ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº57

(31 de enero de 2007)

 

PRIMERA LEGISLATURA

(Del 1º de mayo de 2006 al 30 de abril de 2007)

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS

(Del 1º de diciembre de 2006 a 30 de abril de 2007)

 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES

 

INDICE

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  3

Discutida.  APROBADA. 5

 

B.  CORRESPONDENCIA. 7

 

C.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY  8

 

1.  Expediente Nº16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales. 8

 

Moción Nº1-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera: 8

DESECHADA  14

 

Moción Nº 2-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera: 14

DESECHADA  19

 

Moción N.º3-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas González Morera. 19

DESECHADA  23

 

Moción N.º4-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera: 23

DESECHADA. 28

 


PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS:  Salvador Quirós Conejo, Presidente;  Gladys González Barrantes;  Secretaria;  Saturnino Fonseca Chavarría; Marvin Rojas Rodríguez;  Luis Carlos Araya Monge;  Nidia González Morera y José Joaquín Salazar Rojas.

 

ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

 

Lic. Carlos Alfaro.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Al ser las trece horas, catorce minutos, cuarenta y cinco segundos se abre la sesión.

 

            Hay presentadas cinco mociones de revisión y una moción de orden, que en su momento se verán.

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 

En discusión el acta Nº56.

 

            ¿Alguna observación al acta?

 

            Por el acta, tiene la palabra el diputado Joaquín Salazar. 

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas.

 

Voy a referirme al acta de ayer, específicamente en la página 35.  Si bien es cierto, cuando en receso hablamos de la posibilidad de un video, después manifesté unas palabras y el diputado Luis Carlos Araya manifestó algunos asuntos que están en la página 35. 

 

Quiero aclarar esa situación y para que quede constando en el acta que en ningún momento pretendía crear un mal ambiente o que a alguien se le pueda ocurrir no venir a sesión y mandar una grabación.  Quiero dejarlo claro, es un asunto muy específico para un tema muy específico.  En ningún momento he pensando que el día de mañana no hagamos la presencia física y mandemos una grabación, o a alguien para que hable por nosotros.  Era una condición especial y es por eso que se somete a discusión.

 

Hago la aclaración porque era un caso específico para un tema muy especial, entonces no quería dejarlo en el aire como si pretendiera sustituirnos por máquinas, como ya existe en otras partes del mundo que actúan los robots y están sustituyendo al ser humano.  Aquí lo importante es el ser humano como tal y no pretendo que la cibernética supere al ser humano.  El ser humano está ante todo.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.  Tiene la palabra el diputado Luis Carlos Araya.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Compañeros Diputados, en la sesión extraordinaria de ayer martes 30 de enero, con motivo de la discusión de algunas mociones de fondo, los compañeros del PAC insisten en plantear en el seno de esta Comisión, los supuestos perversos alcances penal sancionatorios de este proyecto de ley, en supuesto detrimento de los pequeños y medianos productores de nuestro país.  Sobre este particular hice alguna aclaración del día de ayer, ante la persistente duda que tienen los compañeros del PAC, respetuosamente me permito, una vez más, pronunciarme sobre este tópico.

 

            En ningún momento ha sido ni es la intención de este proyecto de ley, por lo menos así lo entendemos, enviar a la cárcel a nuestros agricultores.  Este fue un tema del cual algunos de los miembros de esta subcomisión, nos ocupamos profundamente a discutir y revisar.  Como resultado de este proceso de reflexión en el seno de la subcomisión, en primer lugar, fue la eliminación del artículo 32 del texto base y según el cual, se adiciona un artículo 69 bis al capítulo V sobre delitos penales de la Ley 8039, Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de la Propiedad Intelectual.

 

            En segundo lugar, nos dimos a la tarea de precisar el contenido y alcance del artículo 31 que quedó vigente del texto base y según el cual se remite en carácter supletorio a la Ley 8039.  Sobre este tema en el acta N44 de la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 2006, página 21 y 22, les manifesté.   “... no obstante, para que no exista dudas sobre el ámbito que se pretende legislar, vamos a presentar una moción que propone eliminar el actual capítulo VI, denominado “Observancias del Derecho al Obtentor”, con el propósito de detallar la naturaleza administrativa de los procedimientos aplicables en materia de obtenciones vegetales...”

 

            Pues bien, señoras y señores Diputados, para ser consecuente y contundente entre lo que se dice y lo que se hace, es que en este acto estamos presentando una moción que viene no solo a eliminar el actual artículo 31 del proyecto, sino que se incluye un nuevo capítulo VI de “Observancias de los Derechos del Obtentor” y en donde se propone normas, entre otros aspectos, ámbito de aplicación, interpretación, medidas cautelares, incluyendo en procesos civiles, medidas de frontera y procesos administrativos. 

 

            En otras palabras, conteste con lo que he expresado en otras oportunidades, con esta nueva moción propuesta, para normar la “Observancia del Derecho de Obtentor”, no solo no queda duda de que absolutamente a nadie se quiere enviar a la cárcel, sino que también se busque establecer en forma específica cuáles son los procedimientos y recursos disponibles en sede administrativa y civil.

 

            Así las cosas y entendiendo las palabras que el diputado Marvin Rojas Rodríguez nos manifestó en la sesión extraordinaria de ayer martes, en la página 61 del acta N56, cita textualmente:  “...en realidad he puesto la atención del caso al diputado Araya Monge, me interesa sumamente aclarar este punto por el bien del país, por el bien de los agricultores.  Este no es un tema de poca monta, aquí se resume en gran parte nuestra oposición a este proyecto...”

 

            Confío en que ahora no existan dudas infundadas sobre el contenido y alcance del tema penal sancionatorio.  Unamos esfuerzos para discutir y votar la moción que presentaré.  Gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Por el acta, tiene la palabra la diputada Nidia González.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Buenas tardes compañeros y compañera.

 

            En la página 48 hice una intervención y donde digo “en segundo lugar quiero aclarar que en la argumentación de una moción que dio también el compañero Luis Carlos, dijo que en ninguna parte se presentan sanciones”  y no es “mociones”.  Para que se corrija, por favor.

 

EL PRESIDENTE:

 

            No tenemos más observaciones para el acta.

 

Discutida.  APROBADA.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente.  Voy a hacer un comentario muy breve, de un asunto que inició el lunes.

 

            Lo voy a hacer en el momento y en el lugar preciso, porque fue en la sesión del lunes, consta en el acta del lunes, algunas cosas que dicen por ahí y ahora que el diputado Luis Carlos Araya, habla de dudas infundadas.  Me pasa en mi mente recordar algunas situaciones que se dieron el lunes, por eso he pedido por el orden la palabra y hoy en el Plenario se dio.

 

            A las ocho y quince de la noche salí de esta sala, dije que había observado algo afuera, mis anteojos estaban limpios  y mi vista estaba bien.  Vi a don Luis Paulino Mora en la oficina de la diputada Mayi Antillón y eso causó algunos comentarios.

 

            A veces salgo de aquí, quiero estar enterado de lo que pasa en otras comisiones y en ese momento estaba la Comisión Especial que  tramita las Reformas al Reglamento de la Asamblea, entonces me pareció extraño que más bien fue la diputada Mayi Antillón que saliera de su oficina y el que se quedó adentro, hasta le abrió la puerta para que saliera, fue don Luis Paulino Mora. 

 

            Estoy de acuerdo en que aquí llegan autoridades como ministros, los otros encargados de otros poderes y eso es parte de la Asamblea Legislativa, pero sí quiero dejar claro que me causó cierta duda del por qué en un asunto que estaba pasando en la Comisión donde está el proyecto de ley de Modificación del Reglamento.  Vi con mis propios ojos ese asunto.  ¿Qué implicaciones tiene eso?  Lo dejo hasta aquí, porque doy fe de que lo vi y lo que suceda en adelante quedará en lo que cada uno pueda pensar de qué era esa reunión.

 

            En esta Comisión se hicieron algunos comentarios, pero lo digo porque mis ojos y mis anteojos están limpios, mi vista está bien,  sí lo vi.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Luis Carlos Araya.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Solo para responderle al compañero Salazar Rojas. 

 

            Quien hizo los comentarios fue mi persona y los sigo sosteniendo.  Me parece que andan buscando espantos hasta por debajo de los escritorios, donde no existe.  Vuelvo a insistir en lo que dije ese día, ¿cuál es el problema de que un magistrado se acerque a la Asamblea Legislativa a hablar con cualquier de nosotros?  Si hay algún problema, concrétenlo, díganlo, denúncielo, ¿qué es lo que el señor Magistrado –suponen ustedes- estaba haciendo con la Jefe de Fracción?

 

            No veo los espantos que ustedes están viendo, en ninguna de las esquinas que busco. 

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.  Espero que el tiempo haya permitido aclarar las dudas.

 

Continuamos con el siguiente punto de la agenda.

 

B.  CORRESPONDENCIA.

 

            No hay.

 

            Voy a aprovechar para emitir una resolución en este capítulo, para aclarar un poco más una situación que no es tan complicada, pero vale la pena y no quiero dejar pasar más tiempo para hacer esta acotación.

 

            Abocándome al Acta N47 del 15 de enero, en la página N.º70 en la cual señalé:  “...Debo agregar a lo que dije anteriormente que hay un pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice que donde se escribe la palabra “hombre” se sustituya por “persona” y con eso solucionamos el problema...”, que se ha venido presentando porque en la redacción del proyecto, en algunos casos se habla de aquellas variedades que han sido mejoradas por el hombre.

 

            Considero menester indicarles que ya la Sala lo establece mediante el Voto 343592, dice que en todos los casos en que diga “hombre”, indica que se cambia ese vocablo y se escriba “persona”.  De ahora en adelante y lo que anteriormente estaba, entendamos que donde dice “hombre” es “persona”.  Indico esto, para que se incorpore en el acta el siguiente documento:

 

“II.-  En aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de la facultades que le otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la legislación se utilicen los términos “hombre” ó “mujer”, deberán entenderse como sinónimos del vocablo “persona”, y con ello eliminar toda posible discriminación “legal” por razón de género, corrección que deben aplicar todos los funcionarios públicos cuando les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar una normativa que emplee los vocablos arriba citados”

 

            También quiero aprovechar para reprogramar las audiencias, porque la disponibilidad de tiempo de los invitados es limitada y no pueden venir los días que decidimos, entonces vamos reprogramar las fechas.

 

            Para el día 6 de febrero, en lugar de la señora Silvia Salazar, vamos a invitar a Walter Quirós, Director de la Oficina Nacional de Semillas.

 

            Para el 7 de febrero no habrá audiencia, se traslada para el 13 de febrero.  Las audiencias se darán una por semana, para darnos espacio.

 

            Mejor voy a leer como se había indicado inicialmente:

 

            El 6 de febrero se invita el Consejo Universitario de la UCR y al señor Walter Quirós, Director Ejecutivo de la Oficina Nacional de Semillas.

 

            El 7 de febrero no vamos a tener audiencias, porque tenemos dificultades.

 

            Para el 13 de febrero invitamos al Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que estaba para el 7 y al señor Nebio Bonilla, que también estaba para el 7.  En eso nada más lo que cambia es la fecha.

 

            De ahí hasta el 20 de febrero la tercera cita, que estaba inicialmente para el 13, la trasladamos para el 20, entonces vendrían el Consejo del Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Dra. Abdelnour.

 

            Para el 27 de febrero invitamos a la señora Silvia Salazar, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica.

 

            Una corrección, el 6 de febrero solamente Walter Quirós, el 27 de febrero el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y la señora Silvia Salazar.  Es para tener más espacio con el Director de la Oficina Nacional de Semillas.

 

            Con estas observaciones continuamos con la discusión de proyectos.

 

C.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY

 

1.  Expediente Nº16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.

 

            Iniciamos con el conocimiento de cinco mociones de revisión que habíamos anunciado.

 

            Le rogamos a la señora Secretaria se sirva dar lectura a la moción de revisión Nº 1.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº1-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 25 en la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2007”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el Diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente, compañeros diputados y compañeras diputadas.

 

La Fracción del Partido Acción Ciudadana somete a consideración de ustedes esta moción, para revisar la votación negativa que recibió la moción número 25, en la sesión extraordinaria del día de ayer, en horas de la noche.

 

Recordemos que esta moción, presentada por el diputado Merino, pretendía modificar el inciso 5), del artículo 7 del proyecto de ley en discusión, que se refiere al examen técnico.

 

El objetivo superior de la moción se centra en incorporar en el cuerpo normativo de esta ley, la primacía sobre esta ley, de legislación nacional en materia de la biodiversidad, específicamente, y para este caso en particular, legitimar lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad Nº 7788.

 

Con eso se establecería en este proyecto la participación directa y protagónica de la Oficina Técnica de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), en todos los casos en que se presente solicitudes de protección de obtenciones vegetales, como un mecanismo de control y garantía de respeto absoluto a la Ley de Biodiversidad Nº 7788, en el caso que dicha protección solicitada involucre elementos de la biodiversidad nacional.

 

Ayer refería la concordancia de este criterio con el análisis y recomendación emanada del informe  del Departamento de Servicios Técnicos.

 

También mencionaba ayer que uno de los temas que mayor preocupación y temor representa para diversos sectores interesados y que se oponen a este proyecto, es la posibilidad objetiva de la protección de variedades genéticamente modificadas y lo punible que eventualmente puede provocar el contenido de esta ley en contra de los agricultores. Al margen de la gran controversia mundial, no acabada, sobre los efectos al consumidor.

 

Ayer el compañero diputado, señor Luis Carlos Araya Monge, se pronunciaba sobre las bondades de este proyecto, en lo relativo a la necesidad de proteger los logros nacionales en fitomejoramiento de entidades públicas y privadas y darles un marco legal al respecto.

 

Además, observaba sobre esfumar temores respecto a que se está estimulando la protección de variedades, que derivan de materiales genéticamente modificados.

 

Nosotros no estamos convencidos de ese argumento, la experiencia internacional está demostrando otra cosa, pero esos argumentos los analizaremos y los profundizaremos en otra oportunidad.

 

Me parece oportuno en este momento y así ayer lo dejé planteado, cuando estaba hablando a favor de esta moción, de cuáles son los derivados y no solamente desde el punto de vista de lo que es la patente de semillas, sino que la semilla tiene un fin, el fin es producir y el fin de producir lleva algo muy importante, que es la alimentación, es la nutrición y es la salud.

 

Entonces, proyectos como estos tendríamos que verlos en esta perspectiva también.

 

Para fundamentar lo que quiero decir en este asunto, me referiré al “Fundamentando lineamientos y acciones frente a los transgénicos en Costa Rica”, de un Foro y un documento elaborado por el señor Isaac Rojas, dice:

 

 “La mayoría de las innovaciones en biotecnología agrícola están orientadas por la búsqueda de ganancias en lugar de la búsqueda de una respuesta a las necesidades humanas, por consiguiente el énfasis de la industria de la ingeniería genética realmente no es resolver los problemas agrícolas, sino el incremento de la rentabilidad.

 

Esta aseveración es apoyada por el hecho que por lo menos 27 corporaciones han comenzado investigaciones sobre plantas tolerantes a los herbicidas, incluyendo a las ocho más grandes compañías de pesticidas del mundo, Bayer, Ciba-Geigy, ICI, Rhoone Poulenc, Dow/Elancoi, Monsanto, Hoescht y Dupont y virtualmente todas las compañías de semillas muchas de las cuales han sido adquiridas por compañías químicas.

 

Cultivos actualmente diseñados para la tolerancia genética a uno o más herbicidas incluyen: alfalfa, colza, algodón, maíz, avena, petunia, papa, arroz, sorgo, soya, remolacha, caña de azúcar, girasol, tabaco, tomate, trigo y otros. Está claro que creando cosechas resistentes a sus herbicidas, una compañía puede extender los mercados de sus productos químicos patentados.”

 

Pretenden justificar los transgénicos, sobre la base de que estos proporcionarán mayores oportunidades y opciones al agricultor y agricultora: esta industria dice brindar mayores opciones a los agricultores y agricultoras al ofrecer nuevas variedades de semillas con mejor rendimiento entre otros.

 

Al analizar este argumento, tal y como lo hemos hecho con los anteriores, llegamos a la misma conclusión: es falso.  ¿Cómo podríamos hablar de mayores oportunidades cuando la industria ha elaborado una serie de mecanismos tendientes a controlar su producto como si fuera un tesoro?

 

Es ampliamente conocido que el campesinado a nivel mundial comparte la semilla y la guarda para sembrarla en la siguiente cosecha.  Esta industria ha querido eliminar esta práctica cultural ya que atenta contra el negocio de vender y comprar: si se guarda la semilla y si esta misma se comparte, cómo van a asegurarse estas compañías que venderán sus productos año tras año.  De esta forma “protegen” sus semillas con los derechos monopólicos que brinda las patentes.

 

Como estas resultaron insuficientes, obligan a firmar un contrato por medio del cual, la compañía y sus detectives pueden revisar la finca en busca de semillas guardadas.  Por último y como un paso hacia la consolidación del control, se han valido de la tecnología conocida como traitor o terminator que impide una segunda germinación de la semilla”.

 

            Señores diputados y diputadas, las oportunidades y opciones definitivamente no son para los agricultores y agricultoras.

 

            Como lo dije ayer, por razones de tiempo no me fue posible completar el cuadro informativo de un asunto y realidad nacional en relación con esto de los productos transgénicos, específicamente el caso del arroz.

 

En algunos casos he mencionado aquí realidades que han sucedido, del manejo de estos productos.

 

Dejemos claro que en Costa Rica no está prohibida la exportación de productos transgénicos ni está explícito en ninguna ley la limitación de introducción de materiales transgénicos.

 

Decía también, que este proyecto de ley vendría a favorecer que empresas internacionales inicien, agresivamente, el registro de variedades protegidas de su propiedad con esas características.

 

Para mencionar el caso del arroz, que es de atención obligada, es preocupante la experiencia con la última importación.

 

Hago esta relación porque se deriva de lo mismo y es entender un poco el juego de estos temas, que el fin primordial siempre es el negocio.

 

En un cartel de licitación emitido por CONARROZ, donde se dice que debe ser arroz no transgénico, como digo e insisto, no está prohibida la importación, lo que sí es que debe dársele información al consumidor, que se diga si es transgénico o no.

 

La licitación que hace CONARROZ pide que venga una certificación de que no es transgénico y como es una importación de Estados Unidos...  ¿señor Presidente, usted me podría verificar el quórum?

 

EL PRESIDENTE:

 

            Se ha roto el quórum, señor Diputado, a las trece horas con cuarenta y tres minutos con 30 segundos.  Corren cinco minutos.

 

            Se ha reestablecido el quórum a las trece horas con cuarenta y seis minutos.

 

            Le pedimos al señor Diputado Salazar Rojas continuar.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

Continuando con la justificación de la revisión de la votación de la moción 25, estaba hablando de la relación que existe de este tema de las semillas, con la producción final y cómo es que se burlan y se irrespetan estos asuntos, que son tecnología, de biotecnología.

 

En Estados Unidos los materiales transgénicos tienen que estar registrados, tienen que estar aprobados, si son aptos para consumo humano.

 

Hay una variedad denominada Liberty Link 601, que no había sido autorizada en Estados Unidos para consumo humano.  Entonces la empresa que gana el cartel de licitación para la importación burló e irrespetó que fuera el producto transgénico. 

 

En los laboratorios de Estados Unidos hay métodos que especifican para una variedad y específicamente una variedad de arroz que no está autorizada en Estados Unidos para consumo humano y no está registrada, la empresa esta que gana la licitación, para burlar y decir que no es transgénico, utiliza el método PCR ¾voy a leerlo en español, porque mi inglés no es...¾ Qualitative PR5S y dice “este material no es transgénico”.

 

Ese método es específico para este material y la empresa lo que dice es “este material, este arroz no es transgénico” y el método lo que dice es que en ese método que utilizaron no se detectó que fuera arroz transgénico.

 

¿Y cómo es que burlan?  Muy sencillo, porque ese método es para una variedad específica.

 

Un caso como estos, que podría pasar también en el asuntos de semillas, ¿por qué no son más claros y transparentes y dicen “este arroz es transgénico”?  Que ingrese al país y que nosotros, los consumidores de arroz, que por cierto es el alimento de mayor consumo en este país, 55 kilogramos per capita anual, que el consumidor tenga la opción, que en la etiqueta diga “arroz transgénico” y cada uno, con la libertad que tiene, escoge su producto.

 

¿Cómo es que lo engañan?  Porque detrás lo que hay es solamente un negocio y esta es la forma en que burlan todos estos sistemas tecnológicos y no estamos muy largo de que esto también suceda con la semilla.

 

También quería decir, no solamente este caso del arroz transgénico y cómo aquí se quiere una vez más demostrar y tapar las realidades, hoy el país está necesitando también arroz, resulta que ahora, ayer oí la noticia de que ya en los últimos dos meses el maíz amarillo ha aumentado el 100% el precio y que el arroz va por lo mismo.

 

En su momento condenaron y está establecido en la Ley de CONARROZ para transferencia tecnológica, que de alguna manera se compensara a los productores y los condenaron por eso; hoy con una jugarreta COMEX quiere esconder que el precio del arroz está alto y no quieren decirle al consumidor la realidad del precio del arroz y entonces sí quieren coger 150 millones de CONARROZ, para aplicarlos a mitigar el precio del arroz.

 

Uno dice:  bueno, qué dicha que el consumidor pueda tener arroz a un bajo precio, pero no escondiendo y haciendo matráfulas, para conocer en la realidad que el mercado mundial de los granos básicos va a en un crecimiento en los últimos meses, en una escalada y de alguna manera se le quiere hacer ver a la población que los costos de producción aquí son muy altos y que es mejor importar porque es más barato.

 

Pero no nos damos cuenta de la realidad, de que los granos básicos en el mundo están en una alza.  No sé qué va a pasar aquí con el pollo, con el arroz, con la leche y todos los derivados que tienen que ver con el maíz amarillo, como materia prima para producción de concentrados.   Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señor diputado.

 

No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo tanto vamos a recibir la votación sobre la moción de revisión Nº 1.

 

Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Seis diputados presentes.  Dos votos a favor.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción de revisión N 2.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº 2-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 27 en la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2007”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el Diputado José Joaquín Salazar.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias, señor Presidente, señores diputados y señoras diputadas.

 

Esta moción de fondo número 27, presentada a ustedes en la sesión extraordinaria del día de ayer, obtuvo desdichadamente el voto negativo mayoritario, por este órgano legislativo, por esta Comisión.

 

Y digo que desdichadamente porque en los planteamientos expuestos por mi persona y por el compañero diputado Marvin Rojas, para argumentar su aprobación, fueron técnicamente sólidos y suficientemente sustentados sobre la inconveniencia de mantener este artículo en el cuerpo normativo del proyecto.

 

En un esfuerzo de hacerlos reconsiderar a ustedes y permitir un voto favorable a esta moción de revisión, intentaré abundar en criterios que permitan objetivamente sensibilizar esa posición y podamos mejorar el proyecto en su contenido.

 

Debo recordar que la moción, lo que pretendió fue eliminarle al proyecto el artículo 8, titulado: “Protección provisional”, que en lo fundamental contempla disposiciones relativas a reclamar la indemnización por daños y perjuicios contra cualquier persona, que durante  el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del certificado de obtentor.

 

En resumen lo que quiero señalar, para ahondar más en las justificaciones de esta moción, son al menos 8 aspectos que le encontramos como debilidad y que detalladamente esgrimidos ayer, que no nos cabe duda deben llevarnos a eliminar este artículo en los términos que está planteado. De lo contrario, se podría  mantener un artículo mal construido que traerá problemas para en su adecuada ejecución.

 

Paso a mencionar esos ocho aspectos:

 

1.  El texto es, incompleto e insuficiente en la claridad de los elementos que derivan en la indemnización.

 

2.  Traerá múltiples problemas de interpretación y disputas, porque la norma no ayuda ni define hechos o actos.

 

3.  Aunque prevé el resguardo de un derecho al obtentor, la insuficiencia de información pertinente en su contenido podrá perjudicar, de manera significativa, a cualquier persona que se señale como sujeto de actos que impliquen enfrentar una indemnización.

 

4.  No enlista indicadores o parámetros para definir y evaluar la anomalía o cuales son los límites de los actos lesivos, sujetos de indemnización en esta  etapa del proceso

 

5.  No se indica el órgano o autoridad competente que examina la prueba y resuelve

 

6.  No define tiempos concretos en que se enmarca la situación planteada

 

7.  No contiene la información sobre cuáles son los actos cometidos por terceros que requieren autorización del obtentor.

 

8.  No refiere a otros artículos del proyecto que permitan relacionar conceptos o actos pertinentes a la norma.

 

Compañeros diputados y diputadas, hay 8 argumentos para decir el por qué estamos pidiendo la votación de esta moción.

 

En nuestra actitud seria y responsable, creemos conveniente insistir con ustedes en que no dejemos pasar estas debilidades de este artículo.  Por eso, se justifica exhortarlos a que reconsideren su voto negativo a la moción y aprobemos esta revisión de la votación.

 

Como también lo resaltó el diputado Rojas Rodríguez, la moción que fue rechazada, es una moción relacionada fuertemente con la técnica legislativa, en cuanto a claridad y procedimiento para redactar artículos

 

Ciertamente, se debe reconocer que el artículo 8 tiene clara su intención, pero presenta un contenido insuficiente e incompleto y, ante estas debilidades es cuando se dan estos problemas que quedan siempre a la interpretación y en asuntos técnicos debe quedar muy explícitamente en la ley lo que se quiere.

 

 Debe ser así, porque muchos lo que están pensando siempre es encontrar los portillos en una ley y en eso hay mucho más personas pensando en el beneficio de una ley, que ver cómo la burlan y ver cómo le encuentran los portillos y eso no podemos negarlo, eso es una realidad, hay expertos para eso.

 

El fondo del artículo es a todas luces mantener la tendencia y orientación de legislar pensando únicamente en el obtentor, olvidándonos del resto de personas y organizaciones sociales y comunales

 

Nuestra posición es de prevención y alerta, de buena fe y sana intención de que si esto termina aprobándose, lleve la mayor claridad posible y el menor efecto hacia los más débiles.

 

En el Partido Acción Ciudadana no cegaremos en el empeño de tratar de convencerlos en que lo que procede y es en lo que deberíamos invertir nuestro valioso tiempo como legisladores, es en una nueva ley de obtenciones vegetales.

 

No nos oponemos a una normativa en ese sentido. Nos oponemos a que a través de una ley en esa materia se patente la vida.  Podemos de manera creativa llegar a una legislación novedosa, reguladora, auténticamente costarricense y en armonía con los compromisos internacionales.

 

No estamos evadiendo la responsabilidad, hemos dicho que esto es necesario, pero realmente veamos los beneficios de la colectividad.

 

Ayer daba argumentos interesantes de discusión el diputado Araya Monge, sobre la necesidad de proteger y resguardar con protección a los procesos y programas nacionales de fitomejoramiento que realizan las universidades públicas.  

 

Por cierto, debo aclarar aquí y lo he dicho varias veces, que debemos darle los instrumentos a quienes hacen las cosas y hablamos del INTA.   Pero la Ley establece que para poder hacer las cosas, como dice el dicho popular:  sin cacao no hay chocolate”, son 500 millones de colones en el Presupuesto Nacional, la Ley lleva 4 años y no se les ha dado un solo cinco, ¿cómo es que investigan?  Seamos consecuentes con eso.  Necesitamos esa investigación, necesitamos un INTA fortalecido. 

 

El año pasado, en la presentación del presupuesto le hice la consulta, cuado vino aquí a la Comisión de Asuntos Hacendarios el Vice Ministro, Ingeniero Carlos Villalobos, le pregunté por qué eso no estaba considerado y no tuve respuesta, son 2000 millones que no se le han dado al INTA.

 

La ley dice 500 millones en los primeros 4 años, 500 millones cada año durante cuadro años, por eso queremos que investigue, porque se aprobó una ley y en la ley está especificado y claro 500 millones por año.  Nosotros no hacemos que las leyes se cumplan, es una responsabilidad para nosotros también, no solamente es legislar, esto no es una fabrica de hacer leyes y leyes, también es que las leyes que están se cumplan en beneficio de la sociedad.

 

También apuntaba el Diputado Araya Monge las investigaciones de Corbana, el INBIO y otras entidades nacionales, eso es importante abordarlo. ¿Pero acaso esos mismos programas no han sido exitosos?  Claro, se han posesionado nacional e internacionalmente y han registrado materiales sin necesidad de una ley como la de obtenciones vegetales.  Eso es una realidad.

 

Que nos señalen los problemas que han tenido. Que nos digan sin han tenido alguna limitación de reconocimiento de su labor y sus productos.

 

Pese a todo, la normativa limitada que ostenta la Ley de Semillas 6289, ha permitido a la Oficina Nacional de Semillas, brindar un marco de registro y protección a estos procesos.

 

No cabe duda que esta ley que estamos discutiendo y que se pretende que la acojamos como nuevo marco normativo, es de interés estrictamente internacional y de sectores locales que encontrarán el beneficio económico y jugosas ganancias.

 

Nosotros no creemos que vaya a traer apalancamientos o presencia trascendental de nuestros programas de fitomejoramiento y de producción de semillas de las entidades antes mencionadas. No depende eso de tener una ley de obtenciones vegetales; depende necesariamente de otras cosas, otros recursos y otras políticas. 

 

Por eso es que aquí hay suficiente espacio para que entre nosotros construyamos una ley de obtenciones vegetales, que responda a intereses meramente locales; de nuestros fitomejoradores que se desenvuelven en el sector público y privado, de nuestras empresas semilleristas y de nuestras empresas privadas.

 

Ya mencionaba también el diputado Rojas Rodríguez ayer, el éxito obtenido en el trabajo conjunto en el Fitomejoramiento Participativo, que pone las condiciones de una vía costarricense, para aplicar a la elaboración participativa de una verdadera Ley sui generis de obtenciones vegetales.

 

Queda constando que en el Partido Acción Ciudadana no nos oponemos a una ley de obtenciones vegetales, por el contrario, la alentamos y estamos dispuestos a participar en la elaboración participativa de una verdadera Ley sui generis de obtenciones vegetales a lo costarricense.

 

Señores diputados y diputadas, tenemos una oportunidad para que entre nosotros creemos esa ley autóctona, nacional, a la tica.

 

No dudo en reiterar, señores diputados, que todo esto de la ley de obtenciones vegetales, por lo menos desde mi particular entender y es lo que me lleva a oponerme fundamentalmente a este, es su efecto en la seguridad alimentaria del país.

 

Ahí esta el centro y fondo de los problemas en que deriva este proyecto y nosotros estamos por la defensa contundente de esta materia.

 

Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, no veamos solamente el asunto de la biotecnología, de la patente de las semillas, veamos los efectos, en lo que va a repercutir esto, que es la producción de alimentos y quien no diga que en el mundo hay problemas con el abastecimiento y más que el abastecimiento es de acceso y cuando hablamos de acceso muchas veces no es que el producto no está largo de nosotros o del consumidor, es el bolsillo el que está muy largo de poder adquirir esos alimentos.  Eso tiene también que ver con acceso.

 

Muchas veces lo hemos recalcado en esta Sala, que es indudable que lo que está en el fondo de la discusión de este proyecto, es que sus medidas, acompañadas de las del Convenio UPOV y el TLC, restringirán absolutamente el derecho de nuestro país para establecer consideraciones de seguridad alimentaria y de interés nacional.

 

Para terminar, señor Presidente compañeros y compañeras diputadas, hablando de seguridad alimentaria, ayer quería mencionar a un señor de Vera Cruz, del Águila de Pérez Zeledón, cuando él decía: “no nos vean a nosotros como un saco de frijoles véanos como personas”, me refiero a un agricultor que se llama Freddy Morera.

 

Muchas gracias, señor Presidente, gracias diputados y diputadas. Espero que reconsideren la votación del día de ayer.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señor diputado. No tenemos mas solicitudes de la palabra, por lo que procedemos a recibir la votación. Los señores diputados y diputadas que estén por darle su aprobación a la moción de revisión Nº 2, le rogamos manifestarlo levantando la mano. Seis diputados presentes. Dos diputados a favor.

 

DESECHADA

 

Continuamos con el conocimiento de al moción de revisión N1 3.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N3-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas González Morera.

 

“Para que basado en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 29 en la sesión extraordinaria del 29 de enero de 2007”.

 

EL PRESIDENTE:

 

Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

Gracias, señor Presidente, compañeros diputados y diputadas.

 

En nombre de mi Fracción presento ante ustedes esta moción, que pretende hacerlos reconsiderar sobre el voto negativo recibido por la moción N 29, en la sesión extraordinaria celebrada la noche de ayer.

 

Recuerdo, solamente para efectos de ubicación de los señores diputados, sobre el contenido de esa moción N 29, que procura modificar el artículo 10 del proyecto en discusión.

 

El artículo 10 enmarca las disposiciones de la concesión del derecho del obtentor y propusimos, vía esta moción, agregarle dos párrafos, que literalmente dicen:

 

“De previo al otorgamiento de ese certificado, y con el objeto de permitir  posibles solicitudes de nulidad por quienes se consideren afectados o les asista interés legítimo, la Oficina Nacional de Semillas deberá publicar, en el Diario Oficial La Gaceta y en, al menos, dos medios de comunicación de circulación nacional, el otorgamiento del certificado de obtención varietal, indicando el obtentor, su condición, las características básicas de la novedad, procedencia del material parental y otros detalles pertinentes que dictará  el reglamento de esta ley.”

 

Y un último párrafo que indicaría:

 

“Reglamentariamente la Oficina Nacional de Semillas normará el procedimiento de oposición, presentación de prueba y resolverá, como órgano competente, a más tardar 60 días después de recibida la impugnación.”

 

Esos son los dos párrafos que se le incluyen a esta moción.

 

Apuntábamos ayer que era imperativo dejar esto contemplado directamente en la ley. Porque concreta aspectos claves de procedimientos, en salvaguarda del interés de  todos los involucrados en el proceso.

 

Justificábamos en el sentido de que este tipo de medidas nos permite ser los más provisorios, que a todas luces exige una ley como esta, donde median tantos, tantos intereses y donde no podemos distraernos.

 

Este proyecto en particular tiene actores con intereses completamente contrastantes: transnacionales de semillas y farmacéuticas, empresas regionales y nacionales, fitomejoradores, centros internacionales y nacionales de investigación,  agricultores y agricultoras pequeños y medianos, agricultores de subsistencia, indígenas, ambientalistas, ecologistas, entidades oficiales y la biodiversidad en su conjunto.

 

Dice por ahí un dicho ¾y esta semana que en esta Asamblea, algunos compañeros diputados han aflorado algunos temas de la jerga¾ “no veamos el árbol, veamos el bosque”.

 

Ante la magnitud de los involucrados y los intereses contrastantes que ustedes pueden constatar, no sería posible que seamos ambiguos en las disposiciones que acarreará esta ley.

 

Nosotros en el PAC estamos claros que las ambigüedades terminan por afectar a los más débiles de la cadena.

 

De todos modos es una realidad que el total del articulado a lo que se orienta es a proteger los derechos del obtentor, con solo tibias disposiciones a favor de concesiones a los productores y desfavoreciendo reivindicaciones que mediante legislación nacional se han logrado en materia de biodiversidad, en materia ambiental y en materia de derechos de los pueblos indígenas y el conocimiento asociado.

 

Por estas razones, señores diputados y diputadas, insistimos en la necesidad de que nos apoyen para detallar, en ley, procedimientos que tiendan a reforzar el principio de publicidad, el sagrado principio de oposición y solicitud de nulidad, la concesión de tiempos para resolución y la definición concreta del órgano competente para resolver.

 

Observan, señores diputados y diputadas, que son elementos para resguardar derechos de los involucrados.

 

El artículo 10 sin estas inclusiones queda omiso, en nuestro criterio, queda débil en el marco de la necesaria transparencia, tema importante la transparencia, que hablamos hoy día, pero que cuado queremos evidenciarla, como que no nos parece.  Esta transparencia en un tema tan especializado y donde gravitarán grandes y poderosas influencias cuyo fin primordial es el negocio.

 

Por la importancia de resaltar estos poderosos intereses e influencias, sobre la base de lo que podrá representar esta ley de Protección de Obtenciones Vegetales, voy a resaltar nuevamente lo que ayer el compañero diputado don Marvin Rojas anotaba, sobre la satisfacción y los objetivos que con este tipo de legislación se pretende lograr, de acuerdo con un informe sobre Obtenciones Vegetales redactado por la misma UPOV ¾repito¾ redactado por UPOV y no por PAC, dice la UPOV:

 

 “Los informes nacionales pusieron de manifiesto el aumento en la cifra general de obtenciones tras la introducción de la protección de variedades vegetales. Entre éstas se encuentran, por ejemplo, cultivos de productos básicos en el sector agrícola, como la cebada, el maíz, la soja o el trigo; cultivos hortícolas importantes, como la rosa, la col china o la pera; flores tradicionales como la peonía, la magnolia o la camelia ; árboles forestales, como el álamo; y cultivos tradicionales como el ginseng en la República de Corea”.

 

Los informes resaltaron la importancia de ampliar la protección a todos los géneros y especies de un país, con el fin de disfrutar plenamente de los beneficios de la protección de las variedades vegetales.

 

En el informe se pone también de manifiesto que la introducción del sistema de la UPOV de protección de variedades vegetales y, en particular, la adhesión a la UPOV, van acompañadas de un gran número de solicitudes de protección de variedades vegetales por parte de obtentores extranjeros, no residentes.

 

Esto se ha interpretado como una mejora en la capacidad competitiva mundial de los productores”

 

Con esta expectativa, señores diputados, ya sabemos a lo que vamos. Se vendrá una gran arremetida, se vendrá avalancha. Indudablemente las condiciones para monopolios y oligopolios estarían dadas

 

Dejar en consecuencia una ley frágil, vulnerable en su interpretación, con información incompleta y depositando en su reglamento el establecimiento de elementos sustantivos en la defensa de los derechos, implica exponer al sistema local para colocarlo en posible indefensión de los más débiles y afectación directa de los intereses colectivos del país.

 

Por eso señores diputados, no arriesguemos el contenido mínimo necesario que debe llevar esta ley, seamos precautorios.

 

Queda claro lo mencionado por UPOV, que se intenta promover como beneficiarios primarios, está hecho para defensa y beneficios extranjeros.

 

El sincero interés manifestado ayer por el diputado Araya Monge, de fomentar y proteger con este tipo de proyectos a los centros nacionales y empresa locales que hacen fitomejoramiento e investigación en esta materia pierde relevancia.

 

La cruda realidad, reconocida abiertamente por el mismo UPOV es que estas iniciativas de legislación, se imponen para otros intereses transfronterizos. No podemos apostar a ganarnos la cajita blanca, suponiendo que este proyecto es para estimular a los fitomejoradores nacionales, o que este proyecto es para apoyar a los productores.

 

Hemos dicho, una vez más, que en este país tenemos los instrumentos para hacer una ley, con eso que ha expresado el Diputado Araya Monge.  Por eso es apremiante que quede en la ley el detalle de los protocolos que sean necesarios, que den vida a  procedimientos para presentar oposiciones, nulidades o eliminación de concesiones.

 

Esta es una obligación de sana lógica, hasta de patriotismo, que algunos llaman “filibusterismo”, pero los filibusteros fueron los que en un momento quisieron regalar este país y hoy otros quieren adueñarse, esto es una obligación ética. 

 

Que el principio de publicidad además de transparente sea abundante y que conlleve información detallada sobre el proceso y origen del material base que inició el proceso de mejoramiento genético.

 

No debemos dejar portillos abiertos por los que luego pueda transitar el exacerbado espíritu de lucro, el engaño, la maledicencia o el interés mercantilista de los mercaderes de la biodiversidad y antes lo demostré con el caso de la importación de arroz transgénico, hasta eso burlan.  ¿Por qué no dicen que es transgénico?  ¿Cuál es el miedo?  Porque el interés es nada más el dinero.

 

Ya lo decía ayer. En el Partido Acción Ciudadana apostamos al control social, a que la ciudadanía tenga mecanismos y herramientas para incidir en los procesos que tocan y afectan su interés como individuo, como sociedad  y con su ambiente.

 

Nosotros no descansaremos en profundizar el control social como medio de fiscalización permanente, lo que llamamos control ciudadano, en lo que también fue enfático el señor Presidente de la República en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, este tema es vital.

 

Quiero terminar apelando a la misma reflexión que apuntaba ayer, porque es un sentimiento que espero se concrete en relación a este proyecto:  No dudo que al final del camino los compañeros diputados tendrán luz y sabiduría para discernir que el balance entre los aspectos  buenos que pueda tener este proyecto, se ven altamente superados por los perjuicios que traerá a todos los asuntos que antes y en todas nuestras participaciones nos hemos permitido mencionar.

 

Les expreso mi oposición a la actual legislación, pero seriamente debemos cumplir con nuestra responsabilidad de legisladores y legisladoras, y proponer para mejorar los artículos de este atropellado proyecto de ley que se nos quiere imponer.

 

Señores diputados y diputadas, en ese momento de reposo y meditación, Costa Rica vale mucho y seguiremos haciendo este patriotismo y resistiremos todos estos embates en beneficio del país.  Muchas gracias, señores diputados y diputadas.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor diputado.

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo tanto vamos a proceder a recibir la votación.

 

            Los señores diputados y las señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción de revisión N 3, se servirán manifestarlo levantando la mano.   Seis diputados presentes, dos diputados a favor.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción de revisión Nº 4.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción N4-57, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera:

 

“Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación que rechazó la moción de fondo 30 en la sesión extraordinaria del 29 de enero del 2007”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Hemos decidido presentar esta moción de Revisión, con el fin de rescatar esta propuesta del diputado Merino del Río, rescatando las garantías mínimas de publicidad y transparencia que ha de tener cualquier proyecto de ley, fundamentalmente este.

 

            La publicidad y transparencia son dos principios fundamentales en nuestra democracia, que el acceso a la información no sea secreto de estado.  Esto queda claramente consignado en el artículo 30 constitucional.

 

            Los principios como consagración de disposiciones jurídicas generales, que orientan la interpretación, de esta forma se configuran como normas de aplicación inmediata y que quisiéramos ver reflejada en este proyecto de ley, a través de la inclusión de este artículo y la modificación de otros, son los siguientes:

 

1.  El principio de que la vida no se monopoliza, lo que supone una oposición tajante a cualquier forma de propiedad intelectual sobre formas de vida, sean patentes o sistemas equivalentes. 

 

2.  El principio por el respeto a la diversidad étnica y cultural, que suponen la aceptación de la existencia de estilos de vida y cosmovisiones distintas en un mismo territorio.

 

3.  El principio democrático como facultad que poseen los pueblos a decidir en forma libre y expresa el régimen político, económico, social y cultural que desean, por lo que las decisiones relacionadas al régimen escogido, no pueden ser arbitrarias.  Este principio se relaciona con la participación, debido a la toma de decisiones con respecto al modelo de desarrollo y gestión de los recursos naturales, entre otros.

 

4.  El principio por el interés general que vela por el interés de la mayoría que priva sobre el interés particular, basándose en la justicia social.

 

5.  El principio precuatorio que considera que ante la falta de certeza científica sobre si determinada actividad causará o no el impacto negativo al medio ambiente, deberá favorecerse este y no la actividad.

 

6.  El principio del consentimiento previamente informado, que se relaciona con los derechos humanos de información y participación, ya que implica que antes de que los pueblos indígenas y las comunidades locales den su consentimiento para el acceso de los recursos de la biodiversidad, debe existir una serie de mecanismos que aseguren que ese consentimiento se da en forma libre e independiente, luego de haber realizado los estudios y exámenes necesarios.

 

            La definición sobre el modelo aplicable para el país de protección a derechos intelectuales, asociados al mejoramiento de variedades de plantas, debe responder a un gran debate nacional, transparente y democrático, no puede ser impuesto por un tratado internacional como le ocurrió a Chile, cuyo gobierno en el TLC que recientemente suscribió con los Estados Unidos, se comprometió a elaborar la legislación que permita disponer de protección mediante patentes para plantas.

 

            Me compromete presentar esta moción de revisión para rescatar la propuesta del diputado Merino del Río, porque con la introducción al texto del proyecto de este nuevo artículo, profundiza en que el proyecto abunde en mecanismos de control social y transparencia.  Completa de manera conveniente nuestra propuesta discutida en la moción anterior N 29, que se orientaba en esa misma línea.

 

Nos parece de destacada importancia, la sugerencia de incorporar como parte de la responsabilidades de la ONS, asignarle la tarea de construir y mantener un registro de solicitudes pendientes y un registro de organizaciones sociales y comunales, de modo que todos los interesados legítimos y otros potenciales actores que graviten alrededor de este tema, participen dinámicamente en todos los procesos con accesibilidad a la información completa y con posibilidades efectivas de acceder, incluso a lugares donde se realizan pruebas de campo.

 

¿A qué lleva todo esto?  A garantizar el ejercicio de la ciudadanía en los procesos que le afectarán directamente.

 

Obliga a las instituciones responsables a velar por la transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los procedimientos.

 

Obliga a las autoridades gubernamentales a brindar en este caso a la Oficina Nacional de Semillas, los medios y recursos para cumplir a cabalidad con una difícil y complicada labor, como lo será ejecutar la protección de obtenciones vegetales.

 

También le permite a ecologistas, ambientalistas, productores, grupos y fuerzas vivas, a las comunidades indígenas, a científicos y académicos y a las empresas pertinentes, a actuar e interactuar con igual acceso a información y al seguimiento de los procesos en cualquier etapa del mismo.

 

Concentra además en una institución información fundamental sobre inventario de organizaciones sociales y comunales relacionadas con el tema que facilitará ampliar posteriormente mecanismos de más control de la sociedad civil, sobre el discurrir de las decisiones y eventuales procesos de salvaguarda, de la biodiversidad y derechos de los agricultores.

 

En síntesis, es un indudable aporte y considero que no debemos dudar, señores diputados, a darle todo el apoyo a esta moción, recordemos que la redacción de la propuesta está hecha solo en un sentido para proteger a los protectores vegetales, ya sabemos que la mayoría de estos serán extranjeros.

 

Este artículo que se propone incorporar está redactado desde un punto de vista nacional, defendiendo el ciudadano costarricense y principalmente a sus organizaciones sociales y comunales.

 

Se habla en la moción de organizaciones de agricultores indígenas comunales, ambientalistas o en general que representen intereses legítimos asociados a los fines de la presente Ley.

 

En la conciencia de los y las costarricenses ha ido arraigándose la importancia de que los procesos de decisión política se realicen bajo los principios generales de publicidad y transparencia, que son consustanciales al régimen democrático.

 

Para poner un ejemplo que ilustre las intenciones a la hora de legislar, les leeré y comentaré el artículo 22 del proyecto de Ley 15487 Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores.

 

Artículo 22. Registros

 

“La oficina mantendrá un registro de solicitudes, un registro de derechos y un registro de organizaciones sociales y comunales.

 

En este último se registrarán, todas las organizaciones de agricultores, indígenas, comunidades locales, ambientalistas o que en general representen intereses legítimos asociados a los fines de la presente ley y que por escrito soliciten ser incorporadas indicando una dirección para recibir notificación.

 

Los registros serán públicos, toda persona tendrá derecho a:

Consultar los documentos relativos a las solicitudes presentadas

Consultar los documentos relativos a un derecho de fitomejorador ya concedido.

Visitar los ensayos en cultivos y examinar los demás ensayos necesarios realizados de conformidad con la presente ley.

 

Es evidente una que se debe de tener interés nacional primero que en el interés extranjero.

 

            Una propuesta de ley  pensando en las organizaciones sociales y comunales, o antes que las empresas transnacionales. 

 

            Creemos que las autoridades estatales, deben cumplir el principio de máxima divulgación el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema taxativo y restringido de excepciones.  Creemos en la obligación de los estados de regirse por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública.  De manera que las personas ejerzan control ciudadana sobre ella.

 

 

            Debe existir una obligación positiva del Estado de suministrar la información que se solicita.  El deber del Estado de no exigir a quien solicite información, que acredite un interés directo en ella, la obligación del Estado de dar respuesta fundamentada cuando por motivo permitido, por Constitución o por las leyes, puede limitar el acceso a la información solicitada.

 

 

            Creemos en la necesidad de que exista un recurso sencillo, rápido y efectivo, para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la misma. 

 

            Las reformas legales y las decisiones judiciales apegadas a los estándares internacionales, son fundamentales y necesarias para el proceso de consolidación de la democracia y el estado de derecho.  Todo lo anterior, coadyuva a frenar o al menos a temperar procesos de corrupción que podrían estimularse ante el negocio que significa las obtenciones vegetales, manifestado en el patentamiento y la protección de variedades.

 

            Con todo respeto y convencimiento los insto, compañeros y compañeras, a aprobar esta moción de revisión para luego votar positivamente la moción del diputado Merino del Río.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.  No tenemos más solicitudes de la palabra por lo que vamos a proceder a recibir la votación.

 

            Discutido.  Los señores Diputados que estén a favor, sírvanse levantar la mano.  Tres diputados a favor.  Siete diputados presentes.

 

DESECHADA.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Araya Monge.

 

DIPUTADO ARAYA MONGE:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Es simplemente un recordatorio.  Ayer quedó pendiente el retiro de la moción N26 dado que no se encontraba presente la diputada González Barrantes, para que corrobora ese retiro.  Por lo tanto, presente la diputada González Barrantes, procedemos a retirar la moción N26.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Recordamos que para el lunes y martes tenemos convocadas sesiones extraordinarias, cinco minutos después del Plenario.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            El asunto es que en los últimos días he estado escuchando algunos comentarios acerca de un problema que suscitó con respecto al proyecto que se aprobó en esta Comisión y posteriormente se aprobó en el Plenario, el proyecto de Promoción y Desarrollo a la Agricultura Orgánica.  

 

            Me resulta preocupante que en algún nivel de la cadena de los diferentes pasos que lleva para producir una ley, hayamos cometido algún error.  Escucho que en primer debate se aprobó un texto y en segundo debate se aprobó otro texto, que pudo haber sido en la Comisión de Redacción, etc.

 

            Entonces mi solicitud va en el sentido de solicitarle a esta Comisión, de que se ordene una investigación exhaustiva a ver si realmente esos rumores tienen algún fundamento y buscar la solución al problema, o determinar si efectivamente son solo rumores.  Para ese efecto le solicito que se orden una investigación.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Solamente le puedo indicar que también he escuchado algunos rumores.  Entonces estamos haciendo una confrontación de los documentos que salieron de esta Comisión y el que fue publicado.  Cuando tengamos más información les vamos a informar.

 

Sin más asuntos que tratar, a las catorce horas, cuarenta minutos, se levanta la sesión.

 

 

 

 

 

 

Dip. Salvador Quirós Conejo                                   Dip. Gladys González Barrantes

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA

 

 

 

 

Comisión de Asuntos Agropecuarios

31-enero-2007 Nydia / Flor / Nancy

Rev. Asistentes Ejecutivas