ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº47

(15 de enero de 2007)

 

PRIMERA LEGISLATURA

(Del 1º de mayo de 2006 al 30 de abril de 2007)

 

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS

(Del 1º de diciembre de 2006 a 30 de abril de 2007)

 

DEPARTAMENTO DE COMISIONES

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES

 

INDICE

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA  3

Discutida.  APROBADA. 3

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS  4

 

1.  Expediente Nº16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales. 4

 

Moción Nº1-47, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera: 4

DESECHADA. 7

 

Moción Nº2-47, de los diputados Rojas Rodríguez, González Morera y Salazar Rojas: 7

DESECHADA  9

 

Moción Nº3-47, de los diputados Salazar Rojas, Rojas Rodríguez, Morera González: 9

DESECHADA. 11

 

Moción Nº4-47, de la diputada González Morera: 12

DESECHADA. 13

 

Moción Nº5-47, del diputado Salazar Rojas y otros diputados: 14

DESECHADA. 26

 

Moción Nº6-47,  del diputado Merino del Río: 26

DESECHADA. 41

 

Moción Nº7-47, del diputado Rojas Rodríguez: 43

DESECHADA. 44

 

Moción Nº8-47, del diputado Salazar Rojas: 44

DESECHADA  57

 

Moción Nº9-47, de la diputada González Morera: 57

DESECHADA. 69

 

Moción Nº10-47, del diputado Salazar Rojas y otros diputados: 71

DESECHADA  84

 

 


PRESENTES LOS SEÑORES DIPUTADOS:  Salvador Quirós Conejo, Presidente;  Gladys González Barrantes, Secretaria;  Saturnino Fonseca Chavarría;  Nidia González Morera; Ovidio Agüero Acuña;  Marvin Rojas Rodríguez y José Joaquín Salazar Rojas

 

ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS:

 

Lic. Carlos Alfaro.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Al ser las diecisiete horas, doce minutos, se abre la sesión.

 

            Hay presentada una mociones de revisión y dos mociones de orden para tenerlo presente después de la aprobación del Acta sobre el expediente Nº16327.

 

A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

 

En discusión el acta ordinaria Nº46.

 

            ¿Alguna observación al acta?

 

Discutida.  APROBADA.

 

            Por el orden, tiene la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.  Buenas tardes compañeros.

 

            Quería pedir la palabra por el acta, pero no me dio tiempo.  Es para saber qué sucedió con la investigación que solicité en el acta anterior.  Gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor Diputada.  Tiene razón, habíamos solicitado un informe a los funcionarios de Servicios Técnicos de la Comisión, pero en vista de que la señora Hannia Durán está de vacaciones, no han podido realizarlo.  Esperemos a que ella venga.

 

            Aprovechando la interrupción que usted nos hace, doña Nidia, en relación con lo señalado el diputado Marvin Rojas sobre la resolución emitida por esta Presidencia, respecto al artículo 169 del Convenio de la OIT en el acta del 7 de noviembre de 2006, considero necesario mencionar que por un error material se consignó el numeral 6.3, cuando lo correcto es solamente el número seis.  En razón de que este hecho no ha generado ningún problema de fondo solicito que quede corregido y aclarado en el acta de esta sesión para que así conste.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Buenas tardes señor Presidente, compañeras y compañeros Diputados.

 

            Para ver si me queda claro, en cada uno de los puntos de esa acta, usted dijo numeral 6.3, entonces se consigna únicamente artículo Nº6.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Correcto.  La aclaración es que no debe decir 6.3 ya que ese punto ni siquiera existe.  El error consiste en que se puso 6.3 y solamente es seis.

 

B.  DISCUSIÓN DE PROYECTOS

 

1.  Expediente Nº16327.  Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales.

 

            Iniciamos con el conocimiento de una moción de revisión.  Le solicito a la señora Secretaria se sirva darle lectura.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº1-47, de los diputados Rojas Rodríguez, Salazar Rojas y González Morera:

 

Para que basados en el artículo 155 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se revise la votación de la sesión anterior que desechó un cambio de horario para las sesiones ordinarias de esta comisión.

 

EL PRESIDENTE:

 

            En discusión la moción.

 

            Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.  La semana pasada presenté una moción de orden con el objetivo de modificar el horario de funcionamiento de las sesiones ordinarias de esta Comisión.

 

            Si bien el artículo 73 del Reglamento indica en su primer párrafo que las comisiones sesionarán a partir de las trece horas.  También en su segundo párrafo indica, que el horario puede variarse si así lo acuerdan tres cuartas partes de los diputados de esta Comisión y cuando decidimos variar el horario de funcionamiento de la Comisión, lo hicimos por unanimidad y con el objetivo de aprovechar mejor el tiempo, ser más eficientes en nuestras funciones.

 

            Sin embargo, la realidad y la práctica diaria nos ha enseñado que no hemos podido lograr el objetivo inicial, y como dice un jugador sudamericano “no por gastar más los zapatos, se sabe más de la vida”.  En dos ocasiones, el 20 de diciembre y el 9 de enero, que no hemos podido sesionar por falta de quórum.  La primera ocasión por 40 segundos y la segunda oportunidad, por escasos trece segundos.

 

            En lugar de ganarnos 15 minutos de trabajo, hemos perdido una hora y veinticinco minutos en cada una de esas sesiones.  Aunque la prensa nacional no lo divulgue y la opinión pública no lo conoce, la responsabilidades nuestras expresadas en actividades son múltiples y variadas.  Todos y todas, lo tenemos muy claro:  audiencias, sesiones de trabajo, reuniones, visitas a comunidades, atención al público, estudio de proyectos, elaboración y confección de mociones, etc.

 

            Me parece que el hecho de correr el inicio de las sesiones por 15 minutos, nos permitiría cumplir con holgura y con tranquilidad nuestras otras funciones, e incluso almorzar cómodamente.

 

            Con el horario propuesto, estaríamos evitando los problemas de falta de quórum y podríamos cumplir el objetivo de realizar a cabalidad nuestras responsabilidades en esta Comisión.  De todos modos, como está sucediendo en esta semana, si el señor Presidente lo tiene a bien, nos puede convocar a sesiones extraordinarias y de esa forma avanzar en nuestras responsabilidades.  Creo firmemente que esta moción nos permitiría trabajar más y mejor, en las sesiones ordinarias de Comisión. 

 

Revisando el funcionamiento de esta Comisión, es claro que el mismo ha estado marcado por un antes y un después del proyecto de Obtenciones Vegetales, el cual tenemos actualmente en discusión.

 

La Comisión, en mayo, al inicio de sesiones, se encuentra con un conjunto de leyes trabajadas y propuestas por la legislatura anterior.  Comenzamos con una actualización y nivelación de los miembros de esta Comisión, con iniciativas de ley y con un acercamiento de esta Comisión con grupos organizados, con diferentes intereses y por ello dimos audiencia a una cantidad importante de personas y organizaciones.

 

            Al inicio de esta legislatura, también es normal y no menos importante el entender a los nuevos jerarcas de las instituciones del sector, para que expliquen sus propuestas, sus necesidades y prioridades legislativas. 

 

            Esta Comisión en sus diferentes subcomisiones, ha ido haciendo una labor importante, principalmente en la limpieza de la agenda, estudiando y archivando muchos proyectos de las legislaturas anteriores.  Llegamos con esta dinámica al primer período de sesiones extraordinarias, en la cual el Ejecutivo no envía ningún proyecto, por lo que esta Comisión prácticamente no trabajó en ese mes.

 

            Al final de dicho período de sesiones extraordinarias, llega a la Comisión el proyecto “Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad de la Agricultura Orgánica”, se da entonces lo que se llamó como la culminación del trabajo de esta Comisión durante esta legislatura en una actividad de comunicación, negociación y consenso políticos y técnicos que en sesiones extraordinarias aprueba la Ley de Agricultura Orgánica.  Posteriormente a esta Ley, es aprobada en forma expedita por unanimidad en el Plenario legislativo.

 

            Vuelve la Comisión a su trabajo normal en sesiones ordinarias y siguen dando audiencias a diferentes personas, instituciones y organizaciones, sigue un trabajo serio y constante en las subcomisiones.  Todo sigue su marcha normal, hasta que el 24 de octubre en forma precipitada, antirreglamentaria e inconsulta dos miembros de una subcomisión presentan un informe afirmativo de mayoría al expediente Nº16327 “Ley de Protección a las Obtenciones Vegetales”.  De ahí en adelante todo cambia en esta subcomisión, por lo que dijo que esta Comisión tiene un antes y un después de esta iniciativa de ley.  Desde entonces se han dado dispensa de lectura, cambios de horario, sesiones extraordinarias, se eliminan las audiencias, se reduce el margen de negociación entre las fracciones políticas.

 

            Estamos ante un proyecto polémico, un proyecto complicado técnica como políticamente un proyecto cuyo concepto ha sido archivado dos veces en esta Asamblea Legislativa y de las cuales yo aún no escucho de ninguno de esos compañeros legisladores cuáles son los beneficios que le va a traer a nuestros agricultores.

 

            El proyecto se convoca como único en el actual período de sesiones extraordinarias, por lo que el señor Presidente de la Comisión, no puede esperar un avance importante significativo de esta Comisión de Asuntos Agropecuarios.  Pienso que debemos seria y profundamente este proyecto por lo cual he dado y seguiré dando argumentos amplios y profundos para convencer a las señora y señores diputados sobre su inconveniencia para el sector campesino y agrícola de este país.  Asistiré puntual y seriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que se ha convocado, pero me parece que quince minutos antes o quince minutos después que inicie o termine esta Comisión no son los que van a hacer la diferencia.

 

            El quórum requerido para funcionar y parlamentar como lo requiere una Comisión es más importante que el tiempo.  Insto que por unos segundos, esta Comisión ha perdido valiosos minutos e incluso, horas.  Señor Presidente, compañeras y compañeros, por estas razones es que les solicito reconsiderar la votación para modificar el horario de sesión de esta Comisión.

 

            Muchísimas gracias señor Presidente, muchas gracias compañeras y compañeros.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias señor diputado.

 

            Nadie más ha solicitado la palabra, por lo que vamos a someter a votación la moción discutida, la moción de revisión. 

 

Le solicito a los señores y señoras diputadas que estén por darle su aprobación, que se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Tres diputados a favor.  Siete diputados presentes, la moción ha sido

 

DESECHADA.

 

            Continuamos con el conocimiento de mociones de orden, tenemos dos.  Vamos a solicitarle a la señora Secretaria se sirva dar lectura a la primera moción.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº2-47, de los diputados Rojas Rodríguez, González Morera y Salazar Rojas:

 

“Para que se lea en esta Comisión el informe del Departamento de Servicios Técnicos.”

 

EL PRESIDENTE:

 

            Nadie ha solicitado.  Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Muchas gracias señor Presidente y perdonen el mal uso de los instrumentos tecnológicos.

 

            Les decía señor Presidente que el 2 de noviembre del año pasado, la subcomisión que dictaminó el Expediente 16327 dictaminó un informe afirmativo de mayoría.

 

            En dicho informe se cita como recibido los pronunciamientos de la siguientes instituciones u organizaciones:  Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Escuela Agrícola Regional del Trópico Húmedo, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores, Fecon, Oficina Nacional de Semillas, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República,  Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consejo Nacional de Producción, Ministerio de Comercio Exterior, Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Instituto Tecnológico, Red de Coordinación en Biodiversidad, CoecoCeiba, Amigos de la Tierra. 

 

            Todos extrañamos en ese momento el informe del Departamento de Servicios Técnicos de esta Asamblea sobre este importante proyecto, pero entendimos que por la premura y falta de discusión con que han querido aprobar la iniciativa, el informe afirmativo de mayoría y el diputado y la diputada que lo suscribieron, no esperaron a tener el Informe de Servicios Técnicos, para verter opinión sobre el mismo.  Mediante su oficio ST-212-2006 de fecha 19 de diciembre de 2006 de Gloria Valerín Rodríguez se entrega a esta Comisión el informe integrado del Expediente 16327, proyecto de ley, Ley de Protección a las obtenciones vegetales.  Dicho informe es recibido en la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios el día 20 de diciembre  de 2006 a las 9:29 a.m.,en un momento muy oportuno, cuando recibimos este informe al encontrarnos en plena discusión y debate por el fondo de esta iniciativa de ley.  Llama la atención y es sumamente importante que el Departamento de Servicios Técnicos haya decidido realizar este estudio de manera integrada incorporando en un solo documento el criterio socioambiental y el criterio jurídico, o sea, se consideró que una cosa no puede ir separada de la otra, como hemos tratado de presentar todas nuestras mociones y argumentos en el Partido Acción Ciudadana.

 

 

            El contenido del informe técnico, consta de resumen del proyecto, panorama cultural de los derechos de propiedad intelectual, las obtenciones vegetales, el análisis de contenido normativo, aspectos de técnica legislativa, antecedentes y un anexo.

 

            Les recuerdo también, compañeras y compañeros diputados, que hasta el momento esta Comisión, no ha recibido en audiencia a nadie, no hemos tenido la humildad de oír a los que saben más que nosotros, a las personas que han estado trabajando en esta materia durante muchos años y lo menos que podemos hacer para pretender legislar responsablemente, es leer en esta Comisión el Informe del Departamento de Servicios Técnicos.

 

 

            Muchísimas gracias señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias señor diputado.  Vamos a votar la moción de orden.

 

Los señores y señoras diputadas que estén por darle su aprobación, por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Tres votos a favor, hay 7 diputados presentes.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con la segunda moción de orden.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº3-47, de los diputados Salazar Rojas, Rojas Rodríguez, Morera González:

 

“Para que esta Comisión reciba en audiencia en una sesión a los siguientes personeros de la Universidad Nacional Autónoma (UNA), Lic. Gerardo Solís Esquivel, Director de Asesoría Jurídica, al Dr. Luis Sierra Sierra, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, y Naturales y al M. Sc. Omar Miranda Bonilla, Decano de la facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, para ampliar el análisis, observaciones y aclarar dudas sobre el valioso aporte documental que el ente de Educación Superior emitió ante consulta de esta Comisión.”

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

Buenas tardes señor Presidente, buenas tardes compañeros y compañeras diputadas.  La Fracción del Partido Acción Ciudadana, ha presentado esta moción de orden en procura de exhortar a este órgano legislativo a que acuerde recibir en una audiencia a estos personeros de la Universidad Nacional Autónoma, la UNA de Heredia, tanto al Lic. Solís Esquivel como Director de Asesoría Jurídica, al Dr. Luis  Sierra Sierra, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y al Msc. Omar Miranda Bonilla, Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar.

 

Esta Universidad Pública a través de su Consejo Universitario emitió a mediados de diciembre de 2006 un importante pronunciamiento escrito sobre este proyecto de ley, que fue solicitado por esta Comisión. El resultado es un documento muy serio, coherente y abordando el tema de obtención de vegetales tal y cuales posea una materia muy especializada, típica del dominio de expertos conocedores que están dedicados cotidianamente a investigar y entender los intereses para bien o para mal que se esconden detrás de este tipo de iniciativa.  Conocedores también de la actualidad a nivel mundial de los alcances de este tema que se ventilan en foros internacionales y las diferentes posiciones que vienen asumiendo los países respecto a esta materia.

 

En este sentido, son informantes claves a los procesos y consecuencias negativas o positivas que ha causado y podrá causar que los países adopten la protección de las obtenciones vegetales en el marco de la ratificación del convenio.

 

Este país, señoras y señores diputados, ha tenido la peculiaridad de haber depositado la educación de su población, la capacidad de discernimiento y resguardo, la solidez de su democracia.  No es casualidad que esta tierra relativamente pequeña tenga cuatro universidades públicas que subsisten y sean foro indiscutible que guía desde hace muchas décadas la posibilidad de entregarle a la sociedad profesional y de expertos en las áreas sociales, culturales, económicas, científicas y políticas.  Sin duda estos entes de educación superior han sido factor determinante y han dado a Costa Rica desde la naturaleza de su aporte este cultivo de pesos y contrapesos para que no se consuma a final y perpetuamente en el país los modelos excluyentes o iniciativas específicas que perjudican al interés común.

 

Hoy nos debatimos en un momento coyuntural histórico muy especial donde estamos a las puertas de un punto de inflexión en nuestra vida republicana como lo es el Tratado de Libre Comercio. Y este proyecto de protección de obtenciones vegetales, como parte del engranaje de ese TLC, es en ese marco una iniciativa que tiene que verse como lo que verdaderamente es; un punto de inflexión para nuestro agro, específicamente en lo que tiene que ver con mejoramiento, procesos de certificación de semillas, leyes, normas, reglamentos y regulaciones de relación entre los actores, costos de producción agropecuaria, posicionamiento total de transnacionales en el país.  Cultura, producción intensiva y monocultivos, inserción indiscutible de productos transgénicos, afectación de conocimiento tradicional y local de pueblos indígenas y campesinos y finalmente cambios en la historia de libertad del agricultor, especialmente al tradicional y que orienta su producción al mercado local sobre factores exógenos a su unidad productiva que le limitan su autodeterminación sobre el uso de materiales de su propia cosecha.

 

Ante esta magnitud de cambio señor diputado, insistimos sobre la responsabilidad de observar la coyuntura de lo que se nos deposita en nuestras manos, mente y corazón.

 

Señores diputados y diputadas, no podemos ser indiferentes y pasivos, menos aún irresponsables de desmenuzar las consecuencias de nuestras decisiones.  En un tema tan particular pero de tanta repercusión, tenemos que tener la suficiente apertura, tiempo y disposición para escuchar especialistas y profundos conocedores de este tema.

 

Para votar a favor de este proyecto, en virtud de la responsabilidad que nos asiste, con quienes representamos, popularmente estamos en la obligación de exponernos y escuchar ante quienes pueden sensibilizarnos.  Que nuestra posición no sea porque debo respetar un mandato vertical o una decisión mecánica, señores diputados y diputadas, especialmente los que por razón de la profesión agrícola en la que nos hemos movido por muchos años conocemos la particularidad de este sector, no cerremos la posibilidad de intercambiar análisis y consultas con estos expertos de la UNA.

 

            Aquí no aplica el argumento de que ya se les consultó por escrito y respondieron, y que los criterios ya están ahí, para que cada diputado o diputada los lea.

 

            Gracias señor Presidente, señores diputados, por estas razones anteriormente expuestas, señores escuchemos a las personas que realmente tienen más conocimiento y son especialistas en este tema y no nos cerremos a escuchar a estos expertos.

 

            Muchas gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias señor diputado.  Vamos a votar.

 

Pedimos a los señores y señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción de orden discutida, que por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Tres diputados a favor, 7 diputados presentes, la moción ha sido...

 

            Voy a repetir porque el micrófono estaba apagado.

 

            La votación ha sido 3 votos a favor, 7 diputados presentes.

 

            DESECHADA.

 

            Vamos a continuar con el conocimiento de las mociones de fondo. 

 

En la última sesión estábamos discutiendo la moción N.º 3, se había referido a la misma la proponente por quince minutos, Nidia González Morera y habló a favor el diputado Joaquín Salazar Rojas por quince minutos más y está en el uso de la palabra el diputado José Merino del Río que estaba hablando también a favor, había consumido once minutos, por lo tanto le quedaban cuatro.  Le ofrecemos la palabra para que continúe con su presentación.

 

Moción Nº4-47, de la diputada González Morera:

 

“Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 1 y se lea de la siguiente forma:

 

Artículo 1.-  Objeto

 

(...)

 

La protección otorgada no implica la autorización para la explotación comercial de la variedad, para lo cual deberá cumplirse con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente, pudiendo impedirse la comercialización cuando proceda para proteger el orden público o la moral, la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, cuando la variedad se derive del conocimiento tradicional y cuando no se hayan seguido los procedimientos que establece la legislación, para proteger las culturas de los pueblos indígenas.

 

El resto sigue igual”.

 

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:

 

            Efectivamente había iniciado la semana pasada una defensa de esta moción con alguna cuestiones generales que obviamente seguirá insistiendo en cada una de la defensa de mis mociones sobre lo que representa este proyecto para Costa Rica, para nuestros agricultores, para nuestras comunidades indígenas, para el bien común en general.  A mí no me cabe absolutamente ninguna duda que este proyecto es un atentado a principios del bien común y que nace no de intereses costarricenses sino de intereses transnacionales, principalmente de empresas farmacéuticas y de transnacionales de la agroalimentación que están tratando obviamente de apoderarse de recursos naturales, de recursos de la biodiversidad de nuestros países para patentarlos.

 

            Diputados del Movimiento Libertario, lo que quieren es crear monopolios de veinte años, sobre el uso de saberes tradicionales porque cuál es el problema, que indígena, qué aborigen quiere patentar un conocimiento tradicional de siglos, ni saben cuáles son los procedimientos ni cuáles son los métodos.

 

            ¿Qué es lo que patenta esta gente? Obviamente patenta la llamada bioperatería. Son piratas del saber, piratas del conocimiento, por eso hay bufetes que vamos a salir denunciándolos a través de todo este proceso especializados en nuestro país en patentar cuánta cosa se mueva en Costa Rica y mencionaba que es un estadounidense que fue Vicepresidente del Banco Mundial, Jefe de Investigaciones de los grupos de economistas de la administración Clinton –y termino señor Presidente- y premio nobel, una de las personas Stiglitz  que está haciendo denuncia más radical a lo que significan estos proyectos de propiedad intelectual sobre la vida para las condiciones de vida de nuestros pueblos.

 

            Continuaré en otra oportunidad con esta disertación.  Gracias Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias señor diputado.  Procedemos a votar la moción N.º 3, ya que no tenemos más solicitudes del uso de la palabra.

 

Solicitamos a los señores y señoras diputadas que estén por darle su aprobación, que por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Tres votos a favor, hay 7 diputados presentes.

 

DESECHADA.

 

            Vamos a continuar con el conocimiento de la moción N.º 4.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Es para que cuando se hagan votaciones, solicitamos que se incluyan los tres votos a favor que son del Partido Acción Ciudadana.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Creo que está claro porque los tres participan en todas las ocasiones.

 

            Bueno lo haremos así como lo ha manifestado.

 

            Diputado Fonseca tiene la palabra por el orden.

 

DIPUTADO FONSECA CHAVARRÍA:

 

            Es para justificar el rechazo de la moción.

 

            La razón por la que voté la moción en contra es porque la protección al conocimiento tradicional no se regula en este proyecto de ley, sino en otra normativa nacional, la cual de hecho se está reconociendo expresamente en el artículo 2 del proyecto.  Además la protección al conocimiento tradicional, no tiene nada que ver con los permisos de comercialización de las variedades que es a lo que se refiere este artículo.

 

            Gracias Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias señor diputado. Vamos a solicitarle a la señora Secretaria se sirva darle lectura a la moción N.º 4.

 

            Tiene la palabra por el orden el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Le pido un receso por tres minutos por favor, para ver un asuntito.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Se concede un receso hasta por tres minutos a petición del Partido Acción Ciudadana.

 

            (Se procede de conformidad.)

 

            Se reinicia la sesión.

 

            Vamos a proceder a la lectura de la moción N.º 4

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº5-47, del diputado Salazar Rojas y otros diputados:

 

Para que se modifique el párrafo primero del artículo 2 del Proyecto de Ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración) y se agregue un último párrafo, y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación

 

El ámbito de aplicación de la presente Ley se extenderá a las variedades de todos los géneros y especies vegetales de acuerdo a la siguiente incorporación, una vez entrada en vigencia esta Ley:

 

a)  15 géneros y especies vegetales hasta el décimo año

b)  A todos los géneros y especies vegetales a partir del décimo año

 

(...)

 

Mediante reglamento se definirán los géneros y especies indicados en el subpárrafo a), excluyéndose dentro de esta primera lista las especies vegetales que integran la canasta básica alimenticia.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Joaquín Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Gracias señor Presidente.  Quiero referirme a esta moción, que ha sido presentada por el Partido Acción Ciudadana en procura de llamar la atención a lo que consideramos y subsanemos una barbaridad que contiene este proyecto.

 

            No es posible que nos comportemos tan poco consecuentes con lo que le conviene a este país.

 

            Los proponentes del proyecto no tienen reparo en ir mucho más allá de lo que nos pide el mismísimo convenio UPOV 191.  Entonces, uno se pregunta y qué es que nos está pasando hoy día a nosotros? Por qué en los últimos tiempos en este país, estamos actuando contrario a lo que la historia nos ha dicho como Nación, qué es lo correcto?

 

            Costa Rica se ha caracterizado históricamente en ser prudente, recatado para tomar medidas y consecuente con aquel adagio arraigado de “esperar a que se aclaren los nublados del día”.  Esto está totalmente demostrado desde tiempos de nuestro independencia, que no nos hemos equivocado en utilizar una sana lentitud para concretar decisiones o procesos cuando estos tienen implicaciones que podrían ser perjudiciales para nuestro tejido social.

 

            Entonces, qué nos está pasando ahora?  Este proyecto en el artículo que estamos tratando de proponer su modificación, es una manifestación de que estamos trocando valores, eso debemos frenarlo.  El interés aquí es la colectividad del sector agropecuario y no el interés de grupos sectarios que se verán infinitamente beneficiados en detrimento de la agricultura en su conjunto

 

            ¿Cómo es posible que nos propongan este proyecto de ley en este artículo 2 ir más allá de lo que establece el Convenio UPOV, que es el padre y referencia de este proyecto de protección de las obtenciones vegetales, señores diputados y diputadas y quienes nos escuchan, será que no estamos conociendo qué es lo que estamos discutiendo?  Aquí regresamos a lo que tantas veces las fracciones del PAC y el diputado Merino hemos insistido en traer audiencia a expertos en la materia para que por un lado los promotores expertos del proyecto vengan y nos justifiquen esta decisión para debatir y que vengan expertos que de manera especializada e informada derriben una posición que atenta contra los intereses del país.

 

            Nosotros en el Partido Acción Ciudadana, estamos convencidos que este proyecto de ley, en su integralidad no es conveniente para nuestro agro.  Usted señor diputado don Saturnino Fonseca, tal vez tuvo la oportunidad de asistir el viernes a ese encuentro de semillaristas, fue el jueves, y tal vez pudo haber visto la diversidad, los materiales que han conservado por muchos años nuestros agricultores y nuestros antepasados y que de aprobarse este proyecto de ley pasarían a manos de las grandes empresas y esos grandes monopolios que hoy nos decía el diputado Merino en su intervención anterior.

 

            Lo lamentable es que desde adentro del país se ayuda a que eso se profundice.  Se ratifica cuando accedemos al Convenio Internacional para la protección de obtenciones vegetales, convenio UPOV, 1991.  Respeto a la aplicación de la protección de lo que se obtenga en los diferentes géneros y especies.  En su artículo 3, géneros y especies que deben protegerse, señala literalmente: “Estados ya miembros de la Unión. Cada parte contratante que esté obligada por el acta de 1961, 1972 o por el acta de 1978 aplicará las disposiciones del presente convenio”.  En la fecha en quede obligada por el presente convenio a todos los géneros y especies vegetales, a los que en esta fecha aplique las disposiciones del acta de 1981 o 1972 o el acta de 1978 y lo más tarde al vencimiento de un plazo de cinco años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales. 

 

            Dos. Nuevos miembros de la Unión.  Cada parte contratante, que no esté obligada por el acta de 1961, 1972 o por el acta 1978 aplicara a las disposiciones del presente convenio.  Primero; en la fecha en que quede obligada por el presente convenio, por lo menos a quince géneros o especies vegetales y segundo, lo más tarde al vencimiento de un plazo de diez años a partir de esa fecha, a todos los géneros y especies vegetales.

 

            Veamos la diferencia. ¿Que propone el proyecto hecho por costarricenses?

“ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación.  El ámbito de aplicación de la presente Ley se extiende a las variedades de todos los géneros y especies vegetales. ¿Por qué entonces vamos a dar de lo que nos piden? Qué intereses se mueven en este proyecto por qué no apegarnos a lo que establece el convenio UPOV, si ya este es lesivo a los intereses superiores del país, estamos siendo más dispendiciosos.

 

            Nuestra moción va a en la línea de que si para el perjuicio del agro se aprobara este proyecto, al menos el país asuma con cautela la incorporación a este régimen de brindar patentamiento a las plantas. Tenemos la posibilidad porque así lo dispone el convenio internacional  que cobijaría a este proyecto. La duda que nos asiste es porque el convenio UPOV propone quince géneros y especies y no diez o veinte o cinco.

 

            Valga esta duda para que volvamos a traer a la mesa estas importantes preguntas, que los expertos conocedores, especialistas en la materia nos hubieran ayudado a comprender para mejor concluir y decidir, pero en todo caso, lo importante señores diputados y señoras diputadas, es que lo más conveniente es modificar el texto e incorporarle la modificación que  nuestra fracción propone y como lo reitero, es lo mismo que propone el convenio UPOV.  Entonces la pregunta es ¿por qué ir más allá? Adónde está el interés?  Qué se pretende privilegiar con esta decisión unilateral de Costa Rica? Son preguntas válidas a responder y que responsablemente debemos considerar.

 

Además, nuestra moción incorpora un último párrafo que consideramos trascendental en el marco de la responsabilidad que nos asiste como representantes de los productores y los consumidores.  Me refiero a la materia de seguridad alimentaria, tema que lo usamos cuando nos conviene  y hablamos siempre de seguridad alimentaria sin tener el conocimiento profundo del tema, nada más como una situación de quedar bien con alguna parte.

 

Tenemos la oportunidad señoras diputadas y señores diputados, si ustedes nos favorecen con el voto a esta moción, de eximir en la primera etapa, de la eventual aplicación de la protección de obtenciones vegetales a los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria.  Yo los exhorto para que tengamos esa prudencia y cautela.  Esto es de trascendental importancia.  Provoquemos que al menos por diez años no se vean estos rubros bajo la posibilidad de ser afectados por todos aquellos aspectos que tiene de perjudicial este patentamiento. 

 

Demos la oportunidad para que sean los mismos agricultores y consumidores que constatando la dinámica de la ejecución de esta ley, en otros quince géneros y especies que no sean de la Canasta Básica Alimentaria se convenzan de lo beneficioso y perjudicial y se permita el control social al efecto.  Si el convenio UPOV da la oportunidad, entonces, por qué no darle la oportunidad a la seguridad alimentaria del país, nosotros creemos que este artículo 2 si se mantiene como está en el texto original, provocará que en estos cultivos que cosechan alimentos básicos y los productores que se dedican a su siembre, tendrán menor acceso a semillas baratas, se favorecerán los monopolios privados de posesión de recursos filogenéticos y se elevarán los costos de producción.

 

            Señores diputados y diputadas, favorézcannos con un proceso de validación de diez años y salvaguardemos estos productos de estar sometidos a este régimen.  La seguridad alimentaria del país merece esta decisión.  Tenemos la oportunidad de subsanar y mejorar este proyecto en este aspecto.  Señores diputados y diputadas, nunca será suficiente hablar de este tema de seguridad alimentaria, la globalización y la conformación de consorcios, de monopolios y oligopolios que ella favorece, hará sin duda que en unos veinte años, a lo máximo, la producción de alimentos esté concentrada. 

 

            En esto serán los países desarrollados y a donde pertenecen esos consorcios los dueños de esa producción y comercialización, eliminará las posibilidades de los países en desarrollo de continuar produciendo sus alimentos. Eso es la esencia de los tratados de libre comercio, esa es la esencia de la desgravación y descentralización que estos promueven en una ingrata asimetría.

 

            Ellos no eliminan subsidios, ni ayudas internas a la exportación, obligándonos a nosotros a una apertura total y sostenida.  En consecuencia, nos eliminan competitividad, nos sujetan a depender de sus importaciones y se desplazan nuestros cultivos con las importaciones.  Los grandes consorcios que son de esos países desarrollados montan entonces un negocio, acaparan el mercado y nos postran luego a sus disposiciones. No pasarán veinte años que al igual que la Unión de países exportadores de Petróleo (OPEP), habrá una organización similar para alimentos porque serán tan pocos que postrarán al mundo definiendo los precios según sus intereses. No es extraño que Estados Unidos diga que este es un asunto de seguridad nacional.

 

            ¿Cuánto más nos tiene que pasar para recapacitar?  Un país que no tenga previsión, no se respeta a si mismo. Estamos a tiempo como país de revertir un proceso de deterioro e indiferencia que ha tenido en Costa Rica con esta materia de seguridad alimentaria.

 

Como dijo allá por los años noventa el actual Presidente, don Oscar Arias, primero el PAN (entiéndase la comida) luego la educación.

 

La producción de alimentos básicos en el país es una política de previsión, responsabilidad y cautela. Es visionaria y una decisión patriótica.

 

Y hoy, nosotros estamos en la discusión de este proyecto, ante la ocasión de poner nuestro granito de arena modificando el texto original de su artículo 2, para incorporarle elementos que van en esta dirección. Esta es la dirección correcta y patriótica.

 

Reitero que nuestra fracción prefiere que este proyecto de ley se archive. Sin embargo, somos responsables y nos planteamos la posibilidad de que, aùn sin nuestros votos, se pueda eventualmente aprobar. Entonces debemos proponer y mocionar en aquellas cosa que creemos que el proyecto se puede “mejorar”. Por eso recalcamos que nuestra moción no se antepone a lo que ya dispone el Convenio UPOV.

 

Reitero que vale la pena plantearse un proceso de validación de la concesión de derechos de obtenciones vegetales  que se puede extender por 10 años, sin incorporar variedades que se utilizan para producir productos alimenticios de la canasta básica.

 

Reitero que vale la pena, que los que están de acuerdo con este proyecto y aún con el TLC, den una señal y muestra de que les importa la seguridad alimentaria. Que les importa el agricultor nacional y su permanencia. Que les interesa el consumidor y la garantía de que el país tendrá producción propia ante calamidades o desenfreno de los comerciantes internacionales subiendo los precios sin control.

 

Compañeros diputados y diputadas, cuando hablamos realmente de competitividad, y cuando hablemos de seguridad alimentaria, hablemos de estos temas. La concentración de nuestros materiales genéticos, en empresas, que andan detrás de un gran negocio, no significa ni más ni menos que un monopolio, que lo que viene es a encarecer nuestros costos de producción, que de por sí, hoy día ya son altos en este país.  Cuando hablemos de competitividad hablemos realmente de costos, pero señores, hoy más que eso hay  un tema importante y que todos, diputados y diputados, acá a todos los he escuchado en el Plenario, hablar de seguridad alimentaria, pero qué es seguridad alimentaria, es sencillamente una frase decir, “nosotros queremos que este país tenga seguridad alimentaria, bueno demostrémoslo con hechos y con palabras. No es sencillamente mencionar y citar una frase, decir que en este país tenemos que tener seguridad alimentaria.

 

Por lo anterior, compañeros y compañeras diputadas, he argumentado las razones por las cuales les pido el voto favorable para esta moción. Muchas gracias.

 

El PRESIDENTE:

 

            Gracias señor diputado.  Tiene la palabra el diputado José Merino.

 

DIPUTADO MERINO DEL RIO:

 

            Gracias señor Presidente. 

 

            Para hablar a favor de esta Comisión, que como bien explicaba el diputado José Joaquín Salazar es una moción que podríamos decir de baja intensidad, moderada, puesto que apenas pretende que por lo menos en el proyecto de ley, no sobrepasemos lo que ya está en el convenio UPOV, no fijarle unos límites al ámbito de aplicación, claro aquí se agrega el tema muy importante de la Canasta Básica, eso si es una novedad muy importante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.

 

            Yo no dejo, me decía el compañero, su asesor, qué que hacíamos para que este libro lo comprara la biblioteca, y pudiera, libro que nos interesan en una u otra dirección.  Si hay otro y que pudieran circular estas ideas entre los diputados, porque repito, me parece una opinión muy autorizada de un Premio Nóbel de Economia, que es estadounidense, porque a veces, los que estamos contra el TLC nos dirán, es que están contra los Estados Unidos, o sea cualquiera que sea una crítica, no he dicho mil veces que es un problema, estamos contra políticas económicas comerciales de determinados gobiernos, y tenemos aliados en los propios Estados Unidos donde hay también sectores muy amplios que se ven perjudicados por este tipo de negociaciones.  No es por casualidad, que por eso hoy las dos cámaras de Estados Unidos estén en manos de los demócratas, que han sido los más críticos hacia este tipo de tratados.

 

            Dejo una cosa apuntada, porque es muy importante para no crear una angustia en sectores de la población y en el mismo Parlamento.  Esas dos cámaras acaban de aprobar, por ejemplo, que a un país como Ecuador que ha rechazado radicalmente el TLC que ya estaba en una fase avanzada de negociación, se le va a renovar y limitar indefinidamente dice el Congreso de los Estados Unidos, el programa de preferencias, a la hora que Ecuador pueda exportar determinados productos sin pagar aranceles a Estados Unidos, que es el sistema preferencial, no recuerdo ahora, pero que es similar con algunos cambios, a lo que para nosotros es la iniciativa a la Cuenca del Caribe.

 

            Estamos ante un Gobierno, -el de Ecuador-, que el Presidente Correa dice que él está en el eje, que quiere el socialismo radical, incluso ganó las elecciones prometiendo que la base militar que tiene en Estados Unidos, en Manta, debe ser abandonada y que se coloca en un eje que el Gobierno de Bus por lo menos, podría interpretar que es un eje anti estadounidense, según ellos con Chaves, con Ortega, etc., bueno pues a ese Gobierno el Congreso de los Estados Unidos, dice “no”. Lejos de decir, que lo va a castigar, el Congreso de Estados Unidos, dice, bueno no importa que no aprueben el TLC,  Estados Unidos no va a tomar represalias indefinidamente les vamos a prorrogar el sistema por el que esos países andinos pueden hacer exportaciones en condiciones arancelarias favorables, aunque no hayan firmado un TLC.  Eso es válido para nosotros.

 

            Es decir, aquí si no se aprueba el TLC no pasa nada.  La iniciativa de la Cuenca del Caribe, se va a prorrogar indefinidamente, según señalan miembros de la mayoría demócrata del Congreso y del Senado. Eso nos da más tranquilidad, para discutir serenamente las implicaciones de esta situación. Es un estadounidense colocado en el corazón, digamos, del sistema y defensor de ese sistema porque Stillir, repito, publica un libro para ver cómo se hace funcionar a la globalización, no en contra de la globalización, pero para que funcione de manera que no perjudique a su país pero que tampoco destroce a los países nuestros.

 

            El dice que casi la mitad, de las cuatro mil patentes de plantas, registradas en Estados Unidos se derivan de los saberes tradicionales, cultivados en los países pobres.

 

            Las patentes mentiras que sean nuevas inversiones, es un acto de biopiratería, en este caso.  ¿Por qué razón? Porque quién puede determinar, quién de ustedes ¾y más la gente que sabe de agricultura, como don Saturnino¾ ¿cómo se puede determinar qué es nuevo en las obtenciones vegetales?  Yo me reconozco sin conocimiento de eso, simplemente pues uno espulga libros y trata de entender.

 

            ¿Qué es nuevo en las obtenciones vegetales, que no se apoye en alguna idea anterior?  Ideas que a veces se remontan a los siglos de los siglos.  Habría gente que iría más allá, los que tienen un sentimiento religioso dirían que es anticristiano e inmoral apoderarse de principios de la vida.

 

            El Papa ha dicho que algunos de estos capítulos de propiedad intelectual se pueden calificar de genocidios, sobre todo lo que tiene que ver con las patentes que afectan a las posibilidades de que la gente se cure, como está ocurriendo con el SIDA, o a las posibilidades de que la gente se alimente, como dice Stigliz, por ejemplo, que se intentó hacer con el arroz basmati.

 

El arroz bastami se come en la India desde hace cientos o miles de años; no hay memoria para saber desde qué momento se consume en la India esa especie de arroz basmati.  Pues dicen que en 1997 llega una transnacional norteamericana, inscribe la patente del arroz basmati en Estados Unidos y le otorgan la patente.  Claro, la India que es un país muy grande y muy fuerte inició una enorme resistencia ¾que no sería el caso de países pequeños como el nuestro¾ esa fue una lucha que se ganó finalmente.

 

            Finalmente, después de años, de movilizaciones, de protestas del Gobierno de la India, Estados Unidos rescindió todas las patentes que se habían inscrito sobre el arroz basmati, pero  en la actualidad hay cinco peticiones todavía vidas, para patentar ese arroz.

 

            Imagínense que es el alimento fundamental de setecientos millones de seres humanos, era un problema diplomático de primer orden y el Gobierno se negó a permitir que esa transnacional, la Ricetec, vendiera en el mercado su arroz, como si fuera arroz basmati.

 

            ¿Entonces qué es lo que se criticó?  Que esa Transnacional decía que había hecho innovaciones a esa variedad de arroz.  Es posible, pero en el fondo se quería apoyar en una pretendida innovación para apoderarse de un saber acumulado, que no está registrado en ninguna historia, pues esos saberes tradicionales no se inscriben; son saberes que incluso la misma gente no sabe ni que sabe, porque están inscritos en la práctica del ser humano.

 

            ¿Te pones a pensar cuando haces ciertas labores prácticas que sabes hacer?  No, porque ya está inscrito en tu código cultural, en tu código genético y haces muchas cosas, sin saber que sabes hacerlas.

 

            Que de pronto alguien pudiera hasta patentar el andar, el saber caminar, ¿cómo es eso?  Porque hay un momento en que nuestros ilustres antepasados andaban a cuatro patas y después se pararon sobre dos.

 

            Se aprendió a hacer muchas cosas y en lo que es, sobre todo la alimentación, hay un saber del campesino guanacasteco, el indígena en Boruca, en el otro lado, en Talamanca y ¿cuándo se le va a ocurrir que tiene que inscribir o patentar una forma de cultivar, de obtener mejoras?  Y tampoco se sabe exactamente cuándo surgieron, porque han surgido a lo largo de cientos de años, a través de una prueba que en el fondo es científica; pero que si se va a inscribir la invención no la admite, porque el conocimiento tradicional no lo admiten como conocimiento científico, a la hora de inscribir una patente o de inscribir un conocimiento.

 

Ese es el problema, los saberes tradicionales, la ciencia de la modernidad los menosprecia y no considera que obedezcan a una metodología susceptible de ser calificada como científica y entonces no se puede patentar.

 

            ¿Cómo se patenta un procedimiento que no sabe cómo ha surgido, porque no es producto del laboratorio ni de una operación intelectual abstracta, sino el producto de una experiencia que se ha transmitido de generación en generación?

 

            Entonces, estamos discutiendo un proyecto que es de enorme calado intelectual, político, humano, esto afecta a la misma condición humana.

 

            Insiste Stiglitz:  “se puede patentar una idea, quién inventa...”, bueno eso es una crítica ya general a toda la política de propiedad intelectual... ¿me queda un minuto?

 

            Recuerda, por ejemplo, qué opinaba el Presidente Jefferson cuando redactó en 1793 la primera Ley de Patentes y dice: 

 

“Jefferson imaginaba que las patentes se concederían solo a inventos físicos y útiles, muy concretos, pero cuando se aprobó la ley en la que se basa toda la moderna política de comercio intelectual, en 1952, un informe del Congreso de Estados Unidos afirmó que cualquier cosa que haga el hombre bajo el sol es susceptible de recibir una patente, desde entonces ha sido imparable ¾dice Stiglitz¾ el proceso de hacer patentable cada vez más cosas y conceptos, llegando al colmo de que se quiere patentar el mismo genoma humano”.

 

Bueno, de hecho ya hay una guerra, igual que hubo una guerra por patentar el átomo, ahora hay una guerra subterránea por patentar el principio de la vida.

 

            Todo eso tiene que ver con este proyecto y esta moción ¾repito¾ simplemente coloca el proyecto, no a la altura, por lo menos de no querer nosotros, en nuestra legislación interna, ir más allá, incluso, del ámbito de aplicación que plantea el convenio UPOV.  Gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor Diputado.

 

            Me ha solicitado la palabra la Diputada González Morera, ¿para hablar a favor?

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            A favor.  Gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras.

 

            Ayer estuve allá por Santa Cruz y me contaron sobre la actividad del intercambio de semillas, que hacen ahí en ese pueblo.  Me hubiera gustado hacer una felicitación pública a este pueblo de Santa Cruz, que conserva tan bien todas las tradiciones.

 

            Decía Lencho en una de sus canciones:  “cómo me da pena de ver que se pierden nuestras tradiciones” y ahí uno se siente en un ambiente diferente.  Un ambiente en donde todo lo que se hace es totalmente tradicional.

 

            Me estuvieron comentando algunos vaquianos de ahí sobre esa actividad de las semillas que hicieron el jueves, que por cierto no fue Saturnino, ¡verdad!...   

 

Bueno, ese intercambio que hacen todos los agricultores, llevan lo que producen y hacen intercambios de semillas.  Bueno, ese pueblo vale la pena, porque conserva sus tradiciones tal y como se debe, otros pueblos hacen fiestas pero no las conservan en la misma forma que este pueblo lo hace.

 

Voy a iniciar mi intervención recordándoles nuevamente las palabras de una excompañera liberacionista, ahora es alcaldesa de la provincia de Alajuela, porque en una ocasión lo hice ver en el Plenario, pero aquí en la Comisión pienso que por ser más reducida tal vez ustedes presten más atención de lo que decía la señora Joyce Zürcher en el seno de la Comisión de Internacionales, con respecto a este proyecto.  Esto aparece en el acta del 8 octubre del 2002, manifestando ¿por qué se oponía a la aprobación del Convenio UPOV?

 

A mí lo que me duele es ver que los que hoy dicen llamarse Social Demócratas y están a la par de Joyce, cambiaron de opinión totalmente.  Para nadie es un secreto, que esto responde a una orden superior y a intereses económicos, que ya todos conocemos. 

 

Decía doña Joyce, que todas las obtenciones vegetales que hemos disfrutado provienen de la utilización de los recursos agrícolas, que ha hecho nuestro pueblo, tanto el indígena cual el mestizo, producto de la llegada de los españoles. 

 

Dice:  “...Si nosotros aprobamos este proyecto estamos permitiendo que los países que tienen muchos recursos económicos puedan aprovechar todas las obtenciones vegetales, todo aquello que se pueda obtener de nuestros recursos vegetales y las puedan registrar con patentes y derechos de autor y propiedad intelectual.  Esto permitiría además, que las empresas grandes de medicina, de farmacopea, de cosmetología pudieran venir y registrar estas obtenciones vegetales pudiendo además elegir el país donde se registran miembro del conjunto de países que suscriben este Tratado.  Pienso –decía doña Joyce- que este Convenio que se está presentando en la Asamblea Legislativa en lugar de beneficiar a nuestros agricultores pequeños y medianos tradicionales, profundamente puede perjudicarlos...”  

 

“...En este mismo sentido, los insto para que reflexionemos cuando estemos discutiendo convenios internacionales sobre propiedad intelectual, porque los países desarrollados lo que pretenden es que nos volvamos aquí policías que defienden los derechos de otros países desarrollados, que sí pudieron hacer investigación y que a veces vienen hacerla aquí en nuestro país comprando o disimulando esa investigación que nosotros no podemos hacer...”   Lo que nos mencionaba aquí nuestro compañero Merino.

 

Dice:  “...Como nosotros somos un país subdesarrollados estamos ante el tigre suelto cuando nosotros somos los burritos amarrados –palabras textuales de Joyce-, pero de burros no debemos de tener nada y abramos muy bien los ojos para darle vuelta a la moneda.  Así es que los insto, por favor, a no suscribir este Convenio y a no dictaminarlo afirmativamente para que no pase al Plenario con dictamen afirmativo de esta Comisión...”

 

Doña Joyce, se refería al Convenio, hoy estamos con un proyecto, que es una copia del Convenio y que es un requisito, para después aprobarlo.  Esas manifestaciones no provienen del Partido Acción Ciudadana, sino de una liberacionista, que no fue la única en oponerse.  Ese proyecto de ley no fue aprobado gracias a que quienes nos precedieron en esta Asamblea Legislativa, abrieron los ojos, antepusieron sus intereses a los intereses del país y a los de las transnacionales.

 

El TLC obliga a Costa Rica a ratificar el Convenio UPOV y antes, la Ley de Obtenciones Vegetales.  Por eso está este proyecto en discusión en esta Comisión y por eso estamos hoy aquí hasta las once de la noche, que yo no sé si mi amigo va a aguantar, porque ya está con sueño ¡verdad!

 

Compañeros que lo defienden o que lo apoyan con su voto afirmativo lo hayan redactado o tengan total convencimiento de que es una buena opción para nuestro país.  O porque los sectores de la pequeña y mediana agricultura o las comunidades indígenas les hayan solicitado un proyecto de obtenciones vegetales.   Sabemos que no es así, este proyecto está en la corriente legislativa, porque es una imposición, un compromiso que forma parte de este mal llamado TLC.

 

Existen tres sistemas alternativos de protección de variedades vegetales bajo el Convenio UPOV, en el acta de 1961 junto con las Enmiendas de 1972, el acta de 1978 y el acta de 1991.

 

En cuanto a la cobertura de variedades veamos lo que establecía el Convenio en los distintos momentos.   El UPOV 61 se aplicaba a todos los géneros y especies mencionados en el anexo del Convenio, pero de manera progresiva.  Se esperaba que cada miembro aplicara las disposiciones del Convenio por lo menos a cinco de los géneros mencionados en el anexo, en el momento de adherir y luego a los otros géneros de la lista en tres fases a saber:  a)  A un plazo de tres años, por lo menos a dos géneros más.  b)  En un plazo de seis años, a por lo menos cuatro géneros más y c) En un plazo de ocho años a todos los géneros incluidos en el anexo.   Los géneros y especies y de la lista eran importantes en Europa y en países de la zona climática temperada.

 

En UPOV 78, inicialmente los miembros debían aplicar las disposiciones del Convenio a cinco géneros o especies como mínimo, en un plazo de tres años a diez géneros o especies en total y después de tres años más a dieciocho.  En un plazo de ocho año al menos 24 géneros o especies debían de estar protegidos.  El número de géneros o especies a incluir podía reducirse o el período permitido para cumplir con las obligaciones de cubrimiento podía ser aumentado, si algunos miembros en particular de la UPOV no estaban en capacidad de cumplir con lo establecido por causa de condiciones económicas y ecológicas especiales.

 

Bueno, lo dejo hasta ahí.  Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:  

 

            Muchas gracias, señora Diputada.

 

            Tiene la palabra la diputada Gladys González Barrantes.

 

LA SECRETARIA:

 

            Buenas tardes, compañeros y compañera. 

 

            El artículo 27.3 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, ya establece una obligación de proteger todas las obtenciones vegetales.   Esta obligación era exigible para Costa Rica desde el año 2000, por lo que el establecer la graduabilidad propuesta para la protección de las variedades vegetales constituiría una violación al Acuerdo ADPIC, por lo tanto, yo votaré en forma negativa esta moción.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.

 

            En vista que no hay más solicitudes del uso de la palabra, vamos a someter la votación la moción número cuatro.

 

            Discutida.  Los señores Diputados que estén por darle su aprobación, se sirvan manifestarlo levantando la mano.  En total siete diputados.   Tres a votos a favor del Partido Acción Ciudadana.

 

DESECHADA.

 

            Antes de continuar, se va a hacer una pequeña aclaración solicitada por el licenciado Carlos Alfaro y le vamos a conceder un minuto.

 

LICENCIADO CARLOS ALFARO:

 

            Buenas tardes, señores diputados.

 

Con respeto a ustedes quiero aclararles, de que yo no estuve presente a la hora del inicio, porque no fui convocado.   Fui convocado cuando el señor Presidente dijo que cuál asesor del Departamento de  Servicios Técnicos iba a asistir, por esa razón, yo no me presenté a la hora que se inició la sesión pertinente.  Muchas gracias.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, licenciado.

 

            Le solicitamos a la señora Secretaria darle lectura a la moción número cinco.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº6-47,  del diputado Merino del Río:

 

“Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 2 del proyecto de ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración) y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación

 

(...)

 

No se otorgará protección a las plantas silvestre o que no hayan sido mejoradas por el solicitante.  También quedan excluidas de la aplicación de derechos de obtentor las variedades esencialmente derivadas o puestas a punto a partir de semillas criollas o del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.  (...)

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado José Merino del Río. 

 

            Permítame aclarar, que cuando digo siete diputados presentes, en realidad son ocho contándolo a usted don José, pero de los que votan.

 

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:

 

            Decía que este proyecto de ley favorece la apropiación de nuestros recursos genéticos y biológicos; y desconoce por completo el derecho de los agricultores y de los pueblos indígenas al reconocimiento y protección de sus conocimientos tradicionales entrando en contradicción con la Convención de Diversidad Biológica y la Ley de Biodiversidad de nuestro país.

 

            La intervención del ser humano para el mejoramiento genético de las plantas, no es una actividad nueva.   Durante siglos los campesinos y los pueblos autóctonos de los países en desarrollo, a través de sus métodos tradicionales del cultivo han contribuido a la conservación de la biodiversidad y a la preservación, mejoramiento, enriquecimiento y reproducción de los recursos fitogenéticos.  

 

Así se ha reconocido que la biodiversidad no es un producto exclusivo de la naturaleza, la actividad humana de los pueblos indígenas ha sido invaluable en el mejoramiento de los cultivos y de la medicina tradicional, al punto de que se ha llegado a afirmar que probablemente el cambio total genético logrado por los agricultores a lo largo de milenios, ha sido mucho más importante que lo realizado en el último siglo, por los esfuerzos sistemáticos de la ciencia.  

 

De hecho las empresas trasnacionales que realizan investigaciones biotecnológicas sobre la biodiversidad usualmente toman como punto de partida para los “descubrimientos”, que posteriormente patentan en su propio beneficio los conocimientos de los pueblos autóctonos y aprovechan los genes seleccionados, mejorados y desarrollados por los agricultores.  

 

A pesar de lo anterior, estos valiosos aportes de los agricultores y de los pueblos indígenas no son reconocidos ni protegidos por los sistemas tradicionales de propiedad intelectual, por no ser considerados como decía antes, como científicos y no reunir los requisitos para la concesión de patentes.   Por el contrario, se ha dado la paradoja de que los países en vías de desarrollo y en especial sus agricultores, que son los que aportan el material genético mejorado y protegido por ellos a lo largo de los años, y que posteriormente son obligados a pagar cuantiosas sumas de dinero por patentes y derechos de obtentor, para tener acceso a sus propias variedades vegetales genéticamente modificadas.

 

En este sentido todo parece indicar que nuestro sistema capitalista de mercado, la única materia prima que es entregada gratuitamente es la biodiversidad, paradójicamente los donadores son los países pobres del Sur, pero ricos en biodiversidad y los beneficiados son los países ricos del Norte, pero pobres en recursos genéticos.  La ironía es que la información genética y cultural ha sido producida y reproducida incesantemente por los campesinos y los pueblos tradicionales a través de milenios; y que los frutos de sus esfuerzos no están valorizados a pesar de su evidente utilidad.  

 

Frente a este inequitativo panorama, los países del tercer mundo iniciaron hace tiempo una ardua lucha por el reconocimiento de sus derechos, la cual surtió sus primeros frutos a través de las resoluciones de la FAO  de los años 83 y 89.   En especial, esta última reconoció por primera vez la existencia de derechos de los agricultores, es decir, el derecho de los campesinos e indígenas a que se les reconozca y se les retribuya su histórica labor de preservación y mejoramiento de la biodiversidad, concretamente de los recursos genéticos. 

 

Estos derechos parten de la existencia de sistemas informales de innovación, por parte de los agricultores, que con su ingenio, su creatividad y esfuerzo, han mejorado los genes de sus cultivos, como así lo hacen las innovaciones de la biotecnología moderna protegida bajo el sistema de patentes.   Y por esta razón tienen derecho, a que se les conceda protección bajo sistemas especiales que contemplen su especificidad.  Otro gran avance en esa dirección después de esta resolución de la FAO de 1989, se logró con la Convención Diversidad Biológica de 1992, ratificada por nuestro país en 1994, la cual reconoció la soberanía de cada país, sobre sus recursos genéticos y el derecho a explotarlo de conformidad con sus políticas ambientales, así como el derecho soberano de cada Estado, a regular en sus legislaciones nacionales, el acceso de sus recursos naturales y los requisitos para ello.  

 

No es por casualidad –agrego- que los Estados Unidos se niegue a ratificar esa Convención de la Diversidad Biológica, precisamente, porque sus transnacionales no renuncian a tratar como bienes mercantiles esos recursos de la biodiversidad del planeta.  

 

Con base en esta Convención nuestro país aprobó la Ley de Biodiversidad en 1998 e incorporó la regulación de los denominados derechos intelectuales comunitarios sui géneris, que podrían ser papel mojado en caso de que esta Asamblea Legislativa cometiera el error histórico de aprobar el Convenio de UPOV, porque hacer un Convenio Internacional le caería encima a la Ley de Biodiversidad que fue un enorme avance de nuestro país y sobre todo de las fuerzas ecologistas, de las fuerzas populares de los sectores que dieron una lucha, de las universidades que una lucha enorme porque tuviéramos una Ley de Biodiversidad tan avanzada.

 

El artículo 82 de la Ley de Biodiversidad se establece que el Estado reconoce y protege expresamente dichos derechos comunitarios sui géneris, entendido como los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado.  ¡De eso no habla el Convenio de la UPOV!

 

Se reconoce que estos derechos existen por la sola existencia de la práctica cultural o del conocimiento asociado a recursos genéticos o bioquímicos, por lo que no requieren declaración, ni demostración previa, ni registro oficial.   De forma expresa se establece que su reconocimiento es nuestra Ley de Biodiversidad, implica que no podrán ser afectados por otras formas de protección a la propiedad intelectual, ni por leyes especiales o por el derecho internacional.   A su vez el artículo 72 inciso 6) de la Ley de Biodiversidad establece que no son susceptibles de la aplicación de patentes...

 

¿Cuánto tiempo llevo, señor Presidente?  No llevo ni cinco minutos, que me está tocando la campana el diputado Saturnino Fonseca.  ¡Ah, es el celular!

 

¿Ocho minutos?  Descuénteme este minuto que he perdido por distraerme.

 

Un receso señor Presidente, es que me distrae por favor...

 

EL PRESIDENTE:

 

            Se decreta un receso de hasta dos minutos.

 

            (Se procede de conformidad)

 

            Se reanuda la sesión.

 

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:

 

            Señores diputados y diputadas, que el Convenio de la UPOV y este proyecto de ley que lo desarrolla constituyen un retroceso en relación con los logros obtenidos para el país, para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.  Eso es muy fácil de comparar, comparemos aquí la Ley de Biodiversidad y el Convenio Internacional sobre Biodiversidad, con esta ley, el Convenio UPOV para ver el retroceso que se está operando en esta materia en un país que enorgullece.  Francamente no entiendo como esto no lo entiende el premio Nobel de la Paz, porque la paz no es solo un problema de armas y de guerra.  La paz es efectivamente garantizar bienestar.

 

Esta ley y el Convenio UPOV omiten contemplar los derechos intelectuales comunitarios sui géneris y más bien abre portillos para el otorgamiento de derechos de obtentor sobre los conocimientos o las invenciones asociadas a las prácticas de estas comunidades.  Aunque el artículo 82, párrafo final de la Ley de Biodiversidad, establece que las leyes especiales y el derecho internacional no afectará las prácticas históricas de las comunidades, cabe recordar que esta disposición no se podría oponer al Convenio, ya que por su carácter de Tratado Internacional tendría un rango superior a la ley Nº7788 en caso de ser aprobado y podría, de hecho, implicaría la derogatoria tácita de dicha norma, así como del inciso 6 del artículo 72, que excluye la posibilidad de otorgar derecho de obtentor sobre innovaciones asociadas al conocimiento comunitario.

 

Espero que la gente esté consiente de esto cuando hagamos un esfuerzo de divulgación, para que la gente se movilice y se indigne con este proyecto.  Porque esto no lo vamos a resolver aquí aislados de la comunidad nacional, esto se va a resolver en medio de una enorme polémica nacional, donde tendremos que tomar cada uno nuestra responsabilidad ante el país y ante la gente, fundamentalmente ante nuestras comunidades de agricultores.

 

Tendríamos que salir de aquí y organizar debates, señor Presidente de la Comisión, y no estar aquí a puertas cerradas, “window closed”, decía Jean Paul Sartre, cuando se quería manipular tantas cosas a puertas cerradas.

 

Yo por lo menos no acepto que este debate sea a puertas cerradas y voy a tratar de agitar a la opinión pública, en el sentido de agitación de mover la conciencia.  Porque cada diputado tiene que  responsabilizarse ante sus comunidades y no se pueden referir órdenes cuando puede haber contradicción entre convicción, bien común y votos; no se pueden trasladar responsabilidades, cada uno las debemos asumir con el mayor conocimiento.

 

El convenio de la UPOV establece en su artículo 3, que el mismo deberá aplicarse a todas las especies y géneros vegetales.  De acuerdo con el artículo 7 del convenio, que contiene los parámetros para considerar a una variedad como nueva y por ende susceptibles de permitir la confesión de un derecho de obtentor, el criterio a seguir para determinar la novedad de una variedad es, que a la fecha de la presentación de la solicitud para la concesión del derecho el material de la reproducción o el producto de la cosecha de la variedad, no haya sido vendido o entregado a terceros por el obtentor, con fines de explotación de la variedad, mas de un año antes de esa fecha en el territorio del país y más de cuatro años antes fuera del territorio nacional.

 

Me parece que son elementos que no son inventos, ahí están, comparemos la legislación, la que ya está aprobada en este país y la que se nos quiere meter ahora en la cola del TLC.  Pero aquí es como el escorpión, en la cola es que está el veneno más peligroso.

 

Este convenio UPOV todavía es peor que el determinado contenido de propiedad intelectual que hay en el TLC, igual que otras cosas de la llamada ley de implementación.

 

Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias, señor Diputado. Continúa en el uso de la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

Gracias, señor Presidente.

 

            La fracción del PAC apoya en todos sus extremos la moción en discusión, presentada por el señor diputado José Merino del Río, y que tiene dos propósitos que consideramos mejora sustancialmente el texto final del proyecto.

 

Si bien, como ya lo hemos manifestado, nuestra Fracción desearía que este proyecto inconveniente fuera retirado de esta Comisión y nos dediquemos a asuntos más urgentes para la agricultura y para el agricultor.  Siempre hemos dicho que necesitamos legislar en beneficio de este sector, pero nos encontramos una agenda con un proyecto de ley que, mas que favorecer al agricultor y la agricultura de este país, va en contra de esos principios. Entonces aquí tengamos esa claridad, de para quién es que estamos legislando.

 

También hemos sido claros en que no avalamos en su conjunto el proyecto y lo rechazamos porque atenta contra un principio sagrado nacional, de no permitir el patentamiento de los seres vivos, la responsabilidad como diputados nos obliga a plantearnos la posibilidad –Dios no lo quiera- que finalmente la Comisión alcance los votos para su aprobación.

 

Ante esa realidad, nos hemos abocado a presentar mociones y apoyar aquellas de otros diputados que busquen mitigar los golpes que asestará este proyecto al agro nacional, al agricultor y a la biodiversidad vegetal. 

 

En ese marco, apoyamos la presente moción del señor diputado Merino.

 

Para fundamentar y ubicar con toda claridad ese propósito, me permito mencionar literalmente, primero, lo que dice el texto original del artículo 2 en su segundo párrafo: “No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre.”

 

Por su parte, lo que propone la moción indica:

 

“No se otorgará protección a las plantas silvestres o que no hayan sido mejoradas por el solicitante. También quedan excluidas de la aplicación de derechos de obtentor las variedades esencialmente derivadas o puestas a punto a partir de semillas criollas o del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público. (...)”

 

Empiezo fundamentando la necesidad de incorporar el texto que sugiere esta moción evocando la misma Biblia:

 

 “El agricultor que trabaja es el primero que tiene derecho a:  percibir los frutos de la cosecha”.  2a. Carta a Timoteo, 2-6. No estoy predicando, estoy hablando de asuntos técnicos y asunta de la naturaleza que desde la Biblia misma nos da el reconocimiento ancestral y el derecho al ser humano.

 

Respaldaré esta fundamentación haciendo extractos de un documento especializado, abundantemente sustentado y revelador en su análisis denominado.

 

“La propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica:  Mecanismo de apropiación del patrimonio bioquímico y genético.  Dra. Silvia Rodríguez Cervantes, 30 de enero de 2005”

 

En esta ocasión y vendrán muchas más, usaré ¾y usaremos los diputados del PAC)¾ citas de esta distinguidísima científica. De algún modo es también un desagravio por la injusticia que cometió esta Comisión, en no acceder a que fuera recibida en audiencia.

 

Como decía don José Merino, aquí estamos a puertas cerradas y no permitimos que ni siquiera especialistas o la sociedad en general agricultores y muchos que deben opinar sobre este tema hasta hoy se les ha cerrado la puerta.

 

Los países centroamericanos han sido dotados por la naturaleza con una gran biodiversidad, incrementada y protegida por el trabajo de indígenas y campesinos a lo largo de los años

 

En el aspecto económico y político, unas cuantas empresas transnacionales consolidarán globalmente la apropiación  de la capacidad de reproducción de las semillas, base del sustento de la humanidad;  de los diseños moleculares de una planta, animal o microorganismo para la elaboración de medicamentos;  de las propiedades de las bacterias para fagocitar hidrocarburos; o de los genes de algunas plantas con resistencia a la sequía o el frío. 

 

Estas y otras propiedades de los seres vivos no son producto de laboratorio; sin embargo, se están privatizando cada día en  mayor escala por medio de subterfugios legales de manera que,  quienes posean un certificado de propiedad de las unidades básicas de la vida, no necesariamente en manos de los investigadores, podrán controlar  el acceso y la venta de los productos, su procedimiento de elaboración y la tecnología patentada con la que se obtienen.

 

Señores diputados y diputadas, este es el asunto de fondo y trascendental de lo que está discutiendo y decidiendo esta Comisión con el expediente 16.327.

 

Continuo con lo que contiene esta cita referencial de la Dra. Silvia Rodríguez, sobre:  “...¿Cuáles son los alcances de la propiedad intelectual sobre seres vivos?

 

Poseer la propiedad intelectual sobre las cosas vivientes no es como tener algunas vacas o árboles frutales, un huerto con hortalizas, una cosecha de arroz o una laguna de peces. 

 

Es una forma de posesión diferente y de más largo alcance. La distinción puede ser parecida a la diferencia entre tener un recipiente (o un lago) lleno de agua y tener la fórmula química del agua.  Un poseedor de la patente de la fórmula química del agua tendría el derecho, no sólo de decidir quien podría tener acceso al lago en particular, sino a cualquier agua en cualquier parte y al uso de la fórmula química para cualquier propósito.

 

Cuando alguien tiene derechos de propiedad intelectual sobre una nueva variedad de trigo, por ejemplo, cualquiera que lo cultive tiene que pagar un derecho al poseedor de la propiedad intelectual (…).  Bajo las leyes de patentes, también es posible monopolizar las partes de una planta o animal tal como genes específicos o características genéticas….”

 

            Y se debe mencionar otros impactos sino somos receptivos a aprobar esta moción que proteja los materiales criollos, derivados del conocimiento de prácticas tradicionales o culturales del dominio público.

 

En esta  ocasión paso a mencionar uno de mi especial interés, por lo que implica e implicará en la seguridad alimentaria:  Me refiero, a los impactos sobre el desarrollo científico y social

 

Steven Price, de la Universidad de Wisconsin, señalaba en 1991 que al escuchar a sus colegas referirse cada vez con mayor frecuencia a las dificultades para conseguir materiales genéticos protegidos con títulos de propiedad intelectual, así como su incidencia negativa en el mejoramiento de plantas del sector público,  decidió hacer un sondeo más amplio, para conocer el nivel de generalidad de tales dificultades. Recibió 86 respuestas de 25 universidades de los Estados Unidos, cuyos investigadores se encontraban trabajando con 41 cultivos.  Los resultados fueron los siguientes:  48% indicaron que habían tenido dificultades para obtener materiales genéticos protegidos de las empresas privadas.

 

45% señalaron que lo anterior había entorpecido su investigación. 

 

28% sintieron que la misma situación interfirió también en su capacidad de liberar nuevas variedades.

 

23%  reportó que eso estaba obstaculizando el entrenamiento a estudiantes de postgrado de las universidades públicas.

 

Señores diputados. y diputadas. Esto es una alerta. Llamo la atención y estos argumentos justifican tener en cuenta la moción presentada. A los efectos de estos posibles riesgos nos estamos exponiendo.

 

Andrew Pollack del New York Times, cita varias opiniones preocupadas por el alejamiento de la investigación agrícola para solucionar los problemas del hambre, entre otras cosas por las restricciones de la propiedad intelectual que chocan contra el libre intercambio de semillas y de tecnología que nutre el sistema de investigación pública. 

 

Entre los investigadores consultados estaba  la Dra. Ana Sittenfeld, de la Universidad de Costa Rica, quien se refirió al caso de las investigaciones que allí están desarrollando para obtener arroz resistente a un virus que ataca con frecuencia a este cultivo en los países tropicales. 

 

El problema es que,  para poder vender las semillas a los agricultores, tendrían antes que obtener el permiso de quienes ya ostentan alrededor de 34 patentes sobre ese arroz. 

 

Sabemos que "permiso" significa generalmente pago de regalías y si hablamos de un cultivo básico para la alimentación costarricense, el arroz que anda alrededor de 56 kilos consumo per capita, el principal grano básico de la alimentación de este, ¿qué impacto tendría eso en términos económicos y de  soberanía alimentaria?

 

Otro artículo, esta vez del renombrado abogado estadounidense, John Barton, señala que la marcada tendencia de patentar las biotecnologías agrícolas pueden lesionar a aquellos a quienes más deberían beneficiar, esto es, a la gente de los países en desarrollo. 

 

Indica que el problema de las patentes se extiende mucho más allá de ser un simple hecho legal hasta influir, por ejemplo, en las agendas de las universidades de los países desarrollados, y nosotros agregaríamos:  “también de las nuestras”. 

 

En el pasado, indica Barton, las universidades fueron muy importantes en el avance de una agricultura saludable en los Estados Unidos y  por décadas colaboraron con los institutos de investigación internacional y de los países en desarrollo; sin embargo, ahora ellas mismas se encuentran buscando derechos de propiedad intelectual.  Como resultado esto estaría teniendo que ver en la redirección de sus agendas de investigación alejadas de las necesidades del mundo en desarrollo.

 

Señores compañeros diputados y diputadas, a este proyecto de ley pongámosle atención, ya mismo especialistas he investigadores de Estados Unidos nos dicen las consecuencias de esto y no estamos haciendo esa lectura.

 

Una de las más serias contradicciones  entre  la Ley de Biodiversidad  y el TLC-EUCA es que, en la primera, los recursos genéticos y bioquímicos son bienes de dominio público y como tales no pueden salir de manos del Estado costarricense, que es quien otorga permisos de uso.  En cambio, en el Tratado, el recolector podría “…reclamar protección como inversionista, respecto del material colectado”, y posteriormente demandar propiedad intelectual sobre sus propiedades bioquímicas o genéticas.

 

            En este marco, la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales al ser hija del Convenio UPOV 91 y nieta del TLC lo que haría es ser un legitimador final de este proceso.

 

Ahora, ¿Qué tiene que ver el conocimiento tradicional con el “libre comercio”? Depende.  Para algunas personas el conocimiento tradicional puede comprarse y venderse, de manera que debería tener mucho que ver.  Para otras, es algo que debe estar fuera del mercado, de manera que no debería tener nada que ver.

 

Sin embargo, muchas personas tienen que vérselas con los términos medios y las ambigüedades de este conflicto. A la vez que tratan de promover algún tipo de “derecho” a los conocimientos tradicionales, permanecen dentro del marco predominante de la propiedad privada y generalmente terminan proponiendo alguna forma adaptada de derechos de propiedad intelectual.

 

Esto hace que con frecuencia conduzca a error hablar de “protección” con relación al conocimiento tradicional. ¿Qué se protege? ¿Los derechos de las empresas a excluir, apropiarse y vender? ¿O los derechos colectivos a utilizar, compartir, mejorar y desarrollar el conocimiento en el contexto de las formas de sustento locales?

 

El debate, si bien es técnicamente aburrido y parece muy alejado de las realidades concretas, en realidad es fundamental.

 

Justo en el medio se encuentra esta monstruosa contienda ideológica y cultural entre considerar el conocimiento tradicional como “propiedad intelectual”, con lo cual se le puede privatizar para servir las estrategias económicas y de desarrollo de las empresas, o considerarlo como un patrimonio colectivo de pueblos y comunidades cuya regulación y aún más su gobierno, quedan fuera de la competencia de los Estados.

 

Como pueden ver señores diputados, no es casualidad que estemos discutiendo el proyecto de obtenciones vegetales, como una imposición del Convenio UPOV y del TLC. La tendencia mundial y la estrategia de potencias como EEUU, en protección de sus transnacionales, nos llevan e inducen hacia un embudo donde privan sus intereses. Sus verdaderos intereses comerciales.

 

No cabe duda que Costa Rica ha mostrado históricamente seguir prudente y cautelosa caminos propios, se revela y eso nos ha traído beneficios. No nos entreguemos y hagamos de este momento histórico una excepción.

 

Manifestemos esta peculiaridad. Seamos patriotas y les exhorto a votar positivamente esta moción.    Gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.

 

            Tiene la palabra la Diputada González Barrantes.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ BARRANTES:

 

            Con respecto a las plantas silvestres, lo que se excluye de la protección otorgada por este proyecto de ley, son las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre.  Sin embargo, si una planta silvestre es mejorada mediante una práctica formal de mejoramiento genético, esta nueva variedad mejorada sí podría ser objeto de protección.

 

            Por otra parte, con respecto a las semillas criollas, es necesario aclarar que lo que se protege mediante este proyecto no son las semillas criollas en sí mismas, sino únicamente las variedades que hayan sido mejoradas mediante algún sistema formal de mejoramiento genético y que además cumplan con los requisitos establecidos para la protección.

 

            En este sentido no es correcto excluir del ámbito de aplicación las variedades derivadas de semillas criollas o conocimientos asociados.

 

            En caso de que una variedad mejorada se haya desarrollando o utilizando alguna semilla criolla o un conocimiento tradicional, ya el artículo dos aclara que siempre debe cumplirse con las normas de protección a estas semillas o conocimientos.

 

            Además, lo que se protegería sería la nueva variedad mejorada y no la semilla criolla, la cual siempre podría seguir utilizándose sin ninguna restricción ni limitación.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.

 

            Tiene la palabra el Diputado Rojas Rodríguez, para hablar a favor.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Yo insisto y sigo con la enorme preocupación acerca de los diputados miembros de esta Comisión, a los cuales no les he escuchado ni he logrado captar, ¿cuál o cuáles son los beneficios para los agricultores, a los cuales nosotros prometimos venir a defender a esta Asamblea Legislativa?

 

            Ahorita no más escuchábamos a la Diputada González, haciendo mención de que lo que se pretende proteger es a las variedades que hayan sufrido algún tipo de modificación. Sin embargo, conocemos, por las estadísticas mundiales, que la investigación y el desarrollo de nuevas variedades se da en un 90% por las empresas transnacionales que, precisamente, no están radicadas en Costa Rica.

 

            Entonces, cuando defendemos un proyecto de este tipo, claramente queda definido que estamos defendiendo a empresas transnacionales, que son las que realizan la casi la totalidad de la investigación en este planeta.

 

            De ahí que la moción que presenta el Diputado Merino es sumamente importante, para establecer el ámbito de aplicación de este proyecto y el hecho de no poder otorgar protección a las plantas silvestres o que no hayan sido mejoradas por el solicitante, protegerá el conocimiento tradicional y en cierto grado la biodiversidad.

 

            Recordemos lo especificado en la Ley 7788, Ley de Biodiversidad, que en su artículo 7.2, al definir “biodiversidad”, menciona que:

 

“Para los efectos de esta ley, se entenderán como comprendidos en el término biodiversidad, los elementos  intangibles, como son:  el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro”.

 

            Pongamos atención al concepto de la Ley de Biodiversidad, dice esa ley: “recursos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui generis de registro”.

 

            O sea, que una planta silvestre siempre se considerará parte de la biodiversidad nacional.

 

            La moción también establece el ámbito de aplicación, excluyendo de los derechos del obtentor, las variedades esencialmente derivadas o puestas a punto a partir de semillas criollas, del conocimiento asociado, a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público.

 

            Según las definiciones del artículo 3 del presente proyecto, se entiende como variedad esencialmente derivada la:

 

“Variedad que se obtiene de un trabajo de derivación a partir de una variedad inicial, conservando la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial; se distingue claramente de esta, únicamente por las diferencias resultantes de la derivación. Podrán obtenerse, por selección de un mutante natural o inducido, de un variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las plantas de la variedad inicial, retrocruzamientos o transformaciones por ingeniería genética, entre otros”.

 

            Recordemos que la especie se considera como perteneciente al rango más bajo de la clasificación botánica del reino vegetal.  No obstante, las plantas que pertenecen a una especie pueden ser muy diferentes.

 

            Los agricultores y cultivadores necesitan plantas que se adapten al entorno en el que se cultivan y se adecuen a los métodos de cultivo, empleados.

 

            Por consiguiente, los agricultores y cultivadores utilizan un grupo de plantas definido de manera más precisa, que se selecciona dentro de una especie y se denomina “variedad vegetal”.

 

            En el fitomejoramiento tradicional, siendo simplistas, podríamos señalar que los fitomejoradores toman un conjunto inicial de plantas, con cierta variabilidad, ejercen una presión de selección, con el fin de obtener otro conjunto de plantas, con las características deseadas.

 

            A diferencia de la naturaleza, los fitomejoradores poseen herramientas que los ayudan en su tarea de manejar el complejo mecanismo genético de una planta y le permiten acelerar el proceso de selección.

 

            Un fitomejorador puede iniciar su selección a partir de una población natural o bien puede, a través de cruzamientos, generar él mismo una población con variabilidad y seleccionar en ella plantas con las características que anda buscando.

 

            También puede cruzar plantas de variedades, con características destacadas, a fin de lograr una tercera variedad que reúna las cualidades de las anteriores.  Es una tarea muy frecuente y clave en el fitomejoramiento, es la forma más rápida de lograr cultivos superiores y de aprovechar las mejoras logradas por quienes han venido efectuando fitomejoramiento procedentemente.

 

            Por supuesto que no es tarea fácil, pues se requiere tiempo para lograr una variedad, como para contar con la experiencia que posibilite la selección adecuada de estas.

 

            Pero la realidad es que si hoy día contamos con cultivares que poseen un alto potencial, que son tolerantes a enfermedades y que compiten mejor con las malezas, es gracias al mejoramiento que hubo en el pasado, que aportaron cultivares con características que sirvieron de base para el desarrollo de las variedades actuales y de la misma forma los cultivares futuros tomarán como base los cultivares presentes.

 

            Un cultivar es la expresión de una estructura denominada “genoma”.  En el genoma de una planta se encuentran los genes que codifican las características que hacen que una variedad se adapte a unas determinadas condiciones y exprese un determinado rendimiento.

 

            En general, podemos decir que las características deseables para los fitomejoradores, aquellas que hacen a la adaptabilidad y productividad de un cultivar, están reguladas por numerosos genes, que trabajan haciendo aportes en forma aditiva y que además interaccionan entre sí.  Lograr cambios y avances en estas características es un trabajo complicado y que requiere un considerable trabajo y tiempo.

 

            Hay en cambio características que son reguladas por uno o un número reducido de genes. Son características de tipo cualitativas, algunas veces tienen importancia para el cultivo, como puede ser la resistencia a determinada raza de hongo o regular la presencia de una determinada calidad de aceite; pero muchas veces no son de importancia agronómica, como por ejemplo el color de las flores en las plantas de soya o la presencia de antocianinas, en los estigmas del maíz.

 

            Cambiar la expresión de estas características cualitativas, puede ser una tarea relativamente simple, si lo comparamos con el desarrollo de una variedad completa, que sí implicaría, además de la obtención de la estructura genética, que asegure una nueva adaptabilidad y un buen rendimiento.

 

            Así pues, trabajando sobre los genes de una variedad que regulan la expresión de caracteres cualitativos y por medio, por ejemplo, de retrocruzas, es posible modificar una buena variedad en un carácter sin importancia agronómica, obteniendo una variedad diferente, pero conservando inalterada la porción del genotipo que le da el verdadero valor al cultivar.

 

            Un fitomejorador que hiciera esto podría llegar a proteger su nueva variedad, usufructuando el trabajo del creador de la primera variedad, que es quien ha hecho el trabajo más arduo.

 

            Esto es realmente preocupante.  Si es que en realidad me están dando seguimiento a lo que estoy diciendo, sé que esto es un tema sumamente complejo, que hay que dominar un poquito de la técnica genética para poder ir entendiendo, pero la realidad es que si alguien se monta sobre una investigación y dejó la planta libre, que es lo que han hecho nuestros agricultores y le varía tan solo una característica no importante, ya puede aducir que le hizo una mejora.  Posteriormente con estas bases, se llegó a lo que UPOV llama –y en este proyecto lo reproduce- variedad esencialmente derivada, las cuales ya definía anteriormente.

 

            Recordemos también que en este proyecto, toda variedad protegida puede ser libremente utilizada como en el pasado, para crear nuevas variedades, incluidas las variedades derivadas de ahí la importancia de esta moción, la cual protege aquellas variedades esencialmente derivas o puestas a punto a partir de las semillas criollas o del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales, o culturales de dominio público.  La mayoría del fitomejoramiento del que les hablé anteriormente, se ha basado en semillas criollas mejoradas vía selección durante miles de años por nuestros antepasados.

 

            No debe ser permitido que ese conocimiento popular, esos años de esfuerzos y trabajo sean apoderados por personas físicas o jurídicas privadas, una vez que se adueñan vía selección masal por mutantes naturales o por variantes somacronal o por retrocruzamiento de alguna variedad criolla, los obtentores vegetales seguirán de ahí en adelante como dueños de un trabajo realizado por otros.  Veamos un ejemplo.  La variedad esencialmente derivada, puede haber sido derivada indirectamente de una variedad que era ella misma esencialmente derivada.

 

            Debemos tener claro que el grueso de los beneficios de este proyecto irá a parar a los países desarrollados, como lo dije en un principio, que es donde se realiza la inmensa mayoría de la investigación que se hace sobre este planeta.  Las obtenciones vegetales han sido diseñadas para facilitar el monopolio a las grandes compañías dedicadas al mejoramiento vegetal y a casi todo el mejoramiento destinado a los mercados internacionales.  Luego de 35 años de existencia de UPOV, la inseguridad alimentaria no se ha eliminado en nuestros países, así que los que defienden este proyecto argumentando el bien de los productores y el beneficio en general de los consumidores, lo hacen solamente para argumentar lo que aquí defienden el expediente Nº16327.

 

            Insisto nuevamente que nos expliquen cuáles son los beneficios para los países subdesarrollados y para Costa Rica en particular que nos traería este proyecto.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.

 

            No tenemos más solicitudes del uso de la palabra, por lo tanto procedemos a la votación.

 

            ¿Se considera suficientemente discutida la moción? 

 

            Discutida.  Los señores Diputados que estén a favor de la moción Nº5, sírvanse levantar la mano.  Siete diputados presentes.  Tres votos a favor. 

 

DESECHADA.

 

            Aclaro nuevamente que el señor Merino del Río está con derecho al uso de la palabra pero no es miembro de la Comisión, por lo tanto no puede votar.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Merino del Río.

 

DIPUTADO MERINO DEL RÍO:

 

            Para que quede constando en el acta que la moción numerada como ocho, tenía una omisión de mí parte, la he retirado porque la quiero reformular, probablemente la presentaré nuevamente mañana.  De momento la retiré porque necesitaba una reformulación.

 

            Señor Presidente, por cortesía parlamentaria me gustaría que usted, de ahora en adelante, me informe cuál es la programación de las sesiones, teniendo en cuenta de que soy un diputado mocionante sobre este proyecto y así adecuar mi responsabilidades.  No sabía que estaban programadas estas dos sesiones extraordinarias, hoy y mañana. 

 

            Tenga usted la amabilidad de avisarme con tiempo, tal vez ordenar a la Secretaría de la Comisión que también me informen a mí sobre las sesiones de la Comisión y me puedan proveer de un acta, de la documentación que sobre este proyecto se entregue para estar informado y participar en defensa de mis mociones, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Con mucho gusto, señor Diputado.  Espero que las compañeras de la Secretaría de la Comisión tomen nota.

 

            Muchas gracias y tenga muy buenas noches.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Señor Presidente, de acuerdo con lo expresado por el diputado Merino, creo que de alguna manera no solamente los miembros de esta Comisión sino los 57 de la Asamblea Legislativa, de alguna manera tenemos que informarnos cuándo hay comisiones y sesiones extraordinarias, porque nos podría interesar u proyecto de ley más en un caso como este donde hay un diputado proponente de mociones y no se le haya indicado el horario de las sesiones.  Espero que no haya nada detrás de esto, pero sí tener esa consideración principalmente a diputados que hayan presentado mociones y que no se enteren que hay una sesión de última hora.

 

            Por favor que no vuelva a pasar y que se tomen las previsiones del caso, ya que es importante que el diputado proponente de las mociones esté enterado de  las sesiones extraordinarias, en el entendido de que todos tenemos intereses con todos los proyectos.  Gracias, señor Presidente.

 

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.

 

            Considero que esta situación se puede superar si la señora Susana le comunica a los Jefes de Fracción para que estos se comuniquen con el resto de los diputados.

 

            Hay una moción y le solicito a la señora Secretaria se sirva darle lectura.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº7-47, del diputado Rojas Rodríguez:

 

Para que se otorgue un receso de 45 minutos para poder ir a cenar.

 

EL PRESIDENTE:

 

            En discusión la moción.

 

            Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.  No entiendo a qué se debe que nos hayan convocado a tantas horas continuas de trabajo en esta Comisión. 

 

            En vista de que así está la convocatoria, así la aceptamos.  Considero que estamos –por lo menos mi caso en particular y de los compañeros de la Fracción- en la Asamblea Legislativa trabajando honesta y tesoneramente desde las ocho de la mañana.  En las horas de la mañana tuvimos reunión de Fracción y posteriormente entramos a sesionar en el Plenario.  Estamos desde las tres de la tarde ininterrumpidamente trabajando sin tener ningún receso ni ninguna oportunidad para ir a digerir algunos alimentos.

 

            La misma Constitución Política de nuestro país, dice que la jornada ordinaria en su artículo 58 dice que la jornada ordinaria de trabajo diurno, no podrá exceder de 8 horas diarias.  Ya sabemos que esto es para la población laboral, sin embargo, los constituyentes que trabajaron en la creación de nuestra Constitución Política, lo hicieron pensando en que se pudieran dar abusos hacia nuestros trabajadores.

 

            Considero que el abuso que se está cometiendo de que pretendan que trabajemos 20 horas ininterrumpidas, pensaba que eso solo se daba por parte de algunos traficantes chinos que traían esclavos a este país.  Pienso que no debemos de agotar a los legisladores con 20 horas de trabajo, por esa razón es que estamos solicitando un receso de 45 minutos para ir a cenar adecuadamente.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.  

 

            Discutida la moción.  Los señores Diputados que estén a favor, sírvanse levantar la mano.  Siete diputados presentes.  Tres votos a favor.  

 

DESECHADA.

 

            La votamos en contra, sin embargo el razonamiento que usted da nos hace pensar que es culpa nuestra el que estemos tantas horas sesionando y pienso lo contrario, pero para avanzar con el conocimiento de las mociones, hemos tenido que convocar a sesiones extraordinarias ya que la idea es escuchar todos los comentarios. 

 

            Veo la necesidad de cenar e incluso ya habíamos previsto la situación, entonces pedimos algunos alimentos. 

 

            Voy a decreto de hasta treinta minutos.

 

            (Se procede de conformidad.)

 

            Se reanuda la sesión.

Vamos a continuar con la lectura de la moción N.º 6. Le pido a la señora Diputada González Barrantes que por favor le dé lectura a la moción número 6.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº8-47, del diputado Salazar Rojas:

 

“Para que se modifique el segundo párrafo del artículo 2 del Proyecto de Ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración), y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación

 

(...)

 

No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre, ni a aquellas variedades que se deriven de recursos fitogenéticos y el conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas y las comunidades locales o campesinas”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Señores y señoras diputadas, sobre esta moción, la Fracción del PAC presenta esta moción de fondo en procura de exhortar a ustedes, señores diputados y diputadas, de este órgano legislativo, para que la aprueben y mejoremos el texto de ley para evitar afectar una materia muy sensible como lo es el resguardo y protección de lo criollo, de lo autóctono, y no lesionar nuestra mayor riqueza, después de nuestra gente, como lo es nuestra biodiversidad.

 

            El artículo 2 del proyecto que definirá el ámbito de aplicación de la nueva ley en su párrafo segundo  establece “no se otorgará protección a las plantas silvestres  que no hayan sido mejoradas por el hombre”.  Hasta ahí.

 

Nuestra moción se orienta agregarle “ni a aquellas variedades que se deriven de recursos filogenéticos y el conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas y las comunidades locales o campesinas”. Nuestra fracción no segará en su empeño en abundar en fundamentos y criterios para intentar convencerlos a ustedes sobre las necesidades de protección a esos materiales filogenéticos de este proyecto de ley, porque no podemos poner las condiciones para que eso sea simplemente un negocio, una mercancía, un objetivo de inversionista, llámese científico, universidad, corporación transnacional o el deseo eventual de un país de asegurarse reservas en la biodiversidad como hoy se hace con el  petróleo.

 

Señores diputados y diputadas, esto es lo de fondo que se oculta atrás de este tipo de proyectos que van ligados  y en cadena dentro del engranaje del TLC.  Yo no dudo de la sana intención y mejores propósitos de los señores diputados y diputadas que impulsan este proyecto para darle su voto.  Ustedes y eso es indiscutible, jamás serían portadores o generadores de daño para el campesinado y los pueblos indígenas de este país, menos aún buscarían que la biodiversidad tenga como primer objetivo ser materia prima de comercio transfronterizo. Sin embargo, este proyecto si no se cambia en los términos que estamos tratando de plantear, favorecerá a todas esas consecuencias.  Es un engranaje agudamente diseñado para favorecer esos propósitos. Se nos vende como un ropaje que en nada cambia el que fue archivado y sepultado por legislaturas anteriores, por inconveniente y lesivo.

 

Hay una razón hasta espiritual del ser costarricense. Nuestro idiosincrasia tiene sus raíces en el ser campesino y la cultura que forjó en su entorno.  Los materiales genéticos locales son parte intrínseca de esa cultura desarrollada y de la entidad forjada.  Destruir esa historia golpea nuestra nacionalidad;  esos no son valores de nuestro pueblo, arrasar con esa parte de la Costa Rica sana es injusto y cruel.

 

Con este proyecto, se le pondría la cereza al queque.  Es culminar un proceso de descuido y deterioro nacional que el país ha tenido a este respecto.  Es poner las condiciones definitivas para que se les apunte a la ruralidad a nivel local e indígena, los materiales genéticos locales que ancestralmente les han pertenecido.  Pasarán a ser pieza comercial resguardada para los intereses mercantilistas, ya no de Costa Rica sino del mundo de las grandes trasnacionales.  ¿Por qué digo que es culminar un proceso? Porque hay que reconocer el gran descuido que este país ha tenido en esta materia de resguardar los recursos fitogenéticos.  Día a día se pierde germoplasma valioso, día a día  hay un proceso sostenido de erosión genética. Ha habido indeferencia y carencia total de políticas de Estado en un asunto de tanta envergadura para el futuro productivo local.

 

La adaptación y mejora natural de los materiales genéticos, que ha significado años, se pierde por no existir una política definida de contar con un banco público de genes denominado Banco de germoplasma.  Ahí si tendríamos una iniciativa de agenda nacional de desarrollo.  Un proyecto de este tipo si que velaría por las futuras generaciones, por su seguridad alimentaria, sustentada en buena y sana producción nacional.

 

Con una decisión de este tipo, si que tendríamos un instrumento a resguardar como patrimonio nacional toda esa riqueza de la biodiversidad en armonía con el conocimiento tradicional.  Este diputado pretende no retirarse de esta Asamblea Legislativa, sin que antes no quede en la corriente legislativa, ojalá aprobado una iniciativa de ley de este tipo.  Pero de poco nos sirve, si no atendemos primero las modificaciones que urgen para este proyecto de obtenciones vegetales. Dejar que se apruebe como ley sin estos cambios, sería obstaculizar cualquier idea futura para el logro de sus objetivos superiores. Una vez montado el engranaje TLC-convenio UPOV y ley de protección de obtenciones vegetales, le quita toda eficacia a otras iniciativas que se antepongan en lo mínimo a ese engranaje, cuyo norte es toda para y por el mercado. Así lo resalta la Dra. Silvia Rodríguez en febrero del 2004 en su artículo TLC, con énfasis en la propiedad intelectual de seres vivos, cuando alerta más legislación con consecuencias para nuestros agricultores.  Otro ejemplo del papel de interpretes que asumen los  negociadores, se pone de manifiesto en el pie de página del artículo 15.1.5, allí los equipos negociadores señalan que las partes entienden que no existe ninguna contradicción entre el convenio UPOV y la capacidad de una parte de proteger y conservar sus recursos genéticos. Este es un argumento absolutamente discutible y sostenible de cara a la realidad puesto que los requisitos de homogeneidad y uniformidad que se exigen para proteger una nueva variedad de planta dentro del UPOV, se observa la erosión de la biodiversidad.

 

Se agrega en estadísticas que son una alerta sobre cuál puede ser el destino de nuestro materiales genéticos locales mejorados por los campesinos o procedentes del conocimiento tradicional y población ancestral indígena.  Estudios realizados muestran como el gran porcentaje de solicitudes para protección por medio del UPOV en América Latina provienen de extranjeros. En Ecuador el 978%, en Colombia el 84%, en Chile el 79%, en México el 67 y en Argentina el 57%. En ese porcentaje se contabilizan solicitantes extranjeros afincados en esos países por lo que el porcentaje podría aumentar.  Datos sobre propiedad intelectual indican que las patentes registrados por año, son casi seis veces más que en Canadá y 30 veces mas en Estados Unidos, comparando en ambos casos con Brasil.  Además, en América Latina entre el 80 y el 90% de las nuevas patentes, se conceden a titulares extranjeros, mientras que en Estados Unidos, posiblemente el país con el más poderoso sistema nacional de innovación, ese porcentaje es sensiblemente menor y llega a 47%. Queda clara la asimetría para quién trabajará nuestra oficina de propiedad intelectual? Y además podemos tener la certeza de que las solicitudes presentadas en Estados Unidos no provienen de científicos latinoamericanos.  Se calcula que el mercado de semillas en el mundo es de unos treinta mil millones de dólares al año y se espera que suba a noventa mil millones de dólares en el futuro próximo....

GUIA 32

VIENE DIPUTADO SALAZAR ROJAS

 

            ...es de unos treinta mil millones de dólares al año y se espera que suba a noventa mil millones de dólares en el futuro próximo.  A la industria de semillas, le es económicamente importante el enorme nicho de producción y venta que está todavía fuera de su control.  Una de las formas de lograrlo es por medio de los sistema legales, específicamente de la propiedad intelectual que restringe el reuso intercambio e innovación de las semillas guardadas por los agricultores.  Al hacerlo, además de quitar el control que tienen los agricultores sobre sus medios de producción, transforman aquellas actividades tradicionales en actos ilegales, incluso, penados con cárcel.

 

            Los cultivos esenciales para la alimentación se encuentran patentados, cinco cultivos esenciales para la alimentación, arroz, trigo, maíz, soya y sorgo, han sido patentados en algunas de sus variedades o rasgo genético. Seis multinacionales Aventis, Dow, DuPont, Mitsui, Monsanto y Sygenta,  controlan casi el 70% de estas patentes.  Estos y otros cultivos no tienen una, sino varias decenas de patentes.  Por ejemplo, el llamado arroz dorado, transformado genéticamente para introducirle vitamina A, cuenta con treinta patentes otorgadas a diversas empresas o personas.  De manera, que quien desee producirlo, tiene que conseguir licencias de cada uno de los poseedores de las distintas patentes.

 

            Finalmente vale la pena ilustrar esta temática con algún caso de latinoamericano que refleja este negocio y el intríngulis donde aquí solo importante es las ganancias.  Me apoyo en un artículo publicado por Elizabeth Bravo, titulado “Derechos de propiedad intelectual y organismo genéticamente modificado” y disponible en la web, www.ecoportal.net., Caso Argentina.

 

            A pesar de las altísimas ganancias que ha hecho Monsanto Acosta a la agricultura Argentina pues al momento hay unas quince millones de hectáreas sembradas con soya RR de Monsanto en una reunión reciente. Monsanto dijo que Argentina necesita un sistema de pagos de regalías por las semillas de soya RR, para que la empresa tenga incentivos para seguir sus inversiones en tecnología agrícola en Argentina.  En este país los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas se ejerce a través de los derechos del obtentor tal y como se pretende aquí con este expediente.

 

            En la Ley Argentina se reconoce el privilegio del agricultor, los agricultores pueden guardar semillas protegidas por derecho de propiedad intelectual para volver a sembrar sus tierras, aunque no se permite el intercambio de esas semillas con otros agricultores, en la práctica esto es algo que no se puede controlar y la soya es un cultivo donde es muy fácil guardar semillas para volverla a plantar el siguiente año.  Los agricultores consideran que es una práctica normal pues ya pagaron por la semilla la próxima vez.

 

            Aunque Monsanto introdujo la soya RR, bajo esta ley, cree que esta práctica priva la compañía  de sus ganancias legítima cifra de la zafra 2003 y 2004 demuestran que los agricultores pagaron setenta y cinco millones de dólares de regalías; 18% de los catorce millones de hectáreas sembradas con soya RR.  Se calcula que casi todas las semillas vendidas hubieran sido semillas certificadas, este valor hubiera ascendido a cuatrocientos millones de dólares.  En un inicio el negocio grueso de Monsanto en Argentina no estaba en cobrar regalía por las semillas, aunque setenta y cinco millones de dólares no es una cifra despreciable.  El negocio estaba en la venta del herbicida Roundup, patentado por Monsanto, cuyo principio activo es el glifosato, pero la patente del glifosato ya caducó y la mayoría de soyeros argentinos importan el glifosato de la China, donde es mucho más barato.

 

            Se le acabó el negocio a Monsanto en Argentina, pues ahora Monsanto pretende cobrar por una patente que no está registrada en el país, pero sí en países a los que se exporta soya argentina al momento de la comercialización de granos donde la soya RR sí está patentada.  Monsanto nunca patentó la soya RR en el país; hay que señalar que la patente de la soya RR, cubre también el gen RR, porque en Estados Unidos, así como en otros pocos países del mundo se reconocen patentes sobre los genes.  Este no es el caso de Argentina, y aunque la empresa no está en condiciones de imponer la patente argentina, sí puede pedir la importación de la soya RR en aquellos países donde sí tienen registrada la patente.

 

            Si esta idea prospera, los productores pagarían al momento vender su cosecha e incluidos los productos derivados de soya como el aceite y los exportadores actuaría como agente de retención para la compañía biotecnológica.  Este es el modelo que ya funciona en Brasil, Monsanto no cobra regalías iguales en todos los países.  En Estados Unidos dice cobrar catorce dólares por tonelada de soya RR, en Brasil se habla de siete dólares con posibilidades de incremento, en Argentina planea pedir tres dólares por tonelada, pero según algunos sectores la pretensión de Monsanto en cobrar siete dólares por tonelada.  Señores oigan esto, que es meramente negocio, en Paraguay se acaba de negociar una regalía tres dólares por tonelada, cifra que se incrementará seis dólares en cinco años.  Para tener una idea de la magnitud de lo que está por detrás de las pretensiones de Monsanto hay que señalar que por cada dólar que se pague como regalías, la multinacional recibirá treinta y cuatro millones de dólares anuales sin que los agricultores hayan comprado semillas de Monsanto.  El Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Argentina Miguel Campos, considera que Argentina está en condiciones jurídicas y morales de no aceptar el esquema de pago, porque la empresa ya ha recibido mucho de ese país y puede darse por bien pagada.

 

            Señores diputados y diputadas, no expongamos el aporte del recurso fitogenético de nuestro campesinado e indígenas a estos vaivenes, no erosionemos nuestra historia, detengamos esta insaciabilidad por dinero afectando nuestro legado.  Señores con más información y en la discusión de más mociones, esto es lo que ha pasado en otros países y lo que le pasaría a la agricultora de este país y a nuestros agricultores. Así es que una vez más, pensemos realmente que estudiemos bien el proyecto, pero más que el proyecto, cuáles serían las consecuencias que este sector agropecuario y los costarricenses estaríamos dispuestos a regalar meramente por más dólares. Por eso les pido el voto positivo para esta moción.

 

            Muchas gracias señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias señor diputado.  Continúa en el uso de la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias señor Presidente.

 

            Yo creo que esos datos que nos ha dado el diputado José Joaquín, son alarmantes y yo espero que lo copien en cada uno de ustedes para que esta moción sea votada en forma positiva.

 

            Voy a referirme a las consideraciones que la experta en materia de propiedad intelectual y semillas Silvia Rodríguez, ha hecho en materia de biodiversidad y obtenciones vegetales. 

 

            La diversidad biológica o biodiversidad es la viabilidad de todas las formas de vida presentes en un determinado ecosistema en constante interacción, acicateo, neutralización o apoyo mutuo en la lucha por la sobrevivencia.  Cuando esas formas de vida son conocidas y utilizadas para resolver alguna necesidad humana, de vivienda, de vestido, de alimentación o de goce estético, se catalogan como recursos biológicos o bióticos, dependiendo de las cualidades que se aprovechen  de esos recursos se subdividen en recursos orgánicos, por ejemplo cuando se usan propiedades físicas como el arroz para comer, genéticos cuando ese mismo arroz interesa por la información o las características de sus genes o bioquímicos cuando lo que importa que ese arroz es -y siguiendo con el ejemplo-su información molecular o la síntesis de sus propiedades.

 

            Así dice la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) en las normas generales para el acceso a los elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad.  Por esas cosas paradójicas de la vida, los países templados de gran capacidad tecnológica e industrial tienen escasa diversidad de plantas, animales y microorganismos, materia prima de la biotecnología; en cambio los países tropicales como el nuestro, poseen la mayor variabilidad de elementos y recursos biológicos, terrestres, acuáticos y marinos, pero también tienen escaso desarrollo industrial y tecnológico, por las razones que ya todos sabemos.

 

Es bien sabido que esa riqueza es muy buscada por los institutos de investigación y las empresas de los países templados para mejorar los cultivos agrícolas y para hacer exploraciones o bioprospección en la búsqueda de propiedades desconocidas, a partir de las cuales puedan fabricar nuevos medicamentos y otros productos industriales. Sin embargo, “desconocidas” no es siempre el adjetivo adecuado, porque muchas de esas propiedades han sido de alguna manera descubiertas, utilizadas, protegidas y multiplicadas por las personas que viven cerca de las áreas boscosas, pantanosas de los ríos y los mares tropicales.

 

Sabiendo eso, el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales es apreciado por muchos bioprospectores como pista inicial para su trabajo, que les podría ahorrar muchos años de investigación.

 

Hace apenas unas décadas, por la importación de los productos bióticos para la alimentación y la salud del mundo, cualquier investigador bioprospector o empresa podría entrar a nuestros países para recoger las muestras que deseaba, sin pedir permiso al país respectivo o sin que mediara ningún acuerdo entre las partes en la distribución de los beneficios.

 

El abuso de unos países sobre otros y la necesidad de que hubiera una regulación internacional en este campo, llevó a 148 naciones a aprobar el Convenio de Biodiversidad Biológica, puesto en ejecución en 1994, allí se confirma la soberanía de cada país sobre sus recursos biológicos, quienes por esa razón pueden definir cuáles son las condiciones impuestas para acceder a ello, los términos de la distribución de beneficios y el respeto al conocimiento tradicional.

 

Al mismo tiempo, prácticamente se pusieron en ejecución en 1995 los acuerdo de la llamada Ronda de Uruguay, que serían regidos por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, a la cual pertenecen un número de países parecido al Convenio de Biodiversidad Biológica.

 

El problema es que el comercio, la protección del ambiente y sus recursos, tienen con frecuencia objetivos incompatibles, situación que se fue haciendo más evidente al irse aplicando el Convenio de Biodiversidad Biológica y los acuerdos de la OMC, entre ellos el de los aspectos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio ADPIC.

 

Si a esto agregamos el TLC Estados Unidos Centroamérica, República Dominicana, se intensifica la lucha de esas contradicciones, en la que parecen estar triunfando los objetivos comerciales y los intereses de los inversionistas sobre cualquier consideración ambiental o social.

 

Pero vean qué interesante, Estados Unidos, rico en tecnología, requiere de nuestra biodiversidad, cuyos productos luego puede controlar por medio de derechos de propiedad intelectual.

 

Costa Rica, de gran biodiversidad, la transfiere legal o ilegalmente como materia prima y compra productos industrializados de los Estados Unidos, perpetuando así la simetría en el intercambio .

 

Estados Unidos nunca ratificó el Convenio de Diversidad Biológica, para no perder en este tratado ambiental lo que consiguieron en los acuerdos de la Ronda de Uruguay, ahora administrados por la OMC en materia de patentes para sus invenciones biológicas y para sus adelantos tecnológicos.

 

Costa Rica no solo ratificó, sino que fue de los primeros países en aplicar el Convenio de Biodiversidad Biológica, promulgando su Ley de Biodiversidad.  Según esta ley los elementos y recursos bioquímicos y genéticos de la biodiversidad silvestre doméstica son de dominio público, es decir inalienable, imprescriptibles e inembargables, pertenecen al pueblo de Costa Rica y el Estado solo puede dar permiso de uso, con la condición de que el control no salga de sus manos.

 

En la Ley de Biodiversidad se regula, entre otras cosas, la forma como se otorgarán permisos de investigación básica de bioprospección y de aprovechamiento, indicando los requisitos para conseguir el permiso de los dueños o administradores de los lugares en donde se realiza la bioprospección y la distribución de posibles beneficios; condicionando y limitando el ingreso de los bioprospectores, otorgando un derecho de impedir el ingreso de bioprospectores a los territorios indígenas, si hubieran razones culturales, religiosas o económicas.

 

De esta forma se asegura la protección del conocimiento tradicional, asegurando la protección de los ecosistemas y recursos biológicos, exigiendo al solicitante de patente la presentación del certificado de origen, que da fe de que el bioprospector cumplió con todos los requisitos anteriores.

 

El TLC impulsa la privatización de formas de vida superiores, como son las plantas y sus variedades, por medio de dos obligaciones incluidas en el artículo 15 de propiedad intelectual, que van más allá de lo aceptado por Costa Rica y sus leyes nacionales en otros acuerdos internacionales.

 

La primera exige adherirnos al convenio UPOV 1991, para conceder, por primera vez en el país, derechos de propiedad intelectual sobre variedades de planta. 

 

La segunda demanda que hagamos todos esfuerzos razonables para patentar plantas.

 

Las dos obligaciones varían un poco en sus exigencias y se rigen por acuerdos internacionales diferentes, pero en el fondo conducen igualmente a la privatización y monopolización de un bien de dominio común, como es el principio de reproducción de las semillas o de cualquier otro material vegetativo que multiplique una planta o un árbol.

 

La propiedad intelectual en este campo es un nuevo asalto a los bienes comunes y una negación a los derechos de los campesinos y campesinas, porque tendrían que pagar cada año al dueño del derecho de propiedad intelectual por el uso de una tecnología incorporada o asociada a una semilla o una variedad de planta al tratarse de seres vivos, que tienen el don único de reproducirse asimismo.  El dueño de la propiedad intelectual de hecho se apodera de esa cualidad y teóricamente lo que hace es alquilarla al agricultor por una única vez.

 

En el caso de UPOV 91, el dueño del derecho de propiedad intelectual podría incluso exigir como propio los frutos de la cosecha y de su posterior industrialización, si el agricultor resembró sin el pago de regalías correspondiente.

 

La única concesión que UPOV 1991 concede al agricultor sería la resiembra para auto consumo, es decir con fines no comerciales.

 

Como los agricultores se resisten a perder el derecho ancestral a la resiembra de su propia cosecha y lo siguen disfrutando, hay empresas que contratan detectives para fiscalizar las siembras de las cosechas de los agricultores, que ellos les llaman “piratas”, como se les llama ahora a los campesinos, por ejercer esta práctica esencial de la agricultura y llevarlos a juicios.

 

Este proyecto pone en peligro la soberanía alimentaria al favorecer la agricultura comercial y la consolidación de las grandes empresas trasnacionales semilleras, en contraste olvida la agricultura campesina, su fortalecimiento y apoyo a la industria de semillas le es económicamente muy rentable, controlar el enorme nicho de producción y venta que todavía está en manos de los agricultores.

 

Se calcula que el mercado de semillas en el mundo es de 21.000 millones de dólares al año y se espera que suba aceleradamente.  ¿Pero cuáles son las consecuencias?  Primero, la privatización de las semillas está llevando a un control monopólico muy peligroso por tratarse, en muchos casos, de la alimentación humana y animal; cinco cultivos esenciales para la alimentación, arroz, trigo, maíz, soya y sorgo, han sido patentados en alguna de sus variedades o rasgos genéticos, seis multinacionales controlaban en el 2001 el 70% de estas patentes.

 

Las diez corporaciones semilleras más grandes contabilizaban en el 2003 el 37% del mercado mundial, solo dos años después, en el 2005, 11 corporaciones controlaban el 50% de todo el sector; prácticamente las mismas 10 empresas dominaban el 81% de todas las ventas de agroquímicos hechas en 1995, 8 años después, en el 2003, ya tenían el control del 84% de las ventas.

 

Los analistas prevén que pronto solo sobrevivirán 3 trasnacionales en este campo.  Las semillas protegidas, principalmente transgénicas, demandan paquetes tecnológicos asociados a sus propios plaguicidas, así se cierra el dominio mundial sobre la agricultura y la alimentación.

 

Si este proyecto de ley ya está rebasando UPOV y ADPIC, pues las consecuencias negativas se sentirán más aceleradamente. Por estas y otras razones me parecen imprescindibles las reformas que se proponen al párrafo segundo del artículo dos y solicito para esta moción el voto afirmativo.  Gracias señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Gracias señora Diputada.

 

Continua en el uso de la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

Muchas gracias, señor Presidente.

 

Solo quisiera imaginarme al Gobierno de Costa Rica persiguiendo agricultores, por utilizar semillas de las que alguien dice ser el dueño o porque se las venda o porque se las regale un vecino o porque se las intercambie.  Solo quisiera imaginarme al Gobierno de Costa Rica en una situación de esas y en aras de prevenir esa eventualidad, es la razón fundamental por la cual nosotros nos oponemos a este proyecto.

 

Los países y los agricultores tienen derecho a ser retribuidos en su justa medida, por la contribución de sus recursos genéticos nativos, de acuerdo con la legislación interna de manera semejante a como sucede con otros recursos naturales. 

 

Es necesario reconocer los derechos ancestrales de los agricultores al uso intercambio y venta de semilla de sus fincas.  No se debe permitir patentar germoplasma de los cultivos en su condición natural, lo cual evitará la biopiratería.

 

Es importante salvaguardar la investigación agrícola pública y privada y el control de los agricultores sobre sus recursos genéticos, es atendible solo permitir proteger como propiedad intelectual el germoplasma que haya sido realmente modificado.

 

La agricultura de nuestro país depende en gran medida de cultivos mayores de origen foráneo, como por ejemplo el café, el banano, la caña de azúcar, la palma aceitera, la naranja, los forrajes, etc., y requiere de una introducción sostenida de nuevo germoplasma para mejorar su productividad, de ahí lo complicado de las obtenciones vegetales.

 

Nuestros recursos fitogenéticos propios, tales como el aguacate, la papaya, la guayaba, el cas, el zapote, el pejibaye, la raicilla, los forestales, etc., no son nuestros en forma exclusiva, sino que se encuentran distribuidos también en países vecinos.  Si deseamos desarrollar cultivos eficientes, requerimos introducir germoplasma adicional proveniente de nuestros países vecinos.

 

Sin lugar a duda, sería de gran interés para el país aprovechar una serie considerable de recursos genéticos que existen en los países tropicales en general, especialmente en el sudeste asiático, para lograr, en un plazo razonable, nuevas obtenciones comerciales; ya que la diversificación de cultivos es una de las mejores oportunidades que tiene la agricultura del país, para aprovechar el panorama que se abre en el mercado internacional de los tratados de libre comercio.

 

 A Costa Rica en particular le convine tener fácil acceso a nuevos cultivos y por lo tanto le beneficia que el intercambio de recursos fitogenéticos sea tan expedito como sea posible.

 

Existen una serie de cultivos de amplia distribución mundial, como por ejemplo, el arroz, fríjol, maíz, papa, trigo, etc., cuyo germoplasma es ¾por decirlo así¾ de dominio universal, de manera que tener acceso facilitado a estos cultivos es fundamental para el desarrollo agropecuario del país y de la soberanía alimentaria.

 

De todo lo anterior se deduce la importancia de esta moción presentada, es importante que quede en este proyecto de ley que no se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre, ni aquellas variedades que se deriven de recursos fitogenéticos y del conocimiento resultante de prácticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas y de las comunidades locales o campesinas.

 

Los conceptos de conocimientos indígenas y conocimientos tradicionales son de uso generalizado, pero rara vez se define, su empleo a menudo tiende a crear confusión y con mucha frecuencia se utiliza el concepto de conocimientos tradicionales como sinónimo de conocimientos indígenas. 

 

            Se han realizado diversos esfuerzos por definir estos conceptos, pero hasta la fecha no se han adoptado definiciones universales.   Se puede entender por conocimientos indígenas los que posee y utiliza una población que se reconoce a sí misma como autóctona de un lugar y que se basan en una combinación de características culturales propias, una ocupación territorial previa con respecto a una población llegada más tarde a su propia cultura característica, posteriormente dominante.

 

            Por otra parte, los conocimientos tradicionales son los que poseen los miembros de una cultura popular y/o que han sido adquiridos en algunos casos por medios de investigación típicos en esta cultura y relativos a la propia cultura o el medio local en que se producen.  Los conocimientos indígenas encajan perfectamente en la categoría de conocimientos tradicionales, pero los conocimientos tradicionales no son forzosamente indígenas.   Así pues, los conocimientos tradicionales corresponden al conjunto de todos los conocimientos y prácticas, explícitos o implícitos que se utilizan en la gestión de las facetas ecológica y socioeconómicas de la vida.

 

            Esos conocimientos se basan en las experiencias pasadas y la observación que suelen ser propiedad colectiva de una sociedad.   Muchos miembros de una sociedad determinada, van haciendo su aportación a los mismos a lo largo del tiempo, ellos se van modificando y ampliando con el uso y el paso del tiempo.  Esos conocimientos se trasmiten de generación en generación, generalmente constituyen un atributo a un pueblo específico que está vinculado estrechamente a una determinada situación socio-ecológica por diversas actividades económicas, culturales y religiosas. 

 

            Además, los conocimientos tradicionales son dinámicos por naturaleza y varían su carácter en función de los cambios en las necesidades de la población del lugar.  Entre los ejemplos de los conocimientos tradicionales figuran los conocimientos acerca de la utilización de plantas específicas y/o parte de las mismas.   El reconocimiento de las propiedades medicinales de las plantas y las prácticas para su recolección.

 

            Con respecto a lo que plantea la moción al conocimiento asociado resultado de prácticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas, hay que asociarlo con el contenido ya citado en varias oportunidades, por el Convenio OIT-169 sobre pueblos indígenas tribales en países independientes.  Por ejemplo, la Sala IV dijo, que hay que tomar en cuenta el Convenio-169 de la OIT y se basa en dos conceptos básicos: el respeto a la cultura, la religión, la organización social y económica y la identidad propia que como han dicho fuentes de la propia organización internacional, constituye la premisa de la existencia perdurable de los pueblos indígenas y la participación de éstos en los procesos de elaboración de medidas que pudieran afectarles directamente.

 

            Les recuerdo la importancia y la pertinencia de esta moción con respecto al Convenio citado, resaltando el artículo 5, 7 y 8 para el real cumplimiento de estos artículos del Convenio esta Comisión debe aprobar la presente moción, que incorpora dentro del ámbito de aplicación del proyecto a aquellas variedades que se deriven de recursos fitogenéticos y el conocimiento asociado resultante de prácticas, usos y costumbres de los pueblos indígenas, y de las comunidades locales o campesinas.  Aunque no tengan un convenio internacional como lo tienen las comunidades indígenas, las comunidades locales o campesinas también van incluidas en esta moción.  Enorme trabajo de selección y conservación de germoplasma han realizado nuestras comunidades locales o campesinas, trabajo empírico muy bien sistematizado realizado por comunidades, es fundamental que sea respetado y protegido en este proyecto.

 

            La conservación del germoplasma que se ha hecho durante años ha permitido el mejoramiento genético y el desarrollo de nuevos materiales.   Como ejemplo, para ilustrar la defensa de esta moción, quiero presentarles el caso de la recién liberada variedad del fríjol rojo llamada: “Gibre”.  Variedad que fue liberada en este país hace pocos días y la cual es producto de la investigación nacional.  

 

“Gibre” es un producto de fitomejoramiento para participativo que practicó el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria en la Región Brunca, por el Programa PITTA-fríjol, en dicha región producto de miles de años de observación y de selección las comunidades han sembrado la variedad de fríjol de grano rojo conocida popularmente en nuestro ambiente como: “Sacapobres” o “aguacatillo”, por ser más precoz y con un alto potencial de producción.   Sin embargo, esta variedad “sacapobres” tiene una alta producción de guías y tiende al acame o sea, a acostarse.  

 

La Escuela Agrícola Panamericana el Zamorano de Honduras ha solicitud de PITTA-fríjol efectúo en el año 99 cruzamientos entre la variedad “saca pobres” y la variedad comercial hondureña “Tío-Canela”.   Estos cruzamientos en Costa Rica llegaron a Costa Rica y se evaluaron las diferentes poblaciones en los campos de productores y en estaciones experimentales y ya para el año 2003 se habían seleccionado cinco poblaciones que presentaban mejores características productivas.  

 

Estas cinco poblaciones se evaluaron durante dos años en las diferentes comunidades del Sur del país, con la participación de productores o sea, fitomejoramiento participativo.   En conjunto productores, extencionistas e investigadores seleccionaron un material final al cual bautizaron como la variedad “Gibre” que fue liberada, como variedad comercial de fríjol el pasado 14 de diciembre del 2006.

 

Hoy los productores de fríjol no contarían con una alternativa de utilizar la variedad “Gibre” ni con la alternativa de un futuro de contar con variedades que utilicen recursos fitogenéticos enorme que existen en el fríjol en nuestro país.  Seguro de la importancia que tiene esta moción, seguro de la actitud positiva de las y los integrantes de esta Comisión, es que respetuosamente les solicito el voto afirmativo para enmendar este artículo y en consecuencia votar positiva esta moción.

 

            Muchísimas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor diputado.

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo tanto vamos a someter a votación la moción Nº6.

 

            Le rogamos a los señores diputados y diputadas presentes que estén por darle su aprobación, que por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Siete diputados presentes. Tres votos a favor.

 

DESECHADA

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción Nº 7.

 

            Vamos a hacer un receso de hasta por dos minutos.

 

            (Procede de conformidad)

 

            Se reanuda la sesión.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº9-47, de la diputada González Morera:

 

Para que se modifique el párrafo segundo del artículo 2 y se lea de la siguiente forma:

 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación

 

(...)

 

No se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas mediante intervención humana.

 

El resto sigue igual.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

(no encendió el micrófono al principio)

 

...en el medio rural la agroindustria y la tecnología.

 

            Todavía en el mundo de hoy las campesinas son responsables del 50% ¾escuchen bien¾ del 50% de la producción mundial de alimentos y este porcentaje lleva a subir entre el 60% y el 80% en los países en desarrollo.

 

            Los cultivos producidos especialmente en los huertos familiares, proporcionan nutrientes esenciales y representan a menudo el único alimento disponible durante los períodos de escasez, previos a la cosecha o cuando las cosechas principales se pierden.

 

            Los conocimientos especializados de las mujeres, en relación con los recursos genéticos aplicados a la agricultura y a la alimentación, hace que sean ellas las principales protagonistas en el sustento y evolución de la variedad genética.

 

            Una vez que se ha recogido la cosecha, las mujeres aportan la mayor parte de la mano de obra necesaria para las actividades post cosecha, responsabilizándose del almacenamiento, la manipulación, la constitución de reservas, la elaboración y la comercialización.

 

            En el sector pecuario las mujeres dan de comer y ordeñan a los animales de mayor tamaño, además de criar aves de corral y animales pequeños, como ovejas, cabras y conejos.

 

            Las campesinas e indígenas han venido mejorando semillas desde hace siglos, como rutina de vida, pero a la vez saben muy bien que patentar nuestras semillas es un absurdo.

 

            ¿Quién sería el dueño o dueña de un bien colectivo?  La semilla campesina requiere para vivir y reproducirse del flujo libre y para mejorarla se necesita compartir e intercambiar entre vecinos.

 

            La propiedad individual de las semillas va en contra de la cultura intertrabajo del campesino y campesina.

 

            Las exigencias para otorgar protección del tipo UPOV 91, que el TLC nos obliga, exige requisitos que no cumple el trabajo del campesino o campesina.  Las mujeres han dicho y reiterado en varias declaraciones, que la apropiación privada vía patentes del patrimonio colectivo, generado especialmente por las mujeres indígenas y campesinas durante siglos, sobre semillas, artesanías, prácticas curativas, supone una expropiación, al tiempo que se afectan las capacidades productivas, la soberanía alimentaria y la calidad de vida de todos y todas.

 

            No a la propiedad intelectual de cualquier forma de vida y no al pago de patentes por semillas o plantas medicinales.

 

            Si los negociadores del TLC o quienes redactaron el proyecto de ley de obtenciones vegetales, hubieran consultado a las campesinas qué hacer para salir del estado de desatención y desesperanza, les hubieran respondido con prontitud sobre acciones que ya tienen perfectamente sistematizadas, por ejemplo, una reforma agraria para la soberanía alimentaria, garantizando básicamente a las mujeres la tenencia y el control de la tierra que trabajan.

 

            Los caminos que conducen a la pobreza y al hambre comienzan cuando se le niega a las personas en mayor situación de pobreza el acceso a los recursos productivos y sobre todo a la tierra y a las semillas.

 

            Para la soberanía alimentaria y la defensa de los derechos de los pueblos y de las mujeres campesinas, se deben impedir las patentes sobre formas de vida y garantizar el derecho a usar, almacenar, intercambiar y reproducir  libremente semillas y plantas.

 

            Las mujeres campesinas han jugado un importante papel en la preservación de la biodiversidad.  Sus huertos tradicionales han estado llenos de variedades de productos comestibles, medicinales y ornamentales y, como han dicho muchas veces, defendemos nuestro derecho a usar, reproducir, intercambiar, compartir y almacenar las semillas y otros materiales vegetales, defendemos el derecho a la vida.

 

            Pese a que las mujeres son las principales productoras y proveedoras de alimentos, continúan siendo asociadas invisibles en el desarrollo.  Las mujeres tienen conocimientos únicos sobre el valor de los recursos genéticos y su utilización para la agricultura y la alimentación.

 

            En el África las mujeres cultivan hasta 120 especies vegetales diferentes en los espacios libres, junto a los cultivos comerciales de los hombres.

 

            En las regiones andinas de Bolivia, Colombia y el Perú las mujeres establecen y mantienen los bancos de semillas, de los que dependen la producción de los alimentos.

 

            En Ruanda las mujeres son las productoras tradicionales de judías, conocidas como la carne del campo, que aportan una cuarta parte de las calorías y casi la mitad de las proteínas que ingiere la población.

 

            En muchas zonas del mundo existe una creciente tendencia en la actualidad, a lo que se ha dado en llamar “la feminización de la agricultura”, a medida en que disminuye la participación de los hombres en la agricultura, el papel de la mujer en la producción agrícola se hace cada vez más dominante.

 

            En África, por ejemplo, la población masculina de las zonas rurales está descendiendo rápidamente, mientras la población femenina se mantiene relativamente estable.

 

            En Malawi la población rural masculina sufrió una disminución del 21.8%, entre 1970 y 1990.  Durante el mismo período la población rural femenina disminuyó tan solo en un 5.4%.

 

            Varios estudios han mostrado que las mujeres que son cabeza de familia suelen ser más jóvenes y tener un nivel de educación más bajo que los cabeza de familia varones.  Por lo general tienen también menos tierra para trabajar e incluso menos capital y mano de obra agrícola adicional con qué trabajarla.

 

            A causa de la escasez de mano de obra y capital, las mujeres que son cabeza de familia se ven obligadas con frecuencia a hacer ajustes en los sistemas de cultivo y los sistemas agrícolas.  Esos ajustes han tenido como consecuencia reducciones de la producción y en algunos casos la adopción de cultivos de menor valor nutricional.

 

            Por ello no es sorprendente que esas familias padezcan a menudo la malnutrición e inseguridad alimentaria en mayor medida que otras.

 

            En la mayoría de los países en desarrollo los campesinos, ya sean hombres o mujeres, no tienen acceso a recursos adecuados, pero en el caso de las mujeres ese acceso está sujeto a limitaciones adicionales, como resultado de las tradiciones y de factores culturales sociológicos.

 

            De manera, compañeras diputadas y compañeros diputados, que no necesito convencerles de algo que ustedes, los que al igual que yo somos de áreas rurales, sabemos de primera fuente y es el papel que las mujeres campesinas tienen para el sustento de la familia, de la comunidad, del país y el gran conocimiento tradicional que tienen en el uso, manejo y reproducción de semillas.

 

Espero que apoyen esta moción porque dejar en el texto “mejoradas por el hombre”, sería una muestra de falta de respeto y reconocimiento a las mujeres campesinas e indígenas de sus aportes, una invisibilización que atenta contra sus derechos humanos, y una redacción acorde con el siglo pasado. Por eso lo mejor es referirse a “intervención humana”, como texto que reconoce la igualdad de derechos de mujeres y hombres.   

 

            (Problemas en la grabación)

 

DIPUTADO FONSECA CHAVARRÍA:

 

            ...conocimiento tradicionales, ya que el artículo 2 aclara que siempre debe cumplirse con las normas de protección a estos recursos o conocimientos.  Además, lo que se protege sería la nueva variedad mejorada y no ver recursos o conocimiento en sí, los cuales seguirían protegiendo de conformidad con la legislación aplicable a esta materia.

 

            De esta forma quiero dejar planteado que no voy a estar de acuerdo con la moción por ese razonamiento.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.

 

            Por el orden, tiene la palabra el diputado la diputada Gladys González.

 

LA SECRETARIA:

 

            Esta moción que presentaron, no cambia en nada la norma actual contenida en el proyecto, salvo en su redacción, por lo tanto tampoco estoy de acuerdo y voy a votarla negativamente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Debo indicarle que le di la palabra por el orden.  En esta moción pueden hablar los proponentes, dos diputados a favor y dos diputados en contra.

 

            Entiendo que doña Nidia como proponente hizo la presentación, don Saturnino Fonseca habló en contra y debo interpretar que doña Gladys González habló en contra de la moción.  Todavía hay la posibilidad de que hablen dos diputados a favor de la moción.

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Perdón, señor Presidente, antes había solicitado el uso de la palabra.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            En el receso que usted anteriormente solicitó, no sé si lo hizo a titulo personal de que usted estaba de acuerdo con la moción y por lo tanto nos hacía una excitativa de que no utilizáramos el tiempo que nos da el Reglamento.

 

            Sinceramente había pensado que con la exposición hecha por la compañera Nidia González, podría se suficiente y tal vez agregar algo más.  Ya se han manifestado diputados a favor y en contra de esta moción, entonces tendré que hacer un razonamiento del por qué estoy a favor de esta moción.

 

            Como ya se dijo que no se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre refleja este texto original el lastre histórico arrastra nuestra sociedad discriminatoria y sistemática sobre la carencia del sentido de pertenencia en la visión de género del cual todavía carecemos como país.  Los formuladores e impulsores del proyecto se desnudan en esta realidad, se delata la cruel indiferencia cuando el completo desconocimiento sobre el vital papel de aporte a la mujer en la vida rural, en la seguridad alimentaria y en los procesos naturales de conservación y mejora de la biodiversidad.

 

            Leyes como las que discutimos en este expediente, tienen que convertirse en constante proclamas del compromiso de Costa Rica de ser un país decidido y contundente en la equidad de género y la definición de políticas sinceras, para hacer efectivo ese enunciado.  El Partido Acción Ciudadana reivindica y luchará para que sea norma y no excepción.

 

            Esto ya fue demostrado por nuestros diputados en el período 2002-2006, es también un compromiso tácito que asumió nuestro partido una convocatoria de la ciudadanía 2006-2010 y que se metió al electorado en la pasada compaña.  Por eso, señores Diputados y Diputadas, esta moción de fondo lleva una carga de compromiso político de justicia, reconocimiento y convicción hacia la figura de la mujer y su papel en el desarrollo, definitivamente posicionarla como actora de primera línea y coadyuvar a derivar los últimos productos de exclusión, y hacia la equidad de género.

 

            Las mujeres campesinas y la seguridad alimentaria, según estimaciones de la FAO las mujeres producen más del 50% de los alimentos cultivados en todo el mundo los datos desglosados por géneros siguen siendo insuficientes como para proporcionar cifras exactas sobre las contribuciones de las mujeres a la producción agrícola, en todas partes del planeta.  Los datos del programa mundial de alimento en el mundo del desarrollo, revelan que aproximadamente 800 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria y es probable que esta situación empeore día a día.  Las mujeres desempeñan un papel trascendental al garantizar la seguridad de los alimentos y el bienestar de sus hogares.

 

            Asimismo el programa mundial de alimentos menciona que la contribución de las mujeres en la producción de alimentos, es del 45% en América Latina y el Caribe, para promover el desarrollo equitativo y sostenible de las comunidades rurales.  Esto quiere decir que las mujeres campesinas además de cumplir con una importante función como reproductora de la unidad familiar, labor que permite reproducir a fuerza el trabajo en el medio rural, papeles decisivos en la producción de alimentos, contribuyen con la seguridad alimentaria. 

 

            Como aquellas que preservan la biodiversidad, la preservación de la biodiversidad de los recursos fitogenéticos es ampliamente reconocida con factor esencial para la seguridad alimentaria, al ser las responsables de la provisión de alimentos a ciudadanos y a sus familias.  Las mujeres suelen disponer de un conocimiento especial del valor y la diversidad de uso de plantas para la nutrición, la salud y la generación de ingresos, por lo tanto son a menudo las guardianas del tradicional conocimiento de las plantas indígenas.  Además, las mujeres suelen experimentar y adaptar especies indígenas, por lo que se convierten en expertas de recursos fitogenéticos, como aquellas que procesan y preparan los alimentos.

 

            Mientras que las mujeres producen más del 50% de los alimentos en todo el mundo, realizan también la aplastante mayoría del trabajo de procesamiento de alimentos en los países en desarrollo.  El procesamiento de alimentos que contribuyen a la seguridad alimentaria, ya que reduce las pérdidas de alimentos, aporta variedad dietética y proporciona importantes vitaminas y minerales, además de las tareas de machacar y moler granos básicos, ahumar pescado y carnes que suelen llevar mucho tiempo, las mujeres procesan, conservan frutas y verduras producidas en su huerto casero o recogidas en los bosques.

 

            Prácticamente en todo el mundo son responsables en la preparación de alimentos para sus hogares, por consiguiente la salud y bienestar de sus familias.  Como aquellas mujeres que atienden las necesidades básicas del hogar, llevan a cabo la casi totalidad de las tareas necesarias para la seguridad alimentaria del hogar, para asegurar buenas condiciones de nutrición y salud.   Esas tareas incluyen recogida de combustible, acarreo de agua, limpieza, cocina, cuidado de niños y enfermos, así como aquellas asalariadas.

 

            A menudo las mujeres se hacen cargo del suministro de alimentos a sus familias produciéndonos o de lo contrario, generando ingresos para comprarlos.  Tanto las mujeres rurales como urbanas, que realizan trabajos retribuidos, dedican una parte sustancial a sus ingresos a la compra de alimentos para sus familias.  Cada vez más se reconoce que los hombre y mujeres rurales a menudo tienen responsabilidades diferentes a la hora de atender las necesidades básicas de sus hogares, siendo las mujeres las responsables del suministro de alimentos.

 

            Los planificadores del desarrollo han descubierto que el aumento en los ingresos del hogar, generado por el empleo de los hombres en los cultivos comerciales, no se oponen necesariamente a un incremento en los ingresos disponibles para la compra de alimentos.  Por otra parte cuando las mujeres agarren el control directo, solo los ingresos tienden a gastarlos en el bienestar de la familia, sobre todo en las mejoras en la seguridad alimentaria de sus familiares más vulnerables.

 

            El Estado de la Nación en su informe en el año 2005, en su valoración general sobre el estado costarricense, destaca que un lapso de solo 20 años el aparato productivo costarricense cambio de manera profunda, debido a la implantación de un nuevo estilo de desarrollo.  La vieja economía fue sustituida, en la que el sector financiero, las zonas francas y el turismo son las actividades más grandes.

 

            En términos de la distribución del ingreso, los datos disponibles indican que la sociedad costarricense es significativamente más desigual que hace dos décadas, una tendencia inversa a la experimentada entre 1960 y 1980.  Además es importante mencionar que este deterioro del aparato productivo tiene una tendencia de dibujar cada más los límites entre el espacio rural y el urbano, a invisibilizar los aportes de las mujeres en los procesos de producción de alimentos. 

 

            Obviamente cuando hablamos de transversabilidad significa integrar las perspectivas de género en el conjunto de políticas, integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las políticas en ideas generales, con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unos y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen.

 

 

            Quiero motivarlos a votar a favor de la moción y finalizar mi intervención señalando que cuando se habla de acciones afirmativas, según lo avanzado en Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, quiere decir que son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o esquemas sociales.  Es una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas medidas que permitan contratar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o esquemas sociales.

 

            Por estas razones, señoras y señores Diputados, les pido el voto para esta moción.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señor Diputado.  Continúa en el uso de la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.  Creemos en la importancia de las situaciones de género.

 

            Nuestro Partido Acción Ciudadana, es el que ha convertido este Parlamento en uno de los parlamentos que en el mundo tienen más representación femenina y en consecuencia a esa posición, queremos y estamos conscientes de que las situaciones de género tienen que ser muy bien analizadas. 

 

            Siguiendo con el artículo 2 “Ámbito de aplicación”, nos parece sumamente importante ir introduciendo en la nueva legislación el concepto de género bien entendido bien aplicado.  La nueva legislación producida por esta Asamblea Legislativa, debe en forma normal y natural ir eliminando las exclusiones e incorporar de forma normal y natural la igualdad, y los conceptos modernos de inclusión.  Es por ello importante en este artículo 2, cambiar su segundo párrafo para que se lea de la siguiente forma:  “... no se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas mediante intervención humana..”, en lugar del párrafo anterior que decía:  “...no se otorgará protección a las plantas silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre...”

 

            Estoy seguro que esta moción no tendrá ningún problema en aprobarse, aun cuando recientemente haya escuchado afirmaciones en otro sentido; porque la lógica dice, que los aspectos importantes y los conceptos modernos que he copiado y documentado sobre el tema de género.  Por ejemplo, me encontré una resolución recientemente aprobada por la Corte Suprema de Colombia, la cual me parece sumamente interesante sobre todo porque hay quienes siguen creyendo, que el debate sobre el lenguaje inclusivo, es un debate gramatical.  Con esta resolución de Sala Constitucional Colombiana abre una ventana más hacia la equidad de género, esta vez desde el lenguaje. 

 

            Compañeros diputados y compañeras diputadas, me parece oportuno en esta ocasión leer algunos párrafos de esta resolución, porque precisamente en ella se envía un mensaje, a quienes tenemos la responsabilidad de redactar, analizar y aprobar leyes, que si tomáramos en cuenta estaríamos dando un grandísimo aporte en la lucha por la eliminación de cualquier forma de discriminación.

 

            El extracto que les voy a compartir, es parte de la sentencia C-804-06, la norma acusada es el Código Civil, Ley N.º 57 de 887, por la cual se adaptó el Código Civil de Colombia el 26 de mayo de 1873, capítulo quinto sobre definiciones de varias palabras de uso frecuente en las leyes.  

 

“...Artículo 33. Las palabras: hombre, persona, niño, adulto y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie humana sin distinción de sexo se entenderán, que comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limite manifestándose a uno solo.  Por ejemplo, las palabras:  mujer, niña, viuda y otras semejantes que designan el sexo femenino no se aplicarán a otro sexo a menos que expresamente las extienda  la ley a él...”

 

            “...3.2)  Problema Jurídico Planteado.   Antes de formular el problema jurídico a examinar la Corte consideró, que era necesario integrar la unidad normativa del artículo 33 del Código Civil, del cual hacen parte las expresiones acusadas.  En este caso, corresponde a este Tribunal verificar si la definición legal de los vocablos:  hombre, niño, adulto, individuo y otras semejantes como términos genéricos que abarcan los dos sexos, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limite manifiestamente a uno solo, se ajusta a la Constitución en su conjunto y en particular a los principios y derechos consagrados en los artículos 1 sobre la dignidad humana, artículo 13 sobre el derecho a la igualdad, artículo 40 “Garantía de la participación de las mujeres en la elección y ejercicio del control del poder político”, artículo 43 sobre la prohibición de discriminación de la mujer, así como a lo consagrado en los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos de las Mujeres aprobado por el Congreso de la República y ratificados por el Gobierno Nacional..."

 

            “...3.3)   Decisión.  Declarar inexequible el artículo 33 del Código Civil, salvo las expresiones, abro comillas, “la palabra persona en su sentido general se aplica a la especie humana sin distinción de sexo, que se declaran exequibles...”

 

            “...3.4)  Razones de la Decisión.  La Corte reiteró que el lenguaje como fenómeno social, cultural e institucional del primer orden se proyecta de manera directa en el ámbito jurídico, en la medida en que el Derecho se manifiesta y expresa por medio de palabras.   A su vez, el lenguaje jurídico refleja y constituye a perpetuar formas de pensamiento.   No obstante, ni el lenguaje, ni la cultura permanecen estáticos, sino que se transforman de manera profunda, aunque a veces imperceptibles con el paso del tiempo.   Así los cambios sociales pueden tener incidencia en los cambios del lenguaje y de los contenidos de las definiciones construidas a partir del mismo...”

 

            También el lenguaje y la manera como sea utilizado para establecer contenidos puede producir una variación en la percepción de los fenómenos sociales.   En este sentido resulta manifiesta la influencia que ejerce el lenguaje jurídico, bien sea para mantener la condición de sujeción de la mujer y su sometimiento a prácticas injustamente discriminatorias.  Y por tanto, desconocedoras de sus derechos constitucionales fundamentales o bien para transformar el estado de cosas imperantes y lograr una igualdad real y efectiva entre varones y mujeres.

 

            En el caso concreto la Corte advirtió que la lectura desprevenida de los vocablos empleados en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil, podría conducir erróneamente a pensar que con lo allí determinado se estaba favoreciendo a las mujeres.  

 

Por el contrario, para la Corte un examen del sentido y alcance de esta norma a la luz de las ideas y los valores predominantes en el momento en que se adaptó el Código Civil, a finales del Siglo XIX, permite concluir que tal definición estuvo lejos del mandato vigente en nuestra carta política de igual consideración y respeto para las mujeres.

 

            En esa medida, la definición contenida en el artículo 33 guarda estrecha relación con la concepción del género femenino, que inspiraba toda la codificación y con el papel subordinado dependiente e invisible que se le asignaba a la mujer a lo largo de todo el articulado.  

 

Dado que los contenidos de las definiciones legales inciden en la manera como se perpetúan las medidas, actuaciones y en general políticas discriminatorias frente a las mujeres; la Corte encuentra que la definición que se hace en el artículo 33, del Código Civil y en contraste que representa un concepto que se dan los vocablos:  hombre, niño, adulto e individuo, que cobija a ambos géneros y los términos:  mujer, niña, viuda que no tiene el mismo significado legal contribuye a mantener la situación histórica de discriminación contra la mujer

 

            Pretender que se utilice como universal el vocablo “hombre”, solo trae como consecuencia la exclusión de las mujeres, pues en su uso oficial solo se refiere a los varones.  La Corte precisó que solo una definición cuyo contenido permita visualizar lo femenino, hace visible a las mujeres, armoniza con la dignidad humana, la igualdad, el derecho a participar en el ejercicio del control político y acorde con la prohibición de discriminación.

 

            Por lo expuesto en el artículo 33 del Código Civil, fue excluido del ordenamiento jurídico, por contrariar los preceptos constitucionales, salvo en los apartes que resulten acordes con la dignidad, igualdad y derechos de las mujeres.

 

            Como pueden ustedes observar, compañeras y compañeros, no estamos con un problema meramente lingüístico.  Cuando estamos discutiendo algún proyecto de ley, no es común que nos preocupe cómo garantizar que el género sea un eje transversal.  Por lo general el lenguaje que utilizamos en la parte de formulación de leyes, es un claro ejemplo de la sobregeneralización, ya que se utiliza el masculino para referirse a ambos sexos, haciendo casi imposible establecer cuándo está excluida la mujer.

 

            Según la UNESCO “el lenguaje es un producto social e histórico, que influye en nuestra percepción de la realidad, es por ello que condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo”.

 

            El lenguaje no es neutro, refleja la relación entre los sexos en la sociedad.  El lenguaje inclusivo es la manera de expresar, sea por medio del habla o de la escritura, las opiniones, reflexiones e informaciones apoyando la igualdad de género.

 

            La abogada Alda Facio, en su libro “Cuando el género suena, cambios trae”, cita lo siguiente... bueno, vamos a ir resumiendo para poder terminar en tiempo.

 

Dice que en el año 96 los representantes de 150 países, miembros de la Conferencia de la FAO, se reunieron en Alemania y adoptaron el Plan Global de Acción para la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos de las plantas, para la alimentación y la agricultura.  Los países acordaron que cualquier política de la conservación de la biodiversidad, debería tomar en cuenta las necesidades y los derechos de las comunidades rurales para desarrollar, usar y tener acceso a los recursos biológicos.

 

            El Plan Global de Acción también hace un llamado a la necesidad inequívoca de incluir los factores de género en todas las instancias que se ocupan, de enfoques participativos para la conservación y el uso de los recursos genéticos.

 

            La participación plena de las mujeres y los hombre rurales, en la gestión de los recursos genéticos, es una manera eficaz de relacionar la conservación de la biodiversidad, con el desarrollo sostenible... ya termino, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Estábamos sin quórum, vamos a dar los cinco minutos, para que se reponga el quórum, ya se ha reestablecido el quórum.   Se ha restablecido el quórum continuamos con la sesión.

 

            (Problemas con la Grabación) 

 

Muchas gracias, señor Diputado.

 

            Hemos tenido la participación de la diputada proponente, de dos diputados a favor, por quince minutos cada uno y dos diputados en contra.  Vamos a proceder a votar.

 

            Los señores diputados y señoras diputadas que estén por darle su aprobación a la moción número siete, que por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  siete diputados presentes.  Tres diputados a favor.

 

DESECHADA.

 

            Quisiera aprovechar para decirles que en principio yo quería votar a favor, pero en vista de que los compañeros hicieron uso de la palabra en contra y los argumentos que expresaron, entonces, me hicieron cambiar de parecer.   De modo que continuamos con la moción número ocho.

 

            Tiene la palabra González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Me extraña esa posición de ustedes, porque yo creo que una moción se vota por convencimiento y no porque sí o porque no ¡verdad!   Y supuestamente es una cuestión de género que nosotros estamos argumentando no veo por qué cambiaron la opinión, simplemente porque nosotros la argumentamos. 

 

            De manera que me parece ilógico y se ve mala intención en el acto.   Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Gracias, señora Diputada.

 

            ¿Su intervención era por el orden, Diputado Salazar Rojas?  Por el orden tiene la palabra.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Sí, señor Presidente, por el orden.

 

            Es respetable la decisión de cada uno a la hora de tomar una decisión de votar una moción a favor o en contra.  Yo no voy a referirme a la actitud de un diputado de cómo vote o cómo no vote.

 

            Lo importante aquí es independientemente para mi parecer en una moción que compañeras y compañeros diputados estén a favor eso no significa que uno tiene que limitarse a sustentarla, me parece que en este tipo de discusiones lo más importante es la posición que uno deje en manifiesto.

 

            Recuerde que este proyecto de ley iría también al Plenario y es muy importante lo que quede en las actas.  Entonces, yo por lo menos sostengo un principio de que sea a favor o en contra si uno tiene un argumento, es importante no por decirlo, sino porque queda en un documento oficial que es un acta y eso es importante yo respeto los criterios.

 

            Señor Presidente, le solicito un receso hasta por tres minutos.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, Diputado.

 

            Debo agregar a lo que dije anteriormente que hay un pronunciamiento de la Sala Constitucional que dice que donde se escribe la palabra “hombre” se sustituya por “persona” y con eso solucionamos el problema.  Por eso pensé en un principio sin más discusión podríamos votar, pero al fin se dio la discusión y entonces, al final hay que votarla.

 

            Se le concede el receso hasta por tres minutos.

 

            Se amplía el receso por tres minutos más.

 

            (Se procede de conformidad.)

 

            Se reanuda la sesión.

 

            Continuamos con el conocimiento de la moción número ocho, pero según lo expresado por el diputado proponente, que es el diputado Merino del Río, anteriormente dijo que RETIRABA la moción. 

 

            Vamos a continuar con la moción número nueve, la señora Secretaria procederá a darle lectura a la moción número nueve.

 

LA SECRETARIA:

 

            Esta moción está firmada por don Luis Carlos Araya Monge y otros señores diputados entre esos estoy yo y RETIRO esta moción número nueve.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias, señora Diputada.

 

En vista de que la moción ha sido RETIRADA.   Entonces, continuamos con el conocimiento de la moción número diez.  Le ruego a la señora Secretaria se sirva darle lectura.

 

LA SECRETARIA:

 

Moción Nº10-47, del diputado Salazar Rojas y otros diputados:

 

“Para que se modifique el párrafo tercero del artículo 2 del Proyecto de Ley en discusión (o su equivalente en caso de correrse la numeración), y en adelante se lea de la siguiente manera:

 

Artículo 2.-  Ámbito de aplicación

 

(...)

 

Para la protección de obtenciones vegetales se acatarán las disposiciones de tutela y de acceso de la biodiversidad nacional de acuerdo a la Ley de biodiversidad, Nº7788, sus reglamentos y sus reformas.  En caso de incompatibilidad entre esta Ley y lo establecido en la Ley Nº7416, Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en la Ley Nº8539, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Ley 7788, Ley de Biodiversidad y la Ley 8542, Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas”.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Tiene la palabra el diputado Salazar Rojas.

 

DIPUTADO SALAZAR ROJAS:

 

            Señores diputados y diputadas, la Fracción del PAC, somete a la consideración de ustedes esta moción para modificar el párrafo tercero del artículo dos del proyecto correspondiente al ámbito de aplicación de esta iniciativa de ley.  

 

            Para argumentar mi posición primero voy a releer lo que establece el párrafo tercero del artículo dos del proyecto, dice el texto:  “...Para la protección de obtenciones vegetales se acatarán las disposiciones de tutela y de acceso de la biodiversidad nacional de acuerdo a la Ley de biodiversidad, Nº7788, sus reglamentos y sus reformas....”. 

 

La moción de orienta agregarle el siguiente texto:  “...En caso de incompatibilidad entre esta Ley y lo establecido en la Ley Nº7416, Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en la Ley Nº8539, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Ley 7788, Ley de Biodiversidad y la Ley 8542, Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas...”.

 

            Notarán señores diputados y diputadas que esta moción se orienta en la misma dirección de la presentada por el diputado Merino y que fue retirada en la moción de fondo, en la moción número ocho, y es muy similar a la que presentó la diputada Vásquez Badilla y que discutiéremos posteriormente como moción de fondo en la número doce.

 

            A diferencia de la moción que retiró el diputado Merino esta que sometemos para que ustedes la consideren y esperamos la aprueben, agrega dos tratados o convenios internacionales de trascendental importancia para el país, como el de Diversidad Biológica y el de Recurso Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación comúnmente llamado Tratado de la Semilla de la FAO.

 

            Esto lo hace también la diputada Vásquez Badilla, en su moción dando validez a sus disposiciones pero siendo omisa sobre qué pasará con las incompatibilidad, ¿qué regirá?  Por eso consideramos que el espíritu del legislador quedaría más completo si se aprobara esta moción.

 

            En anteriores discusiones tanto en esta Comisión como en el Plenario he sido incisivo con solidez documental sobre la importancia del Tratado de la Semilla patrocinado por la FAO.   Y he señalado los elementos perniciosos que tendría el proyecto en discusión con sus principios y derechos que resguarda para los agricultores.

 

            Sobre lo relativo a la Ley Nº 8542 Fomento a la Producción Agropecuaria Orgánica y en la discusión de muchas de las anteriores mociones he referido sobre cómo se antepone este proyecto de protección de expresiones vegetales a la Ley N.º 7788 Ley de Biodiversidad.

 

            En esta oportunidad argumentaré más sobre el Convenio de Diversidad Biológica y el concepto de Biodiversidad por su estrecho vínculo y que son leyes importantes que aprobó esta Asamblea Legislativa, y que al igual que esas otras perderán efecto en sustantivos elementos si desdichadamente se aprueba el proyecto de Protección de Obtenciones Vegetales.

 

            Compañeros diputados y diputadas Costa Rica debe de ser coherente y es una responsabilidad nuestra en primera instancia el irrestricto respecto de sus compromisos internacionales y nacionales para resguardar la biodiversidad y salvaguarda de los derechos de los agricultores, comunidades campesinas, comunidades indígenas, así como los materiales y conocimientos criollos y autóctonos relativo a las disposiciones que comprometen los recursos fitogenéticos nacionales su uso, manipulación mejoramiento y preservación de semillas.

 

            Este proyecto de ley obliga hablar y referirse permanentemente al concepto de biodiversidad.  Es importante señores diputados y diputadas estar claros y dominar que es biodiversidad.  Si no sabemos ni interpretamos correctamente ese concepto con sus implicaciones pragmáticas actuales y sobre las generaciones futuras estaríamos desfasados para saber qué es lo que estamos votando en un proyecto como la protección de expresiones vegetales que la afectará.

 

            Habernos negado esta Comisión el voto favorable mayoritario en las reiteradas mociones que presentamos como Fracción del PAC, y las que también presentó el diputado Merino, para que se recibiera en audiencia personeros de la Red de Coordinación de la Biodiversidad a expertos nacionales se carece de compartir a priori con autoridades en la materia de esta plataforma conceptual. 

 

            A manera de desagravio a los expertos y talentos nacionales, que esta Comisión debería y está en la obligación en un tema tan especializado no limitarse a solicitar una consulta escrita, sino recibirlos, ampliar criterios suscitar contraste de posiciones y fomentar la construcción de cualquier ley con su participación, ya sea a favor o en contra del texto en discusión.  Pero y por desdicha la acelerada eventual aprobación del TLC es que lo interesa, nada adicional tiene relevancia aunque sean temas donde el conocimiento de causa evitaría errores históricos.

 

            Dado que se han cerrado esas puertas de asesoría presencial de los expertos nacionales en esta Comisión tenemos que acudir a citar sus referencias permanentemente en nuestro caso para combatir sólidamente este proyecto.  Hecha esa aclaración que para nosotros eso sigue siendo lamentable retomo el asunto de la definición del concepto de biodiversidad que señala la doctora Rodríguez en el documento el tratamiento de la biodiversidad en el TLC del 27 de abril del 2006 emitido a solicitud del Consejo Universitario de la UNA.

 

            La diversidad biológica o biodiversidad es la variabilidad de todas las formas de vida presentes en un determinado ecosistema en constante interacción, acicateo, neutralización o apoyo mutuo en la lucha por la sobrevivencia cuando esas formas de vida son conocidas y utilizadas para resolver alguna necesidad humana de vivienda, vestido, alimentación, goce estético se cataloga como recursos biológicos o bióticos dependiendo las cualidades que se aprovechen de esos recursos se subdividen en recursos orgánicos por ejemplo, cuando se usan sus propiedades físicas como el arroz para comer, genéticos cuando ese mismo arroz interesa por la información o las características de su genes o bioquímicos cuando lo que importa de ese arroz es y sigue siendo con el ejemplo su información molecular o la síntesis de sus propiedades.

 

            Por esas cosas paradójicas de la vida los países templados de gran capacidad tecnológica e industrial tienen escasa diversidad de plantas, animales y microorganismos en materia prima de la biotecnología.   En cambio los países tropicales como Costa Rica poseen la mayor variabilidad de elementos y recursos biológicos, terrestres, acuáticos y marinos, pero tienen escaso desarrollo industrial y tecnológico.

 

            Es bien sabido que esa riqueza es muy buscada por los institutos de investigación y las empresas de los países templados para mejorar los cultivos agrícolas y para hacer exploraciones o bioprospección en la búsqueda de propiedades desconocidas a partir de las cuales puedan fabricar nuevos medicamentos y otros productos industriales.  Sin embargo, desconocidas no es siempre el adjetivo adecuado, porque muchas de esas propiedades han sido de alguna manera descubiertas, utilizadas, protegidas, y multiplicadas por las personas que viven cerca de las áreas boscosas y pantanosas de los ríos y los mares tropicales.  Sabiendo eso el conocimiento tradicional de pueblos indígenas y comunidades locales es apreciado por muchos bioprospectores como pista inicial para su trabajo, que les podría ahorrar muchas años de investigación.

 

            Continúo con criterios inscritos por la doctora Rodríguez , profesora benemérita de la UNA, consultara internacional y experta y autoridad en temas de propiedad intelectual relacionados con la biodiversidad.

 

            Resalto nuevamente que citaré permanentemente a la doctora Rodríguez, no solo porque omite opinión autorizada, sino porque en su mención hacemos también un justo reconocimiento extensivo de las luchas de personas científicos y académicos en la defensa de nuestra diversidad biológica y el conocimiento local, campesino y ancestral.

 

            Apunta la señora Rodríguez:  “...los países centroamericanos han sido dotados por la naturaleza con una gran biodiversidad incrementada y protegida por el trabajo indígenas y campesinos a lo largo de los años.   La ganadería extensiva y la agricultura monocultivista solo es posible con los paquetes de agroquímicos propiciados por la revolución verde contribuyeron a erosionar la diversidad biológica al igual que erosionaron con efectos mutuos la diversidad cultural, apuntalaron el problema algunas políticas públicas pilares de los modelos de desarrollo en los que se insertaron aquellos y otros cambios.

 

            Los canales escogidos en el TLC-EUCA, para proteger las inversiones de sus industrias desconocen convenios y leyes relacionados con la biodiversidad adaptadas por el país antes de la firma del tratado comercial en mención.   Se trata del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) ratificado por Costa Rica en 1993 de la Ley de Biodiversidad de 1998, y el Decreto Ejecutivo Nº 31514-MINAE sobre las Normas Generales para el Acceso a los Recursos Bioquímicos y Genéticos en vigor en diciembre del 2003.

 

            Uno de los acontecimientos más publicitados de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo  conocida como la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de Janeiro fue la firma del Convenio de Diversidad Biológica, parecía que por fin el mundo reconocía la importancia de tratar los recursos biológicos y su conocimiento asociado en función de objetivos de triple vía.   La protección de la biodiversidad, el uso sustentable de sus recursos para el bienestar de las generaciones presente y futuras y las necesidad de distribuir justa y equitativamente los beneficios derivados de su uso...”

 

            Asimismo en el Convenio se llegó al acuerdo de que los países son libres de establecer las condiciones de acceso a los científicos y demás personas interesadas en el patrimonio genético bajo su soberanía.  Junto a este reconocimiento se solicitó que la normativa nacional no supusiera barreras de entrada alusión válida especialmente para los países ricos en biodiversidad.   A su vez el Convenio pidió a los países ricos en tecnología que paradójicamente son pobres en biodiversidad, transferir a los primeros los conocimientos que les ayudarán en la conservación y uso de su biodiversidad.

 

            En este caso el Convenio de Diversidad Biológica fue omiso en mencionar la eliminación de barreras de entrada al acceso a la tecnología obviamente por la razones argumentadas por Estados Unidos.   A pesar de las esperanzas despertadas por el Convenio había ciertos temores en las reuniones previas a la Cumbre de la Tierra se vivía la tensa relación entre la protección de los derechos colectivos y la naturaleza.   Por un lado y por otro, la tendencia hacia la privatización de los recursos bióticos.  

 

En las negociaciones las empresas interesadas en estos recursos y los gobiernos de los países industrializadas que las apoyaban lograron introducir artículos que habrían el espacio a los derechos de propiedad intelectual sobre la codiciada materia prima de la insipiente biotecnología moderna y sobre su conocimiento asociado, aun con las enormes concesiones hechas antes de la Cumbre Estados Unidos no firmó el Convenio de Diversidad Biológica en Río de Janeiro, el Departamento de Estado razonó su actitud diciendo que era:  “Porque no otorga a las compañías americanas adecuada protección con patentes para la transferencia de invenciones biológicas a los países subdesarrollados”.

 

Y hasta la fecha Estados Unidos no ha ratificado el CDB.   Como ven señores diputados y diputadas aquí esta la trasfondo del asunto pese a que Costa Rica suscribe ese Convenio asume seriamente los compromisos impulsando sus principios y aprueba la Ley de Biodiversidad.   Los Estados Unidos mantiene un TLC mal negociado por nuestros negociadores encuentra el portillo para que sean sus intereses los que prevalezcan.

 

El proyecto de Protección de Instituciones Vegetales  en los términos en que está planteado el texto en discusión y posteriormente la ratificación del Convenio UPOV serán el golpe de gracia y una deslegitimación de nuestros compromisos sustantivos en el Convenio de Diversidad Biológica.

 

Costa Rica no solo ratificó que no fue de los primeros países de implementar el Convenio de Diversidad Biológica promulgado su Ley de Diversidad, según esa ley los elementos en recursos bioquímicos y genéticos de la diversidad silvestre domesticada son de dominio público.   Es decir, inalienables, imprescindibles, inembargables, pertenecen al pueblo de Costa Rica y el Estado solo puede dar permiso de uso con la condición que su control no salga de sus manos.   Con este proyecto se lesionará sistemáticamente estas potestades de salvaguarda de nuestras generaciones futuras y de nuestra seguridad alimentaria.

 

Por los argumentos anteriormente mencionados señores y señoras diputadas le solicito su apoyo para aprobar esta moción.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señor Diputado.

 

            Tiene la palabra el diputado Rojas Rodríguez.

 

DIPUTADO ROJAS RODRÍGUEZ:

 

            Gracias, señor Presidente.

 

            Esta moción compañeras y compañeros es muy importante para mejorar y ampliar el ámbito de aplicación del presente proyecto de ley.  El ámbito de aplicación determina en gran parte el resto del proyecto, la parte filosófica y conceptual de una iniciativa de ley como esta la define el legislador en ámbito de aplicación.   De ahí compañeras y compañeros que no es de extrañar el gran número de mociones que al respecto hemos presentado los diputados de los diferentes partidos políticos. 

 

            En esta ocasión se trata de una situación similar a la presentada en las mociones anteriores y discutidas por esta Comisión.

 

Dice, la parte sustancial que presenta esta moción:  “...En caso de incompatibilidad entre esta Ley y lo establecido en la Ley Nº7416, Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en la Ley Nº8539, Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Ley 7788, Ley de Biodiversidad y la Ley 8542, Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas”.

 

            En realidad es una moción muy clara, y que se explica por sí misma en caso de incompatibilidad que existiese entre esas leyes o convenios internacionales con el actual proyecto de ley prevalecerá el criterio de las primeras.

 

Pese a los crecientes esfuerzos en el curso de los últimos 20 años, ha continuado el proceso de pérdida de la diversidad biológica en el mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitat y el cultivo excesivo, la contaminación y la introducción inadecuada de plantas y animales foráneos.

 

Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficio sostenible. Es preciso tomar urgentemente medidas decisivas para conservar y mantener los genes, las especies y los ecosistemas, con mira a la ordenación y la utilización sostenible de los recursos biológicos.

 

Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación sistemática de la biodiversidad. Se requiere una acción nacional y una cooperación eficaces para la protección in situ de los ecosistemas, la conservación éxito de los recursos biológicos y genéticos y el mejoramiento de las funciones de los ecosistemas.

 

La participación y el apoyo de las comunidades locales son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los adelantos recientes de la biotecnología han destacado la capacidad potencial, que el material genético contenido en las plantas, los animales y los microorganismos tiene para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para los fines ambientales.

 

Al mismo tiempo, es particularmente importante subrayar en este contexto, que los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos, en consonancia con sus políticas ambientales, así como la responsabilidad de conservar su biodiversidad, de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible y de velar porque las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros estados o de las zonas situadas fuera de los límites de su jurisdicción nacional.

 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un instrumento, este se abrió a la firma en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992, los países firmantes asumieron, al ratificar este documento, un compromiso que los vincula jurídicamente para conservar la diversidad biológica, siendo las tres metas principales de este Convenio las siguientes:

 

La conservación de la diversidad biológica.

La utilización sostenible de sus componentes.

Y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.

 

Durante esta cumbre surgió un nuevo concepto, que va de mano en mano con el medio ambiente y es “desarrollo sostenible”.  La definición que fue optada por Costa Rica es la siguiente.

 

“Desarrollo Sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordialmente del desarrollo, por medio del crecimiento económico, con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultura regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras”

 

Como resultado directo de la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se creó el Consejo de la Tierra, una organización no gubernamental creada en setiembre del 92.

 

La creación del Consejo surgió de la necesidad de fortalecer las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, para vigilar y evacuar la puesta en ejecución de los acuerdos de la Cumbre de la Tierra; asimismo para fomentar una mayor conciencia pública y el apoyo para el logro de la necesaria transición y así lograr un modelo de desarrollo sostenible a nivel mundial.

 

Costa Rica aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus anexos I y II, el 30 de junio de 1994 en la Administración Figueres Olsen y se convirtió en la Ley Nº 7416.

 

Los argumentos que se expusieron en el preámbulo de dicho Convenio, tienen tremenda actualidad con el proyecto de ley en discusión y nos permite documentarnos sobre la importancia de aprobar la presente moción, revisemos esos argumentos y analicémoslo a la luz de las circunstancias actuales.

 

Concientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes.

 

Consientes asimismo de la importancia de diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera.

 

Afirmando que la conservación de la diversidad biológicas es interés común de toda la humanidad.

 

Reafirmando que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos.

 

Reafirmando asimismo que los Estados son responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible, sus recursos biológicos.

 

Preocupados por la considerable reducción de la diversidad biológica, como consecuencia de determinadas actividades humanas.

 

Consientes de la general falta de información y conocimiento sobre la diversidad biológica y la urgente necesidad, desarrolla capacidades científicas, técnicas e institucionales, para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas, observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica.

 

Observando también que cuado exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

 

Observando asimismo que la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica es la conservación in situ de los ecosistemas y hábitat naturales, el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales.

 

Observando igualmente que la adopción de medidas ex situ preferentemente en el país de origen, también desempeña una función importante.

 

Para ir resumiendo, compañeros y compañeras de esta Comisión, hemos presentado esta moción para que en el caso de incompatibilidades entre este proyecto y el Convenio Internacional, prevalezca lo dispuesto por este último.

 

Por esa razón y muchas razones más es que solicitamos, muy respetuosamente, a los señores y señoras miembros integrantes de esta Comisión, el voto afirmativo para esta moción y de esta forma mejorar sustancialmente este proyecto.  Muchísima gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

Muchas gracias diputado Rojas Rodríguez.

 

Tiene la palabra la diputada González Morera.

 

DIPUTADA GONZÁLEZ MORERA:

 

Gracias señor Presidente.

 

Hablaré a favor de esta moción, porque me parece muy bien esta moción que dice: “para la protección de obtenciones vegetales se acataran las disposiciones de tutela y de acceso de la biodiversidad nacional de acuerdo a la Ley de Biodiversidad Nº7788, su reglamento y sus reformas”.

 

La moción propone que se le agregue:  “en caso de incompatibilidad entre esta ley y lo establecido en la Ley 7416, Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en la Ley Nº 8539 Trato Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentación y la Agricultura, la Ley 7788 de Biodiversidad y la Ley 8542 para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, prevalecerá lo dispuesto en las últimas”.

 

Esta modificación es importante y señalo algunas razones, reiteradamente hemos destacado los problemas, dificultades y peligros que presenta este proyecto de ley, orientado principalmente a una excesiva protección de los derechos de las personas obtentores, frente a casi el total de desprotección de los derechos de las personas agricultoras y las comunidades indígenas.

 

Este proyecto no hace referencia ni protege en forma alguna los conocimientos y contribuciones de las comunidades indígenas, muy a pesar de lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el derecho a la propiedad y sus frutos, que dice:

 

“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras, deberán protegerse especialmente.  Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

 

            Por estas carencias es importante destacar e incorporar en el texto la referencia al Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos, para la alimentación y la agricultura, aprobado por esta Asamblea en la Ley 8539, publicado en La Gaceta Nº 185, del 27 de setiembre.

 

            Este Tratado tiene por objetivo la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación, la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el convenio sobre la biodiversidad biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.

 

            Reconoce la contribución pasada, presente y futura de las y los agricultores de todo el mundo y la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, constituye la base de los derechos del agricultor.

 

            Afirma también que los derechos reconocidos en este Tratado a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otros materiales de propagación, conservados en las fincas y a participar en la adopción de decisiones, en la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, son fundamentales para la aplicación de los derechos del agricultor, así como para su promoción a nivel nacional e internacional.

 

            Como hemos señalado y demostrado hasta la saciedad en esta Comisión, a diferencia de la ventajas que se otorgan al obtentor, la protección al pequeño y mediano agricultor contenida en este proyecto es insuficiente e imprecisa.

 

            Estos derechos se encuentran en la parte tres de este Tratado, “Derechos del Agricultor”, que reconoce la enorme contribución de la comunidades locales, indígenas y de agricultores y agricultoras de todas las regiones del mundo, en especial de quienes se encuentran en los centros de origen y diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación y desarrollo de los recursos fitogenéticos, que son la base de la producción agrícola y alimentaria en todo el mundo, esto en el inciso 9.1.

 

            Establece la responsabilidad de los gobiernos de hacer realidad los derechos del agricultor en este campo y adoptar las medidas para proteger y promover estos derechos en particular.

 

            Primero, la protección de los conocimientos tradicionales, de interés para los recursos fitogenéticos, para la alimentación y la agricultura.

 

B. Derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios derivados del uso de estos recursos.

 

C.  El derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos relativos a la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, para la alimentación y la agricultura, inciso 9.2.

 

            Dispone que nada de lo que se dice en este artículo 9 se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación, conservando las fincas con arreglo a la legislación nacional y según proceda, inciso 9.3.

 

            La referencia de este Tratado en el texto del artículo 2 de este proyecto, ayuda a compensar la imprecisión e insuficiencia del texto del proyecto para la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas y de las y los pequeños y medianos agricultores.

 

            Además, es fundamental dejar establecido los postulados de este Tratado en este proyecto de ley, para la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.  Esta modificación mejora el proyecto.

 

            El Convenio de Diversidad Biológica tiene como objetivo la conservación y diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transparencia apropiada de las tecnologías pertinentes.

 

            Teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada.

 

            Reconociendo la estrategia y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tiene el sistema de vida tradicionales, basados en los recursos biológicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

 

            Así mismo reconoce y destaca la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica.

 

            Por su parte la Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica establece que el Estado, por medio de las autoridades competentes, promoverá, estimulará y protegerá el derecho de las personas y organizaciones agricultoras al acceso, el uso, el intercambio, la multiplicación y el resguardo de semillas criollas, con el propósito de preservar el patrimonio genético criollo, en beneficio de las actuales y futuras generaciones de productores y productoras orgánicos, correspondiendo al Ministerio de Agricultura y Ganadería velar por el cumplimiento de esta disposición, en acatamiento de lo establecido en el Convenio de Diversidad Biológica, aprobado mediante Ley Nº 7416, del 30 de junio de 1994 y la Ley de Biodiversidad Nº 7788, del 30 de abril de 1998.

 

            La agricultura orgánica, según esta Ley, que con mucho orgullo aprobamos en año anterior, además de contribuir al equilibrio ambiental, tiende a un equilibrio sociocultural de las formas de organización comunitaria indígena y campesina, integra a las prácticas actuales los conocimientos tradicionales, genera condiciones laborales justas, defiende el derecho de las personas a producir alimentos sanos y prioriza el uso de recursos locales.

 

            Señalo además dos definiciones contenidas en esta Ley, que resultan importantes.  Persona agricultora orgánica experimentadora; agricultor o agricultora que realiza experimentos o ensayos a pequeña escala en su finca o parcela, con el fin de encontrar soluciones prácticas a sus problemas productivos, bajo tecnologías limpias, compatibles con los principios de la producción orgánica; para ello se apoya tanto en sus propios conocimientos y experiencias, como en los de su comunidad, sus antepasados o en aquellos que le ofrecen los servicios de asistencia técnica y académica, así como la información bibliográfica a su disposición.

 

            Semillas criollas locales o tradicionales, lo define así:  “semillas que corresponden a variedades cultivadas y desarrolladas por personas agricultoras y comunidades locales, independientemente de su origen, se encuentran adaptadas a las prácticas agrícolas y a los ecosistemas locales”.

 

            Finalmente la Ley de Biodiversidad, Nº7788, del 30 de abril de 1998, que regula específicamente el uso, el manejo, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad y excluye la aplicación de estas disposiciones, el intercambio de los recursos bioquímicos, genéticos y el conocimiento asociado resultante de prácticas, uso y costumbres sin fines de lucro entre los pueblos indígenas y las comunidades locales.

 

 

Específicamente el artículo 82 dispone que:

 

“El Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos intelectuales comunitarios sui géneris, los conocimientos, las prácticas e innovaciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el conocimiento asociado.  Este derecho existe y se reconoce jurídicamente por la sola existencia de la práctica cultural o el conocimiento relacionado...”

 

Termino, debemos ser coherentes con los compromisos que Costa Rica ha asumido en el ámbito internacional y nacional, para protegerla biodiversidad y salvaguardar a las comunidades indígenas campesinas, los conocimientos tradicionales autóctonos y el uso, mejoramiento y preservación de las semillas.

 

Pido el voto afirmativo para esta moción.  Muchas gracias, señor Presidente.

 

EL PRESIDENTE:

 

            Muchas gracias, señora Diputada.

 

            No tenemos más solicitudes de la palabra, por lo tanto vamos a proceder a votar la moción número diez.

 

            Solicitamos a los señores diputados y a las señoras diputadas que estén por darle su aprobación, que por favor se sirvan manifestarlo levantando la mano.  Siete diputados presentes. Tres votos a favor.

 

DESECHADA

 

Sin más asuntos que tratar, a las veintitrés horas, un minutos, se levanta la sesión.

 

 

 

 

 

 

Dip. Salvador Quirós Conejo                                 Dip. Gladys González Barrantes

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA

 

 

 

Comisión de Asuntos Agropecuarios

15-enero-2007 Nydia / Flor / Nancy / Gis Hernández / Silvia / Gis González

Rev. Asistentes Ejecutivas