ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº60

(07 de febrero de 2007)

 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES

 

INDICE

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  3

Discutida.  APROBADA. 4

 

C.  CORRESPONDENCIA  4

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY  4

 

1.  Expediente N.º 16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales. 4

 

Moción N.º1-60, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas, González Morera: 4

DESECHADA. 7

 

Moción N.º2-60 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y de la diputada González Morera: 7

DESECHADA. 13

 

Moción N.º3-60 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera: 13

DESECHADA  18

 

Moción N.º4-60, de los diputados González Morera y Rojas Rodríguez: 18

DESECHADA  21

 

Moción de los diputados Salazar Rojas y otros diputados. 21

 


PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS:  Salvador Quirós Conejo, Presidente;  Gladys González Barrantes;  Secretaria;  Saturnino Fonseca Chavarría; Marvin Rojas Rodríguez;  Luis Carlos Araya Monge;  Nidia González Morera y José Joaquín Salazar Rojas.

 

ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

 

Lic. Carlos Alfaro.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Al ser las trece horas,  catorce minutos, treinta y cinco segundos se abre la sesión.

 

            Voy a decretar un receso hasta por dos minutos.

 

            (Se procede de conformidad.)

 

            Se reanuda la sesión.

 

            Están pendientes las mociones N 4, 5 y 6 de revisión y en su momento se verán, también tenemos una moción de orden.

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 

En discusión el acta Nº59.

 

            ¿Alguna observación al acta?

 

            Por el acta, tiene la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Buenas tardes compañeros y compañeras...

 

EL PRESIDENTE:

 

            Interrumpo para decir que le solicitamos a la diputada Nidia González Morera, para que sustituya a la Secretaria, para que funja como Secretaria Ad Hoc y aprovecho para agradecerle el que aceptara.

 

LA SECRETARIA AD HOC:

 

            Gracias, señor Presidente, honor que me hace.

 

            Por el acta, es que se me siguen diciendo “González Barrantes” en la página 26 aparecen así.  Son errorcillos pero como aquí también hay una diputada que es González Barrantes, quiero aclarar que a quien se refería el Presidente es a mí, a González Morera.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Aprovecho para indicar a la funcionaria de la Comisión, Hannia Durán, después de ese renglón señalado por doña Nidia, preferiría que se elimine el párrafo que está de seguido, donde dice que quiero hacer un pequeño anuncio, porque ya fue incorporado en la página 5 de esta misma acta, entonces no hace falta repetirlo. 

 

            Solo dejemos la parte donde dice:  Aprovecho la ocasión para solicitar al licenciado Sanabria” y el resto queda igual.

 

Discutida.  APROBADA.

 

C.  CORRESPONDENCIA

 

LA SECRETARIA AD HOC:

 

LISTA

INSTITUCIÒN

FECHA DOC

Nº OFICIO

PROYECTO

ASUNTO

Ministerio de

Hacienda

24-01-2007

D-098-2007

Nº16248

Criterio

 

EL PRESIDENTE:

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY

 

1.  Expediente N 16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.

 

            En la sesión anterior estábamos conociendo la moción de revisión N4 y quedó en el uso de la palabra la diputada Nidia González.  Tiene cinco minutos de tiempo.

 

 

LA SECRETARIA AD HOC:

 

Moción N1-60, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas, González Morera:

 

Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 34.

 

            Les estaba hablando que una de las formas de combatir la pobreza, es que el Gobierno promueva una verdadera y eficaz política de desarrollo rural, sobre la base de la pequeña propiedad, característica de este medio.  Propiciar el desarrollo y utilización de tecnologías de producción orgánica, que resguarden la seguridad y la soberanía alimentaria.

 

            Para eso se requieren los recursos estatales que brinden los instrumentos para el logro de estos propósitos y precisamente iba a hacer referencia a que ya estamos en una Comisión Especial, trabajando el proyecto de Banca de Desarrollo y por cierto, es muy interesante la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso, porque prácticamente estamos construyendo conjuntamente una ley que creo va a ser beneficiosa, especialmente para todos estos sectores que durante muchos años han estado olvidados de la banca nacional.  Desde que se privatizó la banca, los bancos dejaron de hacer banca de desarrollo y hay un montón de gente, especialmente del sector agropecuario, que no tiene acceso al crédito.

 

            Se han creado fideicomisos como los de FIDAGRO, que les compran la deuda, pero en tres años tienen el triple de la deuda y no se les ha dado ni un cinco para que se reactiven, y vuelvan a producir.  De manera que pienso que este proyecto si lo logramos conformar como estamos trabajando, va a ser muy beneficioso para este sector y para muchos otros, que también no han tenido toda la acogida en el sistema bancario nacional corriente.

 

            También estamos hablando de un concepto que es la soberanía y la seguridad alimentaria.  Compañeros y compañeras, me parece que hay gente que todavía no ha entendido bien la diferencia entre lo que es seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.  Si todas las personas lo tuviéramos claro, yo creo que no votaríamos un proyecto como este, de protección a obtenciones vegetales, porque está íntimamente relacionado con la producción nacional.

 

            Muchos dicen que, teniendo el dinero, podríamos comprar los productos y eso es seguridad alimentaria, estoy de acuerdo, pero todos sabemos que, en un momento determinado, el país puede tener la plata, pero no puede tener el acceso a los alimentos que requiere.

 

            De manera que soberanía alimentaria es un concepto más amplio, que se trata de producir lo que nos comemos, porque si nosotros tenemos toda la infraestructura y producimos lo que nos comemos, nunca vamos a tener problemas con la alimentación del pueblo.

 

            Esto es muy delicado, aquí se han ido eliminando los productores de arroz...  ¿Ya se me terminó el tiempo?  Los de frijol, y todos sabemos que aquí, la gente más pobre es la que consume arroz y frijoles.  Muchos de ustedes que aquí están, a veces no comen arroz ni frijoles, pero la gente pobre, eso es lo que come, porque es la única opción que tienen, es el alimento más barato, y si nosotros no lo producimos, en un futuro, todo esto se va a encarecer.

 

            Hemos mencionado y demostrado que esta legislación de semillas que se ha promovido, desde la revolución verde y hoy acentuada por las políticas neoliberales a ultranza y los tratados de libre comercio favorecen a la industria semillera, transnacional, europea y de los Estados Unidos.

 

            Estas industrias, que constantemente se fusionan entre sí, que ya no son exclusivamente farmacéuticas, ahora van juntas, todas con los beneficios de la propiedad intelectual, que pregonan a lo largo y ancho del planeta, buscando apropiarse de los recursos más valiosos de los países no desarrollados, de su biodiversidad, industrias que promueven los monocultivos y la producción intensiva, el uso de insumos específicos y acaparan los mercados de demanda de semilla de calidad superior y limitan los accesos a la gran masa poblacional de este factor fundamental de producción de la semilla.

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señora Diputada.

 

            Don Luis Carlos Araya, tiene la palabra para hablar en contra, supongo.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Sí, para manifestar mi punto de vista en contra.

 

            Yo quiero, a propósito de la intervención de la diputada Nidia González, reiterar que, además, el artículo 28 del proyecto ya prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias por razones de interés público, dentro de lo cual se enmarcaría, como lo mencioné anteriormente, el combate a la pobreza.  Que la lectura de los artículos 17 de UPOV y 28 del proyecto en discusión, que ante eventualidades como desabastecimiento de alimentos básicos y crisis alimentarias, obviamente, situaciones de interés público, el Estado puede tomar las medidas necesarias, a pesar de los derechos de obtenciones vegetales.

 

            También quisiera agregar, porque cuando la compañera Nidia nos habla de la seguridad alimentaria, me gustaría que me lo conteste más adelante, en cuanto ella pueda, pero ¿qué es lo que ella considera seguridad alimentaria en relación, por ejemplo, a lo del arroz?  ¿Cuánta área necesita el país de sembradíos de arroz, para que podamos asegurarnos de que se puede producir aquí todo el arroz que el país consume?  Es importante, yo no estoy en contra de la seguridad alimentaria, por supuesto que me parece importante que el país piense con responsabilidad en ese sentido, pero sí hay cosas que me dejan dudas.

 

            No sé si el país tendrá suficientes tierras aptas para producir el arroz que nos comemos, si habrá que sacrificar otros productos para poder producir el arroz que necesitamos, en fin, son dudas que, con todo respeto, me quedan a mí.

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.

 

            Hemos recibido una posición a favor y una en contra y, por lo tanto, procedemos a votar la moción de revisión N 4.

 

            Los diputados y diputadas que estén por darle su aprobación a la moción de revisión N 4, les rogamos manifestarlo levantando la mano.  Tres diputados a favor, seis diputados presentes.

 

            La votación está EMPATADA.  Por lo tanto, lo que corresponde es votar de nuevo, a ver si hay un cambio.

 

            Solicitamos de nuevo a los diputados y las diputadas que estén por dar su aprobación a la moción de revisión N 4, que se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Tres votos a favor, seis diputados presentes.

 

DESECHADA.

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción de revisión N 5.  Le pedimos a la señora diputada Nidia González Morera que le dé lectura, por favor.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N2-60 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y de la diputada González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo N 35”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Solicita la palabra el diputado José Joaquín Salazar Rojas.  Se la concedemos.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas.

 

            Señor Presidente, haré uso de la palabra como proponente de esta moción, para la revisión de la votación obtenida por la moción de fondo N 35.

 

            Es propicio recordar que dicha moción pretende adicionar un párrafo al artículo 21 del proyecto de ley.  Este artículo 21 contiene las excepciones al derecho del obtentor.  Señalaba en la sesión que propusimos, como Fracción, esta moción, que el artículo 21 de este proyecto de ley no está dentro de los artículos que más concentración, esfuerzo y estudio debe merecer de parte de los señores diputados y diputadas.

 

            Es de los puntos que marcarán posibles controversias y necesidades constantes de que existan mecanismos y credibilidad en el ente competente para interpretar y dirimir sus ámbitos y límites.

 

            También será de las disposiciones de la que harán uso aquellos que procurarán sortear la regulación a beneficio de sus intereses, pero también es de las normativas que obliga, por sus efectos trascendentes, a prever medidas en la misma ley, para dejar el espacio y margen de maniobra a políticas públicas que las circunstancias obliguen, una vez puesta en ejecución la ley.

 

            Más aún, cuando este proyecto y en este tema en particular se limitó a contemplar lo que dispone el Convenio UPOV en su artículo 15.  Nos parece, como Fracción, que todo lo que rodea al TLC no fija diferencias para las particularidades de los países.  Es un pantalón de una sola talla, ahí se deben meter todos.

 

            Esta ley propuesta, de la protección de las obtenciones vegetales, sigue esa misma tendencia, estandariza, desde nuestro punto de vista, y eso no conviene a los intereses superiores de este país.

 

            Por eso, señoras y señores diputados, les pedimos, con todo respeto, la reconsideración del voto negativo que se le otorgó a esta moción.  Mediante ella proponemos adicionar un inciso d) a este artículo 21, con el fin de que una excepción al derecho del obtentor sea “la acumulación y reproducción de variedades protegidas en bancos públicos de genes, orientados a preservar la diversidad genética”.

 

            La finalidad es dejar esta previsión en el proyecto, porque eso tiene relación con eventuales políticas futuras en la seguridad alimentaria del país.  Y ahora que el diputado Luis Carlos Araya Monge hablaba sobre seguridad alimentaria, sobre el tema de la necesidad de producir cuánto, eso es un tema importante y, en su momento, vamos a hablar, porque el tema de seguridad alimentaria no es tener la alimentación y no es que el arroz y los frijoles y estos alimentos los compra la gente más pobre, no, lo que hay que resaltar de estos alimentos es su cualidad nutritiva, eso se llama invertir en salud.

 

            El aspecto más importante en la seguridad alimentaria no solamente es el precio, es la contribución a la salud, y aquí sí podemos hablar de las cualidades nutritivas de algunos alimentos; hoy el país gasta mucho dinero en salud curativa, la mayoría de estos problemas son ocasionados por problemas de mala nutrición, la salud preventiva va en la nutrición.

 

            Una vez comentábamos aquí el caso, para citar uno solo, citábamos los frijoles, la contribución que tiene el ácido fólico, y ahí los nutricionistas los podrían empapar mucho más, qué significa el ácido fólico como una vitamina importante en período de reproducción de las mujeres.  Bueno, esas son contribuciones que da no solamente la parte de producir y qué área, sino que también la seguridad alimentaria no solo es producir, sino que conlleva muchos más alimentos, desde la investigación, desde la asistencia técnica y muchas cosas más. 

 

Entonces, seguridad alimentaria no solamente es decir cuánta cantidad debemos producir, hay mucho más de eso, la investigación, el crédito, las políticas públicas.  Quizá para mí, lo más importante, una de las razones de la seguridad alimentaria, pasa por temas de la investigación, de la producción y la contribución más importante a la salud. 

 

            Recordemos que la seguridad alimentaria tiene una cadena.  Aquí hemos hablado muchas veces  del caso del maíz, que si bien es cierto no consumimos maíz amarillo de forma directa, en forma indirecta si consumimos huevo, pollo, leche, todos los derivados  de las carnes.  Y eso de alguna manera afecta, y aquí hemos hablado de las noticias de los precios internacionales de estos productos. 

 

            La seguridad alimentaria conlleva más que eso, no nos quedemos solo con el tema de granos básicos si no muchos otros productos.  Porque hay veces cuando queremos hablar de seguridad alimentaria, nos quedamos en el tema de granos básicos, no, también producir en forma amigable con el ambiente, menos agroquímicos. 

 

El proyecto de agricultura orgánica, es una contribución a la seguridad alimentaria, consumir productos sanos.  La de los alimentos es un tema que pasa por la seguridad alimentaria.  Por eso es que estos temas tocan un aspecto muy importante de la seguridad alimentaria. 

 

Cuando hablamos de seguridad alimentaria, las políticas futuras de seguridad alimentaria, por qué, porque esta política requerirá y tendrá por imprevisible, la necesidad de contar con material genético.  Ahí empieza, de base debidamente protegido, resguardado, conservado y con condiciones y posibilidades de reproducción, sin que existan restricciones ni limitaciones. 

 

Señalaba en la sesión anterior, al proponer y defender esta moción, sobre la debilidad del Estado costarricense, de no contar formalmente con un verdadero de banco de germoplasma.  Y detallé en esa oportunidad todos los alcances de no disponer de este elemento estratégico para el desarrollo nacional, y como parte de una política pública de seguridad alimentaria. 

 

            Esta es una deuda que se tiene para poder afrontar con algún relativo éxito, las  demandas del futuro.  Y es sin duda una tarea a que la política pública debe abocarse, especialmente, la relativa al sector agropecuario. 

 

Consideramos que la Oficina Nacional de Semillas, el ente que podría liderar un proceso nacional a este respecto, debe ser esto parte de una nueva ley de modernización de esa Institución.  Colocándolo a tono con las necesidades actuales  del país, que permitirá avanzar con  seguridad hacia el futuro. 

 

Las prácticas de biopiratería, la pérdida constante de materiales genéticos criollos, la pérdida de variedades certificadas y de calidad superior, la necesidad de registrar biodiversidad, relacionada, específicamente, con la producción agropecuaria, son todos temas que se derivan en deficiencia y exponernos al rigor de lo que tenemos que afrontar en el futuro próximo, al no contar con un banco de genes públicos y que no ha sido tomado en este país con suficiente seriedad, ni para ser motor de la seguridad alimentaria ni para ser visionarios en garantizarle a las próximas generaciones.  Responsabilidad nuestra, un patrimonio agropecuario, como punto de arranque para posibilidades productivas, sostenibles y usos diversificados.  

 

            Señoras y señores diputados, valga la pena recalcar un banco público de germoplasma representa una necesidad imperiosa.  Tiene efecto positivo sobre los procesos de investigación e innovación agropecuaria,  elementos importantes y forman parte del eslabón de una cadena que se llama seguridad alimentaria. 

 

            Sobre los procesos de soberanía y seguridad alimentaria, sobre los procesos  de formación y capacitación, frena la pérdida de materiales heredados del conocimiento ancestral y del conocimiento local campesino.  Promueve y favorece la industria de semillas y finalmente sienta las bases, para que el país defienda a ultranza los materiales que la providencia le brindó. 

 

            Mencionábamos un ejemplo ilustrativo, la biopiratería de frijoles, el caso de la patente sobre el enola, tiene un lugar especial en el salón de la infamia, de la biopirateria, porque el propietario de la patente, el Presidente de una compañía semillera con sede en Colorado, obtuvo su patente sobre una variedad de frijol de origen mexicano, que lo que certificó no fue la variedad, lo que patentó fue el color amarillo del frijol.  Si eso no es biopiratería ¿cómo se le puede llamar a eso?

 

            A estas cosas serán a las que nos enfrentaremos.  En nosotros está construir las mejores barreras autóctonas y a la costarricense, para capitalizar estas experiencias que rayan en lo perverso, en detrimento del más débil. 

 

            La moción tiene ese espíritu, dejar en el proyecto y si finalmente se convierte en ley, atenuantes medidas que favorezcan la posibilidad de revertir procesos o bien, de abordar caminos alternativos en concordancia  con el fin de evitar hacer incurrir al país en costosas indemnizaciones, o simplemente, salvaguardar el interés público. 

 

            Objetivamente, tenemos que esperar una andanada de solicitudes, para legalizar los procesos de patentamiento de plantas, vía protección de obtenciones vegetales.  En alguna ocasión mencionamos la realidad de esta situación, en diversos países latinoamericanos, que vale la pena refrescar. 

 

            Se han publicado estudios que muestran y confirman como el gran porcentaje de solicitudes para protección, por medio de la UPOV, en América  Latina, provienen de extranjeros.  En Ecuador, el noventa y siete por ciento; en Colombia el ochenta y cuatro por ciento; en Chile el setenta y nueve por ciento; en México el sesenta y siete por ciento y en Argentina, el cincuenta y siete por ciento.   En ese porcentaje se contabilizan solicitantes extranjeros, afincados en estos países, por lo que el porcentaje podría aumentar. 

 

            Señores, veamos lo que estamos haciendo aquí y para quién es esto.  Si esto lo que está sucediendo, es justo expresar y que seamos oídos los que señalamos que esto rebate los argumentos que se esgrimen de que proyectos como el de Protección de Obtenciones Vegetales, fomenta y privilegia los programas locales de investigación y de obtención de variedades, por entidades públicas y privadas. 

 

            El llevado y traído ejemplo que se nos pone de modelo, Chile.  Una vez decía yo que por qué no ponemos de ejemplo conocer la real de los Chiles.  Nadie podría discutir que este país está priorizando su inversión y estimulando, como se debe, en los procesos de investigación, innovación y modernización tecnológica.  La industria semillerista no es para ellos una excepción.  No obstante, casi un ochenta por ciento de las solicitudes para la protección de obtenciones vegetales, vía UPOV 1991, es delatador. 

 

            Es un sistema inexorablemente acaparado, no dejando margen al desarrollo dinámico nacional, de esta actividad técnico económica, al mejoramiento varietal a y la industria local de semillas. 

 

            Biodiversidad, que como materia prima ha sido fruto del mejoramiento natural o empíricamente inducido por miles de años, que ni siquiera deben pertenecer a un país que por accidente y por la dinámica humana se establece, si no a la naturaleza misma y dentro de esta está al servicio del bien de toda la humanidad. 

 

            Es ese el principio divino de la creación, de la fraternidad entre individuos y entre generaciones.  Mercantilizar estos conceptos es desvirtuar la naturaleza misma.  Desvirtuar estos principios es mercantilizar la vida por sobre la razón de ser de esta. 

 

            Señoras y señores diputados, este proyecto de ley que se nos propone, aprobado por el Poder Ejecutivo, con sus concepciones y objetivos y medios para lograrlos, si bien han sido sujetos de nuestra reprobación, alcanzan mérito.  Nos ha permitido enarbolar la bandera de todos estos principios.   Nos ha permitido abordar reflexión sobre lo que muchos debemos defender como país. 

 

            Señores diputados y diputadas, los llamo siempre a la reflexión y que en la conciencia de cada uno sepamos  realmente,  con el respeto de todos, que nos saquemos ese rato para pensar cuáles son, como lo he dicho aquí, no este proyecto de ley en letra muerta, si no los efectos hacia años futuros y qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra por el orden, el diputado Carlos Araya.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Quiero hacer una aclaración, porque se me llamó la atención en el sentido de que utilicé el término de “seguridad alimentaria”.  Quiero aclarar que en doctrina comparada tanto se usa el  término seguridad como el término soberanía.  Hay autores, incluso, que utilizan los términos indistintamente.  Si quiero aclararlo porque se me llamó la atención y el diputado Salazar también lo utilizó, al igual que mi persona. 

 

EL PRESIDENTE:

 

            No hay más solicitudes de la palabra.  Se procede a recibir la votación sobre la moción de revisión Nº 5. 

 

            Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la moción presentada y discutida, sírvanse levantar la mano.

 

            Tres votos a favor, siete diputados presentes.

 

DESECHADA.

 

            Continuamos con el conocimiento de las mociones de revisión.

 

LA SECRETARIA:

 

            Muchas gracias, doña Nidia. En realidad estaba en un problema pequeño que se me presentó. Le agradezco mucho que ocupara mi lugar. 

 

Moción N3-60 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 36”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra la diputada Nidia González.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

... gracias, señor Presidente.

 

Hemos pedido la revisión de la moción número 36 que se rechazó, para que se modificara el artículo 22 del proyecto de ley, que contenía aspectos muy importantes para el país y de mejoramiento del proyecto, que ameritan revisar lo resuelto por esta Comisión.

 

Esa moción planteaba la inclusión de un párrafo, dentro del artículo 22, donde se excluyera a los centros de investigación de las instituciones públicas interesadas en utilizar la semilla producida por los agricultores, como producto de la siembra de variedades protegidas.

 

Vale recordar que con la ratificación del acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay, de negociaciones comerciales multilaterales, los países firmantes adquieren una serie de compromisos que los obliga a revisar y modificar sus legislaciones, en aras de garantizar el libre comercio en igualdad de condiciones.

 

El tema de los derechos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio, se trata por primera vez en esta Ronda de negociaciones, donde se propone una ampliación de la materia patentable y una reducción al máximo de exclusiones a la patentabilidad; pues no podemos obviar que lo que se pretendía era que el comercio de las grandes empresas prevaleciera sobre los intereses de los menos poderosos, en perjuicio directo de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como el nuestro, con limitados recursos para la investigación.

 

Esto provocó una fuerte oposición de los países en desarrollo y de la comunidad europea, ya que significaba el patentamiento de toda clase de formas de vida, es así como se establece en el artículo 27.3 b), del tantas veces citado Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el comercio que: 

 

“los miembros podrán excluir de la patentabilidad, las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y/o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos.  Sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y de este”.

 

En Costa Rica, al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, la legislación vigente excluye a las plantas del patentamiento.  Sin embargo, el TLC impulsa la privatización de formas de vida superiores como son las plantas y sus variedades, por medio de dos obligaciones incluidas en el Capítulo XV de propiedad intelectual, que van más allá de lo aceptado por Costa Rica en sus leyes nacionales y en otros acuerdos internacionales.

 

Y aquí, en este punto recalco que Costa Rica no tiene la obligación de hacer esta legislación, pero es el Tratado de Libre Comercio el que nos está obligando a hacerlo y aquí —insisto— sí le voy a aclarar al señor Araya que sí hay diferencia entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria.

 

Joaquín hablaba de seguridad alimentaria, porque es un concepto que también se puede desarrollar en esa forma, pero la diferencia es bastante marcada.  Cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de tener, producir los alimentos y tenerlos a la disposición, pero produciéndolos.  Seguridad alimentaria es tenerlos, porque los podemos comprar, porque tenemos la plata para comprarlo.

 

Hay una gran diferencia entre producirlos y comprarlos.  Ahí estriba la gran diferencia entre soberanía y seguridad y hay mucha gente que no la entiende, pero que todos los costarricenses deberíamos tenerla clarísima, porque no es lo mismo tener la plata y que el día de mañana pase lo que pasa aquí, que hay una catástrofe en los Estados Unidos y ellos son los que nos están imponiendo incluso comprarle una cuota fija de ciertos productos, como el ejemplo del arroz y resulta que ocupan el arroz, entonces no nos lo van a vender.

 

De la misma forma pasó con el maíz amarillo en estos días, aquí tuvimos a un representante de los porcicultores que vino a decirnos que en una semana a dos mil cerdos no tenían que darles de comer, porque el maíz amarillo no llegó.  Ellos tenían la plata para comprar el maíz y comprar el alimento, pero no había, aunque tenían la plata no había.  Esa es la gran diferencia entre seguridad y soberanía, que espero que me entienda.

 

También, quería aclararte aquí de una vez lo del arroz.  Aquí podemos producir el cien por ciento del arroz, vean en este momento, por ejemplo, estamos trayendo el arroz mucho más caro y subsidiado en Estados Unidos, lo estamos trayendo más caro de lo que se produce aquí y ¿qué está haciendo el Gobierno para no subirle al consumidor?  Cogiendo recursos de los que tiene CONARROZ para investigación, para subsidiar.

 

¿Sabe a quién está subsidiando el Gobierno?  A los arroceros estadounidenses, porque está cogiendo plata de investigación de aquí de Costa Rica, para que el arroz no tenga que subírsele aquí a los consumidores, con tal de que no se diga que se está trayendo más caro del extranjero.  Lo correcto aquí sería y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, que si el arroz viene más barato eso se traduzca al consumidor y si viene más caro, igualmente, para la gente sepa cómo están ocurriendo las cosas.

 

La primera exigencia es adherirnos al Convenio de UPOV para conceder, por primera vez en el país, derechos de propiedad intelectual, sobre variedades de plantas y esto, señores, es un tema sumamente delicado.  Nosotros aquí tenemos dos proyectos, que yo le pediría a los compañeros de todo corazón que los examinen, los analicen y vean realmente el fondo de todo esto; porque detrás de todo esto hay un negocio millonario de quienes patentan.

 

Entonces, hay que investigar mucho y yo misma he estado en eso, porque realmente este proyecto UPOV y el otro que está en otra Comisión, el Convenio de Budapest, esos dos proyectos traen detrás un gran negocio.

 

La segunda demanda, que hagamos todos los esfuerzos razonables para patentar plantas; las dos obligaciones varían un poco en sus exigencias y se rigen por acuerdos internacionales diferentes, pero en el fondo conducen igualmente a la privatización y monopolización de un bien de dominio común, como es el principio de reproducción de las semillas o de cualquier otro material vegetativo que multiplique una planta o un árbol.

 

Los productores y las productoras costarricenses de cultivos tradicionales cuentan, desde hace mucho, y aún en la actualidad, con muy pocas alternativas varietales y su desarrollo no es sistemático y hay una necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan la investigación estatal y, principalmente, que promuevan la investigación nacional, privada y la inversión extranjera, mediante la introducción de materiales importados.

 

Por esta razón, la exclusión para que los centros de investigación de las instituciones públicas puedan utilizar las semillas producidas por los agricultores, como producto de la siembra, de una variedad protegida con fines de investigación y docencia —y escuchen bien esto— este artículo lo que trata es de proteger a los centros de investigación, señores, bajo criterios técnicos y límites que establezca la Oficina Nacional de Semillas, que resulta ser un factor determinante para la seguridad alimentaria y la subsistencia de los pequeños y medianos agricultores de Costa Rica, pues, de lo contrario, hasta la investigación quedaría vedada a los entes estatales especializados en el tema.

 

Menciona la Oficina Nacional de Semillas, en uno de sus informes relacionados con el tema de la Propiedad Intelectual y en relación con las obtenciones vegetales: 

 

La Oficina Nacional de Semillas, a lo largo de los últimos cinco años ha hecho un análisis de los pro y contras de establecer un sistema de protección a la propiedad intelectual en plantas y mantiene la premisa de que la implementación de un registro de variedades protegidas con los medios y mecanismos técnicos adecuados y con un marco legal apropiado, permitiría al país el financiamiento de la investigación estatal, el mejoramiento genético, la introducción de capital privado en la investigación y desarrollo de nuevas variedades, el acceso a variedades extranjeras de gran potencial productivo, la inserción del país en el comercio mundial de semillas y, principalmente, obtener, mediante el uso de mejores variedades, mayor productividad agrícola en cantidad y en calidad”.

 

Tal como puede desprenderse de las manifestaciones de la Oficina Nacional de Semillas, la investigación estatal es un factor determinante para el mejoramiento genético, situación que sustenta la excepción al derecho del obtentor para el pequeño y mediano agricultor, a los centros de investigación de las instituciones públicas, para el uso del producto de la siembra de una variedad protegida, con fines de investigación y docencia.  Ni siquiera eso estamos salvando, de eso se trata esta moción de salvar las instituciones con fines de investigación y docencia.

 

La reforma al artículo 22 que propusimos, en la moción rechazada, pretendía por un lado reiterar, reforzar a la Oficina Nacional de Semillas el papel que por ley se le otorga y destacar la responsabilidad que le corresponde como órgano nacional encargado de la certificación de las semillas y por otro, destacar el papel predominante social de las universidades públicas y sus centros de investigación.

 

            El eventual funcionamiento del mercado de los centros de investigación estatales no va a contribuir con el abaratamiento de las semillas ni el acceso de los productores a estas, habría que crear los mecanismos adecuados, para proveer a todos los centros de investigación de los recursos para que sus investigaciones sean de aprovechamiento por las agricultoras y los agricultores.

 

            Pero ni UPOV ni este proyecto de ley son la solución para esta situación.

 

            Quiero reiterarles la cita del abogado norteamericano, que en el 2001 señalaba, en relación con la investigación en las universidades que:

 

“La marcada tendencia de patentar las biotecnologías agrícolas, pueden lesionar a aquellos a quienes más deberían beneficiar, esto a la gente de los países en desarrollo, indica que el problema de las patentes se extiende mucho más allá de ser un simple hecho legal, hasta influir, por ejemplo, en las agendas de las universidades de los países desarrollados”.

 

            Entonces, les pido, por favor, reconsiderar y apoyar esta moción.  Gracias, señora Presidenta.

 

LA PRESIDENTA AD HOC:

 

            En ausencia de don Salvador, por unos cinco minutos voy a tomar su lugar.

 

            ¿Alguna persona desea tomar la palabra?

 

            Nadie más en el uso de la palabra.

 

            Disculpe, Diputada Araya, con muchísimo gusto.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Es para hacer algunas aclaraciones, en relación con la intervención de la Diputada González.  Por un lado para decirle que me queda muy clara su explicación con respecto a la seguridad y yo me estaba refiriendo precisamente a la seguridad alimentaria.

 

            En segundo lugar, decirle que tengo información de que sus expresiones no son correctas, en cuanto a que la investigación que se hace la está haciendo la Universidad de Costa Rica, eso no se está haciendo en los Estados Unidos.

 

            También, para referirme a lo que usted menciona en relación con el precio del arroz.  Todos sabemos aquí que usted es productora de arroz, lo era hasta que llegó a la Asamblea Legislativa.  Todos sabemos también que la mayoría del tiempo aquí el precio del arroz que viene del extranjero ha sido más barato que el arroz que se consume en Costa Rica, no tengo el dato exacto en este momento, pero en muchas épocas del año el arroz que consumimos importado es más barato que el que producimos aquí.

 

            También sabemos que la diferencia de precio, cuando se dan esas circunstancias, no se la gana el consumidor nacional, especialmente los pobres del país, porque son los que más consumen, sino que se las ganan los mil ochocientos productores de arroz.

 

            Me alegra mucho oír a la Diputada, ahora talvez porque ya no es productora de arroz, como lo está diciendo, de que a ella le parece que esa diferencia debe ganársela el productor nacional, perdón el consumidor nacional, disculpe señora Diputada.

 

            Lo cierto es que de aquí para atrás todos sabemos que mil ochocientos productores de arroz han tenido el privilegio de manejar esa diferencia a su favor, esa diferencia del precio.

 

            Pero bueno, ya nos aclaró que ella tiene especial interés de que sea el consumidor el que pueda, en caso de darse una diferencia favorable, que sea el que se aproveche o se beneficie con la diferencia de precio.  Muchas gracias.

 

LA PRESIDENTA AD HOC:

 

            Gracias, Diputado Araya Monge.

 

            ¿Nadie más en el uso de la palabra?

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción en discusión, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Seis diputados presentes.  Tres diputados del Partido Acción Ciudadana a favor.  EMPATADA la votación.

 

            De nuevo se somete a votación la presente moción.

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción en discusión, se servirán manifestarlo levantando la mano.  Seis diputados presentes.  Tres diputados del Partido Acción Ciudadana a favor. 

 

DESECHADA

 

            A continuación la moción de orden.

 

Moción N4-60, de los diputados González Morera y Rojas Rodríguez:

 

“Para que se aclare la resolución que emitió el Presidente de la Comisión en relación con el Voto Nº 3435 92 de la Sala Constitucional, que consta en el Acta Nº 57 de 31 de enero de 2007, en el entendido de que ese fallo aplica para legislación vigente y no futura”.

 

            En el uso de la palabra la Diputada González Morera, hasta por cinco minutos.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            He puesto esta moción de orden, porque a manera de antecedentes quiero leerles textualmente las palabras de nuestro compañero Salvador Quirós, que constan en el Acta Nº 57, página 7, dice así:

 

“Voy a aprovechar para emitir una resolución en este capítulo, para aclarar un poco más una situación que no es tan complicada, pero vale la pena y no quiero dejar pasar más tiempo para hacer esta acotación.

 

Abocándome al Acta N47 del 15 de enero, en la página N.º70 en la cual señalé:  “...Debo agregar a lo que dije anteriormente que hay un pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice que donde se escribe la palabra “hombre” se sustituya por “persona” y con eso solucionamos el problema...”, que se ha venido presentando porque en la redacción del proyecto, en algunos casos se habla de aquellas variedades que han sido mejoradas por el hombre.

 

Considero menester indicarles que ya la Sala lo establece mediante el Voto 343592, dice que en todos los casos en que diga “hombre”, indica que se cambia ese vocablo y se escriba “persona”.  De ahora en adelante y lo que anteriormente estaba, entendamos que donde dice “hombre” es “persona”.  Indico esto, para que se incorpore en el acta el siguiente documento:”

 

            Y lee el compañero el siguiente texto del Voto:

 

“II.-  En aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de la facultades que le otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la legislación se utilicen los términos “hombre” ó “mujer”, deberán entenderse como sinónimos del vocablo “persona”, y con ello eliminar toda posible discriminación “legal” por razón de género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos cuando les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados”

 

            ¿Cuál es la razón de esta moción?  Insistir en que a diferencia de la opinión de don Salvador con este fallo, no se resuelve el problema. 

 

Para empezar en el texto del proyecto solo una vez se menciona la palabra “hombre”, concretamente en el artículo 2, párrafo 2 cuando dice: “No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre”

 

El texto en su totalidad esta redactado con un lenguaje sexista, no hace falta que diga reiteradamente “hombre”, ya que todo esta en lenguaje masculino: obtentor, agricultor, el solicitante, el titular, etc. 

 

Hemos señalado que no se trata de un asunto de redacción, de lenguaje, de formalidad, no, es un asunto de género, de discriminación del  género femenino. Por esa razón la sala Constitucional dio ese voto, “para eliminar toda posible discriminación legal por razón de género”.

 

Pero el voto es claro también, en que se trata de “evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes...”

 

Destaco estas dos palabras:  futuras” y “vigentes”, porque este Voto se refiere a discriminaciones que puedan alegarse con base en instrumentos jurídicos vigentes; es decir, con base en legislación ya promulgada y no con respecto a futuras leyes que vayan a ser aprobadas, por cuanto esta nueva legislación ya puede resolver de antemano, prevenir estas “desigualdades y discriminaciones futuras” que podrían darse, ya no en normas vigentes, sino en normas por aprobar. 

 

La discriminación legal de género no podría alegarse sobre textos legales no vigentes. 

 

            Gracias, señora Presidenta.

 

LA PRESIDENTA A. I.:

 

            ¿Algún otro señor diputado que quiera hacer uso de la palabra?

 

            Nadie más en el uso de la palabra.

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Cinco diputados presentes.  Dos diputados a favor.

 

DESECHADA

 

EL PRESIDENTE:

 

            Continuamos con el conocimiento de las  mociones de fondo, ya habíamos agotado las de revisión y la de orden.

 

EL PRESIDENTE:

 

Continuamos con el conocimiento de la moción de fondo Nº37, le solicitamos a la señora Secretaria se sirva dar lectura a la misma.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción de los diputados Salazar Rojas y otros diputados.

 

Para que se modifique el primer párrafo del artículo 22 del Proyecto de Ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración) y que en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 22- Excepciones del derecho de obtentor para el pequeño y mediano agricultor.

 

Los pequeños y medianos agricultores podrán utilizar como semilla en la unidad productiva, el producto de la siembra de una variedad protegida, obtenida en su unidad productiva, adquirida inicialmente de manera lícita, lo cual no lesiona el derecho del obtentor. Podrán hacer uso de la semilla obtenida de esa adquisición inicial de manera sucesiva y sin restricción y no podrán comercializarla como semilla certificada.

 

 

Justificación: el texto original no contempla la eventualidad del uso común del agricultor de fincas o lotes para cultivar, dejando limitado el derecho a “su propiedad.” Además, el texto original es ambiguo, ante el derecho del uso de semillas de su cosecha en las próximas cosechas, pudiendo confundir de que ese derecho limite la opción de uso continuo.

 

EL PRESIDENTE:

 

Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez:

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Buenas tardes señor Presidente, compañeras y compañeros.

 

Nosotros consideramos que esta moción tiene especial relevancia, porque pretende incorporar una excepción al derecho del obtentor para el pequeño y mediano agricultor, regulado en el artículo 22 de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, mediante la incorporación del término unidad productiva en lugar de propia explotación, así como la inclusión de una frase al final de párrafo primero que dirá textualmente:

 

“Podrán hacer uso de la semilla obtenida de esa adquisición inicial de manera sucesiva y sin restricción, y no podrán comercializarla como semilla certificada”.

 

Para comprender mejor la necesidad de aprobar esta moción, quiero hacer referencia a algunos elementos fundamentales que hacen ver la importancia de proteger a los pequeños y medianos productores para que puedan reutilizar de manera sucesiva y sin restricciones la semilla por ellos mismos producida en sus unidades productivas.

 

Se propone la sustitución del término propia explotación por unidad productiva, puesto que el término de propia explotación podría ser interpretado como aquellas explotaciones agrícolas que realicen los pequeños y medianos productores en terrenos de su propiedad.

 

Nosotros no podemos dejar de lado en la protección como excepción del derecho del obtentor para el pequeño y mediano productor, para el reuso de sus propias semillas, a aquellos agricultores que producen en terrenos prestados o alquilados, bajo cualquier otra figura jurídica que no corresponda al derecho de propiedad.

 

Dejando claro que la unidad productiva se refiere a los terrenos en los cuales el agricultor produce sus cultivos, independientemente del derecho que le asiste para realizar tal actividad en ese terreno.

 

Este concepto moderno de unidad productiva es lo que realmente debe aplicarse  en este artículo y siguiendo la voluntad del legislador, esta pequeña excepción al derecho del obtentor que se hace en este artículo debe ser amplia e incluyente.

 

Cuando la moción dice, propia explotación, puede entenderse como su propia y única parcela, mientras que el término unidad productiva, se entiende como todo el ámbito de acción de un pequeño y mediano productor, ¿qué pasa en el caso de un productor sin tierra, que siembra y produce en tierras alquiladas o prestadas?  Incluso esas tierras varían de año a año, ¿no tendría el derecho a la excepción de este artículo por no producir en su propia explotación?

 

            Esta moción es sumamente importante.

 

            Todos sabemos que el proceso productivo es sumamente complejo e involucra muchos actores y fenómenos.  La racionalidad de los productores los lleva a producir en determinados terrenos por muy diferentes circunstancias.

 

            Todas estas decisiones se toman en una unidad productiva en su sentido amplio y exclusivo, no se restringe al término jurídico y excluyente de la propia explotación.  Ahora bien, con respecto a la edición de la frase final, al primer párrafo del artículo 22 del proyecto de ley que concretamente diga:  ...podrán hacer uso de la semilla obtenida de esa adquisición inicial de manera sucesiva y sin restricción, y no podrán comercializarla como semilla certificada.

 

            Es importante resaltar la costumbre de nuestros pequeños y medianos productores, de reutilizar la semilla que ellos mismos producen para las próximas cosechas, lo cual les permite reducir los costos de producción en razón de mejorar sus ingresos producto de la actividad que realizan, lo que en muchos casos no es del todo satisfactoria pues los precios en el mercado no les cubren ni los gastos de producción en muchas ocasiones.

 

            Debemos considerar que la introducción dentro del proyecto de ley, aspecto de propiedad intelectual que afecta directamente a nuestros pequeños y medianos productores agropecuarios, es una violación al principio de solidaridad que limita las posibilidades de subsistencia y de desarrollo, también una negación a los derechos de los campesinos y campesinas de Costa Rica, pues  tendrían que pagar cada año al dueño del derecho de propiedad intelectual por el uso de una tecnología incorporada o asociada con una semilla o una variedad de planta.

 

            Al tratarse de seres vivos que tienen el don único de reproducirse a sí mismos, el dueño de la propiedad intelectual de hecho se apodera de esa cualidad y teóricamente lo que hace es alquilarla al agricultor por una única vez.  Aquí la pregunta es:  ¿cómo harán nuestros pequeños y medianos productores para hacerle frente a los costos de adquirir semilla para poder producir, si no permitimos que puedan reutilizar la misma de manera sucesiva y sin restricción, tal y como lo propone la moción que estamos discutiendo?

 

            Debemos de tener en cuenta también que las leyes de propiedad intelectual se complementan en muchos casos, con contratos entre el dueño de la patente y el agricultor cuando éste compra la semilla.  Estos contratos son para nuestros productores contratos de adhesión, lo firma o lo firma, pues de lo contrario probablemente no va a contar con semilla para producir.

 

            En ese sentido, debemos de tener claro que estos contratos son instrumentos jurídicos que en muchas ocasiones conducen a pleitos judiciales, en este caso entre agricultores y empresas que pueden concluir con cárcel para el agricultor o el pago millonario por su transgresión, situación que pone en clara desventaja a los pequeños y medianos agricultores costarricenses.

 

            Este tipo de sentencias ha ignorado los numerosos ejemplos de contaminación de las fincas de los agricultores orgánicos, por las plantas transgénicas debido a la polinización incontrolada por viento, insectos y otros animales.  Para que vean lo grave del asunto, en algunos casos, el dueño del derecho de propiedad intelectual podrían incluso, exigir como propios, los frutos de la cosecha del productor y de su posterior industrialización, si el agricultor resembró sin el pago correspondiente, razón por la cual introducir de manera inequívoca en el proyecto de ley que los agricultores podrán reutilizar la semilla de manera sucesiva y sin restricción, es un factor fundamental, dentro de la discusión por el fondo de este proyecto de ley.

 

            El tema de la propiedad intelectual en materia de semillas, es de suma importancia, hay que considerar que los agricultores se resisten a perder el derecho ancestral a la resiembra de su propia cosecha y lo siguen disfrutando.  Para evitarlo hay empresas que contratan detectives privados, para descubrir a los “piratas” como se les llama ahora a los campesinos, por ejercer esta práctica esencial de la agricultura y llevarlos a juicio.

 

            Recordemos que los conocimientos tradicionales, corresponden al conjunto de todos los conocimientos y prácticas explícitas e implícitas que utilizan en la gestión de las facetas ecológicas y socioeconómicas de la vida.

 

            Estos conocimientos se basan en las experiencias pasadas y la observación que suelen ser propiedad colectiva de una sociedad.  Muchos miembros de una sociedad determinada, van haciendo su aportación a los mismos.  A lo largo del tiempo ellos se van modificando y ampliando con el uso y el paso del tiempo.

 

            Estos conocimientos se trasmiten de generación en generación.  Generalmente constituyen un atributo de un pueblo específico que está vinculado estrechamente a una determinada situación socio ecológica, por diversas actividades económicas, culturales y religiosas.  Además, los conocimientos tradicionales son dinámicos por naturaleza y varían su carácter en función de los cambios en las necesidades de la población del lugar.

 

            Por otra parte, la privatización de las semillas, está llevando un control monopólico, muy peligroso por tratarse en muchos casos de la alimentación animal y en consecuencia, también de la alimentación humana.  Cinco cultivos esenciales para la alimentación:  arroz, trigo, maíz, soya y sorgo, han sido patentados en algunas de sus variedades o rasgos genéticos.

 

            Seis multinacionales controlaban en el 2001 –póngase atención- el 70% de estas patentes.  Entonces cuando hablamos de proteger a los obtentores, es mentira que estamos protegiendo a nuestros investigadores, estamos protegiendo sencillamente a las transnacionales que quieren venir a vender sus semillas a nuestro país.

 

            Las diez corporaciones semilleras más grandes contabilizaban en el 2003, el 37% del mercado mundial.  Pero solo dos años después, en el 2005, once corporaciones controlaban el 50% de todo el sector.  Prácticamente las mismas diez empresas dominaban el 81% de todas las ventas de agroquímicos, hechas en el año 1995 y ocho años después, en el 2003, ya tenían el control del 84% de las ventas a nivel mundial.  Esos son datos fácilmente comprobables.

 

            ¿Por qué son importantes estos datos?  Porque las semillas protegidas, principalmente transgénicos, demandan paquetes tecnológicos asociados a sus propios plaguicidas, así se cierra el dominio mundial sobre la agricultura y la alimentación por parte de esas grandes empresas transnacionales que al fin y al cabo, son las únicas que este proyecto pretende resguardar.

 

            Tampoco podemos dejar de lado que el control corporativo sobre la investigación, se vería también favorecido.  Las empresas, universidades e instituciones nacionales de investigación pública y privada, tendrían un escaso campo de acción.

 

            La brecha entre la investigación de nuestros países y la de los países industrializados que dominan este terreno, que poseen el 97% de las patentes en el mundo, para que tengamos siquiera idea en qué campo nos estamos moviendo, no cerraría sino que más bien se ampliaría limitando casi totalmente las posibilidades de nuestro país, en materia de generación de nuevas variedades de semillas.

 

            Por último, reiteramos nuestra posición con respecto a que la limitación a la utilización de su propia semilla a los pequeños y medianos agricultores, pone en peligro la soberanía alimentaria, pues se favorece a la agricultura comercial a gran escala y la consolidación de las grandes empresas transnacionales, dedicadas al negocio de la producción de semillas.  En contraste, se olvida la agricultura campesina, su fortalecimiento y apoyo como un mecanismo para lograr el principio constitucional, consagrado en el artículo 50 de nuestra Carta Magna, la cual tenemos vigente en este momento en donde se determina que “el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

 

            Por todas estas razones que son sumamente importantes y valiosas de tomar en cuenta, les solicito su apoyo para esta moción, a efecto de que sea votada en forma afirmativa por la relevancia que tiene para los pequeños y medianos agricultores nacionales.  Muchas gracias por la atención, señor Presidente, compañeras y compañeros.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor Diputado.

 

            En vista de que falta poco tiempo para levantar la sesión y para no interrumpirle que inicie la discusión, principalmente porque Joaquín quiso participar en una reunión de la Comisión de Gobierno y Administración, donde discuten el proyecto de la Unidad Técnica Nacional, al ser las catorce horas, treinta y siete minutos, se levanta la sesión.

 

 

 

 

Dip. Salvador Quirós Conejo                                  Dip. Gladys González Barrantes

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA

 

 

 

Comisión de Asuntos Agropecuarios

07febrero -2007 Nydia / Flor / Nancy

Rev. Asistentes Ejecutivas