LUNES 2 DE FEBRERO DEL 2026

LA SEMANA QUE HOY COMIENZA

El inicio de la presente semana marca un punto de inflexión en el escenario político nacional. Se trata del primer día hábil posterior a las elecciones nacionales de 2026 y, al mismo tiempo, del cierre efectivo de un ciclo político cuyo desarrollo había sido anticipado en los análisis del año legislativo anterior. El resultado electoral no solo confirma varias de las tendencias estructurales ya identificadas, sino que redefine de manera sustantiva el contexto en el que se desarrollará el trabajo legislativo y el ejercicio del control político en los próximos meses.

Costa Rica optó por la continuidad del proyecto de gobierno. Esta decisión no puede interpretarse como un acto automático ni como una adhesión acrítica, sino como la validación de un estilo de conducción confrontativo, directo y polarizante que logró interpelar a una parte significativa del electorado. Durante el año político previo ya se evidenciaba la centralidad del Ejecutivo en la agenda pública, así como una narrativa de conflicto permanente frente a actores institucionales y políticos, dinámica que terminó trasladándose al proceso electoral y condicionando el resultado.

El proceso electoral también confirma una debilidad estructural del sistema político costarricense: la fragmentación partidaria. La proliferación de agrupaciones políticas no se tradujo en mayor representación sustantiva ni en una oferta programática más robusta, sino en una dispersión del voto que dificulta la articulación de mayorías estables y la rendición clara de responsabilidades. Este fenómeno adquiere particular relevancia a la luz de la nueva conformación legislativa, en la que el partido Pueblo Soberano alcanza una mayoría absoluta de 31 diputaciones, seguido por Liberación Nacional con 17 escaños, el Frente Amplio con 7, y una representación marginal de otras fuerzas políticas.

En este contexto, el año legislativo que iniciará formalmente en mayo presenta un nivel de complejidad inédito para la educación superior estatal. No solo por el recambio total de la Asamblea Legislativa, sino por la configuración política resultante, claramente adversa a los intereses históricos del sistema universitario público. La nueva correlación de fuerzas otorga al partido Pueblo Soberano una capacidad determinante para incidir en el Plenario, en las comisiones estratégicas y en la definición del ritmo y contenido de la agenda legislativa, incluyendo los temas presupuestarios y de financiamiento educativo, así como también en las elecciones del Directorio Legislativo. En lo único que tendrá que Pueblo Soberano tendrá que negociar será para reformas constitucionales, elección de magistrados y proyectos de ley que ameriten los 38 votos.

Este escenario adquiere mayor relevancia si se considera que varios de los principales liderazgos de Pueblo Soberano han mantenido, de forma consistente y pública, posiciones críticas e incluso confrontativas respecto al financiamiento, la autonomía y el rol político de la educación superior estatal. Entre los cuadros electos figuran actores que, durante su paso por el Poder Ejecutivo, protagonizaron algunos de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y las universidades públicas, y cuya visión política ya se tradujo en decisiones orientadas a tensionar el modelo histórico de financiamiento universitario.

El antecedente más significativo en esta materia fue la decisión de llevar por primera vez la discusión del FEES al Congreso mediante la figura del diferendo, rompiendo con la tradición de negociación política directa entre el Ejecutivo y las universidades. Este hecho no solo alteró el equilibrio institucional del modelo, sino que abrió una vía que ahora podría ser utilizada con mayor fuerza, respaldada por una mayoría parlamentaria robusta y por una narrativa política que cuestiona la legitimidad, eficiencia y pertinencia del sistema universitario estatal.

A este panorama se suma la expectativa de que, durante el nuevo periodo legislativo, se impulsen reformas de rango constitucional vinculadas al financiamiento de la educación pública, incluida la educación superior. De prosperar, estas iniciativas no se limitarían a ajustes presupuestarios coyunturales, sino que podrían redefinir las reglas estructurales bajo las cuales operan las universidades públicas, afectando principios como la autonomía universitaria, la planificación plurianual y la estabilidad financiera del sistema.

En este contexto, es previsible que el rol de CONARE sea objeto de un escrutinio político más intenso. Este cuestionamiento no necesariamente se manifestará de forma inmediata o frontal, sino que puede expresarse mediante decisiones legislativas, reformas normativas, uso estratégico del control político o cambios en los mecanismos de interlocución institucional, orientados a debilitar su capacidad de incidencia como actor político-técnico.

El escenario descrito coloca a CONARE ante un desafío estratégico de fondo. No se trata de evitar el conflicto ni de construir consensos artificiales, sino de fortalecer una posición institucional sólida, técnicamente fundamentada y políticamente coherente, capaz de sostener el modelo de educación superior estatal frente a una oposición organizada y con poder real de decisión. Una lectura errónea del momento político o la adopción de estrategias orientadas únicamente a la comodidad coyuntural podría dejar al sistema universitario en una posición de vulnerabilidad difícil de revertir.

De esta forma, este primer día posterior a las elecciones anticipa, además, un uso intensivo del control político por parte de las distintas bancadas, tanto para legitimar el resultado electoral como para reposicionarse frente al nuevo ciclo legislativo. El control político será un instrumento central en la disputa narrativa y programática, especialmente en temas sensibles como el financiamiento público, la educación superior y el rol del Estado.

El año legislativo que se abre no debe entenderse, por tanto, como uno más dentro del seguimiento parlamentario ordinario, sino como un punto de inflexión que exige claridad estratégica, cohesión interna y decisiones cuidadosamente calibradas. La forma en que CONARE enfrente este escenario, los actores con los que articule su acción y los criterios que utilice para fortalecer su posicionamiento institucional serán determinantes para su capacidad de respuesta en un entorno político particularmente desafiante.

PREDICTA S.R.L

Cédula 3-102-13416

Emmanuel Ferrer Venegas Arturo Ferrer Schlager

Cédula 1-1568-0284 Cédula 1-0500-0784