ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA ACTA AÚN NO HA SIDO APROBADA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO)
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 145
(Lunes 24 de marzo de 2014)
CUARTA
LEGISLATURA
(Del 1º de
mayo 2013 al 30 de abril 2014)
SEGUNDO PERÍODO
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
(Del 1º de
diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014)
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ÁREA DE
ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
Acta de la sesión plenaria N.º 145
Lunes 24 de marzo
de 2014
Segundo período de sesiones extraordinarias
Cuarta
legislatura
Directorio
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel
Contreras Annie Alicia Saborío Mora
Primer secretario Segunda
secretaria
Diputados presentes
|
Acevedo Hurtado, Juan Bosco |
Mendoza García, Juan Carlos |
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Acuña Castro, Yolanda |
Mendoza Jiménez, Luis Fernando |
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Aiza Campos, Luis Antonio |
Molina Rojas, Fabio |
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Alfaro Murillo, Marielos |
Monestel
Contreras, Martín Alcides |
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Angulo Mora, Jorge Alberto |
Muñoz Quesada, Carmen María |
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Araya Pineda, Edgardo |
Ocampo Baltodano, Christia María |
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Arias Navarro, Gustavo |
Orozco Álvarez, Justo |
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Avendaño Calvo, Carlos Luis |
Oviedo Guzmán, Néstor Manrique |
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Bejarano Almada, Gloria |
Pérez Gómez, Alfonso |
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Brenes Jiménez, Ileana |
Pérez Hegg, Mirna Patricia |
|
Calderón
Castro, Antonio |
Pinto Rawson, Rodrigo |
|
Chavarría Ruiz, Ernesto Enrique |
Porras Contreras, José Joaquín |
|
Céspedes Salazar, Walter |
Porras Zúñiga, Pilar |
|
Cubero Corrales, Víctor Danilo |
Quintana Porras, Damaris |
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Delgado
Ramírez, Carolina |
Rodríguez Quesada, José Roberto |
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Enríquez Guevara, Adonay |
Rojas
Segura, Jorge Arturo |
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Espinoza Espinoza, Xinia María |
Ruiz Delgado, María Jeannette |
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Fishman Zonzinski, Luis |
Saborío Mora, Annie Alicia |
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Fonseca Solano, María Julia |
Venegas Renauld, María Eugenia |
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Fournier Vargas, Alicia |
Venegas Villalobos, Elibeth |
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Gamboa Corrales, Jorge Alberto |
Villalobos Argüello, Elvia Dicciana |
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Góngora
Fuentes Carlos Humberto |
Villalta Flórez-Estrada, José María |
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Granados Fernández, Carmen María |
Villanueva Monge, Luis Gerardo |
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Hernández Cerdas, Víctor |
Víquez Chaverri, Víctor Hugo |
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Hernández Rivera, Manuel |
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ÍNDICE
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Discusión y aprobación del acta N. º 144
Suspensión de derechos y garantías
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa
Diputada Gloria Bejarano Almada:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Jorge Arturo Rojas Segura:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Annie Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Expediente N.º
18.127, Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa
Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Expediente N.º 18.685, Ley para Desincentivar el Ingreso de
Capitales Externos
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Edgardo Araya Pineda:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Edgardo Araya Pineda:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Cuarto Informe de mociones vía artículo 137
del Reglamento legislativo
Expediente N.º
18.709, Ley de Garantías Mobiliarias
Cuarto Informe de mociones vía artículo 137
del Reglamento legislativo
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Presentación
de mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo
Presentación
de mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo
Diputado Manuel
Hernández Rivera:
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis
Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Alicia Fournier Vargas:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Manuel Hernández Rivera:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Víctor Danilo Cubero Corrales:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Manuel Hernández Rivera:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Primer Informe de mociones vía artículo 137
del Reglamento legislativo
Presentación
de mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Al ser las catorce y cincuenta y nueve minutos, con el cuórum de
reglamento, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 145 de este periodo
de sesiones extraordinario de hoy 24 de marzo del año 2014.
Vamos
a poner en discusión y aprobación el acta ordinaria número 144.
¿Por
el acta?
No
hay solicitudes para hacer uso de la palabra por el acta; por lo tanto, la
damos por discutida y aprobada.
Suspensión de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de la Asamblea
Legislativa
Vamos a dar inicio por el control
político.
Antes
había solicitado la palabra por el orden, ¿no?
Vamos
entonces a iniciar con el espacio de control político.
Inicia
en esta oportunidad el diputado Sotomayor Aguilar, quien le ha cedido el tiempo
a la diputada Bejarano Almada, que también tiene uso de la palabra el día de
hoy; entonces, por lo tanto, diez minutos, diputada Bejarano Almada.
Talvez
antes de que inicie, diputada Bejarano, quiero solicitarles a los diputados y
diputadas primero ocupar sus curules, pero además que pudieran un poquito bajar
el volumen de sus conversaciones. Hay mucho ruido dentro del plenario; asesores
también.
Diputadas,
diputados, a ver si le permitimos a la diputada Bejarano Almada que pueda hacer
su intervención.
Puede
iniciar, señora diputada.
Diputada Gloria Bejarano Almada:
Muchísimas
señor, presidente, señores diputados, señoras diputadas.
El
día de hoy tuve la gran satisfacción de acudir al Museo de los Niños a ser
testigo de la firma de la red de cuido; un proyecto que viene a dar respuesta a
la atención que debemos de garantizar a nuestros niños y a nuestras niñas desde
la más temprana edad.
En
esa ceremonia se dieron varios actos significativos. Quisiera poderlos resaltar
todos, pero es difícil poder trasmitir el sentimiento que ahí se vivió. El
agradecimiento de miles de mujeres, que hoy le agradecen a la señora presidenta
a través de una muchacha el poder terminar sus estudios, mientras sus hijos
están bien atendidos.
Fue
realmente conmovedor ver a esta chiquilla abrazar a la presidenta y decirle:
Gracias, porque la red de cuido me ha permitido terminar mis estudios.
Una
chiquilla que después se me acercó y me hizo mucha gracia porque me dijo:
¿Usted sabe que yo terminé el bachillerato porque mis hijos entraron a un hogar
comunitario?
Entonces,
ahí es donde le vemos a este proyecto la dimensión correcta; es un proyecto que
recogió lo mejor de las instancias que se habían dado en el pasado para crear
una red de protección de atención a la primera infancia.
La
presidenta fue enfática en recordarnos que los organismos internacionales
vienen insistiendo muchísimo en la necesidad de darle a la primera infancia la
mayor atención.
Son
aquellos países que han invertido en primera infancia los que hoy en día están
saliendo adelante con mayor facilidad. ¿Por qué?, porque el desarrollo integral
del niño, especialmente el de sus capacidades mentales y físicas, están siendo
desarrolladas en el momento adecuado, en el momento que los niños tienen ese
potencial en ciernes y que necesitan el estímulo, el cuido, la protección y la
atención.
Por
eso, me uno a la alegría que embarga a la señora presidenta, que realmente este
proyecto nace —y hay que decirlo— del corazón de una mujer. Este es el proyecto
que nace del corazón de una mujer que tiene la sensibilidad para entender la
importancia de cuidar a los niños cuyas madres trabajan, y que, sin embargo,
contó también con el respaldo en su gran mayoría de hombres que acudieron a su
llamado. Ahí estaban los alcaldes de muchas comunidades del país atendiendo y
respondiendo al llamado del Gobierno.
Porque creo que
debemos de entender, de una vez y por todas, que el gobierno no es de un
partido político; el gobierno es el gobierno de todos y cada uno de los
costarricenses. Y enhorabuena esta red de cuido hoy es una realidad gracias al
proyecto, a la voluntad y también al respaldo que todos los señores y señoras
diputadas de esta Asamblea Legislativa nos dieron en su momento adecuado.
En
otro orden de cosas, quisiera recordar que la semana pasada la Sala Constitucional
emitió dos fallos históricos que vienen a dar luz a dos temas urgentes en la
vida nacional.
El
primero confirma que no existen vicios de inconstitucionalidad en el proyecto
de ley sobre investigación biomédica, y abre el camino a la promulgación, sin
más demoras u obstáculos, a una ley esperada por la comunidad científica del
país y ansiada por cientos de pacientes.
Pero
ese será un tema al que me referiré más adelante durante la discusión final de
aprobación de la ley, la cual espero ocurra el día de hoy.
En
una segunda resolución, la Sala Cuarta declara inconstitucional el rastreo
telefónico en contra de un periodista realizado por la OIJ y el Ministerio
Público y los previene para que no vuelvan a incurrir en los actos recurridos.
No
es la primera vez, señores, que se denuncia este tipo de abusos por parte del
Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General de la República, pero
sí es la primera en la que hay un pronunciamiento claro de la Sala Cuarta sobre
la ilegalidad de realizar un rastreo sin orden de un juez.
En
el 2010 denuncié en este mismo Plenario la ilegal intervención de mis teléfonos
y de los de don Luis Fishman, pues en varias oportunidades al llamar de mi casa
a mi oficina aquí en la Asamblea, me contestaban en casa de don Luis.
La
denuncia pasó inadvertida por la prensa que no dio importancia al hecho que no
existía una orden de un juez para espiarme. Dos años después nuevamente
denuncié aquí el rastreo ilegal de mis teléfonos, los teléfonos de tres magistrados
y los de nuestras respectivas familias y amistades; todo sin orden de un juez y
sin habérsenos levantando la inmunidad como miembros de los supremos poderes.
Por
estar involucrados tres magistrados, se pidió una explicación ante la Corte
Plena y ahí el fiscal general reconoció el rastreo ilegal que se había
realizado aduciendo que estaba investigando un anónimo.
En
su momento, la Corte Plena solicitó un proceso disciplinario en contra de la
Fiscalía, pero el periódico La Nación siguió presionando para que la Corte se
retractara y brindara su respaldo al fiscal general tal como ocurrió. De esta
manera, las irregularidades fueron obviadas y con ello se avaló el
procedimiento.
Da
la impresión que para las autoridades de algunos medios de comunicación hay
diferentes tipos de ciudadanos: a los que se les puede violentar sus derechos y
nada ocurre, y a otros a los que sí se les reconocen y se actúa en su favor.
En
el caso que nos atañe, es evidente que el temor a un escándalo mayor, de
dimensiones internacionales, podía tratarse de… por tratarse de un espionaje en
contra de un medio de comunicación, fue una poderosa razón para que el recurso
fuera acogido y resuelto en favor del demandante.
Pero,
¿qué ocurre cuando el ciudadano común y corriente no tiene caja de resonancia,
cuando un anónimo es lo único que necesitan…, perdón, cuando un anónimo es lo
único que necesita en el mejor de los casos el Ministerio Público para
justificar el rastreo en la intervención de teléfonos computadores o el correo?
El
único freno que existe para evitar abusos, desafueros por parte de las
autoridades es que para realizar un rastreo o una intervención exista una orden
de un juez que valora si hay o no razones para espiar a una persona.
Estoy
a favor totalmente de que se proporcione esta herramienta para combatir el
crimen, pero no estoy de acuerdo con que se le dé licencia de corso a nadie
para violentar el derecho a la intimidad sin que exista una razón que lo
justifique.
Entre
las autoridades, como en cualquier conglomerado humano, hay buenos y hay malos
funcionarios. La corrupción no es exclusividad de un gremio u otro, por eso
deben existir límites, reglas y sanciones para quienes ostentan el poder de
investigar a la ciudadanía. Esta investigación no puede ser el resultado de una
venganza, capricho, curiosidad, amedrentamiento o simplemente ostentación del
poder.
La
subdirectora del diario Extra, Paola Hernández, dice bien que esta ha sido una
lucha de todo el gremio de periodistas para defender el derecho que les asiste
a los profesionales y que el fallo sienta un precedente en favor de la
ciudadanía. Esto me agrada en sobremanera.
Estoy
segura que en el futuro las denuncias de los ciudadanos en este sentido tendrán
en los medios el eco de la solidaridad y la convicción de que los derechos
humanos son iguales para todos: periodistas, empresarios, amas de casas,
funcionarios, maestros, profesionales en general, trabajadores, simples
ciudadanos y por qué no hasta políticos.
Señor
presidente, este fallo debe de ser divulgado ampliamente; este fallo debe de
ser puesto entre los fallos más importantes que se han dado en los últimos
días, porque viene a resguardar el derecho a la intimidad que tenemos los
ciudadanos, viene a declarar ilegal el rastreo de nuestros teléfonos sin que
exista una razón que lo justifique.
No
soy la única a la que se le han rastreado los teléfonos. He hablado con muchas
personas, inclusive recuerdo compañeros del PAC que me comentaron que en varias
oportunidades vieron como sus teléfonos quedaban abiertos.
Así es que yo
espero, señor presidente, que este fallo de verdad se tome en serio y que el
OIJ y el Ministerio Público acaten esta resolución y sobre todo respeten la
Constitución y los derechos que nos atañen a los ciudadanos.
Muchas
gracias.
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señora diputada.
Continúa
en el uso de la palabra la diputada Fonseca Solano, quien le ha cedido su
tiempo al diputado Rojas Segura.
Cinco minutos,
señor diputado.
Diputado Jorge
Arturo Rojas Segura:
Buenas
tardes a todos y todas; aquella gente que nos escucha en la radio, nos ve en
televisión.
Miren,
yo lo que quería hablar hoy era siempre en el tema electoral que nos atañe este
próximo 6 de abril, de la poca seriedad de Luis Guillermo Solís y del Partido
Acción Ciudadana de llegar y hacer un llamado a las y a los costarricenses de
que quien quiera aspirar a un campo, quien quiera aspirar a un puesto de
trabajo en el Gobierno que mande su currículo
Eso
lo que indica es, primero que todo, un clientelismo, un clientelismo político
que nos han criticado a Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana en su
momento que gobernó también, y es un clientelismo político sacado bajo la
manga, porque no tienen qué hacer.
Pero
además de esto demuestra la ineficiencia de un partido, si se puede llamar así,
a la hora de hacer un plan de gobierno y a la hora de hacer un esquema de cómo
gobernar.
Es
entendible esto en un partido que nunca ha estado en el gobierno, es entendible
esto en un partido que se ha formado de personas que han sido salidas,
escapadas de otros partidos políticos, en los cuales no se les dio la
oportunidad o nunca la tuvieron para llegar a tener puestos de poder.
De
ahí me refiero a desde el candidato actual, posible presidente de la República,
don Luis Guillermo Solís, quien fue secretario de nuestro partido, y como lo he
dicho otras veces, en un momento de crisis le tocó administrar la Secretaría
del partido y lo más fácil fue agarrar e irse y abandonarla. En la memoria que
tengo dentro de Liberación Nacional ha sido el único secretario que ha
renunciado a ese puesto, o también cuando el máximo líder de ese partido, don
Otón Solís, se va y se marcha.
Pero
dentro de este currículo yo quisiera saber cuáles son las puntuaciones que se
les va a dar a las personas que van a mandar para ser posibles escogidos.
Aquí
cabe destacar que pareciera que don Luis Guillermo no sabe que existe el
Servicio Civil, porque puntea y les dice a las y los costarricenses: Vengan,
tráiganme el currículo aquí al PAC y nosotros lo vamos a analizar y le vamos a
dar la posibilidad.
Yo
me pregunto: ¿dentro de las puntuaciones, a quien cree en un Estado laico le
darán más puntos?, ¿entre las puntuaciones que tienen, a quien cree en el
matrimonio entre homosexuales tendrá más puntos que los que no tienen?, ¿quién
tiene sus orígenes liberacionistas como son los de él y los de don Ottón Solís
tendrán más puntos?, ¿tendrán menos puntos aquellas personas que ortodoxamente
han estado en el Partido Acción Ciudadana de corta data?, ¿tendrán más puntos
aquellas personas que han brincado encima de una patrulla para ser escogidos o
escogidas?
Son
cosas que a mí en lo personal, Walter, me cuestiono. O sea con qué legitimidad
yo voy a salir a buscar personas y con qué escala voy a decir: usted sí puede
ser ministro mío; usted sí puede ser director de una institución; usted sí
puede ser embajador. Por las creencias, por su experiencia que no la tiene
ninguno, ninguna.
Entonces,
sí me gustaría, ya que se han puesto a decir estas cosas que lo que demuestra
es que nunca estuvieron preparados, que nunca diseñaron una campaña para poder
ganar, que como dijo un amigo mío: se tropezaron con la Presidencia.
Y
es que cuando uno se tropieza con algo es porque no lo tiene previsto, cuando
uno se tropieza es algo inesperado, y esa inexperiencia les ha dado a ellos la
mala oportunidad de decir diciendo estas cosas que lo más que identifica es un
absurdo.
Y es que el país y el
Gobierno de Costa Rica no es ningún absurdo. Cómo es posible que el candidato a
la Presidencia sea entrevistado en Siete Días, y que cuando le pregunte… cuando
le preguntó el periodista que cómo iba a solucionar los grandes problemas del
país, de una vez digo: No, yo no tengo pensando solucionar ningún problema; los
grandes problemas del país no se pueden solucionar.
Pues, claro, esto identifica la poca masa crítica
que han tenido en el período de la elección, en donde no han tenido estudios,
donde son un partido nada más de nombre, pero ideológicamente nunca lo han
tenido.
Costarricenses, valoremos estas
cosas. El 6 de abril hay que ir a votar, y pensemos en manos de quién y bajo
qué puntuaciones irán a tener los futuros ministros, los futuros directores,
los futuros embajadores y miembros de junta directiva.
Que Dios nos acompañe y nos prepare
para que todo esto salga bien.
Muchas gracias.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el
diputado Oviedo Guzmán, quien le ha cedido el tiempo a la diputada Ruiz
Delgado.
Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:
Muchas gracias, señor presidente;
muchas gracias al diputado Oviedo Guzmán por cederme estos cinco minutos.
Estos días se ha venido discutiendo
acá, en el plenario legislativo, un proyecto que es muy importante para los
ciudadanos y ciudadanas costarricenses, especialmente aquellos que hoy cuentan
con menores probabilidades de poder contar con acceso al crédito, como es el
proyecto que modifica la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Más o menos a mitad de la semana
pasada, se abre una mesa de diálogo, donde se hacen planteamientos de
negociación política para viabilizar la aprobación de este proyecto de ley.
Me parece que hubo muy buena voluntad
por parte de las diferentes bancadas que accionaron en ese intento de llegar a
la negociación, en ese intento de lograr convertir en ley de la República está
modificación.
Sin embargo, lamentablemente el
último día de mesa de negociación pareciera ser que se hacen planteamientos que
van más allá de los cuestionamientos iniciales, dando, por lo menos, pie a
pensar de que esos cuestionamientos no son más que pretextos para evitar que
este proyecto de ley sea aprobado.
Y, entonces, empiezan a hacerse una
serie de cuestionamientos que me parece que es importante ir aclarando, y voy a
empezar aclarando hoy algo de lo que se planteó en aquel momento.
Se habla, por ejemplo, del famoso
artículo 59 de la Ley del Sistema Bancario Nacional, que es el famoso peaje,
aprobado en el año 94, cuando se hace la apertura de captación de cuentas
corrientes por parte de los bancos privados. En aquel momento se plantea en
esta ley, específicamente en este artículo dos incisos: el inciso i) y el
inciso ii).
En el inciso i), lo que se ordena a
los bancos privados es que, para que puedan captar recursos de cuenta
corriente, tienen que trasladarle a un banco administrador o a bancos
administradores el diecisiete por ciento de las captaciones que se hagan
después de que se haga el depósito del encaje mínimo legal.
Este dinero es un dinero que debería
de estar operando para que sea prestado en banca de desarrollo a los pequeños,
medianos, microproductores, etcétera; o sea, a todas las personas y todos los
productores sujetos que no pueden accesar a la banca comercial.
Sin embargo, por cuestiones
técnicas, al día de hoy, esos quinientos millones de dólares, que rondan los
doscientos sesenta mil millones de colones, no han podido ser colocados. Y esto
lo hemos podido ver y valorar en un proceso de diagnóstico que hace la comisión
especial que se instituyó para valorar la Ley de Banca para el Desarrollo
durante un espacio de aproximadamente tres años y medio.
Por otro lado, aparece el segundo
inciso, que es el inciso w)… el inciso ii), perdón, donde se les permitía a los
bancos colocar directamente —me refiero a los bancos privados— colocar
directamente los recursos del peaje bancario, bajo el cumplimiento de algunas
condiciones.
Sin embargo, ningún banco, al día de
hoy, ningún banco privado se ha movido al inciso ii), porque se habían
establecido sanciones que implicaban que los bancos tenían que dejar de captar
durante quince años en cuenta corriente, con lo que prácticamente se les estaba
cerrando la posibilidad de continuar en el mercado.
En el análisis que se hace en la
comisión, obviamente que esta sanción es una sanción que gusta, porque
realmente lo que se quiere es que si el dinero no se coloca el banco que no lo
coloque tenga que pagar el precio por la no colocación.
Pero en la discusión llegamos a una
conclusión: ¿qué es lo que vale?, ¿vale la sanción o vale buscar el mecanismo
de operativizar el uso de los recursos? Entonces, se hace un planteamiento de
que en el primer inciso se mantengan condiciones similares a las que están
actualmente vigentes, y en el segundo inciso los bancos puedan tener motivación
para colocar directamente los recursos, pero igualmente si no cumplen con lo
establecido tengan sanciones.
Y la sanción es que tengan que pagar
entre el cero cinco y el uno por ciento de su patrimonio, como una especie de
impuesto que va a ser trasladado al Finade, fondo que nos interesa mucho que
pueda captar los recursos para que pueda colocar.
Entonces, aquí se ha dicho, en
varios medios de comunicación, que lo que se está haciendo es buscando
mecanismos para que la banca privada no sea sancionada si no coloca los
recursos. Y vean la paradoja de este asunto: se presentan dos mociones para
modificar el artículo 59 de la Ley de Sistema Bancario Nacional, y en ninguno
de esos artículos imponen sanciones a los bancos privados. Entonces, pareciera
ser que lo que se quiere es distraer a la opinión pública de lo que corresponde
con respecto a este artículo.
Esta fue apenas la primera
explicación que estoy dando con respecto al tema, faltan más. Y en los espacios
siguientes voy a ir interviniendo, señor presidente, para continuar
explicándoles a los ciudadanos y ciudadanas costarricenses a dónde están las
falacias que se están diciendo con respecto a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra la
diputada Saborío Mora, por cinco minutos. Va a hacer uso de la palabra en la
curul del diputado Araya Pineda.
Diputada Annie
Alicia Saborío Mora:
Buenos tardes, señores diputados y diputadas.
Quiero aprovechar estos minutos para dejar constancia de los principales
cambios que introduce el expediente legislativo 17.502 a la Ley del Sistema de
Banca para el Desarrollo.
Se eliminó la exigencia de la factibilidad en los proyectos. En la
práctica, este era un requisito que encarecía innecesariamente el trámite de un
crédito, porque resultaba más caro el estudio de factibilidad que el crédito
mismo, lo cual afecta de manera especial a los que necesitan un microcrédito.
Se definieron con claridad los sujetos beneficiarios de banca para el
desarrollo, entre los que se pueden mencionar emprendedores, microempresarios,
pymes, micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, y modelos
asociativos empresariales.
Se fortaleció la figura del consejo rector, así como sus funciones y su
conformación. Igual sucedió con la
Secretaría Técnica del sistema de banca para el desarrollo; órgano del cual se
redefine su naturaleza jurídica y se le mejora notablemente su marco de
actuación, para ser más eficiente.
Se procura promover y facilitar la creación de empresas a los
beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo, por medio de
instrumentos financieros, avales, capital semilla y capital de riesgo. Esto
permitirá, incluso a los más pequeñitos, el acceso a los recursos del sistema
de banca de desarrollo.
Se promueve la regionalización de los servicios del sistema de banca de
desarrollo, para que sus funcionarios, los funcionarios de la Secretaría
Técnica, se desplacen hasta donde están los que necesitan de los recursos y no
al revés, para poder tramitar, agilizar, dar seguimiento, dar capacitación, acompañamiento a los
créditos de sus proyectos.
Se establecen créditos prioritarios para los
proyectos impulsados para mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, personas
con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo,
cooperativas, microcréditos atendidos a través de microfinancieras, así como los
proyectos en las zonas de menor desarrollo.
Un aspecto adicional es que en esa
prioridad de acceso para los proyectos incorporen o promuevan el concepto de
producción más limpia y más amigable con al ambiente.
Se establece una legislación
diferenciada por parte Conassif y Sugef con una entrada supervisión de parte
Un aspecto adicional es que se promueve esta
prioridad de acceso para los proyectos que incorporen o promuevan el concepto
de producción más limpia y más amigable con el ambiente.
Se establece una regulación diferenciada por
parte del Conassif y la Sugef, con una adecuada supervisión de parte de ese
ente, pero sin la rigidez actual, que no facilita el acceso a los recursos.
Se define mejor la participación de las
instituciones públicas colaboradoras del sistema de banca para el desarrollo,
entre las cuales destaca el INA, el IMAS, el Infocoop y Mideplán. Todo esto
permitirá una atención más integral y más plena a los beneficiarios del sistema
de banca para el desarrollo.
Podría seguir enumerando la gran cantidad de
mejoras que se introducen a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo,
como el acceso a los recursos del peaje…, del peaje bancario; sin embargo, aquí
el tiempo no alcanza.
No quiero dejar, no obstante, de señalar un
aspecto. Este expediente legislativo ingresó a la Comisión de Asuntos
Agropecuarios el 23 de octubre del 2009. Luego, el 31 de agosto del 2010 al 22
de agosto del 2012 lo tramitó la Comisión Especial del expediente 17.796.
Finalmente, el expediente continuó su trámite en la Comisión Especial del
expediente 18.532, donde fue dictaminado.
Es un proyecto que lleva más de cinco años en
esta Asamblea. Es un proyecto en el cual los compañeros y las compañeras
diputadas que hemos integrado dos comisiones especiales le hemos puesto alma,
vida y corazón. Durante todo este tiempo, todos ustedes han tenido tiempo
suficiente para aportarle mejoras al proyecto, por lo que no es justo que a
última hora salgan proponiendo cosas sorpresivas o, lo que es peor, intentando
enterrarlo, enviándolo de nuevo a comisión.
Sorprende, de verdad, la actitud de estos
compañeros y compañeras diputadas. ¿Olvidaron ustedes el juramento que hicimos
cuando empezamos nuestras funciones? ¿Se olvidaron que juramos cumplir
fielmente con nuestros deberes? ¿Se han olvidado que Dios y la patria nos lo
demandarán?
¿Cuáles son, realmente, las dudas e
inconvenientes que tienen ustedes? ¿Por qué utilizar de manera perversa los
procedimientos y mecanismos reglamentarios para evitar la aprobación del proyecto?
¿No se han dado cuenta, o no quieren hacerlo, que están de por medio miles de
amas de casa pobres, pequeñísimos emprendedores que esperan con ansias la
aprobación de esta ley?
Eso quedará, compañeros y compañeras, en su
conciencia, en la conciencia de aquellos que han obstruido, obstruyen la
aprobación de esta importante herramienta para sacar de la pobreza a todas
estas personas. Segura estoy que Dios y la patria se los van a demandar.
Muchas gracias, presidente.
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra el
diputado Avendaño Calvo.
No se encuentra el diputado Avendaño
Calvo.
Concluimos, entonces, de esta manera
el espacio de control político por el día de hoy.
Han llegado dos comunicaciones de la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que le vamos a solicitar al
señor secretario darle lectura, a la primera, que es un oficio fechado 21 de
marzo del 2014.
El primer secretario Martín
Alcides Monestel Contreras:
21 de marzo de 2014
160-SJD-2014/8044
Señor
Marco W. Quesada Bermúdez
Director de la Secretaría
Directorio de la Asamblea Legislativa
Estimado señor:
De conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 7593, me permito comunicarle que mediante acuerdo 02-17-2014, numeral 1, de la
sesión ordinaria 17-2014, celebrada el 20 marzo de 2014, la Junta Directiva de
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dispuso por unanimidad y con
carácter de firme:
CONSIDERANDO:
I.
Que después de la reforma a la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, No. 7593, efectuada mediante la Ley No 8660 del 8 de agosto
de 2008, se otorgó a esta Junta
Directiva la facultad de nombrar a los miembros titulares y al suplente del
Consejo de la Sutel, siguiendo para ello el procedimiento que sigue:
Artículo
61.- Integración
La Superintendencia de Telecomunicaciones estará a
cargo de un Consejo que estará integrado por tres miembros propietarios. De
entre sus miembros le corresponderá al presidente la representación judicial y
extrajudicial de la Superintendencia, para lo cual tendrá facultades de
apoderado generalísimo sin límite de suma; así como ejercer las facultades de
organización y coordinación del funcionamiento de la entidad que le asigne el
Consejo. Para suplir las ausencias temporales se nombrará a un suplente.
Los miembros serán seleccionados por idoneidad
comprobada, mediante concurso público de antecedentes.
Los miembros titulares y el suplente del Consejo,
serán nombrados por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios
Públicos, por mayoría de al menos cuatro votos, por períodos de cinco años, los
cuales ejercerán sus cargos a tiempo completo y con dedicación exclusiva y
podrán ser reelegidos por una sola vez por parte de la Junta Directiva de
Aresep.
Los miembros titulares y el suplente del Consejo
podrán ser removidos en cualquier momento, por la Junta Directiva por igual
número de votos requeridos para su nombramiento, si en el procedimiento
ordinario iniciado al efecto, se determinare que han dejado de cumplir con los
requisitos necesarios para su nombramiento, que han incurrido en alguna causa
de impedimento, de incompatibilidad o por incumplimiento grave en el ejercicio
de sus funciones.
La Junta Directiva de la Aresep una vez que haya
nombrado a los miembros, titulares y al suplente del Consejo de Sutel, enviará
todos los expedientes a la Asamblea Legislativa, la cual dispondrá de un plazo
de 30 días para objetar los nombramientos. Si en ese lapso no se produjere
objeción, se tendrán por ratificados. En caso de objeción, la Junta Directiva
sustituirá al miembro del Consejo objetado y el nuevo designado será objeto del
mismo procedimiento.
II.
Que de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7593, la Autoridad
Reguladora promovió el concurso público 17-2013 para el nombramiento de Miembro
del Consejo de Sutel, titular y suplente, ante el vencimiento del plazo de los
nombramientos de los señores Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez y Walther Herrera
Cantillo, respectivamente.
III.
Que el señor Ennio
Rodríguez Céspedes presentó su oferta en dicho concurso, a la cual adjuntó
declaración jurada, fechada 5 de agosto de 2013, en la que indicó que “He
leído en su totalidad los artículos 50, 63 y 64 de la Ley 7593 así como los
nombres de los miembros que conforman (ron) la Junta Directiva de la ARESEP y
no me alcanza la prohibición establecida en el artículo 50 ni ninguno de los
impedimentos e incompatibilidades establecidos en los artículos 63 y 64
para el nombramiento(…).” (folio 734 del expediente del concurso 17-2013
Miembro del Consejo de Sutel- Titular y Suplente).
IV.
Que luego de llevar
a cabo el concurso público correspondiente, la Junta Directiva en la sesión
extraordinaria 85-2013, del 2 de diciembre del 2013, acordó:
1.
Nombrar al señor Ennio A. Rodríguez
Céspedes, cédula 1-413-983, como Miembro Propietario del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, por un plazo de cinco años, a partir
del 6 de enero del 2014.
2.
Trasladar a la Asamblea Legislativa el expediente
respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7593.
V.
Que mediante el oficio 809-SJD-2013, del 3 de
diciembre de 2013, la Secretaría de Junta Directiva comunicó al Directorio de
la Asamblea Legislativa el acuerdo indicado en el punto anterior.
VI.
Que mediante oficio CDR 089-2013 del 11 de
diciembre de 2013, recibido en la Autoridad Reguladora el 12 de diciembre de
2013, la Diputada Carolina Delgado Ramírez, Presidenta de la Comisión Especial
de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, solicitó criterio de la Autoridad
Reguladora acerca de lo planteado por el Diputado Oviedo Guzmán, en cuanto a
una posible incompatibilidad del señor Ennio Rodríguez Céspedes, al ser
pariente del señor Antonio Álvarez Desanti, quien preside la empresa Bananera
Calinda S.A., cédula jurídica 3-101-123943, concesionaria del derecho de uso de
frecuencias utilizadas en el servicio de radiocomunicaciones.
VII.
Que mediante oficio 959-RG-2013, del 12 de
diciembre de 2013, el Regulador General solicitó a la señora Maryleana Méndez
Jiménez, Presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL), indicar si la empresa Bananera Calinda S.A. es sujeta de regulación
por parte de la SUTEL, con el fin de atender el oficio CDR 089-2013 indicado en
el punto anterior.
VIII.
Que mediante oficio 6474-SUTEL-2013, del 16
de diciembre de 2013, la señora Maryleana Méndez Jiménez, Presidenta del
Consejo de la SUTEL, señaló que: “(…) la suscrita en su condición de
Presidenta del Consejo, no tiene competencia o atribución para dar respuesta a
su requerimiento. El Consejo es el órgano con competencia suficiente para
evacuar su consulta. Como Presidenta del Consejo puedo convocar con urgencia
una sesión extraordinaria para evacuar su consulta; no obstante, dos de los
miembros del Consejo, uno propietario y otro suplente estarían eventualmente
inhibidos del (sic) conocer el asunto dad su participación en el mismo proceso
de selección que el señor Ennio Rodríguez Céspedes. (…) el otro miembro
propietario, Gilberth Camacho se encuentra de vacaciones. Este último estará de
regreso el día 19 de diciembre del 2013 (…)”
IX.
Que mediante oficio 966-RG-2013 del 16 de
diciembre de 2013, el Regulador General remitió el criterio solicitado a la
Comisión Especial de Nombramientos, anexando las certificaciones 17-SUTEL-2013
y 77-SUTEL-2013, así como los oficios 959-RG-2013 y 6474-SUTEL-2013.
X.
Que siendo que los señores Diputados
manifestaron que requerían una respuesta concreta sobre la posible
incompatibilidad del señor Ennio Rodríguez Céspedes, mediante acuerdo 02-90-2013, la Junta Directiva dispuso en el
numeral 2, lo siguiente:
“(…)
2.
Retirar del Plenario de la Asamblea Legislativa el conocimiento de la
ratificación del señor Ennio Rodríguez Céspedes, como miembro propietario del
Consejo de la SUTEL, remitido por esta Junta Directiva mediante oficio
809-SJD-2013, del 3 de diciembre de 2013, hasta recibir la respuesta a la
consulta que formulará la SUTEL, a la Procuraduría General de la República.(…)”
XI.
Que mediante el
oficio DCDR-90-2013, la
Diputada Carolina Delgado, en su condición de Presidenta de la Comisión
Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, consultó a la
Procuraduría General de la República “(…) sobre el alcance del artículo 64.b
de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Específicamente, se
requiere que se determine si, para efectos de la incompatibilidad allí
prevista, debe considerarse que una persona jurídica privada, concesionaria de
un derecho de uso de frecuencia radial, puede considerarse una entidad sujeta a
la regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. (…)”
XII.
Que mediante opinión jurídica OJ-002-2014, del
13 de enero del 2014, la Procuraduría General de la República emitió criterio
sobre la consulta indicada en el considerando anterior y concluyó:
“(…) Con fundamento en lo
expuesto, debe entenderse que las personas
concesionarias
de frecuencias radiales, incluyendo las personas jurídicas de Derecho Privado,
son entidades sujetas a las regulaciones de la Superintendencia de
Telecomunicaciones para efectos de la incompatibilidad prevista en el artículo
64.b LARESEP (sic) (…)”.
XIII.
Que
no obstante, existen pronunciamientos que difieren de la opinión de la
Procuraduría General de la República y de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, como el oficio 142-RG-2014, dictamen emitido por el señor
Robert Thomas Harvey, asesor del Despacho del Regulador General, el 17 de
febrero de 2014 y el oficio (sin número) emitido por la Cámara Nacional de
Radio de Costa Rica, el 4 de marzo de 2014 , los cuales generan dudas sobre si
la condición de concesionario de bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico para uso no comercial, constituye una posible incompatibilidad
para ejercer el cargo de miembro del Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, al tenor de lo dispuesto en el artículo 64 inciso b) de la
Ley 7593.
XIV.
Que la Ley General de la Administración
Pública, en su artículo 152 inciso 1) y 153 regula la figura de la revocación
de los actos administrativos, de la siguiente manera:
Artículo 152.-
1. El acto administrativo podrá revocarse por
razones de oportunidad, conveniencia o mérito, con las excepciones que
contempla esta ley. (…)
Artículo 153.-
1. La revocación podrá fundarse en la aparición de
nuevas circunstancias de hecho, no existentes o no conocidas al momento de
dictarse el acto originario.
2. También podrá fundarse en una distinta
valoración de las mismas circunstancias de hecho que dieron origen al acto, o
del interés público afectado. (…)”
XV.
Que
siendo que, al momento de acordar el nombramiento del señor Ennio Rodríguez
Céspedes, como miembro titular del Consejo de la Sutel, esta Junta Directiva
desconocía la posible incompatibilidad en la aplicación del artículo 64 inciso
b) de la Ley 7593, constituyéndose ésta en una nueva circunstancia de hecho no
conocida por esta Junta Directiva cuando se tomó dicho acuerdo, y considerando
que remitir nuevamente el nombramiento del señor Rodríguez Céspedes a la
Asamblea Legislativa, para su análisis y no objeción, implicaría un desgaste
innecesario y un uso ineficiente de los fondos públicos, por razones de
oportunidad y conveniencia, ya que se conoce la posición de la Procuraduría
General de la República, emitida con ocasión de una solicitud expresa de la Presidenta
de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa (OJ-002-2014), se
acuerda revocar dicho acuerdo.
XVI. Que de conformidad con los considerandos que
preceden y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 152 inciso 1) y 153
de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente es revocar los
acuerdos 02-85-2013 de la sesión 85-2013 del 2 de diciembre de 2013 y el punto
2 del acuerdo 02-90-2013 de la sesión 90-2013 del 19 de diciembre del 2013.
POR TANTO
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Con fundamento en lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7593, 6 del
RIOF, 152 inciso 1) y 153 de la Ley General de la Administración Pública,
RESUELVE:
ACUERDO 02-17-2014
I.
Revocar el
acuerdo 02-85-2013 del 2 de diciembre de 2013 y el punto 2 del acuerdo
02-90-2013 del 19 de diciembre del 2013, tomados en las sesiones 85-2013 y
90-2013, respectivamente.
Cordialmente,
Alfredo
Cordero Chinchilla.
Secretario Junta Directiva
c.Regulador
General, Departamento de Recursos Humanos, Jefe de Despacho.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
De acuerdo con la nota leída, el expediente 19.003 pasa
al Archivo, dado la nota recién leída.
El diputado Góngora Fuentes, por el orden, diputado, porque
tenemos otra nota que leer y es bastante larga.
Tiene la palabra el diputado Góngora Fuentes.
Diputado Carlos
Humberto Góngora Fuentes:
Presidente, más… muchas gracias, muy buenas tardes para
usted y a las señorías.
Más
que por el orden es para referirme sobre el contenido de la nota. Me parece que
no es de recibo esa nota, efectivamente, el Archivo es la consecuencia lógica
de lo que ya aquí advertimos.
Pero
me parece que los diputados que estábamos poniéndole atención a la lectura tan
amena que hacía el señor secretario, eso es como se dice en mi pueblo, una
simple lavada de manos, que no tiene ningún recibo, y que yo sí quiero dejar en
el acta que me parece que vuelve a reiterar la falta de observancia del
Reglamento y de las leyes por parte de Aresep y que como consecuencia nada
deberíamos tomar nota, pero muchas gracias, presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señor diputado.
El
diputado Mendoza García tiene la palabra por el orden.
Diputado Juan
Carlos Mendoza García:
Gracias,
señor presidente.
Finalmente
se resuelve este tema que habían dejado en pausa por muchísimo tiempo y que
creo que bien había sido advertido en esta Asamblea Legislativa.
Pero,
me parece, señor presidente, usted dice que va a leer otra nota, yo le quiero
preguntar porque en el orden también y aprobado por este Plenario está el
dedicar una hora en particular a conocer el Reglamento de la Asamblea
Legislativa, y esa hora va desde las quince horas treinta hasta las dieciséis treinta.
Y
entonces aprobamos esa moción acá y continuamente estamos viendo otros
temas. Yo quisiera ver cómo vamos a
hacer respetar entonces el acuerdo de esta Asamblea Legislativa para conocer en
las horas específicas el tema del Reglamento.
Yo
entiendo que haya otros temas de orden interno, y todos son importantes, pero
también hay un acuerdo de este Plenario.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Sí,
sí, señor diputado, lleva usted razón que, efectivamente, está esta moción
aprobada. Le estamos dando curso precisamente porque como este es un tema que
es de la primera parte, precisamente un tema de la primera parte, pero le
estamos dando lectura a estas notas, sin ánimo de restarle tiempo, por
supuesto, a la discusión del reglamento. Son temas totalmente instrumentales y
por eso es que le estamos dando conocimiento.
Además,
es una nota también que requiere de acuerdo con esta nueva nota, que viene ser
enviada a la Comisión de Nombramientos para que resuelva con respecto a este
caso, pero inmediatamente de que concluya la lectura de esta nota vamos a
continuar con la discusión del tema del Reglamento.
Vamos
a leer otra nota que también es de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos.
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
21
de marzo de 2014
161-SJD-2014/8046
Señor
Marco
W. Quesada Bermúdez
Director
de la Secretaría
Directorio
de la Asamblea Legislativa
Estimado
señor:
De
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 7593, me permito
comunicarle que mediante acuerdo 03-17-2014, de la sesión ordinaria 17-2014,
celebrada el 20 marzo de 2014, la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos dispuso por unanimidad y con carácter de firme:
CONSIDERANDO
1.
Que el 30 de junio de 2008, entró en vigencia la Ley 8642, Ley General
de Telecomunicaciones, en la cual se regula el mercado de las
telecomunicaciones y se le asignan funciones a la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
2.
Que el 13 de agosto de 2008, entró a regir la Ley de Fortalecimiento y
Modernización del sector de telecomunicaciones, mediante la cual se reformó
-entre otras- la Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Públicos, incorporando la creación de la SUTEL como un órgano de máxima
desconcentración adscrito a la Autoridad Reguladora.
3.
Que con las reformas indicadas en los puntos anteriores, el artículo
61 de la Ley 7593, dispuso que la SUTEL estará a cargo de un Consejo, integrado
por 3 miembros propietarios y 1 miembro suplente, nombrados por la Junta Directiva
de la Autoridad Reguladora por idoneidad comprobada mediante concurso público
de antecedentes y ratificados por la Asamblea Legislativa. Los nombramientos se
harán por mayoría de al menos cuatro votos, por periodos de cinco años, los
cuales ejercerán a tiempo completo y con dedicación exclusiva y podrán ser
reelegidos por una sola vez por parte de la Junta Directiva de la Autoridad
Reguladora.
4.
Que en La Gaceta No. 146 del 30 de julio del 2008, se publicó el
Reglamento para el nombramiento de los (las) miembros del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, aprobado por unanimidad por la Junta
Directiva de la Autoridad Reguladora, mediante Acuerdo Nº 06-039-2008, aprobado
en sesión ordinaria Nº 039-2008 celebrada el 30 de junio del 2008, ratificada
el 14 de julio del mismo año.
5.
Que en La Gaceta No. 10 del 13 de enero del 2012, se publicó la
modificación del Reglamento para el nombramiento de los (las) Miembros del
Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, aprobado por unanimidad
por la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, mediante Acuerdo Nº
01-070-2011.
6.
Que dado que el nombramiento del señor Carlos Raúl Gutiérrez
Gutiérrez, como Miembro Propietario del Consejo de la Sutel, vence el 5 de
enero de 2014, se gestionó el inicio del concurso N° 17-2013.
7.
Que mediante el acuerdo en firme Nº 01-52-2013, del acta de la sesión
ordinaria Nº 52-2013, celebrada el 8 de julio del 2013, la Junta Directiva
dispuso “1. Instruir al Departamento de Recursos Humanos para que realice el
reclutamiento, la preselección, la evaluación y constitución de la nómina de
candidatos elegibles. 2. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que en
un plazo no mayor a una semana, remita a la Junta Directiva una propuesta con
el cronograma para realizar el reclutamiento, la preselección, la evaluación y
constitución de la nómina de candidatos elegibles que podrían ocupar el puesto
del Miembro Propietario del Consejo de la Superintendencia de
Telecomunicaciones y el de Suplente desempeñados actualmente por los señores
Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez y Walther Herrera Cantillo, una vez que concluyan los
periodos para los cuales estos funcionarios se encuentran nombrados. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Reglamento para el nombramiento de los
(as) Miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones
modificado mediante Acuerdo de Junta Directiva N° Acuerdo N°01-070-2011”. Lo anterior fue comunicado al Departamento de
Recursos Humanos mediante el oficio N° 483-SJD-2013 del 9 de julio de 2013,
suscrito por Alfredo Cordero Chinchilla.
8.
Que mediante el oficio Nº 661-DRH-2013 del 5 de noviembre de 2013, la
Dirección de Recursos Humanos remitió al señor Dennis Meléndez Howell,
Regulador General, el Informe Final del proceso de Reclutamiento y Selección
del concurso N°17-2013, Miembros Propietario y Suplente de la Sutel, realizado
con fundamento en el reglamento citado en el punto anterior, así como la lista
con los nombres de los seis candidatos finalistas para el puesto del
Propietario, con los mejores promedios de todo el proceso.
9.
Que en las sesiones 80-2013, 81-2013 y 82-2013, celebradas el 13, 14 y
21 de noviembre de 2013, respectivamente, la Junta Directiva realizó
entrevistas a los candidatos mejor calificados, conforme al informe enviado por
la Dirección de Recursos Humanos.
10.
Que en la sesión extraordinaria 85-2013, del 2 de diciembre del 2013,
esta Junta Directiva acordó: 1. Nombrar al señor Ennio A. Rodríguez
Céspedes, cédula 1-413-983, como Miembro Propietario del Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, por un plazo de cinco años, a partir
del 6 de enero del 2014. 2. Trasladar
a la Asamblea Legislativa el expediente respectivo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 7593.
11.
Que en la sesión ordinaria 90-2013, del 19 de diciembre de 2013, la
Junta Directiva dispuso: “(…) 2. Retirar
del Plenario de la Asamblea Legislativa el conocimiento de la ratificación del
señor Ennio Rodríguez Céspedes, como miembro propietario del Consejo de la
SUTEL, remitido por esta Junta Directiva mediante oficio 809-SJD-2013, del 3 de
diciembre de 2013, hasta recibir la respuesta a la consulta que formulará la
SUTEL, a la Procuraduría General de la República.”
12.
Que mediante acuerdo 02-17-2014, adoptado en la sesión 17-2014,
celebrada el 20 de marzo de 2014, se dispuso en firme: I. Revocar el acuerdo 02-85-2013 del 2 de diciembre de 2013 y el punto
2 del acuerdo 02-90-2013 del 19 de diciembre del 2013, tomados en las sesiones
85-2013 y 90-2013, respectivamente. II. Comunicar al señor Ennio Rodríguez
Céspedes y a la Asamblea Legislativa, lo dispuesto en el numeral 1 del presente
acuerdo. III. Retomar el análisis para efectuar el nombramiento del Miembro
propietario del Consejo de la Sutel, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 61 de la Ley 7593.
13.
Que en la sesión 17-2014 celebrada el 20 de marzo de 2014, la Junta
Directiva realizó entrevista al candidato Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez.
Por tanto, con fundamento en la Ley N° 7593 y
sus reformas, las bases y resultados técnicos del Concurso 17-2013, la Junta
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos dispone por
unanimidad de los cinco votos presentes:
ACUERDO 03-17-2014
1.
Nombrar al señor Manuel
Emilio Ruiz Gutiérrez, cédula 1-479-025, como Miembro Propietario del Consejo
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta el 5 de enero de 2019, en
sustitución del señor Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez, cuyo nombramiento venció
el 5 de enero de 2014.
2.
Trasladar a la Asamblea
Legislativa el expediente respectivo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 7593.
3. Comunicar al señor Manuel Emilio Ruiz Gutiérrez, lo
resuelto en los numerales anteriores.
Cordialmente,
Alfredo Cordero
Chinchilla.
Secretario Junta
Directiva
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Pasa a la Comisión de
Nombramientos y se le otorga un plazo de diez días naturales para que se
manifieste con respecto a esta nota.
Vamos a dar inicio,
diputadas y diputados, con el espacio para discusión del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, tal
y como había sido aprobado por esta misma Asamblea.
Expediente N.º 18.127, Reforma
Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa
Estamos en la discusión del expediente N.º 18.127,
Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Continúa la discusión
del proyecto, de acuerdo con el conocimiento de mociones de fondo.
Estamos en
conocimiento de la moción 3.
De los diputados Cubero
Corrales y Enríquez Guevara:
Para que se elimine el artículo 1 del proyecto que
a su vez reforma el artículo 137 del Reglamento.
Había quedado en el
uso de la palabra la diputada Ruiz Delgado, que le restaban seis minutos
cincuenta y nueve segundos. Siete
minutos, señora diputada.
Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:
Sí, muchas gracias,
señor presidente.
Hablar del tema de
modificar el Reglamento legislativo acá no solamente es un tema importante,
sino que es un tema donde pareciera que no hay ningún interés. Y cuando estamos
conociendo un proyecto tan importante como el proyecto de banca para el
desarrollo, podemos ver cómo es fundamental buscar un mecanismo de toma de
decisiones desde estas curules.
Siempre ha habido un
gran temor a decirle a un proyecto que no, que no estamos de acuerdo por las
razones y justificaciones técnicas o de oportunidad que correspondan, y es por
esa razón que en el marco de la discusión de la modificación a la Ley del
Sistema de Banca para el Desarrollo quisiera hacerles algunas observaciones al
respecto.
Les decía hace un rato
que conversaba sobre el artículo 59 de la Ley del Sistema Bancario Nacional y
el peaje, que había cosas que se venían diciendo que no correspondían a la
realidad. Así como esas, se han venido haciendo otras manifestaciones que
tampoco, por lo menos desde el punto de vista de la comisión y del análisis que
hace, corresponden a la realidad.
Aparece en un medio de
circulación de nacional el fin de semana pasado un artículo donde se dice que
el problema es que la banca de maletín, que es el quince por ciento de
impuesto, exime de someterse a los controles de los entes supervisores.
Vean, compañeros, hoy
los recursos que se prestan para los diferentes empresarios —porque son
especialmente empresarios y desarrolladores los que los utilizan— de banca de
maletín, que son personas que nos visitan de bancos domiciliados en otros
países, y vienen a otorgar créditos acá en condiciones muchísimo más favorables
que nuestra banca privada o pública, por aquello de que no tienen que pagar ni
impuestos, ni tienen que pagar costos administrativos; en fin, provocan que
haya una diferenciación en las tasas que cobran. Esta gente viene el país hoy,
hace las transacciones financieras de crédito que otorgan a todos esos
empresarios y grupos desarrolladores, y ni son supervisados ni pagan un cinco.
Entonces, eso de decir
que este proyecto impide la supervisión es una de las tantas falacias que se
dicen cuando se está haciendo referencia a la discusión del proyecto que
modifica la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo.
Resulta que todos estos
bancos, que son bancos domiciliados en el extranjero, vienen y no pueden ser
supervisados por la Superintendencia de Entidades financieras, por cuanto esta
entidad solamente puede fiscalizar a bancos domiciliados en Costa Rica, dado que no le
alcanzan o no tiene competencia de extraterritorialidad; o sea, no puede
supervisar a un banco de Panamá, no puede supervisar a un banco de Jamaica, no
puede supervisar un banco de Gran Caimán, o en Estados Unidos, porque esos
bancos están sujetos a la supervisión de sus respectivos países.
Entonces, es obvio que
el sistema de banca para el desarrollo, en la redacción de su artículo, que en
este caso es el artículo 60 de la ley, jamás puede estar poniendo que se haga
supervisión acá, a lo interno.
Lo que podemos hacer es
lo que ley nos permite hacer. Y ¿qué es lo que nos permite?, pues, valorar,
poner un impuesto a las transacciones financieras, que se hagan a través de
estos grupos financieros domiciliados fuera del país y que hacen transacciones
acá a lo interno.
Así que esa es otra de
las falacias que se han mencionado y que desgraciadamente cuando el discurso
que se utiliza es un discurso que dice: la ley está obviando la respectiva
fiscalización, eso suena muy bonito, porque lógico que quisiera uno
fiscalizarlos, pero una cosa es lo que se quiere y otra cosa lo que se puede. Y
en este caso no se pueden fiscalizar estos bancos y ya expliqué las razones por
las cuales no se puede hacer.
Otro de los temas que
se ha mencionado es —y lo mencionó antes la diputada Annie Saborío— es con
respecto a la operatividad del sistema de banca para el desarrollo. Se hace una
modificación en el artículo 17 de la ley, donde se permite que se utilice un
uno coma cinco por ciento de los recursos para que se dé ese proceso de
regionalización.
A ver si nos
entendemos qué es el proceso de regionalización. Los sectores productivos —y
acá tenemos a una representación muy importante de ellos, que dicho sea de paso
aprovecho para saludarlos y agradecerles que nos estén acompañando en esta
lucha por buscar mecanismos para que se apruebe esta ley—, estos sectores
productivos tenían en el sistema bancario una herramienta que les daba músculo
para poder tener crédito y acompañamiento también no financiero, que eran las
juntas de crédito rural que se manejaban en el Banco Nacional.
Los que conocimos ese
sistema, sabemos que fue el sistema que hizo grande a nuestro sector
productivo, especialmente agrícola, en un país que tenía vocación para que esta
fuera una de sus actividades principales, sino la actividad principal.
Un buen día se toma la
decisión de revertir este mecanismo que había sido eficiente, y simple y
sencillamente se elimina y dejamos desprotegidos a estos sectores.
¿Hoy, qué es lo que se
pretende a través del sistema de banca para el desarrollo?, volver a
regionalizar el sistema con el objetivo de que estos actores vayan y conozcan a
los clientes, que es uno de los temas que yo diría que es más importante en el
proceso de diagnóstico que estudió el sistema de banca para el desarrollo.
Porque no es lo mismo
que desde un banco, no sé el piso doce del Banco Nacional, un ejecutivo tomé
una decisión con respecto al otorgamiento de un crédito, a que vayamos al campo
y conozcamos la realidad de la persona que está haciendo la solicitud, no
solamente desde sus condiciones de vida, sino también desde la actividad que
pretende desarrollar. Ese conocimiento del cliente, ese de verdad
identificarnos con ese cliente, le da a este sistema no solamente músculo, sino
que lo convierte en un proyecto viable, lo convierte en un proyecto que, efectivamente,
va a lograr los objetivos planteados.
Entonces, se cuestiona
el que se estén destinando recursos para atender el proceso de regionalización,
cuando es, precisamente, el proceso, yo diría, más importante para lograr
viabilizar el proyecto.
Por esta razón,
reitero, este Reglamento de la Asamblea Legislativa hay que modificarlo, no
puede ser que sigamos acá paseando la bola y no tomemos decisiones.
Así que los invito,
compañeros diputados y diputadas, a que busquemos un mecanismo para sentar a
negociar la viabilidad de aprobar la reforma al Reglamento legislativo.
Muchas gracias, señor
presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel
Contreras:
Con mucho gusto,
diputada Ruiz Delgado.
Continúa en el uso de
la palabra, diputada Villalobos Argüello.
No se encuentra.
Diputada Acuña Castro.
No se encuentra.
Diputado Rodríguez
Quesada. No se encuentra.
Y diputado Oviedo
Guzmán, hasta por quince minutos, diputado Oviedo Guzmán.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Muchas gracias, señor
presidente.
Estos días que se dan
situaciones convulsas en la política de nuestro país son días propicios para
meditar, para meditar porque resulta que luego de tres años y medio que he
estado aquí en la Asamblea Legislativa, un poquito más, nos encontramos con que
en algunas ocasiones existen diputados y diputadas, que a la hora de tomar
decisiones sobre proyectos, leyes que son importantísimas para la nación, se
dejan llevar, como un elemento para tomar esa decisión, los aspectos
estrictamente personales.
Es decir, aquel
diputado o aquella diputada estaba apoyando o defendiendo un proyecto de ley, y
no les interesa en lo más mínimo las personas que se van a ver afectadas de
parte de la sociedad costarricense para bien o para mal, es simplemente tal
proyecto lo está promoviendo cierta persona y como tal, como tengo problemas o
diferencias con esa persona en el plano que sea. Porque así hay que decirlo,
hay hasta diferencias y personas que se dejan permear por diferencias de tipo
personal, no les importa para nada.
Lo único que les
importa, lo único que les interesa es entorpecer y demostrar, según ellos. Y yo
me pregunto: ¿demostrar qué?, ¿demostrar qué?
Se les olvida a muchos
compañeros diputados y diputadas que el paso nuestro por esta tierra es
efímero, somos pasajeros. En dos, tres años, la mayoría de los costarricenses
ni siquiera se va a recordar que transitamos por esta Asamblea Legislativa.
Entonces, ¿por qué no
dejar todo este orgullo, todo está vanidad, toda esta soberbia, todos estos
intereses que se defienden de sectores particulares que están realmente con sus
arcas llenas, que están con sus arcas llenas?; ¿por qué no dejar todo esto y
pensar, realmente, en las clases, en las sociedades, en los segmentos de la
sociedad costarricense que, realmente, requieren ese apoyo para tener mejores
condiciones de vida?
¿Y por qué digo esto, señor presidente, don
Alcides?, porque el Reglamento de la Asamblea Legislativa resulta que había una
serie de fracciones aquí representadas, y en la campaña los candidatos decían:
sí, hay que reformarlo, para que se puedan abordar realmente los problemas y se
tomen decisiones; sí o no, pero que las decisiones se tomen.
Y hoy nos encontramos con otra realidad.
Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es lo que les interesa a estas personas?, ¿es
el país, es la nación o es el temor, o es el prejuicio, o es el entorpecer
realmente la agilidad en las decisiones que se deben tomar?
Yo a veces me cuestiono esto, porque,
por cierto, creo yo, hay que agradecerle eso y reconocérselo a la presidenta,
doña Laura Chinchilla, hay que reconocerlo, doña Laura, en su Gobierno no tuvo
ningún interés en que se reactivara el proyecto de extracción minera en Las
Crucitas. Y eso le costó mucho a doña Laura, le costó un gran problema a lo
interno de su partido, porque había un faraón ahí que creía que moviendo los
dedos iban a hacer sus deseos, se iban a cumplir sus deseos, y doña Laura ahí
fue firme.
Y, como vecino de la Zona Norte y
como costarricense, yo le reconozco esto a doña Laura Chinchilla. Le reconozco
a doña Laura Chinchilla también la posición firme en el tema de que no se diera
la apertura del mercado eléctrico tal como lo tenemos.
Y una vez la escuché decir en un discurso
que había algunos vivillos que querían hacer un gran negocio con este gran
instrumento de desarrollo en nuestro país. Y eso también se lo reconozco a doña
Laura Chinchilla, y lo digo porque había un proyecto de ley dizque de una
contingencia eléctrica, decían ellos, en aquel entonces; y si fuéramos
coherentes, hubiéramos permitido que esto se votara y que llegara al Plenario,
pues sí probablemente, probablemente se hubiera votado en contrario de mis
deseos, no llegó aquí al Plenario.
Pero ahí hay que pensar, creo yo, en
la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los costarricenses en esta
Asamblea Legislativa, que venimos aquí a representar a nuestros conciudadanos,
y hay que tomar decisiones. Nos gusten o no nos gusten las decisiones hay que
tomarlas.
En el tema de banca de desarrollo,
diay, muy bonito, hay un grupo económicamente más poderoso en nuestra nación
que va —como decimos en San Carlos— montado en caballo blanco.
Me entienden ustedes, agricultores. Buenas tardes.
Van montados en caballo blanco,
porque tienen sus representantes en esta Asamblea Legislativa y, entonces,
vemos que en los procesos de negociación se llega a acuerdos, pero
inmediatamente alguien sale a llamar, ¿estaré haciendo bien las cosas o faltará
algo? Y eso lo vemos, lo vemos aquí en la Asamblea Legislativa.
Y claro que tienen que cuidar sus
intereses, porque en este momento, en este momento se ven muy perjudicados.
¿A quiénes beneficia realmente que
no se apruebe el proyecto de banca de desarrollo? Sencillísimo, dos bancos, dos
bancos en nuestro país: el Bicsa y el BCT.
Y no, dice algún defensor de este
proyecto, ellos tienen que excluirse, que se les cobre más impuestos a la banca
de maletín, pero eso sí, excluyamos al BCT y al Bicsa. ¿Y por qué esto?, ¿por
qué esto?, ¿por qué razones?
Costarricenses que me escuchan, la
banca asentada, domiciliada, radicada en nuestro país tiene que pagar treinta
por ciento del impuesto de la renta, tiene que pagar el cinco por ciento de sus
utilidades para Conape, tiene que depositar un quince por ciento para el encaje
mínimo legal.
La banca pública, además, tiene que
pagar un diez por ciento para el Infocoop, tiene que pagar un tres por ciento
para la Comisión Nacional de Emergencias y un quince por ciento para los fondos
de pensiones de la Caja.
¿Y saben qué paga la banca de
maletín?, absolutamente nada de estas cargas, nada. Claro que están defendiendo
un negocio, claro que lo están defendiendo.
Yo les pregunto a los costarricenses
que tienen deudas con los bancos: ¿no tienen que ir a pagar todos estos ítems a
la hora del desglose de los pagos que se tienen que hacer?, ¿no tenemos los
productores pequeños, medianos o grandes costarricenses en buenísima hora que
ir a pagar cargas sociales para mantener un sistema de seguridad social en
nuestro país?
Bueno, la banca de maletín es un
ejecutivo que toma un avión, se viene para Costa Rica, firme aquí, firme allá,
y se va. Ah, pero saben otra cosa, nosotros, los costarricenses, somos
evaluados por los bancos para ver si somos sujetos de crédito o no. Y ustedes
saben, los que están en la barra, todo lo que esto significa en cuanto a costos
adicionales.
Y la banca de maletín y los bancos que están
domiciliados en el extranjero, porque Bicsa y BCT están domiciliados en Panamá,
quien, incluso, las oficinas son muchos más grandes que las que tienen aquí en
nuestro país, ellos no, ellos nada más vienen donde están los clientes top,
donde están aquellos grandes, los macroinversionistas, sujetos de crédito en
nuestro país y a ellos se dirigen directamente. Tigre suelto contra burro
amarrado.
¿Y qué dejan en nuestro país? En
cuanto a lo señalado anteriormente, no dejan nada.
Alguien podría decir: bueno, la
generación de empleo que se logra con mis inversiones. Sí, es cierto, es
cierto, es cierto, hay que hacerlo y es cierto hay que reconocerles eso. Pero,
¿y todo lo demás?, todos los demás impuestos que se pagan.
Y entonces se dice: no, es que este proyecto tiene
cosas ahí que no me gustan —dice un estimado compañero—, la definición de
agricultores no me gusta. Bueno, y estuvo tres años y medio en la comisión y
hasta ahora viene a decir eso.
Ah no, es que se quitan
penalizaciones de una manera demagógica, y resulta que las mociones que puso el
diputado que señala esto no señaló penalizaciones, no las señaló.
Entonces, ¿dónde está la
coherencia?, ¿dónde está el espíritu de servicio y entrega para un país, para
productores que hoy no pueden venir aquí, porque si vienen pierden su jornal,
pierden sus ingresos?, ¿y son ingresos de millones, cientos o miles de dólares?
No, no, pierden quince, veinte o veinticinco mil colones, ocho mil colones,
porque ese es su ingreso diario.
Y a estas personas es a las cuales
se les está imposibilitando el acceso a esta herramienta. Yo he escuchado como
hay perio…, diputados, perdón, que usan
algunos medios para decir un montón de demagogia, discursos con verdades a
medias, con argumentos realmente ocultos porque todos, todos, todos los elementos, todos los
argumentos se discuten.
Ahora bien, ahora bien, ¿cuáles intereses son los
que se defienden? Yo no sé, o más bien, yo sí sé. La verdad, yo sé cuáles
intereses son los que se defienden y aquí ya cité algunos, ya cité algunos.
¿Quieren que repita?, claro: Bicsa, BCT, grandes
inversionistas de nuestro país, esos son los intereses que están defendiendo
esta gente que está en las barras, y los que no pueden venir no les importan
para nada.
Claro que yo quiero banca de desarrollo, dicen. Es
más, no los penalicemos con un quince, penalicémoslos con un treinta. Qué bien,
qué bien suena hacia afuera, pero a la hora de operativizar los elementos, las
acciones —vuelvo a la zona rural—, como dicen ustedes, no ponen el huevo,
¿verdad?, no lo ponen, no lo ponen, no lo ponen.
Entonces, quieren hacerlo,
tienen toda la libertad para hacerlo, son diputados y diputadas, tienen la
libertad para hacerlo, pero asuman el costo social, el costo político, y si
tienen algo de sensibilidad humana, también asuman esa sensibilidad.
Que el proyecto puede
ser mejorado, por supuesto que sí, claro que sí puede ser mejorado. ¿Cuál proyecto que ha pasado por esta
Asamblea Legislativa ha sido perfecto?, ninguno, ninguno, ningún proyecto de
ley ha sido perfecto, pero hoy por hoy, con las herramientas que se obtuvieron
y que se van a entregar luego de tres años y medio o más de negociaciones, son
lo mejor que se le puede entregar a esa gran cantidad de costarricenses,
hombres y mujeres, hombres y mujeres que requieren una pequeñísima ayuda.
No estamos hablando de
que esos grandes banqueros o ese gran banquero y esos empresarios
costarricenses van a arruinar o van a quebrar; no, no, no, no, no. Es un
pequeño impuesto sobre los intereses que ellos van a ganar, nada más, nada más,
porque están realizando una competencia desleal en nuestro país.
Y hay que decirlo, y a
veces me dicen a mí algunas personas: mirá, es que hay que ser políticamente
correcto, no hay que decir nombres. No, no, no, a mí que no me vengan con
cuentos, que no me vengan con cuentos, que cada quien rinda cuentas por las
acciones y decisiones que toda.
Bicsa hace nueve años se
fue para Panamá; BCT tiene una oficina en Panamá que es diez veces más grande
de la que tienen en Costa Rica, y resulta, según me informan conocedores que
los costos de Panamá se le cargan acá. Entonces es un banco asentado en Panamá,
y aquí tiene un cascarón, y puede venir a prestarles a los grandes ricachones
de nuestro país, y en buena hora que lo son, pero por lo menos sean más
correctos a la hora de utilizar las herramientas.
La sociedad
costarricense no tiene por qué pagar el precio de su gula y su afán de riqueza,
se requiere más solidaridad. ¿Quieren seguir haciendo negocios?, síganlos
haciendo, pero seamos más solidarios con los costarricenses.
En este proyecto de ley
—ya termino presidente—, en este proyecto de ley un veinticinco por ciento de
los recursos tienen que ser a microempresarios, recursos y créditos de no más
de dieciséis millones de colones; ¿puede ser mejorado?, claro que sí, pero hoy
por hoy es la mejor herramienta que tenemos, aunque unos pocos ricos que lo que
tienen son elementos que les ayudan en esta Asamblea Legislativa, no lo quieran
así.
Señor presidente ¿hay
cuórum?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Solamente
hay treinta y dos diputadas y diputados en el salón de sesiones.
No
hay cuórum.
Transcurre
el tiempo reglamentario.
Se
ha restablecido el cuórum.
Continúa
en el uso de la palabra el diputado Fishman Zonzinski. Hasta nueve minutos, señor diputado, aunque
son quince, nueve para pasar a la segunda parte de la sesión a partir de la
dieciséis y treinta.
Tiene
la palabra el diputado Fishman Zonzinski.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias,
señor presidente, obviamente el mismo uso, que por el Reglamento, han hecho los
que me han antecedido en la palabra; estoy hablando por el Reglamento.
Realmente es
sorprendente oír algunas cosas que se dice en esta Asamblea. Vamos a ver.
El lunes pasado
empezamos en reuniones en una comisión, en la cual estaban presentes asesores
de distinguidas compañeras del Partido Liberación Nacional, señores
representantes del sector agropecuario, don Gustavo Arias, con su asesor, la
diputada Pérez, el diputado Villalta, el diputado Hernández, quien les habla,
José Roberto Rodríguez, y empezamos a plantear algunas inquietudes.
La primera inquietud que
se planteó fue la inquietud de que había un cambio desmesurado en las penas que
existían para la banca privada que no transferían los recursos del peaje al
proyecto como se había dictaminado. ¿Y cuál era el cambio que ahora, en el
momento actual, si un banco no transfiere los recursos la pena que tiene son
quince años de inhabilitación para captar recursos, para hacer descuentos?,
propiamente cierran el banco.
Cuando planteamos la
inquietud sobre ese tema, don Gustavo Arias le pidió de don Welmer Ramos,
asesor económico del Partido Acción Ciudadana, que diera una explicación.
Los que estaban ahí se
dieron cuenta que no fue satisfactoria la explicación ni había justificación
real de pasar de los quince años a tasa básica, más cuatro por ciento, porque
llegamos a la conclusión de que la tasa básica más cuatro por ciento no es
ninguna multa; todo lo contrario, la tasa básica más cuatro por ciento es más
barata que lo que hay que pagarle a los usuarios cuando se captan recursos.
Inmediatamente el mismo
don Welmer, don Gustavo y todos los diputados que estaban presentes estuvieron
de acuerdo en que la multa había que subirla, había que subirla.
Entonces, ya vemos desde el primer momento a quién se estaba
tratando de proteger, quiénes son los que pueden estar detrás de que no haya
multa, porque vamos a ir llegando para ver quiénes son realmente los que
manejan el peaje en este país y cuántos son los montos que se manejan en esos
peajes para saber realmente qué es lo que hay de fondo en este proyecto.
Cuando planteamos la inquietud, cuando planteamos la
inquietud de que si esos recursos en el inciso 2) se le devolvían al banco
privado y había que demostrar, había que demostrar que había dolo o culpa grave
si se le daban a otras personas que no fueran los usuarios, que están
establecidos en la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo. Había que demostrar
que había culpa o dolo, culpa grave o dolo.
¿Cuál
fue la reacción inmediata en este caso del asesor de doña Annie Saborío? Tiene razón, hay que eliminar el concepto de
dolo o culpa grave, con el simple hecho de que se transfieran recursos que son
sagrados, que son para los trabajadores, que son para los microempresarios, que
son para las mujeres, que son para la gente que más lo necesita. Entonces, se llegó al acuerdo de que se
eliminara el concepto de dolo o culpa grave, todos sin excepción estuvieron de
acuerdo.
Ese
día fue de grandes avances, hizo una propuesta la diputada Patricia Pérez sobre
la situación que se está dando del desfase de lo que significa el monto que se
paga calculado a un mes y el monto que se paga porque se calcula a seis meses.
Y todos, todos sin excepción estuvieron de acuerdo en acoger las inquietudes de
la diputada Pérez.
No
había ningún problema ese día, el martes en la mañana.
No,
no, voy cronológicamente; no, en la primera sesión, en la primera.
Entonces
no fue el lunes, fue el miércoles, me dice don Gustavo. ¿Cuándo estuvo presente
usted?, miércoles, perfecto, miércoles. Me hacen una entrevista en la radio y
hay debate con don Gerardo Corrales, que es el promotor de este proyecto,
gerente general del BAC San José; no solo es el promotor, sino que él lo acoge
como tal, y al día siguiente don Ottón Solís dice que está orgulloso de haber
trabajado en ese proyecto con don Gerardo Corrales, que es un banquero con gran
sensibilidad social.
Puede
ser, yo simplemente no discutí mucho sobre el tema, pero palabras textuales, y
le duele que podamos tener algunas diferencias, porque habíamos tenido alguna
relación cuando yo traté, cuando yo traté de bajar los intereses que se pagan
en las tarjetas de crédito, había estado en mi casa, todo eso salió a la luz
pública.
Viene
la reunión del jueves, viene la reunión del jueves. En esa reunión del PAC, van
don Juan Carlos Mendoza, doña Carmen Granados, don José María Villalta, las
tres diputadas de Liberación Nacional, la diputada Pérez, diputados
libertarios, están asesores de todas las banca… asesores de Liberación, traen
el director de Tributación Directa, están los señores del sector agropecuario y
se plantean tres cosas.
Básicamente,
como en las últimas que quedaba para resolver el problema, pero ahí se dice que
puede ser que surjan otras cosas y que vía artículo 177, convirtiendo el
Plenario en comisión general, se podrían resolver. ¿Cuáles son las tres grandes
cosas que se plantean?: revisar la moción 53, que saliera a concurso el tema de
la Secretaría Técnica, y que se le diera un cupo a los pequeños agricultores o
usuarios de estos recursos en el Consejo Rector de Banca de Desarrollo. Eso es todo lo que se discute.
Cuando
se está empezando a discutir la moción 53, porque hay preocupación por los
recursos que realmente… no debería haberla porque hay recursos suficientes
─termino─, se habla y se le pide al señor director de Tributación
Directa que traiga un informe sobre las utilidades que tienen los bancos por
concepto de tarjetas de crédito. Y me parece que esa fue la razón por la cual
se desarmó la discusión sobre el tema; es decir, ni vino hoy don Carlos con esa
información, ni la remitieron y no hubo sesión, cuando ya íbamos bien
encaminados, faltaban tres temas y no había sucedido nada más que eso.
Habrá
tiempo para seguir contestando las cosas que se han dicho, pero, por ahora, no
puedo seguir. ¿Verdad, señor presidente?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Seis
minutos le restan, diputado Fishman Zonzinski; nueve minutos utilizó usted del
tiempo de los quince minutos.
Vamos
a pasar a la segunda parte de la sesión.
Por el orden, el diputado Oviedo
Guzmán.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Muchas gracias, señor presidente.
El día de mañana contestaremos todos
y cada uno de sus argumentos de don Luis.
Gracias.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Por el orden, el diputado Fishman
Zonzinski.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Después de los seis minutos, pido la
palabra por el orden para ir contestando también, ¿verdad?, de una vez para que
me la conceda igual.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Discusión de proyectos de ley,
segundos debates.
Los expedientes número 18.593 y 17.777 se encuentran en consulta en la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.593, Ley
para la Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida
de la Zona Marítima Terrestre, (originalmente denominado): Ley para la
Regularización de las Construcciones Existentes en el Área Restringida de la
Zona Marítima Terrestre
Se
encuentra en consulta facultativa en la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
Expediente Nº 17.777, Ley
Reguladora de Investigación Biomédica, (originalmente denominado): Ley General
de Investigación en Seres Humanos
Se encuentra en consulta facultativa en la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.685, Ley
para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos
En el tercer lugar de los segundos debates, se encuentra el expediente
18.685, Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos.
Inicia la discusión, por el fondo en el trámite de segundo debate, para
lo cual ofrezco el uso de la palabra.
Ningún diputado o diputada ha solicitado el uso de la palabra.
Por lo tanto, quisiera consultarles a los diputados y diputadas si
damos por discutido este expediente en el trámite de segundo debate.
Discutido.
Vamos a proceder con
la votación.
Voy
a solicitarles a los diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones y
quienes están en las salas adjuntas incorporarse de inmediato para proceder con
la votación.
Nuevamente
hago el llamado a los diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones
incorporarse para realizar la votación.
Hay treinta y nueve
diputadas y diputados en el salón de sesiones.
Ruego a los señores
ujieres cerrar puertas.
Y a los diputados, a
las diputadas que se encuentran… que ocupen sus curules los diputados y
diputadas.
Diputada Fournier,
diputada Bejarano Almada, diputado Molina Rojas.
Diputada Fournier
Vargas, si nos ayuda en la ubicación de su curul.
Diputada Fournier,
estamos en proceso de votación.
Tenemos
en este instante treinta y nueve diputadas y diputados en el salón de sesiones.
Los diputados y diputadas que estén a favor del expediente 18.685, Ley para
Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos, en el trámite de segundo
debate, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de
impedimento. Treinta y nueve diputadas y
diputados presentes; treinta y dos han votado a favor, siete en contra. El expediente ha sido aprobado en el trámite
de segundo debate.
Por lo tanto, pasa al
Poder Ejecutivo para lo que corresponde.
La diputada Brenes
Jiménez, por el orden.
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
Presidente, para… (ininteligible)…
de mi voto.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Talvez si vuelve a
repetir, es que hubo un fallo en el sonido.
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
Para rogarle que se
incorpore en el acta la justificación de mi voto a este proyecto.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señora diputada, si nos la hace llegar aquí la estaremos
incorporando tal y como lo solicita.
Diputada Ileana Brenes Jiménez:
Ley
para desincentivar el ingreso de capitales externos
18.685
El
éxito en la estabilidad económica de un país, tiene mucho peso sobre la visión,
la oportunidad y conveniencia con que se apliquen las políticas, las
herramientas y los instrumentos disponibles para las autoridades económicas de dicho
país.
Este proyecto de ley es oportuno, es
conveniente y es urgente, por cuanto busca dotar al Poder Ejecutivo y al Banco
Central de herramientas que les permitan desincentivar el ingreso de capitales
externos al país, cuando estos estén causando un desequilibrio en la economía
nacional.
Mucho se ha insistido en la necesidad de
aprobar este proyecto sobre capitales especulativos.
Sin
embargo, como hemos podido analizar en la Comisión el ingreso de capitales
externos puede causar desequilibrios significativos en la economía nacional
independientemente de su carácter especulativo. Lo que se requiere es controlar
los influjos masivos y rápidos en todas sus modalidades, los cuales podrían
colocarse en instrumentos de corto y largo plazo.
Por esta razón, es importante mantener la
capacidad de esta herramienta para afectar el rendimiento de un rango amplio de
influjos cuando esto se considere necesario.
Por supuesto, el carácter volátil de
algunos de estos capitales especulativos incrementa su potencial para
desestabilizar la economía al poder revertirse rápidamente, cambiando las
condiciones de liquidez en forma inmediata.
Este proyecto, permitirá a las autoridades
diferenciar, por plazo de instrumento y por tipo de instrumento, a la hora de
gravar los rendimientos pagados a no domiciliados y a la hora de imponer un
depósito no remunerado a las inversiones de no domiciliados en títulos.
Con este proyecto, no se está limitando la
consecución de empréstitos para el fondeo de sus operaciones, sino la
colocación de títulos en el extranjero. Son dos asuntos distintos.
Una
acción es la facultad dada a los bancos de financiarse para sus operaciones
normales con empréstitos internacionales, y otra gravar los rendimientos de las
inversiones de no domiciliados.
Cabe recalcar que el impuesto que se
propone, no variaría el trato impositivo que se da al inversionista que compró
el título antes de la eventual entrada en vigencia. Este impuesto solo
aplicaría a las inversiones de no domiciliados que se formalicen mientras esté
vigente el Decreto mencionado y se acrediten, paguen o pongan a disposición los
rendimientos a esos inversionistas, lo que les permitiría tomar su decisión de
inversión conociendo las reglas del juego vigentes.
Los influjos destinados a la compra de
participaciones en fondos de inversión no financieros también pueden contribuir
al desequilibrio en la economía nacional.
Las burbujas inmobiliarias que
desestabilizaron países en Europa Oriental y en Europa Periférica durante los
últimos años fueron alimentadas por fuertes flujos de capital hacia esas
regiones durante los años previos a la crisis financiera internacional.
La discriminación por tipos de fondo
incrementa el riesgo de crear portillos que reducen la efectividad de este
instrumento.
Como se mencionó con antelación, es
importante mantener la capacidad de esta herramienta de afectar el rendimiento
de un rango amplio de tipo de influjo de capital cuando esto se considere
necesario.
En cuanto al mecanismo de cálculo no se
considera que sea complicado, por cuanto es una tarifa o porcentaje de
retención que se aplica directamente al rendimiento bruto.
El impuesto aplica para los rendimientos y
no toca el capital, es decir solamente sobre las ganancias obtenidas.
Este proyecto en sí, tiene como principal
fin, dotar al Estado costarricense de una herramienta fiscal, capaz de frenar
los abruptos cambios monetarios en el país, producto de la entrada y salida sin
control de capitales.
Por eso, como miembro de la Comisión de
Asuntos Hacendarios, y consciente de la necesidad imperante que tiene nuestro
país de legislar en esta materia, me congratulo por su aprobación.
La aprobación de este proyecto, evidencia
una vez más, el compromiso del Gobierno de la Presidenta Chinchilla Miranda con
la economía del país, y con todos los sectores productivos de nuestra sociedad,
los cuales se ven afectados por los comportamientos especulativos de dichos
influjos.
Legislamos responsable y eficientemente en
esta materia, demostrando que el arduo trabajo realizado por el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo, hoy dan sus frutos para beneficio de todas y todos los
costarricenses.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
El
diputado Araya Pineda.
Diputado Edgardo Araya Pineda:
En
el mismo sentido, señor presidente, de la diputada Brenes, para que se
incorpore mi justificación en el acta.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Así
se hará apenas nos haga llegar el documento.
Diputado Edgardo Araya Pineda:
Expediente No. 18685 Ley para desincentivar el ingreso de capitales
externos
El
proyecto que estamos sometiendo a discusión y aprobación de esta Asamblea Legislativa, cuenta con el respaldo
de la Fracción del Partido Liberación
Nacional, porque nuestra fracción está convencida de la
importancia de dotar al Banco Central de las herramientas
necesarias que le permitan dictar sus políticas, establecer controles y mecanismos requeridos tendientes a evitar que el ingreso de capitales externos tengan
repercusiones negativas sobre nuestra
economía y para ello, con este proyecto se les está brindando a los
jerarcas de las instituciones encargadas de esta
materia, de las herramientas necesarias para que puedan reducir el ingreso de estos capitales que nos
llegan atraídos por los buenos rendimientos financieros que pueden
obtener aquí y que a cambio no dejan
beneficio para nosotros.
La complacencia que hemos tenido, en relación
con la apertura de la
cuenta de capital, se ha caracterizado históricamente por el paralelismo con el contexto internacional.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el Banco Central se
establecieron muchos mecanismos de restricción en los movimientos de capital,
dirigidos fundamentalmente a las transacciones cambiarias, la compra de divisas
y nuestro Banco Central mantenía un control
riguroso en el registro de capitales, situación que se modificó sustancialmente
durante los años 90 cuando se liberalizó la cuenta de capital y se reconoció,
por parte del Banco Central, que llevar los controles sobre los movimientos de
capital, era sumamente difícil. Recordemos, que la Sala Constitucional eliminó
las restricciones que se tenían sobre los movimientos de divisas.
Hoy,
estamos convencidos de que es necesario establecer mecanismo para desestimular
el ingreso de estos capitales que hemos denominado "golondrina",
porque vienen a este país, en forma transitoria, a aprovecharse de los buenos
rendimientos y no aportan nada a nuestro sistema económico, social y de infraestructura.
Según
datos suministrados por el economista Ronulfo Jiménez, resulta preocupante el
hecho de que los movimientos de capital representaron, para nuestro país, el
13% del PIB en el años 2007, situación que cambió radicalmente por consecuencia
de los la crisis internacional que modificó el saldo, reduciéndolo a un 3,4% del
PIB. En el año 2012, fluctúa este porcentaje, llegando casi a un 12% del PIB y
es en el segundo semestre de ese año, que se observa con mayor fuerza el
crecimiento en los movimientos de capital, pues alcanzaron una cifra superior a los 3.500 millones de dólares, mientras
que en el primer semestre fue de 823 millones de dólares.
Nuestro país no puede soportar una fluctuación de esta naturaleza, ni
tampoco podemos decir que no podemos aceptar el ingreso de capitales, pero
debemos hacerlo con cautela, permitiendo la aplicación de mecanismos de control
y tomando en consideración los motivos por los cuales los capitales ingresan,
los recursos que se invierten en proyectos, que generan empleo, que permiten la
inversión y desarrollo, bienvenidos, captemos esos recursos, son para nuestro beneficio, pero no podemos permitir el ingreso de capitales que vienen a llevarse nuestros recursos,
a propiciar un desequilibrio macroeconómico que necesariamente influye en
actividades diversas que limitan el crecimiento económico y generan reducciones
significativas en la generación de empleo, y que también repercuten en las
políticas monetarias que emite el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
Nuestra fracción está consciente de la importancia de establecer en el más corto de los plazos, medidas que permitan garantizar una estabilidad interna y externa de nuestra moneda y
de nuestro sistema financiero.
Estamos seguros de que con este proyecto, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, podrán tener un papel preponderante en el control y manejo la política monetaria y en el
control de la inflación.
Como legisladores, en la función que nos ha encomendado el pueblo
costarricense, estamos cumpliendo con nuestro deber de velar por la estabilidad
macroeconómica de este país, lo cual redundará en el bienestar de todos y
todas.
Muchas gracias.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Los
expedientes número 18.371, 18.886, 18.522, 18.588 y 18.805 se encuentran en
consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.371,
Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la
República de Perú
Se encuentra en consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.886, Ley de
Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados
Centroamericanos
Se encuentra en consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.522,
Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo
Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y Autorización a Capitalizar
Organismos Multilaterales
Se encuentra en
consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.588,
Aprobación del Acuerdo sobre el Establecimiento del Global Green Growth
Institute
Se encuentra en consulta
preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.805, Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de
Colombia
Se encuentra en consulta
preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En
el noveno lugar, se encuentra el expediente
18.854, Desafectación del Uso Público de un Terreno Propiedad de la
Municipalidad de Alajuela y Autorización a la Municipalidad para que lo Done a
la Asociación Resurgir Alajuela.
Inicia
la discusión, por el fondo, en el trámite de segundo debate.
Ofrezco
el uso de la palabra a los diputados y diputadas que quisieran referirse sobre
este expediente.
No
hay solicitudes para hacer uso de la palabra; por lo tanto, quisiera
consultarles a los diputados y diputadas si damos por discutido este expediente
en el trámite de segundo debate.
Discutido. Vamos a proceder con la votación.
Ruego
a los diputados que están en las salas adjuntas y quienes están fuera del salón
de sesiones incorporarse para proceder con la votación.
Solamente
hay treinta y siete diputados en el salón de sesiones.
Transcurre
el tiempo reglamentario de cinco minutos.
Treinta
y ocho diputadas y diputados en el salón de sesiones.
Voy
a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas.
Queda
todavía un diputado o diputada en la sala adjunta, a la cual le vamos a
solicitar se incorpore para proceder de inmediato con la votación.
Treinta
y ocho diputadas y diputados presentes.
Ruego
a los señores diputados ocupar sus curules.
Los
diputados y diputadas que estén a favor del expediente 18.854, en el trámite de
segundo debate, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de
impedimento. Treinta y ocho diputadas y
diputados presentes; treinta y ocho han votado a favor. El expediente ha sido aprobado en el trámite
de segundo debate.
Pasa
al Poder Ejecutivo para lo que corresponde.
En el lugar diez, se encuentra el expediente
18.473, Creación del Distrito 6, Caldera, del Cantón de Esparza, de la
Provincia de Puntarenas.
Sobre este expediente, diputadas y diputados, ruego
su atención, por favor, en la … (ininteligible)…. al artículo 1 de la Ley 6068,
se me ha indicado por parte del Departamento de Servicios Técnicos que este
proyecto no puede ser votado en segundo debate en razón de una prohibición
legal expresa.
El artículo, precisamente de esa ley, artículo 1,
indica lo siguiente: Declárase invariable la división territorial
administrativa de la República durante los catorce meses anteriores a todas las
elecciones nacionales de presidente y vicepresidentes; en consecuencia, no
podrán ser creadas nuevas circunscripciones
administrativas durante ese lapso.
Con base en lo que señala esta ley,
y a la luz del criterio de la Procuraduría General de la República, que lleva
la identificación C-165-2013, más las observaciones de Servicios Técnicos, esta
Presidencia debe ordenar la suspensión de la votación en segundo debate, hasta
después de la celebrada la elección del 6 de abril del 2014.
Sin embargo, lo que nos está
prohibiendo la ley es, precisamente, la votación, mas no así la discusión.
Podríamos dar por agotada la discusión y suspender la votación. Por lo tanto,
voy a ofrecer el uso de la palabra por el fondo a los diputados y diputadas que
quisieran referirse sobre este expediente.
No hay solicitudes para hacer uso de
la palabra; por lo tanto, quisiera consultarles a las diputadas y diputados si
damos por discutido este expediente.
Discutido.
En razón de lo anterior, se suspende
la votación, reitero, hasta después de celebrada la elección del 6 de abril del
2014.
En
el lugar número once se encuentra el expediente 18.918, Autorización a la Municipalidad
de Belén para que Segregue un Lote y Cambie su Uso con el Fin de Construir un
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi).
Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de
segundo debate.
Ofrezco el uso de la palabra a los diputados y
diputadas que quisieran referirse.
No hay solicitudes para hacer uso de la palabra;
por lo tanto, quisiera consultarles a los diputados y diputadas si damos por
discutido este expediente. Discutido.
Vamos a someterlo a votación.
Ruego a los diputados que se están en las salas
adjuntas y quienes están fuera del salón de sesiones incorporarse.
Ruego a los señores ujieres cerrar puertas. Tenemos
en este momento treinta y nueve diputadas y diputados en el salón de sesiones.
Ruego a los diputados ocupar sus curules.
Diputado Molina Rojas, talvez si ocupa su curul
para proceder con la votación.
Los diputados y diputadas que estén a favor del
expediente 18.918, en el trámite de segundo debate, se servirán ponerse de pie
o levantar su mano en caso de impedimento.
Treinta y nueve diputadas y diputados presentes; treinta y nueve han
votado a favor. El expediente ha sido
aprobado en el trámite de segundo debate.
Pasa al Poder Ejecutivo para lo correspondiente.
En el lugar número doce, se encuentra el expediente
18.527, Autorización a la Municipalidad de Alajuelita para que Done un Terreno
de su Propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social, para Construir un
Ebáis Tipo 4 en el Distrito de Concepción, se Cambia el Uso de un Inmueble y se
Autoriza al Estado a Segregar un Lote de un Terreno de su Propiedad a la
Municipalidad de Alajuelita.
Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de
segundo debate.
Ofrezco el uso de la palabra.
No hay solicitudes para hacer uso de la palabra;
por lo tanto, quisiera consultarles a los diputados y diputadas si damos por
discutido este expediente. Discutido.
Vamos a someterlo a votación.
Tenemos en este momento treinta y nueve diputadas y
diputados presentes.
Ruego a los señores ujieres cerrar puertas.
Los diputados y diputadas que estén a favor del
expediente 18.527, en el trámite de segundo debate, se servirán ponerse de pie
o levantar su mano en caso de impedimento.
Treinta y nueve diputadas y diputados presentes; treinta y nueve han
votado a favor. El expediente ha sido
aprobado en el trámite de segundo debate.
Pasa al Poder Ejecutivo para lo correspondiente.
En el lugar número trece, se encuentra el
expediente 18.881, Reforma del Artículo 39 del Código de Minería número 6797
para Ampliar su Alcance Institucional al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)
para Facultar la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio
Público.
Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de
segundo debate, para lo cual ofrezco el uso de la palabra.
El diputado Villalta Flórez-Estrada hasta por
quince minutos, diputado Villalta.
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:
Gracias, señor presidente.
Voté afirmativamente este proyecto de ley en primer
debate y lo voy a hacer en segundo debate, porque creo que es una reforma que
puede contribuir, efectivamente, a que de forma más rápida las instituciones
del Estado, concretamente el Conavi, puedan desarrollar proyectos de obra
pública.
Lo que hace esta reforma es otorgarle al Conavi,
únicamente al Conavi, las mismas prerrogativas que tienen hoy las
municipalidades para tramitar permisos de forma más rápida, de forma
preferencial, para la extracción de materiales.
Esto es importante; no es que se eliminan todos los
requisitos o procedimientos para un permiso de este tipo, pero se establece un
trámite diferenciado y efectivamente en el Frente Amplio creemos que no se le
puede dar el mismo trato a una institución pública que va a hacer una obra
pública sin fines de lucro, que el trato que se le daría a alguien que quiere
lucrar con bienes o recursos públicos, en este caso materiales que están en los
cauces de los dominios… ríos del dominio público.
Por eso, apoyamos este proyecto presentado por el
Poder Ejecutivo con la esperanza de que se use bien este mecanismo para que el
Conavi también pueda reducir costos por el acarreo de materiales y obtenerlos de
forma más rápida en lugares de extracción cercanos a donde se va a desarrollar
un proyecto de construcción o de rehabilitación de la red vial nacional.
Esta propuesta esperamos que ayude a reducir,
repito, los costos de determinados proyectos de obra pública y que se entienda
que el propio Estado costarricense, a través del Conavi, tiene las mismas
potestades que ya se le otorgaron en una ley aprobada hace poco a las
municipalidades.
De hecho, si el mismo Estado es el encargado de la
administración de estos bienes de dominio público, pues no es lógico que otro
órgano del Estado, en este caso el MOPT, tenga que hacer todo un engorroso
trámite para obtener un permiso para poder hacer uso de materiales, cuando se
van a destinar a una obra pública en beneficio de la colectividad.
Por eso, vamos a apoyar este proyecto en segundo
debate.
Gracias, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
No hay más solicitudes para hacer uso de la palabra
por el expediente; por lo tanto, quisiera consultarles a los diputados y
diputadas si damos por discutido el expediente.
Discutido.
Vamos a proceder con la votación.
Ruego a los diputados que están fuera del salón de
sesiones y quienes están en las salas adjuntas incorporarse para proceder con
la votación.
Hay treinta y nueve diputadas y diputados
presentes.
Ruego a los diputados ocupar sus curules, a los
señores ujieres cerrar puertas.
Los diputados y diputadas que estén a favor
del expediente 18.881, en el trámite de segundo debate, se servirán ponerse de
pie o levantar su mano en caso de impedimento. Treinta y nueve diputados y
diputadas presentes; treinta y nueve han votado a favor. El expediente ha sido
aprobado en el trámite de segundo debate.
Pasa al Poder Ejecutivo para lo
correspondiente.
En el primer lugar del orden del día
de los primeros debates, se encuentra el expediente número 18.857, Reforma de
los Artículos 68 y 69 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N.º 7494,
de 2 de mayo de 1995, (originalmente denominado): Autorización al Poder
Ejecutivo para Donar a las Instituciones Autónomas y Semiautónomas Bienes
Inmuebles, cuyo Uso se Destine al Cumplimiento de Fines Públicos.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el cuarto informe de mociones de fondo vía
artículo 137.
COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Cuarto Informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento
legislativo
MOCIÓN APROBADA
Moción Nº 6-50 (1-137) de la diputada Delgado Ramírez:
“Para que el artículo único del referido proyecto
integralmente se lea:
"ARTÍCULO
ÚNICO.- Refórmense
los artículos 68 y 69 de la ley de Contratación Administrativa, N° 7494 de 2 de
mayo de 1995, para que se lean así:
"Artículo
68.- Procedimiento aplicable
Para enajenar los bienes
inmuebles, la Administración deberá acudir al procedimiento de licitación
pública o al remate, según convenga al interés público, salvo lo indicado en el
artículo 69 sobre la donación".
Artículo 69.- Límites
La Administración no podrá
enajenar los bienes inmuebles afectos a un fin público.
Los bienes podrán desafectarse
por el mismo procedimiento utilizado para establecer su destino actual.
Se requerirá la autorización
expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no conste el procedimiento para la
afectación.
Se autoriza al Poder Ejecutivo
para donar a las instituciones autónomas, y semiautónomas los bienes inmuebles
no afectos a un fin público, cuando tenga por objeto coadyuvar al cumplimiento
de las funciones de estos y en aras de satisfacer el interés público. Para tal
efecto deberá emitirse resolución fundamentada del Poder Ejecutivo, acuerdo de
aceptación del órgano jerárquico superior del ente beneficiado, así como, el
inventario y clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación. La
escritura la realizará la Notaría del Estado".
Quisiera consultarles a los
diputados y diputadas si alguno tiene dispuesto presentar mociones de
reiteración.
El diputado Villalta Flórez-Estrada
tiene la pretensión de presentar mociones de reiteración.
Dada esta manifestación, entonces,
se suspende por el día de hoy y a partir de mañana entonces corre el primer día
de mociones de reiteración.
Expediente N.º 18.709, Ley de Garantías Mobiliarias
En el segundo lugar se encuentra el
expediente número 18.709, Ley de Garantías Mobiliarias.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el cuarto informe de mociones de fondo vía
artículo 137.
COMISIÓN
PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Cuarto Informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento
legislativo
MOCIÓN APROBADA
Moción
Nº 3-50 (2-137) del diputado Sotomayor
Aguilar:
“Para que se modifique
el artículo 6 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO
6.- Medios de constitución
Una garantía
mobiliaria se constituye mediante contrato escrito entre el deudor garante y el
acreedor garantizado, o por disposición de la ley, tales como los derechos de
retención de bienes del deudor garante por parte de su transportista,
almacenista, hotelero, mecánico y otras retenciones a los efectos de asegurar
el pago de la obligación al igual que por gravámenes judiciales y
tributarios".
Quisiera consultarles a las
diputadas y diputados si algún diputado tiene interés de presentar mociones de
reiteración.
El diputado Villalta Flórez-Estrada
ha hecho la manifestación de que presentará mociones de reiteración; por lo tanto,
se suspende por el día de hoy el conocimiento del expediente y corre a partir
del día de mañana el primer día de mociones de reiteración.
Por el orden, el diputado Mendoza
García.
Diputado Juan Carlos
Mendoza García:
Gracias, señor presidente.
Tanto en este expediente como en el
anterior usted dice que corre a partir de mañana el primer día, yo entendería
que hoy se está quemando el primer día en ambos expedientes.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Vamos a decretar un receso de un minuto,
diputado Mendoza García.
Voy a dar respuesta a la inquietud,
a la consulta del diputado Mendoza García.
Efectivamente, en el numeral uno del
artículo 138, mociones de reiteración, se señala, diputado Mendoza García, y a
los demás diputados de la Asamblea Legislativa, las mociones de reiteración
solo serán de recibo cuando se presenten dentro de las tres sesiones de
discusión siguientes a la fecha en que fue leído el último informe de mociones
tramitadas de conformidad con el artículo 137.
Hoy estamos conociendo el último
informe de mociones y será a partir de mañana la sesión siguiente donde se
empezará a conocer o a correr los días de mociones de reiteración.
Expediente N.º 18.650, Modificación del Artículo
11 de la Ley Nº 6723, del 10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley del Registro
y Archivos Judiciales
En el tercer lugar del orden del
día, se encuentra el expediente número 18.650, Modificación del Artículo 11 de
la Ley Nº 6723, del 10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley del Registro y
Archivos Judiciales.
Inicia la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen.
Quisiera ofrecer el uso de la
palabra a los diputados dictaminadores, ahí tiene un dictamen afirmativo
unánime.
Ningún diputado ha solicitado la
palabra para explicar el dictamen.
Sobre este expediente me indica la
Secretaría del Directorio que se han presentado mociones vía artículo 137, las
cuales pasarán a la comisión dictaminadora.
Moción N.º 1 del diputado Fishman Zonzinski:
Para que el
artículo único del proyecto de ley en discusión se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO ÚNICO.- Para
que el artículo 11 de la Ley N.° 6723, de 10 de marzo de
1982, y sus reformas, "Ley del Registro y Archivos Judiciales" se lea
de la siguiente forma:
"Artículo 11.-El
jefe del Registro cancelará los asientos de los convictos, posterior
al cumplimiento de la condena impuesta por la autoridad judicial, y sin que
se hubiere efectuado nueva inscripción, con base a los siguientes parámetros:
a)Serán cancelados los
asientos a los tres años después del
cumplimiento de la condena, en aquellas condenas cuya pena fue inferior
o igual a cinco años.
b)Serán cancelados los asientos a los cinco años
después delcumplimiento de la condena, en aquellas condenas cuya pena fue superior
a cinco años pero inferior a diez años.
c)Serán cancelados los asientos a los siete años
después del
cumplimiento de la condena, en aquellas condenas cuya pena fue superior
a los diez años.
El plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que quedó
efectivamente extinguida la pena y la reparación civil
proveniente de sanción, en caso que la hubiere. La
aplicación de beneficios no altera los plazos aquí prescritos."
En el lugar cuatro, se encuentra el
expediente 18.985, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona
Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur).
Este expediente se encuentra
suspendida la discusión por la consulta del proyecto de ley a varias
instituciones y organizaciones.
En el lugar número cinco, se
encuentra el expediente 18.890, Ley para el Fomento de la Competitividad de la
Pyme mediante el Desarrollo de Consorcios.
Inicia la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen.
Hay un dictamen unánime afirmativo.
Ofrezco el uso de la palabra a los dictaminadores.
No hay solicitudes para hacer uso de
la palabra por los dictámenes...
¿Es sobre este expediente, diputado Hernández
Rivera? Si no, para anunciar que se han presentado mociones de fondo vía
artículo, mociones vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora.
Moción N.º 1 del diputado Fishman Zonzinski:
Para
que el artículo 12 del proyecto de ley en discusión se lea de la
siguiente manera:
ARTÍCULO
12.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY N.° 7494, LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
Adiciónese
un párrafo final al artículo 38 de la Ley N. 7494, Ley de Contratación
Administrativa, cuyo texto dirá:
"Artículo
38.- Ofertas en consorcio
[…]
Los Consorcios de Pymes debidamente acreditados por el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) podrán participar
como oferentes para lo cual deberán apodar la licencia de funcionamiento
respectiva y se les otorgará los mismos beneficios establecidos al
amparo de la Ley N.º 8262 en el Programa Nacional de Compras
Públicas para PYME. Las contrataciones a los Consorcios de Pymes se deberán
realizar con el respeto a los principios y parámetros constitucionales que
rigen la actividad contractual del Estado.
Moción N.º 2 del diputado Villalta-Flórez Estrada:
Para que se modifique el artículo 8 del proyecto de ley en
discusión y en adelante se lea:
"ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS, DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORALES DE LAS
EMPRESAS
Las empresas que forman parte
del consorcio deberán estar al día con sus obligaciones
tributarias, con la seguridad social y con las obligaciones
laborales, o sea, el pago de la póliza de riesgos del trabajo
de acuerdo con el Código de Trabajo.
En caso de que alguna de las
empresas consorciadas no cumplan con estas obligaciones, el ente rector
podrá cancelar la licencia de funcionamiento y dar por concluida la relación
contractual del Consorcio.
Las obligaciones tributarias
generadas por las actividades económicas derivadas de la actividad consorcial,
serán asumidas por cada una de las empresas que formen parte del
consorcio."
Tiene la palabra el diputado
Hernández Rivera.
Diputado Manuel Hernández Rivera:
No, para que nos conceda un receso
de unos quince minutos a la fracción.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
A solicitud de la fracción del
Partido Movimiento Libertario, vamos a decretar un receso de…
Antes de dar el receso, sobre este expediente
quiero reiterar, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, sobre este expediente
se han presentado mociones vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora.
Vamos a decretar un receso de hasta
quince minutos a solicitud de la fracción del Partido Movimiento Libertario.
Ha concluido el receso; sin embargo,
no hay cuórum, solamente hay veintiséis diputadas y diputados en el salón de
sesiones.
Transcurre el tiempo reglamentario
de cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
Hay cuarenta y tres diputadas y
diputados presentes.
Diputadas y diputados, estábamos en
el conocimien… vamos a ver, perdón, disculpen, vamos a entrar en conocimiento
del expediente que se encuentra en el sexto lugar del orden del día de los
primeros debates.
Expediente 17.502, Reforma Integral
a la Ley número 8.634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma a
Otras Leyes.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el conocimiento de varias mociones de
revisión.
Estábamos en conocimiento de la moción R3, era de
la diputada Jeannette Ruiz, y esta moción ya había concluido el período de
discusión; por lo tanto, vamos a proceder con la votación de la moción.
Voy a solicitarles a las diputadas y diputados que
ocupen sus curules para proceder con la votación.
Hay cuarenta y dos diputadas y
diputados presentes. Ruego a los señores
ujieres cerrar puertas; a los diputados, ocupar sus curules.
Vamos a someter a votación la moción.
Los diputados…, hay cuarenta y dos diputadas y
diputados presentes. Los diputados y
diputadas que estén a favor de la moción de revisión R3 se servirán ponerse de
pie o levantar su mano en caso de impedimento.
Cuarenta y dos diputadas y diputados presentes; ningún diputado ha
votado a favor. Por lo tanto, la moción
ha sido rechazada.
Hay una revisión, hay dos mociones de revisión de
la votación de la apelación presentada por el diputado Fishman Zonzinski. Vamos a poner en conocimiento la que fue
presentada en primer lugar, y es una moción de la diputada Ruiz Delgado.
De la diputada Ruiz
Delgado:
Para que se revise la votación de la apelación
recién votada.
La diputada Ruiz Delgado va a hablar a favor —un segundito, don Luis— no va a hacer uso de la
palabra para hablar en contra.
El diputado Fishman Zonzinski. Por quince minutos, diputado. Puede proceder diputado Fishman Zonzinski,
tiene quince minutos, diputado.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias, señor presidente.
Me parece —y se lo había planteado
respetuosamente el otro día—, ¿cuál es el principio o el fundamento del derecho
a la revisión?
No es posible que un diputado, en este caso,
independiente, unipersonal, ni tampoco sería factible ni necesario de estar ahí
presente para presentar de primero una moción de revisión.
Primero, me parece que eso tiene que
conceptualizarse claramente qué es el principio de revisar una votación, y eso
tiene que ver con un procedimiento de que si alguien propone algo, si alguien
propone algo, lo lógico, lo normal, que si se vota en contra o el señor
presidente define que lo que uno está proponiendo o solicitando no es
procedente, que uno tenga derecho de presentar esa revisión.
Y yo creo, es decir, ya estamos acabando nuestra
gestión como diputados, hay que sentar jurisprudencia adecuada hacia el futuro
porque con ese principio de que simplemente de ver el árbol y no el bosque, que
son resoluciones que fueron apeladas y que se ganó por una simple mayoría,
podríamos estar violentando principios esenciales del derecho de enmienda,
derechos democráticos que la Sala ha reiterado que son sagrados.
El derecho a la revisión, yo reconozco que
cualquier diputado que presenta algo puede presentar, y que si alguien está en
contra de la revisión plantee las razones por las cuales está en contra. Pero
no es normal ni lógico, señor presidente, que cuando uno está en la curul,
tenga que separarse de la curul, ir donde usted, cuando uno está hablando
decir: ya voy a dejarle presentada la revisión, porque si no, hay otros
compañeros, diay, que aprovechan la circunstancia y piden una revisión sobre un
acto que realmente el que debería pedirla y el que tiene el derecho es al que
están resolviéndole una situación.
Yo creo que eso…
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Disculpe, diputado, que le
interrumpa un segundito nada más, me va a disculpar que lo interrumpa, de veras.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Con gusto.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
La diputada Fournier Vargas también
se ha anotado para hablar en contra; por lo tanto, restan todavía doce minutos;
seis minutos para usted y seis minutos para la diputada… Eh, perdón, el
diputado Mendoza García.
Tiene la palabra el diputado
Fishman, le restan…eh, vamos a dar cuatro minutos a cada diputado.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
¿Cuánto me queda, señor presidente?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Quedan doce minutos.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Ah no, pero ¿cuántos me quedan a mí,
perdón?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Cuatro minutos, señor diputado.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias.
En estos momentos no voy a entrar a
contestar las cosas que aquí se han dicho sobre el proyecto ni mucho menos.
Yo creo que hay que guardar la forma en cuanto a
los procedimientos, porque muchas veces un proyecto puede salir muy bien y por
hechos atribuibles a cómo se maneja el Plenario, pueden caerse en la Sala, y
esa no es la intención. La intención es que las cosas se hagan de acuerdo al
Reglamento, de acuerdo a las resoluciones de la Sala.
Y por eso llamo nada más la atención, es decir, de
que no es viable, ni factible, ni conveniente, es el sistema de estar
presentando revisiones antes de que el diputado termine, o hay que regular el
mecanismo de la revisión, señor presidente.
Y yo creo que un buen favor le haría usted al
Plenario, a la futura Asamblea Legislativa, de hacer una resolución sobre el
tema de las revisiones, de cómo van a funcionar. Y si es un estudio adecuado,
yo creo que debería someterse a una apelación, a una revisión, para que quede
como una jurisprudencia para el futuro.
Yo creo que no se pueden hacer cosas a la carrera
en la Asamblea Legislativa, ni tomar las decisiones antojadizamente, sino que
sentar precedentes que realmente sean adecuados.
Usted el otro día también, en una decisión que yo
no comparto y que yo creo que hay que rectificar, dijo que no era apelable una
resolución porque era firme en otra legislatura que se había apelado y se había
ganado la revisión.
Usted lo que estaba tomando en ese momento, señor
presidente, era una resolución de dejar las cosas de acuerdo a como se había
definido hace uno, tres o cuatro años, no sé cuántos, pero esa es una
resolución.
Eso es como si en un juicio, diputado Góngora, no
se pueda apelar porque la sentencia es acorde con otra resolución que había tomado el tribunal con anterioridad.
Entonces, señor presidente, yo le hago una instancia, yo
creo que esta discusión vamos a tenerla, pero que guardemos el Reglamento, la
Constitución, la forma, las resoluciones de la Sala, para que, efectivamente,
las discusiones se hagan conforme a derecho.
Yo solo quería dejar eso, presidente… el tiempo, pues le
quedan a otros compañeros diputados, esa es mi posición en cuanto a este tema,
y creo que sería bueno y lo insto, señor presidente, para finalizar, a que haga
una resolución que sea analizada por los jefes de fracción en cuanto al
mecanismo para que haya un acuerdo y que se tome como un mecanismo que va a
quedar para el futuro, sin que deje duda de que los procedimientos no podrán
alejarse ante la Sala que fueron violentados, porque ya, a este momento, que
vamos por la tercer moción de reiteración, yo diría que ha habido seis o siete
violaciones al Reglamento, a la Constitución que hacen que esta discusión ya
devenga prácticamente nula, y esa no es lo que nosotros queremos, nosotros
queremos que este proyecto se haga una realidad, pero que se haga una realidad
de manera adecuada.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señores
diputados.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Fournier Vargas, por cuatro
minutos, señora diputada.
Diputada Alicia
Fournier Vargas:
Muchas gracias, señor presidente.
Yo me voy a referir al porqué votamos en contra de esa
moción y por qué no se debe aprobar estoy en contra de la revisión, porque hay
que ser… si nosotros queremos un buen proyecto tenemos que hacer un proyecto
adecuado para la banca de desarrollo.
Pero
aquí lo que he dicho siempre es que se han presentado mociones de mociones que
dicen que van a favor de este proyecto, y les voy nada más a hablar de esta
moción, esta moción que presenta el diputado Fishman, diay, propone modificar
el artículo 21, el cual hace referencia al fiduciario que es del Finade, y
comienza la moción a decir: el fiduciario será un banco público seleccionado,
etcétera, y aquí quiero decirlo, todo el proyecto se refiere a banco estatal,
¿por qué?, porque no es un banco público, y esa es la propuesta.
Vean
la intención que hay, no es mejorar el proyecto, es atrasarlo, es
obstaculizarlo, y por eso quería hablar en contra de esa revisión, es muy
importante que tengamos claro que cuando la Sala revise también vea qué clase
de mociones nos han hecho y nos están obligando aquí a atrasar un proyecto
serio, que tiene cuatro años de estar aquí trabajado, de que se ha ido
reflexionando artículo por artículo y se presentan mociones como estas, que se
basan, y les voy a decir, puede ser que don Luis se equivocó, pero es que tomó
una… este mismo, este texto que ya está superado, porque fue superado por mociones
137, que por consenso todo el mundo trabajó y, lamentablemente, don Luis, y
quienes pusieron mociones de este tipo nunca se acercaron a la comisión a
trabajar con nosotros, a reflexionar con nosotros el porqué, por ejemplo,
poníamos banca estatal, y no banca pública.
Así
es que yo le voy a dar esa duda, yo pienso que don Luis es un diputado con
mucha experiencia, para equivocarse así, y seguro es que se equivocó de texto
de análisis.
Gracias,
señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señora diputada.
Tiene
la palabra el diputado Mendoza García, por cuatro minutos.
Diputado Juan
Carlos Mendoza García:
Gracias,
señor presidente, diputados y diputadas.
A
mí realmente me gustaría que estos minutos y que este tiempo escuchemos los
argumentos que he escuchado en algunos espacios y en algunas mesas que se han
dado algunos argumentos interesantes, pero no es lo que se está dando en este
Plenario legislativo, yo creo que la gente sí merece escuchar los argumentos por
el fondo, creo que estos procesos de mociones de revisión sí, diay, pues
simplemente se vuelven una formalidad, pero lo ideal sería escuchar los
argumentos de fondo que creo que no son los que están en debate en este
momento.
Esa
sería toda la intervención.
Muchas
gracias, presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto.
El
diputado Céspedes Salazar ha solicitado el uso de la palabra. No va
utilizarla.
El
diputado Rodríguez Quesada. No va a
hacer uso de la palabra.
Por
lo tanto, vamos a dar por discutida la moción de revisión. La moción es de la diputada Ruiz Delgado, es
una revisión sobre la apelación presentada que había sido votada y presentada
por el diputado Fishman Zonzinski.
Vamos
a decretar un receso de un minuto mientras recogemos la moción.
Suficientemente
discutida la moción. Vamos a someterla a
votación.
Ruego
a los diputados que se encuentran en las salas adjuntas y quienes están fuera
del salón de sesiones incorporarse para proceder con la revisión de la votación
de la apelación votada y es del diputado Fishman Zonzinski.
Tenemos,
en este momento, treinta y nueve diputadas y diputados presentes, cuarenta.
Ruego
a los señores ujieres cerrar puertas.
Vamos
a proceder con la votación.
Los
diputados y diputadas que estén a favor de la moción de revisión de la votación
de la apelación, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de
impedimento.
Diputado
Molina, usted está... diputado Molina Rojas…
Treinta
y nueve diputados presentes y diputadas.
Ninguno ha votado a favor. La
moción ha sido rechazada.
Entramos
en conocimiento de la moción de reiteración R-4 que le solicito al señor
secretario darle lectura.
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Moción
artículo 138, proyecto de reforma integral a la Ley 8634, Ley del Sistema de
Banca para el Desarrollo y reforma a otras leyes, expediente 17.502 del
diputado Luis Fishman Zonzinski hace la siguiente moción.
Moción de reiteración N.º 4-1
Del diputado Fishman Zonzinski:
Para
que de conformidad con el artículo 138 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa, el Plenario se constituya en comisión general para conocer la
moción adjunta
Moción N.º 4-2 del
diputado Fishman Zonzinski:
Para que el artículo 21 del
proyecto de ley en discusión, se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 21.- Fiduciario
El fiduciario será un banco
público, seleccionado mediante concurso que convocará el Consejo Rector. En
dicho concurso, solo podrán participar los bancos públicos, a excepción del Banvhi.
La remuneración del fiduciario se definirá detalladamente en el contrato de
fideicomiso. Todos los servicios y gastos en que incurra el fiduciario, debido
a la administración del fideicomiso, quedarán cubiertos con la comisión de
administración.
En caso de que el concurso se
declare desierto, el Consejo Rector podrá seleccionar el banco a conveniencia, previa
resolución fundada de los aspectos que lo han llevado a determinar la
escogencia de dicha elección."
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
En
discusión la moción.
Por
el orden el diputado Góngora Fuentes.
Diputado Carlos
Humberto Góngora Fuentes:
Gracias,
presidente.
Estrictamente
por el orden, yo creo haberle entendido, puede ser que entendí mal, cuando
usted anunciaba la moción de revisión de la votación de la apelación que habían
dos revisiones, y ahora veo que votamos una, no sé si la otra sigue el camino
de la anterior, y ya pasamos a una moción
de… a otra diferente naturaleza de moción.
Entonces,
para efectos de que en la mesa nos puedan evacuar la duda.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Señor
diputado, efectivamente habían dos mociones de revisión, solo cabe una revisión
y, entonces, por eso fue que dimos trámite a la primera que se presentó y ahora
estamos… pasamos a discusión entonces de la moción R-4, que es una moción de
reiteración y está recién leída.
Ofrezco
el uso de la palabra al proponente.
Por
el orden el diputado Hernández Rivera.
Diputado Manuel Hernández Rivera:
¿Hay
cuórum?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Hay
treinta y siete diputados presentes.
No
hay cuórum, transcurre…
Ya,
se acaba de incorporar… se acaba de restablecer el cuórum.
Suficientemente
discutida la moción.
Vamos
a proceder con la votación.
Ruego
a los señores ujieres cerrar puertas.
A
los diputados ocupar sus curules.
Diputado
Víquez Chaverri, a ver si ocupa su curul porque vamos a proceder con la
votación.
Los
diputados y diputadas que estén a favor de la moción de reiteración R-4 se
servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Tenemos en este momento treinta y ocho
diputadas y diputados presentes. Treinta
y ocho presentes; ninguno ha votado a favor.
La moción ha sido rechazada.
Entramos
en conocimiento de la moción R-5 que le voy a solicitar a la señora secretaria
darle lectura.
La segunda
secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
Moción
de orden vía artículo 138. Proyecto de Reforma Integral a
la Ley 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reforma a Otras
Leyes, expediente 17.502. Del diputado
Luis Fishman Zonzinski. Hace la
siguiente moción:
Del diputado Fishman
Zonzinski:
Para que, de conformidad con el artículo 138 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Plenario se constituya en comisión
general para conocer la moción adjunta.
Moción
N.º 5-2 del diputado Fishman
Zonzinski:
Para que se elimine el CAPÍTULO VIII: DEROGACIONES,
del proyecto de ley en discusión.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
En
discusión la moción.
Es
una moción del diputado Fishman Zonzinski.
No se encuentra el diputado.
Por
lo tanto, damos por discutida la moción.
Vamos a someterla a votación.
Tenemos
en este momento…
Hay
un diputado que se encuentra en la sala adjunta.
Tenemos
en este momento treinta y ocho diputadas y diputados presentes.
Ruego
a los señores ujieres cerrar puertas.
Los
diputados y diputadas que estén a favor de la moción de reiteración R-5, se
servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Treinta y ocho diputadas y diputados
presentes; ninguno ha votado a favor. La
moción ha sido rechazada.
Entramos
en conocimiento de la moción R-6 que le voy a solicitar al señor secretario
darle lectura.
El primer secretario Martín Alcides Monestel
Contreras:
Moción
vía artículo 138 del expediente 17.502. Del diputado
Luis Fishman Zonzinski. Hace la
siguiente moción:
Del diputado Fishman
Zonzinski:
Para que, de conformidad con el artículo 138 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Plenario se constituya en comisión
general para conocer la moción adjunta.
Moción
N.º 6-2 del diputado Fishman
Zonzinski:
Para que se elimine el CAPÍTULO IXDISPOSICIONES
FINALES, del proyecto de ley en discusión.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
En
discusión la moción.
Pero
antes había solicitado la palabra por el orden el diputado Cubero Corrales.
Diputado Víctor Danilo Cubero Corrales:
Gracias,
diputado presidente.
Hemos
presentado una moción de posposición, quería preguntarle, diputado presidente,
en qué momento piensa conocerla.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Sí,
acaba de llegar la moción, diputado, antes de que usted hiciera mención, apenas
viene llegando a la mesa.
Vamos
a someter a discusión… perdón, a votación la moción que está precisamente en
discusión y posteriormente a esta moción vamos a leer la posposición.
Ofrezco
el uso de la palabra para discutir la moción R-6.
El
diputado Fishman Zonzinski. Cinco
minutos tiene el diputado Fishman para referirse a la moción.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
¿Podría
tener la gentileza, señor presidente, puede ir contando el tiempo… (fuera de
micrófono)…?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Tiene
la palabra el diputado Fishman Zonzinski.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias,
señor presidente.
Uno
de los problemas que tenemos con las mociones vía artículo 137, es que se establecen
mociones que después se altera la numeración y hay artículos que desaparecen,
este es uno de ellos, es decir, la moción está sobre un transitorio que ya no
existe.
Pero,
me va a permitir, señor presidente, en este tiempo y esa es la idea de las
mociones de reiteración, de ir creando conciencia de qué es lo que pretende en
el fondo este proyecto, porque aquí se han dicho muchas cosas y probablemente
se dirán más cosas.
¿Qué
es lo que hay de trasfondo?, ¿quiénes son los articuladores de este proyecto?,
¿qué es lo que persiguen en este proyecto?
En
alguna de las manifestaciones que se han dado el día de hoy, se hablaba casi de
la ignorancia que pueda tener quien les habla, de que no es cierto de que se
esté eliminando la posibilidad del control que debe existir sobre los bancos
que van a invertir en Costa Rica.
Quien
lee esto con cuidado, se da cuenta que lo que se está estableciendo es una
norma que habilita a la banca en general en recibir recursos, y eso es… tiene
que ver mucho con usted, diputado Góngora, como presidente de la Comisión de
Narcotráfico, que se pueden recibir recursos, cuando ahora están obligados a
estar registrados en el Banco Central, de instituciones que tengan dentro de su
jurisdicción un ente regulador y aquí no hace ninguna diferencia de que si es
con un banco o si no es con un banco, o si es deposi… nada, simplemente lo
pueden hacer.
¿Qué
significa eso, compañeros diputados?, ¿estamos dispuestos nosotros a eliminar
los controles que existen en la actualidad para que un banco registrado en
Islas Cook o en Jersey pueda hacer depósitos en Costa Rica?
Eso
es lo que dice la norma, eso es lo que dice y, por supuesto, que no lo vamos a
tolerar y, por supuesto, que no lo vamos a aceptar, aunque aquí se diga que no
entiendo; no, está clarísimo, los que no entienden son otros, los que no
entienden son otros de lo que está aquí planteándose.
Compañeros diputados, esta discusión
puede ser que sea la última discusión importante que tengamos en el Plenario.
Yo les pido seriedad, les pido que
antes de hablar puedan analizar lo que se ha planteado en el articulado, lo que
está en la ley —termino, señor presidente—, si realmente lo que se
está haciendo en esta ley es beneficiando a quienes queremos todos —y de eso no
tengo ninguna duda, los cincuenta y siete diputados— o aquí estamos potenciando
algunas otras cosas.
Gracias, señor presidente; gracias,
compañeros diputados.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Suficientemente discutida la moción.
Vamos a proceder con la votación.
Treinta y nueve diputadas y
diputados presentes.
Vamos a someter a votación.
Ruego a los señores ujieres cerrar
puertas.
Los diputados y diputadas que estén
a favor de la moción de reiteración R6 se servirán ponerse de pie o levantar su
mano en caso de impedimento. Treinta y
nueve diputadas y diputados presentes; treinta y nueve diputadas y diputados
presentes; seis han votado a favor, treinta y tres han votado en contra. La moción ha sido rechazada.
Vamos a decretar un receso de un
minuto.
Se han presentado dos mociones de
revisión sobre la moción R6, que serán conocidas en el momento procesal
oportuno.
Ha llegado una moción de posposición
de varios diputados, que le solicito a la señora secretaria darle lectura.
La segunda
secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
De varios
diputados:
Para que se pospongan todos los asuntos de la
agenda y se entre a conocer el Expediente Nº 18.945.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
En discusión la moción.
El diputado Hernández Rivera.
Diputado Manuel
Hernández Rivera:
Gracias, señor presidente.
No… para lo cual yo soy… estoy
firmando la moción junto con otros compañeros más de diferentes fracciones, es
para pedirles el apoyo para quemar un día al proyecto de 18.945, para la ruta
32 y, entonces, para pedirles el apoyo a todos los compañeros aquí, diputadas y
diputados, para quemar el día al proyecto.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Gracias, señor diputado.
El diputado Fishman Zonzinski.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Yo también soy cofirmante. Quiero llamar la atención, señor presidente,
de que en ese proyecto, que es tan importante, entre los acuerdos que se
lograron en una reunión en la Casa Presidencial, en la estuvo presente doña
Sianny Villalobos, doña Agnes, don Walter Céspedes, asesores del Ministerio de
Hacienda, asesores de la Casa Presidencial, se llegaron a algunos acuerdos.
Entre esos acuerdos, estaba la necesidad de pedir
una aclaración de parte de la contraparte china sobre el artículo siete punto
tres y el punto cinco punto… el punto cinco punto cinco, que tenían que ver con
la soberanía de los bienes que podían ser embargados, en caso de que hubiera
algún problema con el crédito; la otra era el hecho de que se establecía de que
en caso de que hubiera un cambio en la política china o en la legislación
china, quedaba Costa Rica responsable de pagar la totalidad de la deuda.
Eso se discutió, diputado Céspedes,
usted me puede corregir si no es exacto, y se pidió y se acordó que se iba a
pedir una aclaración.
Pero resulta que llega la
aclaración, señor presidente, y como este proyecto, yo creo, que hay que
aprobarlo, yo quisiera que usted revisara quién firma, quién es la persona, con
qué personería compromete el crédito, porque si uno se mete en Exim Bank,
China, y ve a todos los directores y a todos los ejecutivos y a todas las
personas importantes del Exim Bank, la que manda la carta, diay, no aparece en
ningún lado. Podría ser desde la portera del banco a una secretaria,
comprometiendo al banco, haciendo una aclaración sobre un tema que tiene
profundo interés para Costa Rica.
Yo llamo la atención de eso, señor
presidente, porque me parece que tiene que venir esa nota, y que tiene que el Poder
Ejecutivo de encargarse que quien mande esa nota sea una persona que tenga la
debida y adecuada representación para comprometer a la contraparte china en la
interpretación que se está dando.
En estos momentos, por más que
tratamos de entrar y entramos, y tenemos las fotos, los nombres de los
funcionarios de alto nivel del banco contraparte, la persona que firma y que se
compromete, no tenemos idea si puede comprometerse, no tenemos idea si puede
obligar y que si realmente lo que estábamos pretendiendo y lo que seguimos
pretendiendo, que es una interpretación adecuada del siete punto tres y así…
cinco punto cinco, sea suficiente con la carta de esa funcionaria del banco que
no tenemos idea si realmente compromete al banco.
Entonces, para ir ganando tiempo,
mientras se van revisando las mociones, es que le hago una instancia a este
Plenario, y a través suyo al Poder Ejecutivo, para que, realmente, determine si
es vinculante la nota que ha llegado de esta señorita o señora de parte de Exim
Bank.
Muchas gracias, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Suficientemente discutida la moción.
Vamos a someterla a votación.
Tenemos, en este momento, cuarenta y
tres diputadas y diputados presentes. Vamos a solicitarle al diputado o
diputada que se encuentra en la sala adjunta incorporarse para proceder con la
votación.
Cuarenta y tres diputadas y
diputados presentes; voy a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas.
Vamos a someter a votación la
moción.
Los diputados y diputadas que estén
a favor de la moción para que se pospongan todos los asuntos de la agenda y se
entre a conocer el expediente 18.945, se servirán ponerse de pie o levantar su
mano en caso de impedimento. Cuarenta y
tres diputados y diputadas presentes; cuarenta y uno han votado a favor, dos
han votado en contra. La moción ha sido
aprobada.
En consecuencia, pasamos a…, en conocimiento del
expediente que se encuentra en el lugar número 8, que es, precisamente, el
expediente 18.945, Aprobación del Financiamiento al Proyecto Rehabilitación y
Extensión de la ruta nacional número 32, sección Cruce Ruta 4-Limón.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el primer informe de mociones de fondo vía
artículo 137, y se han presentado nuevas mociones de fondo las cuales pasan a
la comisión dictaminadora.
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS
Primer Informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
MOCIONES APROBADAS
Moción
de orden Nº 1-64 de la diputada Villalobos Argüello:
“Para que se
dispensen de lectura las mociones de fondo presentadas vía artículo 137, y su
contenido conste en actas”
Moción N.º 2-64 (1-137) de varios diputados y diputadas:
Para que de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa
Rica se conozca la siguiente moción:
Para que según la
recomendación del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea
Legislativa, oficio CON-011-2014-J* del 10 de marzo del 2014, referido a lo
dispuesto en el artículo 185 de la Constitución Política y a la Ley de la
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 1
definiendo las competencias legales de la Tesorería Nacional se elimine el
artículo 3 del texto en estudio.
Moción N.º 3-64 (2-137) de varias y varios diputados:
Para que se modifique el
párrafo tercero del artículo 4 del proyecto en discusión y se lea de la
siguiente forma:
"ARTÍCULO 4.- Creación de la Unidad Ejecutora y su ámbito de
competencia.
[…]
La Unidad Ejecutora
estará integrada por un Gerente de proyecto, un ingeniero experto en
carreteras, un ingeniero experto en estructuras viales, un profesional para la
gestión administrativa-financiera, un profesional en Derecho, cuatro
profesionales de nivel de apoyo, dos secretarias y un operador de equipo móvil.
Corresponderá al CONAVI la determinación de los requisitos y las
responsabilidades a cumplir por cada una de las personas que deberán ocupar
dichos puestos. Todos los nombramientos serán efectuados por la Dirección
Ejecutiva del CONAVI mediante contratación concursada. Esa Dirección Ejecutiva no podrá contratar como Gerente del Proyecto a
ningún profesional que esté inhabilitado a contratar con la Administración por
actos en otros proyectos que tengan relación con la construcción de
infraestructura vial.
[…]”
Moción N.º 4-64 (3-137)
de varias y varios diputados:
Para que el artículo 7 del proyecto en discusión, se lea como sigue:
"ARTÍCULO 7.- Prohibición de participar en el proyecto.
Prohíbase a cualquier persona física o jurídica, funcionario público o
sujeto de derecho privado que hayan participado, en representación de los
intereses del Estado costarricense, en cualquier etapa del proceso de
negociación del presente Contrato de Préstamo y del proyecto de obra vial a
ejecutar con dichos recursos, a participar en forma remunerada en la empresa
contratista o sus subcontratistas.
Podrán participar los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus
cargos regulares y, sin que implique remuneraciones adicionales de las que
perciben en forma ordinaria, presten sus servicios por parte de la Administración
Pública. Para tales efectos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
(Ley N° 8422)."
Moción N.º
5-64 (4-137) de varios diputados y diputadas:
Para que se elimine el artículo 9 del proyecto en
cuestión, relativo al contratista.
Moción N.º 6 -64 (5-137) de varios diputados y
diputadas:
Para que se reforme el artículo 10 del proyecto en
cuestión y en adelante se lea:
"ARTÍCULO
10.- Constitución de la sociedad anónima nacional.
1.-
El Contratista designado para la
ejecución de la obra, según las condiciones dispuestas en los contratos de financiamiento, quedará obligado a crear o
utilizar una sociedad anónima domiciliada en la República de Costa Rica, cuyo
capital social le pertenecerá en un ciento por ciento (100%), con la cual el
Contratante suscribirá el contrato comercial. A partir de dicha suscripción se considerará que la
empresa nacional será el Contratista del proyecto; no obstante, ambas empresas contratistas serán responsables
solidariamente en el proyecto y ante el Contratante.
2.-
Esta
sociedad tendrá como objeto la ejecución del proyecto y le será aplicable el
ordenamiento jurídico costarricense."
Moción N.º
7-64 (6-137) del diputado
Céspedes Salazar y otros:
Para que elimine el segundo párrafo del artículo 11
del proyecto en discusión.
Moción N.º 8-64 ( 7-137) de varios diputados y diputadas:
Para que se reforme el artículo 12 del proyecto en
cuestión y en adelante se lea:
"ARTÍCULO
12.- De los desembolsos del Financiamiento.
Los desembolsos del financiamiento se van a realizar
mediante pagos directos al Contratista;
no obstante, en caso de que se dé algún desembolso al Gobierno, le aplica el principio de Caja Única del Estado.
Todos los desembolsos y aportes de recursos que
ingresen a las cuentas del Contratista
relacionados con el proyecto, se tomarán para efectos tributarios como desembolsos
realizados en Costa Rica y deberán ser declarados a la administración tributaria
costarricense."
Moción N.º 9-64 (8-137) de varios diputados y diputadas:
Para que de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica se conozca la siguiente moción:
Para que según lo
dispuesto en el artículo 177 de la Constitución de la República de Costa Rica y
el Artículo 45 de la Ley N°8131: "Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones
Presupuestarias", se elimine del proyecto de Ley en discusión el ARTICULO
13, que dice:
Incorporación de los recursos al presupuesto nacional.
Facúltese al Poder
Ejecutivo para que, vía decreto ejecutivo, incorpore a la Ley de presupuesto
ordinario y extraordinario de la República los recursos provenientes del
Convenio de Préstamo Concesional N°1420203052013111013 y el Contrato de Crédito
de Comprador de Exportación N° 1420202052013211015, ambos aprobados por medio
de la presente Ley.
Moción N.º
10-64 (9-137) del diputado Céspedes Salazar y otros:
Para que se elimine el artículo 14 del proyecto en
discusión, relativo a la "Suma
Alzada".
Moción N.º 1 de la
diputada Ruiz Delgado y el diputado Oviedo Guzmán:
Para que de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de
Costa Rica se conozca la siguiente moción:
Para que según lo que se
indica en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y lo resuelto por la
Sala Constitucional en referencia a la aplicación del Artículo 182.- de la
Constitución Política de Costa Rica, se modifique el párrafo 5, del ARTICULO
4.- del proyecto de ley en discusión, para que en adelante se lea:
(…)
En caso de que el CONAVI
deba gestionar la contratación de servicios adicionales para la Unidad
Ejecutora del proyecto, dichas contrataciones deberán cumplir con los procedimientos dispuestos en la Ley de
Contratación Administrativa (Ley N° 7494) y su Reglamento. No obstante, se
realizarán de conformidad con los principios constitucionales, el régimen de
prohibiciones de la contratación administrativa dispuesto en la citada Ley de
Contratación Administrativa y sus reformas, así como en la Ley contra la Corrupción
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422, y sus reformas.
Moción N.º 2 de la
diputada Villalobos Argüello :
Para que se elimine el
artículo 20 del proyecto de ley, referente a Contratación de personas y
empresas nacionales.
Moción N.º 3 del
diputado Oviedo Guzmán:
Para que el primer párrafo del artículo 11, se lea de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 11.- Eficacia del Contrato Comercial
El contrato comercial a
suscribir con el Contratista, con ocasión del proyecto aquí aprobado, será
eficaz una vez emitido el respectivo refrendo por la Contraloría General de la
República y sujeto a la aprobación del financiamiento para el Proyecto. A
partir de la eficacia de dicho contrato, el Contratante estará facultado para
emitir la orden de inicio para el proyecto. Si en el plazo máximo de seis
meses, contado desde la publicación de la presente Ley, no se logra la
suscripción de dicho contrato comercial con la empresa nacional y en absoluto
apego a esta Ley, las partes podrán dar por concluida la negociación sin
reclamo alguno para la contraparte y sin que se requiera la aceptación de esa
contraparte.
Moción N.º 4 del
diputado Oviedo Guzmán:
Para que se elimine el párrafo final del artículo 5.- que indica:
"El contrato comercial que se suscriba con el Gestor del Proyecto será
válido y eficaz una vez que sea refrendado por la Contraloría General de la
República."
Moción N.º 5 de la
diputada Villalobos Argüello:
Para que se agregue un
nuevo artículo, como clausula interpretativa, al proyecto de ley. El texto
dirá:
"Artículo .-
Clausula interpretativa.
El Gobierno de la
República de Costa Rica interpreta que en caso de producirse un evento de
incumplimiento señalado en los artículos 7.3 de los convenios financieros, el
prestatario está obligado a pagar únicamente la totalidad del monto
desembolsado por el prestamista hasta el momento de la recisión contractual.”
Diputadas y diputados, al…, por el
orden, el diputado…antes de levantar la sesión el diputado Oviedo Guzmán.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Gracias, muy amable, señor
presidente,
Es estrictamente por el orden,
presidente.
Es que yo necesito que usted me
aclare algo, anteriormente se presentó una moción de reiteración que el mismo
proponente reconoce que ya no aplica, que ya no corresponde con el texto,
entonces…
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Vamos a levantar la sesión al ser
las dieciocho horas y un minuto.
Luis
Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel Contreras Annie Alicia Saborío Mora
Primer secretario Segunda
secretaria