ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Discusión y aprobación del acta N.º 129

PRIMERA PARTE

Buenas tardes, señorías, al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, y con la presencia de cuarenta señoras y señores diputados, iniciamos la sesión del día de hoy.

En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 129. No existen solicitudes para hacer uso de la palabra; por lo tanto, la tenemos por discutida…

Por el acta, sí, diputada Granados Fernández, por el acta.

Diputada Carmen María Granados Fernández:

Por el acta yo quiero dejar claro que en la intervención auténtica de los artículos 5 y 13 de la Ley de incentivos médicos, cuyo proyecto aprobamos la semana pasada en segundo debate, las guardias médicas jamás formarían parte del salario ordinario, base o fijo, si no se constituyen, más bien, en tiempo extraordinario que podría o no pagarle la Caja a los médicos que la realicen solo si la Caja realmente dispone que las realicen y solo a aquellos profesionales que las realicen, efectivamente.

No se trata de un plus general que se les paga a los médicos, como pretende interpretar, y lo hago en el cambio por el acta, el diputado libertario, sino que es un beneficio del que gozan solo unos pocos profesionales en la institución, y que tampoco es regular, sino variable; es decir, que si la Caja dispone crear un tercer turno, entonces, las guardias podrían desaparecer por no estar contempladas dentro del salario base u ordinario.

Yo quería que esto quedara claro, señor presidente, en el acta.

Suspensión de Derechos y Garantías

Así se hará, señora, tomamos nota para que se incorpore en el acta.

Decíamos que estamos discutiendo el acta de la sesión 129, si no existen más solicitudes para hacer uso de la palabra la tenemos por discutida y la damos por aprobada.

Pasamos a Suspensión de Derechos y Garantías, no hay.

Asuntos del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa

En Asuntos del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa, hoy con el debate reglado acordado por las ocho fracciones legislativas respecto de los diversos informes, resultados, estudios y propuestas sobre el Estado de la Nación.

Debate reglado

Debate reglado acordado por las ocho fracciones legislativas respecto de los diversos informes, resultados, estudios y propuestas sobre el Estado de la Nación (de conformidad con la moción de orden aprobada en sesión ordinaria N.º 125, celebrada el 31 de enero de 2013).

Vamos a iniciar con la fracción del Partido Liberación Nacional; pero, de previo, hay un decreto de convocatoria que le vamos a pedir a la señora primera secretaria se sirva leer.

La primera secretaria Rita Gabriela Chaves Casanova:

Decreto Ejecutivo N.º 37.516-MP

7 de febrero de 2013

DMP-060-2013

Señora

Dip. Rita Chaves Casanova

Primera Secretaria

Señora

Dip. Xinia María Espinoza Espinoza

Segunda Secretaria

Asamblea Legislativa

Estimadas señoras Diputadas:

Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa, el Decreto Ejecutivo 37.516-MP, de esta fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.

Atentamente,

Carlos Ricardo Benavides Jiménez

Ministro de la Presidencia

DECRETO EJECUTIVO 37.516.-MP

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.

DECRETAN:

Amplíase la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por el Decreto Ejecutivo 37.411-MP, a fin de que se conozca el siguiente proyecto de ley:

EXPEDIENTE N° 18.700: Aprobación de Préstamo Nº 8194-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento para financiar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.

ARTICULO 2: Rige a partir del 7 de febrero de 2013.

Dado en la Presidencia de la República, a los siete días del mes de febrero de dos mil trece.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA

CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Bien, tenemos por ampliada la convocatoria.

Ahora sí, vamos a iniciar, entonces, con el debate reglado.

Vamos a ofrecerle la palabra al diputado Alfaro Zamora, por parte de la fracción del Partido Liberación Nacional, quien hablará hasta por veinte minutos, señor diputado.

Gracias, señor presidente.

Compañeras y compañeros, voy a referirme hoy, ciertamente, al informe de los notables, en el eje número 5, denominado: Seguridad jurídica y trámites administrativos.

Allí encontramos la recomendación 83 de la comisión de notables; dice: De previo de previo a la aprobación de cualquier decreto o reglamento, deberá existir un órgano técnico de la Presidencia encargado de emitir un dictamen sobre su impacto presupuestario…

Vamos a interrumpirlo para pedir un poco de silencio en la Sala, estimado señor diputado.

Gracias, compañeros y compañeras.

Puede continuar, diputado.

Antes de referirme al avance que ha tenido ese tema, mejoras regulatorias en el país, respecto a esta recomendación de los notables, hay que recalcar que la simplificación de trámites debe ser una política de Estado y de acción estratégica en la Administración Pública, pues promueve una mayor competitividad y logra mejores posibilidades para atraer inversión, sea esta local o extranjera, bajo un clima de confianza, de negocios favorables, contribuyendo a dinamizar nuestra economía. Por ello, el objetivo central es simplificar requisitos que impactan positivamente el sector productivo, en reducción de los costos de transacción, propiciando, a la vez, el surgimiento de nuevas empresas.

Ciertamente, diputados y diputadas, el tema de la tramitología en la Administración Pública repercute de manera directa en los habitantes del país y no pocas ocasiones, cuando acuden a una institución del Estado los ciudadanos para conseguir un permiso o una autorización se sufre, así es, el exceso de papeles y requisitos para completar su solicitud.

No obstante, la recomendación que, a nuestro juicio, es absolutamente válida por parte de los notables, está sujeta a algunas precisiones que, afortunadamente, ya se han cumplido, así es. Esta Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo han hecho sendos avances en legislación y reglamentación. En los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 8220 fueron reformados por la Ley 8990, el 27 de setiembre del 201, en ella se establece la rectoría del Ministerio de Economía Industria y Comercio sobre el tema de simplificación de trámites y mejoras regulatorias; en tal sentido, por especialidad el Ministerio a cargo es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y no el de la Presidencia, como los notables indican, aunque, efectivamente, desde la Presidencia de la República se le ha dado prioridad y atención a esta importante acción estratégica.

Ya se dispone, en la ley y en el Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012, el control previo en la administración central, es decir, que todas las regulaciones que modifiquen trámites, requisitos y procedimientos que el administrado ha de obtener deberán ser revisados por la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia y de la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Es criterio de ello y vinculante para que se pueda modificar la reglamentación.

Además, cuando la administración descentralizada, aquí nos referimos a instituciones autónomas, semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades, empresas públicas o con autonomía universitaria, en caso que emitan nuevas regulaciones o reformen las existentes que contengan trámites requeridos por los ciudadanos, consultarán al órgano rector la conformidad a estos principios y objetivos establecidos en la Ley 8220, criterio que vierte esta recomendación.

Ahora bien, en lo que atañe al dictamen sobre el impacto presupuestario que supone la creación de nuevos trámites o requisitos que estén contenidos en leyes o reglamentos, esto supone una excelente recomendación de la comisión de los notables que viene de las buenas prácticas administrativas que ya operan en otros países, y podemos citar el ejemplo de México. Sobre este asunto ya está desarrollado en la normativa, precisamente, por vía de la reforma hecha en el año 2011aquí, en este plenario, respecto al procedimiento de análisis de costo-beneficio que, incluso, desarrolla un formulario que está en el Anexo 4 del Reglamento de la Ley 8220. Dado lo anterior, pueden estar tranquilos los señores notables y el país, pues, ha avanzado, obligando a las instituciones a suministrar la cuantía de lo que representa para la administración y para el usuario crear o modificar un requisito, tan solo uno.

Bien, en la recomendación 84, diputadas y diputados, el informe de los notables recomienda que los requisitos que se exijan a los ciudadanos para los trámites administrativos solo puedan establecerse por ley de la República, por decreto del Poder Ejecutivo o reglamento del órgano jerárquico máximo.

En seguimiento a lo expresado, tanto en la recomendación 83, la anterior, como en esta, 84, va en la misma línea y se enmarca centro de las acciones del Gobierno de la República, que ha impulsado en los últimos años las reformas que la Asamblea Legislativa ha aprobado.

Hoy, se puede notar que la Ley 8990, de 27 de setiembre de 2011, la cual vino a modificar la 8220, denominada Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, apuntaló de mejor manera el artículo 4 y establece, de manera oportuna, que los trámites administrativos solo podrán establecerse por ley de la República, por decreto ejecutivo o reglamento y que tales disposiciones deben ser publicadas en La Gaceta, junto con el procedimiento, instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes, ya sea en versión física, o bien, en su versión digital y debidamente registrados.

Adicionalmente, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, por la vía del reglamento creará el Catálogo Nacional de Trámites como instrumento que estará constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, ello como un servicio al ciudadano, el cual también podrá ser consultado en línea por medios electrónicos.

Aquí, de lo que se trata es que el ciudadano cuente con información completa, oportuna y veraz en relación con los trámites que se realicen, siendo el responsable de la verificación de la publicación el oficial de simplificación de trámites, en coordinación con las oficinas administrativas, los que alimentarán e inscribirán en el Catálogo Nacional los requisitos. En otras palabras, según reza el artículo 28 de este reglamento, que va en concordancia con la recomendación de los notables, los ciudadanos aportarán únicamente los requisitos que estén debidamente publicados en La Gaceta y que consten en el Catálogo Nacional de Trámites; en tal sentido, la Administración no podrá exigir, adicionalmente, documentos, salvo un hecho generador de cambio o actualización y que debe ser, además, publicado.

En la recomendación 85 vamos a comentar lo siguiente: La segunda encuesta trimestral de negocios, denominado “Pulso empresarial”, que la realiza la UCCAEP, entre los meses de abril y mayo del 2012, indicó que el setenta y seis por ciento de los empresarios ticos cree que el exceso de trámites es la principal limitante para hacer negocios en nuestro país, y el sesenta y siete por ciento ha percibido una simplificación de trámites en sus negocios, no la ha percibido, aunque, aunque la tarea emprendida por el MEIC de eliminar trabas burocráticas ya se comienzan a percibir y a sentir esos cambios.

Pero esta no es una situación de la que se quejan únicamente los empresarios, sino que el exceso de trámites y los procedimientos que resultan, en muchos casos irracionales, afectan, afectan a la mayoría de las personas que realizan gestiones en las oficinas públicas.

Es en este contexto que la comisión de expertos convocada por la señora Presidenta recomendó, para resolver uno de los principales problemas nacionales, que no solo se deberán exigir certificaciones, no se deberán exigir certificaciones o constancias sobre información que figure en los registros de la Administración Pública. La solicitud o trámite por parte del interesado harán presumir su anuencia para que la Administración pueda recabar la información que conste en cualquier departamento u oficina pública.

Esta recomendación resulta más que oportuna cuando analizamos el informe Doing Business 2012, donde Costa Rica se ubicó en el puesto 121 de 183 economías, el mismo que ocupó el año pasado. En la región, el país está por debajo de Nicaragua El Salvador, Guatemala y Panamá; solo superó a Honduras. El primer puesto lo ocupó Singapur, nuevamente. Según este informe, se necesitan veinte trámites para solicitar un permiso de construcción, cuando el promedio en la región es de catorce.

Sabemos que desde el inicio de la Administración Chinchilla Miranda, en la agenda del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación, se le asignó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio la tarea de liderar los esfuerzos públicos de mejora regulatoria y simplificación de trámites, trabajo que han realizado de manera participativa involucrando y consultando al sector privado.

Estos esfuerzos han sido acompañados con alianzas estratégicas con el Banco Mundial, para realizar reformas que mejoren la posición del país en los índices de competitividad internacional. Específicamente, se priorizaron seis procesos: la apertura de empresas, permisos de construcción, comercio transfronterizo, registros de productos, trámites ambientales y obtención de crédito.

La recomendación del grupo de expertos resulta un aporte fundamental para profundizar el trabajo iniciado por el MEIC. No exigir certificaciones o constancias sobre información que figure en los registros públicos y que muchas veces puede ser consultada electrónicamente, generará enormes beneficios económicos en términos de que muchas personas que deben solicitar permisos de trabajo no tendrán que invertir esos tiempos de su trabajo aumentando la productividad, entonces; además del ahorro en transporte, en personal dedicado a emitir las constancias y el enorme beneficio ambiental.

Pero lo más importante es la satisfacción del usuario para lograr su objetivo en el menor tiempo posible y sin enfrentar el bloqueo burocrático que es la mayoría de las veces enemigo de la democracia y del bienestar.

En la recomendación 86, la comisión de notables indica que las certificaciones o constancias requeridas para trámites administrativos sean gratuitas. Esta recomendación, sin duda, es altamente loable ya que beneficia por la vía de la gratuidad a los ciudadanos, usuarios y solicitantes de licencias, permisos, autorizaciones y, en general, a todo aquel que realice peticiones ante órganos y entes de la Administración Pública.

Esta premisa de exoneración se podría materializar perfectamente cuando la información que contienen hoy bases de datos de las instituciones y que guarde fidelidad de los mismos, pueda ser verificada de manera digital por la institución receptora de esta petición. En otras palabras, no hay necesidad de solicitar al administrado constancias o certificaciones si el funcionario o la administración respectiva, de modo “on line” accede directamente a la fidelidad del dato que le proporciona la otra institución, incluso utilizando certificados digitales que ya están habilitados en línea.

Tómese en cuenta que otro tipo de certificaciones, sobre todo las que se refieren a aspectos de fe pública, requieren, posiblemente, reformas a leyes especiales, lo cual implica un estudio integral que haga la Dirección de Mejoras Regulatorias y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para que se determine en cuáles tipos de constancia se cobran timbres, derechos o tasas y en cuáles es innecesario, lo que implicará un estudio económico previo a la presentación de algún proyecto de ley, pues muchas instituciones, como es el caso de los registros públicos, requieren ingresos de esa naturaleza para su sostenibilidad financiera.

El tema aquí es facilitar las gestiones y no obstaculizar, en algunos casos por pequeños montos irrisorios, entonces hay que establecer parámetros donde exista la necesidad de mantener algunos cobros a modo de excepción, mientras que regla se debe emitir la certificación sin cobro alguno en aras de eliminar pasos innecesarios que representan muy poco en términos fiscales o presupuestarios, pero un gran calvario para el ciudadano.

Y en la recomendación 87 los notables expresan: El interesado debe acudir a una sola ventanilla para cualquier trámite, en caso de que se exijan además autorizaciones o aprobaciones de entes de descentralizados, municipalidades, colegios profesionales o por exigencias de control interno.

El país ha mejorado en materia de ventanilla única cuando tramita gestiones especializadas, ciertamente, uno…

Diputada María Eugenia Venegas Renauld:

Disculpas, diputado Alfaro. Me pide la palabra por el orden, la diputada Venegas Renauld.

Aquí no estamos escuchando al diputado Alfaro, y si todos hemos coincido en tener un debate reglado, aunque esto no es un debate, al menos deberíamos tener la gentileza de escuchar a los expositores.

Totalmente válido el llamado de atención.

Puede continuar, diputado Alfaro Zamora.

Agradecerle a la diputada Venegas esa llamada de atención.

Decíamos, entonces, que en materia de ventanilla única el Estado ha venido trabajando fuertemente en este tema y, ciertamente, uno de los principios básicos en materia de administración pública es la coordinación institucional e interinstitucional, a fin de evitar que el administrado tenga acudir a más de una oficina para la solicitud de un trámite o requisito; de ahí que el intercambio de información sea necesario para la petición del ciudadano.

La creación, entonces, de bases de datos y listados, los convenios entre instituciones y la compulsión de expedición a plazo determinado son valiosas para que un usuario no se vea en el calvario de andar en varias instituciones acumulando papeles. De hecho, la normativa exige como plazo máximo tres días naturales para remitir información cuando no se expida de modo inmediato, lo que revierte en beneficio de los solicitantes de las diferentes peticiones en sus necesidades.

Considérese que aunado al ideal de la ventanilla única, el ciudadano tiene derecho a conocer y a identificar al funcionario responsable del trámite, cuestión efectiva a modo de determinar la eficiencia y responsabilidad del servidor público. La ventanilla única tiene la ventaja, la administración receptora, de ser también tramitadora y resolutoria en un mismo lugar, además del servicio de orientación e información en prevención de requisitos obligatorios, según las disposiciones vigentes.

Por otro lado, el recién creado oficial de simplificación de trámites que debe tener toda institución como enlace que dirige y coordina los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación a lo interno es vital en el tema del funcionamiento de las ventanillas, o bien, de los derechos de los ciudadanos. A ello se une la Oficina de Información al Ciudadano, encargada de explicarle al usuario los procesos y requisitos, instancia que asumen por ley y reglamento las contralorías de servicios y las unidades de plataforma de servicios o el departamento o persona asignado.

Hay que tener cuidado con forzar vía ley el trámite a máximo tres oficinas o ventanillas pues ello dependerá de la simplicidad o complejidad de la petición. Esto no obsta para que se busque centralizar en un ente actuante la responsabilidad que hoy se diluye cuando hay tantas instituciones interactuando.

Por último, el artículo 9 de la Ley 8220 establece que ningún administrado debe acudir a más de una instancia, entidad u órgano público, para que la solicitud de un mismo trámite o requisito que persiga la misma finalidad.

En la recomendación 93 los notables nos dicen: Acelerar el avance hacia la administración digital, de manera que los trámites administrativos se simplifiquen y se puedan desarrollar en línea, o permitir a los usuarios gestionar sus trámites y solicitudes por medios digitales.

Bien, ante esta situación el informe en análisis recomienda acelerar el avance hacia una administración digital, para simplificar trámites administrativos, permitiendo gestionar trámites y solicitudes por medios digitales. Al respecto debe indicarse que la verdadera implementación del Gobierno electrónico no es un hecho simple, ni tan claro, como muchas veces se expone, ya que requiere de toda una estrategia integral que no convierta las iniciativas en incoherentes, erráticas o aisladas.

Con la creación, con la creación, diputadas y diputados, de la Secretaría de Gobierno Digital, mediante decreto ejecutivo, en el año 2006, se inicia una política nacional para implementar el uso de tecnologías de información en el sector público costarricense, con el fin de garantizar una mayor eficiencia y transparencia de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos.

La misión de Gobierno Digital es mejorar la competitividad nacional con una responsabilidad ambiental a través de la prestación de servicios transparentes y de alto nivel a los ciudadanos, basados en un gobierno interconectado y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.

El objetivo del Gobierno Digital costarricense se encuentra basado en los siguientes pilares…

Bueno, voy a hacerle llegar el resto de la presentación.

Gracias, presidente…

Sí, qué pena…

…muy amable.

… proporcionar los servicios del Estado a las personas a través de varios canales (internet, teléfono entre otros), mejorando la calidad y el servicio de la gente.

• Ser un gobierno que proporcionará servicios administrativos integrados y transparentes para las empresas y ciudadanos de tal modo que ellas puedan tener una mayor productividad y competitividad.

• Dentro del gobierno, todas las dependencias y departamentos se enlazarán a través de la red para mejorar la eficiencia en el proceso basado en la computación en la nube, la cual es computación basada en Internet, a través del cual los recursos compartidos, software e información se proporciona a las computadoras y otros dispositivos a petición.

• Las instituciones del sector público tendrán capacidad de interoperabilidad de sistemas e información

A través de estos 4 años, esta iniciativa se ha ido consolidando y en la actualidad representa una alternativa real en la definición de políticas y soluciones tendientes a lograr no solo una mejora del sector público, sino también para impulsar el desarrollo económico, social y tecnológico del país. Sin embargo, la experiencia obtenida a la fecha, demuestra que para continuar creciendo en esta línea, se requiere una visión más integradora de todas las iniciativas y sectores relacionados en el uso, desarrollo y promoción de las TIC y de la definición de una estrategia país que agrupe todos los actores del proceso.

Con el fin de fortalecer el proceso iniciado, la Secretaría Técnica se dio a la tarea de analizar las mejores prácticas y buscar apoyo profesional de países que en materia de estrategias de gobierno digital y de las sociedades de la información que son líderes en el campo. Producto de este esfuerzo se logró establecer convenios de cooperación y de apoyo técnico de los gobiernos de Corea del Sur y de Singapur quienes han mostrado grandes avances en su estrategia digital y se estructuró un equipo de trabajo conjunto con el objetivo final liderar y plantear un Plan Maestro que sea la base para el desarrollo de las principales iniciativas emprendidas por la Secretaría en el periodo indicado. Para desarrollar la estrategia, los consultores coreanos seleccionaron proyectos que se traducen en innovaciones de servicio al ciudadano, a las empresas y a los funcionarios, tratando de alcanzar resultados en cuatro ‘áreas de trabajo’ específicas a saber: Gobierno a Gobierno, Gobierno a Ciudadano, Gobierno a Negocio o Empresa y Gobierno a Empleado y lo referente a infraestructura como base de todos los desarrollos. Por lo que se debe apoyar el proceso de información oportuna del gobierno, la promoción y facilitación de la utilización de las TIC y la prevención de los efectos adversos, desde el punto de vista de todo tipo de recursos.

Dentro de los factores negativos que se deben superar, están la brecha digital que se traduce en la poca o nula interconexión que se presenta entre las instituciones. Así como la capacidad del ancho de banda que se ofrece tanto a los ciudadanos pero principalmente al sector privado, que impiden evidentemente la competitividad y su desarrollo económico, social y tecnológico. Igualmente de los estudios realizados se evidencia que las instituciones del Estado presentan una gran brecha computacional entre ellas, lo que debería ser considerado en cualquier estrategia que se establezca.

Por último, el que La Gaceta Electrónica sea de acceso gratuito, resulta una buena opción, aunque requiere de medidas alternas para garantizar la sostenibilidad del servicio mismo.

…que pena, señor diputado, venció su tiempo.

Diputada Agnes Gómez Franceschi:

Continúa en el uso de la palabra la diputada Gómez Franceschi; hasta por quince minutos, señora diputada.

Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los medios que nos escuchan.

En primer lugar, quiero en esta tarde resaltar la importancia de este debate que estamos llevando a cabo en este plenario legislativo.

Una comisión presidencial de expertos en materia de gobernabilidad democrática, convocada por la señora presidenta de la República, realizó un análisis serio y responsable de aspectos fundamentales para la gobernabilidad de este país y nos corresponde a todos y todas, como representantes del pueblo costarricense, hacer un estudio concienzudo de cada una de las propuestas, tal y como lo hemos hecho en nuestra fracción y estoy segura que en cada una de las fracciones políticas.

La gobernabilidad es un asunto de todos y de todas, diputados, diputadas, ministros, ministras, servidores públicos; quienes podemos hacer la diferencia en la forma que atendemos las necesidades de la sociedad.

Es asunto de los ciudadanos de las organizaciones civiles, de los grupos de interés, que con sus aportes e ideas contribuyen en los procesos de toma de decisiones de nuestra democracia.

Muy bien lo señala el grupo de expertos en la presentación del informe, al indicar que, abro comillas: “Cuando se hace un análisis de los problemas nacionales, se descubre que muchos de ellos tienen origen en aspectos ligados a los valores y a la visión de la realidad que tienen las personas.” Cierro comillas. Es importante mencionarlo, aunque el tema escapa del análisis de los notables, sí lo reconocieron como el sustrato sobre el que se levanta todo lo demás.

Es por eso, que mediante las observaciones que podamos generar, a partir de estas propuestas, y otras que, como diputados y diputadas, hemos recabado, podremos llegar a producir importantes consensos; para agilizar el trámite de proyectos de ley que ya han sido planteados y tienen que ver con muchas de las propuestas de los grupos de expertos.

Es nuestro deber, en este Parlamento debe llevarse a cabo un ejercicio democrático y responsable, tomando en cuenta lo que ya hemos avanzado como país y desarrollando consensos políticos, acuerdos, negociaciones, entendimientos que nos ayuden a darle al pueblo de Costa Rica la mayor cantidad de resultados en el tiempo que nos resta para finalizar nuestra gestión.

Me corresponde ahondar en el tema contenido en el eje cinco del informe, que resaltan las propuestas para fortalecer la funcionalidad y calidad de la democracia costarricense; dentro de estas propuestas se encuentra el de seguridad jurídica y trámites administrativos.

Una de las aristas de la gobernabilidad radica en la eficiencia del Estado, en la capacidad para brindar al administrado servicio de calidad, garantizar la continuidad, eficiencia y eficacia de los mismos.

Una parte importantísima dentro de esta arista es que el Estado apoye en las gestiones que, día a día, deben realizar las y los costarricenses y ciudadanos en las instituciones públicas, por medio de trámites que garanticen la simplicidad, para erradicar la complejidad que limita la competitividad del país.

Además de prestar un servicio eficiente a los y las ciudadanas, la mejora regulatoria y la simplificación de trámites está ligada al apoyo para las actividades productivas, a la promoción de las exportaciones, desarrollo de infraestructura, a la atracción de inversiones y otros importantes componentes que tienen que ver con el desarrollo económico del país y a mejorar el clima de negocios.

Nuestra presidenta, en su discurso del 1º de mayo, indicaba que, abro comillas: “Desatar los nudos de la tramitología ha sido la más compleja de las tareas que nos propusimos emprender en el ámbito de la competitividad.” Cierro comillas.

Sin duda, hemos palpado esa realidad, al topar con duplicidad de trámites, ineficiencia y rezagos que impiden el desarrollo.

Una de las labores que han desempeñado este Gobierno y el anterior, ha sido sentar las bases para una eficiencia en los trámites, a través de la iniciativa, entre comillas, “Gobierno Digital”, Gobierno fácil: una premisa de esta administración que ha producido frutos.

Como parte de esta gestión se aprobó la modificación a la Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley 8990, que designa al Ministerio de Economía, por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, de velar por el cumplimiento y ejecución de esta norma, que fue analizada, en su tiempo, por la Comisión legislativa de desregulación y competitividad.

El Ministerio de Economía ha llevado a cabo importantes gestiones para tutelar el cumplimiento en mejora regulatoria y simplificación de trámites, y en palabras de la señora ministra Mayi Antillón, abro comillas: “Ha sido una ardua lucha, hemos tenido que convencer a muchos niveles. De no haber sido por la determinación de la Presidenta Laura Chinchilla, no hubiéramos logrado los cambios.” Cierro comillas. Fue una entrevista en el Financiero.

Durante el último año, Costa Rica mejoró en el índice de competitividad global Doing Business, del Banco Nacional con un avance de doce puestos. El país se situó entre las diez naciones que más reformas emprendieron para mejorar el entorno de negocios. Sin embargo, estas mejoras requieren de otros aspectos, como lo son lograr avances en las tecnologías de información, integrar instituciones y una estrategia clara.

En nuestro país, este esfuerzo nos llevó a contar con la asesoría de expertos del Gobierno de Corea y Singapur, países que han logrado importantes avances en materia de gobierno digital. Asimismo, participó un grupo significativo de representantes del sector público, privado, sociedad civil, quienes incorporaron su visión y experiencias en la propuesta Plan Maestro de Gobierno Digital 2011-2014, que incluye la definición de la estrategia, el norte del Gobierno Digital en Costa Rica durante ese período y permite integrar los esfuerzos de todos los actores claves para la implementación de la digitalización del Estado costarricense.

Los cambios son necesarios si queremos progresar, si queremos darles a los costarricenses las oportunidades para ver cristalizados sus esfuerzos productivos.

La directriz número 002-MP MEIC, estableció que las políticas públicas y recomendaciones que emite… que emita la Presidencia de la República a través del Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en las materias de mejora regulatoria y simplificación de trámites, deberán ser apoyadas y ejecutadas en aras de garantizar y satisfacer el interés público y el buen funcionamiento estatal.

Contiene, además, un plan de mejora regulatoria y simplificación de trámites, para que las instituciones realizaran un inventario de trámites, con el fin de definir cuáles trámites deberían ser eliminados o modificados, y formular para estos últimos un plan específico.

Otro de los aspectos implementados fueron el Catálogo Electrónico Institucional de Trámites y el control previo de revisión, por medio del cual todas las regulaciones que establecieran trámites, requisitos y procedimientos sobre inscripciones, registros u autorizaciones que el administrado tenga que obtener para poder realizar una actividad de producción, tengan un control previo de revisión por la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia y la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio antes de ser rubricadas por la señora Presidenta.

El eje fundamental desarrollado por medio del Gobierno Digital, ha requerido la participación de otras instituciones y ministerios como lo es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también ha señalado la importancia de articular información y estrategias entre las instituciones públicas.

El país ha mejorado en materia de ventanilla única, cuando se tramitan gestiones especializadas, la creación del Oficial de Simplificación de Trámites que debe tener toda institución como enlace, dirige y coordina los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación a lo interno; la Oficina de Información al Ciudadano encargada de explicarle al usuario los procesos y requisitos, instancia asumida por las Contralorías de Servicios.

En su recomendación R 87, el Informe de Notables indica que se debería acudir a máximo tres ventanillas para trámites en total. Es nuestro criterio que debe tomarse en cuenta la naturaleza del trámite, pues en algunos casos la simplicidad o complejidad de la petición pueden hacer que se requieran, o bien, algún trámite más o bien en algunos casos será necesario un único trámite.

Otra recomendación, la R 88, es acerca del (entre comillas) “silencio positivo”, otorgado de pleno derecho y deberá ser aplicable, en los casos de autorizaciones, licencias permisos y aprobaciones, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario; indican que en ningún caso será aplicable la analogía como justificación para no aplicar el silencio positivo.

El silencio positivo se da cuando la Administración Pública no resuelve ni notifica en el plazo estipulado por ley o los reglamentos, de forma tal que el silencio constituye un acto que tiene efectos jurídicos propios y genera derechos para los administrados.

En nuestra legislación se regula en los artículos 330 y 331 de la Ley General de Administración Pública y se podría aplicar complementariamente a la Ley 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos.

Es importante aclarar que para que sea aplicable es necesario que el solicitante haya cumplido con la presentación de todos los requisitos establecidos, en caso contrario no podrá aplicarse dicho principio. Además es necesario hacer una exhaustiva revisión de todas las licencias, permisos y autorizaciones que otorga la Administración Pública, reguladas en las distintas leyes y reglamentos, que permita determinar en cuáles casos podría agilizarse la administración y quiénes son los responsables de su funcionamiento.

La recomendación R 89, indica el informe de los notables, que (entre comillas) “la anulación de la autorización, licencia, permiso o aprobación otorgada en virtud del silencio positivo, solo procederá por el proceso jurisdiccional de lesividad o por nulidad absoluta evidente y manifiesta cuando corresponda, para lo que se aplicará los artículos 173 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo”. (Cierro comillas.)

Tal como se ha indicado, estas observaciones son congruentes con la visión modernista que el gobierno ha impulsado, al pretender de forma justa que la aplicación del silencio positivo sea efectivo y oportuno, y evitar que disposiciones arbitrarias por parte de la Administración entraben el desarrollo del país al entrabar las acciones cotidianas de los administrados.

Por esto, en el artículo 7 de la Ley 8220, con su reforma, aprobada recientemente, se establece el procedimiento para aplicar el silencio positivo. Dentro del procedimiento, cuando sea procedente, se indica que la Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, o, en su defecto, iniciará un proceso judicial de lesividad para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos.

Estas disposiciones contempladas en la legislación vigente incluyen los aspectos que, fundamentalmente, se plantean en esta recomendación, quedando claramente establecido que ninguna institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo que opera de pleno derecho, salvo por los dos procedimientos a circunstancias definidas y apuntadas en la recomendación R89.

La recomendación 89 amplía sobre el tema de la anulación de estas autorizaciones, licencias, permisos o aprobaciones. Al respecto, hemos analizado que el artículo 7 de la Ley número 8220, con su reforma aprobada recientemente, establece ese procedimiento para aplicar el silencio positivo. Dentro del procedimiento, cuando sea procedente, se indica…

Señor Presidente, le solicito que se incorpore lo que quedó de mi discurso, por favor; gracias.

Diputada Agnes Gómez Franceschi:

Así vamos a proceder, estimada compañera diputada.

Es interesante lo que menciona la recomendación 90 del Informe de los Notables, en el sentido de la responsabilidad los funcionarios que entraben, impidan o contradigan la ejecución de las actividades autorizadas o aprobadas por silencio positivo. Como indiqué al principio, se trata un asunto de todos, y los servidores públicos tenemos especial responsabilidad de que nuestro país supere la lentitud por medio de la puesta en práctica de las normas aprobadas.

Y es que al revisar las responsabilidades disciplinarias del funcionario, tenemos que en el inciso f) del artículo 10 de la ley Nº 8220, según la reforma recientemente dictada por la Ley N.º 8990, de 27 de setiembre de 2011, se establece que es falta grave Incumplir el procedimiento del silencio positivo.

Además encontramos en la Ley General de la Administración Pública el régimen de responsabilidad del servidor público. En particular, el artículo 199, establece la responsabilidad subjetiva de los servidores públicos ante terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, así como criterios de la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, los tres principios que señala la Recomendación 91 , que podrían aplicarse en caso de no poder aplicar el silencio positivo, se encuentran ya incorporados en la legislación nacional específicamente en la Ley 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, así como en su reglamento.

Finalmente, al llevar la simplificación de trámites al área municipal, se propone una revisión integral del Código Municipal, para una mejor y más clara definición de las competencias del Concejo Municipal y las de la Alcaldía, de manera que las políticas generales sean competencia del Concejo y las competencias administrativas queden a cargo de la Alcaldía (por ejemplo, aprobación de permisos, licencias, patentes, autorizaciones).

Sobre este tema, es importante destacar que la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, en el periodo 2008-2011, gracias a la colaboración de la Agencia Alemana de Cooperación, obtuvo un borrador de proyecto de ley de Código Municipal e inició un proceso consultivo que involucró a todas y cada una de las municipalidades y concejos municipales de distrito de este país a efecto de recoger sus sugerencias en cuanto a las modificaciones necesarias.

A pesar de que este proyecto fue dictaminado negativamente, sería importante rescatar los argumentos analizados para buscar un proyecto innovador; que aclare los vacíos en las normas del actual Código Municipal, al deslindar en forma clara las potestades, atribuciones y facultades de los diferentes órganos de la administración.

Fortalecer la organización y funcionamiento municipal.

Ajustar la normativa a la luz de la realidad nacional e internacional, tomando en cuenta la nueva jurisprudencia y legislación conexa que han dejado un vacío en áreas de esencial relevancia para el quehacer municipal.

Procurar lograr el fortalecimiento del Régimen Municipal, para disminuir la brecha del centralismo estatal que ha impedido un crecimiento de las Municipalidades.

Quiero finalizar mi intervención acerca de estos temas tan importantes, haciendo un llamado a los ciudadanos para que se informen de las nuevas disposiciones que están pensadas para facilitar sus gestiones, que denuncien los intentos de obstrucción a estos reglamentos e iniciativas, para juntos seguir construyendo una nación amigable con el desarrollo y competitividad.

Continuamos con la fracción del Partido Acción Ciudadana, hará uso de la palabra la diputada Muñoz Quesada; hasta por diez minutos, señora diputada, buenas tardes.

El presidente Víctor Emilio Granados Calvo:

Diputado presidente, dos detalles; uno, saber si estamos con cuórum, y después plantearle que el diputado don Claudio Monge me ha permitido extenderme en el tiempo hasta usar una fracción o la totalidad de tiempo asignado a la fracción.

Así procederemos hasta que se restablezca el cuórum, compañera diputada, no hay, por lo tanto, corren los cinco minutos de reglamento.

Bien, se ha restablecido el cuórum, vamos, entonces, compañeros, a escuchar a la señora diputada Muñoz Quesada en su intervención del día de hoy. Buenas tardes, señora.

Gracias, diputado presidente; buenas tardes, diputados y diputadas, un saludo respetuoso al pueblo de Costa Rica, a sus hombres y mujeres también.

Nuestra democracia y la gente merecen respeto, este informe de notables orientaría, según sus autores, y aquí abro comillas, “a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia y a combatir el Estado de ingobernabilidad.” Aquí cierro la cita.

No es mi interés, diputados y diputadas, descalificar esta iniciativa, sin embargo, quiero dejar claro que entre lo expuesto por “los notables”, y yo los entrecomillo, y el Partido Acción Ciudadana, se expresan importantes diferencias acerca de qué entendemos por democracia y gobernabilidad.

Pertinente y enriquecedor habría sido para Costa Rica procurar previamente una discusión y debate amplios sobre qué entendemos por democracia y gobernabilidad, sobre qué significa mejorar la eficiencia del Estado costarricense o profundizar la democracia, o sobre el principio democrático de las mayorías y de las minorías parlamentarias, en fin, una discusión sobre el marco político e ideológico desde el cual se plantean las reformas y los cambios de nuestro sistema de nuestro sistema político.

Como esto no ocurrió, el informe de los notables es limitado y responde a una visión unilateral de la política, de lo político y el desarrollo, y ni qué decir acerca de las notables ausencias de las mujeres, en particular, y de otros sectores, en general. Faltan acá los jóvenes, los gremios y otros sectores que habían democratizado o favorecido un debate democrático acerca de tan importante tema.

Según los principales teóricos de la democracia no solo hay un tipo de democracia, sino muchas formas de democracia, y yo pregunto: ¿De qué tipo de democracia estamos hablando en este plenario?, ¿cuál es la esencia de esta discusión y de cualquier cambio al sistema político que se impulse al sistema político costarricense?

Hace más de cincuenta años, señoras y señores, la exclusión de las mujeres de la participación política y electoral se veía por la mayoría de la sociedad como algo normal, hoy tal idea sería aceptable… no sería aceptable para quién se precie demócrata. Esto implica que los sistemas políticos y democráticos no son estáticos, sino que van evolucionando al lado del desarrollo, de las ideas y el progreso de la sociedad.

Por esta razón hay que observar con buenos ojos que el país se plantee de manera seria reformas al régimen político y, por ende, mejorar la calidad de la democracia, para que esta no sea un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar el bienestar de las y los habitantes y esté, por supuesto, al servicio del bien común.

En este contexto me pregunto: ¿Son estas, diputados y diputadas, las reformas que el país necesita?, ¿profundizan estas reformas la democracia?, ¿fortalecen y aumentan los derechos de las y los ciudadanos, la participación política real?, ¿contribuyen estas recomendaciones a mejorar la gobernabilidad democrática, a que se respete la pluralidad política y social de nuestra sociedad?

Y me respondo que la mayoría de las propuestas de los notables no permiten avanzar en esa dirección, sino que, por el contrario, representan una involución en el desarrollo moderno y actual de las ideas sobre la democracia y la gobernabilidad y que podrían representar más un retroceso y no un avance en la profundización democrática.

Al respecto, quisiera compartir algunas reflexiones sobre este informe; en primer lugar, el informe se propone mejorar el funcionamiento de la democracia mediante supuestos mecanismos ágiles que constituyan una, y abro comillas, “democracia eficientista. Bajo este supuesto se parte de una premisa errónea. Primero, porque la democracia no puede analizarse o reducirse a la rapidez o no con que se toman las decisiones o se aprueban las leyes, o menos aún, por la cantidad de decisiones o número de leyes aprobadas.

Segundo, porque el proceso de toma de decisiones en una democracia plural y diversa demanda mesura, prudencia y un amplio debate. Y tercero, porque las decisiones de la democracia no pueden ser indiferentes a unos u otros, las decisiones tienen efectos e impactos sobre el conjunto de la sociedad y sobre la definición y el rumbo del Estado costarricense.

Con ese planteamiento los notables intentan plantear una disyuntiva que en esencia no es tal. Se trata de colocar el proceso democrático en contraposición a los resultados de esa democracia. Un enfoque de esa naturaleza colocaría los fines por sobre los medios. Ese reduccionismo atenta, diputados y diputadas, contra la esencia de la democracia moderna.

Lamento que las recomendaciones de los notables intenten eliminar la esencia democrática que se expresa en el debate de ideas y la contraposición de visiones, y, por tanto, imponer una visión que no considera la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.

Diputados y diputadas, ¿no les parece que este debería ser uno de los temas más importantes que demanda un debate profundo en este Congreso?

En principio, no debería existir ninguna disyuntiva entre eficiencia, rapidez; y, por otro lado, la profundización de la calidad de nuestra democracia, pero las medidas acá planteadas hacen énfasis en el eficientismo democrático más que en mejorar su calidad. Y es en esta omisión fundamental, donde encontramos el pecado original del informe.

Además, y en lo que se refiere a los equilibrios entre los poderes del Estado, nos sorprende que, en lugar de fortalecer ese equilibrio, se proponga fortalecer el régimen y las prerrogativas presidenciales, dejando en un segundo plano al Primer Poder de La República, porque no parece suficiente, diputados y diputadas, que justamente en este momento vivamos una concentración de poder sin igual, controla el Ejecutivo, tienen una mayoría en esta Asamblea, controlan otros poderes, nombran representantes y representantes en la Contraloría General de República, tienen también la Procuraduría, en fin, un gobierno que tiene, prácticamente, controlados todos los espacios en los que se toman decisiones y que, sin embargo, no puede gobernar.

Y en ese marco, también llama la atención y llaman, sobre todo, la atención las declaraciones de doña Marta Acosta, contralora de la República, cuando dice de manera definitiva que los notables no conocen la Contraloría, y lo dice la señora Contralora, justamente, por los cambios que se proponen para restarle capacidad a la Contraloría, cuando se trata de fiscalizar y hacer señalamientos sobre la corrupción.

Y también, por otra parte, llama la atención las palabras de la magistrada Calzada, presidenta de la Sala Constitucional, cuando se refirió, en su momento, a la reforma de la Jurisdicción Constitucional, y en aquel momento mencionó que esos cambios eran un peligro también para la democracia.

Y sorprende, aún más, que, justamente, uno de estos notables, don Constantino Urcuyo, quien escribió hace más de veinte años todo lo contrario en su conocido libro Más Democracia, venga hoy firmando un documento que nos ofrece menos democracia, y aquí vamos a hacer una cita de don Constantino cuando en su libro conocido como Más Democracia escribía, y abro comillas: “ Haremos énfasis —decía don Constantino hace veinte años— en el análisis del equilibrio actual entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en la necesidad de nivelar la balanza a favor del Poder Legislativo y el imperativo de fortalecer los mecanismos de democracia participativa. Pero además, don Constantino, en la Comisión de Jurídicos, en julio del 2011, expresó: “Otro tema que a mí me parece importante en esto, creo que controlarse los poderes entre sí no es sinónimo de ingobernabilidad si las reglas están claras, la gobernabilidad no puede ser que el Ejecutivo haga lo que le da la gana, es decir, la gobernabilidad es la capacidad que tiene la sociedad de gobernarse, en su conjunto, de una manera ordenada, pero no es de que el Ejecutivo venga y haga lo que quiera.”

Me pregunto, ¿qué cambió el pensamiento de don Constantino?, ¿por qué antes era más democracia y ahora es menos democracia? Fortalecer el equilibrio y la independencia de poderes debe estar en el centro de nuestra discusión sobre nuevas reformas al sistema político. Hemos conocido de casos flagrantes de intervención de un poder sobre los otros, convirtiéndose esta práctica en una seria amenaza para nuestra democracia y ese necesario equilibrio de poderes.

Por eso, y tal como lo expresó don Constantino hace veinte años, la mejora del régimen político pasa necesariamente y aquí, abro comillas, “por una –óigase bien–, por una atenuación del presidencialismo, cierro las comillas.”

Y aquí sigo leyendo otra cita: La falta de representación puede llevar a la crisis de gobernabilidad y, consecuentemente, a inestabilidad política, todo lo contrario de lo que se pretende evitar con la figura de un ejecutivo fuerte, sin embargo, hoy nos encontramos con que un objetivo claro del informe de los notables es lograr un Ejecutivo más fuerte todavía.

Por otro lado, diputados y diputadas, tiendo a pensar que detrás de estas recomendaciones para debilitar al Poder Legislativo también hay una estrategia clara de endosar a este Parlamento todos los males de la patria, obviamente, los actos de corrupción y la incapacidad con que nos han desgobernado el Partido Liberación Nacional y sus aliados, tanto formales como informales, son, en buena parte, los responsables. En eso han sido expertos la actual Presidenta y el anterior presidente Arias.

La verdad, y hay que decirlo con toda honestidad, este y los anteriores gobiernos le han quedado debiendo a Costa Rica en la gestión gubernamental. Y eso, diputados y diputadas, no tiene que ver con, más o menos, poder, eso tiene que ver con incapacidad para gobernar.

Ha escrito don Rodrigo Madrigal Nieto sobre el discurso o sobre el porqué del discurso de la ingobernabilidad, entre otras cosas, lo siguiente; y abro comillas: “Un partido que entrega o destruye el Estado de bienestar social que había contribuido a construir actúa como Cronos, el dios romano que devoraba a sus propios hijos, sobre todo, si se trata de un estado que tanto contribuyó a forjar y modernizar una sociedad elogiada como paradigma y modelo ejemplar de sistema social que era motivo de orgullo nacional —continua el texto de don Rodrigo Madrigal— se le está quebrando el espinazo al ICE para cederle espacio a enormes multinacionales. Se está demoliendo la Caja Costarricense de Seguro Social por falta de pago, la corrupción y la privatización de servicios médicos. El CNP está siendo vendido y desmantelado. Al MOPT, que integró el país con carreteras, lo han descuartizado para favorecer con contratos leoninos de concesión a empresas poderosas que se burlan y juegan con nosotros como el gato con el ratón.” Aquí cierro la cita.

Lamentablemente, pueblo de Costa Rica, ha existido en nuestra clase gobernante, expresada, como dije hace un rato, en los gobiernos del Partido Liberación Nacional y otros tantos, una grave desidia para reconocer que son los principales culpables del creciente desprestigio hacia nuestras instituciones democráticas, y de eso que ellos, sin sonrojarse –óigase bien–, sin sonrojarse denominan ingobernabilidad.

En tercer lugar, otro de los aspectos que llama la atención es la concepción de los notables sobre el concepto, entrecomillado, de “gobernabilidad”. La gobernabilidad no puede concebirse como el afán de una mayoría de imponer su visión del desarrollo sobre el resto sin importar los medios y los costos de esa imposición. Pero tampoco puede concebirse la gobernabilidad como sinónimo de rapidez en la toma de decisiones.

Desde mi experiencia política acumulada en más de tres décadas, ya sea como regidora, como diputada, en el movimiento estudiantil, como feminista o en apoyo a las luchas de los obrero y campesinos, entre otras, me lleva a pensar que la tal ingobernabilidad no es tal, y que más bien lo que hace falta es la búsqueda de acuerdos, el diálogo transparente y la negociación con el objetivo de que el país avance en mayores derechos al servicio del bien común y no de una élite que sigue beneficiándose de esa manera de hacer política.

Estoy convencida de que un sector de nuestra clase gobernante no le gusta y no quiere el debate, que no gusta de escuchar, ni le agrada compartir, ni respetar otras visiones de mundo.

La inmediatez y la rapidez son sinónimo –óigase bien–, son sinónimo de mesa gallega, y otro objetivo de fondo que seguir aprobando prerrogativas a sus propios intereses. Por eso y con razón se acuñó hace años el concepto de dictadura en democracia.

Compañeras y compañeros, el discurso de la ingobernabilidad no es algo nuevo. Nació en la década de los 80 cuando frente a la crisis económica, una élite comenzó a promover políticas contra el Estado Social y Democrático de Derecho, debilitando las instituciones democráticas a favor de una supuesta “modernización” económica. Para enfrentar la crisis económica, según esta élite, había que limitar derechos políticos y ciudadanos, postergando la democracia real hasta alcanzar la estabilidad económica.

Hoy sabemos que esa ruta y ese discurso no solo no resolvieron el tema económico, sino que condenó a grandes sectores de la sociedad a la exclusión y a la pobreza. Y peor aún, a excluir estos sectores de la construcción del destino de la sociedad de la que son parte.

En esencia, el discurso de la ingobernabilidad surgió para legitimar prácticas dictatoriales y represivas y limitar la democracia, y, por ende, la participación amplia de la ciudadanía en los asuntos políticos.

Por eso, diputado presidente, quiero recordarle que estamos sin cuórum.

La diputada Carmen María Muñoz Quesada:

Sí, señora. Corren los cinco minutos de reglamento, diputadas y diputados.

Se ha restablecido el cuórum, señorías, guardemos silencio para escuchar la intervención de la compañera diputada.

Decía, diputados y diputadas, que en esencia, el discurso de la ingobernabilidad surgió para legitimar prácticas dictatoriales y represivas, limitar la democracia, y, por ende, la participación amplia de la ciudadanía en los asuntos políticos. Por eso, vale recordar las líneas de don Rodrigo Madrigal quien agrega, y abro comillas: “Desde que la dictadura de Pinochet implantó el primer ejemplar de economía neoliberal, que fue adoptado como el modelo favorito de los antiprogresistas, asumimos el deber de alertar sobre el peligro que nos acecha y denunciar los abusos, las injusticias y las graves consecuencias que sufriríamos. Soportamos ataques, amenazas y, finalmente, la mordaza que los sicarios de la libertad aplican para silenciar a los que no obedecen a ningún amo.” Cierro comillas.

No hay, diputados y diputadas, en dicho informe, ni una sola mención a los derechos ciudadanos, y esto es aquí esencial y sustancial o consustancial a la democracia. Quieren seguir haciendo política sin la gente y creo que equivocan, otra vez, el camino.

Hace algunas décadas los ilustrados e ideólogos de la gobernabilidad recomendaron reprimir la diferencia y la expresión ciudadana bajo un discurso del orden y de control de la sociedad. Con ese discurso, concebían el conflicto social como algo negativo para el buen desempeño del gobierno.

Con ese desprecio a la pluralidad han pospuesto reiteradamente avanzar y profundizar la democracia en derechos concretos para las y los habitantes.

Por eso, no nos debe extrañar que estas reformas y recomendaciones sean omisas respecto a la participación real de la ciudadanía, principio fundamental de la democracia moderna.

Es en la ausencia de la ciudadanía y de la gente como sujeto y fin fundamental de nuestra democracia, donde encontramos el tercer pecado original de este famoso Informe.

En cuarto lugar, pero no menos importante, las recomendaciones de estos notables se establecen desde un marco que tiende a consolidar el estado actual de las cosas, es decir, a consolidar el sistema y no a reformarlo en sus aspectos negativos estructurales.

El informe profundiza los mecanismos procedimentales de la democracia dentro de los esquemas que han generado mayor exclusión y desigualdad social.

En este sentido, queda la pregunta si la gobernabilidad tiene que ver o no con el rumbo de las decisiones que en este país se han venido tomando a nivel de la política económica o es un tema ajeno a ello.

Desde el Partido Acción Ciudadana estamos convencidos que mucho del malestar ciudadano tiene que ver con el sistemático debilitamiento de la función social y redistributiva del Estado. No hay duda que las oportunidades de movilidad social y de construir un proyecto de vida digno se ha reducido para amplios sectores de nuestra sociedad, y eso tiene efectos directos sobre la inseguridad y los niveles de violencia que observamos de manera creciente, pero también sobre la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.

Compañeros y compañeras diputadas, no nos engañemos, Costa Rica comenzó a perder el rumbo desde hace más dos décadas cuando dejamos de colocar a las personas en el centro de la política, cuando dejamos de colocar el bien común por encima de nuestros intereses individuales y cuando dejamos de actuar con honestidad respecto a la función pública.

Costa Rica hoy necesita más diálogo, más acuerdos, más participación, en fin, más democracia.

Necesitamos, con urgencia, diputados y diputadas, ponernos de acuerdo como país y sociedad, y renovar el contrato social respecto al rumbo de nuestra patria para los próximos treinta y cuarenta años. No basta que nos envíen un informe cuyo contenido no apunta a los factores estructurales de lo que ellos mismos, y subrayo ellos, así, ellos, porque como mencioné antes, no hay mujeres, han denominado ingobernabilidad.

En este sentido, las próximas elecciones presidenciales serán fundamentales para decidir el rumbo de nuestra patria y el modelo político y económico que lo sustentará.

A todas luces, el actual modelo ha fracasado. La corrupción y más de un millón de compatriotas en la pobreza son el mayor manifiesto de ese fracaso y en el país urge un cambio de timón.

Quisiera terminar estas líneas con otro párrafo de la pluma de don Rodrigo Madrigal Nieto, y abro comillas: “Las encuestas reflejan la profunda frustración, desencanto y el sentimiento de orfandad política que comparte una inmensa mayoría, la erosión de la legitimidad de nuestras instituciones republicanas por el ultraje, durante el referendo, por un poderío económico que desprestigió aquella democracia, que nos distinguía en el mundo como una nación excepcional. Con tanta sensación de engaño, de fracaso y de abuso, no sería extraño que tropecemos, en algún momento, en algún muro con un graffiti en el que se lea: “¡Basta ya de realidades… exigimos más promesas!”

Muchas gracias.

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Gracias, señora diputada.

Continúa la diputada Quintana Porras, hasta por quince minutos.

Diputada Damaris Quintana Porras:

Muy buenas tardes, señora presidenta en ejercicio, compañeros y compañeras diputadas, señores de la prensa, amigos, costarricenses que nos ven o nos escuchan.

Continuando con el análisis del informe de los expertos, que inicié el miércoles pasado, se plantean también en el mismo una serie de reformas al reglamento legislativo que no es del caso desmenuzar en este plenario y que, más bien, deben ser analizadas en el seno de la Comisión de Reglamento, para que, una vez dictaminadas, sean traídas al plenario para su discusión de fondo. Sin embargo, la reducción de los tiempos de control político o de las participaciones del legislador en la discusión en plenario —confieso— no son de mi agrado.

La única tribuna pública que tenemos las diputadas y los diputados para la defensa de nuestras tesis o de nuestros proyectos de ley son los pocos minutos asignados en el plenario en el actual reglamento legislativo; reducir esos espacios de inmunidad para nuestras denuncias sería socavar las pocas oportunidades de hacer sentir las voces de protesta pública, de control político o de denuncia con que contamos las legisladoras y los legisladores.

En cuanto a la integración de la Asamblea y su calidad, no es viable, hoy en día, la propuesta de aumentar el número total de diputados entre 81 y 87, con veinticuatro o treinta diputados de lista nacional. Una reforma constitucional en ese sentido llevaría años en su discusión. El ambiente nacional existente tampoco es propicio pues de todos es sabido que el hablar mal de los diputados es casi un deporte nacional.

Amigos y amigas, personalmente creo que debe mantenerse el número actual de cincuenta y siete legisladores, pero su elección por provincia debería realizarse por circunscripciones electorales. A manera de ejemplo, si la provincia de San José elige diecinueve diputados, dicha provincia contaría con diecinueve regiones electorales conformadas por afinidad geográfica y de población; dicho de otra manera, los cantones de Moravia y Coronado conformarían una circunscripción con derecho a un diputado, el cantón central de San José tendría dos circunscripciones y elegiría dos diputados, Mora, Puriscal y Turrubares harían otro distrito electoral con derecho a un diputado y así sucesivamente; lo mismo para otras provincias. La adjudicación de esas curules siempre se haría por el sistema de cociente y subcociente provincial, para evitar que una sola fuerza política capture todas las circunscripciones electorales. El problema no es de número de diputados, sino de una mejor representatividad geopolítica.

Veamos cómo un país de trescientos cincuenta millones de personas allá en el norte, puede manejarse con cien senadores, y cuatrocientos y resto de representantes territoriales en la Cámara Baja. Profundizando en el análisis del informe, observo que aún entre los mismos proponentes hay discrepancias en este controversial tema.

En el tema de la reelección de los diputados, y el establecimiento de la carrera parlamentaria ayudaría en mucho en la agilidad de los procesos legislativos, pues siempre estaría abierta la posibilidad de que algunos legisladores, conocedores de la temática de los procedimientos, puedan orientar a aquellos que hacen su ingreso por primera ocasión.

Sin embargo, considero que hasta no legislar en el tema de las circunscripciones geopolíticas no conviene establecerse la carrera parlamentaria. Soy de la idea que el diputado, para optar a reelegirse, debe hacerlo ante sus propios electores regionales, mediante una rendición de cuentas a sus bases, y no a las cúpulas dirigentes en una asamblea nacional partidaria, como ocurre en la actualidad. El tema, amigos y amigas, no es nada sencillo y requiere de análisis serio y reposado.

Algunas otras ponencias como las reformas a la Ley de Jurisdicción Constitucional, el descongestionamiento de la Sala Cuarta estableciendo tribunales de amparo y de hábeas corpus, debe continuar analizándose en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La responsabilidad de convocar estas reformas en el período actual de sesiones extraordinarias es potestad del Ejecutivo, si en realidad tiene el deseo de dar celeridad a estos cambios en el funcionamiento de la Sala y evitar algunos desbordamientos que la misma ha tenido en algunas de sus resoluciones, debiera proponer esas reformas en estos meses del período de sesiones extraordinarias.

En cuanto a la gestión administrativa del Poder Judicial, me parecen muy atinadas las recomendaciones, la R33, en cuanto a que las investigaciones del Ministerio Público deben tener plazos razonables para su conclusión, determinados y fijados por ley, y la R34, donde los fiscales, los defensores públicos, los jerarcas del Ministerio Público y los funcionarios del OIJ deban seguir una carrera profesional específica, y no puedan desempeñarse alternando como jueces penales mientras ejerzan el cargo.

Algunos aspectos críticos generales, que también abordan los señores expertos, son las relaciones de la Contraloría General de la República con la administración activa.

Los controles previos se han convertido en un obstáculo para la ejecución de obras, o de acciones imprescindibles para el desarrollo del país. La Contraloría en algunos temas se ha metido a co-administrar, y esa no es su función sustantiva.

Considero que debe dársele atención a todas las recomendaciones, desde la R46 hasta la R59, tendientes a reorganizar las competencias y funciones administrativas de la Contraloría. En especial la R47 y R48, en cuanto a que el jerarca de la Contraloría deba comparecer ante la Asamblea con un informe semestral de sus actividades, y ese informe ser votado por la Asamblea Legislativa en el mes siguiente a su entrega. Si el informe es votado negativamente debe tener repercusiones en la continuidad del jerarca de turno.

En cuanto a los entes descentralizados y la organización sectorial, considero que son de recibo algunas de sus recomendaciones, tal como la derogación de la Ley del 4-3 de las juntas directivas de las instituciones autónomas, y la Ley de presidencias ejecutivas.

Las juntas directivas de dichas instituciones autónomas y la Ley de presidencias ejecutivas. Las juntas directivas de dichas instituciones son muy onerosas y poco funcionales, y sabemos que en el fondo son entes cuyo fin ha sido el otorgamiento de prebendas partidarias de campaña, y en ocasiones más bien entorpecen las labores de una gerencia general en las instituciones.

No es posible abordar todos los temas del informe en diez, quince, veinte minutos de disertación, sin embargo, es digno de reconocimiento el esfuerzo realizado por los miembros de este cuerpo de expertos, máxime que fue una labor de seis meses, realizada ad honorem, que el país les reconoce y agradece.

Son muchas más las recomendaciones positivas, que aquellas de implementación dudosa; pero el aporte es una síntesis valiosa de temas que se han ventilado a lo largo de varios años, de una forma dispersa y muy vaga, sin una discusión amplia ni propuestas concretas. La oportunidad de plasmar algunas de ellos en proyectos de ley potables es una labor que debemos emprender.

Hay algunas omisiones en el informe, como es todo lo relacionado con el rezago de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país durante muchos años, así como sus recomendaciones al respecto, se infiere que hizo falta en el equipo de expertos, una persona de experiencia en esta importante temática.

Otro tema que me hubiera gustado leer en el informe, es la discusión sobre la conveniencia de mantener el veto presidencial a las leyes emitidas por el Poder Legislativo. Es una figura que roza con el equilibrio del Ejecutivo con el Legislativo y otorga un excesivo poder al sistema presidencialista.

De hecho, la potestad del veto a las leyes aprobadas ha dado al traste con leyes bien estructuradas, arduamente consensuadas y cuya discusión ha llevado meses y años en el seno del Parlamento. Este es un tema que amerita un mayor debate a futuro, pero —repito— la intención ha sido buena, los aportes a la gobernabilidad, en términos generales, son muy interesantes y positivos. Espero que la gran mayoría de esta lluvia de ponencias no caiga totalmente en terreno árido. Aterrizar, priorizar y consensuar las mejores de estas sugerencias, para presentarlas como proyectos de ley con viabilidad, no será, amigos y amigas, una labor sencilla, pero tampoco imposible.

Muchas gracias, señor presidente, pueblo de Costa Rica, por su escucha.

Diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes:

Gracias a usted, señor diputada.

En el uso de la palabra, por el tiempo que resta, el diputado Góngora Fuentes, hasta por siete minutos, veinte segundos, estimado señor.

Gracias, diputado presidente; muy buenas tardes, señorías; muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica.

Escuchaba al jefe de fracción de Liberación Nacional, el día jueves, proponer en reunión de jefes de fracción, que finalizáramos este análisis de los notables porque no se había logrado absolutamente nada, y a mí me parece que el debate es prolifero y muy productivo.

Quiero coincidir con la diputada Quintana Porras en una serie de aspectos que podemos rescatar de este informe de notables.

En materia de presupuesto, sobre la recomendación 66, sobre el establecimientos de presupuestos plurianuales, ha sido una de las grandes urgencias para que podamos hacer obras públicas importantes en este país, porque al agotarse los presupuestos del 1º de enero al 30 de diciembre… al 31 de diciembre de cada año, hace que la planificación y los esfuerzos se vean interrumpidos porque es necesario volver a presupuestar.

Ahí cuentan con nuestro apoyo, porque si la bancada del Partido Liberación Nacional está tomando nota.

Sobre la recomendación 69, reorganizar los órganos desconcentrados, ha sido una preocupación constante de esta bancada del Movimiento Libertario, la duplicidad y, en otras ocasiones, quintos y sextas instituciones que hacen absolutamente lo mismo.

Necesitamos un estado eficiente, efectivo y ahí también contarán con nuestro apoyo para que el Estado costarricense sea eficiente y eficaz, solo por citar, en los programas sociales hay instituciones que repiten los esfuerzos para beneficiar al emprendedurismo o a las mujeres en tres, cuatro o cinco programas diferentes, en igual número de instituciones.

La recomendación 71, que los ministros puedan dictar directrices vinculantes a los órganos desconcentrados es fundamental, con pena escuchamos al señor ministro de Hacienda, el señor Ayales, diciéndonos cómo los bancos en este país no quieren ejecutar una directriz del Ministerio de Hacienda para bajar la tasa de intereses y con eso ahuyentar a los capitales golondrina.

Es necesario que los ministros cuenten con la autoridad de cara al aparato ejecutivo del Estado.

En Servicio Civil, sobre la recomendación 72, estamos totalmente de acuerdo en la uniformidad de las remuneraciones, lo demostramos votando el proyecto de incentivos médicos la semana anterior.

En la recomendación 74, sobre un empleo público estatutario, porque, a lo largo de setenta años, se han ido creando regímenes que privilegian a ciertos sectores, cuando el constituyente pensó en un régimen del Servicio Civil fuerte, que unificara a todas y a todos los funcionarios públicos.

En contratación administrativa ni qué decir de las coincidencias que tenemos con el informe de los notables: La R 76, Contratación electrónica; la R 77, Carteles estándar; la R 80, Mecanismos de arbitraje. Solo así lograremos que la Administración Pública combata efectivamente la corrupción, con una contratación administrativa transparente, donde todas y todos los ciudadanos sintamos que el Estado está invirtiendo adecuadamente lo que pagamos en impuestos, con una contratación administrativa homogénea, donde no se hagan carteles a la medida de X o de Y oferente.

Ahí, Liberación Nacional contará también con el apoyo de esta bancada, porque este no es un tema de gobierno, es un tema país, y los libertarios y las libertarias hemos propugnado por mejorar la contratación administrativa desde que nuestro líder, Otto Guevara, se sentaba en estas curules.

La simplificación de trámites es hablar de Otto Guevara Guth, aunque a algunos no les gusta. El diputado que propuso la 8220, Ley de simplificación de trámites y defensa efectiva del consumidor, fue nuestro líder; y ahí cuentan, diputadas y diputados de Liberación Nacional, con nueve compañeras y compañeros diputados totalmente comprometidos con ustedes, para hacer que un órgano técnico dictaminador sea el que revise los requisitos, y, como he dicho, se extirpe de nuestro país aquella película famosa de Cantinflas, donde tenía que subir de piso en piso para que le pusieran un sello a un permiso, a una iniciativa, para crear una empresa.

Costa Rica debe abocarse a generar empleo, y eso se logra con unas instituciones que le faciliten al emprendedor la facilidad para hacer todos los trámites, que pasemos de los tres meses ojalá a tres días.

En la R 84, Requisitos se establezcan solo por ley o por decreto, ese era el espíritu del legislador. Ese era el espíritu y la lucha del diputado Guevara Guth desde el año 98, que a raíz de las diferentes legislaturas hemos tenido y seguimos teniendo las y los libertarios, que los ciudadanos tengan requisitos por ley, y no al antojo y al arbitrio de algunos funcionarios públicos, que solo se empeñan en poner un día sí y otro también el requisito que se les antoja para no resolver las cosas.

R 87, una ventanilla única, donde el ciudadano sea atendido en forma eficiente y eficaz.

Amigos, amigas, costarricenses todos, de este informe de los notables hay mucho que rescatar, y esta bancada ha hecho críticas, y a partir de hoy también anotamos aspectos positivos con los que pueden contar con nosotros.

Muchísimas gracias, diputado presidente.

Oficio SD-22-12-13 de la Secretaría del Directorio

Gracias a usted, señor diputado.

Vamos a continuar con la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, pero, de previo, comunicamos que el proyecto de ley 18.700 lo hemos asignado a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Educación, y lo haremos constar en el acta respectiva, de conformidad con el artículo 114 del reglamento.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO NUEVO

SD -22-1213

11 de febrero de 2013

El Departamento Secretaria del Directorio se permite informar que ha recibido el siguiente proyecto de ley, el cual el señor Presidente de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 114 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le ha asignado la Comisión que a continuación se indica:

1. DEL PODER EJECUTIVO: APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 8194-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. EXPEDIENTE No. 18.700. Pasa a estudio de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.

Atentamente,

MARCO W. QUESADA BERMUDEZ

DIRECTOR

Por parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, hará uso de la palabra el diputado Rojas Valerio; hasta por veinte minutos, diputado.

Diputado Luis Alberto Rojas Valerio:

Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; al pueblo de Costa Rica, que nos ve y nos escucha por los diferentes medios.

He titulado mi intervención como Una visión socialcristiana que los notables no vieron.

Desde nuestra independencia, los fundadores de la patria tuvieron un gran sueño: una sociedad de oportunidades para todos y solidaria con los más necesitados.

En palabras de nuestra primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, (abro comillas): Deseamos que el Estado sea feliz por la paz, fuete por la unión y que sus hijos corten cada día una espiga más y lloren una lágrima menos.

Y construyeron paulatinamente esta sociedad, cimentándola en los más nobles principios, en los principios de libertad, solidaridad, justicia y equidad. Fueron nuestros antepasados, aquellas mujeres y hombres del siglo XIX, los que supieron ver más allá del horizonte, y trabajaron para asegurarles a sus hijos y a las hijas de sus hijos las oportunidades necesarias para creer, crear, crecer y progresar.

Estos principios nutrieron la sociedad previsora que construimos los costarricenses, una sociedad de reglas generales y claras, que le daban al ser humano la libertad para crear, libertad para innovar, libertad para actuar y libertad para reproducir las creaciones positivas para el bienestar de las personas y de la colectividad.

Y estos principios son los que deben sustentar a la Costa Rica del siglo XXI, una Costa Rica nuevamente previsora y más solidaria, en un marco de libertad y de responsabilidad.

Esto es parte del discurso dado por el expresidente de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con motivo de la presentación del proyecto de Ley de protección al trabajador, en el aniversario del centenario del nacimiento del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia; es decir, nuestro muy querido Expresidente y Secretario General de la OEA, una vez más buscaba en el pensamiento socialcristiano ponernos a pensar en grande.

He querido iniciar esta intervención, pensando en ese discurso que fue dado por el doctor Miguel Ángel Echeverría; si no, entrelazando ese discurso con lo que, durante los últimos quince años, hemos venido discutiendo aquí sin norte alguno.

La política como expresión noble del arte de hacer lo mejor posible por el bien público, se ha venido convirtiendo en escenario de luchas ideológicas, que han causado más rupturas que unión entre los pueblos; hoy se ha convertido en una fuente para alcanzar poder económico, aplicando el precepto de que el fin justifica los medios. Ya la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, y ello se muestra en el poco interés en participar en procesos de elección, los cuales últimamente han venido cediéndole campo al abstencionismo y optando por grupos políticos no tradicionales, en los cuales se apuesta por la honestidad y la transparencia en el manejo de la cosa pública.

Tan solo veámoslo así, en la publicación del pasado domingo por parte del periódico La Nación, o mejor aún, vean la cantidad de partidos que se han inscrito porque hoy ya no encuentran respuestas a sus preguntas, pero eso no nos hablan los notables, ellos buscan darle una respuesta a la cosa pública, pero, señores, este partido, el partido de las grandes luchas que muchos han vilipendiado ha venido hablando de esto, de la ingobernabilidad que afecta a nuestro país, a nuestro sistema y que, en gran medida, socava el cimiento del mismo de nuestra democracia.

Ahora bien, parte de estos señores notables olvidan que lo que hemos vivido aquí en la Asamblea es muy parecido a lo que durante las pasadas cuatro administraciones se ha vivido aquí, y para muestra un botón, en la Administración Echeverría, Rodríguez Echeverría, en la Asamblea Legislativa en ese tiempo existían siete fracciones políticas, cabe destacar que uno de los notables era director administrativo de esa fracción y otros dos exdiputados militaron ahí, al menos, uno de muy grata memoria repitió y se convirtió en un ícono resplandeciendo mucho más que otro que se alió a las fuerzas intempestivas de una maquinaria electoral que busca maquinar la elección tras elección, pero habrá tiempo para eso aboquémonos a lo que nos corresponde en el informe de los notables.

Se dice en el informe, propiamente en el primer tema que se aborda en cuanto a la flexibilidad que debe tener el gobierno de cara a procesos que viven a lo interno, tanto de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, entiendo esto que lo que se recomienda es que exista un acción efectiva por parte del Poder Ejecutivo, pero aquí entramos en una serie de acciones que el Tribunal de Elecciones ya ha reclamado y ha buscado cercar en el tanto que todos sabemos cuál es el color político del partido que gana las elecciones y quiénes son sus representantes no dejarán nunca de militar bajo esos colores, pero de ahí a seguir limitando dicho accionar es estúpido y poco válido, de ahí en la primera instancia podríamos decir que avalamos dicho accionar, es necesario esa flexibilidad del Gobierno en participar activamente en el accionar del Gobierno y de poder involucrarse directamente en el accionar político del país.

En lo referente a propuestas que busquen implementar mediante el mecanismo del referéndum, en cuanto al nombramiento de quien sea el Ministro de la Presidencia, concuerdo en gran medida con lo propuesto, creo que el modelo que se pretende encontrar será aquel Ministro de la Presidencia que muchos talvez han querido emular, como lo fue don Rolando Laclé Castro, un político de grandes quilates que buscaba generar acción política hacia un desarrollo claro y efectivo de acuerdo a la agenda del Gobierno establecida, de acuerdo al plan de Gobierno propuesto en campaña electoral, ese ministro no es hacer un apagaincendios del Poder Ejecutivo, debe ir mucho más allá en cuanto al tema de su elección, si entramos en contraposición creo que se podría malinterpretar el accionar de unos y otros de la forma que establecen los notables, cualquiera podría pensar que este sería un súper ministro de acuerdo a lo establecido en la propia ley.

Nos mostramos un tanto dubitativos en lo referente al llamado de elecciones anticipadas legislativa, ya que los notables simplemente se refieren a que exista una incapacidad por parte del Poder Legislativo.

Es claro y evidente que esto, por supuesto, que deberá reglar el principio podríamos decir que sí estamos de acuerdo con el llamado de elecciones anticipadas en el Poder Legislativo, pero aquí estaríamos en frente a un cambio de paradigma y de cultura de nuestra vida, tanto democrática como país.

Evidentemente, creemos con absoluta certeza que las propuestas en cuanto al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en gran medida concuerdo con lo propuesto, si bien es cierto aquellos que venimos de la empresa privada no estamos de acuerdo en tanta condición de trabajo en lo referente a que tenemos en algunas ocasiones sesiones kilométricas, a veces inacabables, simplemente por el estilo de uno, u otro diputado que busca paralizar el funcionamiento. Lo pudimos ver hace tan solo unos meses en este plenario, en cuanto al aumento de diputados, creo que en principio debe hacer, pero vamos a ver de qué manera, debemos, nosotros, caminar realmente hacia una democracia mucho más representativa, mucho más efectiva, ya que estamos hablando de trabajo efectivo y de respuestas a quienes nos eligen.

Entiendo esto que debemos dejar atrás las listas de máquinas de maquinarias electorales de los partidos políticos, y decimos esto porque al día de hoy el ser diputado se convierte en un trabajo de veinticuatro horas, y decimos esto también porque el aprender a ser diputado lleva su tiempo, y no es que hablemos aquí de buenos o malos diputados, el aprender a ser diputado lleva, por lo menos, de uno a dos años, y una vez que este diputado aprende su oficio, su término se acabó, de ahí que la carrera parlamentaria deberá implementarse y entonces eliminar la perpetuidad de una persona en el congreso si el pueblo no quisiera que se le remueva se debe eliminar de la manera de elección de los diputados, esta deberá ser nominal y que este el candidato a diputado no pueda ampararse a una lista de maquinaria electoral que lo propone.

De este tipo de elección los señores notables no hablaron, se pusieron a determinar cuál era la mejor manera de elegir y armar los nuevos cuadros electorales cuando en realidad era otro el punto en el cual se debían enfocar, la escogencia nominal, es decir, señalada por parte del pueblo y que este al final de cuentas es quien elige.

Recuerden, señores notables, la voz de Dios es la voz del pueblo.

Evidentemente, uno de los problemas que nuestro país enfrenta y que deberá resolver no en el medio plazo, sino en el cortísimo plazo, es el colapso jurídico en que nos encontramos, y decimos esto porque hoy, pasados casi quince años de la aprobación de la Ley de resolución alterna de conflictos, es tan solo hace unos años que se evidencia por parte de esta corte plena implementar esta valiosamente herramienta, además siguiendo bajo esta misma idea el principio de justicia pronta y cumplida.

Hoy en día es tan solo un principio establecido en nuestra Constitución, esto no se cumple, no sencillamente porque nuestros jueces, fiscales e investigadores sean ineficientes, sino porque aquí hay condiciones que propias de una sociedad que es, evidentemente, confrontativa y que cree que solamente existe una manera de resolver nuestro conflicto.

Además, aquí también intervienen condiciones de orden económica, no solamente bajo la condición de aumentar el presupuesto del Poder Judicial, sino también de aquí se entrelazan condiciones económicas de repartición de la riqueza, la generación de empleo, el buscar generar mucho más acciones del control, pero el control de la mejor manera, esto lo digo porque aquí siempre investigamos una vez que la torta está hecha, ese accionar por parte de la Contraloría General de la República nunca me ha convencido, creo que la libre empresa, creo en el desarrollo, pero, a la misma vez, creo que el Estado debe formar parte de no solo ser un estado contralor, sino partícipe del accionar empresarial. De ahí que se debe cambiar el accionar judicial, se debe separar al Ministerio Público del Poder Judicial, esto con el afán de poder crear una independencia laboral, pero, asimismo, exigir que lleven sus casos debidamente conformados, que no se den los errores del pasado, que se irrespeten los derechos de las personas, que quien esté a cargo del Ministerio Público no rebusque publicidad gratuita y notariedad en aclaración de acceder a otro puesto de mucha más jerarquía, se deberá poner límites, no en el accionar jurídico, y quiero que se comprenda este tema de la mejor manera, se debe entender esto que quien dirija ese Ministerio Público debe entender que su actuar debe ser apegado a derecho y que su accionar estará vigilado por esta Asamblea Legislativa, de ahí que podrá esta Asamblea interpelar a este funcionario público y pedir su destitución.

En lo demás, en cuanto a las propuestas de crear nuevos tribunales, limitar el actuar de la Sala Constitucional en cuanto a que no sea un súper tribunal que conoce de todo, sino que sea un tribunal de derechos, ya que este fue el principio bajo el cual se creó.

Ahora bien, hemos llegado al punto de lo que realmente se debe evaluar, la Administración Pública como tal.

En esta parte final de mi intervención hemos querido entrelazar, en gran medida, el porqué estamos aquí en esta Asamblea, el porqué creímos y creemos que el proyecto de concertación nacional por parte del doctor Miguel Ángel Rodríguez, y es claro que el norte que señalan los notables se establecía, por primera instancia, por parte del doctor Rodríguez Echeverría allá en los años 1998.

Era la oportunidad que teníamos todos para convertirnos en diputados, en administradores públicos, en decididores de nuestro futuro, en el tanto que desde esa fecha hasta el día de hoy la baja cantidad de votos que reciben los diferentes candidatos a elección, elección tras elecciones, nos debe hacer entender que existe un descontento claro y preciso por parte de quien vota, y es preciso ver el sistema desde un punto de vista eminentemente de políticas públicas, no podemos seguir en este tema de perdedores y ganadores.

Esto en el tanto que si nos remontamos a problemas anteriores, vemos como con políticas mal interpretadas por grupos que devinieron en problemas de orden mayúsculo, como lo fue el tema del Magisterio Nacional en cuanto al tema de las pensiones, donde algunos interpretaron que la mayoría de los grupos sociales habían sido atomizados por las diferentes fuerzas políticas. Por eso, estas fuerzas políticas sindicalistas se abalanzaron contra las distintas propuestas políticas presentadas en aquella Asamblea Legislativa, cuando en realidad lo que estábamos era adelantando al país años más allá, porque como siempre, solo el tiempo le dio la razón al expresidente de la República, Rodríguez.

De ahí que la propuesta de duplicidad de funciones existente en la Administración Pública actual es un hecho, ya que simplemente lo que se ha hecho es crear y conformar un aparato administrativo más y mucho más grande que al mismo tiempo es ineficiente y poco claro en su trabajo.

Dicen en la vida que todo tiempo y pasado fue mejor, pero de todos es sabido que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido un ministerio importante en el desarrollo de nuestro país, pero hoy en día, lejos de ser importante, ha sido señalado como el Ministerio más ineficiente, talvez porque el ministerio más importante de este país, o talvez porque algunos necesariamente ven en él una necesidad de cerrarlo para que sigamos en la acción de que muchos de esos servidores de este ministerio dejen de hacerlo para siempre.

Por mis años, siempre he creído que este Ministerio deber fortalecerse y darle mucho más y más armas para que revise su función, debemos trabajar en ello, darle mucho más libertades, no desde el punto de vista de la contratación administrativa, creemos firmemente que sin esta ley estaríamos muy mal, sino que debemos volver a que este ministerio vuelva a ser el ministerio que construía todo en lo referente a la infraestructura vial de nuestro país, porque es una mentira que hoy se construye mejor que antes, prueba de ello es la platina, ese es el monumento nacional a la pericia, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como de la empresa privada.

En cuanto al aparato de las municipalidades, creo, en gran medida, que no merece mayor comentario, las pasadas administraciones han venido trabajando en eso y la propuesta de los notables no aporta, en gran medida, nada de lo que no se haya dicho por parte tanto de los tribunales de justicia como de las propias administraciones. Aquí, el llamado es para quienes votan y quienes se presentan ante el electorado deben ser lo suficientemente responsables para poder definir a su electorado si sabe o no lo que es la Administración Pública y de, por supuesto, si saben y conocen los problemas de su cantón, esa condición es importante.

Además, existe una ley de transferencia de competencias. El Poder Ejecutivo debe dejar de ser el Estado benefactor y las municipalidades deben de dejar de ser el centro de acopio para resolver las necesidades de los votantes de un determinado partido político.

Apoyo firmemente la idea de no transferir más competencias a las municipalidades sin el contenido económico necesario para efectuar esa labor. Evidentemente, debemos de ir a lo que muchos consideramos gobiernos locales, pero gobiernos locales de verdad, donde los diputados deben de meter la mano, el diputado debe de dejar de ser el que responda al desarrollo de infraestructura del cantón, del caserío y de la barriada, debe este preocuparse por el desarrollo del país legislando de verdad y las autoridades locales generando el trabajo necesario para avanzar a un futuro mejor para el cantón, de ahí la importancia de que se entienda que zapatero a tu zapato.

El gobierno debe de entender que debe actuar, que se debe autoevaluar, ahí están los señalamientos, ya los tiene la señora presidenta, los señalamientos son los mismos desde ya más de una década, usted puede generar el accionar que otros que antecedieron buscaron crear para avanzar, concertación nacional es uno de esos ejes.

Hoy ya no existen monopolios estatales, hoy estamos en la vía del supuesto desarrollo, hoy estamos en la era de la tecnología.

Podemos implementar nuevos métodos tecnológicos, tener plataformas de “software” libre, como lo hace Brasil, ver dónde seguimos manteniendo esa duplicidad de funciones, realmente aplicar una contingencia del gasto público, implementar nuevas formas de trabajo, crear nuevas formas de inversión, vendernos como un país certificado en cuanto a nuestros trámites como organizaciones ISO y en cuanto al tema de corrupción creo que un gobierno socialcristiano es quien implementa una serie de leyes que buscan frenar dicha acción por parte de los funcionarios públicos, pero, una vez más, se debe tener claridad especial en este aparato. Debemos hacer ver que nuestro país no captará inversión alguna para con otros países sino cambiamos nuestro accionar.

Hoy en día, quien invierte no quiere que se le simplifique la vida, sino, por lo contrario, lo que busca es un accionar sencillo, claro y directo por parte de quien gobierna, en el entendido que lo que se busca es seguridad jurídica con unas reglas del juego claras.

Los notables no nos dicen nada nuevo, no nos determinan un derrotero que, evidentemente, no hayamos explorado en conversaciones de café, en la fila del banco, en las ferias y aquí mismo, aquí lo que se debe tener es el coraje para determinar si realmente queremos dar el salto por arriba de los demás países de Centroamérica, porque aquella ventaja que ostentábamos ya se acortó al punto que hoy algunos consideran que estamos entre igual, debemos autoanalizarnos y dejar la bandera, ahora sí, guardada y luchar el país.

Mejor, todos sabemos que ninguno de nosotros dejará sus filiaciones políticas, pero sí es cierto que el trabajo que hoy realizamos aquí no es el mejor y la percepción de esas personas sobre el gobierno, en general, es mucho peor. Así que hoy podemos discutir bajo esos ejes efectivos a sabiendas que este informe lo que nos determina es la condición de trabajo que debemos adoptar para nuestro futuro.

Nuestra tarea, aún no cumplida, consiste en demostrar que la insatisfecha aspiración del hombre por el progreso económico y la justicia social pueden alcanzarse mejor si los seres humanos trabajan en el marco de unas instituciones democráticas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Gracias, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra por la fracción del PASE el diputado Martín Monestel.

Diputado Martín Alcides Monestel Contreras:

Gracias, señora presidenta en ejercicio, y muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas.

Aquí vamos a seguir continuando con el análisis de la comisión de notables que, de alguna forma, cuando se llegó a la reunión de jefes y jefas de fracciones, era para crear un debate, para hablar sobre lo que los notables están hablando entre los aciertos y desaciertos, pero, en realidad, aquí lo hemos convertido en un monólogo un poco… que, lamentablemente, ninguna de las fracciones, ni siquiera la fracción oficialista, simplemente lo que hacen es escuchar, pues, entonces, lo que haremos es igual, dándole algunas ideas para ver si también entramos, en algún momento, en este debate y al final, ojalá al final se haga un análisis sobre lo que es este informe de los notables, en los cuales parece que todos estamos de acuerdo y en desacuerdo, porque hay cosas interesantes que se pueden rescatar y otras que no, pero tampoco se ha dicho exactamente en cuáles.

Aquí hemos hablado y hemos señalado varios problemas en torno a la labor legislativa que es donde más se ha enfocado la comisión de notables, en las cuales nos dice que la dispersión de fuerzas entre numerosos grupos sociales y partidos políticos.

También nos dice que la labor de esta Asamblea Legislativa reiteradamente es ineficaz o inadecuada, que no existen procedimientos para dar prioridad al trámite de determinados proyectos, escogidos por el Poder Ejecutivo y las fracciones, incluidas las minoritarias, y que los lleve hasta su aprobación o rechazo, ya sea por algunos plazos razonables, la calidad de esta Asamblea Legislativa dice que requiere ser elevada, pues, los problemas crecen con complejidad constantemente.

Nos dicen que el trabajo de los diputados es disperso, pues, se ven forzados a atender un número demasiado grande de comisiones y a cumplir obligaciones de otra naturaleza que los alejan de sus funciones esenciales, que no se cumplen en tiempo las obligaciones fundamentales para la vida del Estado, tal y como ocurre con los nombramientos de funcionarios de la más alta importancia, que el funcionamiento de la Asamblea Legislativa se ve entorpecida por procedimientos poco racionales, excesivamente complejos y que propician la ineficacia y la ineficiencia en la producción de leyes; sin embargo, la amplia gama de fuerzas políticas no es un problema para gobernar, sí se recurre a la negociación y al debate, eso se daba en los tiempos del bipartidismo y pasaron y la Costa Rica de hoy es sumamente diversa.

Esta diversidad cultural, social, religiosa, étnica y sexual se refleja en la amplia gama de partidos políticos que hoy conformamos la Asamblea Legislativa, diversidad que fortalece la democracia, el debate, el control político, y el derecho de todos los grupos a ser escuchados.

Por otra parte, me parece importante que se establezcan procedimientos para garantizar en el trámite preferencial y la decisión de hasta tres proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo en cada fracción.

Esos proyectos, que decía, deberían de someterse a la votación a más tardar en tres meses, esa recomendación agilizaría el trámite de proyectos prioritarios para cada uno de los partidos políticos que se encuentran en este Congreso y el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, los que nos permitiría ir descongestionando la corriente legislativa.

Sin embargo, como todo, el plazo de tres meses hay que analizarlo, con el cuidado de cada uno de ellos, porque aquí tampoco venimos… que en tres meses hay que discutirlos y votarlos, hay que analizarnos, tampoco podemos decir que vamos a tener una fábrica de leyes que por fuerza, en tres meses, hay que votarlos.

Aquí teníamos un ejemplo simple, como la Ley de autonomía indígena, aquí hemos hablado de que tiene más de dieciséis años de estar aquí en esta Asamblea Legislativa, y han pasado numerosas legislaturas y ha pasado un proyecto que ha sido más utilizado por cuestiones políticas para campañas partidistas que, realmente, para una campaña en la cual se vea beneficiada toda una población indígena.

Nos decían… hablamos la última intervención que tuve… hablamos sobre esta moción de censura en la cual, perfectamente, decía que los diputados y diputadas podían destituir, a través de una moción de censura, a un gabinete, imagínense cuántas… cuántos gabinetes hubiera tenido que tener este Gobierno, con tantos errores que han cometido algunos ministros o viceministros o viceministras o ministras y luego viene la sacada de clavo que responde ahora la comisión de notables, que si esa moción, pues, no pasaría, pues, entonces, vendría la presidencia a pedir al Tribunal Supremo de Elecciones que adelante las votaciones para elegir otros diputados.

Si me equivoco, pues, espero que algunos compañeros diputados oficialistas, pues, me digan lo contrario, pero entendería que sería como la sacada de clavo, que si no se destituye a un gabinete, pues, podemos destituir… como les digo, lo más razonable, quitar a los diputados que no quieren aprobar eso, podemos cambiarlos de una forma un poco irracional.

Esa recomendación, pues, deberíamos, eventualmente analizarla, esa esta en el punto ocho, en la cual dice que plantea que la Presidencia de la República podrá a convocar a elecciones legislativas anticipadas si considera que la labor legislativa es ineficaz, o que entorpece la marcha del país, y lo ponen, podríamos decirlo, entre comillas.

Habría que analizar, compañeros diputados de Liberación Nacional, compañeros de la Unidad, Libertarios, de Acción Ciudadana, a qué se refieren si no es más que una sacada de clavo lo que sugieren en este punto, donde la Presidencia puede destituir completamente a todos los diputados de un Primer Poder de la República.

Pareciera que aquí los notables sugieren que para sacarse el clavo la Presidencia puede convocar a elecciones legislativas anticipadas para destituir a los diputados, si eso se considera por una muestra de una labor un poco eficaz, esto puede convertirse en una amenaza a la democracia, pues, si no votamos los proyectos que nos imponen podrían amenazarnos con la destitución y entraríamos en esa lucha entre poderes, lucha que se vio reflejada hace poco.

Aquí los notables hacen hincapié a reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa, estuvimos en cada una de las intervenciones que hacen aquí los compañeros diputados, siempre hablan de que sí, hay que hacer una reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, aquí todos, de todas las bancadas han dicho, sí, hay que hacer una reforma, pero pareciera que en este análisis de la comisión de notables, de alguna forma y se esperaría que al final de todo este tiempo que estamos utilizando para este análisis no sea simplemente de los discursos efímeros que muchas veces se dan acá en los cuales, reitero los monólogos, como el que estoy haciendo yo en este momento, que de alguna forma podríamos pensar —muchas gracias, diputada Pérez Hegg y el resto de los compañeros que dicen que sí están oyendo— entonces, por qué no hacer el esfuerzo y el mínimo esfuerzo para hacer un cambio a un reglamento de la Asamblea Legislativa, en la cual muchos hemos tenido que intervenir y hemos hablado de por qué no camina la Asamblea Legislativa, por qué los proyectos que están en la corriente no avanzan.

Entonces, aquí es donde tenemos que, de alguna forma, interponer realmente el criterio de cada uno de los diputados y no simplemente, por una línea partidista, en la cual se dice ese proyecto no va, este no va a caminar y entrabamos el Congreso.

Y eso es lo que sucede, y talvez me parece que los compañeros que conformaron la Comisión de Notables, que ya algunos han sido diputados, que saben y conocen cuál es la traba de un congreso, una línea partidista muchas veces en la cual es importante entrabarlo de esa manera.

Solamente para concluir, señora presidenta en ejercicio, insto a los jefes, subjefes de fracciones para que hagamos el ejercicio, nos queda un año y si acaso dos meses, no sé cuántos, y podríamos hacer los cambios necesarios para que en este Congreso, el Primer Poder de la República como lo llamamos, tomemos las riendas y realmente los proyectos que nos interesan a los diputados de las diferentes fracciones, pero que al que más le interesa es al pueblo costarricense, que camine de la mejor manera.

Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Gracias, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el diputado Orozco Álvarez.

Diputado Justo Orozco Álvarez:

Muchas gracias, señora presidenta.

Compañeras y compañeros diputados,…

La presidenta ad hoc Rita Gabriela Chaves Casanova:

Señor diputado, disculpe que lo interrumpa, no ha cuórum.

Corre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum.

Continúa el diputado Orozco Álvarez.

Diputado Justo Orozco Álvarez:

Muchas gracias.

Yo decía la semana pasada, y comparto con la diputada Carmen Muñoz, que no podemos descalificar a estos señores notables, pero yo mencionaba las zonas fronterizas, y hoy han quedado aquí estos vecinos de Sixaola, de la región de Talamanca, que en realidad es una ingratitud que diferentes gobiernos, pasando por el ITCO, el IDA y ahora el Inder, no resolvamos los problemas fronterizos de titulación de tierras.

Es increíble cómo la hermana República de Panamá tiene grandes edificios y grandes comercios, y los costarricense no podemos tener una zona limítrofe digna de los vecinos del sur del país. Creo que eso es parte de la ingobernabilidad que impera en el país.

Lamentablemente, tenemos que reconocer que represento un partido, el Partido Renovación Costarricense, ahora sin el pez, que tiene poca fuerza; pues, realmente, no hemos negado el nombre de Dios y lo vamos a seguir invocando, algún día seremos grandes y esperamos que haya un poco más de justicia social en nuestro país, y que esta gente de la zona sur del país pueda hacer sus cosechas y sus siembras en tierras propias, y ya con concesiones no de cinco años y renovables, sino ya con título de propiedad.

Hoy quería referirme también a la cantidad de diputados, porque la próxima vez, si Dios quiere, voy a hablar del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Pero aquí parece que las cosas caminan depende de quién las presente, porque yo más bien puedo decir que estos notables, y ahí talvez me refiero más al señor Rocafort, que habló de este tema ¾ Piza Rocafort, sí, don Rodolfo¾ que está hablando de la cantidad de diputados.

Bueno, y también lo mencionó en otro reportaje del periódico de más circulación del país, el diario Extra, salió publicado ahí también un documento muy lindo del expresidente, doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, en el cual habla de la cantidad de diputados, si son muchos o sin son pocos los diputados.

Diay, a todas luces, hace más de cincuenta años que no se revisa la cantidad de diputados, y el partido que represento ya había hecho una propuesta en reformas electorales, y aquí aprovecho para, en ausencia lamentablemente del diputado Fabio Molina, recriminarle, en mi condición de secretario de la Comisión de reformas electorales, que no hemos vuelto a reunirnos ni tampoco el Ejecutivo ha convocado nada, porque estamos en mora en las reformas electorales. Pero, el partido que represento, a través de este servidor, ya había hecho una propuesta, no de aumentar treinta diputados, sino, más bien, de dieciocho, porque hay que reconocer que el aumento, dado que hay tres plenas, o sea, tres miniplenarios, hay que buscar un número que sea múltiplo de tres.

En ese caso, yo proponía, el partido que represento, proponía dieciocho, o sea, incrementar en seis diputados más cada plena, que pasaran de diecinueve a veinticinco; y, sin embargo, hay que reconocer que talvez los notables se proyectan más a futuro, pensando que realmente ha pasado más de medio siglo sin que se modifique la cantidad de legisladores de nuestro país.

Ahí se barajan posibilidades de que se disminuya el número de asesores para compensar los gastos. Lo cierto del caso es que pareciera que no solo en América Latina, sino que a nivel del mundo, la densidad de población por diputado es muy amplia en Costa Rica, y creemos que, evidentemente, sí debería existir algún incremento.

Pero, bueno, los datos que nos arrojan son los siguientes, en diferentes países; la verdad que en Europa y en todo lado hay muchos más diputados por población que Costa Rica, ya supera más de los cincuenta mil votantes por diputado, y en otro más o menos hay diez mil.

¿Qué pasaría si el proyecto de ley de aumento de diputados del Partido Renovación Costarricense fuera aprobado? Bueno, podría ser que la provincia de San José podría pasar de diecinueve diputados, en la actualidad podría pasar a veintiséis; Alajuela de once pasaría a catorce; Cartago de siete pasaría a nueve; Heredia de seis a ocho; Puntarenas de cinco a siete; Limón de cinco a seis; y Guanacaste de cuatro a cinco. Entonces, en vez de cincuenta y siete tendríamos setenta y cinco diputados.

El diputado ¾perdón¾ el licenciado Piza Rocafort indica, en cuanto a la operatividad, como se propone, la reforma debe acompañarse de una modificación sustantiva al reglamento legislativo, al cual me voy a referir en la próxima exposición, y a las responsabilidades de los parlamentarios sobre el uso de la palabra, sobre el cuórum, sobre el plazo para votar los proyectos, como ocurre casi en todos los parlamentos democráticos del mundo; pero eso es aplicable tanto con cincuenta y siete o con setenta y cinco diputados, o aún con los ochenta y siete que proponen los notables.

Parece un paso necesario para darle mayor representación a la nación, elevar la calidad de diputados, mejorar nuestro parlamento, de paso, se aumentaría la representatividad en relación con los votantes del país.

Además, también este Partido Renovación Costarricense había propuesto el voto preferente, que permite al elector votar y escoger los nombres que espera que lo representen, y los equilibrios de género se mantendrán como ejemplo al mundo.

Zonas que hoy están ampliamente subrepresentadas como la indígena, se ve favorecida al tener representantes de su pueblo en la Asamblea Legislativa, y se daría gracias al voto preferente.

Al haber más candidatos a diputados los partidos políticos aumentarán la participación de guías, miembros de mesa y fiscales, dirigentes crecerán en número; eso reduciría el abstencionismo y motivaría al incremento del electorado el día de las elecciones.

Yo creo que la cantidad de diputados, definitivamente, debe de ser considerada y revisada, y creo que hemos sido muy criticados, pero, lamentablemente, pareciera que más de la cantidad… más de la mitad de la población costarricense aspira a una diputación, o sea, son puestos muy peleados y a la vez muy criticados.

Así que el partido que represento, señor presidente, está de acuerdo en un aumento a diputados, talvez no en treinta, pero, por lo menos, en dieciocho.

Muchas gracias, señor presidente.

Diputado Carlos Luis Avendaño Calvo:

Gracias a usted, señor diputado.

En el uso de la palabra el diputado Avendaño Calvo.

Gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas, ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación.

Yo creo que el tema que esta Asamblea está tratando es un tema de suma importancia, porque la propuesta que han hecho los notables, esta comisión de notables, es de suma importancia para el país, pero sí nosotros hemos hecho la observación que este asunto no se debe tratar en la Asamblea Legislativa, simple y sencillamente, utilizando esas veinte horas, sin que esto llegue a plasmar algo concretamente de esta Asamblea Legislativa.

Por supuesto que hay propuestas de los notables que nos parece a las diferentes fracciones, pero que también hay propuestas que no estamos de acuerdo como, por ejemplo, entre otras, el que se aumente el número de los diputados, pero el ejercicio debe ser más allá de, simple y sencillamente, pronunciarse a favor o en contra y hacer algún comentario, sino que tiene que haber propuestas claras, específicas, planteamientos de las diferentes fuerzas políticas.

Y por eso nosotros, en el seno de jefaturas de fracción, de la reunión de jefes de fracción, que preside el señor presidente de este Congreso, hemos propuesto que cada uno de los partidos políticos le suministre a la Presidencia de la Asamblea Legislativa la posición oficial de su partido, porque va a ser sumamente difícil poder encontrar en las actas los planteamientos que han hecho cada uno de los partidos, porque llevaremos dos o tres semanas en este ejercicio, pero que también, aun si los encontramos, como es lógico, si consultamos las actas, no están totalmente plasmados, porque cada una de las bancadas tiene siempre el problema del tiempo en contra.

Entonces, lo que tenemos ahí en las actas son fracciones de las posiciones de cada uno de los partidos, por eso también hoy, en esta intervención, yo le hago un llamado a cada una de las agrupaciones políticas para que den a la Presidencia del partido, lo hagan, lo pueden hacer por el acta la totalidad de sus planteamientos, para que la Presidencia haga acopio de esos planteamientos y se pueda tener un documento al cual se pueda consultar, un documento que venga a recopilar las posiciones de las diferentes fracciones, y, por ende, de los diferentes partidos políticos, porque si no lo que va a quedar es, simple y sencillamente, un desperdicio de tiempo, veinte horas que se van a consumir en esto, y no será más que un saludo a la bandera, este ejercicio de comentar el informe de los notables.

Siento que si no hay un aporte contundente, claro de las fracciones estaremos, nosotros, haciendo un ejercicio estéril, un ejercicio estéril que ya la prensa está criticando, un ejercicio estéril que la ciudadanía, en general, está esperando algo productivo, algo concreto, algo claro más que, simple y sencillamente, que este Congreso, que esta Asamblea Legislativa comente las propuestas de los notables.

Hago un llamado para que cada una de las fracciones aportemos las propuestas que tenemos, si bien es cierto señalemos lo que nos parece, lo que no nos parece, pero que también como representación y como agrupaciones políticas demos la propuesta que cada uno de nosotros consideremos importante para que se pueda optimizar el trabajo del Estado costarricense y pueda ser este más eficiente y más eficaz en aras de tener un aparato estatal que cumpla y venga a satisfacer las necesidades del pueblo costarricense.

Y sigo señalando, porque para mí es importante lo que estoy proponiendo, lo que hemos propuesto, pero también es importante para nosotros señalar puntualmente lo que Restauración Nacional cree acerca del informe de notables y también cuáles son las propuestas de Restauración Nacional, y aquí tenemos un factor en contra, el tiempo, porque sigo señalando que si hablamos cinco minutos, que si hablamos siete minutos, esto no es serio, no es responsable, ese picadillo de tiempo que hacemos nosotros y después nos damos por satisfechos de haber hablado cinco minutos, de haber hablado siete minutos, y creemos, y creo que esto es una falacia, creerlo así, que ya cumplimos; por eso, insto a las fracciones a presentar un documento de la posición oficial de cada uno, de cada una de las representaciones políticas.

Entre otras cosas, comentamos la recomendación que hace la Junta de Notables o la comisión de notables para que tanto el presidente de la República o la presidenta de la República como los diputados sean reelectos consecutivamente, esto es un tema grande, amplio, importante que tiene una connotación estructural para el país, solo este tema yo creo que debe ser objeto de un amplio debate y que se tiene que hacer con la cabeza fría y que se tiene que hacer sin mezquindades y se tiene que hacer con una visión de futuro, con una visión, precisamente, de Estado, con una visión más allá de un cortoplacismo.

La reelección consecutiva por una única vez en un cargo como la Presidencia de la República o como diputado de la nación le daría a los ciudadanos la oportunidad de expresar y de calificar la función hecha por los gobernantes y dar un reconocimiento a una buena labor, porque es lógico pensar que si un presidente o un diputado ha hecho una buena labor y el pueblo, el pueblo, que es el soberano, le reelige, estará reconociendo esa buena labor.

Además, debemos de reconocer que cuatro años no son suficientes para que un plan de gobierno, para que un plan de gobierno, realmente serio y también responsable con la nación pueda ser llevado a cabo, pueda ser realizado, pueda desarrollarse y plasmarse en el corto plazo de cuatro años.

Creo que una de las cosas más claras que tienen todos los ámbitos del país es que cuatro años son insuficientes para realizar y para desarrollar un plan de gobierno, un plan de gobierno responsable en los diferentes campos, sea la economía, sea la salud, sea la seguridad, sea el agro o los demás campos que conforman el quehacer del Estado costarricense, no pueden plasmarse en un corto programa de gobierno de, simple y sencillamente, cuatro años.

Vemos que planes de gobierno quedan truncados por ese cortoplacismo, por eso yo siento que la recomendación de la comisión de notables de ampliar el período del gobernante y de los diputados es algo que merece una amplia discusión de fondo, es un tema estructural y es un tema que sustancialmente sí puede plasmar un cambio importante para nuestro país.

Señor presidente, muchísimas gracias.

Diputado José Joaquín Porras Contreras:

Gracias a usted, señor diputado.

En el uso de la palabra el diputado Fishman Zonzinski. Muy bien, seguimos acumulando, diputado.

En el uso de la palabra el diputado Porras Contreras.

Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, compañeros, compañeras; buenas tardes al publico que nos sigue por medio de radio y comunicación. Buenas tardes a la gente de Talamanca, que la veo aquí haciendo presencia y exigiendo sus derechos, porque son ciudadanos de este país que por años han sido abandonados, no sé si habrá alguno que me conozca, pero por los años 83, cuando estaba en mis mejores tiempos, anduve trabajando por ahí desarrollando la red eléctrica en Talamanca, entonces talvez alguno se acuerde de mí, estaba en otra condición.

Hoy continuamos la discusión sobre el informe final de la comisión de expertos en mejorar la gobernabilidad y la democracia del país.

En el aparato atinente a los poderes del Estado, relaciones entre el poder Ejecutivo y poder el Legislativo, se destacan ciertos aspectos que a continuación paso a detallar, con la finalidad de emitir mi criterio al respecto.

Según los notables, la gobernanza democrática debe ser posible aun cuando el control del Poder Ejecutivo y del parlamentario responda a partidos de signos contrarios o, incluso, cuando en el Poder Legislativo ningún grupo logre obtener la mayoría de escaños. Esto se agrava con la dispersión de fuerzas entre numerosos grupos sociales y políticos. Deben crearse los mejores mecanismos institucionales necesarios para la resolución del conflicto y para que la Presidencia de la República pueda concentrarse en la dirección del Gobierno y del Estado.

Al respecto cabe mencionar que, según nuestra Constitución Política, Costa Rica es una república democrática, libre e independiente; así las cosas, es lo deseable y lo esperable que se garantice una amplia participación y la pluralidad como parte del cumplimiento del principio democrático.

Se equivocan los notables al determinar que la pluralidad de partidos políticos y la convergencia de fuerzas sociales es un problema que genera ingobernabilidad y que por ello deben buscarse mecanismos para concentrar el poder en manos del gobierno y del Estado.

Ambos son conceptos distintos y el hecho de que no exista concentración del poder en el gobierno no significa que no haya en el Estado, pues, el Estado lo conformamos todos, por ende, la pluralidad de fuerzas políticas y sociales es muestra de una auténtica representatividad de todo el pueblo, en un sano ejercicio de equilibrio del poder.

Esta recomendación más bien parece orientarse a favorecer el regreso del nefasto bipartidismo que por más de una década el pueblo ha rechazado libre y soberanamente en las urnas. Pretenden crear mecanismos institucionalizados para que el poder se concentre en el gobierno de turno y pueda hacer y deshacer a su antojo sin que nadie le ponga límites.

Lo idóneo, más bien, es establecer mecanismos que fomenten el diálogo social y permitan el consenso entre las diferentes representaciones que el pueblo elija, el problema real es el de la pluralidad de actores políticos, el problema es la poca voluntad del oficialismo para sentarse a negociar en forma transparente e igualitaria, con quienes representan diversos sectores de la población.

No hablan de fortalecer la figura del Ministerio de la Presidencia… nos hablan de fortalecer la figura del Ministerio de la Presidencia para que ejecute adecuadamente sus funciones como enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero, al final de cuentas, quedamos en lo mismo, no se agrega ninguna potestad o disposición distinta a las ya existentes en la legislación nacional.

Darle fuerzas al Ministro de la Presidencia no es una decisión que dependa de la Asamblea Legislativa, esta labor le corresponde al Ejecutivo, quien ejerce la Presidencia es responsable de elegir a una persona idónea para el cargo, alguien que sepa negociar, dialogar, consensuar con las diferentes representaciones políticas, alguien sin ínfulas de grandeza que quiera imponerse a los demás sin escuchar criterios distintos al discurso oficial.

Rescato como un punto positivo la propuesta sobre rendición de cuentas que deberá hacer el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, según esto, durante los períodos de sesiones legislativas el Ministro de la Presidencia deberá comparecer ante el plenario de la Asamblea al menos dos veces al mes, de conformidad con lo que disponga el reglamento legislativo, ahí representará el resumen de la acción del gobierno y sus propuestas legislativas y podrá ser interpelado por los diputados sobre los asuntos que le competen.

Aquí el problema es un punto… —señor presidente, ya casi termino—, es un punto que yo señalé en mi segunda intervención, pues allí mencioné la incoherencia del informe sobre el seguir resolviendo características de los sistemas presidencialistas y parlamentarios. Por un lado, quieren fortalecer la figura del Ministro de la Presidencia, sistema presidencialista, pero luego quieren someter al ejecutivo a un estricto régimen de rendición de cuentas al estilo parlamentarista; deberían optar, de una vez por todas, de algunos de los dos sistemas y dejar de seguir en ese limbo.

De alguna forma ocurre con el tema de los votos de censura, pues no queda claro hacia dónde quieren decantarse la Junta de Notables, ¿quieren seguir siendo presidencialistas o de plano quieren dar el paso hacia el parlamentarismo?

Este es un tema de análisis profundo sobre el tipo de Estado que queremos, sin embargo, no cabe duda que lo idóneo decantarse por aquel sistema que favorezca la participación democrática, la pluralidad de fuerzas representadas en el equilibrio en el ejercicio del poder, la rendición de cuentas y la transparencia.

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Sustituciones en comisiones legislativas

Buenas tardes, señor diputado. Gracias a usted.

No hay cuórum en este momento, corren lo cinco minutos de ley.

Se ha restablecido el cuórum.

(Con autorización de la diputada Xinia María Espinoza Espinoza, segunda secretaria del Directorio legislativo, se incluyen las sustituciones que a continuación se detallan.)

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

11 de Febrero, 2013

JF-PLN-286-2013

Señor

Víctor Emilio Granados Calvo

Presidente

Asamblea Legislativa

Estimado señor Presidente:

Por este medio le solicito de la manera más atenta sustituir a la señora Diputada Ileana Brenes Jiménez por la diputada Elibeth Venegas Villalobos en la Comisión de Hacendarios, convocada para hoy Lunes 11 de Febrero de 2013.

Lo anterior en virtud de atender asuntos propios de su cargo.

De usted muy atentamente,

Fabio Molina Rojas Alicia Fournier Vargas

Diputado Diputada

Jefe de Fracción Presidenta de la Comisión

Ileana Brenes Jiménez Elibeth Venegas Villalobos

Diputada Diputada

Comisión de la Mujer

11 de Febrero, 2013

JF-PLN-287-2013

Señor

Víctor Emilio Granados Calvo

Presidente

Asamblea Legislativa

Estimado señor Presidente:

Por este medio le solicito de la manera más atenta sustituir a la señora Diputada Ileana Brenes Jiménez por el diputado Jorge Rojas Segura en la Comisión de la Mujer, convocada para Martes 12 de Febrero de 2013.

Lo anterior en virtud de atender asuntos propios de su cargo.

De usted muy atentamente,

Fabio Molina Rojas Pilar Porras Zúñiga

Diputado Diputada

Jefe de Fracción Presidenta de la Comisión

Ileana Brenes Jiménez Jorge Rojas Segura

Diputada Diputado

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

11 de Febrero, 2013

JF-PLN-288-2013

Señor

Víctor Emilio Granados Calvo

Presidente

Asamblea Legislativa

Estimado señor Presidente:

Por este medio le solicito de la manera más atenta sustituir al señor Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez por el diputado Jorge Rojas Segura en la Comisión Extraordinaria de Hacendarios, convocada para hoy Lunes 11 de Febrero de 2013.

Lo anterior en virtud de atender asuntos propios de su cargo.

De usted muy atentamente,

Fabio Molina Rojas Alicia Fournier Vargas

Diputado Diputada

Jefe de Fracción Presidenta de la Comisión

Luis Fernando Mendoza Jiménez Jorge Rojas Segura

Diputado Diputado

Comisión Permanente Especial de Turismo

07 de febrero de 2013

DRGCC-318-2013

Señor

Víctor Emilio Granados Calvo

Presidente

Directorio Legislativo

Asunto: Sustitución de Diputada

Para que se sustituya en Sesión Extraordinaria del día martes 12 de febrero del 2013 de la Comisión Permanente Especial de Turismo, a la diputada Rita Chaves Casanova, por el diputado Martín Monestel Contreras.

Agradeciendo su compresión,

Rita Gabriela Chaves Casanova

Diputada

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Agnes Gómez Franceschi

Presidenta

Comisión Permanente Especial de Turismo

Martín Monestel Contreras

VºBº Jefe de Fracción

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

SEGUNDA PARTE

Pasamos a la segunda parte, una vez finalizada ya la lista de oradores y oradoras del día de hoy.

Discusión de proyectos de ley

Por lo tanto, pasamos a la discusión de proyectos de ley.

Segundos debates

Los expediente 18.368 y 17.671 se encuentran en consulta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Se encuentra en consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Expediente N.º 17.671, Tratado de libre comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur

Se encuentra en consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Primeros debates

Expediente N.º 17.527, Ley monitorio arrendaticio

Por lo tanto, pasamos a primeros debates, propiamente al expediente 17.527, Ley de monitorio arrendaticio.

Continuamos con el conocimiento de una moción vía artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para devolver el proyecto a la comisión dictaminadora con plazo.

Vamos a pedirle, entonces, a la señora segunda secretaria se sirva leer la moción que ha sido presentada a la mesa.

La segunda secretaria Xinia María Espinoza Espinoza:

Moción de orden vía artículo 154. Asamblea Legislativa, plenario legislativo, expediente número 17.527, Ley de monitorio arrendaticio. El diputado José María Villalta Flórez-Estrada hace la siguiente moción:

Moción vía artículo 154

Del diputado Villalta Flórez-Estrada:

Para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley Expediente Nº 17527 “Ley de Monitorio Arrendaticio” se reenvíe a la Comisión Dictaminadora para que ésta rinda un nuevo dictamen por un plazo de hasta un mes.

La segunda secretaria Xinia María Espinoza Espinoza:

Bien, señorías, la moción está suscrita por el diputado Villalta Flórez-Estrada, quien es el proponente y sería la única persona que podría hacer uso de la palabra para defenderla; por lo tanto, la mesa la tiene por suficientemente discutida.

Vamos a proceder a la votación.

Les ruego a compañeros y compañeras que estén en salones anexos, pasen al salón plenario a ocupar las curules para proceder a votar.

Les ruego ocupar curules, señorías.

Ruego ocupar curules, señoras y señores diputados.

Cerremos puertas.

Bien, señorías, hay cuarenta y cinco diputados y diputadas presentes en el salón plenario. La moción es para que de conformidad con el artículo 154 el proyecto de ley de monitorio arrendaticio se reenvíe a la comisión dictaminadora por el plazo de hasta un mes. Aquellos señores o señoras diputadas que estén de acuerdo con la moción, lo manifestarán poniéndose de pie o levantando la mano en caso de impedimento. Cuarenta y cinco señoras y señores diputados presentes; doce votos a favor, treinta y tres votos en contra. La moción ha sido rechazada.

Hay moción de revisión del diputado Góngora Fuentes que le vamos a pedir a la señora segunda secretaria se sirva leer.

Moción de revisión del expediente 17.527, del diputado Góngora Fuentes.

Moción de revisión

Del diputado Góngora Fuentes:

Para que se revise la votación recaída en la moción de reenvío a comisión.

En discusión la moción.

Diputado Góngora Fuentes. No va a hacer uso de la palabra.

Suficientemente discutida. Las puertas permanecen cerradas.

Hay cuarenta y cinco… cuarenta y cinco diputados…

Perdón, perdón, sí, disculpe, ¿para hablar en contra de la moción?

La diputada Muñoz Quesada para hablar en contra de la moción.

Hola…

Sí, abramos puertas, en virtud de esto.

Gracias, diputado presidente.

Voy hablar en contra de esta moción porque, bueno, para empezar, teníamos un acuerdo encaminado, conversado con las distintas fracciones, para mandar este expediente a comisión.

Entre otras razones porque, entonces, aquí venimos a caer en el tema de cómo manejamos los proyectos o cómo son convocados, porque resulta que nosotros tenemos un proyecto de monitorio arrendaticio que en sus extremos y su contenido está como parte integral del proyecto procesal civil, que es un proyecto bastante importante para el país que introduce la oralidad como un paso importantísimo y, por supuesto, en la línea de justicia pronta y cumplida en los juicios de esta naturaleza y otros más.

Hemos venido planteando que no tiene sentido apoyar un proyecto que va a significar erogación, creación de tribunales que, en otros casos, no han dado el resultado, porque no se construyeron ni en todo el país ni estamos atendiendo, por el fondo, esas necesidades.

Tenemos convocado, además, diputados y diputadas, por la presidenta doña Laura Chinchilla, el procesal civil, que creo que está en el lugar tercero o cuarto de la agenda, en el cuarto lugar, entonces, venimos acá a un tema no solo de economía procesal, de ser efectivos en el cumplimiento y elaboración de las leyes, en atender las solicitudes de los proyectos que se supone vienen, medianamente, consensuados una vez que el Ejecutivo los convoca, bueno, por lo menos eso debería ser el principio.

Sin embargo, en términos prácticos sabemos que eso no ocurre así y que algunas veces las convocatorias expresan más negociaciones bilaterales entre fracciones y el Primer Poder… y el Ejecutivo, que es más una negociación a lo interno de la Asamblea Legislativa o porque el proyecto responda realmente a los intereses país.

Hemos dicho que en el caso de la fracción del Partido Acción Ciudadana insistimos en que por un tema de oportunidad este proyecto no debería ser aprobado, porque, entonces, yo pregunto, ¿cuál es la intención de tener convocado, don Luis, el procesal civil, si este proyecto lo que significa fue que cogieron la parte del monitorio arrendaticio y lo extrajeron del procesal civil?

Personalmente envié desde, creo que diciembre, una carta respetuosa a la señora presidenta explicándole estos argumentos, que yo creo deberían ser de recibo, o sea, y yo quisiera que algunos de ustedes, diputados, y diputadas, que, seguramente, votaron la moción anterior, diay, me expliquen, o sea, ¿cuál es la lógica que estamos manejando acá en este plenario?

Hemos sido objeto, en las últimas semanas, de una campaña feroz en la que, prácticamente, se nos muestra, ante el país, como los responsables de todos los desaciertos del Gobierno de la República, de la ingobernabilidad, de la falta de democracia, aquí no se trabaja, somos vagos y vagas, recibimos el salario, prácticamente, de gratis, y no somos capaces, como Primer Poder de la República, de decirle a la señora presidenta, diay, que por un tema de lógica, de economía, incluso, de los recursos del Estado costarricenses, no es posible que se nos meta en este desacierto de tener un proyecto como el monitorio arrendaticio en los primeros lugares de la agenda, un proyecto mucho más amplio que nos permitiría salvar este tema.

Hasta donde yo entiendo, el procesal civil es un proyecto que está con muy buen ambiente, en el que hemos trabajado todos, que salió bien librado de la Comisión de Jurídicos, y resulta que ahora nos vamos a meter a votar este proyecto o lo van a querer votar y sacarlo, porque entiendo que el Partido Liberación Nacional va a apoyar, me imagino tienen un compromiso con los compañeros libertarios en este sentido, apoyarían el monitorio arrendaticio, aun y a costa de todas las advertencias que venimos haciendo.

Por supuesto que podríamos dar una discusión por el fondo, pero estamos hablando de que el proyecto, el monitorio, y el proyecto procesal civil introduce, como dije hace un rato, la oralidad, lo que va a permitir, en muchos sentidos, que los juicios o los desencuentros entre el que alquila y el dueño del inmueble puedan ser resueltos con una mayor rapidez.

Porque una de las cosas que acá más preocupa son esos juicios eternos que expone muchas veces al arrendante, a meses y meses en que no puede ni disponer ni del bien, ni disfrutar del alquiler porque hay abogados y abogadas que se han vuelto expertos, justamente, en evitar que se imparta justicia cuando hay un diferendo entre arrendantes y arrendadores por no pago o vencimiento del contrato, eso lo tenemos claro.

Así que yo quiero oponerme a esta moción de revisión y hacer una instancia respetuosa al sentido común, al sentido común y a un tema que tendrá que ver con recursos que empezarían a generarse o tendrían que invertirse para montar esos tribunales.

Alguien dice: Bueno, pero en pocas semanas o meses, no sé cuánto, podríamos estar votando el procesal civil y automáticamente le cae encima, pero entonces, diputados y diputadas, qué sentido tiene hacer este gasto innecesario de tiempo y de recursos y adelantar una reforma que quizás en el corto plazo no dé los resultados que se están buscando.

Yo quiero cederle la palabra a la compañera jefa de fracción, doña Yolanda Acuña.

Diputada Acuña Castro, en contra de la moción, señora diputada.

Gracias, señor presidente.

Nos toma con sorpresa hoy que todas las fracciones se pusieron de acuerdo para votar el proyecto.

Yo no creo que es aprovechando la ausencia del diputado Villalta, me parece que no debería ser esa la motivación, ¿por qué?, porque el jueves pasado y con don Fabio Molina, lo hemos hablado, la importancia de entrar, más bien, a ver el proyecto que ocupa el cuarto lugar, que es el procesal civil. Es un proyecto que viene integralmente a resolver dentro de otros temas este, el de monitorio arrendaticio.

A mí me parece que lo que queremos es dar leyes de calidad y poder integralmente ir…

Diputado Rodolfo Sotomayor Aguilar:

Disculpas, señora diputada, me pide la palabra, por el orden, el diputado Sotomayor Aguilar.

Nada más para aclararle a doña Yolanda que, al menos, esta fracción no se ha puesto de acuerdo en absolutamente nada ni mucho menos en el tema de monitorio arrendaticio, simplemente entendemos que es por dinámica legislativa que se está viendo, pero no hay acuerdo de absolutamente nada, al menos con la fracción de la Unidad.

Gracias, señoría.

Puede continuar, diputada Acuña Castro.

Agradecerle al diputado Sotomayor esa aclaración, muy sana, en relación a la transparencia que tenemos que tener aquí todos los jefes de fracción. Nos parece muy oportuna esa aclaración.

Les volví a insistir en la importancia de que pudiéramos más bien ver el Procesal Civil, y ver efectivamente la preocupación que tiene el Movimiento Libertario en relación a aquellos inquilinos que hoy día se abusan y no pagan el arrendamiento a tiempo, y que, efectivamente, como está la ley hoy día muchos viven a costillas, digamos, de estas personas que pagan impuestos, que hacen grandes sacrificios, que les dan mantenimiento a esos edificios y que, al final, no recogen el alquiler.

Yo creo que no podemos seguir legislando por algunos vivillos que, efectivamente, están haciendo de las suyas con esto. Pero, en este sentido, vuelvo a reiterar, que teníamos una expectativa de que se pudiera devolver el proyecto con una ciento cincuenta y cuatro, con un plazo determinado, y que pudiéramos efectivamente revisarlo.

Me parece que hay una voluntad efectivamente de buscar una solución a este problemática, pero como lo ha venido reiterando la diputada Muñoz, para qué aprobar este proyecto si tenemos a las puertas el otro proyecto.

Yo no sé por qué ustedes más bien no le apostamos… y aquí hay un compromiso de la jefatura y de la fracción del Partido Acción Ciudadana, de volver los ojos al proyecto Procesal Civil, y ahí de una vez por todas trabajar este tema, que efectivamente está siendo un problema para los dueños de… que hoy día muchos viven de esos alquileres.

Pero aquí también hay que señalar que, en algún momento, y lo digo a título personal, me preocupa que esto sea un desahucio express, como bien lo señala aquí el diputado Villalta, que la persona no tenga ningún mecanismo para poder defenderse, y que ya con los chunches en la acera y con todo el procedimiento después tenga que defenderse.

A mí me parece que aquí también deberíamos de ver que no se den esos abusos, ¿verdad?, porque hay gente que, efectivamente, hoy tiene una situación muy, muy difícil, tiene niños inclusive, crea familia y vive, porque en este país no se han creado las condiciones para que todos tengan su casa, y muchos, son muchísimos, y principalmente profesionales que hoy están apenas abriéndose en un mercado laboral, que tienen familia pequeña, tienen un montón de gastos, que hoy son los que muchos de esos recursos que reciben los están dando para poder pagar los alquileres de esos apartamentos o de esas casas.

Yo creo que aquí lo que tenemos es que ir legislando de manera integral, no puede ser que cada vez seamos reactivos, y, entonces, eso inclusive da mayor complejidad al manejo y a la operacionalización de las leyes.

Como bien lo ha señalado la diputada Bejarano, aquí tenemos cantidad de leyes, son muchísimas leyes que, inclusive, hoy día unas caen sobre otras. No podemos seguir trabajando en esta línea, más bien deberíamos de ir clarificando, teniendo una mayor, digamos, claridad sobre las leyes que este país necesita, y una de estas ya está incluida en este otro proyecto que hay voluntad de aprobar.

Yo no sé si es que alguno no quiere el Procesal Civil; si es así, que lo diga, pero nosotros vamos sobre ese proyecto, lo queremos aprobar, y ahí se resuelve el problema que hoy al Movimiento Libertario le está preocupando.

Entonces, a mí me parece, señor presidente, que usted debería provocar más bien una negociación en ese sentido, porque don Fabio Molina, la semana pasada, encontraba lógico la propuesta que hacíamos algunos: para qué vamos a aprobar ese proyecto y esta ley de manera descontextualizada, más bien tratemos efectivamente de encontrar un acuerdo sobre este proyecto que está convocado, que está hoy en el cuarto lugar y que podemos, de manera inmediata, empezar a discutirlo y a votarlo.

Esa es la gran preocupación que tiene el Partido Acción Ciudadana, y por eso seguimos insistiendo en que podamos hacer eso. Inclusive, en algún momento, se hablaba de la ciento cincuenta y cuatro con plazo, y, bueno, será que aquí a algunos nos dan cajita blanca, como dicen, porque uno cree efectivamente que sobre esa línea va el análisis y la discusión, pero de un momento a otro usted ve una situación de estas, y ya lo aclaró el señor Sotomayor, no se ha ¾digamos¾ conversado con las fracciones, específicamente con el Partido Acción Ciudadana en este caso, y nosotros seguimos con la misma posición: volvamos los ojos al proyecto que hoy se encuentra ya para discusión, que resuelve este problema y que, inclusive, además de eso, permite una serie de mecanismos mucho más expeditos, para poder resolver los problemas que hoy tienen llenos los tribunales, que es la oralidad, que los juicios sean orales, que podamos salir más rápido de esto, porque también los ciudadanos tienen que pagar sus abogados, se hacen eternos, no solo tienen problemas, sino al final tienen que pagar y sacar de su bolsillo plata para defenderse.

Yo creo que yo estamos más bien por aligerar estos procedimientos pero con la debida defensa, que el ciudadano sienta efectivamente que se le están dando los espacios y los tiempos para la debida defensa, y que también la otra contraparte sienta que sus derechos no están siendo violentados.

En ese sentido, señor presidente, seguimos insistiendo en que podamos encontrar un acuerdo de jefes de fracción y entrarle, de manera inmediata, al proyecto procesal, para, diay, resolver de una vez por todas este problema.

No sé cuánto tiempo me resta dentro de lo… segundos. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente.

Bien, señorías.

¿Suficientemente discutida? Vamos a proceder a votar la moción de revisión.

Les ruego a compañeros y compañeras que están en salones anexos pasar al salón plenario para votar la moción de revisión, que recayó sobre la votación de la moción vía artículo ciento cincuenta y cuatro.

¿Nadie más en el anexo?

Cerremos puertas.

Hay cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes en el salón plenario. Aquellos que estén a favor de que se revise la votación que… la votación que recayó en la moción de reenvío a la Comisión del expediente 17.527, lo manifestarán poniéndose de pie o levantando la mano en caso de impedimento. Cuarenta y cuatro señoras y señores diputados presentes, doce votos a favor, treinta y dos votos en contra. La moción ha sido rechazada.

Diputada Acuña Castro, por el orden.

Por el orden, señor presidente.

Le pedimos hasta un receso de cinco minutos para la fracción del Partido Acción Ciudadana.

Mejor dos, señora diputada, hasta dos minutos.

Hasta dos minutos.