ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA ACTA
AÚN NO HA SIDO APROBADA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO)
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA N.º 1
(Viernes 13 de setiembre de 2013)
CUARTA
LEGISLATURA
(Del 1º de
mayo 2013 al 30 de abril 2014)
SEGUNDOPERÍODO
DE SESIONES ORDINARIAS
(Del 1º de
setiembre al 30 de noviembre de 2013)
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ÁREA DE
ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
Acta de la sesión plenaria extraordinaria N.º 1
Miércoles 13
de setiembre de 2013
Segundo período de sesiones ordinarias
Cuarta
legislatura
Directorio
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel
Contreras Annie
Alicia Saborío Mora
Primer secretario Segunda
secretaria
Diputados presentes
|
Acevedo Hurtado, Juan Bosco |
Hernández Rivera, Manuel |
|
Acuña Castro, Yolanda |
Mendoza García, Juan Carlos |
|
Aiza Campos, Luis Antonio |
Mendoza Jiménez, Luis Fernando |
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Alfaro Murillo, Marielos |
Molina Rojas, Fabio |
|
Alfaro Zamora, Óscar Gerardo |
Monestel
Contreras, Martín Alcides |
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Angulo Mora, Jorge Alberto |
Muñoz Quesada, Carmen María |
|
Araya Pineda, Edgardo |
Ocampo Baltodano, Christia María |
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Arias Navarro, Gustavo |
Orozco Álvarez, Justo |
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Avendaño Calvo, Carlos Luis |
Oviedo Guzmán, Néstor Manrique |
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Bejarano Almada, Gloria |
Pérez Gómez, Alfonso |
|
Brenes Jiménez, Ileana |
Pinto Rawson, Rodrigo |
|
Calderón
Castro, Antonio |
Porras Contreras, José Joaquín |
|
Chavarría Ruiz, Ernesto Enrique |
Porras Zúñiga, Pilar |
|
Céspedes Salazar, Wálter |
Quintana Porras, Damaris |
|
Cubero Corrales, Víctor Danilo |
Rodríguez Quesada, José Roberto |
|
Delgado
Ramírez, Carolina |
Rojas Valerio, Luis Alberto |
|
Enríquez Guevara, Adonay |
Rojas
Segura, Jorge Arturo |
|
Espinoza Espinoza,
Xinia María |
Ruiz Delgado, María Jeannette |
|
Fishman Zonzinski, Luis |
Saborío Mora, Annie Alicia |
|
Fonseca Solano, María Julia |
Sotomayor Aguilar, Rodolfo |
|
Gamboa Corrales, Jorge Alberto |
Venegas Renauld, María Eugenia |
|
Gómez Franceschi, Agnes |
Venegas Villalobos, Elibeth |
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Góngora
Fuentes Carlos Humberto |
Villalobos Argüello, Elvia Dicciana |
|
Granados Calvo, Víctor Emilio |
Villalta Flórez-Estrada, José María |
|
Hernández Cerdas, Víctor |
Villanueva Monge, Luis Gerardo |
ÍNDICE
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Discusión y aprobación del
acta N.º 65
Suspensión de derechos y garantías
Asuntos del régimen interno de
la Asamblea Legislativa
Diputado
Gustavo Arias Navarro:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Gustavo Arias Navarro:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputada Yolanda Acuña
Castro:
El
presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Víctor Hernández Cerdas:
El
presidente ad hoc Martín Monestel Contreras:
Diputado Víctor Hernández Cerdas:
El
presidente ad hoc Martín Monestel Contreras:
Diputado Víctor Hernández Cerdas:
El
presidente ad hoc Martín Monestel Contreras:
Diputado Jorge Alberto Gamboa Corrales:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
El
vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo:
Diputada
Carmen María Muñoz Quesada:
El vicepresidente
Carlos Luis Avendaño Calvo:
Diputada Carmen
María Muñoz Quesada:
El vicepresidente
Carlos Luis Avendaño Calvo:
Diputada Carmen
María Muñoz Quesada:
El vicepresidente
Carlos Luis Avendaño Calvo:
Diputado Juan
Carlos Mendoza García:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Walter Céspedes Salazar:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Walter Céspedes Salazar:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Walter Céspedes Salazar:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Walter Céspedes Salazar:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada
Marielos Alfaro Murillo:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada
Marielos Alfaro Murillo:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado José Roberto Rodríguez Quesada:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado Víctor Emilio Granados Calvo:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado Víctor Emilio Granados Calvo:
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Diputado Carlos Humberto
Góngora Fuentes:
El
presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Justo Orozco Álvarez:
El
presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Carlos Luis Avendaño Calvo:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Diputado
José Joaquín Porras Contreras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
La segunda
secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Buenas días, señoras y señores.
Al ser las ocho y
cincuenta y siete minutos, con cuarenta y cuatro diputadas y diputados
presentes en el salón de sesiones, damos inicio a la sesión extraordinaria
número 001 de hoy 13 de setiembre del año 2013.
Discusión y aprobación del acta N.º 65
En discusión y
aprobación el acta ordinaria número 65.
No hay solicitudes para
hacer uso de la palabra por el acta; por lo tanto, la damos por discutida y
aprobada.
Suspensión
de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de
la Asamblea Legislativa
No hay.
Discusión de proyectos de
ley
Segundos debates
Señoras y señores diputados, quiero
informar que este análisis y discusión del expediente 18.830, que es el único
que se encuentra en el orden del día, se vio por aprobación de una moción en la
que se autoriza al Plenario legislativo a sesionar extraordinariamente el día
viernes 13 de setiembre para conocer el expediente 18.830, que es el
presupuesto ordinario-extraordinario de la República.
Indica la moción que la sesión
iniciará a las 8:45 y se tendrá por discutido el expediente 18.830 si a la 1:15
no se ha agotado la discusión, y se procederá de inmediato a su votación.
Expediente N.º 18.830,
Modificación a la Ley Nº 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de
la República para el Ejercicio Económico 2013 y Primer Presupuesto
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2013
Segundos debates. Expediente N.º 18.830, Modificación a
la Ley N.º 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República
para el Ejercicio Económico 2013 y Primer Presupuesto Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico del 2013.
Se
inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de segundo debate.
De
acuerdo con —valga la reiteración— por
un acuerdo de jefes y jefas de fracción, se estableció un debate reglado y va a
iniciar la fracción del Partido Acción Ciudadana que tiene hasta una hora y
treinta minutos.
Inicia
la participación el diputado Gustavo Arias.
Hasta
por veinte minutos, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Arias Navarro.
Diputado Gustavo Arias Navarro:
Sí, gracias señor presidente, y buenos días a las
compañeras diputados y a los compañeros; a todos los que nos siguen a través de
los medios de comunicación.
Bueno,
muy pocas veces sesionamos a esta hora y sería interesante, ¿verdad?, en lo
futuro analizar cuál sería lo más conveniente, si venir en las mañanas o como
se hace normalmente, a la tres.
Hoy
necesitamos dar un segundo debate sobre un presupuesto extraordinario y
queremos hacer algunas observaciones a este presupuesto de parte, por lo menos,
de nuestra compañera Jeannette Ruiz y este servidor que hemos estado en la
Comisión de Hacendarios, y a nombre de la fracción del Partido Acción
Ciudadana.
El
presupuesto extraordinario 2013 es un presupuesto amañado y ajustado a
intereses políticos, y lo vamos a demostrar por qué.
A
lo largo de estos años, hemos venido denunciando prácticas clientelares que
inciden en una mala distribución de los recursos públicos, pero en este
presupuesto extraordinario recurren a viejas mañas para asignar partidas
específicas sin criterios de prioridad.
Muy
astutamente en un solo presupuesto incorporan recursos urgentes y vitales para
el país, como es el fideicomiso cafetalero, que van en beneficio de miles de
pequeños productores, junto con dineros asignados por razones políticas. Saben
que en el PAC no les vamos a dar la espalda al sector agroproductivo y, por
eso, aprovechan para hacer sus jugadas clientelares.
Veamos
algunos casos: cambian el destino de dineros municipales; asignan partidas
específicas y se reparten entre cincuenta y un municipalidades más de tres mil
seiscientos millones dejando por fuera casi a la mitad de los municipios, es
decir, treinta municipios; presupuestan dineros para el cierre del CNP por
siete mil trece millones, aunque a última hora le recortan doscientos
veintiséis millones para pagar unas deudas; se presupuesta el pago de deudas
que nadie autorizó a suscribir para salvar a algunos políticos relacionados con
los Juegos Centroamericanos del 2013.
Pero,
además, aprovechan para aumentar la deuda pública por medio de la admisión de
títulos valores, aumentando la deuda en nada más y nada menos de sesenta y
cuatro mil setecientos cincuenta y siete millones.
Imagínense
que la Torre Médica de Pérez Zeledón tiene más de veinte años de tratar de
hacerla y cuesta seis mil quinientos. Hubiéramos hecho unas diez, por lo menos,
en todo el país con este endeudamiento.
Y
se le otorgan al Conavi veintiocho mil millones más, a pesar de que solo ha
ejecutado a junio de este año el doce por ciento del presupuesto, que por lo
que explica el ministro, serán para pagar adendas a contratos ya existentes.
Compañeras
y compañeros diputados, debo decir en este Plenario que me ha impactado
profundamente la pérdida de capacidad de asombro y de capacidad con que algunos
compañeros se doblegan ante las lealtades ilegítimas y se rehúsan a corregir
estas malas prácticas que van en contra del buen uso de los recursos públicos y
en el cumplimiento de las verdaderas necesidades que tiene el país.
Pasaremos
algunos datos sobre el análisis macroeconómico del proyecto presupuestario
extraordinario 2013 para que dimensionemos la gravedad de no aprovechar
correctamente los recursos.
Hay
un deterioro de las finanzas públicas que está generando cada vez más
incertidumbre en la estabilidad macroeconómica general; consecuencia de esto es
que hay una mayor proporción del gasto del Gobierno que se destina al pago de
intereses de la deuda, con las consecuencias de rebajas en los reglones
sustantivos del presupuesto.
Tal
y como lo señaló el Banco Central en la revisión del programa macroeconómico al
20 de julio de este año, se estima que esos niveles de deuda con proporción al
PIB sería de casi un treinta y siete por ciento para el año 2013, y llegaría a
un cuarenta por ciento en el año 2014.
En
relación con las finanzas del Gobierno central se estima que para el 2013 el
déficit va a ser de un cinco punto cero del PIB, y ya para el 2014 será de
cinco punto ocho por ciento. Entonces, por cada punto porcentual que suba las
tasas de interés el Gobierno afrontará en el mediano plazo una erogación de más
de cien mil millones de colones, los cuales deben ser recortados de los gastos
sustantivos, mediante una contratación de deuda pública.
Imagínense,
un punto que suba la deuda… eh, en los intereses, vamos a pagar cien mil
millones, y eso implicará más que este presupuesto que estamos aprobando el día
de hoy.
Es
por eso que nosotros hemos sido insistentes en señalar que es inconstitucional
y contraproducente para el país que se siga financiando gasto corriente con
deuda, y peor aún, cuando estos gastos responden, en su mayoría, a intenciones
electorales, tal y como sucede en este presupuesto extraordinario.
Igualmente,
vemos con profunda preocupación que se sigan incrementando los gastos públicos
sin un plan para eliminar los desperdicios de los recursos que ocasionan las
duplicidades en la función pública, así como consienten que se sigan aplicando
políticas, que más bien parecen ocurrencias por la falta de planificación,
claridad y coherencia como hacen.
Analicemos
con mayor profundidad algunos de los casos advertidos.
Reorganización
del CNP. Se asignan un presupuesto de cinco mil doscientos setenta y siete
millones para un proceso de reorganización y pago de prestaciones, mientras se
establecen mil quinientos diez millones para gastos operativos; sin embargo, la
reestructuración que plantean los jerarcas no solo tardía y extemporánea porque
la Administración termina, sino porque siguen apostando a una reforma basada en
números financieros sin prever una política pública real de apoyo al pequeño
productor agrícola que se ha visto afectado por las injustas cadenas de
comercialización que se dejan las ganancias adicionalmente.
Tal y como quedó demostrado en las audiencias, la
estructuración no ha sido socializada ni consultada a los actores relevantes,
así lo atestiguan las comparecencias del Colegio de Agrónomos y la Cámara
Nacional de Agricultura y Agroindustria.
Pero además, hay otros problemas como son los dineros de
los pequeños productores que venden sus cosechas al Programa de Abastecimiento
Institucional, han sido utilizados para financiar el déficit del CNP,
atrasándole el pago a las facturas hasta ocho meses.
Ayer
me llamaban algunos de los empresarios que, definitivamente, ya no pueden
seguir dando este servicios porque están prácticamente quebrados, porque les
deben en muchos casos más de ocho meses, lo que prácticamente los tiene en una
crisis financiera y para esto no hay recursos, mientras que para… mientras que
la deficiente administración de la Fábrica Nacional de Licores, Fanal, la ha
llevado a una situación crítica.
Es por eso que hemos planteado que el CNP debe
visualizarse desde la perspectiva de una institución que sirva para hacer
justicia con las ganancias de la comercialización de bienes agropecuarios y de
reducir la cadena de comercialización entre el productor y las compras del
Estado.
Además, desde nuestra perspectiva, hay que dotar de
recursos al PAI para que se ponga al día con las deudas de los pequeños
productores, y que en vez de una trampa se convierta en una acción
verdaderamente real de ayuda que haga justicia en la comercialización.
Por eso, más bien mocionamos para que se le destinaran
siete mil trece millones a reforzar el programa, mientras se implementa la ruta
de transformación del CNP.
Debemos de decir que nos llevamos sorpresas cuando a
última hora el PLN y sus prosélitos aprueban una moción para restarle recursos
a la reestructuración del CNP, y para con ello pagar deudas contraídas por el
comité organizador de los Décimos Juegos Deportivos Centroamericanos San José
2013.
En averiguaciones posteriores, ya que no teníamos tiempo
en ese momento, fue de sorpresa, la Municipalidad de San José y el mismo comité
organizador de los juegos encontramos que la Contraloría General de la República,
en el oficio 8596, del 20 de agosto del 2013, había improbado el presupuesto
extraordinario del comité organizador de los Juegos Centroamericanos San José
2013, por haberse extralimitado en gastos no autorizados y contrayendo deudas
para gastos no acreditados y que al respecto había dado respuesta al señor
presidente del comité, el señor Johnny Araya Monge, excalde
de San José.
Señala la Contraloría General de la República que las
asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de
detalle aprobado, constituyen el límite máximo de autorización para gastar; no
pueden adquirirse compromisos para los cuales no existen saldos presupuestarios
disponibles.
El abuso con la chequera el Estado se pretende subsanar
con los recursos que pertenecen a todos los costarricenses, y se pretende
disimular un delito penal grave. No
aceptamos que los abusos de los gobernantes los paguen todos los
costarricenses.
Con
esa moción, se pretende disimular los malos manejos de las finanzas públicas. Estamos
pidiendo un pronunciamiento de la Contraloría y la Procuraduría al respecto,
pues de crearse jurisprudencia de esta manera se estaría abriendo un portillo
para que los burócratas y políticos justifiquen excesos de recursos de manera
posterior a los hechos y se genere impunidad.
Como
punto dos, dentro de este presupuesto vienen recursos para el Conavi. Vemos
importantes contradicciones con los recursos que se buscan asignar, ya que
según lo señala el señor ministro, son proyectos de estrategia de Conavi, que
están dentro de programa de corto y mediano plazo, y es infraestructura vial
para el país, particularmente terrestre, vías de comunicación terrestres,
carreteras y caminos.
Como
lo mencionaba, son contrataciones en marcha que tienen la particularidad que se
puede incorporar mayoritariamente recursos; sin embargo, llama la atención que
sean proyectos en ejecución a los que se les agregan los recursos solicitados
por el Conavi, toda vez que se ha hecho costumbre de la Administración Pública
adjudicar obras a las empresas que cobran más barato, pero una vez adjudicadas
las obras se inician en un proceso de adendas que elevan los costos hasta tres
veces del monto inicial.
En
vez de darle dinero al Conavi, lo adecuado sería reforzar los recursos municipales
a las cuales se les están incumpliendo la asignación presupuestaria que señala
la legislación y de todos es sabido que son escuálidos los recursos de estas,
no son compatibles con las múltiples obligaciones asignadas.
Mucho
habla de este Gobierno de centralización, pero ¿practica la despolitización
centralizada?
Los
recursos destinados a las municipalidades en este presupuesto se dieron por la
vía del Ministerio de Gobernación Pública, por un monto de cuatro mil
doscientos millones; sin embargo, necesario señalar que el método seguido para
la asignación de tales recursos es espurio, en todos sus alcances, ya que el
órgano al que se le encomendó la asignación de los recursos fue a la Unión de
Gobiernos Locales, la cual no cuenta con los atributos legales para hacer tal
asignación.
Además,
el procedimiento de asignación es todo viciado de falencias y dejó sin recursos
a treinta municipalidades del país. En unos casos los recursos se asignaron con
criterio del alcalde, dejando por fuera el concejo municipal, a pesar de que
este órgano es el que tiene la competencia para decidir las prioridades del
cantón.
En
otros se ve la mano del diputado, en otras ocurrencias impensadas de algunos
políticos hasta para reparar canchas de tenis hay dinero, pero no hay para
acueductos rurales.
Esta
es la razón por la que insistimos en que tales recursos que se incluyan en los
presupuestos, pero que la reasignación se haga con apego a lo que establece la
Ley 7755, Ley de Control de Partidas Específicas con cargo al Presupuesto
Nacional, como parámetros de justicia.
Como
punto tres: Recursos para el Ministerio de Salud. Otra modificación
presupuestaria que se incluye en este extraordinario es la creación de
doscientas cuarenta plazas. No obstante,
siendo la ministra del ramo rectora del sector salud puede promover una
movilidad horizontal para aprovechar el exceso de plazas, e incluso,
innecesarias que se crearon en la Caja Costarricense de Seguro Social durante
el gobierno anterior, tal y como lo han señalado los informes de la Contraloría
General de la República el informe de notables y la comisión ad hoc de la
Asamblea Legislativa.
Con
el presupuesto es una autorización máxima, hacemos la petición a la rectoría
del sector para que se abra una movilidad horizontal para que los empleados de
la Caja y utilizar esa fuerza laboral sin crear más burocracia para el Estado
costarricense.
Recursos para el Ministerio de Trabajo. Finalmente, otra modificación que se
incorpora es atendiendo la solicitud del Ministerio de Trabajo para asignarle
novecientos veinticuatro millones al Programa Pronaes, que es el auxilio
temporal de desempleo. En este tema
insistimos en hacer un llamado para que los recursos se utilicen de una forma
correcta sin caer en el clientelismo ni abusos, porque sabemos que existen
muchas familias que enfrentan serias dificultades por falta de empleo.
Señoras y señores diputados, como pueden escuchar, los
problemas de este presupuesto no son menores, no es posible que se aprovechen
de temas verdaderamente críticos como la situación de los cafetaleros, de las
personas que requieren un auxilio temporal de desempleo para meter asuntos que
a todas luces dejan ver el clientelismo y una asignación de recursos basados en
el criterio político de diputados o alcaldes.
¿Qué pasa con las verdaderas prioridades de los cantones
y del país en general?, ¿por qué no aplicamos la ley y seguimos el mandato que
nos dan las partidas especificas?, ¿por qué hay tanto disimulo y complacencia?,
¿por qué se han negado a corregir un presupuesto que fácilmente podíamos
encontrar grandes acuerdos?
Este proyecto es un adefesio. Estamos conscientes de eso
y así lo hemos denunciado. En él se trata de encubrir y subsanar
responsabilidades de políticos que abusan en gastar más de los legalmente
autorizados y ahora se pretende que el Estado se haga cargo de las deudas que
ellos crearon.
Este Parlamento tiene la potestad, el deber de actuar con
decoro y corregir los excesos. Nosotros no podemos cerrar los ojos ante estos
hechos inadmisibles y avalarlos con nuestro voto.
Hemos tenido toda la apertura para dialogar y hemos
propuesto las mociones necesarias para corregirlos, pero el Gobierno se aferra
al chantaje politiquero de que si no les aprobamos la marulla, tampoco
aprobamos los recursos urgentes que necesitan los agricultores y las
municipalidades.
Pero debo decir que no nos conformaremos. Haremos las
acciones pertinentes para que la Procuraduría y la Contraloría y la Sala
Constitucional se pronuncien sobre las anomalías aquí presentes.
Quería dejar estas reflexiones, señor presidente. ¿Cuánto
tiempo me queda?
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Le restan tres minutos
con quince segundos.
Diputado Gustavo Arias Navarro:
Sí, voy a reservarme
esos tres minutos para más adelante. Gracias, señor presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Con mucho gusto.
Continuamos en el uso
de la palabra la diputada Acuña Castro hasta por quince minutos, compañera
diputada.
Diputada Yolanda Acuña Castro:
Gracias, señor
presidente, compañeros diputados, ciudadanos que quizás hoy no nos están viendo
porque no saben que estamos en horario matutino, pero, bueno.
Yo hoy quisiera en
estos quince minutos reiterar lo que he venido diciendo desde que llegué acá
como diputada.
Yo creo que los
costarricenses todos, y nosotros como representantes, merecemos que los
presupuestos, sean ordinarios o extraordinarios, no solo sean instrumentos
transparentes donde todos tengamos claridad a dónde se están invirtiendo los
impuestos de todos nosotros, sino que tenemos efectivamente que hacer lo propio
para enderezar este barco.
¿Por qué?, porque aquí
hay una cultura política. Los bienes del Estado los fondos públicos son bienes
de difunto, a nadie le interesa a dónde se gastan, ni cómo se gastan, ni se
fiscalizan esos recursos.
Yo hoy voy a
concentrarme únicamente en señalar que en este presupuesto extraordinario se
está haciendo un trato desigual para todas las municipalidades de este país.
Hablamos de fortalecer
la gestión municipal; hablamos de la descentralización, el doble discurso que
este Gobierno ha tenido inclusive con un ministro, con un Ministerio de
Descentralización, pero a la verdad cuando uno ve los hechos no tiene ningún
interés de que las municipalidades reciban los recursos.
Hoy en este presupuesto
se están aprobando cuatro mil seiscientos millones únicamente para sesenta y
seis, no municipalidades entre municipalidades, federaciones y la propia Unión
de Gobiernos Locales.
Están dejando por fuera
a veintitrés municipalidades de las más pobres, de las que tienen el índice de
desarrollo humano más bajo. ¿A quién le importa?, a nadie. ¿Por qué?, porque
quizás ahí no va un diputado que hiciera promesas, quizás ahí no hubo un
diputado que se interesara por que esa municipalidad cubriera las necesidades
reales, no. Este presupuesto es electorero, este presupuesto es clientelista y
así lo vimos en el 2009 y en el 2010.
Veinte mil millones se
incluyeron vía decreto ejecutivo, pero hoy como la Sala Constitucional señaló
que es un mecanismo ilegal, un mecanismo inconstitucional, buscan la forma de
incluirlos en un presupuesto extraordinario y hoy las municipalidades tienen
que darse cuenta.
Muchos alcaldes, muchos
regidores, muchos síndicos no saben la plata que se les está llevando, porque
hoy lo aseguro: son los diputados, muchos de ellos oficialistas, los que tienen
esas promesas. ¿Para qué?, para que voten dentro de cuatro meses o cinco meses
por su candidato y así lo han hecho a lo largo de la historia de este país. Así
es como logran los votos, compran conciencias.
Yo he venido en esa
lucha y hoy me siento totalmente decepcionada. Como lo decía don Gustavo Arias,
aquí no hay ningún interés de sanear las finanzas públicas, ninguno, pero nos
piden cada día más impuestos, más proyectos para impuestos.
Yo lo adelanté en
Hacendarios y lo digo hoy aquí: esta diputada no va a aprobar un proyecto más
que sea para impuestos de los costarricenses, mientras veamos estas
barbaridades en el presupuesto.
Hoy le digo yo a esas
municipalidades que están por fuera: ustedes hoy tienen la posibilidad de
accionar, tienen que ir a la Sala, no pueden ser tratados de manera desigual
cuando son iguales. La Constitución Política claramente señala el principio de
igualdad ante la ley.
Estos regidores tienen
también que saber que no les correspondió ni una peseta y voy a hacer la lista
porque sé que muchos no saben cuánto es la plata que va para cada una de ellas.
En San José, cantón
Central de San José, no es afiliado a la Unión de Gobiernos Locales; le tocó
cero recursos.
Escazú no es afiliado a
la Unión de Gobiernos Locales; le tocó cero recursos.
Desamparados, le tocó
ciento un mil millones trescientos setenta y ocho seiscientos cuarenta y
cuatro.
Puriscal, un cantón que
tiene una serie de necesidades; cero recursos.
Tarrazú, una de las
municipalidades más pobres en una zona próspera donde usted ve ahí la gente con
la producción del café que tenemos reconocimiento a nivel mundial; cincuenta
millones.
Aserrí, cero. Será
porque hay un alcalde PAC en Aserrí muy bueno que está haciendo la tarea, uno
de los mejores; cero recursos. Lo premian por hacer las cosas bien, pero además
es del PAC.
Mora, treinta millones; Goicoechea,
sesenta y cuatro millones; Santa Ana, no es afiliado a la unión, cero recursos;
Alajuelita, treinta millones. Alajuelita, un cantón con una densa población,
treinta millones; Coronado…
Bueno, es de la Unidad.
Coronado, ciento cincuenta millones;
Acosta, Acosta, uno de los cantones también prósperos, que realmente tiene una
gran necesidad de muy bajo índice; cero recursos.
Tibás, cincuenta millones; Moravia, cincuenta
millones; Montes de Oca, cien millones. Ahí está la piscina que ofreció Coco,
el diputado, y no lo digo yo, lo dicen las actas de Montes de Oca. A Coco
seguro cuando le hagan la piscina municipal le ponen una placa. Ahí va a estar
Coco con la placa de los cien millones de la piscina.
Turrubares, cero. Dota, Dota, un
cantón tan lindo y próspero, cincuenta millones; Curridabat, un alcalde que no
es… es de un partido local, cero.
Pérez Zeledón, Pérez Zeledón, un cantón tan lindo,
próspero, pero, claro, ahí está doña Vera, cero recursos, y es de Liberación,
doña Vera; León Cortés, otro cantón lindo y próspero, cincuenta millones.
En total, San José tiene setecientos
veintisiete, ciento cuarenta y un millones.
Vamos con Alajuela, ¿a ver qué pasa
con Alajuela?
Central, cincuenta millones; San Ramón, sesenta y
cuatro millones; Grecia, —doña Julia, feliz, doña Julia— ciento treinta
millones y además viene en una moción adicional de cien millones y resto otros
proyectitos para Grecia. Buen trabajo, doña Julia.
San Mateo, veinticuatro millones; Atenas, veinte
millones; Naranjo, bueno, esta alcaldesa más bien nos sacó mucho, cincuenta
millones; Palmares, cuarenta; Poás, veinticinco; Orotina, veinte; San Carlos,
ciento cuarenta y dos millones, siendo una de las municipalidades con más
recursos. Tienen muchos recursos, ciento cuarenta y dos millones. ¿Será que
apoyó algo por allá, por San Carlos, el alcalde, con Infinito?, no sé, puede
ser que le estén pagando una factura.
Alfaro Ruiz, veintidós; Valverde Vega, ciento
ochenta millones; Upala —Acevedo—, Upala, ¿pero qué dice el alcalde de Upala
que es del PLN? No sabe, no saben dónde van doscientos veinte millones. Me
alegro, me alegro que vayan para Upala, pero que lo maneje el concejo
municipal, don Acevedo, que lo manejen los regidores. Don Álvaro, de Upala, no sabía que van
doscientos veinte millones, ¿cómo usted puede justificar eso? Tiene que saber
que van a las prioridades de la municipalidad, no de los diputados que andan
repartiendo.
Los Chiles, cuarenta y seis millones; y Guatuso, un
cantón muy pobre, con un alcalde PAC, uno de los cantones más beneficiados,
ciento ochenta y tres millones, porque se les está cayendo el local municipal.
Usted lo conoce, señor Acevedo.
Bienvenido que puedan levantar la infraestructura y dignamente puedan
atender a todos los vecinos de Guatuso.
Para Alajuela un millón doscientos dieciocho punto
quinientos millones.
Cartago.
Cartago el cantón Central, sesenta; Paraíso, treinta y cinco; La Unión,
qué interesante, La Unión, ciento quince millones; Jiménez, treinta y cinco;
Turrialba, ¿tendrá alguna coincidencia?, ciento cuarenta y un millones;
Alvarado, cincuenta; Oreamuno, diez millones. Imagínense Oreamuno, que no tiene
ni cañería, están con el agua potable ahí, el intendente hace de fontanero,
diez milloncillos; y El Guarco, sesenta; para un total de quinientos seis.
Heredia, cantón Central, cero, porque no está
afiliada, ahí le mandaron el látigo; Barva, noventa; Santo Domingo, sesenta y
cinco; Santa Bárbara, treinta; San Rafael, sesenta; San Isidro, ochenta y
cinco, Belén, veinte; y Flores, veinte.
San Pablo, de la Unidad Social Cristiana, doña Aracely, todavía yo creo que está muy triste, mandó una
nota donde dice que cómo fue que ella ni siquiera fue notificada. Le
notificaron al presidente municipal que es de Liberación y se robó el mandado,
se lo llevó para la Federación de Heredia, ni lo notificó en la Municipalidad
de San Pablo y todavía doña Aracely anda detrás de la
plata; cero.
Y Sarapiquí, ahí hay un candidato del PLN, me
imagino que quiere tercer lugar por Heredia, ciento cuarenta millones.
Guanacaste, una de las provincias con más
necesidad. Ahí está María Ocampo que siempre ha salido a la defensa de los
guanacastecos. ¿Qué tenemos?
Liberia, sesenta millones; Nicoya, ciento noventa y
tres millones; por lo menos esos ciento noventa y tres millones llegarán a las
prioridades del concejo municipal. ¿Pero qué me dice la presidenta municipal,
Ana Lissette?, ni el alcalde de Nicoya ni idea tienen de cuáles serían los
recursos y adónde se van a invertir, ciento noventa y tres. Ya sabemos que hay
cien millones para tres canchas que no sabemos ni adónde están ubicadas, si en
Samara, Nicoya, Garza, ¿dónde?; cien millones.
Imagínense eso en manos de un concejo municipal priorizando.
Cañas, cero. ¿Por qué Cañas?, ¿será que Cañas hay
alcalde de PAC?, claro, don Lizanías, un alcalde muy
bueno, cero. ¿Pero qué me dice don Lizanías?: ¿de qué me habla doña Yolanda?
El
presidente, diputado Luis Fernando Mendoza, no has dicho que es que doña
Yolanda Acuña no permite que venga ni una peseta para Cañas, así me lo dice el
alcalde, ahora soy yo. El alcalde ni una
peseta en Cañas.
Abangares,
setenta y tres millones; Tilarán, del PUSC, cero.
Don
Jovel, de Tilarán: ¿cómo doña Yolanda?, aquí hay una
estadística, los alcaldes del PUSC, cero, casi que no le dieron ni a uno.
Nandayure,
veintinueve millones; La Cruz, veinte; y Hojancha, ochenta, Hojancha es un
alcalde PAC, me alegro; Pineda es uno de los mejores alcaldes; feliz.
Bueno,
pero ahí también había una persona influyente que hoy va de candidato a
diputado por primer lugar, que era exministro en el IFAM; bueno, pero que
dicha, Hojancha tiene plata.
Limón,
una de las provincias más necesitadas, Central, cero, no es afiliado; Pococí,
cincuenta; Siquirres, ochenta; Talamanca, ciento diecisiete millones; Matina,
treinta y tres; y Guácimo, Guácimo, cincuenta millones; para un total de
trescientos treinta.
Yo
quisiera aquí señalar también Puntarenas.
Puntarenas es una de las provincias que, bueno, aquí lo hemos señalado,
no tiene empleo, está en una situación muy, muy crítica. En Puntarenas sí me preocupa, porque en
otros, por lo menos se distribuyó más equitativamente, un poquito, y algunos se
les dio; pero, vean, en Puntarenas se concentró solo en tres cantones: la
Central, cantón Central.
¿Quién
habrá influyente aquí en esta Asamblea en Puntarenas? Debe haber alguien,
ciento ochenta y cinco millones; y Buenos Aires, cero; Montes de Oro, cero;
Osa, cero; Aguirre, cero; Golfito, cero; Parrita, cero; Corredores, cero; y
Garabito, cero.
O sea, que el que reparte coge la mejor parte y
aquí se llevaron todo para Puntarenas centro. Pero usted va a creer que
Corredores, que tiene un índice de desarrollo de los más bajos; cero.
Entonces, yo creo que si yo
estuviera como diputada oficialista, pudiera ir ahí donde dan la piñata, yo
pienso en esos cantones, no pienso en mi cantón Central.
Y yo repartiría —y te digo si ese es
el mecanismo, que creo que ese es el mecanismo—, le doy a toda la provincia que
me hizo y me permitió sentarme aquí, pero me llevo la peseta para mi cantón
Central.
A mí me parece que aquí es donde
usted pueda dejar evidenciado que, efectivamente, esto lo repartieron y no
fueron con criterios. Fue un diputado influyente, que fue ahí a Hacienda y que
esto es deuda, que es con bonos, pero a mí me dan esa plata, ya yo me la gané.
En Puntarenas solo dos
cantones. Le dieron veinte millones a
Esparza y veinte a Coto Brus. Coto Brus, una municipalidad donde tiene un
alcalde que está muy bien, digamos, validado, porque está haciendo un excelente
trabajo; veinte millones.
Y, bueno, ya había señalado aquí lo
que se les dio a intendencias. Las intendencia, ninguna: Colorado, Monteverde,
Cóbano; solamente San Ramón. Qué casualidad.
San Ramón tiene Peñas Blancas, es
una intendencia. Le dieron dieciocho millones, alguien logró. Y las federaciones, de las ocho son a cuatro
le dieron.
Yo quería que hoy los
costarricenses, los regidores, los alcaldes conocieran la distribución tan
injusta, tan poco equitativa, por eso este presupuesto se cae en la Sala,
irrespeta la Ley de Partidas Específicas 7755, que es el mecanismo legal.
Y para terminar, señor presidente, yo les digo a
todos los que me estén escuchando: vayan y vean el espíritu del legislador de
la Ley 7755; tiene como diez articulados. Claro, aquí hay un mecanismo
trasparente, un mecanismo que permite la participación ciudadana en los
presupuestos municipales. No les interesa, les interesa gastar la plata, y no
gastarla, malgastarla en lo que sea.
Por eso, hoy, en este presupuesto
extraordinario, obvio, hay que votarlo en contra, en el segundo debate para
hacer justicia con este pueblo que, realmente, paga, paga impuestos y no ve
obra.
Muchas gracias, señor presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel
Contreras:
Con mucho gusto, compañera diputada
Acuña Castro.
Continuamos en el uso de la palabra.
El diputado Víctor Hernández Cerdas, hasta por veinte minutos, compañero
diputado.
Diputado Víctor Hernández Cerdas:
Gracias, señor presidente; buenos
días, compañeras, compañeros diputados, periodistas y aquellos ciudadanos que
nos honran dándonos seguimiento hoy en los medios de comunicación.
Ojalá que, en verdad, aquellas
personas que están escuchándonos, o aquellas que incluso le dan seguimiento
luego a las actas, aquí se puede observar cuáles partidos, cuáles fracciones
que representan a los partidos políticos, en verdad, estudiamos los proyectos
que se pasan aquí por la Asamblea Legislativa.
De manera, entonces, que las
intervenciones que se han dado del Partido Acción Ciudadana, la inmediata
intervención de la diputada Yolanda Acuña, es un reflejo de que sí hay un
estudio de presupuesto extraordinario, de que sí hay una responsabilidad de
nosotros los diputados por ver en qué se gastan los recursos públicos.
No es justo que se sigan
estableciendo impuestos a las y los costarricenses, si estos a la hora de
distribuirlos se hacen en una forma que en el pueblo se llama piñata, porque no
hay ningún sistema de planificación.
Es ahí donde la clase política cada
día pierde terreno, donde los gobiernos de turno son cada día más cuestionados.
No es posible que un gobierno, en que el Partido Acción Ciudadana le dio el
apoyo para que se hiciera una reforma fiscal, sin embargo, hoy día, aunque esta
no prosperó, qué observamos con este presupuesto extraordinario, donde hay un
déficit fiscal.
Si hubiera abundancia no importa que se trabaje en
ese sentido, pero no es tan claro y es evidente que los recursos públicos son
bastante escasos, y específicamente en el caso del Gobierno de doña Laura
Chinchilla, que heredó y mantiene un déficit del cinco por ciento, en el cual
está golpeando a las y los costarricenses, donde cada día en los hogares
costarricense ven con más dificultades la posibilidad de obtener sus alimentos.
Pero, sin embargo, el Partido
Liberación Nacional y los compañeros diputados y diputadas del Partido
Liberación Nacional, presentes en este Congreso, se nota una incidencia
importante en la repartición de todos aquellos recursos que se han asignado a
los gobiernos locales.
Y no es que el Partido Acción
Ciudadana nos opongamos a que se les den recursos a los gobiernos locales; no,
señores. Lo que en sí nos oponemos es que se haya hecho una distribución
desigual, que lo que produce es más desigualdad, inequidad y sigue dejando en
deuda aquella promesa que doña Laura Chinchilla, en su plan de Gobierno, dijo
que atendería a aquellos gobiernos locales, a aquellas municipalidades,
aquellos municipios que tuvieran un índice de desarrollo humano
significativamente más bajo que todos los demás ochenta y un cantón.
Pero lo que demuestra, a pocos meses
de terminar este Gobierno, es que la repartición no se hace en esa forma.
Entonces, ¿dónde está la
planificación? Y a mí me preocupa la actitud no solamente de muchos
costarricenses, sino de los mismos diputados, que hacen mérito a aquella
palabra que el arzobispo José Rafael Quirós Quirós,
en la Catedral, el día en que asumió el cargo de arzobispo, dijo: Se debe de superar la globalización a la
indiferencia.
Y creo que si él lo manifestó para un enfoque
global, mundial debemos de aplicarlo a nivel nacional. Hay una indiferencia a
todo lo que la política pública, a todo el accionar el Gobierno de la
República, porque nosotros, bajo ninguna circunstancia, y viendo los vicios en
que está establecido el presupuesto extraordinario, y que por la víspera se
saca el día, así debe de seguro venir el presupuesto ordinario.
En este presupuesto extraordinario vemos unas acciones tan ilógicas y
planteamientos que van en contra de toda la lógica de la Administración Pública,
y después se señala que es que los recursos no alcanzan, de que es la mala
administración, de que hay ingobernabilidad.
Y se señalan muchas veces a la administración, a la burocracia, tal y
como se le llama equivocadamente, pero a esa burocracia pública se le achacan
todos los errores, cuando los errores provienen de los jerarcas, de los
políticos que a la hora de diseñar la política pública…
El error viene de los mismos diputados, que por jalar agua hacia sus
cantones, y como ellos forman parte de este Congreso, pueden jalar sus partidas
para llevarlas a sus comunidades. Y desde ya en este proceso previo a las
elecciones de febrero de 2014, se hace una vez más una acción de clientelismo
político llevando dinero —como lo decía la diputada Acuña— a unas iluminaciones
para unas canchas allá en Guanacaste, que a mí me parece que qué bueno. Sin
embargo, ¿será esa la necesidad de esas comunidades?, ¿quién estableció esas
comunidades?
Si nosotros, en la universidad, les enseñamos a las
gentes, a los estudiantes, a los nuevos profesionales que debe de existir una
planificación para que haya un buen desarrollo local, ¿cómo quedamos: mal, o
quedamos meramente como teóricos, o como académicos, dando la enseñanza e
induciendo al estudiante de que cuando esté ejerciendo un cargo público o un
cargo dentro de una empresa o una institución debe de existir la planificación?
No podemos poner la carreta delante de los bueyes. No sé
para qué existe una Ministerio de Planificación, para qué existen una serie de
ministros que han sido colocados como cabeza de sector y que coadyuvarían
lógicamente a un gobierno de doña Laura Chinchilla para que pueda inducir en
verdad una política pública y haya un gasto racional de los recursos.
Sin embargo, de irracionalidades debemos de señalar… Y me preocupa que
el diputado Alfonso Pérez no esté, pero solamente voy a hacer una referencia a
su planteamiento que hizo el día del debate reglado por la aprensión de
guerrilleros… perdón, de frijoleros —porque fueron tratados como guerrilleros,
allá en Pérez Zeledón—.
Él señalaba que evidentemente estamos en campaña política. Ayer era el
ministro del Ambiente, hoy es la ministra de la Agricultura, pasado mañana será
otro ministro.
Y, entonces, todo lo relativizamos. Globalizamos la
indiferencia, es una indiferencia que ya está ensimismada en las personas,
encostrada; entonces, cuando se habla de estas realidades es que estamos en
campaña política.
La diputada Annie Saborío, que tampoco se encuentra, pero
voy a hacer… a lo que ella señaló, indicaba que se estaban incluyendo una serie
de recursos para el Consejo Nacional de Producción, y que ella había trabajado
en el Consejo Nacional de Producción y que ahí había vagabundería.
Qué irracionalidad más grande también. ¿Cómo se le ocurre que porque hay
vagabundería hay que mandar a cerrar una institución? Qué preocupante cuando el
techo es de vidrio, y, entonces, podríamos decir que cuando hay diputados
vagabundos deberíamos de cerrar la Asamblea Legislativa. Si esa fuera la
realidad tendríamos que mandar a cerrar todas las instituciones, porque hay
vagabundería. No, señora.
Además, cinco mil millones de colones es jamás el recurso
necesario para hacer una reestructuración. Por más ínfimos los conocimientos en
administración, se sabe que una reestructuración, que una reorganización de una
institución jamás se va a llevar a cabo con cinco mil millones de colones, y
como si eso viniera a favorecer un sector agropecuario que viene siendo
golpeado.
La institución no va a resolver la política pública en la
forma en que están tratando al sector agropecuario. Mentira que por una
movilidad laboral, que por unas personas que dizque no trabajan, que son
vagabundos y que están ahí metidos en el CNP, yo invitaría, entonces, al
Partido Liberación Nacional que en verdad haga una propuesta de reorganización,
que posiblemente ahora en el gobierno de…, o en la propuesta del señor Johnny
Araya, de fijo va a venir esa propuesta, de fijo va a venir una propuesta, de
fijo se va a decir que va a haber una reorganización del sector público, de
fijo se va a decir que van a unificar programas.
Miren, eso es una constante de los gobiernos del Partido
Liberación Nacional que cada cuatro años les sacan ese prurito.
Hoy, venía don Johnny Araya señalando de que el señor Rodrigo
Arias estaba respirando por la herida, porque como había tenido que retirar su
candidatura, pero que todos los seguidores de él estaban a favor del señor
Johnny Araya.
Y él dice que es un partido totalmente diferente. Aún más, en el
planteamiento, leyendo hoy el periódico La Nación, me parecía que era un
candidato PAC, porque resulta que ahora es diferente a Liberación Nacional. Él
siendo el candidato del Partido Liberación Nacional es diferente al Partido
Liberación Nacional, y dice que va a hacer muy diferente al Gobierno de Óscar
Arias y de doña Laura Chinchilla.
Por favor, ese paquetazo nadie se lo cree. ¿Cómo es posible que sigamos
mintiendo, mintiéndoles a las gentes?
Otro aspecto de poca planificación que debemos de
señalar… no quiero usar la palabra, porque se vería una profanación decir que
en esta discusión, porque aquí estamos como un monólogo, porque los que nos
están siguiendo se dan cuenta que aquí en el Plenario habemos pocos diputados.
La mayoría está, posiblemente, en el cafetín.
Entonces, nos encontramos que en esa planificación, en esa planificación
del Gobierno de doña Laura Chinchilla y mi amigo, que respeto, al compañero
Roberto Gallardo, colega, catedrático de la Universidad de Costa Rica, y que
está a cargo de la cartera del Ministerio de Planificación, seguro se le meten
por la cocina.
Y por la cocina se le metieron una cantidad de diputados que sacaron
partidas para sus respectivas localidades sin ningún tipo de planificación. Y,
posiblemente, se le metieron por la cocina a don Roberto Gallardo también con
doscientos veintiséis millones de colones para cubrir un déficit, un faltante
para los Juegos Panamericanos.
Quien estaba liderando y quien salió en campaña, y que posiblemente se
fortaleció en ese proceso de precampaña fue don Johnny Araya, y resulta que no
le alcanzaron los recursos, y ahora, muy fácilmente, la diputada Sianny
Villalobos presentó una moción y a última hora se extraen, con toda la planificación que don Roberto
Gallardo —seguro se va a sentir muy mal que se le metieran por la cocina— de ahí, dentro de la
planificación de lo que era sacar al CNP, de fortalecer al CNP, como se ha
estado señalando, resulta que le extraen doscientos veintiséis millones para
cubrir algo que no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Y lamento mucho tener que hacer un recuento
de esta naturaleza porque dice uno, ¿dónde está la planificación del Gobierno
de doña Laura Chinchilla?
Don Roberto Gallardo, por favor, responda usted
como académico, ¿qué le está sucediendo en su ministerio? Porque hace unos días
estuve en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hablando de la
problemática que se da en Cartago con respecto a que nos tienen rezagados como
una ciudad dormitorio, que se requiere mayor infraestructura, que estamos
impulsando una zona económica especial, pero en el papel, del papel no se saca
nada, tenemos que llevar acciones.
Y hablando de eso, me dice el director del Conavi
que es que tiene que pasar mediante un proyecto de planificación al Ministerio
de Planificación, y la pregunta que le dije es: ¿dónde está el Ministerio de
Planificación?, y que me parecía entonces un estribillo que lo usan mucho los
alcaldes; cuando un ciudadano llega a solicitar una determinada obra para un
distrito del cantón, dicen: Es que, de acuerdo a la planificación, a lo que se
llama el PAO, no podemos incorporarlo sino hasta el próximo año, porque la
planificación dice.
Y entonces lo usan como camisa de fuerza, y sabemos
muy bien que los planes anuales operativos, esos que son trillados y que
profanan constantemente los principios de la administración, son utilizados por
los políticos para resguardar intereses nada más.
Vamos a hablar un poco sobre lo que prometió doña
Laura Chinchilla hace cuatro años. Es decir, una presidenta del Partido
Liberación Nacional, no se me haga la diferencia hoy día.
Señoras y señores diputados, como que eso no se nos
pega. Cada uno ya está lavando la ropa y diciendo: Yo no soy del Gobierno de
doña Laura Chinchilla, yo no soy de los Arias. Es decir, es una nueva
generación con la misma ropa y es mentira que sean diferentes, son los mismos
para poder mentir.
Días atrás hubo una gran discusión aquí porque
diputados del Partido Acción Ciudadana —con sustento— decían que habían
ministros mentirosos, y nosotros, en esta misma dirección, podemos señalar que
en el plan de Gobierno del Partido Liberación Nacional, representado por doña
Laura Chinchilla decía: Durante los próximos cuatro años nuestros esfuerzos
estarán orientados prioritariamente a incrementar la productividad y la
competitividad del sector agropecuario.
Yo no sé, creo esto no fue aquí en Costa Rica, no
sé, me preocupa. Yo creía que este Gobierno de Liberación Nacional era para
gobernar Costa Rica, pero dice que estarán orientados prioritariamente a
incrementar la productividad y la competitividad del sector agropecuario. Pero
aquí no se ha visto nada; llevamos ya tres años, y aquí han, en estos tres años
de estar yo como legislador, han pasado arroceros, frijoleros, cafetaleros,
agricultores; en fin, todos los diferentes productos o productores de
diferentes productos del sector agropecuario, han pasado por esta Asamblea
Legislativa.
A unos les dan cuarenta millones, a otros les
resuelve, tal y como sí lo hicieron con los frijoles, les aportan una cantidad
de recursos y ya con eso el problema de ese sector para ese aspecto coyuntural,
se resuelve, pero no, no un planteamiento como lo señalaba en el plan de
Gobierno, que era dar un tratamiento integral al sector agropecuario, ah, pero
es el sector carnada que van a tratar ahora, antes de febrero, ofreciéndoles
nuevamente que se les va a incrementar la productividad y que los van a ser
competitivos.
¿Y dónde están los planes desde el Gobierno de
Óscar Arias, el Gobierno de Laura Chinchilla?, solo en papel, porque no se les
ha dado automatización, no se les ha hablado de tecnificación, no se les ha
dado diversificación, ni asistencia técnica.
Y ahora lo veo, si me alcanza el tiempo lo vamos a
ver en lo que es crédito bancario, en lo que es asistencia técnica, todo eso es
ha (ininteligible) ayuno.
Más adelante, en esa misma promesa, mentira que se
hacen en este plan de Gobierno de Liberación Nacional, dice: Es necesario
además seguir impulsando las exportaciones agrícolas. Seguro que sí lo han
logrado, en piña, que es una transnacional; en banano, que son grandes
exportadores, pero en el sector agropecuario, aquel sector abandonado del
sector norte de Cartago, de Llano Grande, Tierra Blanca, Pacayas, toda la zona
de Turrialba está abandonada.
Yo me imagino que don Alfonso Pérez debe sentirse
muy incómodo igual como me siento yo, que represento a una provincia dedicada
al agro y no ha recibido una atención integral al problema.
Decía en otro de los aspectos: Brindar un apoyo
prioritario a las zonas rurales con menores índices de desarrollo humano. Eso
ha sido una mentira, una mentira que se ha mantenido constante. Y yo le
pediría, señor presidente, que me permitiera, ya que no hay tiempo para
continuar, pasaron ya veinte minutos,…
El presidente ad hoc Martín Monestel
Contreras:
Gracias, venció su tiempo.
Diputado Víctor Hernández Cerdas:
…, qué rápido, (ininteligible) se
habló rápido cuando se da un análisis profundo a una situación.
Entregar, entonces, mi discurso
todo, que no fue desarrollado prácticamente en un noventa por ciento, a que se
incorpore en el acta.
Muchas gracias.
El presidente ad hoc Martín Monestel
Contreras:
Así
será, me lo puede hacer llegar aquí a la mesa principal.
(Con autorización del señor
diputado Martín Alcides Monestel Contreras, presidente ad hoc del Directorio
legislativo, se incorpora el documento aportado por el diputado Víctor
Hernández Cerdas)
Diputado Víctor Hernández Cerdas:
Prometía doña Laura hace
cuatro años en su Plan de Gobierno:
(p. 22- 23) Durante los próximos cuatro años,
nuestros esfuerzos estarán orientados prioritariamente a incrementar la
productividad y la competitividad del sector agropecuario, factor clave para el
desarrollo y el bienestar de la población que habita en las zonas rurales del
país. (…). Es necesario además seguir impulsando las exportaciones agrícolas,
facilitar la participación de más productores y productoras en los mercados de
exportación y brindar un apoyo
prioritario a las zonas rurales con menores índices de desarrollo humano.
Con estos fines, hemos definido las
siguientes prioridades en nuestra agenda agropecuaria: (citaré algunos)
Establecer una Estrategia Nacional
Agropecuaria y de Desarrollo Rural para el período 2010- 2020, con base en una amplia participación de las y los
productores del agro y un análisis riguroso de los retos, oportunidades y
desafíos del sector en su conjunto y de cada sub sector y región
específica, así como de una evaluación cuidadosa de las demandas y
requerimientos diferenciados del agro tradicional, predominantemente orientado
al mercado interno, y el agro moderno, que participa tanto en el mercado
interno como en los mercados de exportación.
Revisar la
institucionalidad y fortalecer la rectoría del sector para racionalizar el gasto,
mejorar la calidad de los servicios y dotar de agilidad y recursos al sector
público agropecuario e incorporar el desarrollo rural como una de las áreas de
trabajo centrales del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Mejorar los servicios brindados al sector
mediante el fortalecimiento de los
programas públicos de apoyo al sector productivo agropecuario y el
desarrollo de alianzas con organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
centros de investigación, organizaciones de productores y otras entidades
especializadas del sector agropecuario.
Promover el
pronto y efectivo apoyo financiero a los proyectos viables de las distintas
actividades, en concordancia con su ciclo productivo, mediante la
implementación de la Ley del Sistema para Banca de Desarrollo, el estímulo a
los esquemas de microfinanzas, la modernización del
seguro de cosechas y la integración de paquetes de apoyo a la producción y la
productividad agropecuarias, que integren el crédito, los seguros y
la asistencia técnica, de modo que se reduzca razonablemente la incertidumbre
de actividades que “normalmente” resultan competitivas en el país.
Todo esto es la
mejor muestra de que el papel aguanta lo que le pongan y que cada cuatro años,
los candidatos sacan a pasear sus mejores mentiras, con las que engañan a la
población para que vayan a votar por ellos. Cínicamente y sin escrúpulos
prometen cosas que a la larga saben que no van a cumplir.
Por eso, con una de las mociones que impulso,
la intención es rebajar del presupuesto para la "reorganización del
CNP" (prestaciones para despidos) y pasarlo a fortalecer al PAI (Programa
de Abastecimiento Institucional), y también para reforzar el Programa de Banca
para el Desarrollo en su fideicomiso.
La otra moción pretende igualmente hacer la
misma rebaja y dársela al PAI y al sistema de ferias del agricultor para que se
gasten en programas que ayuden a mejorar la competitividad y las capacidades de
comercialización del sector agrícola.
Como se puede ver, la intención de estas
mociones es aprovechar una cifra millonaria, para darle el impulso al sector
agropecuario que los gobiernos de liberación de los últimos años le han negado.
Porque hasta el día de hoy, la política
agropecuaria de este gobierno sigue siendo una incógnita. Una incógnita con un sector
cada vez más deprimido y aplastado, con un plan de gobierno que no se ha
cumplido ni en la cuarta parte.
La caída que se ha venido
experimentando en sectores sensibles como la actividad económica, el empleo y
las exportaciones, son indicadores de la fragilidad que padece actualmente la
producción agropecuaria nacional.
De conformidad con lo que
reporta el índice mensual de actividad económica (IMAE), el sector agropecuario
presenta una merma desde agosto del 2012, cuando creció 4,46%. En todos los meses posteriores bajó hasta
tener cifras negativas desde de marzo a junio (último dato disponible). Junio
fue el mes de mayor caída (-1,44%), según cálculos del Banco Central.
A la par de esta situación
tan preocupante, las exportaciones también están golpeadas. En los primeros
siete meses del año bajaron 7,3% respecto a igual periodo del 2012. Las ventas
pasaron de $1.595 millones entre enero y julio del 2012, a $1.478 millones,
este año.
Los sectores más afectados
fueron los agrícolas, como por fue el caso del banano, el café, follajes y
plantas ornamentales. El valor de las ventas de banano cayó un 11%, las de café
un 24,7%, las de flores y follajes un 13,7% y las de plantas ornamentales un
9%, según datos de Procomer. Sólo la piña resultó ser uno de los pocos sectores
agrícolas con comportamiento positivo, ya que el valor de las exportaciones
subió un 4% entre enero y junio con respecto a igual periodo del 2012, como
indicó Procomer también.
A la par de estos datos, la
Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC), determinó que la cantidad de plazas en el agro bajó de 220.418 en el
primer trimestre del 2012, a 216.257 en igual periodo de este año.
Estos datos son los mismos
reportados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que también
reflejan una caída en empleo en el sector que nos ocupa. En enero pasado, se
inscribieron 173.436 plazas en el sector agropecuario y en junio eran 167.632,
según la página web de la entidad.
Por si esta contracción no
fuera suficiente, hay también un decrecimiento del 5,25% en la cartera de
crédito agrícola entre diciembre del 2012 y junio de este año, según datos de
la Sugef, para un sector productivo del país, históricamente abandonado y
sujeto de crédito difícil. Por esa razón los recursos para fortalecer Banca de
Desarrollo, orientada a promover a pequeños y medianos agricultores, es tan
importante, pues es uno de los principales mecanismos para darle una mano a
sectores y familias que están pasando por momentos de necesidad.
Además, algunos sectores de
exportación se ven afectados por bajos precios internacionales como es el caso
del café. El precio promedio acumulado de las exportaciones nacionales del
grano estaba en $171,31 el quintal (46 kilos), al 31 de julio de este año. El
año pasado estaba en $225,94, según cifras del Instituto del Café de Costa
Rica. Por eso, y debido al impacto del hongo de la roya, ese sector es el que
presenta la mayor caída en el valor de sus exportaciones.
En medio de la realidad de
nuestro agro a nivel nacional, no podemos olvidar que a finales de junio el
Consejo Nacional de Producción (CNP) entró en una nueva fase de crisis y se vio
urgido a solicitarles al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura,
el aporte de fondos necesarios para enfrentar la situación financiera que
atravesaba, la cual le impedía pagar a los proveedores del Programa de
Abastecimiento de Alimentos (PAI), muchos de ellos agricultores.
Por eso en mis dos mociones
se contempla que en vez de usar tantos millones de colones en despedir
personal, se destinen a reforzar al PAI y desarrollar la infraestructura
indispensable para cumplir satisfactoriamente las necesidades de
comercialización del Sector Agroalimentario.
Asimismo, una de las mociones tiene que ver con
impulsar y darle sostenibilidad a las ferias del agricultor, ya que este es uno
de los temas que genera más preocupación entre los productores nacionales, la
mayoría de ellos pequeños empresarios, ya que según ellos mismos indican, estas
ferias sirven para colocar la producción de 12 mil agricultores.
Tenemos que recordar que en la reciente marcha del
13 de agosto, los agricultores denunciaron políticas públicas que en lugar de
beneficiar atentan contra el agro. Pidieron la renuncia de la ministra por
considerar que las acciones de la misma, muchas de las cuales se perfilan con
claridad en este presupuesto extraordinario, repercutan en su ya escasa
estabilidad, afectando con ello a las aproximadamente 2 millones de personas
que consumen sus productos, gracias a las 79 ferias que en su mayoría se
realizan los sábados.
Nuestras y nuestros agricultores merecen respeto,
merecen apoyo y atención del Estado. Basta ya de burlas, de promesas que no se
cumplen, de políticas públicas deshonestas y de espaldas a las verdaderas y
grandes necesidades de nuestro país.
El presidente ad hoc Martín Monestel
Contreras:
Continuamos
en el uso de la palabra.
El
diputado Gamboa Corrales.
Hasta
por quince minutos, diputado, disculpe, quince minutos.
Diputado Jorge Alberto Gamboa Corrales:
Gracias,
señor presidente, muy buenos días.
Gracias, señor presidente.
Lástima
que no estemos todos los diputados aquí presentes, ¿verdad?, solo algunos de
Liberación Nacional como Xinia Espinoza, Julia Fonseca, Agnes, don Edgardo —no he llegado ahí— don Aiza Campos, y me interesa muchísimo
que esté la diputada Sianny Villalobos.
Voy a empezar.
Este diputado había presentado una
moción, pero es porque nosotros tenemos una función constitucional, pero esa
función es legislar responsablemente, y me permite —o a este diputado o a todos
los diputados— legislar responsablemente y específicamente en la materia del
presupuesto, ¿verdad?, para hacer trámites de enmienda ahí.
Pero resulta que este diputado presenta una moción
de interés público, o sea, que va a beneficiar a una comunidad específica, un
cantón, un distrito, etcétera, pero aquí
en el presupuesto se ha legislado con un interés particular que ese no es una
función responsable de los diputados. Cuando se habla de interés particular estamos
hablando de clientelismo político, para empezar.
Vea, y espero que don Johnny me escuche, porque vea lo
que hicieron sus delfines de la Comisión de Hacienda. La Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, mediante una resolución, le ordena a la
Municipalidad de Corredores, que no le asignaron presupuesto porque no tenemos
diputado oficialista en la Zona Sur, y lo digo por Jorge Angulo porque no sé, o
no está aquí en la curul, y lástima que no ha cumplido su labor para ir a
pelear por los recursos.
Resulta que hace dos años, tres años: falta de puente
reclamado por vecinos propició muerte de niños.
Murieron dos niños de nueve y once años, por no existir… y eran de la
escuela. Venían saliendo, pasaron y una cabeza de agua se los llevó, niños
guaimíes, ahí.
Presentamos
una moción, se le mandó esta nota al ministro Ayales, no le interesó. A la
diputada de Hacienda se le mandó una moción solicitando que presupuestaran los
cuatro… doscientos millones para construir este puente ahí.
Y vean lo que hicimos responsablemente: lo único que
hicimos fue escoger el cuatro punto cuarenta y nueve por ciento de todas las
partidas, de todos los municipios que habían hecho, o sea, que cada
municipalidad le íbamos a tomar cuatro punto cuarenta y nueve para coger… tomar
doscientos millones, asígnaselos a la Municipalidad de Corredores para que
pudiera cumplir con el mandato a la Sala Constitucional.
¿Por qué la Municipalidad no puede construir? Porque no tiene recursos. Los recursos
fuertes que tiene la Municipalidad es
producto del impuesto de uno punto cinco de palma aceitera, pero como la
producción se cayó hasta un cincuenta por ciento, disminuyó su producción y que
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través dirigida por una socióloga,
no ha hecho absolutamente nada por atender la flecha seca.
Entonces, esos recursos se han caído. La Municipalidad no
tiene los recursos, apenas logra pagar los salarios y una que otra inversión, y
anda buscando cómo resolver.
Pero como tenemos un Gobierno, un Poder Ejecutivo
irresponsable, que no atiende y no da equilibrio entre su presupuesto para
distribuirlo equitativamente en las mayores necesidades que requieren estos
pueblos de las zonas rurales.
Pero don Johnny, pero sus delfines sí acataron la orden
suya, seguro para sacar los doscientos veintiséis millones para pagar las
tortas que usted dejó ahí en los Juegos Centroamericanos, ¿ah?, pero es más
importante el interés particular para resolverle un problema a usted y a quienes
además que ir a construir y un puente donde
murieron dos niños indígenas.
Vea qué grave cómo se dirige aquí la Administración
Pública, cómo se legisla aquí. El interés particular, clientelista político,
está por encima del interés público, más donde hubo pérdidas de vidas humanas;
así se dirige, así se legisla.
Ese es mi primer tema que quiero dejarlo ahí, y yo tenía
un tema sobre el CNP y el tema agropecuario.
Pero
diputado, señor presidente en ejercicio, decirle que el resto de mi tiempo se
lo voy a ceder al diputado Manrique Oviedo que me sigue para que quede claro de
esta intervención que he hecho de cómo se legisla aquí, cómo hay diputados y
esas mociones pasaron una y otra vez, pero no le dieron interés. No es, no es
importante construir un puente en una comunidad indígena donde murieron dos
niños guaimíes, no.
Aquí
hay que resolverle las tortas y las deudas del señor candidato presidencial del
Partido Liberación Nacional, sociedad anónima, porque eso es el Partido
Liberación Nacional, es una sociedad anónima, porque está haciendo negocios con
recursos de intereses públicos para resolver problemas particulares.
Muchas gracias.
(Con autorización del diputado Martín Alcides Monestel
Contreras, primer secretario del Directorio legislativo, se incluye el
documento aportado por el diputado Gamboa Corrales.)
SECTOR
AGROPECUARIO
Para el sector agropecuario la seguridad
alimentaria y el apoyo a la pequeña y mediana agricultura son fundamentales; este es un sector que trasciende la dimensión económica ya que también desempeña
un papel primordial en aliviar la pobreza, preserva la estabilidad social, e
inducir el desarrollo social de zonas rurales. El aporte del sector
agropecuario al desarrollo nacional va más allá de la producción primaria de
cultivos y animales para insertarse en los procesos transformadores, fortalecer
vínculos con la industria y preservar tradiciones culturales.
El desarrollo agropecuario que promueve el
Partido Acción Ciudadana está comprometido con la protección del medio ambiente
(valor agregado nacional), la defensa de los recursos naturales de producción,
la recuperación del apoyo del Estado a la producción y autoabastecimiento
nacional de alimentos, la innovación tecnológica, la garantía de mercado y
precios justos para el productor nacional, el incentivo de pequeñas
agroindustrias y sistemas agroalimentarios locales, la dignificación de
agricultor, y el estímulo a la incorporación del productor nacional en
agrocadenas de exportación,
DIAGNÓSTICO
La agricultura en Costa Rica, vista en toda su
amplitud, es un sector que desde la década de 1980 ha enfrentado
cambios acelerados y relevantes: la incorporación de nuevos actores, la
diversificación de la producción, la ampliación de los mercados, y la creciente
competitividad de la economía globalizada. En este escenario, la inversión
pública y el acceso a los servicios y recursos productivos, por parte de
pequeños y medianos productores se han reducido, provocando desequilibrio y
polarización en las zonas rurales y acentuando las asimetrías con respecto a
las zonas urbanas. En todo ese proceso evolutivo, el Estado costarricense ha
orientado las acciones de acuerdo con recomendaciones emanadas de organismos internacionales,
de corte economicista, sin consolidar
nunca una verdadera política agrícola nacional.
Desde esta perspectiva, los gobiernos han
alentado un modelo agroexportador de producción intensiva, de gran escala y
excluyente, que desarrolló solo algunos cultivos, sobre todo frutas y
ornamentales, en detrimento de la producción agrícola para el mercado nacional
y la seguridad alimentaria con un alto costo ambiental. Este modelo no ha
resuelto los problemas sociales y económicos de las zonas rurales; la pobreza
en el campo ha aumentado y la emigración no se ha reducido.
El desarrollo desigual, el uso insostenible de
los recursos naturales, el agravamiento de los efectos del cambio climático, la
persistencia de la pobreza, la desnutrición de los niños de zonas rurales, y
las dos crisis globales que enfrenta el mundo actual: la reducción de las reservas
de alimentos y el descalabro financiero, son elementos esenciales a considerar
en la elaboración de una verdadera política agrícola nacional,
Una política agrícola pública debe ser
concebida en el marco de una agricultura competitiva que es más que cultivos y
alimentos, con fuertes vínculos entre las actividades rurales no agrícolas y la
agricultura, y como rubro importante en el desarrollo de agroindustrias y
fortalecimiento del comercio internacional. Así, la contribución de la
agricultura a la economía del país es de carácter multifactorial y con
sensibilidad social y ambiental.
PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS
El gobierno del Partido Acción Ciudadana
impulsará un sector agropecuario eficiente, competitivo, altamente capacitado
en todos sus niveles, para garantizar la soberanía alimentaria y el
posicionamiento internacional con calidad reconocida, respetuoso de los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cumplidor de la legislación
vigente, y con responsabilidad social.
PROPUESTAS
Impulso a una política de Estado de fuerte
apoyo a la pequeña y mediana agricultura para fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional de la población, como principio del desarrollo
económico y social de Costa Rica. Para ello,
se implementarán programas de
desarrollo integral de territorios rurales, incentivos fiscales y apoyos
directos a la producción de
alimentos básicos, servicios de
extensión e innovación tecnológica eficientes, crédito oportuno y accesible,
mercados regionales que faciliten la comercialización de los
productos agropecuarios a precios justos, promoción de las agroindustrias
rurales, los sistemas agroindustriales locales y encadenamientos con el sector agroexportador, sistemas preferenciales de
compras del Estado y garantías sociales
reales para el agricultor.
-Política de Estado de
seguridad alimentaria (producción y acceso real de alimentos para toda la
población y apoyo al autoabastecimiento de frijol, maíz, arroz, y otros
productos como papa y cebolla, excepto que los agricultores no quieran o que
las tierras sean insuficientes. Para ello, el Estado debe garantizar mercado y
precios a los pequeños productores nacionales.
-Estímulo y promoción
institucional a sistemas de producción agropecuaria sostenibles, de bajo
impacto ambiental, preocupados por el uso eficiente de insumos y protección de
suelo y agua como factores de producción, defensa de la salud de los
agricultores y con altos niveles de calidad e inocuidad.
-Búsqueda de los
mecanismos para compensar los subsidios internacionales; mejorar las
posibilidades de la protección del ambiente; incentivar a la gente a permanecer
en el campo y evitar el hacinamiento urbano; recuperar y mantener el importante
papel de la pequeña y mediana propiedad en nuestro desarrollo pacífico y
resguardar valores positivos presentes principalmente en la vida rural.
- Creación del Seguro
Agropecuario para las micro, pequeñas y medianas empresas ya que el escaso
aseguramiento que hoy existe implica el pago de altísimas primas, y la carencia
de este conlleva a que el financiamiento se otorgue en condiciones sumamente
onerosas. Para tal fin, usaremos los fondos del actual seguro de cosechas y
allegaremos más recursos para que las cuotas sean accesibles.
-Tramitación,
aprobación e implementación de un rnegaproyecto de desarrollo agropecuario del
país que contemple la recuperación de la estructura de apoyo del Estado al
sector, la innovación tecnológica en todos los niveles, los servicios de apoyo
a los productores, el mejoramiento de infraestructura para abastecimiento,
comercialización y transporte de productos agrícolas, educación y capacitación
de técnicos y productores y fortalecimiento de las instituciones encargadas de
la investigación agropecuaria.
-Creación de sistemas de avales y garantías
para los proyectos viables y rentables del agro, para que puedan ser
desarrollados por los emprendedores y cooperativas autogestionarias que no
cuentan con activos propios para garantizar el crédito.
-Restablecimiento de la
rectoría del sector y elaboración de planes de desarrollo interinstitucionales
coordinados, los cuales tendrán que soportar una evaluación anual por parte de
especialistas externos no vinculados con las instituciones y con la
participación de las organizaciones de productores.
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
Con mucho gusto, diputado, le restan…, todavía le quedan
ocho minutos, más quince, veintitrés minutos, diputado Oviedo Guzmán, más, más
los tres del diputado Arias, sí es cierto, entonces serían veintiséis minutos.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Si los redondeo, ¿podrían ser treinta?
Muy buenas, muy buenos días, señor presidente, don Martín
Alcides Monestel. Buenos días, compañeros y compañeras diputados y diputadas.
Yo hoy quería inicialmente decirle a la diputada Saborío
que, efectivamente, probablemente por la forma, por la forma, me excedí cuando
traté el tema de los productores agrícolas, los frijoleros de Pérez Zeledón;
por la forma, no así por el fondo.
Porque
si una persona falta a la verdad, una, dos, tres veces, cuatro veces, cinco
veces, miente. Y si una persona miente, el mismo diccionario de la Real
Academia lo reconoce, se conoce como una persona mentirosa. Y la ministra de
Agricultura y Ganadería es una persona que le ha mentido en reiteradas
ocasiones al sector productivo nacional y no solo al sector productivo, también
a la Defensoría de los Habitantes.
Pero antes yo quisiera decirle a la diputada Annie
Saborío que ese, esa forma de manifestar las cosas cuando se trata a un sector
social tan importante, viene arraigado desde hace muchos años en este
servidor.
¿Por
qué?, porque cuando era niño, en vacaciones, mis padres me mandaban a trabajar
al campo, y ahí compartía con peones, con productores, en las diversas labores
agrícolas y entonces las vacaciones de escuela, de adolescente y de colegio, no
eran cual playa, no, no, no; era: vaya a trabajar a la finca, vaya a trabajar
al campo, maneje chapulín, vuele cuchillo.
Y entonces ese convivir con ellos hizo que se desarrollara en este
servidor una especial sensibilidad por los productores agropecuarios
costarricenses.
Y es indignación, es rabia cuando veo yo cómo los
productores, cada cuatro años, son ciudadanos y una vez que pasa el rango, este
lapso del período electoral, se convierten de ciudadanos en delincuentes.
Y
tengo fijas en mi mente las imágenes de aquellos productores de frijol de Pérez
Zeledón donde un policía llevaba agarrado a uno con el brazo cerrado y le
impedía incluso su respiración, y yo digo: ¿cuál comerciante, cuál
comercializador?, ¿si no le está viendo la cara?, ¿no le está viendo el color
de la piel?, ¿no le está viendo las facciones corporales y anatómicas de sus
brazos, de su abdomen que evidencian que realmente son productores los que hay
ahí presentes? Y por eso diputada
Saborío por eso me indigné, por eso alcé la voz y gracias por venir.
Pero, ¿por qué le digo que su ministra de Agricultura y
Ganadería es mentirosilla?, para decirle de una forma un poquito más
discreta. Voy a empezar, voy a empezar.
La señora defensora de los Habitantes vino acá a hacer su
informe y cuando yo le hablo de compromisos que habían sido adquiridos por la
ministra de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Ganaderos de San Carlos y
posteriormente en reuniones de la Defensoría ya en esa primera reunión le dije
a la defensora: mire, defensora, nos están engañando, nos están mintiendo. Pero
ella no: Mire, deme la oportunidad, yo tengo que crear los espacios. Diay,
créelos, defensora, pero le están mintiendo.
Y cuando llega la defensora a dar este último informe,
efectivamente yo le pregunté. Y ¿sabe qué dijo la defensora de los Habitantes?
Dijo la Defensora, aquí está en el acta, cuando yo le pregunto, dice, pero yo,
bueno, no es la respuesta, me dice: Usted tiene razón ante pregunta de este
servidor, nos engañaron y para engañar hay que mentir.
No solo a usted y a los ganaderos de la zona, sino a
nosotros, digamos, que nos rodaron, porque así le tengo que decir, les dimos
margen de maniobras, esto es refiriéndose al MAG en un comienzo cuando el
Gobierno estaba empezando. Después ya no les dimos más margen y fuimos mucho
más estrictos y como usted dice nada pasó.
La señora ministra mintió y le mintió no solo a este
servidor…
No
puede ser, me están diciendo que me faltan veinte minutos. Presidente,
presidente, me están diciendo que me faltan veinte minutos, pero inicié a las
diez en punto y son veintinueve minutos, no coincide. Hay algún problema con el
tiempo.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
No, compañero diputado, el tiempo ha corrido bastante
correctamente no creo que…
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Sí, diputado, pero es que yo vi el digital y eran… y es…
y eran las diez ahí.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Vamos a verificar el reloj que hay en la pared, pero el
tiempo correcto es el que nosotros llevamos acá en el reloj de la mesa.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Entonces, ya pasé nueve minutos.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Ya pasó, seis minutos.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
¿Seis minutos?
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Usted tenía veintinueve, seis y ocho más tres…
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Son veintinueve, diputado.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Serían veintinueve minutos, sí, ¡ah!, le pusimos
veintiséis minutos, tiene usted toda la razón…
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Okey, gracias.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
…diputado.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Gracias, señor presidente, okey.
Entonces, doña Annie,
por eso le digo, no lo digo yo, lo dice la la
defensora de los Habitantes, la ministra nos engañaron, nos rodaron, le mintió.
Le mintió a la
defensora, pero la defensora tiene su sustento, tiene un puesto administrativo,
tiene un salario pagado por todos los costarricenses. Los productores que se
ven afectados por la inoperancia de esta ministra ellos dependen de eso para
mantener a sus familias, por eso es que duele más y pesa más.
Pero ¿por qué más le
digo que es mentirosa?, porque resulta que ella le dice a la ciudadanía en un
campo pagado en el periódico La Nación que no van a desaparecer las ferias del
agricultor, que se van a fortalecer.
Y recuerdo yo toda aquella campaña del año 2000
cuando se hablaba del proyecto de fortalecimiento del ICE. ¿Y qué
pretendía? Diay, eso era una falacia,
tenía en su interior todos los elementos para desaparecer el ICE en aquel
entonces.
Y entonces mediante un
comunicado de prensa dice que no se van a eliminar las ferias del agricultor,
¿verdad?, dice: La Administración Chinchilla Miranda mantiene su compromiso con
la modernización y fortalecimiento de las ferias del agricultor, apoyándolas no
solo con recursos financieros; La Nación del 11 de agosto de 2013.
Y resulta, doña Annie,
que la Ley de Ferias del Agricultor, que imagino que usted la conoce bien, es
una ley que está compuesta de dieciséis artículos; dieciséis artículos con
temas muy diversos, organización, declaración de interés público y una serie de
cosas y esos la Ley 8533 que consta para decirle la verdad, artículo 43…, de
cuarenta y tres artículos la cambian en este proyecto de ley que la señora
ministra dijo inicialmente que no existía, que era mentira, que había un
proyecto de ley para cambiar esto.
La cambian por tres subincisos, subincisos de
un artículo del nuevo proyecto de ley que pretende, según ellos, modernizar el
CNP y dice la ministra que eso no existía, que eso era un borrador, que era una
propuesta, que no, que no había tal solidez de eso, bueno.
Le envío yo una nota y
aquí tengo la respuesta, doña Annie, del 29 de agosto donde don William
Barrantes le envía la nota a la ministra con atentos saludos: Me permito hacer
de su conocimiento que mediante el traslado de documentos que realiza el
Ministerio a su cargo, según número de expediente tal, se adjunta el acta de
Junta Directiva, número 2874, del 2 de julio de 2013, debidamente certificada y
foliada en relación con la solicitud del diputado Manrique Oviedo Guzmán del
Partido Acción Ciudadana, etcétera.
¿Y qué dice esta acta?,
¿qué dice esta acta doña Annie? Artículo 3, avances, soluciones propuestas por
la administración en cumplimiento de acuerdo; con los dos antecedentes. Se toma
el acuerdo 38.586 dentro del cual se tienen como las principales acciones:
autorizar a la administración para que remita al Poder Ejecutivo el proyecto de
ley de Creación del Consejo Nacional de Comercialización Agroalimentaria, cuyas
siglas son CNCA, que viene a integrar los servicios que presta el CNP, el PIMA
mediante la creación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ese proyecto de ley,
doña Annie, lo comenté aquí anteriormente y aquí está deroga las siguientes
leyes: Ley número 2035, Ley Orgánica del CNP, Ley de la Administración de
Presupuestos, y una serie de leyes más; la Ley de Ferias del Agricultor. ¿Ah?,
y la carnita, la carnita, la Ley del CNP, para poder como decía en esta misma
acta la carnita, doña Annie, la que anda detrás don Luis Liberman, la Fábrica
Nacional de Licores.
Porque si esa ministra
no se ha movido es sencillamente porque el presidente Liberman la puso ahí con
un objetivo: cierre el CNP, derogue la Ley del CNP, porque hay buena carnita
ahí. Diputado Porras Contreras, ahí está la Fábrica Nacional de Licores, ahí
estas el business,
está el negocio.
Y vea usted que en esta
misma acta, continúa luego de eso, y luego hay un párrafo que podría
interpretarse aislado. Bueno, ¿por qué?, ¿por qué está ese párrafo ahí?, por
cualquier cosa. Lo que pasa es que no se cita nada de la diputada Xinia
Espinoza, nada del diputado Beto Rojas porque no tiene ninguna relación, no
tiene por qué aparecer ahí.
Entonces, bueno, ¿por qué aparece este párrafo aislado?,
no sé; ¿qué dice este párrafo?, continúa indicando —esto es copia del acta— que
por medio de las reuniones con la señora ministra se logra contactar al doctor
Luis Liberman, vicepresidente de la República, y a su vez él mismo los puso en
contacto con el ministro de Hacienda en su caso específico con el licenciado
Manrique Sáenz, quien es uno de sus asesores, y luego sigue con otros temas.
Entonces, yo me pregunto: ¿por qué aparecer Liberman
citado ahí, diputado Antonio Calderón, en un hecho aislado donde en buena
teoría no hay relación?, bueno, porque como lo hemos señalado ese señor que
desde Casa Presidencial puso a esta señora cuya consigna es cierre del CNP.
¿Y saben cuál es la terminología que utilizan para el
CNP, para el tema de la Fábrica Nacional?
Dice más adelante, página 4: Mencionamos que existen dos alternativas
—oigan, compañeros; doña Julia, a usted le interesa el tema— para la
flexibilización de Fanal, que son: gestión interesada. Recordemos cómo se está
manejando el Aeropuerto Juan Santamaría y el fracaso que es para los intereses
del Estado costarricense; y concesión de obra pública con servicio
público. Son las dos maneras de
flexibilizar la Fábrica Nacional de Licores, que es la única fuente de ingreso
real que tiene el CNP.
Entonces, realmente hay intereses muy grandes, hay
intereses muy grandes detrás de estas acciones. Y, doña Annie, todo está
escrito, todo está escrito, así como las declaraciones de la señora ministra,
por eso que yo le digo a usted esta vez, conteniéndome un poco más, que la
persona que miente es mentirosa, así le duela.
Hay un forma, hay un método para que este diputado no le
vuelva a decir a esta señora ministra, empleada de don Luis Liberman, que es
una mentirosa, y es facilísimo, es facilísimo. Es nada más que no vuelva a
mentir, si ella no vuelve a mentir no tendré ningún argumento para decirle que
es una persona mentirosa; pero es una persona mentirosa que engaña, que engaña
al sector productivo nacional más vulnerable, al objeto de su razón de estar ahí.
Y hay más, hay más.
Aquí está un informe de la Contraloría que habla de cómo se manejan las
cosas en CNP, y es donde cité anteriormente que únicamente el cuarenta y cinco
de los funcionarios se dedican a realizar actividades sustantivas. No lo digo
yo, lo dice la Contraloría. ¿Y dónde está entonces la capacidad gerencial y
administrativa de los gobiernos para poner a trabajar eficientemente a estas
personas?, ¿dónde está?
Es una incapacidad total y absoluta, ¿saben por qué?,
porque no hay ninguna voluntad. Este es
un grupo social de personas sencillas que generalmente visten con sombrero, con
camisas desgarbadas, botas de hule y, por supuesto, no tienen los mecanismos
que tienen otros sectores que ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad?,
para poder palanquear y gestionar sus intereses, no lo tienen. Y claro, claro,
cuando es sector turismo que es muy venido a menos, cuando son zonas francas,
digamos cualquier cosa, apoyos; busquemos en el léxico palabras muy bonitas, en
el léxico, pero hablemos de subsidio, jamás.
Y
esta gente, que es la que se encarga de proveer los alimentos en buena medida,
que no los tenemos cubiertos en mayor medida por incapacidad de ustedes que son
los que administran y nos gobiernan, esta gente está deseosa de producir más,
pero dónde están los apoyos.
La
Ley Marco del CNP le brinda las facultades al CNP para que pueda importar
insumos y vendérselos a los micro y pequeños productores nacionales. ¿Cuánto
vale un saco de fertilizante?, ¿cuánto han subido los costos de los insumos
agropecuarios en los últimos años?
Pero
no, porque hay amigos, hay amigos que importan insumos, hay empresas que traen
fertilizantes y no, a ellos no los podemos tocar; entonces, no importa que se
le sigan incrementando los costos de producción, se reduzcan los márgenes de
utilidad hasta llevarlos al estado del hambre. Eso no importa, eso no importa,
porque no tienen los mecanismos de presión y no nos hacen ruido, pero los
otros, diay, son empresarios, son gente de mucho capital, hay que ponerles una
alfombra roja para que pasen, y entonces esas son las cosas que no se valen.
Miren,
qué me entero hoy, qué me entero hoy…
Por
eso le digo, doña Annie, con el afecto que tengo hacia usted, que la señora
ministra es una mentirosa, y hay una forma de no volver a decirle así, y es…
¿se dice falta a la verdad?, perfecto, ese es otro calificativo, falta a la
verdad, pero aquí el tiempo es tan limitado es mejor utilizar una palabra que
sea, mentirosa, y no, falta a la verdad, que son tres palabras, me quita más
tiempo, por eso es que digo que es una mentirosa. Cuatro palabras, me quitan más tiempo.
Vean,
¿de qué me entero hoy, qué me entero hoy, doña Xinia, qué me entero hoy?, que
hace su Gobierno, bueno, es mi gobierno también, nos gobierna a todos, pero el
partido. Este presupuesto extraordinario
se va a financiar con un noventa y cinco por ciento con deuda, diputado
Sotomayor, un noventa y cinco por ciento de este presupuesto es con deuda. ¿Y
saben qué decisión recientemente tomó Sugeval?, porque fue aprobado en
Conassif.
Bueno,
resulta que Sugeval, que es la Superintendencia General de Valores, tiene un
reglamento para el reconocimiento y el establecimiento de fondos de inversión,
dentro de ellos por supuesto los fondos de inversión inmobiliario. Entonces
dice el Reglamento de Sugeval, dice: ¿Qué ventajas tiene para el inversionista
tener dineros en fondos de inversión? Aquí hay gente y que maneja muy bien este
tema. Dice el Reglamento: Los rendimientos percibidos por los fondos de
inversión provenientes de títulos valores u otros activos que adquieran y que
no estén sujetos al impuesto único sobre intereses arriba citado —oigan—,
quedarán sujetos a un impuesto único y definitivo con una tarifa del cinco por
ciento.
La
base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos acreditados,
compensados, percibidos o puestos a disposición del fondo de inversión. Las ganancias de capital generadas por la
enajenación, por cualquier título de activos del fondo, estarán sujetas a un
puesto único y definitivo con una tarifa del cinco por ciento. La base imponible será la diferencia entre el
valor de enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha de
dicha transacción.
El
Reglamento en su artículo 7, diputado Aiza, dice: Cada fondo de inversión debe
contar con un mínimo de cincuenta inversionistas.
Cincuenta
personas se ponen de acuerdo, crean un fondo de inversión y ponen ese dinero a
trabajar. Pero resulta, diputado Aiza, que le agradezco la atención, resulta
que se toma una decisión en Conassif; Conassif está por encima de Sugeval.
¿Quiénes conforman Conassif?, lo conforma el
presidente del Banco Central, lo conforma —y aquí es donde me llama a mí la
atención— el ministro de Hacienda, que viene a decirnos no hay plata; lo conforma
el ministro de Hacienda y trece personas más; tres, cinco personas más, dentro
de las cuales quien preside actualmente es José Luis Arce, el esposo de una
señora Ivancovich que don Luis Liberman acaba de nombrar en la organización
esta para velar por la promoción de la competencia del consumidor.
Don Luis Liberman, alterando la forma en que venían
reponiéndose las personas que salían de ahí, ¿verdad?, porque son cinco
propietarios, cinco suplentes, entonces se requería que el suplente pasara a
propietario, ese era el rol, para que estuviera gente que estuviera empapada de
cómo se manejaban las cosas de la competencia.
Diay, de un pronto a otro quitan,
rompen con eso y meten a la señora Ivancovich ahí, y dos personas más, muy
cercanas a don Luis Liberman. Entonces, ¿qué pasa, diputado Aiza?, ¿qué aprueba
el ministro de Hacienda?, que estos fondos de inversión ya no requieran
cincuenta personas por toda la exención en el pago de impuestos, sino que en el
Reglamento se modifica que sean dos personas.
Ya dos personas pueden crear un
fondo de inversión y pueden obtener todos los beneficios en cuanto al exceso
del pago de impuestos. Claro, claro y resulta, —y aquí con el perdón del
diputado Fishman, porque una vez hice una referencia a la comunidad que él pertenece,
comunidad que respeto y admiro y le dije, en su oportunidad, me he leído tres
libros, que hablan de la cultura judía, porque me merece mi respeto, por la
inteligencia que ellos tienen— resulta que gran cantidad de los fondos de
inversión inmobiliario están en manos de judíos y hoy un vicepresidente
pertenece a esa misma minoría.
Y entonces, con ese apalancamiento, con esa
estructura, ¿qué tiene que ir a la calle a velar por sus intereses?, ¿cuáles calles van a bloquear? Ninguna,
ninguna, no tienen necesidad, tienen todo el andamiaje político para
beneficiarse, mientras que los productores nacionales, esos que están de sol a
sol, produciendo nuestros alimentos, que vean a ver qué hacen, ustedes son
ciudadanos, cuatro, cinco meses cuando se arrima una elección, después pasan a
ser pillos, después pasan a ser delincuentes.
Ah, no, pero los amigos del
vicepresidente Liberman, ellos no, ellos no. Ellos está en los clubes selectos,
en los cruceros por todo el mundo, que tienen todo su derecho, eso no lo
critico, pero lo que sí critico es que vengan a valerse del manejo, del
interés, de la influencia política para sangrar al pueblo de Costa Rica.
El ministro de Hacienda dice que no
tiene plata, ¿por qué aprueba este tipo de decisiones, entonces?, ¿esa es la
forma de administrar un país?, ¿ahí eso es lo justo?, ¿esa es la forma de
gobernar para una nación?
No, señor Liberman, usted dijo una vez, cuando
estaba de candidato, que este país le había dado mucho, y que quería
retribuirle algo. No, señor, usted no le está retribuyendo nada a Costa Rica,
usted está sangrando a Costa Rica. Usted está destruyendo nuestra identidad,
nuestra propia identidad.
Diputado Acevedo Hurtado, tengo las pruebas de
todo, porque cuando hablo y digo las cosas, tengo las pruebas y los documentos
en mi mano.
Los mayores inversionistas
pertenecen a esa minoría, que está muy bien representada en Casa Presidencial,
los productores de arroz y de frijoles que viven cerca de su casa, que viven
cerca de su casa, no tienen todas las ayudas, todos los apoyos que, realmente,
requieren esa gente digna que supo, a través de la historia, crear este país,
con su trabajo, con su abnegación, con su cultura, con su forma de ser.
Por eso es que somos gente, en
términos generales, trabajadora, somos gente honesta a pesar de la trocha y
todos los desmanes que hay en infraestructura, huecos por todo lado y demás, la
gran mayoría de los costarricenses somos gente honesta.
Pero bueno, hay algunos vivillos,
vivillos que están ahí en las clases políticas enquistados, que tienen peones,
que tienen peones, y los de fuera tienen un peón que es vicepresidente, y el
vicepresidente tiene otros peones como la ministra de Agricultura, que no tiene
ningún reparo en que se le quite todo el dinero que haya que quitarle al CNP,
en desfinanciarlo, porque es peligroso.
Es peligroso que el día de mañana llegue un partido
político que, realmente, quiera devolverle el respeto, la dignidad, la posición
importante que merecen y tienen todos los productores agricultores
costarricenses, y tienen la herramienta que se llama Ley Marco del CNP, porque
no requiere nada, no se requiere más nada.
Es una ley moderna, a pesar de ser elaborada en
1952 y eso es lo maravilloso, la sabiduría. Es que ahora se habla de gente…
los… tráigame sus atestados académicos, diputado Aiza, ¿verdad?, tráigame su
currículum. Como que si los currículos formaran por dentro a las personas.
Los currículos le enseñan a usted a sumar, restar y
a conocer sobre diversos temas particulares, pero el don de gente, la sabiduría
no se adquiere entre los libros. Entre los libros usted adquiere conocimiento,
conocimiento técnico, y le pueden también en los libros recrear su mente y una
serie de cosas más, pero la sabiduría, el don de gentes, eso se adquiere en la
sana convivencia con otras personas, eso se adquiere con el trabajo honrado,
descansando cuando hay que descansar, pero siempre de forma honrada. Lo demás,
lo demás es necesario, pero no indispensable.
Muchas gracias, señor presidente; ¿de cuánto tiempo
me resta?
El vicepresidente Carlos Luis Avendaño
Calvo:
Sí, señor diputado.
Le restan tres minutos.
Tiene la palabra la diputada Carmen Muñoz, hasta
por diez minutos.
Diputada Carmen María Muñoz Quesada:
Gracias, presidente; buenos días, diputados y
diputadas; un saludo también a quienes en esta sesión extraordinaria pudieran
estar conectados con la discusión que esta mañana tenemos.
Una discusión que gira en el marco de segundo
debate para la aprobación o no del presupuesto extraordinario 2013, un
presupuesto que, como bien lo han indicado acá los diputados y diputadas del
Partido Acción Ciudadana, que me han antecedido, expresa, una vez más, esa
capacidad desarrollada de quienes detentan el poder para, a través de mañas y
subterfugios, proponer un presupuesto extraordinario, que con una de cal y una
de arena, por un lado, borra con la mano derecha lo que hace con la izquierda.
Pues, como se ha planteado aquí claramente, por un
lado se pretende beneficiar al sector agropecuario, un sector que ha sido
impactado de manera grave por las políticas de los… económicas de los últimos
años. Por otro lado, al tiempo que se le dan recursos, también se desmantela,
en una estrategia perversa a una de las instituciones más emblemáticas en
defensa del sector agropecuario como lo es el CNP, el Consejo Nacional de
Producción.
Han versado las intervenciones de los compañeros también
en la denuncia de una política clientelar que se expresa de manera diáfana y
sin ambigüedades en un proyecto que favorece con miles y miles de millones a
una cantidad importante de municipalidades, pero sobre las cuales, claramente
se ha identificado, no privaron estudios, no privaron consultas. Y, por otra
parte, con la misma imaginación clientelar, proselitista y electorera, se deja
a un conjunto importante de municipalidades fuera, justamente, de estos
recursos que para nadie es un secreto pueden cambiar su destino en el camino de
los próximos meses.
Un presupuesto hecho con premeditación y alevosía para
favorecerse en el marco de una campaña electoral iniciada tempranamente por el
candidato oficialista, para, justamente, desde las municipalidades favorecidas,
favorecerse con los votos en el uso clientelar y politiquero de estos recursos.
Pero esta no es la primera vez que en esta Asamblea
Legislativa se presentan iniciativas y recursos y proyectos que con fines
positivos. Por ejemplo, con el fideicomiso educativo se han comprometido todas
las fracciones a apoyar, pero que en términos prácticos son utilizados por los
pegabanderas y dirigentes locales de muchos partidos para llevar agua a sus
molinos, favoreciendo más allá del objetivo primario los intereses electorales,
que, como decía hace un rato, calientan ya en el marco de la próxima campaña
electoral.
Han hecho los diputados y diputadas del Partido Acción
Ciudadana un paso y un análisis transparente y diáfano, y muy concreto, sobre
las bondades pero también, sobre todo, las irregularidades de un proyecto de
presupuesto que no es otra cosa que un caballo de Troya para justificar a
través de las necesidades de financiamiento del sector agropecuario, favorecer,
por supuesto, una importante cantidad de partidas que no son otra cosa que como
he dicho con una intención de favorecer los intereses del partido de Gobierno y
el interés de reelección en la próxima campaña electoral.
Desde esa perspectiva, ha sido y es la posición del
Partido Acción Ciudadana no favorecer con sus votos la aprobación de este
presupuesto extraordinario, teniendo muy en cuenta que su concepción y su
planteamiento obedece, como se ha dicho, y vamos a expresar públicamente, a un
amañamiento y a una suerte de ajustar intereses políticos en el marco de la
campaña electoral.
Ha hecho el Partido Acción Ciudadana hoy un ejercicio
serio, responsable, maduro y muy apegado a sus principios y valores que lo han
determinado en los últimos doce años para expresarle al pueblo de Costa Rica,
sin ambigüedades, las razones por las cuales esta fracción no apoyará con sus
votos el presupuesto extraordinario.
Así las cosas, yo finalizo mi intervención, me reservo el
tiempo que me resta para que continúen los compañeros de otras fracciones
haciendo sus intervenciones.
¿Cuánto me queda, señor presidente?
El vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo:
Con mucho gusto, señora diputada, cuatro minutos le
restan, cuatro minutos veinte segundos.
Diputada Carmen María Muñoz Quesada:
Por el orden.
El vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo:
Sí, por la orden, diputada Muñoz.
Diputada Carmen María Muñoz Quesada:
Gracias, presidente.
Para cederle el tiempo restante al diputado Juan Carlos
Mendoza.
El vicepresidente Carlos Luis Avendaño Calvo:
Con mucho gusto, diputada Muñoz.
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza García,
hasta por cuatro minutos.
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
Gracias, señor presidente.
Hemos venido señalando que desde distintas visiones de la
fracción del Partido Acción Ciudadana que este presupuesto, pues,
definitivamente no debe ser aprobado por esta Asamblea Legislativa. Tenemos esa
asignación desigual y totalmente perversa de tres mil seiscientos millones a
los distintos gobiernos locales, no a todos, a unos sí y a otros no. Hay
desigualdades claras y manifiestas que realmente cuestionan el sentir, pues, de
cierta proporcionalidad que se debería guardar en esta asignación de recursos.
Vemos también, bueno, pues que de entrada el presupuesto, como bien lo
apuntaron diputados de la fracción, está financiado prácticamente en un noventa
y cinco por ciento por la venta de bonos y lo que más preocupa en esta caso son
esos cinco mil quinientos millones para la reorganización y pago de
prestaciones en el Consejo Nacional de Producción.
Definitivamente, ese cierre técnico que se le busca hacer
al Consejo Nacional de Producción, esa movilidad laboral que se está planeando,
ese desmantelamiento de la institucionalidad que alguna vez apoyó al agro
costarricense, es lamentable. Y es lamentable, y vamos a ver la votación, pero
yo desde ya digo es lamentable.
Los diputados que se suponía fueron electos acá para ser oposición, y
vamos a ver quiénes finalmente apoyan este presupuesto, porque acá lo que se
está haciendo es hacerle el juego al Gobierno, es a quienes voten de oposición
este presupuesto son… les están traicionando a los electores que los trajeron
acá a la Asamblea Legislativa, que votaron con ellos justamente para hacerle un
contrapeso político a esta política del Partido Liberación Nacional que en este
caso se plasma de la forma más tradicional, de la forma más clientelar, de la forma
más perversa en un ejercicio presupuestario extraordinario que tiene todas esas
incongruencias que hemos venido señalando.
Creo que realmente es momento de que o será este uno de
los momentos pues más significativos en el Parlamento cuando a pocos meses de
una elección nacional vemos cómo se van realineando las fuerzas políticas y se
van traicionando a los electores. Ojalá algunos de esos electores puedan
visualizar qué es lo que pasa y cuáles son los partidos, las personas, los
diputados y diputadas que se alinean con el oficialismo y con esta forma
tradicional de hacer política y de administrar los presupuestos de la
República.
Gracias, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Han restado cincuenta y tres
segundos del tiempo del diputado Mendoza García.
Continúa en el uso de la palabra,
por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, el diputado Céspedes
Salazar, quien ha variado el orden —me indican— con el partido Movimiento
Libertario.
Por treinta minutos, señor diputado
Céspedes.
Diputado Walter
Céspedes Salazar:
Muchas gracias, señor presidente;
compañeras y compañeros diputados.
He contribuido como diputado y
representando la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en la Comisión de
Hacendarios, a facilitar o a permitir, o a no obstaculizar el desenvolvimiento
del proyecto del presupuesto extraordinario, porque en todo caso, el Reglamento
es muy claro y señala un tiempo donde definitivamente, por más mociones que si
uno quiera presentar, el proyecto de presupuesto siempre tiene que votarse en
un momento determinado, y además, que cuenta con los votos del Partido
Liberación Nacional, más algunos diputados de otros partidos, que comparten,
que comparten la aprobación de este presupuesto extraordinario.
He señalado algunas incongruencias y algunas cosas
que están en el presupuesto, que me parece que no son apropiadas y que obedecen
a un segundo o a un doble discurso por parte del ministro de Hacienda y por
parte de los diferentes ministerios, que incorporan partidas en este
presupuesto extraordinario.
Todos los diputados y diputadas y algunos
costarricenses sabemos el compromiso que existe todavía por parte de los
diputados con los cafetaleros, por el problema de la roya y desde el principio
todos estábamos apuntados a ayudar, a contribuir con este grupo de agricultores
del país que fueron azotados por una enfermedad conocida como la roya, y que
desde el principio estuvimos de acuerdo en meter en un presupuesto
extraordinario una partida de veinte mil millones para crear un fideicomiso que
viniera a aliviar y que viniera a propiciar el desarrollo, nuevamente, de la
continuidad del cultivo del café.
Sin embargo, sin embargo, el Gobierno o el ministro
de Hacienda, empujado o asesorado por algunas otras personas del partido que
están en función pública, aprovecharon
ese sentimiento de parte del cien por ciento de los diputados con los
cafetaleros, para colarse con otras partidas que no eran y no son los
compromisos que asumió la oposición.
De ahí se sacaron de la manga unas partidas para
las municipalidades, partidas que hemos presentado un recurso, una consulta de
inconstitucionalidad, porque no siguió el trámite que dicta la Ley 7755 de
partidas específicas, porque muchas de esas partidas que ahí se apuntaron son
clientelistas y obedecen a criterios políticos y no a criterios técnicos,
porque muchas partidas que ahí se señalan atropellan la autonomía municipal y
porque no se siguió el procedimiento.
La Unión Nacional de Gobiernos Locales se aprovechó
de su investidura para tomar la decisión de cuáles partidas se incluían y
cuáles no. Tengo sendas de cartas de municipalidades donde el procedimiento
utilizado no fue el correcto, no fue el que dicta la Ley 7755.
Es un clientelismo y no se hizo basado en la igualdad,
ni en la razonabilidad de la distribución, ni en la proporcionalidad de los
recursos. Hay municipalidades que tienen
hasta trescientos millones y hay municipalidades que tienen cero, y hay
concejos de distrito que tienen hasta ciento cincuenta millones y hay concejos
de distrito que tienen cero.
No se aplicó ni se distribuyeron de acuerdo al
índice de desarrollo ni al índice de pobreza; ni se distribuyeron basados en
documentos ni en estudios técnicos. Se utilizó un mecanismo clientelista, clientelista
por parte de los cuellos blancos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que
no solamente, no solamente tomaron la decisión de ser ellos los que guiaban
estos proyectos, sino que también se recetaron más de setenta millones, donde
el discurso del ministro de Hacienda es que no hay recursos y, por otro lado,
la Unión Nacional de Gobiernos Locales se receta setenta y resto de millones
para construir un edificio endeudando al país, porque el noventa y cinco por
ciento de este presupuesto es endeudamiento.
No hay plata, no hay plata. ¿Les consultaron a los
costarricenses?, ¿les preguntaron a los diputados que si aceptábamos
endeudarnos más?, ¿ah?
Eso es como una casa donde hay una familia y uno
solo toma la decisión de endeudarse por toda la familia. Eso es igual a lo que
está sucediendo con este presupuesto: uno podría aceptar que en el caso de los
cafetaleros valía la pena endeudarse para salvar un montón de familias que
podían verse afectadas y que podían quebrar, pero todo lo demás, todo lo demás
no obedece a criterios técnicos, sino obedece más a criterios políticos en un
año electoral.
Veamos algunas cosas, veamos algunas cosas.
Se le asigna en este presupuesto veintiocho mil
millones al Conavi, y al MOPT para puentes Bailey; dos mil millones, treinta
mil millones. ¿Por qué tenemos que asignar treinta mil millones al Conavi?,
¿por qué?, ¿por qué le hace falta plata al Conavi?, ¿por qué el Conavi gastó en
seis meses todo el presupuesto del 2013?
Cuando empezaron a utilizar los recursos que se
tenía para dar mantenimiento a las vías, a las rutas nacionales de este país, y
aprovecharon esas circunstancias para comenzar a hacer asfaltados que no
estaban presupuestados utilizando los recursos de mantenimiento y
Y
se comieron esa plata utilizando un mecanismo que ya de por sí la Contraloría
señaló y prohíbe, y le prohíbe al Conavi seguir utilizando ese mecanismo de
contratación, porque es un mecanismo amañado, porque es un mecanismo donde
contratan a una empresa para mantenimiento, y ahí mismo le adjudican el
asfaltado para obviarse la licitación; y eso lo que ha hecho es que encareció
los costos de mantenimiento de todo este país y se jartaron la plata en seis
meses.
Por eso ahora, diputado Juan Bosco, por eso ahora tenemos
que darle veintiocho mil millones porque se comieron la plata. Eso es lo que
pasó. Y esos veintiocho mil millones no es que hay plata, es que tenemos que
endeudarnos en veintiocho mil millones por una mala decisión de los jerarcas
que han estado en el Conavi, que hoy meten la pata y mañana meten las otras dos
patas, porque tienen como tres patas.
Yo creo que la gente ha hablado. Los compañeros que me
antecedieron en el uso de la palabra han hablado suficiente, suficiente de la
partida de siete mil millones del MOPT, del Consejo Nacional de Producción.
Yo
voy a hablar una parte que me parece, me parece que está mal. Cuando usted
analiza el presupuesto y la partida de siete mil millones del Consejo Nacional
de Producción ─y eso lo hablaba con el diputado Fishman─ si usted analiza profundamente lo que está sucediendo
con esa partida y cuando usted escucha que lo que se quiere es convertir el
Consejo Nacional de Producción en un departamento de comercialización, cuando
usted entiende que vía un presupuesto, usted está variando los objetivos del
Consejo Nacional de Producción, cuando usted observa eso, eso se convierte en
una norma atípica, y ya la Sala se ha pronunciado sobre las normas atípicas.
Es decir, usted, vía presupuesto, le está señalando, está
obviando la Ley del CNP y convierte el CNP en un departamento, violentando la
ley porque está dejando desfinanciado lo que dice la ley para ahora financiar
lo que usted está interpretando que es simplemente convertir el CNP en un
departamento de comercialización y está dejando todo el resto sin plata, estás
violentando, es decir, que vía este presupuesto lo que estás haciendo es
modificando la ley.
Eso es, a través de una norma presupuestaria —vea que se
los digo, y se les va a caer; vea que se los digo, pero no han querido hacer
caso— están señalando, están presupuestando una parte de la ley y dejando
desprovista toda la otra ley y eso lo convierte en una norma atípica. Vea que
se los digo.
Y
hacer una norma típica se cae, porque usted no puede a través de una ley de
presupuesto interpretar lo que tiene que hacer con una ley que tiene el CNP.
Vea que se los estoy diciendo para que usted no diga:
¿Don Walter, por qué no nos dijo algo de eso? Bueno, ahí se los dejo brincando.
Eso
es lo que tengo que decir con respecto al CNP, porque ya los demás compañeros
hablaron de la otra parte.
Están creando más de doscientas plazas en el Ministerio
de Salud, doscientas cuarenta y nueve plazas. Y cuando yo le pregunto a la
ministra de Salud por qué en un año electoral, ah, por qué en un año electoral
están creando doscientas cuarenta y nueve plazas y no lo hicieron en primer
año, y no lo hicieron en el segundo año, y no lo hicieron en el tercer año y lo
están haciendo cuando faltan cuatro meses para ir a votar, me suena como en
aquel tiempo cuando estaba Doryan en la Caja que se iba a aprobar el TLC, donde
aquellas diez mil plazas, que hoy tiene en los problemas que tiene la Caja a
punto de quebrar.
Es
decir que, sin ningún estudio técnico, sin ninguna razonabilidad, se inventan
la creación de plazas precisamente para poder pagar favores políticos en un año
electoral, son doscientos cuarenta y nueve activistas más que quiere este
Gobierno para poner a disposición en las próximas elecciones.
Más
claro no canta un gallo. Aquí no habemos tontos, que lo quiera explicar de otra
manera es otra cosa, pero que uno entiende que siempre en los años electorales
se inventan cosas, se las inventan, en las elecciones pasadas faltando cuatro
meses para las votaciones, se sacaron de la manga los comedores escolares y
gastaron y malgastaron cuatro mil quinientos millones que yo denuncié.
Está
en el Ministerio Público, pero aquí como nada de lo que denuncia este diputado
lo investiga la Fiscalía, ahí duerme el sueño de los justos, porque nada
sucede.
Hace
un año la comisión de la Caja denunciamos las anomalías, las irregularidades
que estaba cometiendo el gerente de pensiones de la Caja y le señalamos y le
dijimos a la presidenta de la Caja que no nombrara a Iván Guardia en ninguna de
las gerencias que estaban sacando a licitación; es más, no tiene los
requisitos, le montaron la plaza para dársela a él.
Lean
La Extra de ayer, lean el reportaje para que se den cuenta de la clase de
animal que nombraron ahí en la gerencia de financiera de la Caja. Lean hoy La
Extra para que se den cuenta de las denuncias que hicimos y ese informe lo
mandamos al Ministerio Público y ahí está durmiendo el sueño de los justos.
De
qué le sirve a un costarricense o de qué le sirve a un diputado hacer los
señalamientos, hacer las investigaciones si al final de cuenta no nada pasa.
Este diputado denunció en Sarapiquí en el Ministerio Público al ministro
Francisco Jiménez y el ministro René Castro, por la trocha, y tan siquiera los
han llamado a declarar.
Vea,
vean la cantidad de gente que se denunció ante el Ministerio Público con las
anomalías que se dieron en la Caja y que hoy siguen el sueño y no son
investigados.
Es
una barbaridad que una persona que es el director financiero de la Caja se dé
el lujo, se dé el lujo de financiar su casa por más de quinientos millones de
colones con recursos de la Caja y ahí está suelto. Violó a su señora, lean lo
que dice el periódico y ahí está suelto el director. Vean en las manos en que
estamos, el director financiero de la Caja y ahí está. ¿Lo han ido a apresar?,
¿lo han ido a buscar?, no.
Porque son de cuello blanco y porque hay una argolla en
la cúpula de la Caja que si se va uno se van los demás porque cantan todas las
irregularidades de todas las gerencias incluyendo la Presidencia Ejecutiva de
la Caja.
Es un argollón que si tocan uno se va todo el mundo. Les
leo. ¿Quieren escuchar todos los que se denunciaron, ah?, ¿quieren escuchar?
Vea, imagínese, había que echar a todo este montón, los funcionarios, la
doctora Ileana Balmaceda, empezando por la presidenta Ejecutiva de la Caja,
escuchen, ¡ah! Licenciado Iván Guardia, el que les acabo de decir, licenciado
José Alberto Acuña, el gerente administrativo; licenciado Manuel Ugarte Brenes,
el gerente financiero; licenciado José Luis Quesada Martínez, gerente de
Pensiones; ingeniero Dinora Garro Herrera; el gerente
Interventora de Pensiones, licenciado Álvaro Vega Rojas; director de
Inversiones, licenciado Sara González Castillo, licenciado Carlos Montoya
Murillo, tesorero general, licenciado Roy Retana, jefe de Crédito y Cobro, y
licenciado Cristian Hernández Chacón, jefe de Colocación de Valores, se le va
todo, se van todos, Justo, eso es un argollón.
Por eso, no tocan a ninguno, por eso este carajo está
ahí, usted cree que otra persona que esté en otro puesto que no pertenezca a
esa argolla que se jale ese tortón. Que se diga cómo construyó la casa con
recursos, cómo construyó la casa con recursos de los costarricenses. Plata que
hubiera servido para salvar vidas, para salvar niños, para construir ebáis. Se
llevó la harina y ahí está y no le hacen nada.
Esa es la gran diferencia como miden a los grandes y como
miden a los pequeños. Así se mide la justicia en este país, se aplica para unos
pero para otros no, porque aquí no pueden tocarlo porque si lo tocan le cantan.
Dicen todo lo que está pasando en una institución que debió de haber sido
intervenida hace tiempo.
Lean
el informe de los notables, lean el informe de los diputados en la Caja, lean
todo lo que hemos escrito. No han querido acatar ni una sola medida y ahí se
les va a venir desplomando uno por uno, porque Dios tarda, pero no olvida.
Y si aquí no hay justicia legal hay justicia divina y se
van cayendo, se van a ir cayendo uno por uno. Esa es la realidad,
lastimosamente a mí no me ha tocado hablar bellezas, solo investigaciones que
hacemos.
¿Y
sabe qué presidente?, lo invito a usted e invito a los jefes de fracción para
que agarremos una semana que vale la pena y hablemos de la Caja, conozcamos ese
informe, conozcamos los proyectos de la Caja, conozcamos todo lo que se ha
escrito para salvar la institución. La están regalando, están privatizando los
ebáis. ¿Eso dice la Ley Constitutiva de la Caja?, ¿eso es lo que quisieron los
fundadores de la Caja?, no, no es eso.
Están enterrando la salud de este país, están
privatizando la salud de este país y están empezando con los ebais.
Agarremos una semana y debatamos de la Caja, pidamos aquí
y vemos a todos y recibamos a todas las personas que han trabajado en los
informes de la Caja para sentar las responsabilidades del caso.
Pero no, pero no, se hacen otros debates diferentes y la
institución benemérita y la institución más grande que tiene Costa Rica ahí
está despedazándose con este tipo de nombramientos.
Le dijimos a la presidenta de la Caja —ahí estaba Sianny,
ahí estaban los diputados, todos los de las fracciones—, le dijimos: No nombre
a ese irresponsable. Y lo nombró de gerente financiero y vea hoy, todo esto lo
habíamos dicho, está dentro del informe que nosotros hicimos. ¿Y qué pasó?,
este es el país donde todo pasa y no pasa nada; esa es la pura y real verdad.
Llevo cuatro años de señalar puntualmente las cosas, no
solo abrir la boca por abrirla, haciendo investigaciones, documentado y nada ha
pasado. Me voy a ir tranquilo con mi conciencia, pero también preocupado porque
este es el país donde posiblemente ya la gente va a dejar de denunciar y se van
a terminar de robar, porque nada está pasando, no hay un caso resuelto que a
uno le satisfaga que valió la pena trabajar, porque todo lo dejan votado, eso
es lo que pasa, eso es lo que sucede.
A última hora, en el presupuesto presentaron una partida
de doscientos veintiséis millones. Yo no me opuse a eso porque si se debe que
se pague y además era una asociación que nombró el Poder Ejecutivo para hacerle
frente a los Juegos Centroamericanos que estuvieron muy bien. Uno tiene que ser
elegante en las críticas y también responsable cuando dice las cosas.
Estuvo
muy bien, todo eso fue bien manejado. Al final viene una moción para pagar una
deuda de doscientos veintiséis millones. ¿Cuál fue mi intervención responsable
como diputado?, bueno, ¿qué es lo que van a pagar, díganos que es lo que van a
pagar? No hubo explicación, no estuvo la explicación, no se dio. Simplemente la
del Ministerio de Hacienda dice para deudas que se tiene y punto y la partida
pasó.
¿Así
es como se manejan las cosas? No, debe haber más trasparencia, más explicación
para uno no quedar con dudas de qué, en qué fue y cómo fue que se gastó esa
plata.
En
ese sentido, a mí no me satisface, diay, bajo ninguna forma y termino la idea
de la creación de doscientas cuarenta y nueve plazas en el Ministerio de Salud,
faltando cuatro meses para las votaciones. Y cuando le pregunto a la ministra
de Salud y por qué esto no lo hizo el año pasado si el programa de doña Laura
de la Red de Cuido empezó desde que estaba siendo candidata a la Presidencia,
no empezó faltando cuatro meses para las elecciones y para apoyar un candidato
de su partido, no.
Ah —dice la ministra—, es que no me
quisieron aprobar las plazas porque había un decreto de la señora presidenta
que no permitía crear plazas; pero, vean qué curioso, faltando seis meses para
las votaciones ya el decreto no está, ah, y aquí no hay tontos.
¿Usted entiende?, ¿o es que cambió
el país?, ¿ya vamos para otro país?
No funciona así, la verdad y la
realidad de eso es que están aprovechando la última parte para nombrar
personas. Vean lo que puso, vean lo que
viene Cómex, y están creando seis plazas, y le pregunté yo al viceministro…
Lástima que no vino la ministra, porque ese tema sí lo tengo ya bien
investigado, y les voy a decir cuánto ha gasto la ministra promoviendo su
nombre para ocupar una plaza, ya tengo toda la información, toda, toda la
información, toda, viaje por viaje, adónde fue, qué hizo.
Bueno, pareciera que yo iba metido en la maleta
porque me lo sé de memoria, pero ya se los voy a decir, hoy no se los voy a
decir, no, hoy no, hoy no porque esa es una buena investigación que hice y yo
sé que muchos me van a decir: eso es parte, esas son las acciones, no, ese
puesto no es para Costa Rica, eso es diferente y ahí lo vamos a hablar.
¿Pero saben qué está haciendo el
presupuesto?, creando seis plazas de cinco millones cada plaza. Y le pregunto
yo: ¿Son las plazas que está creando usted?, porque seguro a usted no lo ponen
de viceministro para irse a colocar en esa placita de cinco melones. Seis plazas que le cuestan al país por mes un
montón de millones, diputado presidente.
Entonces, dice: No, nos vamos a ver,
diputado y usted verá que yo no voy a estar ahí; pero están haciendo un
convenio con Cinde de mil quinientos millones también
para acomodar gente, mil quinientos millones. Ahora resulta ser que Cinde ocupa que le demos mil quinientos millones para
seguir trayendo inversionistas a Costa Rica y estos tres años atrás no se le ha
dado ni un cinco, ¿cómo ahora sí se ocupa?
Esas son las cosas, aquí no habemos
tontos, están acomodando, están acomodando los presupuestos para todo ese
montón de gente que va para afuera, supongo yo, supongo, porque si gana la
Unidad todos esos van para afuera. Si gana Johnny yo no sé si se irán unos y
otros no, pero, bueno, habrá que ver, ¿verdad?, habrá que ver cómo se va a
acomodar eso.
La cosa es que el pastel está arreglado para
esperar al que viene, al que va a decidir el pueblo de Costa Rica.
No, nosotros no vamos a aprobar ese
presupuesto y nos duele mucho. ¿Saben por qué nos duele?, porque nosotros sí
queremos ayudar a los cafetaleros, sinceramente se los digo, y ustedes saben
que yo hablo con la verdad. Pero no nos gustó que aprovecharán este presupuesto
extraordinario para meter otras cosas, para poder sacarlo argumentando de que
tenemos que aprobar el fideicomiso por veinte mil millones de colones y eso
duele porque eso es como limitar el pensamiento y como guiar a los diputados
hacia una votación, entendiendo que me aprueban esto, pero además me tienen que
aprobar esto.
No hay separación aquí, aquí este
proyecto de los veinte mil millones de los cafetaleros tenía que haber venido
solito, salir sano y haberse aprobado por mayoría, y no se viera ni discutido,
ni hubiéramos tenido que estar hoy aquí conversando o hablando con el pueblo de
Costa Rica porque hubiera sido sano eso.
Sí, ya tengo en mis manos el
proyecto de los cambios donde toman sobrantes del Icoder para su dación; ya
tengo el presupuesto, pero no voy a ahondar sobre eso todavía. Voy a decir
algunas razones por las cuales nosotros, la fracción de la Unidad, no va a
aprobar ese proyecto.
Nos genera mucho… nos parece una
maniobra y es injusto repartir cuatro mil seiscientos millones en las
municipalidades y haber dejado un montón de municipalidades por fuera.
Le meten novecientos millones al Programa
de Auxilio Temporal de Trabajo, que ustedes saben cómo se maneje eso. Los que
hemos gobernado, por los menos este servidor tuvo la oportunidad que me dio el
partido y este país de estar en la función pública haciendo gobierno y yo sé
cómo se manejan estas partidas del Ministerio de Trabajo que dan subsidio
temporal, se manejan políticamente, así se manejan.
Bueno, faltando cuatro meses se
meten novecientos millones más mientras viene este presupuesto. Lo aprueban y
consiguen todo esto… la gente que hay asistirla o ya la deben de tener lista,
nada más esperando la harina para echar la plata; echar la harina para dársela
a la gente.
Presidente, ¿qué fue?, ¿qué pasó?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Ha concluido su tiempo, señor
diputado, de treinta minutos.
Diputado Walter Céspedes Salazar:
¿No le habíamos dicho que tenía que
darle cinco minutos al diputado Rodríguez?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
No, nadie nos indicó, señor
diputado, que había una distribución del tiempo. Tenemos anotado treinta
minutos el diputado Céspedes Salazar, no tenemos anotado a nadie, a ningún otro
diputado, excepto que talvez alguna otra fracción quisiera otorgarle el tiempo
que le corresponde.
Diputado Walter Céspedes Salazar:
Está bien, presidente, me dice la
diputada doña Marielos que ella le va a ceder ahora los cinco minutos.
Bueno, presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Diputado Walter Céspedes Salazar:
Muchas gracias.
Me quedo inconcluso, debí haber pedido una hora. La
verdad es que cooperé mucho con Sianny, porque cuando iba a pedir la hora me
jaló el saco. Me quedé corto en la
defensa hoy del presupuesto.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Continúa en el uso de la palabra la
diputada Alfaro Murillo, pero le ha otorgado cinco minutos al diputado
Rodríguez.
Diputada Alfaro Murillo.
Ya le doy la palabra por el orden,
diputado Fishman.
Sí, diputada.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Buenos días, señor presidente.
Lo que voy a hacer es utilizar los veinticinco
minutos y me indica usted al término de los veinticinco minutos para pasarle la
palabra al diputado de la Unidad Social Cristiana.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Perfecto.
Diputado Fishman, ha solicitado
usted la palabra por el orden, con mucho gusto.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias, señor presidente.
Bueno, me parece que esos acuerdos
de debates reglados no son válidos, ¿verdad?, es decir, yo tengo el tiempo que
pueda disponer con entera libertad, y le ruego que me apunte.
Muchas gracias.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Alfaro
Murillo por veinticinco minutos, señora diputada.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Muchas gracias, señor presidente.
Para justificar, también, y quede en
actas, la posición de desaprobación, en relación a este presupuesto
extraordinario.
Yo quiero referirme a los eventos
que hemos vivido en este plenario legislativo, relacionados con la liquidación
de presupuestos anteriores 2010, 2011, 2012, y la falta de acción de parte de
las instituciones de Gobierno para tomar las acciones correspondientes para
poder mejorar en todo lo que se ha dicho que hay errores en los procesos de
evaluación y ejecución.
Hemos tenido, en la Comisión de
Control de Ingreso y Gasto Público, a los ministros de Hacienda, Planificación,
y a la Contraloría General de la República. Tuvimos en Planificación a doña
Laura Alfaro que vino y nos dijo que en todo el tema de planificación y todo el
amarre de la planificación con el presupuesto había un plan que lo iba a
resolver y que nosotros íbamos a tener una mejor ejecución, íbamos a poder
valorar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto, en
relación a las metas propuestas con los indicadores de cumplimiento bien
detallados.
Bueno, ese fue el planteamiento de
doña Laura Alfaro, pero doña Laura Alfaro se fue, y eso quedó nuevamente en un
limbo.
Vino luego el ministro Gallardo, hay
un… también un planteamiento de que se ha trabajado en esa articulación entre
el presupuesto y las metas del Plan Nacional de Desarrollo, pero lo cierto es
que no es.
Entonces, tenemos dos ministros de
Planificación que han hecho una oferta de mejorar en relación a las
observaciones que ya, por diez años —oigan, por diez años— ha hecho la
Contraloría General de la República y se ha hecho aquí desde la Comisión de
Control de Ingreso y Gasto Público y el Departamento de Asesoría que trabaja con
la comisión y no hemos logrado nada.
Vinieron también los ministros de
Hacienda. Vino primero don Fernando Herrero, a quien le hicimos
cuestionamientos sobre esa falta de articulación y un montón de
recomendaciones, no acogidas por parte del Ministerio de Hacienda, y que la
Contraloría ha venido haciendo reiteradamente y con el mayor desánimo y
descaro.
El ministro Herrero dijo: No se puede. No se pudo,
así lo hicimos. Y cuando inclusive le hablamos de los problemas del presupuesto
nacional de la República dijo: No es
problema mío, ustedes lo aprueban.
Ese era el ministro con el que arrancamos. Vean qué irrespeto, qué falta de asumir la
responsabilidad de la jerarquía que le corresponde a un ministro de Hacienda.
Luego el ministro Ayales hace lo que puede, pero,
evidentemente, ya estamos hacia el final de la Administración y no se ha
logrado atender las recomendaciones existentes.
Desde hace tres años, sabemos los diputados que
estamos en este plenario legislativo, que toda la programación física, incluida
en los presupuestos del 2010, 11 y 12, y los informes de evaluación han
indicado que no es posible relacionar uno a uno los resultados de las metas
planteadas con los indicadores de cada programa o subprograma.
¿Cómo no es posible? Tenemos todo un Ministerio de
Planificación y un Ministerio de Hacienda trabajando en eso, y no es posible
relacionarlo, perdonen, estas personas que están ahí también, supongo yo han
trabajado en empresas, y en empresas sí lo hacen, ¿por qué cuando llegan al
Gobierno no lo hacen?, ¿por qué cuando llegan al Gobierno no trabajan con la
eficiencia, con la diligencia que exige la responsabilidad de ese cargo?,
bueno, porque aquí juegan otras cosas, que ya mis compañeros que han hablado
del Partido Acción Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana han
mencionado.
Dice que no es posible determinar el cumplimiento
del artículo 52, párrafo 2, o sea, lo que corresponde al aporte del desarrollo
económico social del país, que se alcanza a través del cumplimiento de las metas,
objetivos y prioridades establecidas, pero no se puede.
Tampoco se observa el cumplimiento del artículo 52,
párrafo 3, dado que no se incluyen elementos explicativos para medir la
efectividad de los programas ni la eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
Doña Yolanda, no es posible medir si la plata que
estamos destinando verdaderamente genera los productos que estamos esperando,
pero es obvio, por eso estamos tan mal, porque metemos plata y esto es una olla
sin fondo, y como dijo don Walter y metemos plata, don Walter, en algunas áreas
en donde no sabemos exactamente con qué fines y hacia dónde se va a dirigir
finalmente.
Bueno, esos cuestionamientos hacen
indiscutiblemente que ninguno de nosotros, diputados de la oposición, podamos
avalar semejantes actos de irresponsabilidad en el diseño y en la ejecución de
los presupuestos públicos.
Sigue sin realizarse un análisis sobre las causas
que motivan los desajustes entre lo programado y lo logrado, de modo que en
muchos casos solo se presenta un listado de logros o participaciones o análisis
descriptivos de las cifras y a pesar de los incumplimientos presentados hay una
cosa todavía más seria: sigue sin la aplicación el régimen sancionatorio.
Aquí cada jerarca hace lo que le da la gana, los
funcionarios hacen lo que les da la gana y el régimen sancionatorio no
funciona.
Nosotros hemos visto que a pesar de que la
Contraloría General de la República reitera los señalamientos en
incumplimientos en este año y los anteriores, principalmente sobre la dificultad
de ejercer una verdadera evaluación de resultados, saben ustedes que en la
Memoria Anual de la Contraloría no hay ninguna referencia en cuanto a la
aplicación del régimen de responsabilidad que señala la Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos de la República, no se habla nada, de qué
sanciones ejercer.
Pero las pruebas existen, hay diez informes de diez
años anteriores de la Contraloría General de la República, diciendo que hay
incumplimientos evidentes; sin embargo, no se menciona en ningún momento y hoy…
al día de hoy igualmente la forma en que deben responder los funcionarios
públicos ante estos incumplimientos.
Persisten todos los problemas señalados en estos diez años.
Les voy a comentar una anécdota de la última
revisión de presupuesto del 2012.
Estábamos en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público el 6 de
junio y un diputado de la fracción de Liberación, el diputado Fabio Molina,
hace su intervención y lo primero que dice es: Entonces, no hay sorpresas, ni
en lo que nos va a decir don Ovidio, ni lo que nos va a decir el ministro de
Hacienda, ni la Contraloría; ni Mandrake para los viejitos como yo, dice, que
somos los que sabemos quién es Mandrake.
¿Para qué perder seis sesiones, escuchen, para qué
perder seis sesiones, para que nos demos gusto hablando de la liquidación del
presupuesto?
Esa es la posición de la fracción del Partido
Liberación Nacional, de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, como
no hay sorpresas, como los errores persisten, como las deficiencias persisten,
como no se ha hecho nada en estos tres años para arreglar todos los problemas
que hay, entonces, para qué perdemos el tiempo en trabajar seis sesiones. Esa
es la lógica de mis compañeros de la fracción de Gobierno, esa es la lógica tan
clara.
Como no tenemos nada que decir porque los errores y
los horrores que se han cometido en los últimos tres años son los mismos,
tenemos los mismos inútiles ministros en Hacienda, los mismos inútiles
ministros en Planificación, como todos son un montón de irresponsables que no
cumplen con las normas que les corresponde en esa posición de jerarquía que
tienen, entonces, para qué nos desgastamos seis sesiones, porque vamos a decir
lo mismo.
¿Y saben qué?, tiene razón, vamos a decir lo mismo,
los errores y horrores son los mismos, pero el problema es nuestra
responsabilidad constitucional, nadie hace nada y los diputados de la República
no podemos ignorar, no podemos obviar el que nadie hace absolutamente nada
dentro del Gobierno para mejorar esa ejecución, para mejorar la articulación,
para demostrar que la inversión que se está haciendo, principalmente la
inversión social reditúa de acuerdo a esa inversión que hemos aprobado aquí en
este plenario legislativo.
Sin lugar a dudas, tras la revisión de los diversos
informes la Contraloría General de la República y los dictámenes de liquidación
del presupuesto que se han venido presentando, lleva razón, como dije antes,
pues persisten los mismos problemas.
¿Cuáles son? Subejecución presupuestaria que llega a niveles alarmantes;
falta de coordinación entre los ministerios de Hacienda y Planificación para
armonizar la información y darle un carácter de verdadera rendición de cuentas;
ausencia de vinculación de las metas nacionales, sectoriales y de los objetivos
del Plan Nacional de Desarrollo con el presupuesto de la República, y ausencia
de indicadores que demuestren la efectividad e impacto del gasto público. Todo
esto, por supuesto, a la vista y paciencia del Poder Ejecutivo que no hace
absolutamente nada por solventar estos problemas.
Persisten, como hemos dicho, en incumplimiento del
artículo 6 de la Ley 8131 de Administración Financiera y Presupuestos Públicos
de la República, toda vez que continuamos financiando el gasto con deuda.
Adicionalmente, en cuanto a la incapacidad del Ejecutivo
para ejecutar los recursos del presupuesto, hemos vistos que pasamos de una
cifra en el 2009, de una subejecución de doscientos diecisiete mil millones, a
estar en el 2011 en cuatrocientos diez mil millones y cerrar para este año 2012
en el cuatrocientos cincuenta y un mil millones; o sea, tampoco hay capacidad
para ejecutar lo asignado.
Y, entonces, hoy tenemos que discutir un presupuesto
extraordinario cuando ya sabemos que hay un gran monto que no se ha ejecutado y
que va a ser el corolario del cierre de la liquidación presupuestaria 2013.
Entonces, cómo entramos hoy a hacer ese ajuste cuando sabemos que de por sí ya
hoy debe haber una subejecución enorme con la que cerraremos y el próximo año
les tocará a los diputados que vengan analizar esa liquidación y tendrán que
repetir exactamente lo que nosotros estamos diciendo.
En cuando al incumplimiento de las normas de la ejecución
como estaba planteando, hay una serie de normas de ejecución que fueron incorporadas
con el fin de activar controles y un flujo de información adecuado para la
evaluación oportuna de la gestión presupuestaria. No obstante, a pesar de ser
una parte integral de la ley de presupuesto, en su mayor parte no fueron
cumplidos.
Tenemos problemas con la información. Dice la Contraloría
que ahora como en ocasiones anteriores hay graves problemas que se presentan,
escuchen, con la calidad de la información en la cual se sustentan los
resultados de la ejecución presupuestaria.
Dijo don Manrique Oviedo hace unos momentos que cuando la
información más precisa o cuando parece que es falsa, significa que alguien nos
está mintiendo y yo comparto con el diputado Oviedo. Si a mí la Contraloría me
dice que hay problemas de calidad de la información en la cual se sustentan los
resultados de la ejecución presupuestaria, perfectamente podría inferir que la
información no permite conclusiones certeras y, por tanto, hay falsedad en las
conclusiones que se envían a diversos entes. Eso significa que estamos tomando
decisiones sobre información falsa sobre premisas falsas.
Son recurrentes las debilidades en la recopilación de la
información que suministran las entidades para consolidar los informes
pertinentes; sin embargo, tal situación se agrava con notables deficiencias en
los procesos de registro de transacciones que aumentan la incertidumbre y hacen
imposible que se garantice el uso correcto de los recursos públicos.
Y aquí estamos para eso, aquí estamos para fiscalizar el manejo de la
hacienda pública y lo que vemos es que esa hacienda pública se maneja con
demasiados errores, con demasiados espacios que generan dudas acerca de la
efectividad, y, por supuesto, con cuestionamientos como se han hecho aquí en
esta mañana que con todos ellos comparto.
Un tema importante para la valoración de la gestión de
los recursos presupuestarios corresponde al tema de las tecnologías de
información. Y me voy a referir a esta porque deja en evidencia las grandes
falencias que tienen estos presupuestos.
En relación con el dictamen de la liquidación de
presupuesto, no lo avala la Contraloría el tema de tecnologías de información
por cuatro razones. Oigan lo que dice: Continúan las debilidades en el registro
y pago de las remuneraciones del MEP. Ustedes se imaginan que el Ministerio de
Educación Pública con los años que tiene de funcionar, con los funcionarios y
la experiencia que tiene, hoy día tengamos que reconocer que hay debilidades en
el registro y pago de remuneraciones del MEP que en términos prácticos sabemos que
maestras y profesores sufren cada principio de año, porque no reciben sus pagos
a tiempo. Eso para algunos de los que están en propiedad y no se diga para los
que están interinos, y esa irresponsabilidad se repite año con año y no lo
hemos podido resolver.
Tenemos un ministro que ya tiene siete años de estar
sentado en la silla del jerarca de esa cartera y siguen persistiendo problemas
en cuanto a la calidad y al registro y al pago efectivo de remuneraciones.
Otro ministro que se suma a la lista y al cuestionamiento
que hacemos de qué están haciendo los ministros en este Gobierno.
Durante
el año 2012, mil novecientos millones fueron pagados de más a los educadores,
mil novecientos millones, y eso se debe mucho a que el sistema informático que
tiene el MEP es deficiente.
En la memoria, ustedes pueden encontrar más detalles.
Sabemos que están trabajando en un nuevo sistema, pero que es que ese cuento
nos lo han echado ya desde hace muchos años. Tiene que llegar el momento en que
realmente se le busque una solución y no ha sido en esta Administración,
indiscutiblemente.
La Contraloría ha hecho la parte del trabajo que le
corresponde, procedimientos administrativos, denuncias penales, pero el
problema continúa y no hay eco para que alguien ayude en este país a que se
superen esos problemas.
Sería de esperar, en este caso, lo que destaca la
Contraloría: la cantidad de millones de colones que hoy día se pagan de más a
causa de los sistemas informáticos es enorme, toda la partida de tecnologías de
información ha venido incrementándose en los presupuestos de manera
significativa, pero el resultado es el mismo.
Alguien que me explique cómo le metemos más plata en los
presupuestos, cómo aprobamos acá o desaprobamos la oposición presupuestos que
traen recursos para introducir mejores tecnologías de información, pero el
resultado es malo, el resultado es deficiente. Entonces, ¿quiénes están
fallando?
No es un tema de falta de plata, es un tema de gestión, es un tema de
liderazgo en los ministerios para asumir la responsabilidad de hacer las
transformaciones que se requieren, pero no tenemos ni los líderes, ni los
liderazgos en los ministerios para que a pesar de tener plata logren las
transformaciones que la institucionalidad costarricense requiere.
No es con más plata. Esa mayor asignación presupuestaria ha demostrado
que no genera el rédito que corresponde, o como dijo don Walter Céspedes, que
se va a utilizar para contratar más plazas en periodo de campaña electoral, eso
no resulta.
Lo que se ocupa es poner a personas en esos puestos que entiendan y se
responsabilicen, pero además aplicar el régimen de sanciones que establece
claramente la Ley de Presupuestos Públicos de este país, la Ley de
Administración Financiera.
Si no se aplica el régimen sancionatorio, aquí cada uno
va a seguir haciendo lo que le dé la gana. vamos a aprobar o a desaprobar hoy este presupuesto
extraordinario y lo que vamos a ver el próximo año es que los problemas
persisten y que nadie da la cara, nadie se hace responsable por lo que no se
hace.
En el caso de las transferencias en el presupuesto,
ha sido motivación de preocupación, pues no existen procesos formales para
acceder con facilidad la información que muestren los resultados de su
ejecución. El procedimiento establecido simplemente incluye las partidas en el
presupuesto nacional para su traslado a diferentes entidades, algunas autónomas
y otras que operan como órganos desconcentrados de la Administración.
Y aquí comparto criterio con la diputada Acuña.
Esas transferencias que se van a algunos municipios y a otros no, que están
relacionadas con la mayor presencia de diputados aquí de esas regiones o no,
dejando a municipios sin suficiente respaldo para poder trabajar, esos apoyos,
esos apoyos que esperan los municipios deben ser distribuidos de manera
equitativa, no arbitrariamente, no para hacer campaña, que es fundamentalmente
el mecanismo que se utiliza cada cuatro años.
Los recursos ejecutados a través de transferencias
corrientes o de capital han ido aumentando su participación en el gasto del
Gobierno central, pues, en este momento significaban en el 2010 treinta y dos
punto tres por ciento, y hoy treinta y cinco uno, lo cual tiene explicación en
su utilización en el pago de salarios, la rigidez legal que obliga a incrementos,
montos fijados en función de recaudaciones tributarias, inclusión de pensiones
e inversión de capital, entre otros.
Tenemos un cumplimiento de metas, según dice la
Contraloría General de la República, que no garantiza la calidad y la oportunidad. Un tema que amerita especial atención es el
proceso de análisis de la liquidación de presupuestos que corresponde a ver la
calidad de los bienes y servicios que resultaron de la ejecución presupuestaria
y la oportunidad con que fueron recibidos por los destinatarios.
En vez de satisfacer —por ejemplo— en el tema de becas
otorgadas, las entidades y funcionarios responsables deben abocarse a
desarrollar acciones correctivas para la eficiente gestión que pone en
evidencia la Contraloría. Dice la
Contraloría: La aprobación de las becas no siempre se realiza de forma
oportuna, pues en muchos casos transcurrió un período hasta de tres años entre
el registro de la información en las bases de datos y la respectiva aprobación
por parte de la Junta Directiva. Y eso que todos sabemos aquí que las becas,
unas se utilizan para favorecer a estudiantes que verdaderamente la requieren,
y otras, para favorecer otro tipo de procesos que no son necesariamente los que
mencionó en el primer rubro.
En el lapso comprendido del 1º de enero al 31 de
julio al 2012, se habían aprobado aproximadamente setenta y dos mil becas,
correspondientes a solicitudes presentadas por los beneficiarios e incluidas en
las bases de datos desde los años 2009, 2010 y 2011.
El pago de las becas aprobadas por la Junta
Directiva de Fonabe para la población beneficiaria no se realiza en forma
oportuna en gran cantidad de casos. Al 31 de diciembre del 2011 habían setenta
y un mil seiscientos noventa y cinco becarios pendientes de pago por un total de
ochocientos cincuenta y seis millones; esto no había recibido el respectivo
pago, esas cifras son sesenta mil trescientos treinta y cinco beneficiarios, a
pesar de que el setenta y tres por ciento de estas becas fueron aprobadas por
la Junta Directiva en el primer semestre de este año.
Eso es lo que dice la evaluación de la Contraloría
General de la República; no lo digo yo, no lo ha dicho una fracción. Está
planteado, eso es ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, eso
es una administración que no es oportuna; eso es tener los recursos financieros
y no destinarlos efectivamente, por tanto, ¿cómo va a haber un cumplimiento
efectivo y eficiente de las metas del Plan Nacional de Desarrollo,
principalmente en el rubro de inversión social?, imposible. Estamos en una maraña administrativa y no
tenemos jerarcas que hayan logrado superar esa barrera.
Tenemos adicionalmente en el tema de Fonabe
muchísimos datos acá, que vamos a pedir que se adjunte al acta. Por supuesto,
no me va a dar tiempo de trabajarlo, pero me parece que entre las ideas
importantes que quisiera que quedarán acá planteadas de manera verbal, es que
finalmente, según el informe de la Contraloría General de la República,
finalmente se determinó que ni el Ministerio de Educación Pública ni el IMAS
han realizado evaluaciones del Programa Avancemos, para conocer su eficacia y
el efecto de la inversión pública en los niveles de la deserción o permanencia
de los estudiantes beneficiarios.
Lo anterior impide conocer las razones por las
cuales en el 2011 nueve mil quinientos veintitrés estudiantes desertaron del
sistema educativo a pesar de que la transferencia que se hizo parecía
suficiente u oportuna para cumplir con esos objetivos.
Siendo así, hay cantidad de observaciones que se hacen
sobre incumplimientos. Tenemos aquí el tema de la Caja Costarricense de Seguro
Social que don Walter mencionó los errores administrativos, y en este caso, don
Walter menciona horrores, horrores en la designación de jerarcas.
¿Y esas son las personas que tienen a su cargo
administrando recursos públicos? Por Dios, es que no hay acciones inmediatas
que muestren un liderazgo para quitarles los puestos, personas como las que
mencionó don Walter en su presentación y que a lo largo de los diferentes informes,
don Walter, de la Contraloría, de las comisiones que han trabajado en el tema
de la Caja lo indican. Y nuevamente aquí podría leer una página completa de
esas mismas observaciones hechas reiteradamente en los últimos tres años y no
hay ninguna acción.
Las personas ineficientes que asumen los cargos de
dirección en diferentes instituciones permanecen, están ahí pegadas con Poxipol
y por alguna razón nadie hace una gestión para removerlas y poner
verdaderamente costarricenses que actúen de acuerdo a los principios de una
sana administración y de una proba ejecución de la función pública.
Tenemos adicionalmente algunos elementos que me
interesa también destacar sobre todo en la inversión de carácter social. Vimos en el presupuesto anterior que para
veinte de los veintitrés títulos presupuestarios, o sea, para el ochenta y
siete por ciento, no fue posible que el Ministerio de Hacienda se pronunciara
sobre la efectividad de los programas.
Si el Ministerio de Hacienda no pudo decir nada
sobre efectividad del ochenta y siete por ciento de los programas sociales, en
donde se invierten miles de millones del presupuesto nacional, es más, no
solamente son miles de millones, para que lo tengamos claro, donde se invierte
poco más del cincuenta por ciento del presupuesto, ahí está lo invertido en
educación, lo invertido en salud, en protección social, servicios recreativos,
deportivos, cultura y religión y vivienda.
Ese monto de la inversión social en este país
significa el cuarenta y nueve punto seis por ciento significó del presupuesto
2012; la mitad del presupuesto es inversión social en este país y lo que nos
dice la Contraloría es que de esa inversión social del cincuenta por ciento del
presupuesto de la República no es posible que Hacienda se pronuncie de si esa
plata fue bien gastada o no, si cumplió con los objetivos, con las metas y
tiene los indicadores de cumplimiento respectivos.
Ochenta y siete por ciento no se puede indagar si
fueron efectivamente bien invertidos. No
existe un método o sistema uniforme para asignar los recursos a cada indicador
o meta, sino que cada institución lo realiza conforme a su criterio y
posibilidades. La mayoría de los indicadores incluidos son de eficacia, pero
existen muy pocos de eficiencia, economía y calidad.
Por
último, señala el órgano contralor que existen muy pocos indicadores ligados a
productos y la gran mayoría se refieren a objetivos.
Voy
a entregar la presentación para que se incluya, señor presidente, pero quiero
concluir diciendo que nuevamente estoy segura de que los diputados que el
próximo junio del 2014 hagan la evaluación de la ejecución de estos
presupuestos, del presupuesto que aprobamos hace un año y de este presupuesto
extraordinario, van a decir exactamente lo mismo que aquí he dicho: hay
ineficiencia, hay falta de probidad en el ejercicio de la función pública, no
hay un régimen sancionatorio.
Mientras
eso exista, no le podemos asegurar a los costarricenses que los fondos públicos
se invierten de la mejor manera, y eso es abiertamente la mayor irresponsabilidad
que podemos hacer con todos nuestros ciudadanos: no poderles decir que la plata
que se recoge en impuestos, que los recursos de este país se invierten bien.
Tenemos,
penosamente, que decirlo… decirles que respaldados por lo que dice la Contraloría
y los estudios diversos sobre ejecución presupuestaria, la plata de este país
se invierte mal, a nadie le importa y nadie es sancionado por los errores y
horrores que se cometen.
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
Se
ha vencido el tiempo, diputada Alfaro Murillo.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Gracias,
señor presidente.
Para
completar mi presentación del día de hoy, quiero que se transcriba en el acta
de esta sesión el RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
2012 DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, el
cual presento a continuación. Esta
información brinda suficiente evidencia para afirmar que el sistema de
planificación, ejecución y control del gasto público en nuestro país enfrenta
serias debilidades y que se hace muy poco, o casi nada, por mejorar.
Generalidades
sobre el Presupuesto 2012
La
ley de Presupuesto del 2012, inicialmente fue aprobada por ¢5.971.236,3
millones, durante el año sufrió modificaciones con dos presupuesto
extraordinarios y la incorporación de los saldos de recursos externos no
utilizados en el año anterior, llegando a un total de ¢6.033.481,2 millones.
El presupuesto autorizado al final
del año, estaba financiado en un 57.9% con ingresos corrientes, un 42% con
financiamiento y un 0,1% con ingresos de capital.
A nivel de gastos, la ejecución general
fue de un 92.5%, siendo la gran mayoría de los recursos destinados al pago del
servicio de la deuda (32% del gasto) y al financiamiento del Ministerio de
Educación Pública (28%), como se destaca a continuación:
Los
gastos asociados con la inversión social significaron el 49,6% del total,
siendo sus principales rubros: Educación (¢1.564.091,2 millones), Protección
Social (¢928.553,1millones), Salud (¢201.229,0 millones), Servicios
Recreativos, deportivos, cultura y religión (¢40.700,3 millones) y Vivienda
(¢33.526,2millones).
No
obstante, los egresos no ejecutados del Presupuesto representan
¢451.374,0millones, un 107.56% más que en la liquidación del 2009 (¢217.466,0
millones) que fue la primera que conocieron los Diputados de este cuatrienio.
Defectos del Presupuesto
señalados antes de su aprobación en sede Legislativa:
·
Previo a su aprobación, la Contraloría General de la República señaló,
en el Informe Técnico del Proyecto de Presupuesto, que este no cumplía
con tres principios presupuestarios, a saber, la gestión financiera (por la
falta de indicadores que midan la economía, eficiencia y eficacia del
presupuesto), el equilibrio presupuestario (debido al incumplimiento del
artículo 6 de la LAFPPR) y adecuada programación (por la falta de un sistema de
costos).
·
Además, explicó que, a nivel operativo, hay un avance muy lento en el
logro de una medición más integral del desempeño institucional, que algunos
títulos importantes no contemplan la inclusión de indicadores suficientes para
medir su desempeño, que no existe una relación directa entre objetivos
estratégicos y los indicadores de resultado y que se incumplen aspectos básicos
de los lineamientos técnicos, dado que los indicadores analizados no
establecían el estándar con el que se iban a comparar y no indica en forma
clara el resultado.
·
También apunta que muchos de los productos y metas del Presupuesto
Nacional están referidos a la gestión institucional y no al impacto que
tendría sobre la sociedad, por lo que la mayoría de los indicadores son
tipificados como de “Gestión”.
Dictamen de la Liquidación de Ingresos y
Egresos del Gobierno Central
·
El Órgano contralor no
avala la liquidación de ingresos y gastos del Presupuesto de la República por
el incumplimiento del artículo 6 de la LAFRPP, en virtud del cual no deben
financiarse gastos corrientes con ingresos de capital, por la persistencia de
debilidades en el sistema de pagos del MEP (¢23.000 girados de más y que deben
recuperarse) y por la persistencia de debilidades en los sistemas de
información usados para el trámite y pago del Régimen de Pensiones.
·
Otra razón por la que la Contraloría no avala esta liquidación es por la ruptura del principio presupuestario
de universalidad e integridad, al no incorporar la totalidad de los recursos
generados por la colocación de títulos en el exterior (US$1.000 millones de la
Ley N° 9070).
Informe de
Evaluación Física del Ministerio de Hacienda
· La CGR no lo avala
porque, una vez más, no se cumple con los requerimientos de
evaluación dispuestos en el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera
y Presupuestos Públicos de la República (LAFPPR) en cuanto a que dicho Informe
debe contener los elementos explicativos sobre la efectividad de los programas,
el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.
· Ello en razón de que persisten fallas importantes que impiden valorar la efectividad de
los programas y la eficiencia en el uso de los recursos, no se incluyen los
costos unitarios de los servicios ni se realiza un balance de la relevancia e
impacto de los resultados institucionales y, mucho menos, se especifican
acciones tomadas para establecer responsabilidades ante los incumplimientos.
Todo esto imposibilita determinar la cantidad y calidad de gasto público.
·
Para 20 de los 23 títulos
presupuestarios (87%), no fue posible que el Ministerio de Hacienda se
pronunciara sobre la efectividad de los programas. No existe un método o sistema uniforme, para
asignar los recursos a cada indicador o meta, sino que cada institución lo
realiza conforme a su criterio y posibilidades. La mayoría de los indicadores incluidos, son de eficacia, pero existen
muy pocos de eficiencia, economía y calidad. Por último, señala el Órgano
Contralor, existen muy pocos indicadores ligados a productos y la gran mayoría
se refieren a los objetivos.
Informe
de Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo 2010
·
Para el año 2012, la Contraloría no
lo avala, pues no contiene los elementos explicativos necesarios para medir el
costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos.
·
No se visualiza la relación
entre los distintos logros nacionales, sectoriales o institucionales con el
Plan Nacional de Desarrollo (PND), ni el impacto que los recursos del
Presupuesto tienen sobre ellos.
·
Adicionalmente, se destaca que para las metas se incorpora
un monto de gasto en su ejecución, pero en muchísimos casos se contabilizan los
recursos en el programa o subprograma que la realiza, sin que sean propios de
dicha meta. Además, para algunas metas solo se plantearon metas para el
periodo, sin que existan metas anuales que puedan medir su desempeño a cierta
fecha.
·
Tampoco se señalan las acciones correctivas por parte de las entidades
responsables por los incumplimientos o atrasos. En general, no se presenta
ninguna novedad ni aporta elementos nuevos para la toma de decisión de los
órganos legislativos.
Consideraciones
de la Oficina de Análisis Presupuestario
· Tanto la programación
física incluida en el Presupuesto Nacional para el año 2012, como en los
informes de evaluación no es posible relacionar, uno a uno, los resultados de
las metas planteadas con los indicadores de cada programa o subprograma
presupuestario.
· No es posible determinar el
cumplimiento del articulo.52, párrafo 2, o sea, el aporte al desarrollo
económico-social del país que se alcanza con los logros de metas, objetivos y
prioridades establecidos. Tampoco se observa el cumplimiento del artículo 52,
párrafo 3, dado que no se incluyen elementos explicativos para medir la
efectividad de los programas ni la eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
·
Sigue sin realizarse un análisis sobre las causas que motivan los
desajustes entre lo programado y lo
logrado, de modo que en muchos caso solo se presenta un listado de logros o
participaciones o análisis descriptivos de las cifras. Y, a pesar de los
incumplimientos presentados, sigue sin observarse una aplicación del Régimen Sancionatorio.
·
Aun cuando la Contraloría General de la Republica, reitera los
señalamientos de años anteriores, sobre la dificultad de ejercer una
verdadera evaluación de los resultados,
en la Memoria Anual de la Contraloría no hay referencia alguna de la aplicación del Régimen de Responsabilidad
que señala la LAFPPR. Estos elementos no permiten la aplicación de un
verdadero Control Político del Gasto y de los Ingresos, basados en argumentos
técnicos aspecto básico para el ente legislativo.
CONCLUSIONES
1. Persisten todos los
problemas señalados en Dictámenes e Informes anteriores.
En la sesión de la
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos del 6
de junio de los corrientes, el Diputado Fabio Molina evidenció muy bien el primer
corolario al que llegan los Diputados de oposición cuando afirma que “(…)
Entonces, no hay sorpresas, ni en lo que nos va a decir don Ovidio, ni lo que
va a decir el Ministro de Hacienda, ni la Contralora, ni Mandrake
–para los viejillos como yo, los jóvenes no saben quién es Mandrake. Entonces, ¿para qué perder seis sesiones?
¿Para que nos demos gusto hablando de la liquidación del presupuesto? (…)”.
Sin lugar a dudas, tras la revisión de los diversos
informes de la Contraloría General de la República y de los Dictámenes de
Liquidación Presupuestaria que se han venido presentando, al menos durante este
periodo constitucional, lleva razón el Diputado Molina cuando aduce que no hay
sorpresas, pues persisten los mismos problemas que, año a año, saltan a la
vista: subejecución presupuestaria que llega a niveles alarmantes, falta de
coordinación entre los Ministerios de Hacienda y Planificación para armonizar
la información y darle un carácter de verdadera rendición de cuentas, ausencia
de vinculación de las metas nacionales, sectoriales y de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo con el Presupuesto de la República y ausencia de
indicadores que demuestren la efectividad e impacto del gasto público. Y todo esto, a vista y paciencia del Poder
Ejecutivo, que no hace nada por solventar los problemas.
Persiste el
incumplimiento del artículo 6 de la Ley Nº 8131, Ley de Administración
Financiera y Presupuestos Públicos de la República (LAFPPR), toda vez que
continúa el financiamiento de gasto corriente con deuda, que alcanzó un 32.5%
del total del presupuesto. Continúa el incumplimiento del artículo 52 de la
LAFPPR, toda vez que aún no se encuentran en el Informe de Evaluación Física
del Ministerio de Hacienda ni en el Informe de Evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo emitido por el Ministerio de Planificación, los elementos
explicativos sobre la efectividad de los programas, el costo unitario de los
servicios y la eficiencia en el uso de los recursos. No se puede valorar la
efectividad de los distintos programas presupuestarios en el cumplimiento de
las metas del Plan Nacional de Desarrollo ni la efectividad del gasto público
para atender las demandas ciudadanas, lo que hace caer en una espiral de gasto
sin objetivos, razonabilidad ni racionalidad.
También hay problemas con
los fondos pagados de más. En el caso del MEP, la Contraloría señaló tanto en
el 2011 como en esta ocasión que existían debilidades significativas
relacionadas con el sistema mediante el cual se produce la información para la
generación de la planilla (Sistema de Gestión de Recursos Humanos –SIGRH-), por
cuanto no es un sistema integrado que contemple todas las actividades (captura,
proceso y generación de información de pago) de las transacciones que producen
información para la generación de la planilla de pago quincenal, y además no
cuenta con una opción mediante la cual se generen las planillas de forma
automática.
Mediante el informe DFOE-SOC-IF-12-2012 del 21 de diciembre de 2012, el Órgano
Contralor efectuó un estudio sobre el tema de remuneraciones en el MEP, en el
cual se evidenció que las Direcciones Regionales no se encuentran habilitadas
para incluir información en el SIGRH, lo que genera atrasos considerables en la
inclusión de los movimientos de personal y origina gran cantidad de registros
de posibles sumas giradas de más por salarios, por montos millonarios, que
podría alcanzar, e incluso superar, los ¢23.000 millones.
Tampoco hay sorpresas con
la falta de aplicación del régimen de responsabilidades. Los evidentes y reiterados
fallos que se han venido señalando no tienen una consecuencia administrativa o
penal sobre los funcionarios encargados en cada institución. Las acciones
correctivas para evitar el despilfarro de fondos públicos y asegurar el
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas impulsadas brillan por
su ausencia. Ni castigo ni corrección; el Poder Ejecutivo continúa dando palos
de ciego en su gestión, con un impacto muy negativo para los tax payers, que
presencian, a veces con indignación, a veces con estoicismo, como sus aportes
se van por el desagüe y la impunidad reina de manera rampante.
2.
Continúa la incapacidad del
Ejecutivo para ejecutar los recursos del Presupuesto.
La subejecución sigue siendo un problema de grandes
proporciones en la liquidación presupuestaria. Se ha pasado de ¢217.466
millones en la liquidación de 2009, a ¢257.215 millones en la de 2010, y de ahí
hasta los ¢410.747 millones de la correspondiente a 2011 para cerrar en
¢451.374 millones en la de este año. En resumen, en este periodo constitucional
que corresponde a los Diputados firmantes, la subejecución presupuestaria ha
aumentado nada más y nada menos en un 107.56%, una proporción sencillamente
intolerable.
Analizando los títulos de la ejecución
presupuestaria del Gobierno Central, los Diputados firmantes llegan a la
conclusión de que importantes cantidades de dinero no fueron utilizadas, tal y
como se muestra en la siguiente tabla:
TABLA Nº 1
PRESUPUESTO NACIONAL 2012
Liquidación de Egresos según Título Presupuestario
(Millones de colones y porcentajes)
|
Descripción |
Presupuesto
|
Devengo |
% Ejec |
% Crec. |
|
101 Asamblea Legislativa |
28.446,0 |
25.949,9 |
91,2 |
0,38 |
|
102 Contraloría Gral Rep. |
17.990,7 |
16.660,4 |
92,6 |
3,62 |
|
103 Def.
de los Hab. Rep. |
4.520,0 |
4.295,5 |
95,0 |
8,42 |
|
201 Presidencia de la Rep |
17.241,3 |
15.728,1 |
91,2 |
46,93 |
|
202 M. de la Presidencia |
8.906,4 |
7.521,0 |
84,4 |
1,11 |
|
203 M. de Gobernac.
y Pol. |
34.116,6 |
32.572,9 |
95,5 |
7,55 |
|
204 M. de R.R.E.E.y
Culto |
24.336,7 |
21.025,8 |
86,4 |
2,95 |
|
205 M. de Seguridad |
189.979,5 |
157.190,7 |
82,7 |
10,33 |
|
206 M. de Hacienda |
85.175,7 |
74.762,8 |
87,8 |
-4,18 |
|
207 MAG. |
42.366,8 |
41.098,0 |
97,0 |
20,9 |
|
208 MEIC |
6.326,2 |
5.609,1 |
88,7 |
13,43 |
|
209 MOPT. |
284.474,2 |
235.362,3 |
82,7 |
-3,46 |
|
210 M. de Educación Pública |
1.592.622,7 |
1.563.507,5 |
98,2 |
13,33 |
|
211 M. de Salud |
242.341,3 |
236.713,9 |
97,7 |
78,52 |
|
212 M. de Trabajo y S.S. |
284.229,4 |
282.160,1 |
99,3 |
5,98 |
|
213 M. de Cultura y Juv |
33.498,3 |
31.459,3 |
93,9 |
12,07 |
|
214 M. de Justicia y Gracia |
88.197,7 |
78.266,4 |
88,7 |
8,5 |
|
215 M. de Vivienda |
16.118,5 |
15.579,4 |
96,7 |
-7,09 |
|
216 M. de Comercio Exterior |
5.025,9 |
3.696,0 |
73,5 |
14,02 |
|
217 M. de Planificación Nac. |
10.066,1 |
9.078,1 |
90,2 |
-3,29 |
|
218 M. de Ciencia y Tec |
5.834,0 |
5.239,4 |
89,8 |
-1,58 |
|
219 M. de Ambiente y E |
45.137,4 |
42.821,0 |
94,9 |
13,24 |
|
230 Serv
de la Deuda |
2.030.506,0 |
1.784.654,0 |
87,9 |
-2,83 |
|
231 Regímenes Pensiones |
615.163,5 |
594.249,4 |
96,6 |
7,68 |
|
232 Partidas Específicas |
3.000,0 |
2.496,3 |
83,2 |
6,97 |
|
301 Poder Judicial |
291.381,4 |
272.600,2 |
93,6 |
8,35 |
|
401 TSE |
26.479,0 |
21.810,4 |
82,4 |
6,69 |
|
Total
General |
6.033.481,2 |
5.582.107,6 |
92,5 |
6,28 |
Fuente: Liquidación de Egresos 2012, Contabilidad
Nacional
Algunos ejemplos llaman la atención. El Ministerio
de Seguridad Pública dejó de ejecutar ¢32.788,8 millones, una cifra escandalosa
si se toma en consideración la falta de patrullas, equipamiento policial, malos
salarios para los oficiales y otros problemas que podrían ser atendidos, al
menos de forma parcial, con estos recursos no gastados. Por su parte, el
Ministerio de Hacienda no utilizó ¢10.412,9 millones, mismos que podrían haber
ido a reforzar la fiscalización en las aduanas o mejorar los sistemas
informáticos que permitan optimizar la recaudación. El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes subejecutó, nada más y nada
menos, ¢49.111, 9 millones, dinero suficiente para mejorar buena parte de la
red vial de nuestro país o reforzar estructuras como puentes, siempre y cuando
no se continúe con los desaguisados procedimientos utilizados con La Platina.
Como bien señaló la Contralora en su comparecencia, una de las razones del
atraso en infraestructura es precisamente esta subejecución, pues los recursos
existen pero no se utilizan para enfrentar los problemas en esta área, sino que
quedan guardados por incapacidad de gestión en los Ministerios.
También se hace hincapié en el caso del Ministerio
de Educación Pública pues si bien pareciera indicar que tuvo una ejecución muy
cercana al 100%, la realidad muestra otra cara, por cuanto casi ¢72 mil millones de colones se
encuentran ociosos en arcas del Estado porque el MEP informa y contabiliza –en
rendición de cuentas– las sumas transferidas a la Caja Única como ejecución
realizada para que luego el Ministerio de Hacienda se las gire a las Juntas
Educativas y Juntas Administrativas de los centros de estudio para el
mejoramiento de su infraestructura física, pero al incumplir estas con los
requisitos y procedimientos para utilizar ese dinero, el mismo se queda
literalmente guardado, como bien lo ha señalado la Contraloría General de la
República en su informe DFOE-SOC-IF-09-2012. En resumen, es una forma de
contraer el gasto, sin impacto en
las comunidades estudiantiles y mucho menos en la calidad y
cobertura de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en aquellos centros
educativos que cuentan con una infraestructura deficitaria.
3.
Incumplimiento de las
normas de ejecución de la Ley de Presupuesto 2012.
La ley de Presupuesto de la República para el
ejercicio económico del año 2012, contiene entre sus disposiciones, una serie
de “Normas de Ejecución” que fueron incorporadas con el fin de activar controles
y un flujo de información adecuado para la evaluación oportuna de la gestión
presupuestaria. No obstante, a pesar de ser una parte integral de la Ley de Presupuesto, en su mayor parte no
fueron cumplidas por las entidades obligadas.
Tal situación pone de manifiesto la poca o nula
disposición que priva en las entidades para cumplir con procedimientos que
aporten transparencia en la utilización de los recursos públicos. Con ello se
profundizan las dudas y los cuestionamientos que reiteradamente se hacen en
cuanto a una correcta gestión presupuestaria que finalmente demuestre que los
bienes y servicios que recibe la ciudadanía son consistentes con la cuantía de
los recursos que se ponen bajo responsabilidad de cada una de las
instituciones.
4. Problemas con la
información
La Contraloría General de la República ha referido
tanto en esta como en anteriores oportunidades los graves problemas que se
presentan con la calidad de la información en la cual se sustentan los
resultados de la ejecución presupuestaria.
Son recurrentes las debilidades en la recopilación
de la información que suministran las entidades para consolidar los informes
pertinentes. Sin embargo, tal situación se agrava con notables deficiencias en
los procesos de registro de transacciones que aumentan la incertidumbre y hacen
imposible que se garantice un correcto uso de los recursos públicos
involucrados.
Un tema importante para la valoración de la gestión
de los recursos presupuestarios corresponde a las partidas relacionadas con el desarrollo
de “tecnologías de información”. En este sentido es necesario considerar lo
manifestado por la Señora Contralora General de la República ante la Comisión:
“En relación
con el Dictamen de la Liquidación del Presupuesto no lo avala la Contraloría
por cuatro razones fundamentales: Continúan las debilidades en el registro y
pago de las remuneraciones del MEP. Durante el año 2012 mil novecientos
millones fueron pagados de más a los educadores, y eso se debe mucho porque el
sistema informático que hay en el MEP es muy deficiente. En la Memoria ustedes pueden encontrar más
detalle de esto. Sabemos que están
trabajando en un nuevo sistema, pero esto es historia de todos los años. Yo creo que tiene que llegar un momento en
que esto se le busque ya una solución.
La
Contraloría ha hecho la parte del trabajo que le corresponde, procedimientos
administrativos, denuncias penales, pero
el problema continúa y no encontramos otros ecos para que nos ayuden a que el
país salga de problemas como estos.
Igual sucede
con las debilidades en el registro y pago de pensiones debido igualmente, a un
sistema informático que ellos tienen.”
De lo expuesto por la Contralora se destaca la
cantidad de millones de colones que se pagan de más a causa de sistemas
informáticos mientras que las partidas relacionadas con “tecnologías de
información” se han venido incrementando en cada presupuesto. El cuadro
siguiente muestra la asignación de fondos para estos propósitos:
Sería de esperar que los incrementos en los
presupuestos por estos conceptos se reflejaran en mejoras para la gestión
institucional y la consecuente satisfacción de la ciudadanía en cuanto a la
atención de sus necesidades.
Sin embargo, las debilidades no solo se muestran en
las situaciones referidas por la Contralora sino que se extienden a las
instituciones en general. Prueba de lo anterior se observa que en el “Indice de Gestión Institucional”,
implementado por la Contraloría General de la República, se destaca que para el
período 2012 “Tecnologías de la Información” es el factor con menor puntaje en
esa gestión.
Puede entonces concluirse que no se han logrado
resultados consistentes con la cantidad de recursos que se asignan siendo un
asunto cuyo análisis y valoración no puede omitirse para la discusión del presupuesto para el período 2014.
5.
Transferencias en el
presupuesto
Las partidas de transferencias han sido motivo de
preocupación puesto que no existen procesos formales para acceder con facilidad
a la información que muestre resultados de su ejecución. El procedimiento
establecido simplemente incluye las partidas en el presupuesto nacional para tu
traslado a diferentes entidades, algunas autónomas y otras que operan como
órganos desconcentrados de la Administración.
Para efectos de ejecución, en alguna oportunidad,
autoridades de ministerios han limitado sus responsabilidades sobre estos
recursos argumentando sus obligaciones se cumplen con el simple hecho de
concretar la transferencia.
Los recursos ejecutados a través de las
Transferencias (Corrientes o de Capital), han ido aumentado su participación en
el gasto del Gobierno Central pues de
significar un 32,3% en el 2010, ahora absorbieron el 35,1%., lo cual
tiene explicación en su utilización en el pago de salarios, la rigidez legal
que obliga a incrementos, montos fijados en función de recaudaciones
tributarias, inclusión de pensiones e inversión de capital, entre otros.
De acuerdo con el detalle de “Egresos
presupuestados y devengados por partida” los recursos asignados a “transferencias” ya alcanzan el 35% del
presupuesto total.
El siguiente detalle
muestra las principales asignaciones de recursos mediante las partidas de
transferencias:
De lo antes expuesto, es entonces necesario
considerar que los presupuestos contienen una cada vez mayor cantidad de
recursos destinados a órganos y entidades ajenas al Gobierno Central cuya
ejecución no resulta fácilmente evaluable. Se hace entonces necesario
establecer mecanismos que permitan determinar con certeza que la gestión de
estos cumple con criterios de eficiencia y oportunidad para los bienes y
servicios a los que están destinados.
6.
El cumplimiento de metas no
garantiza calidad y oportunidad.
Un tema que amerita especial atención en el proceso
de análisis de la liquidación del presupuesto corresponde a la calidad de los
bienes y servicios que resultaron de la ejecución presupuestaria y la
oportunidad con que fueron recibidos por los destinatarios.
Más allá de las cifras que los informes oficiales
muestren en cuanto al cumplimiento de objetivos y metas, debe valorarse si la
Administración suministró los bienes y servicios bajo condiciones establecidas
por la normativa y la satisfacción de las necesidades que deben atenderse.
Respecto al tema de calidad y oportunidad se hace
necesaria la comparación de los datos oficiales que asignan cumplimiento de
metas o avances satisfactorios con el desempeño operacional de los programas.
En tal sentido conviene analizar casos como el otorgamiento de beneficios
destinados a sectores específicos de población por medio de las becas de los
programas de FONABE y Avancemos así como las pensiones del Régimen No
Contributivo.
Con respecto a FONABE, tomando en consideración que
uno de sus fines es conceder becas a estudiantes de bajos recursos económicos
para que cursen estudios y que el Fondo tendrá responsabilidad propia para la
ejecución de sus funciones y sus Directores estarán obligados a dirigirlo y
administrarlo según su Ley y tendrán que responder por su gestión en forma
total e ineludible, se concluye a raíz del Informe DFOE-SOC-IF-15-2012 que es
improcedente la estimación oficial de un “avance satisfactorio” en la meta de
otorgamiento de estos beneficios.
En vez de satisfacerse con una cantidad de becas
otorgadas, las entidades y funcionarios responsables deben abocarse a
desarrollar acciones correctivas para la deficiente gestión que pone en
evidencia la Contraloría.
“La
aprobación de las becas no siempre se realiza en forma oportuna, pues en muchos casos transcurrió un periodo de
hasta tres años, entre el registro de la información en las bases de datos y la
respectiva aprobación por parte de la Junta Directiva.
En el lapso
comprendido del 1º de enero al 31 de julio de 2012, se habían aprobado
aproximadamente 72.000 becas, correspondientes a solicitudes presentadas por los beneficiarios e incluidas en las bases
de datos, desde los años 2009, 2010 y 2011.
El pago de
las becas aprobadas por la Junta Directiva de FONABE para la población
beneficiaria, no se realiza en forma oportuna para una gran cantidad de casos.
Al 31 de diciembre del 2011 existían 71.695 becarios pendientes de pago por un
total de ¢856,5 millones; al 31 de julio
de 2012, no habían recibido el respectivo pago 60.336 beneficiarios, a pesar de
que el 73% de esas becas fueron aprobadas por la Junta Directiva en el primer
trimestre de este año.”
En adición a las deficiencias mencionadas, algunos
criterios expuestos por la Defensoría de los Habitantes constituyen elementos
de indiscutible validez para establecer que este programa no produce los
resultados que impone la normativa.
“Como se ha
dado cuenta en anteriores Informes Anuales, la Defensoría consideró pertinente
realizar una investigación de oficio con el propósito de analizar el
funcionamiento de este Fondo y determinar las razones que motivaron el
incremento de la casuística que recibe la Defensoría. El número de denuncias
recibidas evidencia diversas disconformidades manifestadas por las personas
usuarias del Fondo, se tomó en consideración que la población que acude a FONABE
requiere, particularmente, una gestión ágil y oportuna, debido a que se trata
de un sector que por su situación socioeconómica, es referida por los centros
educativos a FONABE, con el fin de que se analice el caso para otorgar uno o
varios de los beneficios que brinda dicha entidad, entre los que se encuentran:
beca regular mensual, beca de transporte, beca adolescentes madres y beca para
personas con discapacidad. En esta investigación, logró identificar las
siguientes situaciones:
• FONABE no
comunica a los y las solicitantes de beca, sobre el resultado de su gestión.
• FONABE no
solo revoca, sino que tampoco comunica a los beneficiarios y las beneficiarias
la suspensión o revocatoria de un beneficio.
• El FONABE
demora en el trámite de adjudicación de los subsidios a las y los estudiantes.
• Existen
atrasos al momento de realizar los depósitos de las becas a estudiantes
(finales de mes).
• Los
sistemas de información (call center, página web, etc.) presentan algunos
problemas.”
Otro caso es el de las becas de Avancemos. En este
programa se encuentran las mismas inconsistencias que presenta FONABE en tanto
se estiman “avances satisfactorios” en el cumplimiento de metas a pesar de
significativas deficiencias de gestión.
“Se desprende
del reporte del avance 2011-2012 de las metas de acciones estratégicas
sectoriales, que una cantidad importante de metas se reportan con avance satisfactorio, entre las cuales
pueden destacarse: “50% de distritos con acciones operativas
interinstitucionales”; “160,000 estudiantes
beneficiados anualmente con el Programa Avancemos”…
También en este caso la administración estima que
una cifra de beneficiados es suficiente para definir el cumplimiento de una
meta. Se omite considerar que existen cuestionamientos al programa por
problemas de eficacia y de cobertura respecto a la población destinataria. El
Informe DFOE-SOC-IF-10-2012 de la Contraloría General de la República señala:
“Una de esas
debilidades se refiere al cumplimiento de la condicionalidad de permanencia del
estudiante en el sistema educativo, por cuanto en el año 2011 se entregó la TMC
a 11.708 beneficiarios (6.3% de la población con TMC) que no contaban con un
centro educativo asociado en el sistema de información. A un 77% de esta
población se le suprimió el beneficio cuando se verificó que no asistían a
ningún centro educativo y no calificaban como población objetivo; sin embargo, recibieron recursos públicos que pudieron
llegar a otros destinatarios que efectivamente requirieran de la TMC, restando
de esta forma eficacia al Programa.”
(…)
“Finalmente,
se determinó que ni el Ministerio de
Educación Pública ni el IMAS han realizado evaluaciones del Programa Avancemos,
para conocer su eficacia y el efecto de la inversión pública en los niveles de
deserción o permanencia de los estudiantes beneficiarios. Lo anterior,
impide conocer las razones por las que en el 2011, aproximadamente 9.523
estudiantes desertaron del sistema educativo a pesar de haber recibido las TMC,
o si dicha Transferencia es suficiente y oportuna para cumplir con sus
objetivos.”
Como se destaca en el párrafo anterior, no solo se
señalan debilidades en la gestión en sí misma sino que se cuestiona la eficacia
en función de objetivos que dieron origen al programa como el impacto en
niveles de deserción estudiantil.
Otro programa cuya gestión está contenida en las
metas del Plan Nacional de Desarrollo y se financia por medio de transferencias
corrientes es el Régimen No Contributivo de pensiones administrado por la Caja
Costarricense de Seguro Social.
Sobre su ejecución, dice la Defensoría de los
Habitantes:
“Si bien la CCSS está cumpliendo con la meta
mensual establecida por la Junta Directiva para alcanzar con éxito los
objetivos del PND, la Defensoría
no puede dejar de hacer un llamado de atención a las autoridades de la Gerencia
de Pensiones para que no pierdan de vista los aspectos que se plantearon a la
hora de planificar la distribución de las nuevas pensiones del RNC a nivel
nacional. El Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo mediante oficio DAP-452-2013, de
fecha 19 de marzo del año en curso, señaló que el reparto de las pensiones se
realiza con base en la población total, los niveles de pobreza y la
distribución histórica de cada región e informó que el contenido presupuestario
no se distribuye a nivel nacional, por lo que, en caso de que una región no
otorgue la cantidad de pensiones asignadas, los recursos son utilizados por
otra región y de esa forma se obtiene la meta.”
Aunque se haya cumplido con metas y el giro de
recursos para atender el otorgamiento de estas pensiones, la gestión del
programa enfrenta severos cuestionamientos en cuanto a los trámites y
condiciones de acceso a los beneficios por parte de potenciales beneficiarios.
En tal sentido, la Defensoría de los Habitantes señala graves debilidades de
gestión:
7.
No existe coordinación
entre los Ministerios de Hacienda y Planificación
Para
la evaluación de la liquidación presupuestaria del 2010, la Comisión para el
Control del Ingreso y Gasto Públicos realizó un ejercicio sin precedentes. En
esa ocasión, los entonces Ministros de Hacienda, Fernando Herrero, y
Planificación, Laura Alfaro, manifestaron su desacuerdo con los criterios del
Órgano Contralor sobre el tema y se les dio la oportunidad de que presentaran,
por escrito, un descargo sobre los aspectos negativos señalados en la Memoria
Anual.
Al
hacerlo, con intención o no, los Ministros demostraron no solo que la
Contraloría llevaba razón en sus argumentos, sino que ni corregían los fallos
ni coordinaban acciones entre sí. Dos años después de ese evento, las cosas se
mantienen igual, como lo demuestra la reducida vinculación de las metas del
Plan Nacional de Desarrollo con el contenido presupuestario y la diferencia de
indicadores y metodologías aplicables para la evaluación de los programas.
En
este periodo, las cosas no parecen haber cambiado lo suficiente. Se destaca lo
mencionado por el Ministro Ayales, acerca de los programas de cooperación
técnica de la Dirección de Presupuesto con los demás Ministerios para ayudarles
a ejecutar sus presupuestos, pero resulta preocupante que, aún cuando exista
esto, el informe que el jerarca presenta a la Presidente de la República
indicándole qué ha hecho y qué no cada ministerio y quienes tienen
subejecución, parecieran no rendir los resultados esperados, pues de nada sirve
que se elaboren documentos y análisis de este tipo si el Poder Ejecutivo no
toma las acciones correspondientes para corregir los fallos y sancionar a los
responsables.
Lamentablemente,
como ha sido la tónica en esta Administración, no existe certeza de
cumplimiento de las promesas expresadas por el Ministro sobre unificación de
los sistemas de compra pública y de pago de planilla, así como otros programas,
por cuanto constantemente se han variado las fechas de aplicación e
implementación y los aparentes tiempos para ver resultados no llegarán, en el
mejor de los casos, en un momento que coincida con la presencia de los actuales
Diputados en sus curules.
Los
cronogramas parecieran cerrar de forma tal que corresponda a los nuevos
legisladores del periodo 2014-2018 verificar el cumplimiento de las acciones o
denunciar su incumplimiento. En todo caso, pareciera que la crítica planteada
por la Diputada Alfaro Murillo en el 2010 a la entonces Ministra de
Planificación, acerca de que los legisladores solo puede evaluar realmente dos
de los cuatros años de un Poder Ejecutivo –los del medio–, se erige como un
triste augurio de la realidad política de nuestro país, pues durante el primer
año de gestión, los jerarcas se excusan diciendo que ellos tienen que aplicar
lo que el Plan Nacional de Desarrollo anterior les heredó y, en el último, ya
no están los mismos Diputados que participaron en todo el proceso.
8. La activación del régimen
de responsabilidades brilla por su ausencia.
Desde antes de la Promulgación de la Constitución
Política de 1949, el Estado Costarricense ya regulaba lo concerniente a la
Hacienda Pública, la cual se desarrolla
más ampliamente en el título octavo de la Carta Política vigente, en la cual se
establece la protección de los recursos públicos.
A través de diversas leyes, Ley General de
Administración Pública, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República,
Ley de Contratación Administrativa, Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, Ley General de Control Interno y Ley contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública -entre otras-
se regula la Hacienda Pública y las responsabilidades de los funcionarios
públicos respecto a esta.
Queda claro que los instrumentos existen, pero que
falta voluntad, sea de esas administraciones activas o de órganos superiores,
para aplicarlo y sancionar las conductas que lesionen la Hacienda Pública. Esto
se demuestra precisamente con un año más presentándose los mismos problemas en
la liquidación presupuestaria sin que se active el régimen de responsabilidades
sobre los funcionarios públicos culpables de los incumplimientos y fallas.
Siendo este el último periodo que los Diputados
firmantes evaluarán los resultados, se fortalece la conclusión de que el
nuestro es un sistema político que no tiene las herramientas o sus actores
carecen de voluntad para evitar las conductas contrarias a Derecho de los
funcionarios públicos y que, con la impunidad rampante, termina premiando las
malas actuaciones de jerarcas y mandos medios, tolerando con pasmosa pasividad
el despilfarro de fondos públicos.
Lo más penoso es que, como bien apunta el Ministro
de Hacienda en su comparecencia ante esta Comisión, mensualmente la Dirección
de Presupuesto prepara un análisis ministerio por ministerio, programa por
programa de la ejecución de cada uno de ellos y él elabora un informe a la
Presidente indicándole qué ha hecho y qué no ha hecho cada ministerio. Esto
quiere decir que tienen plenamente identificados los puntos críticos que
generan los malos resultados y, por ende, los responsables de los problemas,
pero el hecho de que no se active el régimen sancionatorio demuestra que
precisamente es la falta voluntad política del Poder Ejecutivo la que impide
desalentar las malas actuaciones que perjudican reiteradamente a la Hacienda
Pública.
Sin la activación del régimen de responsabilidades
no cambiará la indolencia, el incumplimiento, el despilfarro, la improvisación
y el clientelismo político en el uso de los recursos del Presupuesto. Y aunque
no se haga, la Asamblea Legislativa está en obligación de insistir al Poder
Ejecutivo que ejerza los mecanismos de dirección y sanción que claramente
contiene la Ley General de Administración Pública para evitar que sigan
indefinidamente presentándose los errores y fallos. Aunque no se haga a corto
plazo, la presión política es un elemento fundamental para lograr que, en algún
momento, la Presidencia de la República junto a sus Ministros, tomen las decisiones
correspondientes.
Es deber de los jerarcas de las instituciones que
presentan problemas en la ejecución presupuestaria o, en su defecto, del
Consejo de Gobierno, aplicar el régimen sancionatorio a los responsables y, al
mismo tiempo, tomar las medidas respectivas para corregir la situación a
futuro. No obstante, en esta Administración ha sido evidente la desidia,
indolencia y tolerancia con que se tratan los fallos, excusándose y
justificándose en lugar de tomar cartas en el asunto, de forma que no pasa nada
y todo sigue igual que antes. Eso, continuando con la frase del Diputado
Molina, no es sorpresa. De todos modos, la misma Presidente de la República lo
había advertido tiempo atrás cuando espetó que no es su estilo buscar
culpables, en referencia a la situación de la CCSS, pero que perfectamente
puede extrapolarse a los diversos de escándalos que han golpeado a su gestión
que ni ha sido firme ni honesta.
Una vez más, hay que hacer el llamado, ante tan
bochornosos actos, para que esta Asamblea Legislativa no sea cómplice
otorgándole más dinero a un Estado incapaz de utilizarlo eficaz y
eficientemente. No puede darse otro voto de apoyo a más empréstitos ni a más
autorizaciones de gasto, ni siquiera al último Presupuesto que se conocerá en
este periodo constitucional, pues hacerlo sería faltar a la responsabilidad
para con la ciudadanía, que ha depositado su confianza en sus representantes
para que estos velen por sus intereses y defiendan sus derechos.
RECOMENDACIONES
Al Plenario Legislativo:
·
Improbar la liquidación presupuestaria 2012, por la persistencia de
errores graves como el incumplimiento de las normas de ejecución, la falta de
vinculación de metas nacionales y sectoriales, la reducida vinculación de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto, la ausencia de
indicadores que demuestren la efectividad del gasto público, los recurrentes
problemas de ejecución y el financiamiento de gasto corriente con deuda.
·
Impulsar la pronta aprobación de los expedientes N° 17.867, N° 17.868 y
N° 18.087, que procuran establecer reglas fiscales claras para evitar el
endeudamiento excesivo, la irresponsabilidad financiera del Estado y dotar de
mayores herramientas a la LARFPP para la aplicación del régimen sancionatorio.
De esta recomendación se aparta el Diputado Oviedo Guzmán, quien no comparte
algunas de las disposiciones del expediente Nº 17.868.
·
Valorar la posibilidad de incluir, dentro de la discusión de las
reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, una modificación al artículo
194 de dicho cuerpo normativo, con el objetivo de que se amplié el plazo para
rendir los Informes de Liquidación de Presupuesto que emite la Comisión
Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público y garantizar su
discusión y votación en Plenario, así como la vinculación de estos con los
proyectos de Presupuesto Ordinario y Extraordinarios que, con posteridad,
conocerá la Comisión de Asuntos Hacendarios.
·
Sugerir a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios que,
para el conocimiento y aprobación tanto del Presupuesto Ordinario de la
República como de cualquier reforma en materia tributaria, se utilice como
insumo de discusión y análisis el presente Dictamen.
· Promover la modificación
reglamentaria que corresponda a efecto de que en el proceso de análisis de la
liquidación presupuestaria en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público
se incorpore la comparecencia de la Defensora de los Habitantes de la
República.
Al Consejo de Gobierno:
·
Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios
entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación para 1)
compatibilizar la información contable; 2) reflejar los programas y metas del
Plan Nacional de Desarrollo en el Presupuesto; 3) corregir las diferencias
metodológicas para la construcción de indicadores de evaluación que permitan
una apropiada revisión del gasto y su impacto en el desarrollo nacional.
·
Iniciar los procedimientos administrativos en contra de los funcionarios
y jerarcas institucionales responsables por la no ejecución presupuestaria y el
incumplimiento de metas cuando corresponda, especialmente en el caso de FONABE,
cuyo artículo 3 de su Ley constitutiva, ordena que su Junta Directiva sea
responsable por las decisiones tomadas.
·
Remitir a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y
Gasto Público un informe detallado de las causas que, en criterio de los
diferentes Ministerios, afectan la ejecución presupuestaria, así como
propuestas concretas de reformas legales para resolver el problema.
·
Solicitar a MIDEPLAN y a Hacienda que envíen a esta Comisión informes
trimestrales sobre el cumplimiento de metas nacionales y sectoriales.
· Requerir a MIDEPLAN que
presente a esta Comisión en cada proceso de liquidación presupuestaria un
cuadro resumen de las metas originales del Plan Nacional de Desarrollo con los
resultados de cada período, los cambios efectuados en cada meta y los motivos
de los mismos.
A la Contraloría General de
la República:
·
Realizar un análisis de las razones que están facilitando la no
aplicación del régimen sancionatorio, contenido tanto en la Ley de
Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República, la Ley
General de la Administración Pública, la Ley de Control Interno y demás legislación
vigente y presentarlo, en el plazo de 6 meses a la Comisión Permanente Especial
para el Control del Ingreso y Gasto Público.
·
Sugerir, a la Asamblea Legislativa, las reformas legales que considere
pertinentes para garantizar la protección de la Hacienda Pública.
·
Remitir un informe semestral, a la Comisión Permanente Especial para el
Control del Ingreso y Gasto Público, sobre el cumplimiento de metas nacionales
y sectoriales de cada Ministerio.
· Incorporar en el informe
“Memoria Anual” un detalle de las “transferencias” contenidas en el presupuesto
del período y los niveles de ejecución por parte de cada una de las entidades
destinatarias.
· Emitir las disposiciones
pertinentes a fin de establecer las responsabilidades y sanciones derivadas del
incumplimiento de las normas de ejecución contenidas en la ley de presupuesto
Nº 9019.
· Incorporar en las
valoraciones de cumplimiento de metas de programas los elementos cualitativos
que según los informes de la Defensoría de los Habitantes afectan las condiciones
en que los destinatarios reciben los bienes y/o servicios.
· Establecer mecanismos de
control y fiscalización que garanticen que los recursos para el Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y otros programas sociales se
ejecutan con estricto apego a la normativa que los regula.
· Emitir criterio de
legalidad sobre el procedimiento de incorporar en los presupuestos
ministeriales recursos de FODESAF cuya ejecución es competencia y
responsabilidad de entidades autónomas u órganos desconcentrados. En particular
los casos de IMAS, FONABE, Régimen No Contributivo y Juntas de Educación y
Administrativas.
· Considerar la posibilidad
de efectuar en corto plazo un estudio que determine la relación costo-beneficio
de los recursos presupuestarios que se están destinando al desarrollo de
tecnologías de información en general.
· Considerar la posibilidad
de realizar un estudio que determine la relación costo-beneficio de los
recursos presupuestarios que se destinan a la contratación de “Servicios de
Gestión y Apoyo”.
·
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
La
diputada Alfaro Murillo le ha cedido cinco minutos al diputado Rodríguez
Quesada.
Diputado
Quesada, Rodríguez Quesada.
Diputado José Roberto Rodríguez Quesada:
Pero,
presidente, qué difícil es poder abordar el tema de presupuesto en cinco
minutos, más bien, Marielos, yo le agradezco su gentileza y si quisieras
acompañar un poco más para ¿verdad?
No,
tengo la capacidad de síntesis, diputado Molina, pero, pero no es posible, es
muy difícil.
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
¿No
va usar el tiempo, diputado?
Continuamos,
diputado por la fracción del PASE, Víctor Emilio Granados, tiene usted quince
minutos.
Diputado Víctor Emilio Granados Calvo:
Le
ruego, entonces, presidente, que a los diez minutos me quite el tiempo. ¿Vas a usar los diez, entonces?
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
Por
el orden, diputada Alfaro Murillo.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Muchas
gracias, señor presidente.
Los
cinco minutos que el diputado José Roberto no utilizó se los cedo, por supuesto
que con muchísimo gusto, al diputado Víctor Emilio Granados.
El presidente ad hoc Martín Alcides
Monestel Contreras:
Y
quedan registrado cinco minutos para el diputado Góngora Fuentes, diez minutos,
okey, así se consignará.
Tiene
el uso de la palabra.
Diputado Víctor Emilio Granados Calvo:
Vamos
a compartir el tiempo entonces con el diputado Góngora Fuentes, presidente, y
por eso es que hay que tener cuidado cuando se llegan a acuerdos de debates
reglados y demás, porque ahora escuchaba al diputado Fishman y tiene absoluta
razón con fundamento en el Reglamento legislativo.
Era
un poco lo que discutíamos —diputado Fishman— cuando nosotros reclamábamos que no habíamos manifestado
la opinión de nuestra fracción en torno al tema del voto de censura al ministro
Castro que el acuerdo no había tomado en cuenta que estábamos reclamando un
espacio para manifestarlo, como lo indica el Reglamento.
Y
aquí hay señorías que no participan de las reuniones de jefes de fracción ni
están representados en esas reuniones de jefes de fracción.
Bien,
este ejercicio de aprobación o improbación de los presupuestos o el análisis
mismo de los presupuestos también, a nuestro juicio, es quizás de la más
importantes tareas que realiza el Congreso de la República año con año, porque
aquí es donde talvez se ejerce de manera más profunda, más profusa y eso
quisiéramos por lo menos más adelante con el presupuesto ordinario un adecuado
control político sobre lo más sensible, creo yo, que sentimos los
costarricenses, en estos momentos hay en el ambiente, y es el adecuado uso de
los recursos públicos.
Por
eso nosotros tenemos que decir que compartimos, y lo dijimos en primer debate,
por ejemplo, las manifestaciones que se han dado en torno a la asignación de
tres mil seiscientos millones de colones para algunas municipalidades, y
compartimos el criterio de que la exclusión de algunas de esas municipalidades
por utilizar un procedimiento que no nos parece del todo legítimo, que fue la
intervención de la Unión de Gobiernos Locales como intermediario entre el
Estado y las municipalidades, a nuestro juicio es inconstitucional, y
esperaríamos que la Sala de alguna manera se manifieste sobre ese sentido.
Bastante
con el fin también indicábamos el día miércoles en primer debate, de que si no
es necesariamente la Ley de Asignación de Partidas Específicas, la 7755, o sea,
cualquier otra propuesta que nazca de este seno legislativo, que suponga una
asignación realmente objetiva, equitativa y con parámetros, si se quiere,
científicos de la realidad de nuestras comunidades, de todos estos recursos que
se transfieren muchas veces del Gobierno central a las municipalidades, si
decíamos parámetros objetivos no necesariamente los de la Ley 7755.
Pero,
en efecto, sí tiene que haber una relación entre situación demográfica de los
cantones versus desarrollo social, y reclamábamos, por cierto, en esa
oportunidad la situación del cantón de Alajuelita, el cantón con menor desarrollo
social de este país, que recibió dos partidas que a nuestro juicio, además de
insuficientes, como resulta ocurrir probablemente en cualquier lugar del país,
no responden a las necesidades más urgentes que fueron identificadas al menos
por el acalde del cantón, o por las regidoras y regidores de ese lugar.
Sin
embargo, el presupuesto ─y así lo ha dicho la Sala
Constitucional─ no tiene una integridad desde el punto de vista
jurídico; es decir, la Sala Constitucional podría eventualmente declarar inconstitucional
la transferencia de los tres mil seiscientos millones de colones que se da a
las municipalidades, y dejar intacto el resto que es la siguiente parte que nos
interesa.
Y
nos interesa por distintas razones, especialmente por los veinte mil millones
de colones del fideicomiso cafetalero que sabemos es un compromiso que asumió
no el Congreso, sino el país con la difícil situación que viven especialmente
los pequeños productores de café en el país, a raíz de la crisis de la roya.
Y
me parece a mí que independientemente de las críticas que podamos hacer de la
pésima, efectivamente, pésima gestión del Consejo Nacional de Viabilidad,
porque hay recursos que allí están asignados en este presupuesto extraordinario
para atender emergencias pluviales.
En
lo que toca al Consejo Nacional de Producción y a la partida para la
reestructuración de esa institución pública, sí queremos dejar nuestra posición
hoy plasmada porque recordarán las señorías que en ese momento en que existió
la posibilidad de que el Plenario legislativo se abriera en comisión para
revisar una moción, recuerdo, no sé si del diputado Villalta Flórez-Estrada,
tomamos la decisión de votarla en contra y la decisión de votarla en contra la
tomamos con base en criterios que hoy queremos fundamentar.
En política es dable tener todas las posiciones
encontradas que sean del caso, pero la congruencia exige que cuando usamos
fundamentos para defender una posición también los usemos para contrariarla y
esto lo digo porque usualmente a la hora de criticar distintas circunstancias
en la vida política usamos como criterio a la Contraloría General de República.
Y
nosotros, con base en un criterio de la Contraloría General de República que
establece y me refiero al informe DFOE-EC-267, con base en ese informe se
establece que la situación económica financiera del Consejo Nacional de la
Producción y la sostenibilidad operativa de esa institución está sencillamente
en peligro.
Y revisábamos y preguntábamos, y ese día incluso llamamos
a la ministra de Agricultura y Ganadería, y la pusimos en speaker los tres compañeros diputados del PASE y preguntábamos
sobre esa situación de sostenibilidad financiera de esa importante institución
y nos comentaba, por ejemplo, que hay pasivos, es decir pérdidas que han sido asumidas
a lo largo de los años por veintidós mil millones de colones en el Consejo
Nacional de la Producción.
Veintidós mil millones de colones, si no me equivoco, es
el presupuesto de un año entero de algún ministerio. El de la Asamblea
Legislativa de este año es de treinta y un mil millones de colones, el de un
poder de la República. Y el Consejo Nacional de la Producción ha asumido
pérdidas por veintidós mil millones de colones y mucho de esas pérdidas aquí
podríamos hablar probablemente toda la tarde, pues, tendrá que ver también con
una mala gerencia.
Pero hay un problema que es modular, que es el déficit
que más está engrosando estas pérdidas en la institución y es el que tiene que
ver con planillas, un déficit de trescientos millones de colones al mes en el
Consejo Nacional de la Producción, de más de tres mil millones de colones al
año en el Consejo Nacional de la Producción.
Por eso es importante la reestructuración. Nos decía la
ministra y nos dice la Contraloría, pero aquí se ha dicho que la
reestructuración equivale a un cierre y eso lo vamos a desmentir, porque
también nos dimos a la tarea de revisar la legislación y el cierre, de una
institución, técnico si se quiere llamar, o cierre, tiene que pasar por esta
Asamblea Legislativa, tiene que pasar por la voluntad de las y los legisladores
para decir cerremos una institución creada por ley.
Solo
una ley puede efectivamente derogar otra ley a menos que hayan vicios de
inconstitucionalidad, pero esto no tiene nada que ver con el tema del Consejo
Nacional de la Producción.
Y lo digo ¿por qué?, porque el proceso de
reestructuración también del Consejo Nacional de la Producción inicia en el año
2001 en el marco de un plan del Ministerio de Planificación Nacional, según el
cual la reestructuración lo que convoca es a la movilidad laboral voluntaria
que fue otra de las preguntas que hicimos en ese momento a la ministra de
Agricultura.
Estamos hablando de reestructuración con despidos.
Estamos hablando de reestructuración obligando a los funcionarios a dejar sus
labores nos dijeron no, remítanse al marco de reestructuración del Mideplán del
año 2011 para que compruebe que es movilidad laboral voluntaria, que además no
es nada mezquina, costarricenses porque se les reconoce a los trabajadores o a las
trabajadoras del Consejo Nacional de la Producción que quieran acogerse a ese
proceso de movilidad veinticinco años de cesantía y cuatro meses de premio,
veintinueve meses de cesantía y es bueno que los costarricenses sepan, los que
no lo saben, que la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de este
país tenemos únicamente derecho a ocho años de cesantía, a ocho años de
cesantía.
Y en virtud de que voy a compartir el tiempo con la
señoría Góngora, quiero entonces dejar claro que el proceso de reestructuración
está en ese marco, pero aun así sigue siendo una autorización de un gasto y una
autorización de un gasto que tiene que ejecutarse con todas las disposiciones
que conocemos existen en el ordenamiento jurídico en la Contraloría General de República
y en la Sala Constitucional y, por lo tanto, esta autorización que se está
realizando para la reestructuración del Consejo Nacional de la Producción es en
efecto la posibilidad de que se continúe adelante con ese proceso, pero nunca
un cierre técnico.
Cierro, presidente, para no robarle tiempo al diputado
Góngora, indicando que desde cinco mil quinientos millones de los que se están
aprobando para este tema de la reestructuración del CNP mil quinientos millones
van al pago de agricultores suplidores del Programa de Abastecimiento
Institucional y que a juicio, por lo menos de la señora ministra, lo que busca
la reestructuración es contrario a lo que se ha dicho en este Plenario
legislativo, el fortalecimiento de este Programa de Abastecimiento Institucional
que es a fin de cuentas la razón de ser de esa institución.
Gracias, presidente.
El presidente ad hoc Martín
Alcides Monestel Contreras:
Con mucho gusto, diputado.
Continuamos en el uso de la palabra el diputado Góngora
Fuentes, cinco minutos que le cedió la diputada Alfaro Murillo y cinco que le
dio el diputado Granados Calvo.
Tiene usted el uso de la palabra.
Diputado Carlos Humberto
Góngora Fuentes:
Muchas gracias, diputado presidente, señorías.
Sin lugar a dudas los costarricenses y las costarricenses
saben que ya estamos en campaña electoral y los signos de la campaña electoral
se ven bien planteados precisamente en este presupuesto que estamos
discutiendo.
Le ponía muchísima atención a mi amiga y compañera
diputada doña Yolanda Acuña y como municipalista quiero hacer eco de las
palabras y de las reflexiones de doña Yolanda.
No es posible que por el peso que algunos diputados y
diputadas del oficialismo tienen, las partidas y las asignaciones y los
recursos que se van a destinar a las municipalidades se den en forma
desproporcionada.
Y eso queda muy bien reflejado en la provincia de Cartago
que honrosamente represento en este Parlamento, porque si analizamos el último
informe de indicadores de rendimiento de las municipalidades emitido por la
Contraloría General de República en su grupo, óigase bien, la Municipalidad de
Paraíso dirigida por un socialcristiano es una de las mejores municipalidades
del país, pero la castigan, la
castigan con montos ínfimos de recursos.
Y la Municipalidad de Cartago, dirigida por un
liberacionista que hemos tenido que ir a acusar en muchísimas ocasiones a la
Contraloría General de la República, a la Procuraduría e incluso al Ministerio
Público, sí recibe un buen botín, y la Municipalidad de La Unión, óigase bien,
como el candidato al segundo puesto es el alcalde de esa Municipalidad, le
recetan un botín extremadamente jugoso.
¿Adónde está la paridad?
¿Y qué, el cantón de Alvarado no
existe en Cartago?, ¿Jiménez, no existe en la provincia de Cartago?, ¿o es que
los amigos y las amigas de Pacayas, de Cervantes y de Capellades son ciudadanos
cartagineses de tercera, de cuarta o de quinta categoría?, por supuesto que
no. Y aquí le decimos a este presupuesto
que no le vamos a dar nuestro voto.
Adicionalmente, como diputado
cartaginés, no puedo pasar por alto la situación en la que van a sumir el
CNP. Cartago es la provincia que bien
saben todos nos llevan las papas, las zanahorias, los tubérculos a nuestra mesa,
pero principalmente ha sido una provincia que ha sido castigada porque
justamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo ha tenido abandonado, y
no esta administración, valga decir, de muchas administraciones en el pasado.
Justamente, hace unos meses estaba
en San Jerónimo de Tucurrique, con unos campesinos y ellos el único pedido que
me hacían era que le gestionara al menos que el director regional del MAG los
fuera a visitar, porque ni siquiera lo conocían, y por supuesto que con mucha
razón se dice que hay que reestructurar el CNP, porque los funcionarios
deambulan por sus pasillos, pero no es porque ellos quieran deambular, no es
que son zombis.
Yo no creo que haya costarricense
que ame la patria, que realmente se llegue a robar su salario, tienen muchísimo
tiempo oneroso porque justamente la institución que jugaba un rol y un papel
fundamental en el desarrollo del agro, en la soberanía alimenticia, en
conceptos de soporte, de ayuda y de sostenimiento a la justicia social, ha sido
paulatinamente desmantelada. Por eso
también mi voto va a ser no a este presupuesto.
Y otras de las graves
preocupaciones, también las comparto con mi buen amigo, compañero y coterráneo,
diputado don Víctor Hernández Cerdas.
Efectivamente, estimado compañero diputado, este presupuesto o no pasó
por Mideplán o Mideplán está pintado en la pared, porque la falta de
planificación, de cumplimiento de metas, de estándares objetivos de
verificación, de cumplimiento, se alejan mucho de lo que este presupuesto
contiene.
Y como ya es una costumbre, este
presupuesto insiste en financiar gasto corriente con deuda, con ingresos de
capital, y seguimos los costarricenses, entonces, pidiendo prestado para pagar
lo que tenemos que pagar en forma ordinaria.
Para las amas de casa, gerentas del hogar, que me están escuchando, cartaginesas,
en esta mañana, es como si ellas en lugar del salario tuviesen que ir a pedir
prestado todos los días al pulpero, al carnicero, al lechero para poder suplir
las más básicas necesidades del hogar.
Sabemos que afortunadamente las mujeres
nos llevan la delantera profundamente en la correcta administración gerencial
no solo del hogar, sino de las instituciones en las que están; pero aquí, tengo
que decir, con mucho respeto, que me llama poderosamente la atención que
estando una mujer al frente del Gobierno de la República se estén dando estas
circunstancias.
Un día de estos comentando con una
buena amiga justamente sobre temas financieros, me decía, un ejemplo que nos
puede causar risa: Nunca, diputado— me decía— ponga a un hombre a partir un
queque, porque no lo sabe partir o porque a algunas personas les da pedazos muy
grandes y otros se quedan con ganas de comer.
Siempre el queque lo reparten las mujeres porque,
me decía ella, tenemos total claridad de la equidad y de no dejar a nadie sin
comida y con hambre. Pareciera que este
presupuesto evidentemente no tiene visión de género o pareciera que solo
algunos vivillos se aprovecharon y partieron las porciones del queque y algunos
cantones, algunos proyectos y algunas instituciones sí les dan un pedazo bien
grande y se olvidan de repartir en forma equitativa y progresiva.
Por eso, también concurrimos con varios compañeros
y compañeras diputadas ante la Sala Constitucional para que se declare este
presupuesto inconstitucional, por la violación flagrante de los principios
presupuestarios, por la progresividad, por la equidad, por la igualdad; un
presupuesto plagado de desequilibrios y teñido, sin lugar a dudas de tintes
político-electorales.
Cómo es posible que a tres meses de
finalizar el año presupuestario se estén incorporando recursos al Cómex para
que pague cuotas de organismos internacionales, o al Poder Judicial para que
pague deudas con la Caja. Me encanta que pague las deudas con la Caja, pero
dónde está la planificación, dónde está el establecimiento de metas.
Por esas razones, yo les invito, diputadas y
diputados, a que le demos el voto negativo a este presupuesto, e invito a las y
a los cartagineses para que mañana, 14 de setiembre, en la ciudad de Cartago,
manifestemos con respeto, pero con vehemencia:
alto ya a este desacierto de Gobierno.
Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel
Contreras:
Con mucho gusto, diputado Góngora
Fuentes.
Continuamos con el uso de la
palabra. Por el Frente Amplio, el diputado Villalta Flórez-Estrada.
No se encuentra en el salón.
Renovación, el diputado Justo
Orozco, tiene usted hasta diez minutos, diputado Orozco Álvarez.
Diputado Justo Orozco Álvarez:
Muchas gracias, señor presidente,
señoras y señores diputados.
Únicamente quiero dejar constancia
de mi decisión, no de hoy, sino de casi ocho años de ejercer la diputación, de
aprobar todos los presupuestos, cualquiera que sea el Gobierno de turno.
Reconocer que los esfuerzos que han
hecho los compañeros es serio; no, no hay ningún presupuesto perfecto, solo
Dios es perfecto.
Pero no podemos paralizar un país,
tampoco, por creer de que las cosas no están con excelencia, pero yo sí tengo
fe en los gobernantes y la forma de castigar a un gobierno de turno, pues, es
en las elecciones, pues, no apoyarlo, pero no actualizar… optar este… actuando
con ofensas y con cosas que no edifican.
Al fin al cabo cada palo que aguante su vela y el
precio de estar en el Gobierno, pues, no deja de ser un desgaste y, bueno, por
eso estamos participando muchos partidos políticos.
Pero yo sí, pues, quiero dejar
patentizado mi voto afirmativo a este proyecto de presupuesto extraordinario.
Muchas gracias, señor presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel
Contreras:
Con mucho gusto, diputado Orozco
Álvarez.
Continuamos en el uso de la palabra
por el Partido Restauración, el diputado Avendaño Calvo.
Diputado Avendaño Calvo, tiene usted
el uso de la palabra, hasta por diez minutos.
Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo:
Gracias, señor presidente.
Este presupuesto extraordinario de
la República que está por ser votado, de sesenta y ocho mil doscientos
veintidós millones de colones. Es realmente el deseo, creo que de todos, que
sirvan para que el país vaya adelante, para que el país funcione óptimamente,
para que el país pueda, realmente, suplir las necesidades, pero sobre todo y
principalmente la inversión social, que debe ser prioritaria, que debe ser de
importancia para el Gobierno de la República.
La aprobación o no de este
presupuesto nos corresponde a nosotros, a la Asamblea Legislativa, pero la
ejecución le corresponde al Ejecutivo y ahí es donde creo que debe de existir
los mecanismos de fiscalización, que los partidos políticos debemos de ejercer
para que se aplique correctamente estos presupuestos.
Porque vemos que la dinámica que se
lleva a cabo en presupuestos ordinarios y también extraordinarios su ejecución
y que ahí en la ejecución del presupuesto muchas veces viene algo que sí es
lamentable y que sí viene a golpear las clases más necesitadas, que es la
subejecución del presupuesto. Se hace con Educación, se hace con el Patronato
Nacional… el Patronato Nacional de la Infancia, se hace con algunos programas
de bienestar social y creo que a esto hay que prestarle atención, porque es una
práctica, es una práctica.
Hace unos días, nosotros señalábamos
que la Sala Cuarta había ratificado que al Patronato Nacional de la Infancia se
le deben de dar recursos del siete por ciento del impuesto sobre la renta; unos
cincuenta y ocho mil millones de colones.
Y en el presupuesto entregado a este
Congreso, para su aprobación respectiva, solo se incluye un uno por ciento de
dichos impuestos; unos diecisiete mil quinientos cincuenta y cinco millones de
colones.
De lo que le corresponde, del siete
por ciento del impuesto de la renta, o sea, cincuenta y ocho mil millones de
colones se presupuesta, se incluye en el presupuesto diecisiete mil quinientos
cincuenta y cinco millones, o sea, un uno por ciento.
Ahí es donde le queda a uno una
situación de inconformidad, al tener que aprobar un presupuesto que después no
se respeta, que no se incluyen los montos correspondientes a ámbitos tan
sensibles y tan importantes como es la atención de nuestra niñez y de nuestra
adolescencia.
El Patronato Nacional de la
Infancia, el Patronato Nacional de la Infancia debe de atender unos setenta mil
niños entre sus albergues, organizaciones no gubernamentales, y otras, y no es
posible que simple y sencillamente se apruebe un presupuesto y después un
ministro subejecute estos montos que deben de venir a constituirse una ley,
porque esto es el presupuesto de la República, una ley que debería de
respetarse.
Yo siempre he dicho que deben crearse algunos
mecanismos para que los ministros de Hacienda tengan la obligación de respetar
esa ley, y no le den a Educación una cantidad de dinero menos, no le den al
Patronato una cantidad de dinero menos, no le den a programas sociales que son
de una importancia social humanitaria y que simple y sencillamente se
subejecute.
Uno quisiera tener mejor la seguridad —diputado Mendoza— de que se respete un
presupuesto y no se venga, precisamente, a violentar la ley, porque es una
autorización de gasto, pero al haber pasado por la Asamblea Legislativa es una
ley el presupuesto de la República y no precisamente para que un ministro lo
determine a su antojo.
Entonces, ¿para qué pasó por la Asamblea?; ¿para
qué se aprobó o se hizo la acción de aprobar o de improbar en la Asamblea
Legislativa, si al fin y al cabo será el ministro de turno el que determine
cuánta plata le va a dar a este programa o cuánta plata le va a dar a este otro
programa?
Y caso puntual y específico y notorio, ponemos el
del Patronato Nacional de la Infancia, donde en lugar de un siete por ciento
del impuesto sobre la renta se le aplica un uno por ciento de este impuesto
teniendo un impacto gravísimo en esta población.
Ejemplos de inversiones sociales, como por ejemplo,
el caso del Ministerio de Salud a través del cual se financian seiscientos
cincuenta millones que serán para financiar doscientos cuarenta y nueve plazas
destinadas a la Red de Cuido y Cen-Cinais. Este es un capital humano importante
para atender la Red de Cuido y también es una inversión en el desarrollo de
nuestra niñez, de los niños y las niñas.
La Dirección Nacional de Centros de Educación y
Nutrición, de Centros Infantiles de Atención Integral, Cen-Cinai, que se ocupa
de un cinco punto seis por ciento de menores, equivalente a la atención de veinte
mil niños y niñas, por lo tanto, creo que es de suma importancia esos recursos
como para que luego, en una forma arbitraria se vayan a subejecutar.
Además, una inversión de ciento diecisiete punto
ocho millones para el Patronato Nacional de Rehabilitación, Panare, responsable
de la prestación de servicios dirigidos a personas con discapacidad y que se
encuentran en condición de abandono, riesgo o marginación social.
También en vía Ministerio de Trabajo llegan
novecientos veinticuatro millones para el pago de auxilio temporal a
trabajadores desocupados del Programa Nacional de Empleo. Vía también el
Ministerio de Justicia y Paz se asignan seiscientos noventa punto dos millones
para el Patronato de Construcción de Centros Penitenciarios; es decir, para la
inversión en la infraestructura de centros penitenciarios que está altamente
señalado la sobrepoblación que existen en los centros penitenciarios, creando
condiciones infrahumanas para estas personas privadas de libertad.
Bueno, podemos decir y señalar muchos otros rubros
de inversión social, pero insisto que quiero dejar en relieve, quiero levantar
nuevamente la voz para esta arbitrariedad que tiene que cambiarse, que el
Patronato Nacional de la Infancia debe recibir un siete por ciento del impuesto
sobre la renta por el orden de los cincuenta y ocho mil millones de colones y
solo se presupuesta un uno por ciento para esta atención tan vital y sensible
que es la niñez que está en riesgo social, que está desamparada, unos setenta
mil niños y niñas, albergues y organizaciones que atienden a nuestra
niñez.
Esto no debe ser, no puede ser, y debemos de hacer
una acción conjunta todos los partidos políticos para que se respete estos
presupuestos de programas sociales, pero muy especialmente y muy puntualmente
señalo el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Ha concluido el tiempo de los
representantes de las fracciones políticas.
Ha solicitado la palabra el diputado
Luis Fishman.
Por quince minutos, señor diputado.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias, señor presidente.
Después de analizar con profundidad
este presupuesto extraordinario, llegamos a una triste conclusión: todo el
esfuerzo que hemos hecho para buscar austeridad y seriedad en el gasto público
fue más o menos como perfumar una chancha.
No logramos absolutamente nada y al contrario de lo
que decía aquí el diputado Orozco, de que hay que votar los presupuestos porque
es responsabilidad del Gobierno, en mi caso jamás, es decir, me parece que la
obligación de nosotros como diputados de oposición es controlar que el gasto
público sea el adecuado.
Y hemos venido durante muchos meses
pidiendo austeridad y control, hemos venido solicitándole al Ministerio de
Hacienda y a la presidenta de la República que los presupuestos no se pueden
hacer en un escritorio sin analizar el nivel y el grado de ejecución de las
partidas.
Y efectivamente, cuando analizamos este presupuesto
extraordinario llegamos a la conclusión de que esa lucha, ese esfuerzo de
cuatro años fue completamente inútil.
El
presupuesto se sigue haciendo en un escritorio atendiendo solicitudes de
jerarcas de ministerios o de municipalidades, sin que realmente haya existido
un control a fondo de lo que ha sucedido con los gas… con los recursos que se
asignaron.
Y me parece que así no se puede seguir funcionando,
compañeros diputados, probablemente este sea el penúltimo presupuesto que nos
toque discutir, y yo creo que tenemos nosotros para los futuros diputados, para
los futuros gobiernos que sentar unas bases de responsabilidad.
No, no puede ser, compañeros diputados, que con una
ejecución de las municipalidades donde se ejecuta más o menos el sesenta y seis
por ciento de los recursos que puedan gastar, y que guarden y les dejen sin
gastar ciento diez mil millones de colones, en un año, nosotros aquí estemos
asignando partidas que realmente no tienen ni sustento ni fundamento.
Un
ejemplo de ellos es una partida en la Municipalidad de Cartago que es la
asignación de quince millones de colones a esa Municipalidad para ampliar una
cancha de tenis.
No,
no, ya le pregunté a Villanueva si tenía que ver con la cancha de tenis en la
que él participa, pero quince millones de colones para ampliar una cancha de
tenis, y esa Municipalidad dejó de ejecutar quinientos siete millones de
colones. Es decir, ¿cuál es el mecanismo para asignar recursos cuando se tiene
una incapacidad de ejecución?, y sencillamente para que se gaste en un tipo,
una actividad de estas se asignan quince millones.
Debemos
preguntarnos, compañeros diputados, ¿por qué no hay ninguna justificación si la
cancha se construyó con medidas más pequeñas o qué fue lo que pasó. No, simplemente quince millones para arreglar
una cancha de tenis en Cartago, sin importar cuál es la razón.
Otro
ejemplo, otro ejemplo de lo que está resultando con los presupuestos y la
irresponsabilidad que conlleva que no exista realmente un control sobre la
ejecución de los gastos lo tenemos con el… veinte millones a la Municipalidad
de Esparza, ¿saben para qué, compañeros diputados? a la Municipalidad de
Esparza para hacer un plan estratégico.
Y
yo me pregunto: ¿no le corresponderá eso al señor alcalde, hacer un plan
estratégico?, ¿cómo se le asignan veinte millones de colones a una
municipalidad para que haga un plan estratégico? Correcto, aquí me dice don Walter que tiene
experiencia que para ser candidato hay que presentar un plan, pero si el
problema fuera solo ese, uno diría, bueno, talvez podría justificarse.
En
una muni… esa Municipalidad tuvo un presupuesto de dos mil quinientos setenta y
cinco millones en el 2012, de los cuales no ejecutó quinientos cuarenta y dos
millones, y ahora se le asignan para que haga un plan veinte millones. Es decir ¿adónde están las autoridades de
Hacienda?, ¿adónde están las autoridades presupuestarias controlando en qué se
están gastando los recursos en nuestro país?
Los
recursos son muy escasos, son muy limitados, por supuesto que tiene que haber
una intervención de planificación. Eso lo hemos venido diciendo durante cuatro
años, que todos los recursos que se gastan que provienen de nuestras bolsas
tienen que obedecer a un plan, no simplemente a ocurrencias.
Así
tenemos cómo se dan recursos en algunas municipalidades para que todavía se
arreglen situaciones de terremotos, sin que se explique adecuadamente a quiénes
se les va a asignar, cómo se van a entregar los recursos.
Claro,
y aquí me dice don Walter, y tiene toda la razón, lo que es más grave, es
decir, estaríamos en Jauja si nos sobrara la plata, diay, no importa. Diay,
estamos, somos un país rico entreguemos aquí para que arreglen la cancha de
tenis, y para que arreglen las casas, y para que hagan un plan estratégico en
Esparza, no importa. Pero es endeudamiento lo que estamos tomando para hacerles
frente a esas situaciones sin que haya una responsabilidad del Ministerio de
Hacienda.
Lo
que hemos venido diciendo reiteradamente, es decir, hay que analizar lo que se
presupuesta, lo que se ejecuta, y no simplemente seguir disparando recursos
para que irresponsablemente se gasten o se malgasten o no se gasten, asumiendo
nosotros, como Estado, obligaciones sobre las cuales tenemos que pagar
intereses, sobre los cuales tenemos que hacerle frente.
Es
realmente preocupante, preocupante que todo lo que se planteó, primero con don
Fernando Herrero, después con don Edgar Ayales, la fracción de la Unidad, mi
persona por aparte en reuniones con la señora presidenta de la República, con
el señor vicepresidente de la República, con el ministro de Hacienda, de cómo
poder orquestar una política de gasto que realmente sea atendible y que
obedezcan a las necesidades más sensibles del país.
Pero
vemos en este presupuesto extraordinario que no hay nada de eso, vemos que en
este presupuesto extraordinario lo que es grave y quizás lo más grave de todo
es que estando el sector agropecuario como está se establezca una partida
aproximadamente de seis mil millones para desarmar el Consejo Nacional de
Producción.
Y
yo creo, yo creo, compañeros diputados, que eso es terrible para el país,
independientemente que jurídicamente es una norma más que atípica, porque a
través del presupuesto se está determinando que una institución que en este
país, al contrario de debilitarla, habría que fortalecerla, la están haciendo
desaparecer, ¿cómo?, diay, dando plata para pagar las prestaciones, y eso es
realmente lo que quiere el país, lo que se requiere.
Entonces,
compañeros diputados, me parece que esta discusión que se está llevando el día
de hoy y que a veces uno piensa que hay demasiado tiempo para discutir algunas
cosas, y muy poco tiempo para otras, es decir, en quince minutos uno es muy
poco lo que puede decir en temas de cómo se ha venido funcionando en materia
presupuestaria.
Es
decir, es muy claro, compañeros diputados, que la reorganización del sector
agrícola era…, si lo que tenía que hacer era reorganizar y fortalecer el sector
agropecuario estatal para disponer de un sistema institucional simple, con un
solo ente estatal fuerte refundiendo el MAG, CNP, Inder, Infopesca,
Cenara, fuerte con capacidad de atender a los productores nacionales, según los
sectores; eso se lo propusimos tres veces a la señora presidenta. Y no sigo
leyendo porque tengo poco tiempo.
Eso se lo planteamos en el 2010, en el 2011, en el 2012 y
ahora enfrentamos a esta posibilidad, que al contrario de las necesidades que
sentíamos que eran indispensables para este país se esté desarmando cuando la
ley dice: Finalidad del CNP. Transformación integral de las actividades
productivas del sector agropecuario. Modernización y… (ininteligible). Facilitar la intención de tales actividades
en el mercado internacional. Énfasis en los pequeños y medianos productores,
entre otros, mediante esquemas de capacitación y transferencia tecnológica.
Mantener un equilibrio justo en las relaciones entre productores agropecuarios
y consumidores. Intervenir en el mercado interno de oferta y demanda.
Garantizar la seguridad alimentaria del país.
Es decir,
esas son las obligaciones del CNP trascendentales, compañeros diputados, y cómo
se van a realizar esas obligaciones, diay, cuando estamos desarmando el CNP a
través de recursos para que se les paguen prestaciones.
Si fuera que le están pagando prestaciones a uno porque
están contratando a otros para suplantar la manera de pensar o lo que fuera no,
es que simplemente el modelo establecido en el CNP a las autoridades actuales
no les gusta y me parece que esto debería ser una decisión de Estado. Eso debe
ser una decisión de Estado si realmente el CNP tiene que desaparecer o si al
CNP hay que reforzarlo. Y eso debe ser una discusión nacional, no simplemente
que a través del mecanismo del presupuesto dejar a los agricultores de este
país que de por sí ya están desamparados, más desamparados.
Por eso, me parece que esta norma, entre otras, es
completamente atípica, es decir que no es una norma que pueda incorporarse en
un presupuesto porque está…, simplemente no es materia presupuestaria, sino que
está haciendo una transformación de las finalidades que debe tener el Consejo
Nacional de Producción.
¿Cuál es el verdadero fin de incorporar de parte del
Ministerio de Hacienda de la partida de cinco mil seiscientos millones de
colones?
Yo creo, compañeros diputados, que este tema del
presupuesto extraordinario nos debe llamar a la meditación, nos debe llamar a
la meditación porque aquí se ha venido reiterando, se han planteado seriamente
Yo
estoy seguro, de parte de todas las fracciones y de parte de todos los partidos
políticos y de parte de todos los diputados, cuando hay pocos recursos
realmente lo que hay que hacer es aprovecharlos y que no puede ser que los
presupuestos se sigan realizando y haciendo desde un escritorio sin análisis
debido, sin el análisis adecuado de la ejecución, de los controles.
Aquí se están dando a asociaciones de desarrollo tres mil
trescientos millones de colones, ¿son prioritarios en estos momentos?, ¿hay los
controles adecuados para ejercer control de cómo se van a gastar esos tres mil
trescientos millones de colones?
Creo, compañeros diputados, y siendo esta, supongo yo, la
penúltima oportunidad que vamos a tener en nuestro paso por la Asamblea
Legislativa de discutir, talvez don Walter pueda volver que eso sea, pero yo creo
que tenemos que crear conciencia de que el presupuesto no puede hacerse desde
un escritorio, que tienen que medirse parámetros, que tienen que ser
definitivos en la definición, que tiene que priorizarse el gasto, que tiene
darse cuenta sobre la efectividad del gasto de por qué —termino, señor
presidente— cuando se presupuestan no existe la capacidad ni el control de que
lo que se ha presupuestado aquí y que es importante a programas prioritarios no
llega a esa gente que se le debe dar prioridad.
Yo creo que ha quedado muy claro con lo que he dicho que
votaré completamente en contra de este presupuesto extraordinario y que no es
cuestión de que porque es responsabilidad del Poder Ejecutivo podamos aquí no
denunciar estas situaciones que las hemos venido denunciando reiteradamente
sobre las malas prácticas presupuestarias, la falta de controles y el abandono
que existe a un plan nacional de desarrollo.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias
compañeros diputados.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor
diputado.
Ha solicitado el uso de
la palabra el diputado Porras Contreras por quince minutos, diputado Porras.
Diputado José Joaquín Porras Contreras:
Gracias,
presidente. Buenas tardes ya compañeros,
compañeras, buenas tardes al público que nos ve en las barras y los que nos
siguen por medio de la radio y la televisión.
Hoy se está hablando
del presupuesto extraordinario de la República, pero se habla del presupuesto
extraordinario de la República, pero se le quitan recursos. Por decir algo,
para mencionar algo, lo que pasó con los agricultores, los frijoleros
tratados…, maltratados en Pérez Zeledón en vez de apoyarlos se les trata como
delincuentes por la Fuerza Pública. Pero en la isla Calero a esos servidores de
la Fuerza Pública, les temblaban las canillas.
También aquí aprobamos el fideicomiso
cafetalero cerca de veintidós mil millones. Yo creo que nosotros los diputados
tenemos la gran responsabilidad de velar de que esos veintidós mil millones de
colones para el fideicomiso de los productores de café se repartan y se vigilen
sea responsablemente, equitativamente repartidos.
¿Qué ha hecho el
Ministerio de Agricultura para darles una solución a los pequeños productores
de palma aceitera en la Zona Sur con la plaga de la flecha seca? Diría yo que
nada y ahí va un montón de dinero en ese presupuesto.
A la Caja Costarricense
de Seguro Social hay que sanearla, hay que quitarle ese montón de grasa. Nueve mil
empleados en cinco años, sin infraestructura donde ponerlos a trabajar, no es
culpa de ellos, ellos tienen capacidad para trabajar, ellos tienen capacidad
para laborar, ellos son técnicos, ellos son doctores, ellos son laboratoristas.
Lo que pasa es que en este país se
pone la carreta delante de los bueyes y no se planifica. En vez de meterlos a
trabajar en hacinamiento, deberían de haber hecho la infraestructura primero
para ponerlos a producir y a trabajar eficientemente.
Al Hospital de Puntarenas, la Caja
Costarricense de Seguro Social le ha invertido un montón de miles de millones
de colones y todavía no funciona, todavía está en pésimas condiciones.
Yo casi diría que hubiera sido mejor empezar a
construir otro hospital en otra parte menos riesgosa, que habitan cerca de la
playa, tan cerca del mar, donde, de una vez por todas, se le hubiera dado una
solución a esta provincia en materia de salud.
El Ministerio de Educación Pública
se lleva uno de los más altos porcentajes del presupuesto, y ver por todas
partes del país por las que yo me movilizo escuelas y colegios en pésimas
condiciones, solo por mencionar algunos: el Liceo Miguel Araya Venegas en
Cañas, el Liceo de Atenas, el Colegio Técnico de San Mateo, la Escuela
Limoncito, compañero Walter Céspedes, en la condiciones que está, y ustedes saben
en las condiciones que está compañeros, yo no estoy diciendo ninguna mentira.
El Ministerio de Seguridad Pública
no tiene planificación.
La epidemia del dengue, ¿cómo está
en Costa Rica? El Ministerio de
Educación como ente rector en materia de salud debe de involucrar a todas las
organizaciones locales, cantonales para evitar esta enfermedad que ya ha
causado muertes, han muerto personas por esta enfermedad, y ahí hay que
involucrar al pueblo, la junta de salud, las municipalidades del cantón y desde
luego el Ministerio de Salud debe ir a la vanguardia, adelante para que esto
funcione y esas personas que han fallecido por culpa del dengue son seres
humanos, son ciudadanos, son costarricenses, no son personas ni de primera, ni
de segunda clase ni de tercera, son ciudadanos iguales a los nosotros.
Hoy nosotros estamos aquí, pero
dentro de siete meses y medio, siete meses, tenemos que ir jalando y ahí
vendrán otros a ocupar este campo.
El Ministerio de Obras Públicas y
Transportes hasta que las carreteras colapsen mete mano en ellas, no planifica,
tienen que caerse puentes, tienen que fallecer ciudadanos, y al perro flaco se
le pegan las pulgas; ejemplo, los catorce muertos del Bajo Cacao, los cinco
muertos en el puente Turrubares suman diecinueve, son costarricenses; ah, y se
me olvidaba, los dos indígenas que mencionó el compañero Jorge Gamboa, que
murieron a causa de un puente que no hubo recursos para poder construirlo y
tuvo la comunidad que hacer de tripas chorizo para poder que la gente tuviera
un acceso y pudiera pasar sin peligro.
En este país pasa todo y no pasa
nada.
La platina, ¿cuánto se le ha
invertido a la platina?, ¿cuánto se le ha invertido a este puente?, ¿la ruta
1856?, ¿la ampliación de la ruta San José-San Ramón?, ¿el estudio de
prefactibilidad de la refinería Recope con China?, ¿las alcantarillas de las
rutas de circunvalación de Hatillo 8?
Ahora están buscando a la mejor
institución de este país para que vaya a solucionarles el problema al MOPT
porque no tiene gente capaz para hacerlo, está buscando al ICE para que vaya a
hacerle, bien sea las alcantarillas, el puente, lo que tengan que hacer, y se
van a dar cuenta que si el ICE pone su personal a laborar en ese trabajo, se
hace a menos plazo y de mejor calidad.
Existiendo denuncias suficientes,
pero no siguen un proceso de sanción y por eso en este país pasa todo y no pasa
nada. Los de cuellos blanco hacen lo que les da gana; desgraciadamente, los de
cuello blanco en este país están… tienen una coraza y son intocables, y si en
este país seguimos por donde vamos, yo pienso que vamos a llegar al despeñadero
y por eso desde ya anuncio que voy a votar el presupuesto negativamente.
Muchas gracias, presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Vamos a esperar un momento.
Ha concluido el tiempo del debate
reglado, pero se ha ampliado también a los diputados independientes que
solicitaron el uso de la palabra y cumplir así con lo que establece el
Reglamento de la Asamblea Legislativa.
Vamos a dar unos instantes para que
se puedan incorporar todos los diputados y diputadas al salón de sesiones.
Vamos a solicitarles a los señores
ujieres revisar las salas adjuntas, sobre todo la sala adjunta que se encuentra
a un costado de la mesa del Directorio, que no se encuentre ningún diputado o
diputada, o que se incorpore, más bien, a la sala de sesiones para proceder con
la votación.
Vamos a pedirles a los señores
asesores, por favor, ubicarse en un espacio donde no dificulte el conteo, y a
los señores diputados y diputadas, ocupar sus curules para que no haya… o para
permitir que el conteo de votos pueda realizarse de una manera que no tenga
dificultades.
No hemos cerrado puertas todavía
porque estamos confirmando el número de diputados y diputadas presentes.
Vamos a proceder entonces con la
votación.
Suficientemente discutido el
proyecto de presupuesto extraordinario.
Vamos a solicitarles a los señores
ujieres cerrar puertas.
Cuarenta y siete diputadas y
diputados presentes en el salón de sesiones. Los diputados y diputadas que
estén a favor del expediente 18.830, en el trámite de segundo debate, Modificación
a la Ley número 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la
República para el Ejercicio Económico 2013, y Primer Presupuesto Extraordinario
de la República para el Ejercicio Económico del 2013, reitero, en el trámite de
segundo debate, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de
impedimento. Cuarenta y siete diputadas
y diputados presentes; veintiocho han votado a favor, diecinueve han votado en
contra. Por lo tanto, el proyecto, el
expediente 18.830, ha sido aprobado en su trámite de segundo debate.
Hay
una moción de revisión que se ha presentado a la mesa del Directorio que le
vamos a solicitar a la señora secretaria darle lectura.
La segunda
secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
Moción
de revisión del diputado Araya Pineda.
Hace la siguiente moción:
Del diputado
Araya Pineda:
Para que se revise la votación recién recaída sobre
el expediente Nº 18.830.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
En discusión la moción.
No hay solicitudes para hablar…
hacer uso de la palabra por la moción; por lo tanto, la damos por discutida.
Los diputados y diputadas que estén
a favor de la moción de revisión se servirán ponerse de pie o levantar su mano
en caso de impedimento. Cuarenta siete
diputadas y diputados presentes; diecinueve han votado a favor, veintiocho en
contra. La moción ha sido rechazada.
Señoras y señores diputados, al ser
las doce y cuarenta y cuatro minutos, se levanta la sesión.
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel Contreras Elibeth
Venegas Villalobos
Primer secretario Segunda
prosecretaria