia de los mecanismos ya
vigentes y proponer, en todo caso, fortalecer los canales existentes en lugar
de crear un dispositivo paralelo de control político en el Plenario. Les será
útil destacar que las universidades públicas han mantenido una trayectoria
consistente de apertura y transparencia –comparecencias frecuentes, entrega de
informes a comisiones, participación en debates presupuestarios– y que el
problema no es la falta de datos, sino la voluntad de algunos actores de
utilizarlos para justificar recortes a la educación superior en lugar de para
planificar un desarrollo equilibrado del sistema.
PREDICTA S.R.L
Cédula 3-102-13416
Emmanuel Ferrer Venegas
Arturo Ferrer Schlager
Cédula 1-1568-0284
Cédula 1-0500-0784