ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº58

(05 de febrero de 2007)

 

PRIMERA LEGISLATURA

(Del 1º de mayo de 2006 al 30 de abril de 2007)

 

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS

(Del 1º de diciembre de 2006 a 30 de abril de 2007)

 

 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES

 

INDICE

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  3

Discutida.  APROBADA. 9

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY  9

 

1.  Expediente N.º 16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales. 9

 

Moción 1-58 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y de la diputada González Morera: 9

DESECHADA. 12

 

Moción N.º2-58 de varios diputados: 13

DESECHADA. 14

 

Moción N.º3-58 de varios diputados: 15

DESECHADA. 17

 

Moción N.º4-58 del diputado Salazar Rojas: 19

DESECHADA. 32

 

Moción Nº5-58 del Diputado Merino del Río: 32

DESECHADA  41

 

Moción Nº6-58, del diputado Salazar Rojas y otros diputados: 41

DESECHADA  55

 

Moción N.º7-58 del diputado Salazar Rojas: 55

DESECHADA. 68

 


PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS:  Salvador Quirós Conejo, Presidente;  Gladys González Barrantes;  Secretaria;  Saturnino Fonseca Chavarría; Marvin Rojas Rodríguez;  Ovidio Agüero Acuña; Luis Carlos Araya Monge;  Nidia González Morera y José Joaquín Salazar Rojas.

 

ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

 

Lic. Carlos Alfaro.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Al ser las dieciocho horas, dieciocho minutos, seis segundos se abre la sesión.

 

            Hay presentadas una moción de revisión pendiente y dos mociones de orden, que en su momento se verán.

 

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 

En discusión el acta Nº57.

 

            ¿Alguna observación al acta?

 

            Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Buenas noches, señor Presidente, señores y señoras Diputadas.

 

            En la sesión del 31 de enero, al finalizar la sesión, en la página N28, le solicité a la Presidencia de esta Comisión proceder a hacer una investigación con respecto al proyecto o la ley que está en vigencia y que se aprobó en esta Comisión, sobre la Promoción y Desarrollo de la Agricultura Orgánica.  Como lo apunté en esa oportunidad, acerca de los rumores, entonces el señor Presidente le ofreció a todos los miembros de esta Comisión lo siguiente:  ...solamente le puedo indicar que he escuchado algunos rumores, entonces estamos haciendo una confrontación de los documentos que salieron de esta Comisión y el que fue publicado.  Cuando tengamos más información le vamos a informar...”.

 

            Mi consulta va en el sentido de saber qué avance lleva esta confrontación de documentos o esta investigación que se está realizando para determinar cuáles serían los pasos a seguir con respecto a este proyecto o a esta Ley que ya está vigente, en la cual considero que estamos en problemas.  Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado. 

 

            En aquel momento indiqué de que estamos haciendo un trabajo de confrontación entre el último informe que salió de la Comisión ya corregido, cuando fue devuelto el proyecto vía artículo 154 a esta Comisión, para que se incorporaran algunas modificaciones, con lo que salió publicado en La Gaceta y encontramos que sí hay diferencias de fondo, muy importantes.

 

            De modo que procedimos a presentar un nuevo proyecto con base en el último informe, consensuado y corregido, porque me indicaron que era la forma más práctica de corregir el problema que se había presentado.  Aparte de eso, también hay una situación de fondo que es importante y que usted señala, y es ¿qué fue lo que pasó?

 

            Para saber lo que pasó, en dónde se cometió el error en el manejo de los documentos, lo que procedería es que la señora Hannia o el licenciado Carlos Alfaro solicitar a la Jefatura de Comisiones que nos haga un pequeño informe al respecto.

 

            Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            El asunto es por la gravedad de lo que se está tratando, es una Ley de la República, no es cualquier cosa.

 

            La semana pasada y sin que doña Gladys González me lo hubiera pedido, en esta Comisión se pretendió retirar una moción que contenía la firma de ella e insistí que no se retirara sin que ella estuviera presente, precisamente para resguardar esa figura jurídica de que quien presenta una moción sea la única persona que la puede retirar, o las personas que la presentan son las que la pueden retirar, esto también acompañado del problema que nos tiene en este momento el 41 bis, que en el año 1999 se presentó una modificación al artículo 41 del Reglamento que nos rige en este Parlamento.  Una moción que fue presentada por cuatro diputados y fue modificada por dos de los firmantes.

 

 

            Así fue conocida en el Plenario y pienso que esas cosas son sumamente graves, entonces lo que solicito es que la investigación que se realice en este momento, es para determinar a qué nivel del proceso fue que se cometió el error para sentar la responsabilidad del caso y así cuidarnos a futuro de no volver a cometer estos errores.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Diputado, desde luego que le estamos dando la seriedad del asunto a esta Ley, lo que pasa es que hay partes del manejo de los documentos que son inesperados y no creí que se fuera a presentar algo como esto, pero ya nos dimos cuenta de que sí ocurrió.  Hay una diferencia entre el documento que conoció el Plenario en primer debate y lo que salió publicado, aprobado en segundo debate.

 

            De modo que, lo primero que intentamos hacer es corregir el defecto en cuanto a la Ley se refiere, para no dejar al descubierto a la gente que se quiere favorecer, cualquiera que quiera acogerse al beneficio de esta Ley.  Esa es la primer enmienda y la única forma de hacerlo –porque no existe en el Reglamento de corregir lo actuado, para devolverlo a un paso anterior- es como procedimos, el de presentar un nuevo proyecto del último informe, que ya todos habíamos aceptado, el cual deroga la Ley que ya está aprobada.

 

            Vamos a esperar que la señora Hannia Durán y los compañeros de la Comisión, nos hagan un informe de lo que ocurrió, para luego ver qué es lo que procede.  Tienen un plazo hasta el próximo martes de la semana que sigue.

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Buenas noches, señor Presidente, señores y señoras Diputadas.

 

            Precisamente en la página 29 del acta anterior, cuando se habló de este tema, seguidamente se levantó la sesión pero se realizaron más comentarios, peor ya eran comentario extra sesión porque no quedaron en el acta y dice:  ...cuando tengamos más información les vamos a informar...”.

 

            Pero quiero precisar porque usted anteriormente dijo “me indicaron lo que debía de hacer”, pero no precisa, no indica quién es el que le indica, ¿es un informe?, ¿es de palabra?, ¿cómo es el acto donde a usted le indican qué es lo que se debe de hacer?

 

            Si bien es cierto, fuera de la sesión usted nos indicó que iba a presentar un nuevo proyecto y lo pasáramos a firmar. 

 

            Quiero dejar clara nuestra posición, siempre hemos estado a favor de este proyecto, pero esperaba saber qué es lo que pasó y qué es lo que procede para corregir este asunto.  Si la corrección se hace derogando el proyecto y formularlo nuevamente para presentarlo...  Cuando usted indica, no precisa exactamente qué es.

 

            Para que quede claro en actas sobre el asunto del proyecto, supongo que cada diputado tiene la libertad de presentar el proyecto, puede hacer modificaciones a una ley, en este caso supongo que es derogar la ley actual porque es la que rige, creo que debe de tener alguna justificación del por qué se está derogando la Ley actual y proponiendo otro proyecto de ley.  Eso se puede hacer en la exposición de motivos del proyecto de ley.

 

            Preferimos conocer exactamente lo que había sucedido y me gustaría precisar ese asunto.  Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Con mucho gusto le aclaro.  Anduve investigando en todos los departamentos de esta Asamblea Legislativa, a personas que conocen y tienen experiencia.  Entre todas las opiniones que pude recabar, se me indica que el Reglamento no establece ninguna método o procedimiento para devolver un proyecto por un error de ese tipo.

 

            El error consistió en que, presentamos el informe final ya corregido a la Secretaría del Directorio y se aprobó en primer debate, pero el proyecto que revisó la Comisión de Redacción es el paso que está en el aire, el de detallar qué fue lo que ocurrió en ese paso entre el proyecto que se aprobó en primer debate el Plenario y lo que llegó a la Comisión de Redacción.

 

            Allá se vio el informe anterior y ese fue el que llegó al Plenario otra vez, para que recibiera el segundo debate y fuera publicado.  Entonces no concuerdan las dos cosas.

 

            A los compañeros les dije que lo ideal –si es que no hay otro método- es retirar el proyecto que ya está...

 

            No queríamos correr el riesgo, el tiempo va pasando y es mejor adelantar en lo posible la presentación de este nuevo informe para no  causar daños a la gente que queremos de ese tipo de agricultura y a la gente que se dedica a eso.

 

            De modo que procedimos a presentar el proyecto y queremos contar con la firma de todos los compañeros.  Solamente hemos recogido la firma de Marvin, Nidia y de Joaquín, porque se dio la situación que unos estaban y otros no, y Marvin me pidió que primero conociéramos el informe.  En todo caso, el proyecto puede ser firmado en cualquier momento.

 

            Lo pueden firmar ahora, si es están de acuerdo y si no, por lo menos ya hemos avanzando en la presentación de este proyecto que corregiría el anterior.  El argumento es que el último, del informe que se está presentando ahora del nuevo proyecto de ley, reúne los criterios de todos los señores Diputados y de todas las personas que participaron en audiencias, que nos hicieron ver que habían problemas de conexidad, fue corregido en ese nuevo documento.  Para efectos de la ley, eso corrige la situación. 

 

            En cuanto al informe, ¿qué fue lo que pasó?  Se trata de asuntos que son más de tipo administrativo y en lo personal considero que hemos avanzado en la corrección de este proyecto.

 

            Tiene la palabra el diputado Marvin Rojas.  

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias.

 

            Cuando usted, señor Presidente, dijo que yo no quise firmarle el proyecto de ley, eso es correcto y no es que yo no lo quise firmar porque no estuviera de acuerdo con la ley, no es eso.  Yo no firmé el proyecto de ley por la gravedad del asunto que estamos tratando, o sea, dice aquí, en el acta 57, del 31 de enero, página 29:  El Presidente:  Solamente le puedo indicar que también he escuchado algunos rumores”. 

 

Entonces, con base en rumores no podemos derogar una ley y presentar un nuevo proyecto de ley, o sea, es sumamente grave derogar una ley por rumores, como lo adjunta aquí el señor Presidente...

 

EL PRESIDENTE:

 

            Señor Diputado, ya expliqué que nosotros hicimos una confrontación sobre ese informe, y pudimos corroborar que sí había diferencias.  Entonces, decidimos presentar el nuevo proyecto para no causar daño.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Sí, pero esa información me la está dando usted hoy, pero el informe del proyecto usted lo presentó antes de hoy.

 

            Muchas gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            En todo caso, el día que presentamos el informe, ya teníamos ese conocimiento, y ustedes lo sabían.  Yo hice la confrontación durante el día jueves, hicimos la confrontación entre las dos cosas:  la ley que fue publicada y el informe último, que salió de esta Comisión, y ya nos dimos cuenta y pudimos comprobar, estar seguros de que sí había diferencias.  De modo que procedimos a presentar el nuevo proyecto para que no se causen daños a las personas y a este tipo de agricultura, como dije anteriormente.

 

            Diputada Morera, tiene usted la palabra.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas.

 

            A mí me parece que con respecto a este asunto de este proyecto, aunque usted ya ha dado las explicaciones del caso y dice que usted le solicitó a don Marvin que firmara el proyecto, que esto es muy delicado y no, el procedimiento debió analizarse aquí en la Comisión, debió hacerse una investigación y, posteriormente, de acuerdo a los resultados, tomar la decisión de que aquí hubo un dictamen unánime para apoyar este proyecto.  Igualmente, debió ser presentado un proyecto en forma unánime.

 

            A mí, en ningún momento se me consultó, a mí me parece que eso no debió ser en la forma como se hizo y, más bien, esperar y traer aquí, a la Comisión, lo que pasó, analizarlo y presentar, si había que presentar un proyecto, entre todos.  No veo por qué esa premura para presentar el proyecto y, repito, a mí por lo menos, ni siquiera se me solicitó que lo firmara.

 

            De manera que me parece que deberíamos retomar ese asunto, analizarlo y verlo aquí antes de presentarlo.

 

            Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Bueno, yo cumplo con informar; prácticamente recomiendo que se encontraron diferencias entre la ley publicada y el último informe que salió de esta Comisión, lo que motivaba, ciertamente, la necesidad de presentar como un nuevo proyecto este último informe, que era el que estaba consensuado por todos.  Tratamos de informar a todos los compañeros.  Ese día, pues es cierto que, en algunos momentos, estaban ustedes presentes, pero en otros no, no sé, yo traté de hacerlo.

 

            De todos modos, indico, de nuevo, que el que tenga interés en firmar el documento, porque queríamos que fuera firmado por todos los miembros de la Comisión, y no ha sido así, pero si alguno de ustedes quiere hacerlo, lo puede hacer en cualquier momento, va a la Secretaría y firma.

 

            Parte de eso, los problemas de procedimiento que se hayan dado, en realidad, no son achacables por lo menos a los diputados miembros de esta Comisión; por lo tanto, yo no veo que nosotros debamos profundizar en el asunto, por lo menos en la parte nuestra.  Ya estamos solicitando a la compañera Hannia que nos haga el favor de ayudarnos en la preparación de un informe en el que participe ella y la jefatura de Comisiones, que creo que es lo mismo, ahí veremos qué podemos hacer.

 

            Yo creo que, de todos modos, la discusión de lo que se presentó no tiene sentido, en realidad, fue lo que todos aprobamos aquí y nadie está inventando nada nuevo, nada más estamos diciendo que este es el proyecto, es decir, en la justificación estamos diciendo que este es el proyecto que fue aprobado en esta Comisión por todos, por todos los miembros, en forma unánime y que lo que queremos es que en el momento en que esta propuesta adquiera el rango de ley, derogue la anterior para subsanar las deficiencias.

 

            Me parece que si esperamos el informe, podríamos estar más claros en el error que se cometió, porque, realmente, hay un error aquí que hay que considerar para que ojalá no se vuelva a dar.

 

            En todo caso, hay la mejor disposición para ampliar y colaborar, no hay ninguna mala intención.  Tal vez no pudimos comunicarnos con doña Nidia, como ella dice, pero sí pensaba que era importante que avanzáramos en la presentación del proyecto para que el día de mañana, si la ley sufriera algún traspié, hayamos avanzado en lo posible.  Ojalá podamos dispensarlo de todo trámite, para que este proyecto sea aprobado rápidamente.  Esa es la historia, yo no estoy inventando nada aquí, eso fue lo que ocurrió.

 

            Me parece que de esa manera, por lo menos esta Presidencia trata de que no se cause daño a la gente que está dedicándose o que pretende dedicarse a este tipo de actividad.

 

            Si no tenemos más solicitudes de la palabra, damos por discutida el acta.

 

Discutida.  APROBADA.

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY

 

1.  Expediente N 16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.

 

            Tiene una moción de revisión pendiente, que vamos a entrar a conocer seguidamente.  Luego conoceremos dos mociones de orden.  La señora diputada Gladys González Barrantes le dará lectura a la moción de revisión N 5, que estaba pendiente.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción 1-58 de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y de la diputada González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que aprobó la moción de fondo 31 en la sesión extraordinaria del 29 de enero de 2007”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Bueno, pedimos la bendición de esta moción N.º 31 porque, como concluí en mi intervención en contra de esta moción, donde señalaba que este proyecto de ley, en el artículo objeto de esta moción, aun con la reforma propuesta, no hace más que conformar una ley tipo UPOV, con el agravante de que esta ley costarricense va más allá del propio UPOV 91, pero, compañeras y compañeros, obligar al país a acceder y a ratificar el Convenio UPOV 1991 tiene consecuencias muy graves para los campesinos y campesinas.

 

            Se trata de la aprobación de un régimen virtual de patentamiento de las variedades de plantas en el que, escasamente, se admite la excepción de que las semillas producto de una cosecha puedan ser reutilizadas por el mismo agricultor, únicamente cuando lo haga como actos realizados en el marco privado y sin fines comerciales.

 

            En estas condiciones, los grupos campesinos e indígenas ni siquiera podrían vender su producción, ni siquiera podrían venderla en las ferias del Agricultor, si antes no pagan todos los derechos a los monopolizadores de las semillas, bajo protección.

 

            Pareciera entonces que el agricultor no las compra, sino solo las alquila, porque para un nuevo ciclo productivo tendría que volver a pagar regalías a escondidas.

 

            Quienes defienden la UPOV argumentan que su adhesión ayudaría a los agricultores porque se beneficiarán del uso de semillas certificadas y mejoradas.  Esta es, evidentemente, una afirmación que parte de una apreciación sesgada de la realidad.  No se pueden medir con la misma vara a todas las personas que se dedican a la agricultura, independientemente de si son agricultores sin tierra, si son campesinos de fincas pequeñas y medianas, con mano de obra familiar, herramientas tradicionales y dificultad para conseguir crédito.  Tampoco se puede medir si son empresarios agrícolas nacionales o compañías transnacionales agroindustriales.

 

            Las primeras categorías tienen barreras de entrada para acceder a la tecnología, propiedad de empresas corporativas, todo esto sin entrar a cuestionar si, efectivamente, las variedades protegidas por propiedad intelectual son mejores que las variedades criollas o si su imposición se materializa por medio de la propaganda, del crédito y hasta de los programas de extensión de los gobiernos, tal como pasó con las variedades de la revolución verde.

 

            En resumen, la UPOV y las patentes sobre formas de vida sí favorecen, es cierto, a un tipo de agricultura, la agricultura comercial, especialmente la corporativa y a quienes lucran con el monopolio que otorgan los certificados de obtentor y las patentes, incluyendo algunas universidades públicas, pero no favorece al sector campesino indígena, a los agricultores y agricultoras sin tierra, al medio ambiente ni a la sociedad en general.

 

            Todo lo que antes eran derechos de los agricultores, son ahora delitos, hasta tanto no se nos demuestre lo contrario.  Para el caso de las plantas, hay ejemplos de agricultores de países donde las leyes de propiedad intelectual están vigentes, y son acusados y llevados a juicio por haberlas violado, aun cuando el hecho debería haber sido al revés:  los agricultores llevar a juicio a las empresas de plantas transgénicas por haber contaminado sus plantíos. 

 

Las empresas semilleras tienden a enfocar su investigación en cultivos de alto valor y de uso extendido y desarrollan variedades que pueden cultivarse lo más ampliamente posible, como lo indica la concentración del desarrollo de variedades en unos pocos cultivos en los Estados Unidos.

 

            La ampliación del régimen del ADPIC en agricultura tiende a ser un mercado para semillas y otro material vegetal de plantación que dominan unas pocas empresas grandes.  Se ha dicho que un sistema de derecho de monopolios de este tipo promueve y trata de solidificar un sistema agrícola que es altamente perjudicial e incompatible con los conceptos de desarrollo sostenible.

También se ha hablado de la elevación del precio de las semillas, es obvio que son más caras las semillas producidas mediante biotecnología y ni  todos los agricultores pueden pagar una semilla a precio más alto ni gastarían más dinero para adquirir semillas para generar más ingreso, a partir de un mayor rendimiento en la producción. 

 

            La gran mayoría de agricultores, países en desarrollo que a menudo requieren insumos a precios subsidiados, muchos agricultores encuentran dificultades para comercializar sus productos a precios remunerados, puesto que prácticamente no tienen voz en el mercado.   Si lo que se quiere es una legislación sui géneris, deben tenerse en consideración los intereses, tanto de las comunidades agrícolas como de los obtentores en el sector formal. 

 

            La agricultura, en la mayoría de los países en desarrollo, se apoya de manera significativa en las comunidades agrícolas, tradicionales, que han contribuido a la producción, mediante innovaciones informales.  Más aún, los sistemas de provisión de semillas, en muchos países, continúa en manos de las comunidades agrícolas, a pesar de la entrada en este campo, de obtentores vegetales  del sector formal. 

 

            Esto es particularmente importante, dada la evidencia disponible con respecto de aquellos países, que han volcado el balance casi totalmente a favor de los obtentores del sector formal.  La introducción de derechos de obtentor, no ha promovido las actividades de investigación y desarrollo, como se esperaba.  Y este era el objetivo principal de otorgar protección jurídica a los obtentores.   Más aún, los precios de las semillas y de otros materiales de cultivo, se han movido de manera adversa a los usuarios y a las usuarias. 

 

            Este balance nos lo encontramos en este proyecto de ley, no solo es una ley tipo UPOV, esto sería una ley tipo UPOV plus, porque otorga muchas más ventajas a los obtentores que las contempladas en el propio convenio UPOV. 

 

            El UPOV-91, requiere cobertura total de las variedades vegetales, por parte de los estados miembros, pero no de forma inmediata.  Los estados miembros del convenio, cuentan con un período de transición de cinco años, para cumplir con este requisito. 

 

            Coincido con mis colegas de Fracción, en que la redacción propuesta por la diputada Vásquez y otros diputados, no precisa ni aclara si no que más bien es ambigua y deja a la interpretación varios conceptos.  Esta propuesta abre portillos al agregar la palabra “posible”, ya que este término permite interpretación y consecuentemente, diferentes criterios.   Lo pertinente y lo apropiado es que el texto dijera: “Se diferencia claramente, tal y como se redactó la propuesta original”. 

 

            Por esta razón, estamos presentando esta moción de revisión y solicito el voto afirmativo para ella.   Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo tanto vamos a dar por discutida la moción de revisión N 5. 

 

            Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la moción presentada, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

 

            Tres votos a favor, siete diputados presentes. 

 

DESECHADA.

 

Hay presentadas mociones de orden. Rogamos a la señora Secretaria que se sirva darles lectura.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N2-58 de varios diputados:

 

“Para que se reciba en Audiencia al señor Ángel San Casimiro Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada”.

 

EL PRESIDENTE:

 

Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Hemos presentado esta moción, con el fin de invitar a Monseñor Ángel San Casimiro,  con el afán de mejorar e intensificar el conocimiento y el debate para la toma correcta de decisiones. 

 

Hemos querido llamar en audiencia a una persona, que como sabemos, despierta confianza y respeto entre todos nosotros.  Llamar en audiencia a un pastor de la Iglesia, identificado plenamente con el sentir y el pensar de los costarricenses,  más humildes, a un pastor de la Iglesia que se ha identificado con nuestros agricultores, en fin, llamar en audiencia a esta Comisión de Asuntos Agropecuarios, a una persona neutral, a una persona que nos inspira el mayor de los respetos, a una persona que estamos seguros, nadie se va a oponer. 

 

Ángel San Casimiro nació  el 16 de setiembre de 19942, en Padrejón, La Rioja, España.  Sus padres fueron Ángel San Casimiro González y María Fernández Marín.  Tiene dos hermanos, Alejandra y Aurelio.  Cursó sus primeros estudios en la escuela del pueblo, ingresando al Seminario de los Padres Agustinos Recoletos Einnavarra, el 13 de setiembre de 1952. 

 

En 1956, pasó a estudiar la filosofía a Fuenterrabía, Guipúzcoa.  Del año 60 al 61 hizo su año de noviciado en Monteagudo, al término del cual emitió sus votos temporales.  Hizo profesión solemne y religiosa en la Orden de los Frailes Agustinos Recoletos,  el 4 de setiembre de 1964 y pasó a terminar los estudios de teología en el Seminario de los Recoletos en Marcilla,  Navarra, donde se ordenó como presbítero el 3 de octubre de 1965. 

 

Su primer destino en Costa Rica fue la parroquia El Carmen en Alajuela, donde solo estuvo por un período de diez meses. Del 67 al 69, trabajó en San José en el Centro de Orientación Luis Felipe González Flores y en el Hospital San Juan de Dios.  En octubre del 69, fue  destinado al Paso, Texas, donde alternó su trabajo en una parroquia y las clases en la universidad de El Paso.

 

En esta ciudad estuvo hasta julio del 73, que regresó a Costa Rica como cura párroco de El Carmen, donde estuvo hasta el año 82, en que pasó a la parroquia de San Antonio de Belén hasta 1991. 

 

Su trabajo pastoral ha sido muy extenso, colaborando con los movimientos apostólicos, cursillos de cristiandad carismática, encuentros de promoción juvenil, etc.  Fue muchos años miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis de Alajuela.  La publicación de su nombramiento como primer obispo de la nueva Diócesis de Ciudad Quesada, se hizo el 21 de julio de 1995, diócesis a la cual pertenecemos don Salvador y este servidor. 

 

Recibió su ordenación episcopal de manos del excelentísimo nuncio apostólico, don Jacinto Berloco, el 7 de octubre de  ese mismo año en la fiesta de la Virgen del Rosario, en Ciudad Quesada, y ese mismo día tomó posesión de su sede. 

 

Ángel San Casimiro, ha trabajado arduamente y ha sido Presidente de la Pastoral Social de Cáritas,  que tiene como misión, reivindicar la dignidad de las personas y de los pueblos, sus derechos humanos en el proceso de construcción de comunidades organizadas, participativas y solidarias, en armonía con la creación, como manera de ser, iglesia que vive el reino de Dios en la realidad de cada diócesis. 

 

Evidentemente, con esta audiencia ganamos todos, aquí nos olvidamos del equilibrio que esta Fracción exige y que la Presidencia y el resto de esta Comisión no han aceptado.  Escucharemos con el mayor de los respetos y tomaremos muy en cuenta las opiniones que el señor Obispo de la Diócesis de Ciudad Quesada nos pueda venir a exponer. 

 

Por esa razón, señoras y señores, es que les pido el voto positivo para esta moción.  Gracias, señor Presidente. 

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señor Diputado. 

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén de acuerdo con la moción de orden N 1, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

 

            Tres votos a favor, siete diputados presentes. 

 

DESECHADA.

 

Continuamos  con el conocimiento de la moción de orden Nº 2.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N3-58 de varios diputados:

 

“Para que esta Comisión apruebe la proyección de la película “¿Qué comeremos mañana?”, documental relacionado con la materia de protección de obtenciones vegetales y patentamiento de las plantas”.

 

EL PRESIDENTE:

 

Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

Esta moción resulta ser la sugerencia de cuando hablamos de la proyección de este documental, con el señor Presidente.  Él nos sugirió que presentáramos por la vía formal, una solicitud, para que pudiéramos ilustrarnos todos y tener un conocimiento más amplio, de realidades de este proyecto que estamos discutiendo, y que hoy utilizando ese mecanismo, sugerido por el señor Presidente, para presentar la moción, en este momento, señoras diputadas y diputados, hacemos del conocimiento de ustedes la moción, para ver el documental que se titula “¿Qué comeremos mañana?”. 

 

Compañeras y compañeros diputados, ustedes han sido concientes de que hemos insistido en la posibilidad de que veamos este documental, por lo revelador y lo informativo, tal y como puede ser la audiencia misma,  que es ese el sentido de la audiencia, el tener información y tener más conocimiento de un proyecto de ley como el que estamos discutiendo.   Ahí se presentan casos específicos y concretos, de lo que sucede en la práctica, cuando están en vigencia legislaciones como la que estamos discutiendo. 

 

Escuchando las noticias el fin de semana, de lo que va a pasar con el cambio climático, un experto decía: “Hace cuarenta años cuando se hablaba de lo que venía en el cambio climático...”.  Y nadie se lo creyó.  Y hoy cuarenta años después estamos recogiendo la cosecha de eso, por no atender a personas en aquel momento con la situación climática.

 

            Bueno, ¿y a qué viene el comentario?  Eso es exactamente lo que podría estar pasando en una situación como la de un proyecto como este que lo estamos viendo hoy, pero sus alcances¾ a mi criterio, sustentados técnicamente¾ afectarán la producción nacional.

 

            Pues que nosotros, con una información de un caso real, podamos tener esa información para tomar, en este caso, la mejor decisión.

 

            Este documental es norteamericano.  No son falacias inventadas por enemigos o adversarios de este país amigo, de Costa Rica.  De ahí que todo lo que revela y cuenta es de la mayor credibilidad, objetividad  y sustento. 

 

            Es un documental serio que relata importantes acontecimientos.  Eleva preguntas y respuestas que llevan indudablemente a la reflexión y dan paso para que confirmen ustedes su apoyo o se abran ventanas de mayor discusión y valoración sobre la magnitud de la decisión que está en nuestras manos.

 

            Compañeros diputados y diputadas, si este documental no tuviera elementos que ayuden realmente a aumentar el criterio sobre este delicado tema, no insistiríamos en presentar una moción de estas para ver este video.

 

            Nosotros continuaremos con la tesis de buscar un acuerdo alrededor de la proyección.  No supone ¾y quiero dejar esto claro¾ ninguna triquiñuela para gastar tiempo o para inducir a nadie a error.  No es esa nuestra conducta y jamás lo haremos.

 

            Habíamos propuesto que fuera nuestro fundamento para algunas de las mociones en discusión.  El documental es integral sobre el tema que nos ocupa y no es lógico que la proyección puntualice sobre el contenido de una moción en particular, pero es una opción para encontrar una posibilidad de eximirnos de sustentar y apoyar dos de nuestras mociones y que dicho documental suplante nuestros criterios.

 

            O también, señor Presidente, aceptamos que se determine un receso para observar el documental y, de inmediato, permitiremos la votación de dos de nuestras mociones sin solicitar la palabra para justificarlas y apoyarlas.

 

            En nuestro espíritu está abrir el espacio a una información que la creemos totalmente afín a nuestras preocupaciones, en relación con este proyecto, por la seriedad de su procedencia y porque permite cultivar reflexión y ayudar a discernir es que nos parece de trascendental importancia no perder la oportunidad de conocer su contenido.

 

            Además, es una novedosa modalidad para contar con mayores insumos que nos permitan más y mejores criterios para así definir.

 

            En los próximos días vamos a tener aquí audiencias de expertos en el tema.  Este tipo de documental nos permitirá contar con más elementos de juicio para interactuar con las personalidades que nos visitarán.

 

            Muchas gracias, señor Presidente.  Les pido, una vez más, el voto para que nos demos el tiempo y la posibilidad de ver casos reales sobre lo que ha pasado en otros países con este tipo de proyectos.

 

            Gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor diputado.

 

            Le ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados que estén por darle su aprobación a la moción de orden N 2, que se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Siete diputados presentes, tres diputados a favor.

 

DESECHADA.

 

            ¿No tenemos más mociones de orden?

 

            Continuamos con el conocimiento de las mociones de fondo.

 

            Quisiera aprovechar la oportunidad para decirles que las audiencias que tenemos previstas han sido programadas, pero quisiéramos estar seguros de que las señoras y los señores invitados pueden asistir.  De modo que solicito que mañana lo confirmemos, a ver si doña Hannia y Lidieth nos ayudan.  Si hay que hacer algunos cambios que nos lo informen mañana para hacer alguna corrección.  Esto es lo primero.

 

            Segundo, en cuanto a las audiencias, tenemos a otras entidades y a otras personalidades que podrían ser invitadas, pero habíamos acordado que primero recibiríamos  a tres a favor y tres en contra.  Eso es lo que estamos programando por el momento.  Si fuera necesario, más adelante podríamos pensar en invitar a más gente.

 

            Debo indicarles también que hasta el Capítulo XVII del que hemos revisado algunas mociones hasta ahora, hemos tocado los aspectos que corresponden a la parte técnico-agronómica del fitomejoramiento y demás y que, de aquí en adelante ¾del Capítulo XVIII en adelante¾ se refiere más a aspectos de tipo legal.

 

De modo que también quiero informarles que estamos haciendo un ejercicio para actualizar esos diecisiete capítulos con las mociones que han sido aprobadas, para ver cómo va quedando porque no crean que nosotros no estamos ¾por lo menos este diputado está poniendo mucha atención¾ atentos a todo lo que ustedes dicen y quisiéramos darle una revisión integral a lo que hemos logrado hasta ahora y si fuera necesario hacer algunos cambios.  Me gustaría que lo discutiéramos con la ayuda de los expertos que van a estar con nosotros.

 

            Vamos a darle la palabra primero, por el orden, al diputado Marvin Rojas y después a Nidia González.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Lo mío es muy breve. 

 

Ahora que estamos hablando de asuntos de audiencias y de orden, la semana pasada nos había convocado para lunes y martes y uno programa la semana.  Solo quiero saber qué fue lo que ocurrió y a qué se debe el cambio del horario de las sesiones extraordinarias de esta semana.

 

            Gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            La especial de mañana fue la que se cambió, porque los compañeros y compañeras indicaron que tenían algunos problemas de asistencia para mañana y que es mejor, para no cansarse demasiado porque la verdad es que este tipo de sesiones cansan, que tengamos una sesión el lunes; que el martes no tengamos esa sesión sino hasta el miércoles.  Me parece que es mejor para todos, para poder discutir con más tranquilidad, con menos cansancio.  Si hay alguna objeción también escuchamos las sugerencias.  Esa es la razón.

 

            Diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Usted acaba de señalar que tenemos tres audiencias a favor y tres en contra.  ¿Me podría señalar cuáles son las audiencias a favor y cuáles en contra?

 

EL PRESIDENTE:

 

            Con mucho gusto.  Ya lo habíamos indicado, pero podemos repetirlo.

 

            La audiencia para recibir al Consejo Universitario de la Universidad Nacional, la del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y la del Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica fueron solicitadas por el diputado Merino Del Río y entendemos que están en contra del proyecto.

 

            Las del ingeniero Nebio Bonilla, la de la licenciada Silvia Salazar y la de la licenciada Ana Abdelnour entendemos que son a favor.

 

            La audiencia de Walter Quirós que es Director de la Oficina Nacional de Semillas surgió de una discusión que tuvimos en esta Comisión, pensando en que esta es la Oficina encargada de hacer las evaluaciones de las nuevas variedades y demás, por lo que consideramos que él no está ni a favor ni en contra sino como órgano encargado de ejecutar.  Eso es lo que esta Presidencia entiende e interpreta, por las mociones que fueron presentadas y por las personas que lo hicieron.

 

            Sin embargo, como les indiqué anteriormente yo no puedo asegurarlo.  Diay, uno no puede asegurar que alguien esté a favor o en contra, aunque hayan enviado aquí respuestas sobre el proyecto en sí, es mejor escucharlos a ellos. Antes, no podríamos ¾por lo menos yo¾ decir si está a favor o en contra.  Puede ser que esté a favor de unas y en contra de otras.

 

            Por eso es que estamos pidiendo que escuchemos a estos invitados y que después de eso, veamos cualquier otra audiencia que sea necesaria.  Eso es lo que se había propuesto inicialmente.  Yo había pensado que era una propuesta aceptada por todos, pero me he dado cuenta de que nos es así, porque ha habido otras propuestas más.  Pero de esa manera le explico lo que hasta ahí hemos interpretado.

 

            Vamos a continuar con la discusión de la moción de fondo Nº 33.  Le rogamos a la señora Secretaria que se sirva darle lectura a la misma.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N4-58 del diputado Salazar Rojas:

 

“Para que se modifique el artículo 18 del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

‘Artículo 18.  Duración del derecho de obtentor.

 

El derecho de obtentor tendrá una vigencia de diez años, excepto de especies perennes, para las que será de veinte años.  La duración, en todos los casos, se contará a partir de la fecha de la concesión del derecho de obtentor”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.

 

            Haré uso de la palabra como el proponente de esta moción y decía el señor Presidente, diputado Salvador Quirós, que estamos llegando al artículo 18, donde el proyecto de ley está fundamentado en la parte agronómica y después viene la parte más de tipo legal, de tipo jurídico.

 

            Quisiera decir que hasta el momento, a mi criterio, tengo dudas de que de aquí para atrás ha sido meramente agronómico y considero que hay problemas de tipo legal, de tipo jurídico y con algunas mociones que hemos presentado aquí, las cuales han sido desechadas, quedo insatisfecho con eso.  Creo que ahí también hay componentes desde el punto de vista jurídico que, de aprobarse este proyecto como está, tendría muchas implicaciones.  Pero, bueno, en su momento vamos a hablar de esta parte jurídica.

 

            Este artículo 18, a mi criterio, es de los trascendentales en lo que sería esta nueva ley, ¿por qué?  Porque determina la duración, lo cual es importante.  La duración del derecho del obtentor, una vez que se le ha concedido ese derecho.

 

            El proyecto propone que la duración sea de veinte años y de veinticinco años en el caso de las plantas denominadas perennes.

 

            Por el contrario, la moción que presentamos busca modificar el espacio de tiempo a diez años y veinte años, respectivamente.

 

            El proyecto en discusión replica lo que imponen UPOV y la Ley de Patentes y en eso, compañeros diputados y diputadas, lo que está pasando en los países ¾sobre todo, el capítulo sobre el tema de propiedad intelectual¾ ya tiene efectos negativos.

 

            ¿Y esto por qué lo menciono?  Porque esto es similar a patentar medicinas, a patentar agroquímicos y a patentar semillas.

 

            Y la propiedad intelectual, en algunos países, inclusive desarrollados y en el mismo Estados Unidos ya hay cuestionamientos para deslegitimar la propiedad intelectual, porque la investigación y el desarrollo se ha hecho con recursos públicos y eso es una realidad.

 

            Aquí en Costa Rica existen corporaciones y qué dicha que existen, como decir CORBANA y como decir ICAFE, que hacen investigación y qué dicha que estos sectores en forma organizadas han venido fomentando el desarrollo de la investigación.  Pero lo que no se puede callar uno, es decir que la investigación no nació ahí, es que hubo una inversión de la institución del Estado y que si bien es cierto han hecho mucha investigación, pero la investigación básica ha sido con recursos públicos.

 

Ese es el cuestionamiento que existe hoy a nivel mundial, sobre todo en lo que es el tema de propiedad intelectual.

 

El otro tema de las patentes por más de 20 años y también la protección de datos de prueba, las implicaciones, lo que está pasando ya en Estados Unidos ¾y esto no lo estoy inventando, compañeros diputados y compañeras diputadas, ustedes lo pueden verificar¾ es el costo que tienen hoy, el caso de las medicinas, el caso de los agroquímicos y también el caso de las semillas.

 

Entonces, estos temas de patentes se las traen.  Hoy uno lo ve como una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad para las transnacionales nada más, pero los efectos al sector productivo, los efectos a la seguridad alimentaria los vamos a ver a mediano y a largo plazo.

 

Hoy nosotros debimos asumir esa responsabilidad de qué es lo que estamos nosotros aprobando para el futuro.

 

Hay países ¾como decía anteriormente¾ que nos llevan años en esto, ya podemos hoy día comprobar y demostrar los efectos y esto es una realidad, estos no son temas menores de los efectos que esto nos va a causar, aprobando proyectos de ley como estos.

 

Hoy, quizá que uno no pueda ver las consecuencias, tendría que esperarse los 20 o 25 años para poderlo demostrar, pero hoy con la información que está al día y que hoy uno puede inmediatamente comunicarse con el mundo, a través de los medios de comunicación, sí se puede dar cuenta de los efectos de proyectos de ley como estos.

 

Los que hemos estado en el medio semillerista, relacionados e interactuando con expertos en el campo de mejoramiento genético, sabemos que una nueva variedad normalmente pierde vigencia después de los 12 a 15 años de uso comercial, cuando mucho, no solo porque es superada por otros materiales, sino porque hay un proceso inexorable de erosión genética.  Inclusive, casos como el de los granos básicos, en casos muy excepcionales, variedades podrían llegar a los 10 años, en el promedio andarán ahí en los 8, máximo 10 años.

 

Entonces, cuando uno dice que permitir 20 años de duración de la protección es condenar y eximir a los consumidores y otros interesados en el uso del material protegido, a no acceder oportunamente al potencial de este.

 

Es maximizar ganancias de las empresas, que acapararán nuestro mercado y el mercado regional.  Son las que tienen condiciones para concentrar las posibilidades científicas, tecnológicas y económicas.

 

Como ya lo mencionaba aquí en esta Comisión, estos mercados registran sus materiales, posesionan sus procesos de bioprospección en nuestros territorios y terminan estrangulando cualquier esfuerzo local, por un lugar competitivo en el mercado de semillas.

 

Terminan también estrangulando los esfuerzos de instituciones públicas de investigación, incluidos los institutos universitarios, que tienen programas de mejoramiento genético y de producción de semillas.

 

Estos monopolios, que coadyuvaremos a crear con este tipo de leyes y disposiciones, terminan poniendo a disposición el mercado local y peor aún, por períodos tan extensos como 20 años.

 

Su grado de influencia en el mercado será de tal magnitud que minimiza sus posibilidades competidoras locales y se conforman oligopolios transnacionales, que terminan defendiendo, bajo sus reglas, los precios de las semillas, incidiendo directamente en los costos de producción y esto que cada día hablamos de competitividad.

 

Y los costos de producción, además de otros factores que tienen que ver con la competitividad, los costos de producción se convierten en un factor importante en la competitividad.

 

Aquí estamos hablando de un insumo tan importante como es la semilla y que eso también va tecnológicamente amarrado con insumos, como ya lo hemos demostrado aquí y esto ni más ni menos, compañeros diputados y compañeras diputadas, estamos hablando de competitividad.

 

Esto no solamente va a incidir en los costos de producción, lo más preocupante es que va a incidir en los precios de producción y consumo de nuestros productos básicos.

 

A nosotros que comúnmente nos gusta mencionar casos que suceden en otro país y ustedes en los últimos días a lo mejor se han informado de lo que está pasando en México, efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en siglas NAFTA, solamente un producto, como es el maíz y el problema que eso está causando.

 

Inclusive en una propuesta que están haciendo en México ¾oigan esto¾ solo por el aumento del maíz, están solicitando un aumento salarial de emergencia e implementar un programa de apoyo a los productos de alimentos básicos, mediante el establecimiento de precios de garantía o de referencia.

 

Están proponiendo que en el año 2008 entre en vigor la cláusula de este Tratado que permite la libre importación de maíz y de frijol y exigir que se aplique un subsidio urgente, para que se reduzca el precio de la tortilla y promover la aprobación de la iniciativa de ley sobre precios competitivos en contra de los monopolios.

 

Esto, compañeros diputados y compañeras diputadas, ¿cuánto hace que se aprobó el Tratado de Libre Comercio en México y Estados Unidos, el NAFTA?  12 años, bueno hoy tenemos nosotros un espejo, tenemos una experiencia, de qué es lo que podría pasar y lo que nos podría estar pasando a nosotros con la aprobación de un proyecto de ley.

 

Esto, compañeros diputados y compañeras diputadas, es de la prensa de México, manifestaciones en México por el alza de los precios de un producto, porque ya sabemos qué significa en México el consumo del maíz.

 

Bueno, pero nosotros también tenemos productos que son propios de nuestra cultura, no solo desde el punto de vista de consumo, sino de producción y que, de alguna manera, le estaríamos quitando posibilidades a los agricultores para seguir produciendo.

 

 

Hoy nos vemos enfrentados a una situación, como ya están viviendo algunos países y que nosotros en próximos días vamos a sentir los efectos, solamente por el caso de cómo ha aumentado el precio del maíz amarillo en estos últimos dos meses, casi el 100% y que luego eso va a ser trasladado en precio, cuando vayamos a comprar todos los consumidores de este país el pollo, el huevo, la carne, la leche, todo lo que tenga que ver con fabricación de concentrados para la producción pecuaria.

 

Esto, compañeros diputados y compañeras diputadas, veámoslo en la perspectiva de la realidad de lo que está pasando y que no hagamos suposiciones aquí, de que esto va a traer beneficios a los productores.

 

Proyectos como estos solamente traerán beneficios a grandes empresas, que esto al final de cuenta se traduce en negocio, nada más.

 

Para terminar, señor Presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas, le quería dejar señalado estos casos reales, para que nosotros realmente podamos ver y que era lo que al final de cuentas pretendíamos con la ya fracasada propuesta para ver el vídeo, pero de alguna manera también hay otros medios para informarnos.

 

Compañeros diputados y compañeras diputadas, esta moción lo que permite es, de alguna manera, disminuir el efecto en este proyecto de ley y que no tiene ninguna razón de por qué estos plazos tengan que ser de 20 o 25 años. 

 

Muchas gracias, señor Presidente, compañeros diputados, les solicito que votemos esta moción a favor.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado.

 

            Tiene la palabra la Diputada González Morera, me indica si es a favor o en contra.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Voy a hablar a favor de la moción Nº 33, señor Presidente.

 

            De acuerdo con el texto original el artículo 18 de este proyecto dice:

 

“El derecho de obtentor tendrá una vigencia de veinte años, excepto para  variedades de especies perennes, para las que será de veinticinco años.  La duración, en todos los casos, se contará a partir de la fecha de la concesión del derecho de obtentor”.

 

            La moción que estamos presentando, ya la explicó aquí el compañero Joaquín, es para reducir el plazo de vigencia de los derechos del obtentor, para que sea de 10 y no de 20 años.  Y en el caso de especies perennes, reducirlo de 25 a 20 años.

 

            El Departamento de Servicios Técnicos nos dice al respecto que en este artículo se establece una vigencia del derecho de fitomejorador, idéntica a la duración mínima estipulada en el artículo 19 del Convenio de la UPOV.  Esto para que vean que este proyecto nuestro es una copia de UPOV.

 

            Este instrumento jurídico internacional dispone que el derecho de obtentor se concederá por una duración no inferior de 20 años y en el caso de los árboles y vides, fija un plazo de 25 años, este último aspecto no se observa en la iniciativa.

 

            Esta norma propone sobre las especies perennes otorgar un derecho de propiedad exclusiva por 25 años, pero en ningún apartado se establecen los criterios o parámetros que determinan cuáles especies cumplen con la característica de ser perennes, lo que podría vulnerar el principio la seguridad jurídica.

 

            Agrega el Informe que consultado este Informe a la Oficina Nacional de Semillas, se les indicó que:  “una variedad vegetal normalmente dura en el mercado entre cinco y diez años, dado que después de ese tiempo son superadas por otras nuevas variedades, y en algunos casos pierden cualidades o características esenciales para la producción o explotación de la variedad, por ejemplo las semillas y las plantas de cierta variedad protegida de tomate o café, dejan de ser resistentes a enfermedades a las que en un principio no eran vulnerables, o disminuyen su capacidad productiva por hectárea”.

 

            Es oportuno tomar en cuenta las consideraciones que se hacen en este Informe, porque al fin y al cabo de nuevo se muestra en el artículo 18 algo que es una característica de este proyecto, la ambigüedad y la imprecisión, reiteradamente señalado en distintos informes de personas expertas en la materia.

 

Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué intereses están detrás de esto, por qué razón no hay un equilibrio entre los derechos que se le otorgan a los obtentores y las migajas que se les dan a los agricultores y agricultoras e indígenas que reproducen las prácticas ancestrales y para quienes la certificación de semillas es inexistente?  ¿Por qué se incluyen todas las variedades, excepto las perennes en un mismo plazo de protección?  ¿Porqué no hay diferencia entre variedades de interés social, de interés público, como las que proveen la alimentación ciudadana y entre aquéllas que solo benefician un interés particular eminentemente mercantil?

 

La realidad es que la mayoría de las semillas están protegidas por derechos de obtentor, pues estos derechos se van extendiendo por todo el mundo, sobre todo en los países pobres que cuentan con una enorme riqueza en biodiversidad.

 

Los defensores del Convenio UPOV,  es decir, los países desarrollados y sus transnacionales se han esforzado porque más y más países se vean compelidos a ser parte de UPOV.

 

Con UPOV 1991 se ampliaron más la protección de los derechos del obtentor, al incluir en estos todas las variedades esencialmente derivadas de una variedad inicial protegida. Más y más ganancias para los obtentores, porque además le permite a estos tener los derechos sobre todas las semillas guardadas en el campo, que se deriven esencialmente de una variedad protegida.

 

Por la vía de la propiedad intelectual, unas de las pocas transnacionales se pueden apropiar de las semillas, que son el primer eslabón de la cadena alimenticia, ya no se van a limitar al campo de las medicinas como dice el informe citado:

 

“Una variedad vegetal, normalmente dura en el mercado entre cinco y diez años, dado que después de este tiempo son superadas por otras nuevas variedades. Es decir ésta es la experiencia nacional, no veo porqué hacer cambios que en lugar de beneficiar nuestros intereses nacionales benefician intereses foráneos”.

 

Si lo que se requiere es proteger la investigación nacional, esa no es la forma, la mayoría de los países del mundo cuentan con algún tipo de legislación o sistema regulatorio de semillas, los nuestros suelen moldear sistemas a imagen y semejanza de los modelos estadounidenses o europeos.

 

Se supone que las leyes de semillas pretenden mejorar la calidad de variedades y semillas y por ende proteger a los agricultores contra el uso de semilla de menor o mala calidad, al mismo tiempo fijan las reglas del mercado para los diversos proveedores de semillas con la intención de generar condiciones parejas de competencia.

 

Las leyes de semillas establece por lo tanto el marco institucional de certificación y regulan las normas y procedimientos de:

 

sistema de liberación de variedades que apuntan a poner a disposición de los agricultores solamente aquellas variedades de valor comprobado a través del sistema formal de semillas.

Certificación de semillas cuyo objetivo es controlar la identidad y pureza de las variedades a lo largo de la cadena semillera.

Control de calidad de semillas para verificar otros rasgos de las semillas, tales como viabilidad, pureza y sanidad vegetal.

 

El control de calidad de semillas también busca proteger a los productores de semilla de buena fe, contra la competencia de otros colegas menos escrupulosos.

 

La certificación y el control de calidad de las semillas, se proponen ayudar a los agricultores que compran semillas, ya que ni la variedad, ni la calidad de las semillas resulta evidente de la simple observación e inspección de las semillas en sí.

 

La certificación de semillas se rige por un tipo de control en cadena, según el cual la identidad y pureza de la variedad, son verificadas desde la primera generación, conocida usualmente como semilla del obtentor, pasando por una cantidad preestablecida de generaciones hasta llegar a cantidades suficiente de semilla final para distribución entre los agricultores.

 

Cada generación de semilla se rige por procedimientos y normas propias, cuyo seguimiento se realiza mediante inspecciones, documentos y en los campos de producción de semillas las normas incluyen, por ejemplo, la distancia que separa a los cultivos de semillas de otros campos vecinos, del mismo cultivo o de malezas que se puedan cruzar con el cultivo de semillas, la cantidad de plantas atípicas admisibles y demás.

 

La certificación también implica procedimientos estrictos de etiquetado y sellamiento de las bolsas de semillas. Por lo tanto, la certificación requiere de un sistema formal muy organizado que generalmente está reservado para variedades bien descritas y estables.

 

Viene aparejada con el control de calidad de semillas por lo cual, se examinan en el laboratorio las cualidades más importantes de las semillas con viabilidad, pureza y sanidad. Todo ello afecta muy marcadamente las estrategias de mejoramiento vegetal.

 

Según las reglas de certificación, las variedades tienen que ser estables para que pueda garantizar su identidad, sólo las variedades homogéneas pueden asegurar ese grado de estabilidad.

 

La certificación y el control de calidad de las semillas, también son bastante costosas y consumen mucho tiempo, tanto la administración que requieren como el costo que implican, hacen que sean mas difícil para los países controlar toda la semilla que se produce y se usa.

 

En los países en desarrollo, las semillas certificadas que efectivamente se utilizan muchas veces no supera el 10%, siendo los propios agricultores quienes producen la mayor parte de toda la semilla.

 

Más y más países están reconociendo la importancia de los sistemas de semillas de los agricultores, sin embargo, la ofensiva internacional para imponer derechos de propiedad intelectual, bien puede contrarrestar los efectos de la introducción de leyes de semillas más abiertas, protegen los derechos de propiedad intelectual, tales como las patentes y los derechos de obtentor, al estilo de los Convenios UPOV, pretenden impedir que los agricultores compartan semillas de variedades protegidas, incluso en  países donde existen leyes de semillas abiertas, diseñadas para apoyar y sostener los sistemas de semillas de los agricultores que les brindan a estos cierto grado de libertad para compartir.

 

Preguntémonos, ¿por qué no otorgar plazos diferentes a semillas que garantizan la alimentación de la gente, frente a semillas que son para mejorar productos para la exportación? Recordemos que los alimentos no son mercancías y no aplica o no debería aplicar para ellos, la lógica del mercado.

 

En lugar de promover el reemplazo de los cultivos propios o tradicionales, por aquellos que son mas competitivos en el mercado internacional, deberíamos promover y garantizar como país la producción de nuestros propios alimentos, se debe respetar la diversidad cultural alimentaria, y no imponer un único patrón alimentario al estilo trasnacional.

 

Las multinacionales imponen los gustos de comer alimentos, todos iguales y promueven la adopción de modelos de producción industrial, con semillas que no se reproducen, que usan muchos fertilizantes, agua y pesticida.

 

Esto les trae enormes ganancias por el costo tan elevado, y la dependencia en que caen los agricultores.

 

Les pido el voto afirmativo para esta moción.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señora diputada.

 

Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez. Me indica por favor si es favor o en contra.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Para hablar a favor de la moción presentada.

 

Esta moción resulta atractiva e interesante para discutir ya que versa sobre la duración del derecho del obtentor. La duración es un derecho tanto en una patente, como en una obtención, como en el caso que nos ocupa, es uno de los temas más polémicos y a la vez uno de los más importantes de esta legislación.

 

Entendiendo la obtención como el reconocimiento por una labor investigativa, la duración debe representar desde el punto de vista puramente comercial, el tiempo prudente para que el investigador recupere económicamente la inversión realizada, en la investigación y le genere ganancias, óigase bien, desde el punto de vista puramente comercial.

 

Volvemos a uno de los temas recurrentes en este proyecto de ley. ¿Estaremos legislando pensando solo en los fitomejoradores, pensando solo en las casas semilleristas, pensando solo en las empresas extranjeras, o estamos legislando pensando en el bienestar nacional?

 

No nos vayamos ni de un lado ni del otro, compañeras y compañeros diputados, busquemos el equilibrio, ese difícil punto de alcanzar en el cual pensemos e incorporemos principios y necesidades de los diferentes actores.

 

¿La duración de un derecho de obtentor debe decidirse únicamente desde el punto de vista de éste, o también debe de decidirse desde el punto de vista de la necesidad nacional?

 

En la práctica común, en las legislaciones internacionales, poner un plazo para todas las especies y uno mayor normalmente por cinco años para las especies perennes, ¿por qué tiene que ser así? ¿Porqué más bien no diferenciamos entre especies fundamentales en la alimentación nacional y en especies no indispensables? Por ejemplo, podríamos pensar en una diferencia entre la diferencia de una obtención vegetal en arroz y la duración de la protección vegetal en claveles.

 

Al país puede interesarle mas la posibilidad de poder sembrar libre de restricciones una variedad de arroz que una variedad de claveles. Entonces es cuado nos damos cuenta de que la legislación no funciona según la necesidad nacional, se redacta y se legisla en función de la necesidad comercial.

 

Con respecto a los diez o veinte años, la experiencia en Costa Rica nos ha dicho que la variedad de una planta no perenne, tiene una vigencia de ocho a diez años, para sustentar lo anterior podemos repasar rápidamente la experiencia que al respecto ha tenido la Oficina Nacional de Semillas.

 

En nuestro país, con la promulgación de la Ley de Semillas N.º 6289 en diciembre de 1978, mediante la cual se crea la Oficina Nacional de Semillas, se asigna a esta institución entre otras funciones la certificación de semillas.

 

En los inicios de operación de esta oficina, entre el año de 1979 y 1980 se establece formalmente, el programa de certificación de semilla en el cultivo de  arroz y posteriormente en frijol que fueron los programas pioneros de esta naturaleza en el país.

 

Con el transcurrir de los años y conforme iban surgiendo nuevas necesidades en otros cultivos, se fueron estructurando y poniendo en ejecución nuevos programas de certificación.

 

            Es así como se establece y consolida esta modalidad de control de calidad, en los procesos de producción de semilla, en otros cultivos como maíz, papa, café, coco, palma aceitera, especies forrajeras y más recientemente en especies forestales.  También se implementó la certificación y control de calidad en cultivos que tuvieron su importancia en el pasado agrícola como fue el caso del algodón, la soya, el sorgo y el cacao.

 

            Desde esa época y hasta el presente, la certificación ha contribuido al auto abastecimiento nacional, con semilla de calidad reconocida, de las variedades que de los cultivos mencionados, se han ido desarrollando, producto de la investigación y mejoramiento genético.  La reproducción o multiplicación de semillas, dentro de un sistema de certificación, se realiza a través de ciclos de incrementos, estableciendo el número de generaciones permisibles a partir de la semilla original, o sea, la semilla básica.

 

            De acuerdo a la reglamentación nacional, la cual guarda similitud con la de otros países, en general, el número de incrementos está limitado a tres generaciones a partir de la semilla genética, es decir, dentro del sistema de certificación se produce semilla genética, básica o fundación, semilla registrada y semilla certificada.

 

            La limitación al número de generaciones, así como la denominación de diferentes categorías de semilla, pueden variar entre cultivos y países dependiente de las tasas de reproducción de semilla, índices de contaminación y de los niveles de calidad deseados.  Sin embargo, el principio es el mismo, cual es, procurar producir semillas certificada mediante el mínimo posible de incrementos, de tal forma, que reducir o minimizar las posibilidades de contaminación por los diferentes factores que pueden afectar la calidad.

 

            A manera de ejemplo, se puede indicar que actualmente se encuentran escritas en el Registro de Variedades Comerciales y elegibles para la certificación de semillas de arroz, las variedades:  CR-1113, CR-5272, CR-1821, SETSA-9, CR-8334, CR-8341, CR-4102, CR-4477, CR-4338, FEDEARROZ-50, SETESAS y CFX-18.

 

            Es interesante mencionar que la mayoría de estas variedades son producto de la investigación estatal, pero que algunos materiales como FEDEARROZ-50 y las SETESAS son producto de la investigación privada colombiana e inscritas, comercializadas y distribuidas en Costa Rica sin ningún problema.  Incluso la variedad CFX-18 va asociada con el uso de un herbicida y se vende exclusivamente por una empresa privada.

 

            No es cierto el argumento a favor del proyecto de que muchas variedades no vienen al país por no tener una Ley de Obtenciones Vegetales, en el caso de arroz es ilustrativo e igualmente se pueden citar otros ejemplos.

 

            En frijol las variedades actualmente en certificación son:  Brunca, Guaymí, Chirripó, Bribrí, Huetar y Cabécar.  En los otros programas de igual manera se tienen definidas la lista de variedades elegibles para la certificación.  Se debe de señalar que este es un proceso dinámico, así como ingresan nuevas variedades también pueden salir otras que son superadas por nuevos materiales genéticos, por razones agronómicas o comerciales.

 

            Estas variedades han sido producto del mejoramiento genético sistemático, realizado en el país, principalmente mediante la introducción de germoplasma mejorado y su posterior evaluación y selección a nivel nacional.  La experiencia ha dictado que estas variedades ya a los diez años han sido superadas y reemplazadas por nuevos materiales, producto del trabajo de fitomejoramiento y producto del cambio, en las necesidades y gusto de los consumidores.

 

            La excepción a la regla y para ser honesto, ha sido la variedad de arroz – que don Saturnino conoce muy bien- la CR-1113, desarrollada por el Programa Nacional de Investigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a inicio de la década de los ochenta y que todavía hoy día ocupa un área importante de la siembra de este fundamental grano básico.

 

            Por su reciente incorporación al Programa de Certificación de la Oficina Nacional de Semillas y por su ciclo fenológico de cultivo con las plantas perennes, no hay experiencia ni datos comparativos a nivel nacional.  Por lo anterior, y por respeto a la técnica y a la documentación existente, en esta moción a las especies perennes se les otorga una duración del derecho de obtentor diez años mayor que para las otras especies vegetales, cuando lo normal en este tipo de ley es de cinco años mayor.

 

            La Oficina Nacional de Semillas ha elaborado y publicado reglamentos técnicos para la certificación de semilla certificada de diferentes cultivos en las cuales se incluyen las normas de campo y laboratorio para la producción de las diferentes categorías, así como requisitos del terreno, aislamiento de los campos destinados a reproducción de semillas y otros procedimientos generales.

 

            Las normas para las inspecciones de campo, incluyen aspectos como distancia de aislamiento de los campos de reproducción de semilla respecto a otros campos de la misma especie para prevenir la contaminación genética, la cual puede ocurrir por polinización extraña o por mezclas físicas con otras variedades. 

 

            El primer caso se da, por ejemplo, en campos de reproducción de semilla certificada de maíz donde se requiere una distancia mínima de 200 metros, por ser una especie alógama y por tanto las posibilidades de cruzamiento con polen extraño son mayores.  En cultivos como frijol, arroz, soya (cultivos autógamos) las distancias de aislamiento requeridas son mucho menores y son con el objeto de evitar mezclas físicas con semilla de otras variedades.

 

            Como hemos visto, compañeras y compañeros Diputados, existe una gran diversidad y variabilidad en comportamiento genético y en la importancia alimentaria de diversas especies vegetales.  La diferencia no es solo del período de su ciclo vegetativo, no solo podemos hablar de plantas perennes y plantas anuales.  Pero apelando a la parte práctica y posible de una legislación de este tipo, la moción no quiere complicar y crear más diferencias entre las especies vegetales, por eso es que mocionamos para mantenernos con la práctica internacional de perennes y no perennes, pero introduciendo cambios en el período del derecho del obtentor, fundamentados en la experiencia nacional.  

 

            Por esa razón apelo a ustedes, señoras y señores Diputados, el voto positivo para esta moción N33, que discutimos de este proyecto sobre Obtenciones Vegetales.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor Diputado.

 

            Tiene la palabra el diputado Fonseca Chavarría.

 

DIPUTADO FONSECA CHAVARRÍA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Voy a hablar en contra de la moción.

 

            Los plazos de protección contenidos en el proyecto de ley, coinciden con los plazos de protección otorgados por la gran mayoría de los países que cuentan con leyes de protección a las obtenciones vegetales y con los cuales Costa Rica tiene un intercambio importante de semillas.

 

Esta congruencia con los estándares de protección de los demás países es sumamente importante para efectos del principio de reciprocidad, ya que muchos países condicionan la protección de variedades extranjeras a que en sus respectivos países se otorgue una protección equivalente a las obtenciones vegetales.  De ahí la importancia de que la protección que otorgue Costa Rica sea equivalente a la otorgada por los demás países.

 

            Por este razonamiento, no voy a estar de acuerdo con la moción.

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado.

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo que damos por agotada la discusión sobre la moción de fondo N 33 y solicitamos a las señoras y señores diputados que estén por darle su aprobación, que se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Siete diputados presentes, tres diputados a favor.

 

DESECHADA.

 

            Vamos a decretar un pequeño receso hasta por treinta minutos, para comernos un emparedado.

 

            (Se procede de conformidad)

 

            Se reanuda la sesión.

 

            Le solicito a la señora Secretaria dar lectura a la moción N 34.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº5-58 del Diputado Merino del Río:

 

“Para que se modifique el inciso b) del artículo 21 del proyecto de ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración) y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 21.-  Excepciones al derecho de obtentor

 

(...)

 

b) Realizados con fines experimentales de investigación científica, de docencia y capacitación técnica y de programas gubernamentales de combate a la pobreza rural”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra la diputada González Morera.  Indica si es para hablar a favor o en contra.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  A favor.

 

            Quiero referirme a esta moción presentada por el compañero Merino para el artículo 21 de este proyecto relacionado con las excepciones al derecho del obtentor.

 

            Dado que este proyecto sigue al pie de la letra el Convenio UPOV voy a hacer las siguientes referencias a los convenios UPOV 78 y UPOV 91.

 

            En UPOV 78, a los obtentores se les permitía controlar los siguientes actos relacionados con el material de reproducción o de multiplicación vegetativa:  la producción con fines comerciales, la puesta en venta y la comercialización.

 

            Adicionalmente, la autorización del obtentor debía ser obtenida cuando las plantas de las variedades obtenidas por sus partes, normalmente comercializadas a los fines distintos a la propagación, eran usadas comercialmente como material de multiplicación en la producción de plantas ornamentales o flores cortadas de dicha variedad.

 

            El artículo 5, inciso 3, señaló una excepción importante en los derechos de obtentor.  Esta autorización del obtentor no sería necesaria para emplear la variedad como origen inicial de variación con vista a la creación de otras variedades ni para la comercialización de estas.

 

            En cambio, se requería dicha autorización cuando sea necesario el empleo repetido de la variedad para la producción comercial de otra variedad.  Si bien el artículo 5 define el alcance del derecho de obtentor, asimismo establece la base para conciliar estos derechos con los intereses de los usuarios de variedades vegetales.

 

            Agricultores e investigadores obtuvieron el espacio para llevar a cabo sus actividades sin obstáculos por parte del ejercicio de los derechos del obtentor.

 

            Los agricultores pudieron continuar su tradición de utilizar una parte de su cosecha anual, como semilla para la siguiente y también intercambiar semilla con sus vecinos de la finca.

 

            Estos actos de los agricultores, conocidos como derechos del agricultor, no fueron considerados parte de los fines comerciales del artículo 5.1.

 

            El artículo 5.3 definió claramente una excepción sobre la investigación, puesto que no se requería autorización alguna del obtentor para emplear la variedad protegida como origen inicial de variación con vista a la creación de otras variedades.

 

            Se puede decir que esta disposición también ofrecía espacio para que los agricultores innovadores pudieran desarrollar nuevas variedades y comercializarlas.

 

            En UPOV 91, el artículo 15 incluye dos conjuntos de excepciones limitadas al derecho de obtentor.

 

            El primero de ellos, artículo 15.1, establece excepciones obligatorias que incluyen:  a)  los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales;  b)  los actos realizados a título experimental y c) los actos realizados a los fines de la obtención de nuevas variedades, siempre y cuando dichas actividades no hayan tenido como resultado, la producción de b).  Este conjunto de excepciones incluye una versión más restringida de la extensión de la investigación disponible bajo UPOV 78.

 

            El segundo conjunto de excepciones opcionales, artículo 15.2, incluye aquellas excepciones relacionadas con semillas obtenidas por el agricultor y utilizadas en su propia explotación o el privilegio del agricultor.

 

            Esta disposición establece que cada parte contratante podrá restringir el derecho del obtentor respecto de toda variedad, dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor, con el fin de permitir a los agricultores utilizar a fines de reproducción o de multiplicación en su explotación, el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo, en su propia explotación de la variedad protegida.

 

            Esta disposición contrasta ¾de forma marcada¾ con el sistema anterior, bajo el cual los agricultores podían reutilizar el material protegido sin pagar ninguna regalía a los obtentores.

 

            Las nuevas disposiciones permiten a los agricultores reutilizar material protegido únicamente si los intereses legítimos del obtentor son tomados en cuenta, siendo los legítimos intereses la regalía que se debe pagar al obtentor, lo cual significa restar importancia al privilegio del agricultor, según la opinión de la Organización de Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación.

 

            Pero vean ustedes más excepciones al derecho del obtentor. 

 

            La Ley tipo del UPOV 91 sugiere limitaciones adicionales en el ejercicio del privilegio del agricultor.  El artículo 15.2 de UPOV 91 debería usarse solamente en relación con variedades de género y especies vegetales específicas y no para todos los géneros y especies cubiertos por la legislación doméstica de los países miembros de UPOV.

 

            La Ley tipo era inconsecuente con la recomendación aprobada en conferencia diplomática que aprobó el acta de 1991, la cual estableció que el artículo 15.2 de UPOV 91 no debía ser leído de forma que se intente abrir la posibilidad de extender las prácticas comúnmente conocidas como privilegio del agricultor, a sectores de la producción agrícola o de la horticultura en las cuales tal privilegio no es práctica común en el territorio de la parte contrarrestante en cuestión.

 

            Según la Asociación Internacional de Fitomejoradores para la protección de las obtenciones vegetales, de acuerdo con esta recomendación, el privilegio del agricultor no debería ir más allá de la disposición del acta de 1991 del Convenio UPOV.  Es decir, dentro de límites razonables, en términos del área sembrada, la cantidad de semillas y especies en consideración y la reserva de la salvaguarda de los intereses legítimos del obtentor, en términos del pago de una remuneración e información.

 

            De acuerdo con esta Asociación, cualquier legislación nacional que autorice el uso de semillas obtenidas por el agricultor, para su propia explotación, sin límites razonables y sin salvaguardar los intereses legítimos de los obtentores, no sería un sistema eficaz sui géneris, en el sentido del artículo 27.3b del acuerdo sobre los ADPIC.

 

            Las restricciones que los agricultores podrían enfrentar con el nuevo sistema, las demuestra la enmienda de los derechos del obtentor, realizada por el Congreso de los Estados Unidos, después de ratificar el UPOV 91.  Establecieron límites al ámbito de la excepción del agricultor, bajo la Ley de Protección de Variedades Vegetales, el equivalente de los derechos de obtentor en los Estados Unidos.

 

            Los agricultores entonces pueden resembrar las semillas en su propia explotación, pero están restringidos a venderlas a sus vecinos de finca para ser utilizadas a fines de reproducción.

 

            Podemos así comprobar que las excepciones son realmente limitadas.  Hasta 1991, la UPOV consideraba algunas excepciones.

 

En primer lugar, no se requería autorización del obtentor para utilizar la nueva variedad como fuente para crear, desarrollar o explotar nuevas variedades.

 

            En segundo lugar, establecía el llamado privilegio del agricultor para utilizar el producto de la cosecha de esa variedad, seleccionando semillas para una siguiente producción.

 

            En el acta de UPOV 91 la excepción del derecho del obtentor se redujo a las actividades realizadas privadamente, con fines no comerciales y el privilegio del agricultor se convierte en una excepción que el Estado debe autorizar, dejando a salvo los derechos de los obtentores.

 

            UPOV 91 extiende el derecho del obtentor al uso de todo material de la variedad protegida y a  aquellos que no se distinguen claramente de ella o que son derivados de ella y plantea la protección de todos los géneros vegetales, durante veinticinco años para vides, árboles frutales y forestales y por veinte años, para todas las demás especies.

 

            UPOV 91 entonces adopta las características de un régimen de patentes de plantas, de manera que ante tan limitadas restricciones al derecho del obtentor, lo mejor es que intentemos que este proyecto de ley de protección de obtenciones vegetales sea realmente un proyecto sui géneris a la tica.

 

            Por tal motivo, me parece razonable que dentro de las excepciones al derecho del obtentor que comprende este artículo 21, se agregue al inciso b) lo que el compañero Merino propone.  Esto es que este derecho no se extienda a quien lo solicita, cuando terceros utilicen la variedad protegida en actos realizados con fines experimentales de investigación científica, de docencia y capacitación técnica y de programas gubernamentales de combate a la pobreza rural.

 

Está totalmente justificada esta propuesta y alabo que el diputado Merino tenga esa claridad y esa sensibilidad, con respecto al mundo rural de este país. 

 

            Esto sería en lenguaje médico, legislar para prevenir y no para curar.  Legislar conociendo la realidad que afronta el medio rural y sus poblaciones, y no dejando portillos que luego sirven para crear y acrecentar problemas existentes, que después no serán resueltos. 

 

            Imaginemos que de programas de capacitación técnica, ejecutados por instituciones públicas, Instituto Nacional de Aprendizaje, MAG, INTA, cualquiera de ellas, incluso, por instancias privadas de las cuales pueden surgir obtenciones vegetales, susceptibles de ser registradas, que puedan ser de gran beneficio para las comunidades locales, involucradas en estos programas al no estar esto especificado por ley, perfectamente terceras personas interesadas en obtener el derecho de obtentor, podría hacerlo. 

 

            Hasta podrían ser partícipes de estos programas de capacitación, propiciar la investigación, utilizar los recursos y el conocimiento local y luego, aprovecharse de todo esto y adquirir el derecho del obtentor.  No sería justo pero si sería posible, y estoy segura que al igual que yo, ustedes no querrán que esto pase. 

 

            Por lo tanto, les pido que votemos esta moción positivamente. Gracias, señor Presidente. 

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.  Continúa en el uso de la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente.  Voy a hacer uso de la palabra para apoyar esta moción del señor diputado Merino del Río.  El artículo  21 que se pretende modificar con esta moción, está dentro del grupo de los cinco artículos de este proyecto, que son los que dan carácter y cuerpo trascendental a esta Ley. 

 

            En este artículo  21, tocamos nada más y nada menos que las excepciones al derecho del obtentor.  La materia de esta propuesta de ley implica verdadera controversia y polémica, porque la concesión de derechos exclusivos a una persona física, jurídica, sobre bienes que no han sido históricamente regulados y que han sido de acceso libre, autónomos y soberanos, los diversos actores que se mueven en el país alrededor de la biodiversidad, las actividades ....y la agricultura reaccionan ante lo que será la aplicación de barreras, para desarrollar prácticas que fueron y son parte de la cultura misma. 

 

            Compañeros diputados y diputadas, de alguna manera estamos dando con este proyecto de ley, derechos exclusivos a personas que no les corresponde y van más allá, apropiarse de recursos de la naturaleza.  Y que de forma muy fácil alguien podría apropiarse de forma exclusiva. 

 

            Por eso esta moción pretende de alguna manera, traer los principios de solidaridad para los pequeños productores y hacer excepciones.  Nosotros hemos venido mocionando para que de alguna manera se hagan excepciones, para mitigar los efectos de este proyecto de ley, en este caso, en los que menos tienen, y que sean para la capacitación técnica y para programas gubernamentales y el combate a la pobreza. 

 

            En este tipo de proyectos, como ya lo hemos dicho, donde el único fin que lleva es el fin comercial, meditemos y pensemos que también en un proyecto de ley como estos, se podrían hacer excepciones para favorecer a aquellos que menos tienen.  No habrá medidas que terminen satisfaciendo la ruptura abrupta de hábitos de conducta, considerados derechos inalienables que la naturaleza y la vida misma han dado al individuo, como parte del mismo ecosistema.

 

            Este proyecto que tenemos entre manos, que es una imposición del Convenio UPOV 1991, y el Tratado de Libre Comercio como padre y señor de este inconveniente proceso para el país, y que de alguna manera se ha querido decir que no es una imposición del Tratado de Libre Comercio si no es porque la OMC así lo dice.  Recordemos que el ADPIC no ha sido discutido en la OMC.  El ADPIC lo que establece en el artículo  27.3. b) sobre patentes de seres vivos, establece a los países tres formas que podrían adoptar: un régimen de patentes, un sistema sui géneris y una combinación de ambos. 

 

            Aquí nosotros tenemos la oportunidad para hacer esto. Y hasta en setiembre de 2007 empieza la ronda ministerial de la OMC sobre patentes.  Entonces, no es que la OMC esté imponiendo esto.  Y lo otro importante es que la OMC no obliga a los miembros  de la OMPI a adoptar este sistema de patentes. 

 

            En la OMPI de la cual nosotros somos miembros, actualmente, hay veintitrés miembros.  La OMPI es  desde el año 1970.  A veces queremos decir que esto es una imposición y un pedido de la OMC.  Y para poder ver la forma integral de dónde viene todo este asunto, y aquí hablamos de OMC y hablamos de ADPIC, hablamos de OMPI, hablamos del Convenio de Budapest y hablamos de UPOV91.  Y nos quieren meter un pequeño enredo, pero que al final de cuentas esto es ni más ni menos que una imposición por el Tratado de Libre Comercio. 

 

            Y ya vamos a tener tiempo para ahondar en temas propios del Tratado de Libre Comercio, pero como este es un proyecto que estamos discutiendo y que es de la agenda de implementación, una vez más y con información contundente y clara, sobre el Tratado de Libre Comercio, nosotros lo hemos dicho más de una vez, qué es lo que estamos ganando.  Este es un Tratado, una sola vía, las carreteras hoy en día tienen una vía en un sentido y otra vía para el otro sentido, y este Tratado de Libre Comercio, que no es libre ni es de comercio, una vez más se demuestra con la iniciativa de la Cuenca del Caribe que ahí está la apertura que Costa Rica tiene ante Estados Unidos.  Y que hoy el noventa y tres por ciento de nuestras exportaciones ya entran libres a Estados Unidos. 

 

            Y estamos sustentando un proyecto como este, de obtenciones vegetales, en un Tratado de Libre Comercio, que solo estragos va a traer a este país, porque los beneficios que tenemos al acceso de mercados, esta muy claramente.  Dentro de este marco, donde no podríamos encontrar opciones para eliminar todos los desaciertos que implica este proyecto, se presenta esta interesante y propicia moción del diputado Merino. 

 

            Se propone incorporar  dentro de las excepciones, de alguna manera para mitigar los efectos.  Y aquí estamos considerando a todos, bueno, al final uno podría decir o alguien podría decir:  “El que tenga mucho dinero y que pueda paga el costo que va a tener la semilla en el futuro y que pueda pagar los agroquímicos, y pueda competir con costos, uno podría pensar, esos que tienen tantos recursos, a lo mejor podrían hacerlo”. 

 

            Pero ¿por qué nosotros no nos damos el espacio? ¿Qué es lo malo de que hagamos excepciones a poblaciones, a  sectores sociales que serán afectados?  Ni siquiera nos damos esa oportunidad de hacernos  ese cuestionamiento.  Y aquí tratamos de ver todo, solamente patentar una semilla.  Y los efectos sociales no los queremos ver.  Aquí estamos nada más que legislando. 

 

            La otra vez recuerdo que decía el diputado Saturnino Fonseca: “Es que los agricultores......”.  Claro, que siempre los han usado y siempre los van a seguir usando, pero aquí el beneficiario será solo uno, solo las transnacionales, esto es un oligopolio.  Y permítanos, por lo menos, hacer excepciones, a aquellos a quienes más los va a afectar, proyectos como estos. 

 

            Se propone incorporar dentro de las excepciones al derecho del obtentor, a aquellas gestiones realizadas con la variedad protegida, que se orienten, oigan señores, a la capacitación técnica, a los programas gubernamentales de combate a la pobreza rural.  A la fracción del Partido Acción Ciudadana le merece total apoyo esta iniciativa y considera que es imperativo incorporarla como parte del contenido de este proyecto. 

 

            Esta moción aborda aspectos sustantivos de educación técnica y combate a la pobreza rural.  Materias ampliamente vinculadas, traen a este proyecto la veta de sensibilidad y el  sello de Estado solidario, que debemos mantener, que Costa Rica está urgida de mantener, retomar y reforzar.  Pero cuando hablamos de una Costa Rica solidaria, como que a veces desconocemos nuestra realidad y de dónde somos producto nosotros.  Todos los derechos y todas las ventajas que hemos tenido como ciudadanos, vienen de un país, de un Estado solidario. 

 

            ¿Qué le estamos heredando a las futuras generaciones?  Otro modelo de país, otra situación que solo aspectos negativos le van a traer a este país. 

 

            Permitirá la aprobación de esta moción inyectarle a este proyecto la soberanía de Estado, de resguardar la posibilidad de definir e impulsar políticas de apoyo a la pobreza rural, con proyectos e ideas agroproductivas que requieran como insumo, semillas de variedades de calidad, reconocida, aunque cuenten con protección a la obtención vegetal. 

 

            Como tantas veces lo hemos señalado, una de las principales preocupaciones que nos mueve a oponernos a este proyecto, es que promueve monopolios y oligopolios, que acapararán el mercado de semilla local y regional.  Como hemos dicho, va a encarecer el insumo semilla, que reducirán el acceso de todos los sectores a materiales genéticos y promoverán la disminución de la barrera genética, como medio de confrontar en el país el riesgo de plagas y enfermedades en los cultivos. 

 

            Y algo que es trascendental, palpitante y amenazante, los efectos del cambio climático global.  Compañeros diputados y diputadas, hagamos la lectura de lo ultimo que está pasando en los últimos cuarenta años y lo que ya se nos anunció con el cambio climático.  ¿Y esto qué tiene que ver? Alguien dice: que va a aumentar la temperatura en tantos grados, punto uno, puntos dos grados, por diez años.  Bueno, esto tiene efectos en el comportamiento de los materiales genéticos. 

 

            El desarrollo de plagas y enfermedades tiene que ver con el asunto del clima, entonces, ¿dónde queda el mejoramiento genético?  La garantía de la diversidad genética promovida, desde este tipo de proyectos de ley, es no dudar una previsión, es  partir de medidas visionarias, de contar en las próximas décadas con posibilidad de variabilidad genética para abordar esos efectos incalculables en la fisiología de las plantas. 

 

            Señores, con este tipo de proyectos, lo que estamos haciendo es una concentración genética.  Aquí no habrá variabilidad genética y cuando tengamos que hacer mejoramiento genético, para todos estos aspectos que son importantes y que ya se nos anuncian, como es la variación climática, dónde vamos a tener esos materiales para llevar a cabo el mejoramiento genético.

 

Desdichadamente este proyecto no reúne condiciones ni características para ubicarlo en esa orientación previsora. Por el contrario, coloca al país, y a sus autoridades, amarrados a proteger jurídica, administrativa y territorialmente esas tendencias de concentración de poder monopólico y afectación a las políticas públicas versátiles que deben regir la dinámica del mundo actual.

 

La moción en discusión tiene la particularidad que rompe parte de ese inconveniente status quo, que le brinda el proyecto a esos elementos mencionados.

 

Asimismo, coadyuva a velar por el acceso a semilla, por el acceso a materiales genéticos del entorno sin restricciones, si forma parte de programas de apoyo a la pobreza rural.

 

Eso es abrir espacios  dentro del proyecto de ley, para fomentar medidas y planes de seguridad alimentaria para estos sectores.

 

Compañeros diputados y compañeras diputadas, realmente meditemos en esta moción, que aquí, en este tipo de proyectos de ley, como lo dije anteriormente, requiere excepciones y esas excepciones van en función de los que menos tienen y en apoyo a la pobreza rural, que hay veces creemos que con solamente asignarle recursos es que vamos a combatir la pobreza rural.

 

Démosles instrumentos a los que menos tienen, para que puedan defenderse de esta avalancha que nos tienen anunciada.

 

Gracias, señor Presidente, gracias diputados y diputadas.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado. 

 

            No tenemos más solicitudes.

 

            Tiene la palabra el Diputado Luis Carlos Araya.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Las excepciones al derecho del obtentor, contenidas en el artículo 21 ya son suficientemente amplias y comprensivas, además el artículo 28 de proyecto ya prevé la posibilidad de otorgar licencias obligatorias por razones de interés público, dentro del cual se enmarcaría el combate a la pobreza.  

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado.

 

            No tenemos más solicitudes de uso de la palabra, por lo tanto damos por discutida la moción de fondo N 34 y procedemos a recibir la votación.

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción de fondo N 34, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Ocho diputados presentes.  Tres diputados a favor.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción de fondo N 35.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº6-58, del diputado Salazar Rojas y otros diputados:

 

“Para que se modifique el artículo 21 del Proyecto de Ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración), y se le adicione un inciso d), y que en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 21-  Excepciones al derecho de obtentor

 

(...)

 

a)

b)

c)

 

d)  acumulación y reproducción de variedades protegidas en “bancos públicos de genes”, orientados a preservar la diversidad genética”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el Diputado Joaquín Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Señor presidente, haré uso de la palabra como proponente de esta moción de fondo.

 

La Fracción del Partido Acción Ciudadana somete a la consideración de los seores diputados esta modificación del artículo del proyecto de ley, proponiendo se agregue un inciso adicional, que a nuestro criterio, es de trascendental importancia, en el marco de orientar medidas, de esta posible nueva ley, que eviten que se limite potestades públicas de gestión a favor de impulsar y ejecutar planes y programas destinados al interés público.  En esta misma línea va esta propuesta.

 

El artículo 21 de este proyecto de ley, no me canso en mencionar, que está dentro de los artículos que más concentración y esfuerzos de estudio debe merecer de parte de los señores diputados.  No dejar previsto lo necesario en este artículo representará la auto mutilación del sistema.

 

Uno de los centros de controversia que más anima a los que nos oponemos a este proyecto, es precisamente este tema de las excepciones a los derechos del obtentor.  Una vez más apuntamos a excepciones de los derechos del obtentor.

 

Consideramos que los formuladores se limitaron a consagrar en el proyecto prácticamente lo que dispone el Convenio UPOV, en el artículo 15 y vuelvo a mencionar que lo que nos dice ADPIC en el artículo 27.3b, no es hacer una ley que venga del Convenio UPOV, es una ley propia, una ley con sello país y que hoy nosotros tenemos la gran oportunidad de hacerlo.  Pero nos aferramos únicamente a una disposición del Tratado de Libre Comercio, que es lo que establece el Convenio UPOV, en su artículo 15, lo que según nuestro criterio, para la causa costarricense debe ser inaceptable. 

 

Por eso hemos dicho aquí hasta la saciedad que nosotros tenemos los instrumentos y tenemos las leyes para poder hacer lo que nos dice el Convenio ADPIC.

 

Ya en la moción anterior, sobre este mismo artículo, el diputado Merino proponía insertar el tema de salvaguardar potestades en programas orientados a  la pobreza rural.

 

En esta ocasión, nuestra Fracción propone adicionar un inciso d), a este artículo 21, con el fin de que una excepción al derecho del obtentor sea: “la acumulación y reproducción de variedades protegidas en “bancos públicos de genes”, orientados a preservar la diversidad genética”

 

Señores, valoremos esta propuesta, esta moción ¿o es que queremos entregarle toda la diversidad de este país a las transnacionales?  Conservemos los genes de interés público para beneficio de la biodiversidad y de nosotros los habitantes de este país.

 

Es una necesidad nacional que esto quede explícito, tal y como lo reza la moción.

 

Las razones tienen que ver con diversas previsiones que debemos de dejar contempladas, si finalmente el proyecto termina aprobándose, lo que particularmente creo que no sucederá.

 

En primera instancia, el interés público de la seguridad alimentaria del país o lo mejor aquí en 10 años, no, creo que en menos tiempo, podríamos contar las historias de lo que están pasando los propios mexicanos.  Además tiene  otros pilares, la necesidad de contar con material genético de base debidamente protegido, resguardado, conservado y con condiciones y posibilidades de reproducción sin que existan restricciones ni limitaciones.

 

Bancos de genes públicos se refiere a bancos de germoplasma en manos de cualquier entidad pública, incluyendo los centros de investigación de las instituciones de educación superior públicas.

 

Estos bancos se establecen en diversas modalidades, ya sea una colección física de semillas almacenadas en instalaciones para el efecto, en laboratorios especializados, directamente en el campo en estaciones experimentales o centros demostrativos.

 

El tema está en prevenir y dejar abierto en el proyecto de ley la procedencia de una tarea postergada, donde las políticas públicas del país han tratado con indeferencia pasmosa, como lo es la necesidad de que Costa Rica edifique y ejecute un verdadero Banco de Germoplasma.

 

            Ya en su momento y para no repetir, les mencioné solamente un caso, pero podríamos mencionar muchos más, de la piratería que ha existido en este país de materiales propios, materiales criollos, que hoy ni siquiera los tenemos aquí y están en centros internacionales y que ya no son propiedad nuestra.

 

Esa deficiencia ha atentado y tiene consecuencias incalculables en la biopiratería de la que hemos sido objeto.  Esto ha provocado la pérdida sistemática de materiales genéticos criollos.

 

Cuando hablamos de mejoramiento genético, compañeros diputados y compañeras diputadas, la base viene en los materiales ancestrales, en los materiales genéticos criollos, esa es la base del mejoramiento genético que se pueda hacer. 

 

El que no considere un mejoramiento genético con estos materiales criollos, yo podría decir que hoy día no se podría hacer mejoramiento genético; porque esas características importantes que se buscan siempre para el mejoramiento, para aumentar la productividad, para sacar variedades resistentes o tolerantes a condiciones climáticas y podríamos decir, para resumirlo en dos palabras, a factores bióticos o abióticos, solamente los tenemos en los materiales criollos.

 

Su ausencia ha promovido la pérdida de variedades certificadas y de calidad superior, que estando en el mercado y por erosión genética, el país se limita de aprovechar sus características originales para mejoramiento posterior.

 

Y además, el país no ha contado con un instrumento que vaya tipificando y registrando nuestra biodiversidad vegetal, relacionada con el interés de la producción agropecuaria, de modo que se traduzca en una verdadera defensa hacia la biopiratería, hacia la defensa comercial y hacia la posibilidad de garantizarle a las próximas generaciones un patrimonio agropecuario, como punto de arranque para posibilidades productivas sostenibles y usos diversificados.

 

¿Y qué es bioperatería o bioprospección?  En el documento de la organización ecologista COOECO CEIBA, Amigos de la Tierra. ¿Será verdad lo que nos dicen? ¿Conceptos en Biodiversidad: cómo son manejados y cómo entenderlos?  Se define así:

 

“...es la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de productos provenientes de la biodiversidad. La biopiratería aparece cuando se da además de la comercialización, la apropiación y privatización de la esta por cualquier medio. En general se da a través del uso de patentes o derechos de obtentor, pero no es la única forma. También se da cuando se utiliza cualquier cultivo tradicional o propio de una región o comunidad, para su comercialización por parte de cualquier empresa, piratería cultural e intelectual. También se habla de piratería económica.

 

La biopiratería es una actividad comercial que busca la ganancia económica a partir del uso y apropiación o privatización de la biodiversidad, favoreciendo su mercantilización.”

 

Compañeros diputados y compañeras diputadas, este proyecto de ley ni más ni menos que lo que busca es lo que dimensioné anteriormente y que es una definición de lo que es el concepto “biopiratería”.

 

En las circunstancias actuales del mundo, la capacidad tecnológica de los países desarrollados de   explorar vía satélite, casi al nivel de centímetro a centímetro todo nuestro territorio, la ubicación e identificación de la biodiversidad y el agua pasan a ser asuntos estratégicos, desde el punto de vista reserva mundial.

 

            Estamos hablando, señores diputados y diputadas, de una realidad.  Estos elementos serán el petróleo verde y el petróleo transparente de las próximas décadas y centurias.

 

            Mientras tanto, nosotros como país, desconcentrados de estos asuntos de fondo que sí son agenda nacional visionaria hacia el desarrollo, pero más aún de permanencia como país no postrado ni dependiente en lo fundamental de lo que vendría de afuera, en estos temas tan sensibles.

 

            Es ingenuo pensar que a los países desarrollados los mueve un interés filantrópico en el tratamiento de nuestros países.  Ellos, además de velar por el posicionamiento exitoso de sus empresas en el mundo, entienden claramente que son dependientes, en mucho de los países de la faja tropical del mundo, para acceder a elementos estratégicos de supervivencia y de negocios, tal y como mencioné: la biodiversidad y el agua, solo por citar dos factores de vida.

 

            Señores, vean la magnitud del tema que estamos hablando que va más allá de una ley de obtenciones vegetales.  Es la biodiversidad.

 

            Encuentran un espacio propicio y de vanguardia a sus intereses, cuando nuestros países no presentan el mínimo control, regulación, registro ni mecanismos autóctonos de defender sus recursos.

 

            Si bien se cuenta con la seguridad internacional que implican los convenios y los tratados internacionales en materia biológica y recursos fitogenéticos, lo cierto es que nuestra vulnerabilidad y ausencia en un centro específico público de conservación de materiales genéticos, de importancia para la agricultura, con tareas y competencia puntual de exploración, recolección, identificación, conservación y mantenimiento es una tarea pendiente, impostergable como política de Estado.

 

            Pero como lo hemos dicho aquí, ¡qué raro!  Estos países nos imponen cosas que ellos nos recomiendan y sugieren, pero no lo hacen.  Como decíamos, con el Tratado de Biodiversidad hay que preguntarle a Estados Unidos qué pasó.

 

            Igual hoy que hablamos del problema climático, que es una situación a nivel mundial y que es el país que más contamina, el país que por la parte industrial es el que más genera bióxido de carbono, no se atreve a firmar el Convenio de Kyoto.  ¡Ah!  Pero nosotros, los otros países, sí tenemos que hacerle caso y qué bien un Convenio como el de Kyoto para proteger y hacer políticas para mitigar los efectos climáticos, que es una realidad.  Pero, ellos nos imponen eso y ellos no lo hacen.

 

            La situación local, regional y mundial así lo exige.  Incluso, un proyecto de este tipo debe anteceder la aprobación de un proyecto como este de obtenciones vegetales.  Este es un caso típico de que volcamos la pirámide y empezamos por donde no corresponde.

 

            Señores diputados y diputadas, un banco público de germoplasma representa una necesidad imperiosa.  Tiene efecto positivo sobre los procesos de investigación e innovación agropecuaria sobre los procesos de soberanía y seguridad alimentaria; sobre los procesos de formación y capacitación, frena la pérdida de materiales derivados del conocimiento ancestral y el conocimiento local campesino, promueve y favorece la industria de semillas y, finalmente, sienta las bases para que el país defienda a ultranza los materiales que la providencia le brindó.

 

            Estos materiales de la providencia son de la naturaleza; no son del ser humano.

 

            Compañeros diputados y diputadas, meditemos realmente qué es lo que queremos legislar hoy y más que eso, cuáles son los efectos a mediano y largo plazo.

 

            Por estas razones, señores diputados, les pido el voto a favor para esta moción. 

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

           

            Gracias, señor Diputado.

 

            Continúa la Diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Para hablar a favor.

 

            Esta moción pretende incorporar una excepción al derecho del obtentor, regulado en el artículo 21 de la Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, mediante la incorporación de un incido d) donde se excluya la “acumulación y reproducción de variedades protegidas en bancos públicos de genes, orientados a preservar la diversidad genética”.

 

            Para comprender mejor la necesidad de aprobar esta moción, quiero hacer referencia a algunos elementos fundamentales que hacen ver la importancia de proteger los bancos públicos de genes, siempre que estos se orienten a preservar la diversidad genética.

 

            El tema del Día Mundial de la Alimentación promovido por la FAO para el año anterior fue “La biodiversidad al servicio de la seguridad alimentaria”.  Con ello, se destaca la importancia vital de la biodiversidad para asegurar a todas las personas el acceso sostenible a alimentos diversificados que les permitan llevar una vida activa y saludable.

 

            La FAO estima que en los últimos 100 años se han perdido unas tres cuartas partes de la diversidad genética agrícola y de seis mil trescientas especies de animales, mil trescientos cincuenta corren peligro de extinción o ya han desaparecido, con lo cual, resulta evidente que la biodiversidad mundial está en peligro y ello podría comprometer seriamente la seguridad alimentaria mundial y Costa Rica no tiene por qué considerarse una excepción.

 

            En consecuencia, la oferta de alimentos se vuelve más vulnerable, se reducen las oportunidades para el crecimiento y la innovación en la agricultura y disminuye la capacidad de esta para adaptarse a cambios medioambientales o a la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

 

            Sobre este tema manifestó el Dr. Jacques Diouf, Director General de la FAO:

 

“Son de gran importancia los esfuerzos mundiales de conservación a través de los bancos de genes de plantas y animales, jardines botánicos y zonas protegidas”.

 

            Aunque Costa Rica ha realizado y realiza enormes esfuerzos para la conservación y uso sostenible de su biodiversidad, se requieren mayores niveles de protección, considerando también que se requiere actuar como región y como planeta para que estas acciones tengan un mayor impacto, pero el esfuerzo de país es fundamental para este objetivo común.

 

            América Central es reconocida como una región de importancia global para la conservación de la biodiversidad, ya que cumple una función vital de corredor, y a la vez barrera, entre dos masas continentales y dos océanos.  Ella contiene aproximadamente el 7% de la riqueza biológica mundial en apenas el 0,4% del territorio emergido del planeta, posee el 8% de la superficie de manglares, la segunda barrera de arrecifes con mil seiscientos kilómetros de extensión y el 38% de su territorio cubierto de bosques.

 

Sin embargo, la deforestación es de aproximadamente 40 hectáreas por hora (392.000 hectáreas al año en promedio).  Solo 1998 los incendios acabaron con el mismo número de hectáreas que se deforestan en cuatro años.

 

            México, considerado un país megadiverso y cuyos estados del sur forman parte de Mesoamérica, ha tenido una de las tasas de deforestación más altas del planeta, estimada entre 300 mil y un millón de hectáreas anuales, y ha perdido más del 95% de sus bosques tropicales húmedos.

 

            Por esta y otras razones, económicas y sociales, los gobiernos centroamericanos han asumido el reto de desarrollar el Corredor Biológico Mesoamericano, el cual incluye a los siete países del istmo y a los estados del sur de México.  Esta iniciativa es una de las primeras experiencias mundiales en las cuales los países de la región se unen en diferentes instancias, asociaciones y organizaciones del sector gubernamental y privado, para promover el desarrollo conjunto a favor de la conservación y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

 

            El Corredor Biológico Mesoamericano tiene como objetivo conservar núcleos de grandes áreas protegidas, que se conectan entre sí por medio de zonas angostas de hábitats relativamente bien conservados o restaurados, llamadas biocorredores.  Esta iniciativa, combina criterios ecológicos, sociales y económicos para el diseño de biocorredores. 

 

            Los beneficios del Corredor Biológico Mesoamericano tiene dos escalas:  globales y regionales-locales. 

 

Globalmente, fortalece las labores de conservación de ecosistemas vulnerables y especies en peligro de extinción, desarrollando instrumentos y  métodos para el manejo de especies y la planificación del uso de la tierra, así como almacenamiento de carbono por medio de la reforestación.

 

            La región mesoamericana está dentro de las 15 zonas de amenaza crítica en el mundo, debido a la amenaza sobre la riqueza biológica por el deterioro de los ecosistemas, especialmente las selvas bajas y de altura.  Asimismo, se incluye dentro de los 25 puntos calientes de la biodiversidad (hot spots), que son lugares clave en el planeta donde se deben proteger especies amenazadas.  Los criterios utilizados para definir estos puntos son:  poseer al menos 0,5% de las 300.000 especies de plantas conocidas y haber perdido más del 70% de sus bosques primarios.

 

            Los beneficios locales-regionales de los corredores biológicos son la generación de ingresos y empleo, el manejo sostenible de los recursos forestales, la reducción de la vulnerabilidad ante desastres naturales, el potencial para el desarrollo del ecoturismo, el manejo de la información y divulgación para diferentes usuarios y el desarrollo institucional de las áreas de conservación.  En estas condiciones, resulta fundamental la conservación ex situ, la cual se define como la conservación de componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.

 

            Los centros de conservación ex situ contienen reservorios genéticos de gran importancia, ya sea en forma de bancos de genes o germoplasma y aquí nos referimos por ejemplo a bancos de semillas, bancos de espermas y óvulos, en colecciones in vitro de tejidos de plantas y cultivos microbianos, o con especimenes vivos de diferentes especies, silvestres y domesticadas, tanto de plantas como animales y microorganismo como los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, centros de rescate.

 

            Una de las principales funciones de los centros de conservación ex situ es apoyar la conservación in situ, al generar investigación para la reintroducción y regeneración, en el caso de plantas y conocimiento sobre las especies en general, así como promover una mayor conciencia del valor de la biodiversidad mediante la educación. 

 

            En Costa Rica, muchos de los centros ex situ de especies silvestres están en manos del sector privado, pero con un importante nivel de participación, de apoyo y de coordinación por parte de órganos del gobierno central e instituciones del sector público, principalmente del MINAE, con gran participación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.  Adicionalmente, algunas instituciones estatales cuentan con centros ex situ de especies, como es el caso de la UCR, el CATIE y el MAG, entre otros, que poseen importantes bancos de germoplasma de especies silvestres y domesticadas de interés agrícola.

 

            Dada la importancia del tema, ya la Ley de Biodiversidad N.º7788, del 30 abril de 1998 en su artículo 57, determina las especies prioritarias que deben ser protegidas y conservadas en centros ex situ, por tanto, resulta una necesidad imperiosa la exclusión de dichos centros de los derechos de obtentor.

 

            Sobre estos centros ex situ se debe mencionar que un porcentaje muy bajo realiza investigaciones con fines de reintroducción, su principal actividad en la mayoría se mantiene económicamente con las visitas de estudiantes y públicos en general.  Por tanto, dada la importancia de los mismos, también es importante que el Estado costarricense lo apoye técnica y financieramente, de tal manera que la preservación de la diversidad biológica de lo nuestro sea realmente efectiva y evitemos la extinción de especies, conforme con lo que establece la Ley de Biodiversidad. 

 

            Tal y como he mencionado anteriormente, resulta necesario que además del apoyo y promoción que requieren estos centros de acumulación reproducción de variedades protegidas, deban ser incluidos como una excepción al derecho de obtentor, dentro del proyecto de Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales, tal y como lo proponen la moción en discusión.

 

            Por esas razones, solicito a lo señores diputados y señoras diputadas de esta Comisión, dar su voto afirmativo a esta moción tan importante para lograr la protección y preservación efectiva de la diversidad genética con que ha sido bendecido nuestra Costa Rica.  Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.  Continúa en el diputado Marvin Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias.  Nuevamente con un objetivo muy claro de tratar de hacer conciencia en ustedes, señoras y señores Diputados, de la inconveniencia de que este proyecto sea aprobado, pero de no ser así quisiéramos introducirle algunas modificaciones con el único objetivo de hacerlo más llevadero para nuestro sector campesino, que de por sí ya está bien golpeado.

 

            Resulta que una empresa semillerista transnacional, toma una planta de la naturaleza por diferentes métodos le agrega un gen con alguna característica especial y ya la puede patentar o inscribir como una obtención vegetal.  ¿Saben ustedes cuántos genes tienen una planta de maíz?  ¿Saben ustedes cuántos genes tiene una planta de soya?  ¿Saben ustedes cuántos genes una planta de arroz o una planta de papaya?

 

            Estoy seguro de que saben que son miles de genes los que una planta.  Estoy seguro que saben que el ácido disoxiribonucleico conocido como ADN, está en los cromosomas y cada planta tiene unas decenas de cromosomas, que en esos cromosomas están los genes.  Solo para ilustrar esta intervención, se estima que una semilla de soya, porta alrededor de 50 mil genes y varios productores han ido a parar la cárcel o han tenido que perder su patrimonio por tener en sus campos plantas de soya, contaminadas con un gen que ha introducido alguna compañía.

 

            Sí señoras y señores Diputados, una empresa cambia un gen en una planta de la naturaleza, que puede tener 50 mil genes y de ahí en adelante, se apodera y se adueña de esa planta, hasta que puede llegar a patentar.  Por qué si en este proyecto estamos hablando de obtenciones vegetales, en el TLC al que se le va a aplicar la vía rápida –al que este Parlamente pretende aplicarle una vía rápida-, este país se compromete a realizar todos los esfuerzos para otorgar protección mediante patentes a las plantas.

 

            También estoy seguro que saben esto, que este país se compromete en el TLC a realizar todos los esfuerzos razonables para otorgar protección mediantes patentes a las plantas.  Por si alguno no lo ha leído, lo cual me parece improbable –por si alguno no lo cree-, puede revisar el artículo 15.9 en el folio 313.  De ahí mi opinión favorable a la presente moción y espero que sea favorable la opinión de ustedes para aprobarla.

 

            Es muy importante que el material genético protegido por una obtención, puede ser acumulado en bancos públicos de genes para preservar la diversidad genética. 

 

            Como bien saben, la zona mesoamericana es el centro de origen de la gran variedad de plantas de importancia mundial en nuestra alimentación.  El centro de origen es un área geográfica, donde una especie de plantas desarrolló sus primero sus prioridades distintivas en los campos agrícolas o en el silvestre.

 

            La diversidad entre cultivos y al interior de estos, entre los cultivos y sus parientes silvestres, es un tesoro que se desarrollo y se creó a lo largo de miles de generaciones de familias agricultoras, proporcionando los cimientos de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

 

África es el centro de origen del café y de un rango de cereales como el sorgo, el mijo perla, el mijo dactilar y el arroz africano.  Es también el centro secundario de la diversidad de algunos cultivos templados como el centeno y el trigo.

 

La actual y futura seguridad alimentaria depende de la protección de la diversidad biológica en estas áreas, de las familias agricultoras que la sustenta. Por ejemplo, el centeno norteamericano fue diezmado en los cincuentas en Canadá y en Estados Unidos, después de la aparición del virus del duende amarillo. Si se salvaron estos cultivos fue gracias a los resistentes genes encontrados en una variedad de centeno etíope.

 

Como todos sabemos Mesoamérica, es el centro de origen del maíz, el zapallo, el chile, el frijol, la vainilla, el cacao, entre una gran gama de variedades y especies.

 

La diversidad genética de una especie se busca en su centro de origen y cada planta tiene su importancia por poseer genes que en un determinado momento serán importantes para el mejoramiento genético.

 

Por ello resulta tan paradójico el planteamiento o protección de una planta que ha crecido y se ha adaptado, diversificando por miles de años y que los productores y los habitantes la han cuidado y seleccionado durante miles de años.

 

Por ejemplo, el cultivo de maíz se ha expandido a lo largo de América, especialmente en el centro y en el Sur, a tal punto que se han desarrollado variedades propias y autóctonas en que cada país,  en el tiempo y en el espacio. Hechos que nos podría llevar a concluir que el maíz es una especie nativa de nuestros países.

 

La planta de maíz se deriva del teocintle, científicamente conocido (Zea de mays spp mexicana) que crece de manera silvestre en Mesoamérica. Existen estudios en México en los que estas pequeñas mazorcas, encontradas en las  cuevas de la región árida del Tehuatacán, fueron fechadas por el análisis de carbono radiactivo alrededor de cinco mil años Antes de Cristo.

 

El cultivo de maíz actualmente está difundido por todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos. Este es uno de los cultivos más comerciales dada la diversidad de usos que presenta, como es el consumo humano doméstico para la alimentación humana y animal, como materia prima de bajo costo para la fabricación de más de tres  mil quinientos productos y para las aplicaciones.

 

Dadas las múltiples aplicaciones que ha tenido el maíz y por ende, el éxito económico como producto industrial, se ha convertido en el segundo cultivo más apetecido por las multinacionales productoras de transgénicos para ser modificado, patentado y comercializado.

 

Es así como para el año 2003, el maíz se constituyó en el segundo cultivo transgénico más importante en términos de área cultivada.  De los 140 millones de hectáreas sembradas con maíz, 15.5 millones correspondieron a maíz transgénico, correspondientes al 23% del área global sembrada con cultivos transgénico.

 

México históricamente fue un país autosuficiente e incluso exportador de maíz. Pero luego de la suscripción del TLCAN de Norteamérica, fue perdiendo su producción nacional paulatinamente, la cual fue reemplazada por la importación de maíz proveniente de su socio Estados Unidos.

 

Para el 2003, la producción nacional fue de 20,3 millones de toneladas y se importó 8,4 millones de toneladas.  Se estima que aproximadamente el 30% del maíz importado de Estados Unidos es transgénico y viene mezclado con el maíz convencional.

 

Esta fuerte expansión del cultivo de maíz transgénico es un factor de gran preocupación en el mundo, debido a los posibles efectos que se pueden presentar en diferentes ámbitos.  Especialmente, el fenómeno conocido como flujo de polen ha sido considerado como la mayor causa de contaminación genética de especies silvestres y cultivadas en varios países.

 

Pero la situación en México es dramática.  En el año 2001, David Quist e Ignacio Chapela de la Universidad de Berkekey, California, publicaron en la Revista Nature de septiembre de 2001, sus resultados sobre la contaminación de variedades criollas con maíz transgénico, en México.

 

El Instituto de Políticas sobre Alimentos y Desarrollo emitió una declaración conjunta pidiendo numerosas medidas a las organizaciones internacionales.  Igualmente numerosas organizaciones sociales de México y grupos internacionales ambientalistas solicitaron que se prohibieran las exportaciones de maíz transgénico a México.

 

Carmelo Ruiz en el 2004, Director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, plantea que el flujo genético de maíz es contaminante y degrada uno de los mayores tesoros de México.  Este maíz MG no ha transferido solamente genes de maíz, sino fragmentos de genes provenientes de virus y bacterias.  Por esta razón se considera contaminación, pues difiere radicalmente de la dispersión y flujo genético entre plantaciones nativas y variedades híbridas convencionales.

 

El maíz representa más de diez mil años de cultura y es la herencia de los pueblos indios y campesinos de México.  Los pueblos indios vinculan de inmediato la defensa del maíz con la pertinencia de mantener sus saberes tradicionales y para ellos, defender el maíz es defender sus recursos naturales, la biodiversidad, su negativa a la bioprospección y patentes y, relacionan todo, al ejercicio de la medicina tradicional.

 

La contaminación del maíz tradicional en México es una fuerte agresión a la cultura y a la autonomía de las comunidades indígenas y agrícolas allí presentes, debido a que ellos no conciben el maíz únicamente como fuente de alimento.  El maíz es parte vital de la herencia cultural de estos pueblos, denunció el líder indígena Aldo González:

 

“Para nosotros las semillas nativas son un elemento muy importante de nuestra cultura.  Podrán haber desaparecido las pirámides, las podrán haber destruido, pero un puño de semilla de maíz es la herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos y hoy nos están negando esa posibilidad”.  Palabras del indígena Aldo González.

 

            Uno de los aspectos más críticos de la contaminación genética de los centros de origen de los cultivos que sustentan la agricultura del mundo es que, además de poner en riesgo a estos, se pone en peligro a los numeroso centros de diversificación de estos cultivos que existen en gran parte de América Latina, Asia y África.

 

            Adicionalmente, se generaría la erosión cultural de los sistemas productivos, sobre los cuales se basa la soberanía alimentaria de millones de agricultores, que dependen de estos recursos genéticos y de la agricultura tradicional.

 

            Nuestra riqueza está en la biodiversidad, no está en el petróleo ni en los minerales.  Con políticas equivocadas a través de los años hemos ido destruyendo nuestra riqueza.

 

            Por lo tanto, señoras y señores diputados, compañeras y compañeros diputados, no permitamos, que empresas foráneas con intereses foráneos sigan destruyendo y menoscabando nuestra principal riqueza, la principal riqueza de estos países del trópico es la biodiversidad.

 

            Por esa razón les pido, muy respectuosamente, compañeros diputados y compañeras diputadas, que votemos afirmativamente esta moción. 

 

            Muchas gracias, señor Presidente. 

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado.

 

            Tiene la palabra la Diputada Gladys González Barrantes.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ BARRANTES:

 

            Estimada diputada, estimados compañeros diputados.

 

            Esta moción la votaré en forma negativa, porque creo que no es necesario añadir este inciso d), pues los supuestos ahí señalados ya estarían cubiertos por el inciso b), que se refiere a fines experimentales y de investigación científica, sin especificar qué tipo de investigación o fines experimentales deben ser, si no que lo deja abierto.

 

EL PRESIDENTE:

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra.

 

            Hemos recibido la posición del proponente, dos a favor, uno en contra. 

 

            Como no tenemos más solicitudes de la palabra, damos por agotada la discusión de la moción de fondo N35 y procedemos a recibir la votación.

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Ocho diputados presentes.  Tres diputados a favor.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción de fondo N 36.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N7-58 del diputado Salazar Rojas:

 

“Para que se modifique el artículo 22 del Proyecto de Ley en discusión, y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 22.-  Otras excepciones al derecho del obtentor

 

a)  Los pequeños y medianos agricultores podrán utilizar como semilla en su propia explotación, el producto de la siembra de una variedad protegida, obtenida en su propia explotación, adquirida inicialmente de manera lícita, lo cual no lesiona el derecho del obtentor.  La producción que se obtenga de esta explotación podrá ser vendida por el agricultor sin restricción, siempre que no sea para comercializarla como semilla.

 

b)  Los centros de investigación de las instituciones públicas interesadas en utilizar este recurso fitogenético podrán hacer uso del mismo como material disponible y exclusivamente para sus fines de investigación y docencia, bajo los criterios técnicos y límites que determinará la Oficina Nacional de Semillas y que contendrá el reglamento de esta ley.

 

Los parámetros que definan la condición de pequeño y mediano agricultor, así como el ejercicio de esta excepción dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor se establecerán reglamentariamente”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el Diputado José Joaquín Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Haré uso de la palabra como proponente de esta moción.

 

            Esta moción nos parece relevante incorporar dentro de este proyecto de ley y se orienta en la insistencia en que hemos venido insistiendo sobre velar por el interés colectivo, ante derechos exclusivos de un obtentor.

 

            Esto va en esa dirección de velar siempre por el interés colectivo, porque aquí este proyecto pretende darle los derechos exclusivos a una persona, como si esto fuera patentes industriales y no vemos más allá de un asunto, de una relación con la naturaleza.  Aquí, de alguna manera, como lo hemos demostrado, de aprobarse este proyecto de ley, sería igual patentar una semilla, que ya sabemos de dónde proviene o patentar inversiones industriales.

 

            En este caso el tema fundamental es la investigación y la docencia, elementos sustantivos que afectan decididamente el desarrollo de los pueblos y del ser humano. 

 

Una vez más aquí insistimos que el centro de todo lo que nosotros hagamos en la vida, siempre debe y todo debe estar alrededor del ser humano.

 

Acciones estratégicas en que el Estado como ente interventor nunca debe renunciar y menos reducir su influencia directa en la ejecución y en la regulación.

 

Traído a menos en los últimos 20 años, los procesos de investigación pública agropecuaria en Costa Rica han sufrido un deterioro pronunciado, sostenido y a todas luces es claro que ello ha sido provocado.  La indiferencia y el abandono de políticas en esta materia resultó en un desmantelamiento del aparato público de investigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que gozó de gran crédito e importantes resultados en los años setenta hasta finales del ochenta y esto es fácilmente demostrable, con la generación de investigación que hay.

 

El país se vio beneficiado con gran avance en resultados de investigación aplicada y adaptativa, en actividades como arroz, frijol, maíz, papa, café, caña de azúcar, ganadería de leche, carne, cacao y muchos rubros, que en algún momento un caso específico, como el caso del café, donde nosotros podemos decir que hemos generado y podemos competir con la investigación que ha generado este país y que tiene una de las mejores tecnologías, para la producción de café.

 

Obtenciones de tecnologías a aplicar en permanente renovación y alimentando los procesos de transferencia tecnológica y extensión agrícola, era una dinámica eficiente y eficaz de servicio público.

 

No se hicieron esperar los incrementos en rendimiento, la expansión de los cultivos y la ampliación de nuestra frontera agrícola, dinamizando socioeconómicamente las zonas rurales de este país.

 

Se demostró que el Estado con su intervención en esta área estratégica era imprescindible, cuadros técnicos y especializados en constante renovación de criterios y sucesiones generacionales de especialistas, que inducían y formaban los técnicos con su experiencia y conocimiento.

 

Todo sustentado en sólidos recursos y financiamiento seguro, demostrándose que en el tanto se le brindó prioridad el sistema funcionó.

 

Las políticas impulsadas desde los famosos PAE, desde el primer mandato del actual señor Presidente de la República, don Óscar Arias y todos los gobiernos que le han sucedido a la fecha, con la visión neoliberal y de minimizar la incidencia del Estado, causaron la práctica y lamentable desaparición del sistema público de investigación agropecuaria, con las incalculables consecuencias que esto ha acarreado al sector.

 

Hoy, ante ese acelerado deterioro y ante la oscura expectativa que la mayoría de productos iniciarán una carrera galopante de incremento de precios en el mundo, como ya lo hemos visto en el mundo, como es el caso del arroz, el maíz, los frijoles, los aceites y otros productos básicos, nos enfrentamos a la disyuntiva de ese error histórico del desmantelamiento y la necesidad de reedificar lo destruido, saldrá más caro en gasto y en tiempo.

 

En esto quiero reconocer la escucha y la preocupación manifestada por el señor Ministro don Alfredo Volio, en conversaciones que he mantenido al respecto, que aquí lo discutimos y que pasó muy desapercibido, en la discusión tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios, como también en el Plenario, en la necesidad de tomar las mejores decisiones, respecto al INTA, reforzarlo y asegurarle el financiamiento.

 

Hablamos de fortalecer la investigación ¾como dije anteriormente¾ que venía de capa caída y que hace cuatro años hubo por lo menos un intento, de mantener por lo menos lo necesario de la investigación pública en este Instituto.

 

Uno diría:  bueno, tenemos un Instituto creado por una ley.  Pero el Instituto, como cualquier institución requiere recursos financieros y la investigación requiere de muchos recursos financieros.  Porque un investigador, no todo el proceso que inicia para llevar a cabo una investigación, siempre se obtienen resultados, pero no siempre los resultados son lo que uno espera, que sean positivos.  La investigación también nos dice, muchas veces, qué no hay que hacer.

 

            Pero, dejamos un INTA sin recursos financieros, le enseñamos un confite, así de largo, porque la ley establece que se les debe dar quinientos millones de colones por año durante cuatro años. Y, señores diputados y diputadas, esos cuatro años ya pasaron y tenemos una deuda con el INTA.  Entonces ¿Con qué es que vamos a investigar?

 

            Además de refrescar los cuadros técnicos, encontrarle a este INTA directores y cuadros líderes que apunten con sagacidad y sabiduría la materia, para enrumbarlo con políticas agresivas de modo que su gestión, además de estratégica sea precautoria de toda esta realidad que nos arrollará.

 

            Hemos apelado al señor Ministro en el sentido de que un tema tan especializado, no se acuda a nombramientos políticos o de compadrazgo, que el INTA y todos los órganos del sector agropecuario sean ocupado por atestados, por experiencia, y por hoja de vida.

 

            Es tan importante este tema que la mejor señal de que el Gobierno procurará reforzar la generación de tecnología, y la asistencia técnica para fomentar la competitividad económica y social del agro del país, que las cabezas directoras de las entidades competentes en esta materia, sean lideradas por personas distinguidas, y que generen toda la confianza de que realmente va a haber una ruta de cambio y mejora.

 

            Pero, en temas tan importantes, como son los nombramientos, y cuando es una realidad que el país tiene una ventaja competitiva y que todos nos enorgullecemos de la educación, la verdad es que uno siente tristeza cuando es revelador, por ejemplo, lo que salió en el periódico el viernes y el sábado, de cómo se hacen los nombramientos; y queremos tener una educación mejor.

 

            También en un asunto como este, de la investigación, deben estar los mejores hombres y mujeres en un asunto tan serio.  La investigación y transferencia de tecnología es un pilar indiscutible para el desarrollo y para garantizar al país seguridad alimentaria; fue abandonada por muchos años con ceguera total, el país debe devolver el péndulo.

 

            La rectoría del sector agropecuario tiene que volver a ser líder y vincular estrechamente a las universidades en este proceso, al fin y al cabo, estas se financian con fondos públicos.

 

            Hay que empezar por darle algún presupuesto extraordinario al INTA, como dije anteriormente, los recursos que por ley le corresponde, no se le han dado.  Un presupuesto extraordinario contra un plan estratégico que responda a las políticas de prioridad agropecuaria.

 

            Por ser un ente técnico especializado, reitero, no cabe que rijan los nombramientos políticos en sus cuadros directores y técnicos. Hay que devolverse el pedestal y éxito que con los agricultores tuvo esa instancia.

 

            Esto, además de necesario, es urgente e imperativo, el país lo reclama. Confiamos en que don Alfredo Volio, ponga manos diligentes en el asunto, todo lo que desde aquí le podamos ayudar tendrá nuestra disposición.

 

            Me parece, señores diputados y diputadas, que antes de estar debatiendo proyectos que disocian a esta Comisión, deberíamos estar en temas como este, de trascendencia real para la agricultura, para todos los agricultores, para los investigadores, y no solo para los fitomejoradores. En eso deberíamos estar concentrados, ayudando y apalancando al Ministro Volio para que se le facilite hacer despegar estos instrumentos.

 

            Pienso que esta Asamblea, fue secuestrada para asuntos de interés de muy pocos, que terminarán lucrando y el espacio para grandes transformaciones nacionales en que todos coincidiéramos se cerró.

 

            Todo lo que les he dicho confirma esta realidad. Dejo patente esta reflexión y una muestra indiscutible que el Partido Acción Ciudadana está dispuesto a ayudarle  al Gobierno en materias donde el interés público priva sobre intereses de grupo.

 

            Compañeros diputados y diputadas, esto y muchas razones podríamos argumentar para pedirles el voto afirmativo a esta moción.

 

            Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado. Lo estaba siguiendo pero observé ni en el proyecto, ni en la moción, algunos de los comentarios que usted hace. Tiene la palabra la diputada Nidia González.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Esta moción es para que se modifique el artículo 22 del proyecto de ley que estamos conociendo. Modificación que va desde el título, ya que le estamos dando el nombre de: “Otras excepciones al derecho del obtentor”, porque es precisamente eso, una continuación del artículo anterior, que también hace referencia a especificaciones al derecho del obtentor.

 

            Recuérdese que en materia de investigación, la Oficina Nacional de Semilla, coordina con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y los análisis oficiales, son del laboratorio oficial del Centro para las Investigaciones de Granos y Semillas, de la Universidad de Costa Rica.

 

            Asimismo, los análisis oficiales de calidad de semillas, corresponde efectuarlo al laboratorio oficial, localizado en el Centro para las Investigaciones de Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, el cual de ser necesario podrá efectuar delegaciones o convenios con otros organismos oficiales o privados, y todo con sujeción a las normas de la Asociación Internacional para Pruebas de Semillas, y supletoriamente, por las reglas de la Asociación Oficial de Analistas de Semillas. Así dispone la Ley de Semillas vigente.

 

            El Reglamento a la Ley de Semillas, en su artículo 46 dispone que: “...están autorizados para producir: 1.- Semilla de fundación, a) Las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería y b) Entidades estatales privadas o instituciones internacionales, a juicio de la Oficina Nacional de Semillas.

 

            2.- Semilla registrada y certificada, a) Las estaciones experimentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y los productores privados, previo estudio de la Oficina Nacional de Semillas; b) Entidades estatales, privadas o instituciones internacionales, a juicio de la Oficina Nacional de Semillas.

 

            Como podemos observar, es una realidad que por mucho tiempo los centros de investigación en instituciones públicas han venido realizado investigaciones y experimentación fitogenética,  para fines tan loables como la docencia y el interés público. Y deben continuar haciéndolo para los fines públicos y el interés colectivo, pero no para intereses particulares.

 

            Se trata de que la utilización de los recursos fitogenéticos, para propósitos de docencia e investigación, por parte de las entidades públicas que tienen centros de investigación, no puedan ser sujetas del título de obtentor, desvirtuando así el accionar en aras del colectivo nacional.

 

            Se dice en la justificación del proyecto de ley de Obtenciones Vegetales, que la legislación para la protección de las obtenciones vegetales, busca contribuir al desarrollo de la industria nacional de semilla, en mejoramiento genético, tanto del sector público como privado y favorecer la introducción de variedades vegetales extranjeras. Todo ello en aras de una mayor y mejor oferta de variedades a disposición de la agricultura nacional.

 

            Pues bien, esta propuesta que hacemos en la moción, no afecta el propósito de contribuir a desarrollar la industria nacional de semillas, al contrario, lo que pretende es que la investigación que realicen los centros de investigación pública, tenga precisamente una función social, de beneficio para la colectividad, y no para intereses particulares y mercantiles.

 

            El deber de estos centros de investigación, de entidades públicas, es devolver los resultados de sus descubrimientos y conocimientos, al Estado que le provee los recursos y la ciudadanía que conforma al Estado, a los grupos productivos más necesitados, carentes de recursos propios para la investigación y la experimentación.

 

            A las comunidades productivas, a las cuales le son más caras las semillas, es un asunto de seguridad alimentaria, con el que tienen compromiso estos centros de investigación en fitomejoramiento, de carácter público.

 

            Recuérdese un caso ejemplar como es el de Noruega, que se negó a ingresar a UPOV-91, argumentando que los derechos de los agricultores eran más importantes que los de la pequeña, pero pujante industria de fitomejoradores, que había sido privatizada en ese país.

 

            La propuesta de ley para incorporarse a UPOV-91, fue enviada a discusión parlamentaria, en enero del 2005, ya que se esperaba que sus costos fueran cubiertos, al menos, parcialmente por las regalías o las variedades de plantas protegidas, ejecutadas, más amplia y eficientemente por la UPOV-91.

 

            Sin embargo, las protestas de los agricultores se centraron en que: 1.- Limitaría los derechos consuetudinarios de los agricultores, para guardar y reutilizar las semillas y el material de propagación de su cosecha. 2.- Transferiría los costos a los agricultores noruegos por las compras anuales para la resiembra. 3.- Aún la industria de los fitomejoradores, a pesar de apoyar la iniciativa de la ley, sugirieron algunas excepciones para el trabajo de los agricultores.

 

            Con el cambio de gobierno, una de las primeras decisiones del nuevo Ministro de Agricultura, canceló la propuesta de ley de manera que Noruega mantuviera el derecho de seguir participando en la UPOV bajo el acta 1978.  Esta decisión recibida jubilosamente por los agricultores requiere, eso sí, de una reflexión de cómo solucionar las limitaciones  financieras de la industria del fitomejoramiento; pero, Noruega optó claramente por no hacerlo, a costa de mancillar los derechos de los agricultores.

 

            Este es un buen ejemplo a seguir, dar prioridad al bien común, a los intereses de quienes producen los alimentos que consumimos hoy, y que garantizan los alimentos del mañana, son a los que tenemos que proteger.

 

Steven Price, de la Universidad de Wisconsin, señalaba en 1999 que al escuchar a sus colegas referirse cada vez con mayor frecuencia a las dificultades para conseguir materiales genéticos protegidos, con título de propiedad intelectual, así como su incidencia negativa en el mejoramiento de plantas del sector público, decidió hacer un sondeo más amplio para conocer el nivel de generalidad de tales dificultades.  Recibió ochenta y seis respuestas de veinticinco universidades de los Estados Unidos, cuyos investigadores se encontraban trabajando con cuarenta y un cultivos.  Los resultados fueron los siguientes:  48% indicaron que habían tenido dificultades para obtener materiales genéticos protegidos de las empresas privadas; 45% señalaron que lo anterior había entorpecido su investigación; 28% sintieron que la misma situación interfirió también en su capacidad de liberar nuevas variedades; 23% reportó que eso estaba obstaculizando el entrenamiento a estudiantes de postgrado de las universidades públicas.

 

Andrew Pollack del New York Times, en el 2001, citaba varias opiniones preocupadas por el alejamiento de la investigación agrícola para solucionar los problemas del hambre, entre otras cosas por las restricciones de la propiedad intelectual que chocan contra el libre intercambio de semillas y de tecnología que nutre el sistema de investigación pública.

 

Entre los investigadores consultados estaba la doctora Ana Sittenfeld, de la Universidad de Costa Rica, quien se refirió al caso de las investigaciones que allí estaban desarrollando para obtener arroz resistente a un virus que ataca con frecuencia a este cultivo en los países tropicales.  El problema es que, para poder vender las semillas a los agricultores, tendrían antes que obtener el permiso de quienes ya ostentan alrededor de treinta y cuatro patentes sobre ese arroz.  ¿Qué les parece?

 

Y, bien sabemos que, "permiso" significa generalmente pago de regalías —y es que es ahí dónde está el negocio— y si hablamos de un cultivo básico para la alimentación costarricense ¿qué impacto tendría eso en términos económicos y de soberanía alimentaria?, que los agricultores tengan que estar pagando regalías por poder producir el arroz.

 

Otro artículo de un renombrado abogado estadounidense, John Barton, señala, en el 2001, que la marcada tendencia de patentar las biotecnologías agrícolas pueden lesionar a aquellos a quienes más deberían beneficiar, esto es, a la gente de los países en desarrollo.  Indica que el problema de las patentes se extiende mucho más allá de ser un simple hecho legal hasta influir, por ejemplo, en las agendas de las universidades de los países desarrollados, y agregaba también, de las nuestras en el pasado.

 

Las universidades fueron muy importantes en el avance de una agricultura saludable en los Estados Unidos y por décadas colaboraron con los institutos de investigación internacional y de los países en desarrollo; sin embargo, ahora ellas mismas se encuentran buscando derechos de propiedad intelectual.  Como resultado esto estaría teniendo que ver en la redirección de sus agendas de investigación alejadas de las necesidades del mundo en desarrollo.

 

Por otro lado, mucho se dice de la inserción a UPOV que es prácticamente una garantía de que habrá desarrollo de la investigación en el país, si nos guiamos por la experiencia de un país como México, con mucho mayor infraestructura en este campo.  Datos registrados hasta 1998, daban cuenta de que el 67% de estos derechos de obtentor, habían sido ortorgados a residentes en México, en contraste, cinco años después, en setiembre del 2003 el porcentaje había variado enormemente, pues los derechos concedido a residentes en México, había pasado a ser solo del 40% y del 60% extranjeros.  Tómese en cuenta que la categoría residente no necesariamente corresponde a solicitudes de mexicanos, sino que podrían estar incluidos extranjeros con residencia en México.

 

Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, porque, además, ya no me da la voz.  Les agradezco la atención y les solicito su voto afirmativo para esta moción.

 

Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias.

 

Tiene la palabra el diputado Marvin Rojas.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Gracias, señor Presidente.

 

Para hablar a favor de esta moción.  Comenzamos con la revisión de este artículo 22, una serie de mociones que supongo nos va a llevar bastante tiempo y ojalá una buena discusión también, hay siete mociones presentadas respecto a este artículo y no es para menos, ya que el tema es fundamental y apasionante, excepción al derecho del obtentor para el pequeño y mediano agricultor.

 

Debe establecerse en la discusión de este artículo el concepto nacional sobre seguridad alimentaria, debe definirse en este artículo la posición nacional sobre el uso de semillas, debe discutirse en este artículo la concepción moderna de unidad productiva y deben analizarse si algunas definiciones se integran en esa ley o se dejan para la vía reglamentaria.

 

Espero que con la discusión de este artículo y los conceptos relacionados con el mismo, se rompa el silencio cómplice de muchos compañeros y compañeras y podamos a fin entrar a confrontar criterios e introducir modificaciones, producto de la discusión y el enfrentamiento de ideas.

 

No me imagino a un legislador o legisladora, miembro de esta Comisión de Asuntos Agropecuarios, que no quiera expresarse con respecto a la excepción del derecho del obtentor para el pequeño o mediano agricultor.  Por eso, estoy pendiente de una discusión seria y respetuosa, pero vehemente y productiva.

 

Espero que al final de las sesiones, en que veamos las mociones del artículo 22, estemos satisfechos y con un producto acabado, mejorado y consensuado.  La primera moción sobre el artículo 22, presentada por la diputada González Morera, por el diputado Salazar Rojas y por este servidor, introducen un punto b), dentro del artículo en discusión, ampliando la excepción a los centros de investigación de las instituciones públicas que, al fin y al cabo, se constituyen también en una excepción al derecho del pequeño y del mediano agricultor.  Óigase qué importante esto.

 

De todos es sabido, el principal cliente meta de los centros de investigación pública, es el pequeño y el mediano agricultor, aunque en la experiencia y práctica cotidiana los grandes productores, por suerte, también se han beneficiado de los productos de estos centros de investigación.  La verdad es que el trabajo está dirigido a pequeños y medianos productores agropecuarios.

 

La moción dice que estos centros podrían hacer uso de los materiales protegidos, exclusivamente para fines de investigación y docencia y mediante el respeto y decisiones en los criterios técnicos del órgano competente, la Oficina Nacional de Semillas, o sea, que la moción es pertinente y consecuente con el texto y el contenido del presente proyecto.

 

Solo para tener una idea de la magnitud de los centros de investigación concentrados en las universidades públicas y que se verían incluidos con la aprobación de la presente moción, les voy a citar los que tenemos en el país.

 

Esta moción, consideramos nosotros en el Partido Acción Ciudadana que es sumamente importante de ser aprobada, en vista de la investigación que se realiza en este país, en beneficio de los agricultores.

 

Entre los centros de investigación tenemos en Costa Rica, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, los siguientes:  Centro de Investigación en Integración Bosque Industria, Centro de Investigación en Gestión Agroindustrial, Centro de Investigación y Protección Ambiental, Centro de Investigación en Biotecnología, Laboratorio de Biotecnología de Cultivo de Tejidos, Centro de Investigación y Desarrollo en Agricultura Sostenible del Trópico Húmedo, Laboratorio de Semillas Forestales de Especies Nativas.

 

En la Universidad de Costa Rica tenemos:  Centro de Investigaciones Agronómicas, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Centro de Investigación en Granos y Semillas, Centro de Investigación en Protección de Cultivos, Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, Centro de Investigación en Nutrición Animal, Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata.

 

En la Universidad a Distancia está:  Centro de Educación Ambiental.

 

En la Universidad Nacional tenemos:  el Laboratorio de Cultivos de Tejidos y Células Vegetales, Laboratorio en Tomología, Laboratorio de Fitopatología, Laboratorio de Nematología, Laboratorio de Nutrición Animal y Recursos Forrajeros, Laboratorio de Recursos Fitogenéticos, Laboratorio de Suelos, Laboratorio de Semillas Forestales y Laboratorio de Silvicultura.

 

Lo que nos indica el listado anterior, no solo los centros que estaríamos protegiendo con la presente moción, sino que nos imaginamos la cantidad de investigación e información que puede salir de ellos para uso de los pequeños y medianos agricultores.  Esto es fundamental, dejar protegido a nuestros centros de investigación para que puedan usar estos recursos fitogenéticos.

 

Les he dicho, en reiteradas oportunidades, que esta iniciativa legislativa ha sido redactada desde el punto de vista de los obtentores de los mejoradores y, por supuesto, de las empresas semilleristas extranjeras.

 

Es importante saber que en otros lugares del mundo, los pueblos están tratando de defenderse y de defender sus recursos genéticos.  Voy a leerles, a modo de ilustración, lo que dice la Ley modelo africana para la protección de los derechos de las comunidades locales, agricultores y criadores, y para la regulación del acceso a los recursos biológicos.

 

Exenciones a los derechos de los fitomejoradores:

1) A pesar de la existencia de los derechos de fitomejoradores, con respecto a determinada variedad de una planta, cualquier persona, o la comunidad campesina puede: 

a) Propagar, cultivar y utilizar plantas de esa variedad para propósitos distintos al comercio;

b) Vender plantas o material de propagación que no involucre el cultivo de las plantas o la propagación de esa variedad;

c) Vender, dentro de una finca o cualquier otro lugar, en los que las plantas de esa variedad estén cultivadas, cualquier planta o material de propagación de esa variedad en ese lugar;

d) Usar plantas o material de propagación de la variedad, como una fuente inicial de variación con el propósito de desarrollar otra nueva variedad vegetal, excepto cuando la persona haga uso repetido de plantas o material de propagación de la primera variedad mencionada, para la producción comercial de otra variedad;

e) Usar la variedad protegida en posteriores cultivos, investigación o enseñanza;

f) Obtener, contemplando las condiciones de utilización, cierta variedad protegida de bancos de genes o centros de recursos genéticos de plantas. 

 

2) Los agricultores serán libres de guardar, intercambiar y usar parte de la semilla de la primera cosecha de plantas que han cultivado para sembrar en sus propias fincas, con el fin de producir una segunda y subsecuente cosechas, sujetos a las condiciones específicas de la parte quinta de esta Ley, referente a los derechos de los agricultores.

 

Se nota con claridad la diferencia de criterios y de prioridades y la forma de expresarlo de un texto.  Soy de la convicción, compañeras y compañeros, que de aquí podemos extraer alguna enseñanza y poder aplicarla para poder obtener un artículo 22 bien preciso, bien práctico y adaptado a las necesidades nacionales.

 

Creo también oportuno, en este momento y con el afán de convencerlos y convencerlas de la bondad de esta moción, comentarles el caso de la situación de obtenciones vegetales de Noruega.  El Gobierno noruego, recientemente elegido, ha retirado la propuesta de ley que pretendía modificar la membresía de Noruega en la UPOV, del acta 78 a la del acta 91.  La iniciativa de Noruega de pasar UPOV 78 a UPOV 91 estaba fundamentada en el hecho de que su industria de fitomejoramiento, pequeña, pero pujante, fue privatizada hace algunos pocos años.

 

Debido a esto se esperaba que sus costos fueran cubiertos, al menos parcialmente, por la regalía sobre variedades de plantas protegidas, ejecutadas más amplia y eficientemente por la UPOV 91.  La propuesta de ley fue enviada a discusión parlamentaria en enero del 2005.

 

Las propuestas fuertes no se dejaron de esperar por tres razones principales:  1) Limitaría los derechos consuetudinarios de los agricultores para guardar y reutilizar semillas y el material de propagación de su cosecha; 2) Transferiría los costos a los agricultores noruegos por las compras anuales para la resiembra; y 3) Aún la industria de los fitomejoradores, a pesar de apoyar la iniciativa de ley, sugirieron algunas excepciones para el trabajo de los agricultores.

 

Con el cambio de Gobierno, una de las primeras decisiones del nuevo Ministro de Agricultura, fue cancelar la propuesta de ley, de manera que Noruega se mantuviera el derecho de seguir participando en la UPOV, bajo el acta 78.

 

Esta decisión, recibida jubilosamente por los agricultores, requiere eso sí de una reflexión de cómo solucionar las limitaciones financieras de la industria del fitomejoramiento, pero Noruega optó claramente por no hacerlo, a costa de mancillar los derechos de lo agricultores.

 

Nos damos cuenta, con el ejemplo, que los países desarrollados, donde se estimula la iniciativa privada, se le da todavía mayor importancia a los agricultores nacionales que a esas empresas privadas, fomentadas por el Estado.

 

Debemos tener en cuenta, señoras y señores diputados, que cuando se patentiza o se registra los derechos de un obtentor, en países subdesarrollados y con escasísimos recursos, nuestros investigadores no tienen la capacidad para ir a defender sus investigaciones a otras latitudes.  Por esa razón no hacemos nada con proteger las obtenciones a nivel local, si estas puede ser reproducidas y multiplicadas en otras partes de mundo.

 

Entonces, en ese sentido, no estaríamos logrando mayor cosa con esta ley y por esa razón es que nosotros pedimos de esta forma que se le amplíen los derechos de investigación a nuestros centros de investigación nacional, con el fin de ayudar a nuestros agricultores.

 

Muchísimas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias, señor Diputado.

 

Tiene la palabra el diputado Saturnino Fonseca.

 

DIPUTADO FONSECA CHAVARRÍA:

 

Gracias, Presidente, en contra de la moción.

 

El artículo 22 se refiere, específicamente a la excepción para el pequeño y mediano agricultor, por lo que no procedería incluir una excepción de esta naturaleza dentro de este artículo.

 

En todo caso, la nueva excepción que se pretende incluir en este artículo ya estaría cubierta por las excepciones generales en el artículo 21 e).  Este artículo 21 e) que se refiere a fines experimentales de investigación científica y docencia, en forma amplia y general, sin delimitarlo a ningún tipo de área de investigación.

 

En este sentido, la excepción contenida en el proyecto es más amplia que la propuesta en esta moción.

 

Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias, señor Diputado.

 

No tenemos más solicitudes del uso de la palabra, por lo que damos por agotada la discusión de la moción de fondo N 36 y procedemos a recibir la votación.

 

Los señores diputados y a las señoras diputadas que estén por darle su aprobación, le solicitamos manifestarlo levantando la mano.  Tres diputados a favor.  Ocho diputados presentes.

 

DESECHADA.

 

Tiene la palabra por el orden el diputado Marvin Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Gracias.

 

Nada más es para hacerle una consulta al diputado don Saturnino Fonseca, es que no le escuché que acaba de mencionar, si fue el artículo 21 b) o 21 e).

 

DIPUTADO FONSECA CHAVARRÍA:

 

21 b).

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

El 21 b).

 

Muchas gracias, señor Diputado y señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señor Diputado.

 

Recordamos que para mañana estamos tratando de confirmar las audiencias y es importante para poder programar nuestras participaciones.

 

Al ser las veintidós horas, cuarenta y un minutos, se levanta la sesión.

 

 

 

 

 

Dip. Salvador Quirós Conejo                                   Dip. Gladys González Barrantes

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA

 

 

 

Comisión de Asuntos Agropecuarios

05-febrero -2007 Nydia / Flor / Nancy

Rev. Asistentes Ejecutivas