ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Discusión y aprobación del acta N.º 70

PRIMERA PARTE

Buenas tardes, señoras y señores diputados, al ser las catorce y cincuenta y ocho minutos, con cuarenta diputados presentes…, cuarenta y dos diputados presentes en el salón de sesiones, damos inicio a la sesión ordinaria número 71 de hoy 24 de setiembre del año 2013.

En discusión y aprobación el acta ordinaria número 70.

El diputado Villalta Flórez-Estrada, por el acta, señor diputado.

Gracias señor presidente.

Ayer tuve que ausentarme al final de la sesión y, pues, revisando el acta veo que aquí uno tiene que estar pendiente siempre, porque si uno se descuida corre el riesgo de que le entierren un proyecto de interés y de que encima se diga que uno lo pidió.

Quiero aclarar, refiriéndome a las declaraciones de algunas estimadas diputadas, concretamente la diputada Villalobos Argüello, el día de ayer, que cuando me iba a retirar yo conversé con ella y le comenté que si se llegaba a ver el proyecto de imprescriptibilidad talvez lo mejor sería posponerlo para no entrar a conocerlo en esa sesión y dar tiempo a ver si se podía negociar alguna moción que mejore el proyecto.

Pero quiero aclarar que nunca solicité ni estuve de acuerdo con que el proyecto se devolviera a comisión, porque aquí sabemos todos, ya con tanto tiempo de experiencia, que devolver un proyecto a comisión, a veces con plazo y a veces sin plazo, es una forma de enterrarlo. Y el proyecto de imprescriptibilidad de las deudas por los seguros sociales es demasiado importante para que lo enterremos.

Es el primer proyecto que dictaminó la comisión especial para solucionar la crisis de la Caja; fue dictaminado por unanimidad; cuenta con el visto bueno de las autoridades de la Caja, de la propia doña Ileana Balmaceda, de la ministra de Trabajo y es necesario para fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores que llegan a una vida adulta, que tienen la edad para pensionarse, pero no tienen una pensión digna porque algunos irresponsables, años o décadas atrás, no pagaron las cuotas de la seguridad social.

Hay más de doscientos cincuenta mil millones que se le deben a la Caja solo de morosidad patronal; ni hablar de la deuda del Estado. Y creo que ese proyecto debería discutirse aquí en el plenario. Si hay alguna modificación que hacerle dispensémosle de todos los trámites para que se conozca y se discuta aquí en el plenario, y si hay fracciones que lo quieran votar en contra que asuman su responsabilidad ante el país y que no le den un entierro de lujo como sería devolverlo a comisión.

Creo que puede haber ahí un mal entendido, pero hago la aclaración. Nunca vamos a estar de acuerdo con que a este proyecto tan importante le den ese entierro devolviéndolo a comisión. Repito, si hay ánimo para negociar una moción de consenso que se vea aquí en el plenario, pues, pongámoslo; eso fue lo que yo planteé el día de ayer, pero jamás devolverlo o enterrarlo porque con eso le haríamos un gran daño a la seguridad social del país.

Cuando todos los candidatos presidenciales han planteado que una de sus prioridades será fortalecer a la Caja. ¿Y cómo se fortalece a la Caja?, bueno, entre otras formas garantizándole mejores mecanismos para cobrar las cuotas obrero-patronales y aumentar sus ingresos.

Gracias, señor presidente.

Diputada Siany Villalobos Argüello:

Con mucho gusto, señor diputado.

Bueno, hemos abierto esta discusión, porque efectivamente ayer a la hora de hacer el trámite de esta moción, pues, efectivamente, se mencionó el nombre del diputado Villalta. Pero la diputada Villalobos Argüello también por el acta, señora diputada.

Muchas gracias, señor presidente, señores diputados y diputadas.

Y aquí de frente con don José María, me encanta que estemos para hacer la aclaración del acta.

Sostengo totalmente las palabras que dijo don José María. Me buscó para que si llegábamos al tema lo pospusiéramos y que él estaba preparando un texto para ver si es posible que lo pudiéramos ver.

En su ausencia, lo llamé para pedirle esa autorización, me la dio y posteriormente también lo llamé en frente de la diputada Yolanda Acuña.

Solamente para que quede claro que sí me buscó y él lo acaba de decir, que también me planteó que tenía un texto para que lo pudiéramos arreglar y me parece que lo más noble y lo más claro es el hacerlo en un 177 dentro de plenario legislativo, así que no hay ningún problema de mi parte.

Muchas gracias, José María.

Diputada Carmen María Muñoz Quesada:

Con mucho gusto, señora diputada.

No hay más solicitudes para hablar por el acta; por lo tanto, la damos por discutida y aprobada.

El día de ayer, señoras y señores diputados, se presentaron dos mociones de apelación sobre una resolución que dictó la Presidencia de la Asamblea Legislativa: una firmada por el diputado Mendoza García y otra firmada por tres diputados entre ellos el diputado Villalta Flórez-Estrada, las cuales vamos a darle trámite de inmediato.

Pero antes, ha solicitado la palabra por el orden la diputada Muñoz Quesada.

Gracias, presidente.

Sé que está pendiente la apelación a su resolución del día de ayer; sin embargo, con todo respeto yo quisiera defender el espacio de control político y hacerle la excitativa a usted para que podamos atender ese espacio y acto seguido, pues, seguir con los temas de interés de este Plenario legislativo.

Muchas gracias.

Diputada Carmen María Muñoz Quesada:

Sí, señora diputada, las dos cosas se van a hacer, tanto el control político como la apelación. No hay problema en ese sentido, la Presidencia ha dispuesto que las dos cosas en esta hora hay suficiente tiempo para resolver los dos temas.

Sí quisiera darle trámite de inmediato a la apelación y posteriormente estaríamos ocupando el control político tal y como se establece.

Vamos a solicitarle a la señora secretaria darle lectura a la moción de apelación, a la primera que fue presentada.

Por el orden, la diputada Muñoz Quesada.

Gracias, presidente.

Tengo el temor de que la discusión alrededor del tema de la apelación pueda gastarnos toda la hora dispuesta para la primera parte, en la cual ha de hacerse el control político.

Yo quisiera insistir en que este espacio de control político pueda ser defendido. En todo caso, diputado presidente, si no ampliar el plazo, el tiempo de la primera parte para que el control político pueda ser utilizado por los diputados y diputadas.

Muchas gracias.

Diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes:

Con mucho gusto, señora diputada.

No se preocupe, no se preocupe. Efectivamente el diputado proponente tiene solamente media hora para realizar su apelación. La Presidencia no va a hacer uso de la media que también le corresponde; por lo tanto, estimamos que en unos veinticinco, treinta minutos tenemos resuelto el tema.

Diputado Góngora Fuentes, tiene la palabra por el orden.

Presidente, yo quería hacer una instancia también en que pasáramos al control político y después pudiésemos ver el tema de la apelación, en virtud de que se ha venido los últimos días corriendo la participación del control político y en mi caso particular posiblemente el día de mañana y el jueves, por una actividad internacional que representa esta Asamblea, no voy a estar.

No quisiera que entonces lo que tengo preparado para hoy pueda perderse el espacio. Yo le rogaría, entonces, que tomasen en consideración entremos al control político, eso es más sencillo, y después vemos la apelación.

Gracias, presidente.

La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:

Con mucho gusto, señor diputado.

Va a haber suficiente tiempo diputado Góngora, de todos modos si no ampliamos como ha sido costumbre, si no alcanza la primera hora, se extiende en el control político, así que va a haber tiempo para las dos cosas, reitero.

El diputado proponente, por el artículo 156, tiene treinta minutos para analizar la apelación y esta Presidencia no ocupará más de dos minutos para realizar las intervenciones; por lo tanto, va a haber suficiente tiempo y creo que va a quedar todavía tiempo de la hora que tenemos para el día de hoy.

Vamos a solicitarle a la señora secretaria darle lectura a la moción de apelación presentada. Reitero, hay dos mociones: una presentada por el diputado Mendoza García, que fue la primera, a la cual le vamos a dar trámite en primera instancia.

Moción de apelación

Del diputado Mendoza García:

Apelo la moción de la Presidencia, sobre el trámite de proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, recién leída por la Presidencia.

En discusión la moción.

Tiene la palabra el diputado Mendoza García, por hasta treinta minutos, diputado Mendoza García.

Gracias, señor presidente, diputados, diputadas, personas que nos acompañan en la barra de público. Bueno, hoy especialmente los exferrocarrileros.

Lo que estamos discutiendo el día de hoy tiene que ver con los vetos, tiene que ver con cómo se vetan las leyes que son aprobadas por esta Asamblea Legislativa, cómo llegan a Casa Presidencial y las vetan, y cómo cuando regresan acá a la Asamblea Legislativa las quieren mandar allá al último lugar de importancia y no darle la importancia que en esta Asamblea Legislativa tiene.

Las leyes que son decretadas por esta Asamblea Legislativa y son vetadas —poder que tiene el Poder Ejecutivo, nadie lo está negando—, pueden hacerlo, pero también tienen la posibilidad de ser reselladas por esta Asamblea Legislativa si existe la voluntad política para ello. Si existe la voluntad política, pueden ser reselladas.

¿Y qué es lo que estamos viendo con la resolución que emite el día de ayer el presidente de la Asamblea Legislativa?, pues que nos están amarrando las manos, que están imposibilitando que este Plenario realmente llegue a conocer algún día y pueda resellar una ley de la República.

Lo primero que tengo que decir es que la resolución emitida ni siquiera es una resolución; una resolución tiene por finalidad resolver una laguna, una ambigüedad en la aplicación de las normas, en este caso del Reglamento legislativo.

Esta supuesta resolución no aclara ni resuelve absolutamente nada; hace largas consideraciones para finalmente decir que no puede resolver nada y que todo debe aplicarse tal cual. Pues, para decir eso no hace falta una resolución.

Lo que ha expresado la Presidencia es que no puede resolver nada, entonces, una resolución que no resuelve, pues no es más que una paradoja.

Cabe lugar también una crítica a la misma forma en que está construida la resolución, pues parte de una premisa falsa, que el constituyente desechó la idea de darles preeminencia a los proyectos vetados cuando de una lectura cuidadosa se nota que en realidad el constituyente nunca consideró tal tema, mayor razón para resolver.

Por demás está decir que el método hermenéutico empleado, el de la interpretación histórica y del espíritu del legislador es uno, entre tantos métodos de interpretación jurídica, pero sí constatamos que además parte de una falsa premisa; esta argumentación cae por completo.

Por otra parte, y para rematar, llama la atención cómo esta resolución, que no resuelve, obvia completamente el criterio de Servicios Técnicos que en una nota, la COM-081-2013 del 3 de setiembre del 2013, le envió al diputado presidente Luis Fernando Mendoza y le dice: diputado presidente… Esta resolución de Servicios Técnicos le da sobradas argumentaciones más bien para resolver en el sentido completamente contrario al que usted hizo ayer, porque con resoluciones como las que emitió el presidente el día de ayer nunca se va a conocer el proyecto, nunca va a poder este Plenario resellar y por eso es necesario que el día de hoy, diputados de todas las fracciones, votemos a favor esta apelación y, más bien, construyamos un criterio nuevo.

Démosle el lugar que la Asamblea Legislativa se merece, démosle el espacio al Poder Legislativo de poder conocer los proyectos de ley, de poder resellar una ley de la República.

Y veamos algunos de los argumentos que da Servicios Técnicos en este oficio que le envía al presidente de la Asamblea Legislativa. Primero, sobre el lugar en que debe ser conocido el veto en el orden del día en el plenario. Con pie en lo recién comentado —y estoy citando acá a Servicios Técnicos— y antes de concluir, permítasele a esta asesoría referirse a un tema conexo con el consultado, objeto de discusión el día de ayer en el plenario, cual es el lugar del orden del día del Plenario en que este asunto debería ser conocido, sobre lo que ya se ha adelantado algo.

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, parece evidente que el caso bajo examen se trata de la discusión de un proyecto de ley a ser tramitada en el punto cinco del orden del día; esto por cuanto su aprobación tendría como resultado la emisión de una ley en caso de darse un resello o de recibir la sanción del Poder Ejecutivo, el cual no podría negársela si la Asamblea Legislativa hubiese adoptado las modificaciones que aquel hubiera propuesto.

No obstante lo anterior, el estado del procedimiento en cuestión no concuerda con ninguno de los subincisos establecidos en el apartado cinco, al no referirse a primeros, segundos o terceros debates, regulados en los artículos 124, 168 y 195 inciso 7) de la Constitución Política, sino de una etapa posterior y eventual de los procedimientos, cual es el trámite del veto, regulado a nivel parlamentario… a nivel constitucional, más bien, en los artículos 127 y 128 de la Constitución Política.

En este sentido, si bien el asunto tendría que conocerse en el punto cinco del orden del día, su tramitación no se debería hacer dentro de ninguno de sus subincisos, sino antes. Y aquí vienen las razones de dónde hay que ubicar el nivel de prioridad que se le tiene que dar a este al conocer un proyecto, una ley que haya sido vetada: A) Porque al cumplir la naturaleza de lo tratado con el género del punto cinco, pero no con ninguno de sus subgéneros, sería necesario conocerlo en esa parte del orden del día, pero por fuera de los subincisos establecidos.

B) Porque parece evidente que la lógica detrás de la norma es darle prioridad a los asuntos que hayan avanzado más en los procedimientos, por eso es que se ordenan en las leyes normales, primero los segundos debates, después los primeros debates, o en las reformas constitucionales, terceros debates. Esa es la lógica de la que se parte; por eso es bueno y eso lo desarrolla el informe en cuestión, porque así se dispone el punto C), porque así se dispone en la propia letra de la normativa aplicable.

En efecto, por un lado, el párrafo segundo del artículo 182 del Reglamento establece que en caso de proponerse resello el asunto sea discutido en una sola sesión.

Por otra parte, el párrafo penúltimo del artículo 35 del Reglamento indica que los asuntos que por disposición constitucional o reglamentaria deban ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en un lugar de preferencia dentro del punto del orden del día correspondiente hasta su tramitación final.

En otras palabras, al existir la eventualidad de que se proponga un resello, el cual debe ser tramitado en el plazo reglamentario, el asunto debe estar tramitado en un lugar de preferencia dentro del orden del día, sea en el punto cinco antes que el resto de los asuntos, antes de los otros asuntos.

Esa es la interpretación, que en este caso me parece acertada que hace Servicios Técnicos en ese informe, presidente, que usted no sé si no se lo pasaron, no sé si no lo considero. O si lo consideró, me interesaría mucho escuchar cómo difieren sus posturas de estas, cuál es su interpretación, porque de la resolución, que no es resolución que usted emitió, simplemente no se puede colegir semejante propuesta.

Punto D), porque aunque se está ante la discusión de un proyecto de ley, el trámite de discusión por debates ya ha precluido. Además, no todas las posibles soluciones de un veto suponen varios debates, sino que el artículo 182 del Reglamento solo los exige cuando se pretendan incorporar los cambios sugeridos por el Poder Ejecutivo, pero en todo caso serían sustancialmente distintos a los determinados en el artículo 124 de la Constitución Política.

Y es así como concluye el Departamento de Servicios Técnicos: A) Que el órgano parlamentario, el órgano parlamentario competente para tramitar un veto puesto por el Poder Ejecutivo, en los casos de dispensa de requisito de informe, previo de comisión, es el Plenario.

B) Que el lugar del orden del día de la sesión plena en que este asunto debería ser conocido es el regulado en el inciso 5) del artículo 35 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de previo a los terceros debates; o sea, con la máxima prioridad que tiene una discusión de un proyecto de ley en el orden del día establecido en este Plenario legislativo.

Y nos preguntábamos, entonces, presidente, ¿por qué opta usted por ignorar este dictamen sin explicar razones para desecharlo?, ¿por qué echando mano a ese dudoso razonamiento en el que prefiere declararse incapacitado de interpretar y resolver genera dudas con esa cuasirresolución o pseudorresolución?

Me parece que esta resolución simplemente, diputados y diputadas, no debe ser de recibo por este Plenario legislativo. Es necesario que se acoja esta apelación, pues, deja en un muy mal predicamento no solo la posibilidad de resolver, al no resolver, sino que además y sobre todo afecta las futuras potestades interpretativas e integradoras del Reglamento legislativo, amarrándose de manos no solo usted, señor presidente, sino las futuras presidencias de la Asamblea Legislativa.

En resumen, y esto es lo que decía el Departamento de Servicios Técnicos.

Señor presidente, quiero indicarle que el principal error de su razonamiento es que creer que un proyecto de ley votado en primer y segundo debate y que constituye un acto legislativo firme, en término del párrafo primero del artículo 124 de la Constitución Política, es igual a una iniciativa que está en el orden del día y que apenas está dictaminado.

Estamos equiparando aquí papas con chayotes; eso no puede ser así, son totalmente distintos. Una cosa es un proyecto que ya fue votado en segundo debate y que vuelve con un veto, y otra cosa muy distinta es un proyecto de ley que está iniciando su trámite.

En su objeto y hay que diferenciar acá lo que es el objeto y la finalidad de cada uno de los actos. En su objeto dado, que mientras en un proyecto de ley los señores y señoras diputadas estamos resolviendo sobre la conveniencia y el fondo de una determinada iniciativa, en el veto, estamos conociendo una iniciativa ya votada en primero y segundo debate; se trata de un decreto legislativo en todo su sentido formal y en todo su fondo, pero que por razones de conveniencia o constitucionalidad no fue sancionado por el Poder Ejecutivo.

En su finalidad, porque mientras en la primera, un proyecto de ley, la finalidad es votar a favor o en contra de un proyecto para crear una norma de rango de ley, en el veto se busca resolver las objeciones presentadas por el Poder Ejecutivo.

En este sentido, el artículo 182 del Reglamento de la Asamblea es claro: la comisión no tiene que volver a dictaminar el proyecto, no lo puede volver a hacer porque esto ya se llevó a cabo, es una etapa que ha precluido en el proceso parlamentario.

Lo que tiene que hacer la comisión es brindar un informe, una recomendación al Plenario de la Asamblea Legislativa para que determine y se pronuncie si está a favor o en contra del veto.

Señor presidente, realmente, me estoy tratando de dirigir a usted, que es el que debería conocer esta apelación. Presidente, me trato de dirigir a usted al conocer la apelación, pero creo que no es posible.

Señor diputado, precisamente, el diputado Villalta Flórez-Estrada está hablando sobre el tema de la apelación, porque él también tiene otra moción de apelación.

Y quiero adelantarle, diputado Mendoza, con respecto al uso de la palabra. Esta Presidencia… vamos a detenerle el tiempo para no ocupar el tiempo suyo, diputado Mendoza García. Esta Presidencia había tomado la decisión de que una vez que están las mociones presentadas y en discusión no iba a permitir agregar firmas a las mociones, tal y como precisamente no se le permitió al diputado Céspedes Salazar en algún momento, igualmente estamos procediendo de esta manera.

Sin embargo, en esta situación especial, diputado Mendoza García, hay dos apelaciones, y por esta apelación, tiene la palabra usted, diputado Mendoza García. Sin embargo, hay otra apelación en las mismas circunstancias; por lo tanto, se le va a permitir el uso de la palabra a los diputados firmantes de las dos apelaciones que están en este momento.

La otra apelación la firma el diputado Villalta Flórez-Estrada también, que me indica que quiere hacer uso de la palabra.

Por lo tanto, usted ha ocupado quince minutos del tiempo que el artículo 156 del Reglamento establece. Si usted quisiera, pues, compartir con el diputado Villalta que es firmante, reitero, de la otra moción de apelación, con mucho gusto estaría en la disposición de ofrecerles el uso de la palabra a los diputados firmantes de las mociones.

Sin duda, en este caso incorpora usted un elemento de flexibilidad, de cortesía parlamentaria, que mientras no me reduzca mi período, pero que igual estoy por concluir, me parece importante escuchar los argumentos de los otros diputados que quieran intervenir en este tema.

Pero voy entonces a ir finalizando.

Solamente para aclararte, diputado Mendoza García, que son treinta minutos nada más. Si se quiere compartir el tiempo con el diputado Villalta es dentro de los treinta minutos que compete o que corresponde por el artículo 156.

Señor presidente, usted no puede ubicar un decreto legislativo en el apartado de los primeros debates como si se tratara de un proyecto de ley dictaminado o dispensado de trámite.

Diputados y diputadas, diputados oficialistas, mañana no serán oficialistas. Estamos hablando del poder de esta Asamblea Legislativa de generar un resello, estamos hablando de la posibilidad de que quienes tenemos temporalmente una delegación, una representación del pueblo podamos emitir las leyes.

Este es un tema que no se queda hoy, no se acaba en setiembre del 2013; es un tema institucional, es un tema que le tenemos que prestar atención, es darle lugar a este Parlamento en esta materia.

Por favor, y les pido que pongan atención para que después no se sienten o se pongan de pie según los mandatan las líneas de fracción, sino que piensen lo que esto implica en función del derecho parlamentario y lo que implica en función de la Constitución Política y la formulación de las leyes.

Yo creo que aquí se tiene que quedar muy claro pues que los segundos debates tienen prioridad sin distinción sobre los primeros debates, igual los terceros sobre los segundos; igual lo vemos con las lecturas de las reformas constitucionales.

Sobre este sentido y con base en esta inteligencia, usted, señor presidente, debe interpretar que los informes que emita la comisión conforme al artículo 182 del Reglamento de la Asamblea Legislativa deben ser conocidos dentro del punto quinto, discusión de proyectos de ley, antes de los terceros, segundos y primeros debates. Con esa priorización, es que este Plenario legislativo debe conocerlos.

En este caso, entendemos que esa resolución, presidente, busca favorecer tesis partidarias o la tesis de un gobierno, pero no se está defendiendo a esta Asamblea Legislativa, lo que representa la Asamblea Legislativa como representación del pueblo, y eso nos toca defenderlo a los cincuenta y siete diputados, nos toca defenderlo en este momento y con esta apelación.

Hoy estamos hablando de un caso. Nos dicen los señores de las barras: Hagan honor a la palabra y demuestren que es un gobierno de justicia y de palabra, bueno, hagámosle, aquí está el pueblo también haciéndose presente y reivindicando esa representación, esa posibilidad de que se concreten las reformas que esta Asamblea Legislativa ya acordó, y con la prioridad que la Constitución Política y el Reglamento legislativo facultan.

Gracias, señor presidente.

Con mucho gusto, señor diputado.

Le restan once minutos, diputado Villalta, usted como firmante de la moción, para referirse a ella.

Gracias, señor presidente.

Gracias al diputado Mendoza por su cortesía, igualmente al diputado Céspedes que es firmante de la apelación y también me ha cedido su tiempo.

Un saludo para los extrabajadores del ferrocarril que siguen, que nos acompañan el día de hoy en las barras y que siguen en ese peregrinaje en búsqueda de justicia, que esperamos que pronto termine.

Señor presidente, usted ayer me leyó una resolución que realmente decepcionó a casi todas las fracciones, salvo, talvez, a la fracción oficialista. O no sé si alguna otra estará satisfecha, pero a la mayoría de las fracciones decepcionó, porque usted había anunciado que finalmente iba a aprovechar esta oportunidad para ordenar el procedimiento de discusión de los vetos en este Plenario legislativo.

Y realmente no ordenó nada. La resolución suya lo que hace es plantear que todo siga igual, apelando a una supuesta costumbre parlamentaria que no genera derecho cuando es contraria a los principios constitucionales, a la lógica, a la norma de la propia Carta Fundamental.

Usted nos dijo ayer que todo siguiera igual, porque varios presidentes legislativos han cometido los mismos errores de permitir que el veto se use para enterrar definitivamente los proyectos, y los errores de otros presidentes legislativos no justifican los suyos, señor presidente.

Por otra parte, su resolución es omisa, porque aquí se le pidió en varias ocasiones que se ordenara el procedimiento para el trámite de los vetos, no solo en el lugar que iban a ocupar en el Plenario los dictámenes sobre proyectos vetados, sino también sobre aspectos como las modificaciones que se le podían hacer a esos proyectos: si se podían devolver a comisión o no, si se les podía hacer modificaciones o presentar mociones sobre temas no relacionados con el veto, o en general si se podía abrir otra vez un procedimiento, o nada más como tiene que ser circunscribir el trámite a la discusión del informe sobre el trámite del veto, ya sea para acogerlo o bien para rechazarlo resellando la ley.

Y esos temas que se le habían pedido aclarar brillan por su ausencia en su resolución, señor presidente.

En la parte a la que sí se refirió, al lugar que deben ocupar los proyectos en el Plenario, la conclusión es que usted decidió no hacer nada, decidió que todo siga igual. Aunque reconoce en su resolución que hay grandes vacíos en nuestro Reglamento, decidió que esos vacíos sigan operando. Efectivamente, es una resolución que responde a los intereses del Poder Ejecutivo que al haber vetado leyes busca quitarse de encima esas leyes.

Pero vea que aquí se está haciendo un uso abusivo del mecanismo del veto, porque en buena teoría el mecanismo del veto debe servir bien para que se pueda consultar en la Sala Constitucional al surgir un conflicto entre poderes, cuando el Poder Ejecutivo interpreta que una ley es inconstitucional y la Asamblea no lo considera así que se pueda consultar en la Sala Constitucional, o bien, cuando surgen objeciones por el fondo, por conveniencia, en relación con una ley, un proyecto de ley definitivamente aprobado, el objetivo del veto es que esas observaciones del Poder Ejecutivo puedan ser analizadas por la Asamblea Legislativa para ver si se mantiene el decreto legislativo ya aprobado o si se introducen algunas modificaciones, acogiendo estrictamente lo pedido oportunamente por el Poder Ejecutivo.

El veto no es un mecanismo para enterrar leyes y aquí la única mayoría calificada que se exige en el trámite del veto son los treinta y ocho votos para el resello, pero ustedes con esa interpretación están buscando meter una doble mayoría calificada, mayoría calificada para poder volver a conocer el proyecto vetado y mayoría calificada para resellar, y eso no se vale.

La Asamblea Legislativa podría acoger las observaciones del Poder Ejecutivo y votar nuevamente la ley en un primero y segundo debate que no es abrir otra vez el trámite legislativo; es un debate únicamente sobre los temas objetados por el Poder Ejecutivo.

Y bien, o bien la Asamblea Legislativa podría resellar la ley aplicando un procedimiento que está en la Constitución y el artículo 182 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde sí se establece un plazo.

Dice ese artículo: Que el trámite de los informes sobre proyectos vetados cuando esos informes recomienden el resello, se deberá discutir en el plazo de una sesión, de una única sesión.

Ese artículo no define, no define cuándo es esa sesión, ahí está la laguna, pero claramente se establece un plazo. Hay un espíritu en el Reglamento que no se puede soslayar, lo que se busca es que la discusión de los resellos no pueda ser dilatada, no sea interminable; se establece un plazo de una única sesión.

Y usted en su resolución ignora esa norma e ignora la relación de ese artículo con el artículo 35, penúltimo párrafo, que claramente dice que cuando por disposición constitucional o reglamentaria se estuviera ante proyectos que deben ser conocidos en un plazo determinado, se incluirán en el punto del orden de la sesión correspondiente en un lugar de preferencia. Ese lugar de preferencia es lo que estamos reclamando aquí.

Si el Poder Ejecutivo quiere enterrar una ley que instruya a sus diputados para que no apoyen un dictamen en comisión y para que no apoyen un resello de Plenario, si el Poder Ejecutivo quiere enterrar una ley el mecanismo para hacerlo es no votar el resello, pero aquí quieren buscar otro mecanismo que es impedir que los proyectos vetados puedan volver a conocerse nunca, enviándolos al fondo, al sótano del archivo. Eso es lo que busca su resolución y eso no se vale, porque eso constituye un uso abusivo, excesivo y desproporcionado de las normas reglamentarias.

Al menos en el caso en el cual hay un dictamen que recomienda el resello está la norma reglamentaria expresa del artículo 35, que dice que ese dictamen tiene que tener un trámite de preferencia. Y su resolución ignora, ignora por completo esa norma reglamentaria e ignora la lógica del trámite de las leyes a través del cual está diseñado todo el Reglamento, claramente siguiendo la lógica del artículo 124 de la Constitución que ordena la discusión legislativa, en primer debate y segundo debate.

El Reglamento establece que los proyectos de ley que tienen mayor avance en su trámite legislativo se deben ubicar de primeros, por eso los segundos debates tienen prioridad reglamentaria sobre los primeros debates.

¿Y cuál es el lugar que debe tener un dictamen sobre una ley vetada?, Independientemente de lo que diga el dictamen, señor presidente, este Plenario es soberano para resellar la ley. El Plenario puede resellar la ley y en ese caso ese decreto legislativo se convierte en ley de la República sin necesidad de mayor trámite y debe ser publicado inmediatamente.

Por eso, una ley vetada no está otra vez en primer debate, como usted interpreta en su resolución. Una ley vetada no ha vuelto al primer debate cuando recién un proyecto es dictaminado en comisión antes de ser aprobada en este Plenario, porque una ley vetada puede ser resellada, puede ser resellada y convertida en ley automáticamente, y aunque no sea resellada el debate que aquí podemos tener es únicamente sobre las objeciones del veto.

No se ha abierto un nuevo debate, no le puede usted dar el mismo tratamiento a un proyecto que ya fue votado en primer y segundo debate por el Plenario legislativo, no le puede dar el mismo tratamiento que el que se le da a un proyecto que está empezando su discusión en el Plenario y que apenas tiene un dictamen en comisión y que nunca, nunca ha sido votado por el Plenario.

Aquí se trata de proteger la formación de la voluntad legislativa, que es un principio esencial del Parlamento. Cuando aquí se ha formado una voluntad legislativa en el Primer Poder de la República por la concurrencia de voluntades de diputados que representan al pueblo, según el artículo 105 de la Carta Magna, representantes del pueblo que votan una ley, no se vale usar interpretaciones para desconocer esa voluntad legislativa más allá del veto.

El veto obliga a revisar una ley votada, formando esa voluntad legislativa, pero no se vale que antes de votar el resello o no resello de la ley, usted utilice maniobras reglamentarias para impedir que esa voluntad legislativa pueda plasmarse en ley de la República manteniendo los proyectos durmiendo el sueño de los justos en la agenda legislativa y después en el archivo.

Eso es lo que hace su resolución, señor presidente, aunque no me está poniendo atención, eso es lo que hace su resolución. Sustituye el debate legislativo y la votación democrática que tendría que darse al resellar o no una ley; lo sustituye para mandar los proyectos al congelador, para no resolver, para no tener que darle la cara a esta gente que está esperando aquí en las barras de la Asamblea Legislativa, para no tener que decir: sí o no queremos resellar la ley, para poder tener el proyecto dormido, congelado.

Eso es lo que se busca en esta resolución: no tener que resolver, no tener que dar la cara, poderle decir a esta gente que toca las puertas en sus oficinas: Sí les vamos a ayudar, un día de estos les ayudamos, y no votan el proyecto por el fondo y así pueden someterlos a engaño como otros proyectos de ley que han sido vetados, que no se discuten en este Plenario.

Como la reforma procesal laboral y el proyecto de los artesanos de la calle 13 bis, que les dicen: Sí, si votan por nuestro partido les vamos a ayudar y ahí está su proyecto haciendo fila…

Gracias, gracias…

…, a pesar de que se recomienda el resello, por eso…

…, gracias, señor diputado.

… pedimos a todas las fracciones legislativas que aprueben esta apelación para corregir esa resolución que no resuelve los problemas y más bien los agrava.

Gracias, señor presidente.

Con mucho gusto, señor diputado.

Ha concluido el tiempo que establece el artículo 156 sobre el tiempo que tienen los proponentes para la apelación.

Quisiera profundizar sobre la resolución que dictó la Presidencia el día de ayer con respecto al trámite de los vetos.

Antes que todo, debemos tener claro que el veto tiene su fundamento en los artículos 126, 127 y 128 de la Carta Fundamental. Como señalé en la resolución dictada el día de ayer, la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 desechó la tesis de fijar un lugar preferente en el trámite de los vetos tal y como lo contemplaba el proyecto original de la Constitución Política.

Precisamente contrastando el borrador de la Constitución Política con la referencia a su discusión, modificación y aprobación con el artículo que, finalmente, quedó plasmado en nuestra Carta Magna, es claro que los constituyentes del 49 desecharon la idea de ese trámite expedito para dejar que fuera el propio Parlamento en ejercicio del principio de autorregulación el que definiera un procedimiento para la tramitación de los vetos.

Es así como encontramos solamente tres artículos en el Reglamento de la Asamblea Legislativa que regulan este trámite, mismos que se desarrollan en el numeral 181 al 183.

De la concordancia de los artículos 181 y 182 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se colige con mediana claridad el procedimiento para el conocimiento de los vetos, pero el mismo es omiso en aspectos esenciales tales como la ubicación en el orden del día; tema que es el que hoy precisamente nos tiene enfrascados en esta discusión.

Como se observa, ni los diputados constituyentes, ni el legislador ordinario han considerado necesario establecer un trámite preferencial para los vetos y prueba es ello es que ni la Carta Magna ni el Reglamento regulan un procedimiento especial a los efectos, razón por las cuales se debe ubicar a los procedimientos ordinarios…, se debe acudir a los procedimientos ordinarios.

A algunos les puede parecer que el trámite legislativo del veto debe ser más expedito, debe tener un trámite distinto que por costumbre parlamentaria se ha venido desarrollando desde hace muchos años; no obstante, esta Presidencia es solo un director del debate legislativo que ejecuta lo que las mayorías políticas aquí representadas disponen, no puedo brindarle al veto un trámite preferencial si la Constitución Política no lo prevé, ni tampoco el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Caso diferente es la priorización de temas que por mandato constitucional o reglamentario deben tener un espacio preferente en la agenda del Plenario legislativo, tal y como se estatuye para el trámite de los presupuestos, tanto ordinarios como extraordinarios de la República, o bien, los proyectos derivados del trámite de la iniciativa popular.

Esta Presidencia, al dictar la resolución del día de ayer, pone en evidencia que no existe laguna o vacío que dé espacio a la interpretación en este tema, pues es claro y manifiesto que si existe un trámite a seguir precisamente es el ordinario.

Dicho procedimiento así como la costumbre legislativa reiterada, me llevan a concluir que no hay motivo suficiente para cambiar las cosas como se han venido haciendo hasta el momento, de la misma forma en que se ha procedido bajo las tres presidencias que me han precedido.

Cuando llegué a la Presidencia de esta Asamblea me encuentro con varios proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la Ley para la Atención de las Personas con Enfermedad Celiaca, expediente 17.800, que tiene pendiente el conocimiento de veto desde el 8 de mayo del 2012, fecha en la que ingresó al Plenario legislativo en el lugar número sesenta y ocho del orden del día.

Como se observa, el proyecto vetado ingresó durante la Presidencia del señor diputado Víctor Emilio Granados, pasando todas sus legislaturas sin dársele un trámite preferencial al conocimiento del mismo.

Otro ejemplo es el proyecto de desafectación de uso público de la calle 13 bis, cuyo veto está pendiente en el orden del día del Plenario desde octubre del 2009, ingresando en aquel momento en el lugar número 122 del orden del día.

Como se observa en este caso, han pasado cuatro diferentes presidentes legislativos y ninguno de ellos cambió la forma de conocerlos. Es lógico, la Presidencia de la Asamblea Legislativa no puede darle en forma unilateral un trámite preferente a los proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, no le permite la Constitución ni tampoco se lo permite el Reglamento.

Por esta razón, esta Presidencia reafirma los criterios sostenidos en la resolución emitida el día de ayer y sostiene que al no encontrar un plazo constitucional o legal que obligue a la Asamblea Legislativa a conocer de manera prioritaria los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo en apego al uso consuetudinario, permanente y refutado, los proyectos vetados serán conocidos de la misma forma en que han sido tramitados durante este período constitucional en legislaturas bajo presidencias de distintos partidos políticos incluyendo a uno de los apelantes.

¿Suficientemente discutida la moción de apelación?

Vamos a proceder con la votación.

Solicito a las señoras y señores diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones y los que se encuentran en la sala adjunta incorporarse al Plenario para proceder con la votación.

Vamos a solicitarles a los señores diputados ocupar sus curules, a los señores ujieres cerrar puertas en este momento.

Vamos a pedirles a los señores asesores, por favor, alejarse de la zona donde se encuentra las curules para que no dé pie a la confusión en el conteo de la votación.

Diputada Venegas Villalobos, y los otros diputados que no están ocupando sus curules, señores asesores, por favor, quiero solicitarles, por favor, se mantengan alejados de las curules.

Tenemos en este momento cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones. Los diputados y diputados que estén a favor de la moción de apelación presentada por el diputado Mendoza García, que apela la resolución de la Presidencia sobre los proyectos vetados por el Poder Ejecutivo, se servirán levantar su mano… ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes; quince han votado a favor, treinta y tres en contra. La moción de apelación ha sido rechazada.

Hay una moción de orden que le voy a solicitar a la señora secretaria darle lectura.

Es una moción para ampliar la primera parte de la sesión.

La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:

Moción de orden de varios diputados.

Moción de orden

De varios diputados:

Para que se amplíe la primera parte de la sesión Plenaria hasta que se cumpla con el control político del día de hoy.

Diputada Elibeth Venegas Villalobos:

En discusión la moción.

Suficientemente… no hay solicitudes en el uso de la palabra, por lo tanto, a damos por discutida.

Ruego a los señores ujieres cerrar puertas.

Hay cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes.

Las diputadas y diputados… ya está en votación, señor diputado.

Estamos en votación, señor diputado.

Vamos a proceder con la votación. Estamos en el proceso de votación.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción para que se amplíe la primera parte y concluir con el espacio de control político se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Cuarenta y ocho diputadas y diputados presentes; cuarenta y siete han votado a favor, uno en contra. La moción ha sido aprobada; por lo tanto, se tiene por ampliada la primera parte.

Por el orden, la diputada Venegas Villalobos.

Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Un saludo muy cariñoso a los exferrocarrileros que nos acompañan acá en la barra, estos señores que han dado todo por Costa Rica y que hoy se merecen…

Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:

Señora diputada, señora diputada, disculpe pero ya durante los días anteriores por el orden los diputados han hecho extensivas ya las manifestaciones y la Presidencia no va a permitir que por el orden se utilice para otra cosa que no sea llamar al orden.

Vamos a iniciar el proceso de control político dándole la palabra al diputado.

Estrictamente por el orden, señor diputado. Si no, me veré en la obligación de quitarle el uso de la palabra.

El diputado Oviedo Guzmán.

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras.

Presidente, estrictamente por el orden. Nada más quería solicitarle que así como en otras oportunidades se ha extendido la sesión hasta después de las seis cuando hay temas urgentes de resolver, como se está extendiendo la primera parte, si tuviéramos que extendernos después de las seis para votar el proyecto de deuda política, yo le rogaría que así como estamos cediendo y poniendo los votos para extender la sesión, podamos hacerlo después de la seis.

Muchas gracias.

Diputada Elibeth Venegas Villalobos:

Vamos a iniciar con el proceso de control político. Señor diputado, si es estrictamente por el orden, si no es por el orden me veré en la obligación de quitarle la palabra porque vamos a regirnos como manda el Reglamento.

La diputada Venegas Villalobos.

No, solamente me parece que por respeto a los compañeros exferrocarrileros y este Plenario legislativo, que es un órgano democrático, a mí me parece que ellos deben escuchar por qué motivo nosotros no votamos anteriormente esta moción.

Entonces…

Solicitud para poner a despacho proyecto de ley

Por el control político puede hacer cualquier diputado su aclaración y vamos a dar inicio al período de control político.

Tiene la palabra el…, perdón antes de entrar en el control político quiero anunciar que se ha presentado una puesta a despacho que constará en el acta respectiva.

De la diputada Alfaro Murillo:

LEY PARA PROTEGER EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS, EXPEDIENTE N.º 18.081

Tiene la palabra el diputado Alfaro Zamora. Están alterando el orden, le cede la palabra, entonces le cede los cinco minutos al diputado Góngora Fuentes.

Diputado Góngora Fuentes, por cinco minutos en el espacio del diputado Alfaro Zamora.

Diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes:

Muchas gracias, presidente, y en mi tiempo después don Óscar lo usará.

Muy buenas tardes, diputado presidente, señorías.

El 14 de setiembre recién pasado, hubo sesión del Consejo de Gobierno en la ciudad de Cartago y quiero hoy rescatar algunos de los logros que esta Administración realizó aun y siendo un diputado de oposición, porque la mezquindad no va con este diputado.

Agradecer el puente sobre Los Diques, una lucha en la que también estuvo muy comprometido el diputado Villanueva Monge y, por supuesto, mi amigo y compañero don José Roberto Rodríguez. Un merecido esfuerzo que las y los cartagineses requeríamos desde hace muchos años.

El tema del mejoramiento de la seguridad ciudadana, así también como los temas relacionados con la red de cuido que tanto bienestar han llevado a las niñas, a los niños cartagineses y a nuestros adultos mayores.

Y también hay que reconocer que desafortunadamente ese 14 de setiembre, en su mensaje, el señor ministro de Planificación, el señor Gallardo, parecía más que estaba haciendo un enfrentamiento a los medios de comunicación y una chota, que una rendición de cuentas.

Hoy sí quería expresar mi malestar por esa actitud y reconocer de la misma manera la rendición de cuentas atinada y ajustada a la obligación que tenemos que hizo el señor diputado don Luis Gerardo Villanueva Monge.

No obstante, como cartaginés, tengo que elevar también una enorme preocupación el día de hoy porque el Banco Crédito Agrícola de Cartago dio un préstamo por cuatrocientos ocho millones de colones a un grupo económico donde estaban los hermanos del presidente de la Junta Directiva de ese banco, don Thelvin Cabezas Garita, cuyo grupo económico está integrado por la sociedad española de tecnología en fibra óptica Alfa Maik Delta.

Y desafortunadamente según un informe de la auditoría interna del Banco Crédito Agrícola de Cartago, las garantías no son suficientes. Y peor aun, ese préstamo se dio contraviniendo el artículo 117 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 16044 y sus reformas, que expresamente dice que no se pueden realizar préstamos a favor de parientes de los directores de las juntas directivas de las entidades bancarias.

Me facilitaba una información mi buena amiga y compañera diputada doña Patricia Pérez de que las utilidades del Banco Crédito Agrícola de Cartago para agosto del 2013 rondan el orden de dos mil doscientos setenta y seis millones de colones.

Si rebajamos esos cuatrocientos ocho millones de colones que se perdieron, estamos hablando de que ya hay un impacto de menos del dieciocho por ciento en las utilidades del Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Pero lo peor es que esos recursos iban para el establecimiento de la red de fibra óptica en la ciudad de Cartago con la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal, la Jasec, que también dejó sin efecto el contrato. Hoy no tenemos fibra óptica, hoy Bancrédito tiene cuatrocientos ocho millones de colones de la hacienda pública y de las y de los cartagineses, y entonces en definitiva tenemos que elevar la voz por estos muy lamentables acontecimientos.

Les estamos pidiendo a las autoridades del Banco Crédito Agrícola, a su Junta Directiva, a su Gerencia, a su Auditoría que se llegue hasta las últimas consecuencias y que haya claridad en la investigación, y que esto no vaya a pasar el sueño de los justos.

Pero también quiero informar que desde la semana pasada en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico recibimos a unos expertos internacionales que analizan, junto con nosotros, la situación del sistema penitenciario de Costa Rica. Del 2008 pasamos de un cero punto nueve por ciento de sobrepoblación, a un treinta y siete punto ocho por ciento de sobrepoblación en el 2013. Tenemos, diputados y diputadas, que tomar acciones y hemos presentado el proyecto 18.867 que esperamos el apoyo de todas y de todos ustedes.

Muchas gracias, diputado presidente.

Diputado Claudio Enrique Monge Pereira:

Con mucho gusto, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el diputado José María Villalta Flórez-Estrada, que le ha cedido su tiempo al diputado Monge Pereira que también está en el uso de la palabra; por lo tanto, diputado Monge Pereira puede proceder hasta por diez minutos.

Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, amigas y amigos, compañeros ferrocarrileros, siempre solidarios con ustedes.

Les ruego su atención y fundamentalmente a la barra de prensa. Voy a compartir con ustedes unos documentos. Aquí tengo un trabajo escrito que se llama Atrapados entre vecinos, y lo escribió el excanciller de la República, don Bruno Stagno, y fue publicado ayer en el periódico La República.

Y dice así: En cuestión de pocos días, la desadministración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda ha caído en dos trampas: una tendida por nuestro vecino más incomodo, Nicaragua; otra en respuesta a una invitación de Colombia.

En el caso de Nicaragua, la Administración Chinchilla Miranda se concentró en las amenazas retóricas de Ortega sobre Guanacaste, aunque no tengan ningún asidero jurídico y ningún futuro en la Corte Internacional de Justicia. Entre tanto, la Administración descuidó el frente que realmente importa: la desembocadura del río San Juan.

En espacio de unas semanas, Nicaragua excavó dos canales artificiales en territorio costarricense con el fin de abrir una segunda desembocadura más al sur sin que nadie se percatara. Este nuevo atropello a nuestra soberanía nacional revela la ausencia, a estas alturas, de coordinación alguna entre los ministerios y demás entes responsables, y la carencia de los más elementales mecanismos de monitoreo de un área que fue invadida y ocupada por Nicaragua ya en el año 2010.

En el caso de Colombia, aún dolida y afectada por el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia del pasado 19 de noviembre de 2012 en torno al caso de Nicaragua, conocido como Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha declarado el fallo en mención —comillas— “no aplicable”, “no aplicable”.

Esa es una decisión soberana sobre la cual no pretendo emitir criterio. Lo que sí es de lamentar es la intención de la Administración Chinchilla Miranda de solidarizarse con Colombia contra el expansionismo de Nicaragua, justo cuando Bogotá anuncia un desacato a las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Para un país comprometido con el derecho internacional, esta alianza más que inoportuna con Colombia, le puede salir muy cara a Costa Rica.

En respuesta a la agresión territorial perpetrada por Nicaragua en isla Portillos, pocos meses después de inaugurada la Administración Chinchilla Miranda, Costa Rica apostó a dirimir ese conflicto por la vía del derecho internacional en general y la Corte Internacional de Justicia, más específicamente.

A pesar de múltiples errores, omisiones y demás cometidos por el actual Gobierno, el fallo en lo que respecta a la soberanía de Costa Rica sobre la isla Portillos e isla Calero difícilmente resultará adverso. No obstante, es un contrasentido enemistarse con la Corte Internacional de Justicia apoyándose en Colombia, cuando su conducta de desacato de la Corte Internacional es similar a la conducta que la Administración Chinchilla Miranda le ha reprochado a Nicaragua en más de veinte cartas de protesta y contando.

En materia de apego a las sentencias y medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua le está recetando Costa Rica lo que Colombia le está recetando a Nicaragua. En esa triangulación infernal, la que más pierde es Costa Rica.

Hace pocos días, el canciller Enrique Castillo declaró ante la Asamblea Legislativa —comillas— que “en este conflicto estamos solos” —cierro comillas—. Eso es lamentable, pero entre estar solos y mal acompañados, no me cabe duda que el mal menor es la insoportable e imperdonable soledad en que nos ha dejado este desgobierno.

Firma Bruno Stagno, excanciller de la República.

Y quiero complementar con una carta que le envié a doña Laura Chinchilla y que fue recibida en Casa Presidencial el 23 de agosto del año 2010, porque es bueno que estos documentos también los conozcan también los conozcan otras personas.

Excelentísima Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República de Costa Rica. Estimada señora presidenta, hacemos de su conocimiento nuestra inquietud por el supuesto impacto ambiental que tendría el dragado del río San Juan en territorio costarricense, así como nuestra total disposición a contribuir en la resolución del eventual conflicto con la vecina República de Nicaragua en esta materia.

Reconocemos el derecho soberano nicaragüense de realizar obras que contribuyan a mejorar y completar la navegabilidad de dicho río; no obstante, estamos al corriente del derecho que nos asiste sobre la integridad de nuestro territorio, según lo establecido por el Laudo Cleveland y la Resolución del Tribunal de la Haya.

Sabemos que esta preocupación es compartida por la Cancillería nacional, que ha sido diligente en alertar y de mandar información a su homóloga. No en vano el vicecanciller Roverssi Rojas en julio de 2010 envía el oficio DMAM-156 al canciller Samuel Santos, con el fin de prevenir posibles consecuencias ambientales en la zona del dragado.

En dicha misiva, el vicecanciller Roverssi Rojas indica —comillas—: “Costa Rica pide a la República de Nicaragua detener inmediatamente cualquier y todo proyecto de dragado del río San Juan hasta que pueda establecerse científicamente que dichos trabajos no dañarán territorio costarricense ni afectarán el nivel de las aguas del los ríos nacionales que se alimentan del río San Juan” —cierro comillas—.

Conocemos de la omisión nicaragüense a dar respuesta oficial a las solicitudes de estudios y datos técnicos del impacto que tendría este proyecto de extracción de sedimentos soterrados en el humedal Ramsar Caribe Noreste, zonas boscosas, especies silvestres, afluentes y humedales costarricenses.

Con todo respeto, de la comisión nicaragüense conocemos… de la omisión nicaragüense a dar respuesta oficial a solicitudes y estudio y datos. Con todo respeto, esta fracción legislativa es del criterio que la posición nacional no debe dejar de sustentarse en evidencia técnica y actualizada, que permita dimensionar los alcances del dragado y así evitar la creación de un foco de conflicto que lesione los procesos de cooperación transfronteriza, así como la política de buena vecindad que siempre hemos impulsado hacia el Gobierno de Nicaragua.

Quedamos atentos a las acciones que se realicen desde el Poder Ejecutivo, y reiteramos nuestro compromiso patriótico en la correcta defensa del patrimonio natural costarricense y nuestra soberanía.

Esta carta del año 2010 no recibió ninguna respuesta, y obviamente, todo el mundo sabe que el señor vicecanciller de entonces, don Carlos Roverssi, guardó silencio.

Además, quiero compartir la carta que el miércoles 20 de octubre del año 2010 le envié al señor Castro Salazar, don René, ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, recibida en su despacho y de la cual no tenemos respuesta.

Estimado señor ministro, reciba un cordial saludo de mi parte. Por medio de la presente y de conformidad con las responsabilidades e investiduras propias de su cargo, quiero hacer de su conocimiento una situación de gravedad sobre lo que se me informa recientemente.

Según informaciones recibidas en mi despacho e investigaciones propias provenientes de personas muy serias y el representante legal de la familia Reyes Reyes, que tienen derechos posesorios sobre la finca Aragón, propiedad de su padre, el señor Agustín Reyes Aragón, se están manifestando problemáticas de alta gravedad con respecto a la finca ubicada en la zona fronteriza Costa Rica-Nicaragua.

La ubicación exacta de la finca de doscientas diecinueve hectáreas es colindante con el río San Juan, casi al punto final donde está la isla Calero. Le adjunto un mapa de la misma con este oficio.

Según informaciones del señor mencionado, a la finca han ingresado varias veces el señor Edén Pastora, junto con militares armados nicaragüenses, amenazando a los propietarios y trabajadores en virtud de un interés por adquirir esa finca e incluso matando al ganado propiedad del dueño de la misma.

Asimismo, nos informa el señor abogado de la familia que se están realizando trabajos de dragado sin permiso por parte del señor Edén Pastora en esa propiedad, en aras de desviar el río y que inclusive se tiene prohibido el ingreso a la misma por parte de los señores nicaragüenses, siendo que ni los propietarios costarricenses pueden hacer ingreso a la misma. También, informan los señores que los peones de la finca han sido maltratados y que varios de ellos se encuentran desaparecidos.

Le informo lo anterior en aras de que, desde su cargo, ejerza las acciones de investigación pertinentes para verificar la información brindada a este despacho, procurando siempre el resguardo de la seguridad y soberanía nacionales y de la integridad física de las personas supuestamente atacadas.

Además, envío copia de este oficio al señor José María Tijerino, ministro de Seguridad, con el fin de que puedan ejecutar las respectivas acciones de coordinación interinstitucional.

Desde ya me pongo a sus órdenes para ampliar cualquier información y ayudar en la ubicación de los informantes y testigos para facilitar sus gestiones por esta invasión a nuestro territorio.

Obviamente, esta carta se quedó esperando respuesta, y quiero decir, para terminar, señor presidente, porque poco a poco voy a ir compartiendo otras cartas que no conoce el pueblo de Costa Rica, en relación con este desaguisado, que mientras estas cartas estaban siendo entregadas en el Ministerio, don René Castro estaba en Asia inaugurando embajadas.

Y en el Facebook, y tengo la fotografía, el señor Carlos Roverssi estaba en el palco del Santiago Bernabeu en un partido del Real Madrid y el Milán, y así lo consignaba, y la vicecanciller en ejercicio, doña Martha Núñez, iba en un avión para Colombia con doña Laura y la bajaron para que contestara.

Y tengo la carta que aquí voy a hacer pública, porque dice: Tranquilo, señor diputado, no está pasando nada.

Muchas gracias, señor presidente.

Diputado Óscar Gerardo Alfaro Zamora:

Con mucho gusto, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el diputado Alfaro Zamora, por cinco minutos, señor diputado.

Gracias, señor presidente; diputadas, diputados.

Agradezco este espacio para referirme a un acontecimiento de transcendencia que el pasado 21 de setiembre, sábado, se festejó, se celebró el Día Internacional de la Paz, y ciertamente fue a través de una solicitud promovida por Costa Rica en 1984, cuando el Consejo General de las Naciones Unidas, mediante resolución 36/64, aprobó la celebración de este día como el Día Internacional de la Paz.

Y bueno, cuando hablamos de paz debemos referirnos a esa expresión profunda de la humanización del hombre y la mujer, tal como va quedando anclada en símbolos.

La paz es difícil e imprecisa de representar, pero para ganar la paz, y sobre todo conservarla, se necesita imaginario. Este imaginario es el depositario de la memoria, y la imagen hecha emblema que es una referencia inmediata del discurso de paz.

Y en este caso recordemos a Cicerón, cuando decía que la paz está asociaba a la tranquilidad y a la libertad; así es.

Para Hobbes, la paz es la cesación del estado de guerra. Es por ello que la paz y, particularmente, la cultura de paz se proyectan hacia el antimilitarismo y el rechazo a las guerras.

Si analizamos hoy el discurso sobre la paz, nos percatamos que en él está incluida la idea humanística que trae desde sus orígenes, como una visión de mundo desde una perspectiva de futuro y de progreso.

La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, grupos o países. Y este concepto fue definido en la resolución 53243 de la Asamblea General de Naciones Unidas un 6 de octubre de 1999.

Y en los ámbitos de acción están promover la educación y sus valores; promover el desarrollo económico y social sostenible; promover el respeto de todos los derechos humanos; garantizar la igualdad entre hombres y mujeres; promover la participación democrática, así también la comprensión, la tolerancia y la solidaridad; apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y de conocimientos; promover la paz y la seguridad internacional para una mejor claridad, así lo indica la resolución de las Naciones Unidas.

Todas estas representaciones del concepto paz nos llevan a señalar que la paz en el ser humano se ve un medio para la resolución de la injusticia y los prejuicios.

Nuestra idiosincrasia, desde 1948, ha seguido esa línea de pensamiento, promulgando el ideal de que, para desarrollar la cultura de paz, es fundamental visualizar al otro como mi prójimo y reconocerle sus derechos.

Así es, dentro del concepto de paz y su acción permanente y diaria y cotidiana, Costa Rica ha promovido históricamente una política exterior propositiva y respetuosa del derecho internacional, y del fortalecimiento de los órganos multilaterales que refuerzan el valor de la cultura de paz. Dentro de ello tenemos la promoción que le ha dado al estatuto de Roma en donde procura combatir la impunidad de los crímenes internacionales como la agresión, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, de genocidio. Y hoy tenemos un fortalecimiento de esta enmienda a través del pronunciamiento de Kampala.

Y precisamente esas enmiendas de Kampala se están conociendo aquí en esta Asamblea Legislativa. En la Comisión de Asuntos Internacionales fue dictaminada de manera unánime, positiva, para que procedamos en su oportunidad en este Plenario legislativo a aprobar esta enmienda y así ratificarla —termino, señora presidenta— indicando, respecto a los costarricenses nos ha permitido hacerles frente a los desafíos y aprovechar grandes oportunidades a nivel de un conjunto internacional de naciones.

Ese es el reflejo que desde ya don Pepe hace más de medio siglo indicó: Costa Rica debe mantener una política externa inteligente que mantenga inquebrantable nuestra adhesión a las causas más nobles de la humanidad.

Muchas gracias, señor presidente.

La presidenta ad hoc Annie Alicia Saborío Mora:

Con mucho gusto, diputado.

Tiene la palabra la diputada Julia Fonseca, en el tiempo del diputado Jorge Angulo Mora, por cinco minutos, diputada.

Diputada María Julia Fonseca Solano:

Gracias, señora presidenta.

Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas.

Hoy quería referirme a una institución que en días pasados estuvo en las noticias, y cuyo tema fue enfocado con cierta subjetividad y que por ser de actualidad y solidaridad de muchos de nuestros compatriotas me parece importante no perderle de vista; me refiero a la Junta de Protección Social.

Desde su concepción e inicio de labores, ha sido una institución de gran importancia para el desarrollo y mantenimiento de los programas sociales que demandan todas las comunidades del país.

Su aporte financiero es vital para la supervivencia y mantención de una serie de programas sociales que de una u otra forma no pueden operar, porque está dirigida a personas en riesgo social, en abandono, desprotegidos económicamente o simplemente porque su enfermedad o etapa final de su vida demanda la atención médica, asistencia e instituciones afines.

Con la aprobación de la Ley 8718, la Junta de Protección Social inició un proceso de modernización no solo en su administración, sino además ajustado a sus sistemas contables informáticos y presupuestarios en una nueva estructura y distribución de sus potestades de acuerdo con esta ley y supervisada por la Contraloría General de la República, como corresponde a toda institución pública.

Vale la pena recordar que en su misión, la Junta establece como acción principal el contribuir al fortalecimiento del bienestar social en Costa Rica, generando recursos para transferir a organizaciones e instituciones sociales y estables y no estables en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Se demostró plenamente su cobertura a nivel nacional, ya que del presupuesto asignado a diversas obras con setenta y cuatro cantones en el año 2012, se concedió un monto total mayor a los veintitrés mil millones de colones, distribuidos en tres rubros principales: apoyo a gestión, giros directos y proyectos a las organizaciones beneficiadas.

Algunos de los destinos de estos dineros son de sobra justificados y conocidos por la ciudadanía. Para citar algunos de la extensa lista de beneficiados entre instituciones, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro tales como asilo de ancianos, hospital, aquí vale mencionar…(corte en la grabación)…adquisición de la sala hídrica cardiovascular del Hospital México, única en Centroamérica, albergues para niños y niñas con abandono, unidades de cuidados paliativos, atención para enfermos de cáncer, etcétera.

La Junta ha enfrentado en años recientes a la competencia…, se ha enfrentado en años recientes a la competencia desleal con los juegos ilegales estimados en cien millones de dólares, por lo que se ha visto obligado a competir agresivamente con sorteos de números bajos y juegos electrónicos para seguir generando más recursos a los programas sociales. Lo mismo se puede decir del combate a la especulación con un aumento en emisiones de lotería y chances para llevar más productos a los consumidores.

El beneficio que produce la Junta es muy importante, si consideramos que en el año 2009 al 2012 se incrementa a trescientos cuarenta y siete organizaciones e instituciones beneficiadas.

Se entregaron ochenta y cinco mil millones, esto en más de veintiún mil millones por año, un apoyo al bienestar social del país a través de los programas establecidos.

No hay duda de que cuando hablamos de la Junta de Protección Social estamos ante una institución que es baluarte en la protección de seguridad social de nuestro país. Además, es una garantía en generación de recursos sanos para la inversión, y es un ejemplo a la asignación de responsables de los mismos, ajustado a la reglamentación del ente rector; a saber, del Ministerio de Salud y a la Ley 8718 recreada para estos fines.

Para ganar hay que jugar, dice el corto comercial de la lotería. Entendemos que cuando jugamos y no ganamos también jugamos solidariamente con las personas que no ganan, no porque no juegan, sino porque las limitaciones de sus vidas así lo imponen y requieren de la asistencia social estatal.

Muchas gracias, estimados compañeros.

La presidenta ad hoc Annie Alicia Saborío Mora:

Con mucho gusto, diputada Fonseca Solano.

Tiene la palabra la diputada Sianny Villalobos Argüello, por cinco minutos, que le cede la palabra a la diputada Elibeth Venegas.

Diputada Elibeth Venegas Villalobos:

Muchas gracias, señora presidenta.

Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, amigos y amigas, exferrocarrileros, con el Sindicato de Educadores Costarricenses que también están en las barras; señores y señoras periodistas.

Me da mucho gusto que hoy estemos celebrando el Día Internacional de la Paz. La paz es el único camino de llegar a la solución de los conflictos y, sobre todo, de tener la tolerancia para resolver las situaciones difíciles. Sin embargo, yo quiero referirme en esta tarde a este proyecto de ley que ya, más bien una ley, que Casa Presidencial emitió el veto.

Hoy estamos discutiendo una resolución del señor presidente, y su explicación y su resolución es que los vetos se conocen según el orden de presentación; sin embargo, quiero explicarles a los amigos y amigas exferrocarrileros, a todas estas familias, que sí estamos muy interesados en apoyar esta situación que ustedes enfrentan, porque sabemos que durante mucho tiempo ustedes han vivido situaciones difíciles y que le han servido a este país, y que han servido en el ferrocarril, que son pioneros de los cuales nos sentimos muy orgullosos.

Por eso, hemos estado recibiéndolos en nuestra oficina, con puertas abiertas, muchos de los compañeros diputados: doña Annie, don Rodrigo Pinto, mi persona, y sé que otros compañeros también de otros partidos políticos. Y esta servidora tiene toda la esperanza de que pronto podamos resolver la situación.

Tuvimos una reunión la semana pasada, en mi oficina, con el señor ministro de Trabajo, don Olman Segura, y estuvimos también con dos representantes de los exferrocarrileros, exponiendo la situación que ellos tienen, muchos de ellos pasando por situaciones difíciles.

Hay un exferrocarrilero que tiene su madre en una etapa terminal, en Turrialba, y la situación económica que viven ustedes, sabemos que es muy difícil, y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar una solución a su problema.

En la reunión que tuvimos en mi despacho, logramos llegar a algunos acuerdos importantes; un acuerdo importante, que hubo un compromiso de don Olman, es del proceso (ininteligible) ustedes cuando no lo inicien de cero, sino que se les reconozca esos dos años que ustedes han hecho fila, han estado sacando fotocopia, llevando documentos, y que se les reconozca esos dos años de sacrificio, donde han ido día con día con la esperanza de llevar un poco más a su mesa, con la esperanza de que sus hijos tengan la oportunidad de estudiar.

Además de eso, logramos un acuerdo, que don Olman, inclusive, se comprometió, para que todos los exferrocarrileros que se acogieron en la movilidad laboral desde 1995 tengan este derecho de prejubilación.

Y lo digo aquí, en este plenario, porque soy testiga, porque don Olman estuvo en mi oficina y está dando seguimiento en estos dos términos, para buscar una solución a este problema tan grande, a este problema tan angustiante, que realmente nos sentimos dolidos de que todavía esta situación no se haya solucionado.

Hay una deuda, queridos amigos, con todos ustedes. Costa Rica tiene una deuda con todos los exferrocarrileros de este país, que han dado todo por su trabajo y por Costa Rica.

La explicación que tuvimos con don Olman fue: los exferrocarrileros que se acogieron a la movilidad laboral en 1995 no lo hicieron por voluntad, lo hicieron porque no tenían otra forma, otro camino; entonces, no podemos poner a todos con la misma situación porque hay diferencias muy claras en este sentido.

Así es que esperamos, compañeros y compañeras, yo quiero instarlos a todos y a todas a que podamos tomar en cuenta esta negociación y si es posible presentar una nueva propuesta dispensada de todo trámite en estas condiciones, que lo podamos hacer como muchas otras veces lo hemos hecho.

Y quiero también decirles a los compañeros del sindicato de educadores que esperamos que todos los compañeros de este Plenario legislativo podamos apoyar y aprobar el proyecto 18.006, que permite también un espacio a los educadores del sindicato del SEC, pertenecer a la sociedad de seguros de vida.

Muchas gracias, señor presidente.

Discusión de proyectos de ley

Con mucho gusto, señora diputada.

Ha concluido el período de control político y de inmediato entramos a la segunda parte de la sesión.

SEGUNDA PARTE

Segundos debates

Expediente N.º 15.979, Código Procesal Civil

Expediente número 15.979, Código Procesal Civil.

Se otorgó una prórroga a la Comisión de Redacción para entregar la redacción final.

Por el orden, el diputado Mendoza García.

Gracias, señor presidente.

El día de ayer se votó una moción de alteración que va a permitir conocer el proyecto que reduce la deuda política el día de hoy.

He notado que el cuórum empieza a flaquear a estas horas, pero igual quiero preguntarle, señor presidente, ¿hasta qué hora —si es que algún diputado intenta dar una discusión por el fondo, o avanzar en mociones para efectos del proyecto en cuestión— quiero saber hasta qué horas está usted dispuesto a que avancemos en la discusión de este importante tema?

Por mi parte, estoy seguro que por parte de toda la fracción de Acción Ciudadana, hay voluntad de ir hasta medianoche, si hace falta. Yo quiero saber si la mesa tiene la misma voluntad.

Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:

Sí, señor diputado, no hay ningún problema, es decir, la Presidencia tiene previsto levantar a las seis de la tarde, pero viendo la importancia del proyecto de ley, y si hay que extender la sesión, esta Presidencia no tendría ningún impedimento en ampliar la sesión.

Todos estamos totalmente convencidos de la importancia de este proyecto de ley, y no hay, en este momento, ninguna intención de, por supuesto, levantar antes de la hora reglamentaria, pero si tiene que extender, la Presidencia la extenderá con muchísimo gusto.

Por el orden, el diputado Oviedo Guzmán.

Gracias, señor presidente.

Es que usted sabe que aquí uno escucha cosas, y nos acaban de informar que les están ofreciendo permisos a los diputados de una fracción en concreto. Yo quisiera saber cuántos permisos hay y cómo está esta situación, para que haya claridad y transparencia, realmente.

Expediente N.º 18.335, Proyecto de Ley de Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189)

Sí, señor diputado, no hay ningún problema. Se han otorgado los permisos reglamentarios, nada más que, igual que siempre, hay diputados que solicitan el permiso y se encuentran en el salón de sesiones.

Más bien, yo les he pedido que si no se van a retirar, pues, y si alguien ocupa, porque ya hay algunos permisos, por solicitud por enfermedad, entonces, si hay algún diputado de los que ha solicitado, que normalmente solicitan y se quedan, pues entonces, que le permitan a otro diputado que no está en la mesa… que no se encuentra en el Plenario de la Asamblea Legislativa.

En el segundo lugar del orden del día, se encuentra el expediente número 18.335, Proyecto de Ley de Aprobación del Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (Convenio 189).

Se encuentra en consulta preceptiva de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Expediente N.º 18.672, Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones

Expediente 18.672, Aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones.

Se encuentra en consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Vamos a decretar un receso de un minuto, porque hay un informe que está bajando y está modificando en este momento.

Primeros debates

Unánimes afirmativos

Expediente N.º 18.246, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos

En el primer lugar del orden del día, se encuentra el expediente 18.246, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.

Ha llegado el segundo informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero hay presentadas mociones para el tercer día.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

Segundo informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo

Las mociones fueron desechadas.

Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo

Moción N.º 1 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se modifique el inciso e) del artículo 3 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

e) Donante vivo: aquella persona que cumpliendo con los requisitos establecidos en esta ley, efectúe la donación en vida de órganos y tejidos, o parte de los mismos, cuya extracción sea compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura.

Para efectos de esta ley serán donantes vivos:

1. Donante vivo relacionado por consanguinidad: Donante relacionado genéticamente con el receptor en primer, segundo, tercer o cuarto grado de consanguinidad.

2. Donante vivo relacionado por afinidad: Donante relacionado por vínculos de parentesco que mediante el matrimonio o la unión de hecho, se establece entre cada cónyuge o conviviente y los deudos por consanguinidad del otro.

3. Donante vivo relacionado por filiación: Donante relacionado con el receptor, cuando uno es descendiente del otro por un acto jurídico.

Moción N.º 2 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se adicionen los siguientes incisos artículo 3 del proyecto de ley en discusión:

q. El tráfico de órganos es la obtención, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas vivas o fallecidas o de sus órganos por medio de amenazas, uso de la fuerza o cualquier forma de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de vulnerabilidad tanto por el que entrega el órgano como por el que lo recibe, incluyendo pago por terceros o beneficios para lograr la transferencia o el control de un potencial donante, con el propósito de explotación para extraer órganos para trasplante.

r. Comercio de órganos: es una práctica en la cual un órgano es tratado como un bien económico que puede ser comprado, vendido o utilizado como mercancía.

s. Turismo de trasplantes: es el viaje para trasplantes que involucra el tráfico de órganos o la comercialización de trasplantes o de los recursos (órganos, profesionales y centros de trasplantes) dedicados a suministrar trasplantes, a pacientes del extranjero, minando de esta manera la capacidad del país para entregar adecuados servicios de trasplante para su propia población.

Moción N.º 3 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se modifique el artículo 17 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 17.-

No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los siguientes casos:

a) Personas con incapacidad volitiva y cognoscitiva para tomar decisiones válidas certificada por profesional competente o declarada judicialmente.

b) Persona menor de edad, salvo cuando la donación se trate de residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos. En estos casos, el consentimiento informado será otorgado por quien ostente la representación legal y en mayores de doce años, deberá constar además su asentimiento informado.

Moción N.º 4 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se modifique el artículo 18 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 18.-

Deberá abstenerse el personal médico y administrativo de los establecimientos de salud donde se realiza el trasplante, de realizar el trasplante de órganos y tejidos de donantes vivos, cuando por cualquier circunstancia objetiva, se evidenciara que medie alguna forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social o Psicológico o de cualquier otra naturaleza.

Moción N.º 5 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se adicione un nuevo artículo 57 en el Título VIII.- Disposiciones Finales, Capitulo I.- Derogaciones y se corra la numeración de los siguientes, el cual se leerá:

"Deróguense los artículos 4 y 8 la Ley que Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, N° 6948, del 27 de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro."

Moción N.º 6 de la diputada Chaves Casanova:

Para que se corra la numeración y se adicione un nuevo Capítulo II "Reformas y Adiciones" al Título III del proyecto en discusión, que se leerá de la siguiente manera:

"CAPITULO II.- Reformas y Adiciones

Artículo 58.-

Reformase el artículo 384 bis del Código Penal, Ley N.º 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas. El texto dirá:

Artículo 384 bis.- Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos.

a) Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quién venda o compre órganos, tejidos, los posea en forma ilícita o los transporte de forma ilícita.

b) Se impondrá pena de prisión de dos a cinco años a quien realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona consienta la extracción con fines de donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos.

c) Se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años a quien entregue, ofrezca, o reciba cualquier forma de remuneración, gratificación o dádiva, en efectivo o en especie por la donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos o por la extracción de éstos con fines de donación.

d) Se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años a quien realice anuncios por cualquier medio sobre la necesidad de órganos, tejidos y/o fluidos humanos en beneficio de personas concretas, de organizaciones o de establecimientos de salud, así como a quien realice cualquier publicidad sobre la disponibilidad de órganos, tejidos y/o fluidos humanos cuyo fin sea ofrecer o solicitar algún tipo de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, o en beneficio de personas concretas, de establecimientos de salud u organizaciones.

e) El profesional en medicina que realice o participe en los actos reprochados en este artículo será sancionado con la pena indicada en cada uno de los incisos, aumentada en un tercio a juicio del Juez.

"Artículo 59.-

Adicionase un artículo 384 ter.- al Código Penal, Ley No 4573 de 4 de mayo de 1970 y sus reformas. El texto dirá:

"Artículo 384 ter.- Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos.

a) Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años quien realice la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el consentimiento informado previo de la persona donante viva, de conformidad con lo establecido en esta Ley, o induciéndola a error mediante el ocultamiento de información falsa o cualquier otra forma de engaño o manipulación igual pena se impondrá a quien realice una extracción sin someter antes el caso al Comité de Bioética del establecimiento médico respectivo, todo según lo establece esta ley."

b) Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años a quien realice una extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos a personas menores de edad, con incapacidad volitiva y cognoscitiva o de fallecidos sin que se haya previa comprobación y certificación médica de su muerte, según lo establece esta ley.

Expediente N.º 17.838, Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

En el segundo lugar del orden del día, se encuentra el expediente número 17.838, Titulación de un Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, en espera del tercer informe de mociones de fondo vía artículo 137.

Expediente N.º 17.853, Ley de Premios Nacionales de Cultura

En el tercer lugar del orden del día, se encuentra el expediente 17.853, Ley de Premios Nacionales de Cultura.

Llegó el cuarto informe de mociones de fondo vía artículo 137. Pero el diputado Villalta ayer anunció que tendría… tiene mociones presentadas de reiteración.

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES

Cuarto informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento Legislativo

Las mociones fueron desechadas.

Diputado Villalta Flórez-Estrada, tiene la palabra.

Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:

Sí, señor presidente, efectivamente para anunciar que, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento, voy a presentar mociones de reiteración.

En consecuencia, se da por suspendido el conocimiento de este expediente y mañana correrá el primer día para… de acuerdo con el artículo 138 de mociones de reiteración.

Expediente N.º 18.357, Modificación del Código Electoral, Ley N.º 8765, para Agregarle un Transitorio que Modifique el Monto del Aporte Estatal para las Elecciones Nacionales del 2014 y Municipales del 2016

En el cuarto lugar del orden del día, se encuentra el expediente 18.357, Modificación del Código Electoral, Ley N.º 8765, para Agregarle un Transitorio que Modifique el Monto de Aporte Estatal para las Elecciones Nacionales del 2014 y Municipales 2016.

Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen.

Para explicar el dictamen, los proponentes pueden hacer uso de la palabra hasta por quince minutos.

Ningún diputado ha solicitado el uso de la palabra para hablar por el dictamen.

Hay una moción de orden presentada, que le solicito a la señora secretaria darle lectura.

La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:

Moción de orden de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción de orden

Moción de orden

De varias y varios diputados:

Para que con fundamento en el artículo 177 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se dispense de todo tramite el EXPEDIENTE N° 18.357 "Modificación del Código Electoral, Ley Nº 8765, para agregarle un transitorio que modifique el monto de aporte estatal para las elecciones nacionales del 2014 y municipales del 2016" y se tenga como texto base de discusión el texto propuesto por la comisión dictaminadora en el dictamen Unánime Afirmativo.

En discusión la moción.

Me indican que no hay cuórum, solamente hay treinta y dos diputadas y diputados en el salón de sesiones.

Transcurre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum.

Tiene la palabra la diputada Ruiz Delgado.

Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:

Gracias, señor presidente.

Quiero agradecerles a los compañeros que habían salido del salón de sesiones y que han regresado para que podamos discutir este proyecto que es tan importante para el país.

Esta moción, compañeros diputados y diputadas, es porque se presentaron tres mociones al proyecto en cuestión y esas mociones para que el proyecto lo podamos conocer el día de hoy, tienen que ser conocidas acá en el Plenario legislativo.

Así que se está presentando esta propuesta para que podamos abrir el Plenario a comisión y poder discutir las tres mociones y proceder a votarlas para que se inicie la votación por el fondo.

Muchas gracias, señor presidente.

Suficientemente discutida la moción.

Vamos a proceder con la votación. Voy a solicitarles a los diputados y diputadas que se encuentran fuera del salón de sesiones incorporarse para proceder con la votación.

Vamos a proceder con la votación de la moción.

Tenemos en este momento cuarenta diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Voy a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas, y a los diputados ocupar sus curules, a los señores asesores y ujieres permanecer en un lugar aparte de las curules para proceder con el conteo y que no se dé ningún tipo de error o confusión.

Suficientemente discutida la moción.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción para que se dispense de todo trámite el expediente 18.357, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Cuarenta diputadas y diputados presentes; cuarenta han votado a favor. La moción ha sido aprobada.

Hay una nueva moción de orden que le vamos a solicitar a la señora secretaria darle lectura.

La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:

Moción de orden de varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción de orden.

Moción de orden

De varias y varios diputados:

Para que se dispense de lectura las mociones de fondo presentadas al EXPEDIENTE Nº 18.357 "Modificación del Código Electoral, Ley N° 8765, para agregarle un transitorio que modifique el monto de aporte estatal para las elecciones nacionales del 2014 y municipales del 2016"

En discusión la moción.

No hay solicitudes para el uso de la palabra. El diputado Céspedes Salazar.

Diputado Walter Céspedes Salazar:

Muchas gracias, señor presidente.

Los diputados, igual que el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, hemos mantenido la posición de recortar el gasto. Hemos manifestado que no hemos estado de acuerdo con alguna posición de algunos diputados que han manifestado que es porque el país está en crisis, porque los que estamos viendo los…, el presupuesto, los presupuestos de los diferentes ministerios nos damos cuenta de la cantidad de aumento de los presupuestos que ahí se dan, así es que ese no es el motivo.

Pero lo más trágico, señor presidente, fue escuchar hoy al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando este diputado le pregunta que cómo van a hacer los partidos pequeños —porque aquí solo hay un partido grande, después de ahí venimos todos para abajo—, cómo vamos a hacer para poder gastar esa plata. O esa es una deuda que se tiene ahí de mampara porque no se va a poder gastar, porque no hay mecanismo para gastarla, a no ser de que usted ponga a responder propiedades y yo no veo a diputados o candidatos a diputados poniendo la casa o una finca para poder sacar esa plata.

Entonces ese es un golpe durísimo a la democracia, porque si de verdad lo que se quiere es no financiar la deuda política, diay, no la financiemos y que cada partido se financie como pueda, porque tener una buchaca eso es como tener aprobado un crédito en el banco. Y el banco le dice a uno: Bueno, tráigame tal requisito, ya al final para echarle..., entregarle el cheque. Y usted no puede conseguir ese requisito y va pasando el tiempo y resulta ser que llegó el día de las elecciones y usted no pudo sacar la plata.

Cuando le pregunto al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones qué otras opciones está buscando para que los partidos puedan sacar no esté diecinueve, este ocho por ciento si se aprueba esta reforma, este ocho por ciento porque no es el once, porque ahí queda un tres por ciento para gastarlo en las alcaldías del 2016.

Y penosamente reconoce que no hay forma y nos dijo: Yo les dije y los culpables son los diputados porque no aprovecharon el momento que les dije que el Tribunal podía hacer la propaganda para todos. Prácticamente dijo que los responsables somos los diputados.

Y además de eso dice: Y les manifesté que pueden hacer un fideicomiso. Un fideicomiso a estas alturas; entendamos que vamos a aprobar esta reforma, entendamos eso, pero entendamos que la democracia aquí se quebró; entendamos que solo un partido se va a poder financiar; entendamos que no ha habido preocupación verdadera del Tribunal Supremo de Elecciones para arreglar esta barbaridad, porque el único partido que tiene la posibilidad de financiarse es el Partido Liberación Nacional. Y aquí y en actas consta que uno de los diputados dijo que ni la deuda ocupaba, porque ya tienen toda la plata para financiar la campaña.

Yo no sé si lo dijo en serio o no, pero yo si tengo el acta y yo, bueno, yo tomé muy en serio esa manifestación, ¿ah?, ¡ah!, yo se les voy a dar…, yo la tengo.

Oigan, oigan, vea, presidente, si los del Partido Liberación Nacional estuvieran donde estamos nosotros, estoy seguro que eso no lo permitirían. Yo que los demás partidos después de Liberación como que no están haciendo el control, como que les da lo mismo si es un seis o es un siete, o no es nada; hay una gran preocupación.

Cuando uno va a las reuniones, por ejemplo, en la Unidad donde hay que hacer recolectas para pagar la luz y pagar el agua de un club, cómo usted le va a hacer frente el día de las elecciones si no tiene la plata y el único partido que puede ir a las elecciones es el Partido Liberación Nacional.

¿Y saben qué dijo el presidente del Tribunal? Y no estoy hablando mal del presidente del Tribunal, pero estoy diciendo porque ustedes no estaban en la reunión. Dijo: Los partidos tienen que hacer lo posible o hacer exactamente igual a lo que hacen los partidos de futbol, tienen que llamar a sus aficionados para que llenen el estadio el día de las votaciones para que vayan a votar. Y entonces yo le contesto… Y aquí termino y ahora en la otra le hablo menos, porque tampoco quiero hablar aquí todo el día.

Entonces, le digo yo: Hay partidos que están de coleros como Uruguay y aquí hay partidos que están de coleros como Uruguay, están de últimos. Cada quien ubíquese donde está ubicado, y están Saprissa y Alajuela que durante quince días llenaron de espacios publicitarios: radio, televisión, periódico, entrevistas, todo y llenaron el estadio. Pero, ¿qué tenían para llenar ese estadio?, la plata para pagar la publicidad.

Entonces, yo quiero ver los partidos pequeños cómo van a llamar a la gente a votar si no es a través del chancleteo, porque ni una cuña de radio se puede poner. Esa es la realidad y yo veo la prensa tranquila también, porque esto es la democracia que están despedazando. Esto es no poder competir en igualdad de condiciones contra ningún partido que tiene ya las elecciones ganadas en la bolsa no porque el pueblo quiera, sino porque no está la plata para enfrentarlo que es muy diferente.

Y el presidente del Tribunal, aquí está Sianny y aquí están los diputados de la comisión que no me dejan mentir, que así lo dijo el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.

Es más, presidente, ya termino y las otras no voy a hablar, no voy a hablar en la otra se lo prometo o sí quiere termino la vota y hablo en la otra.

Diputado Walter Céspedes Salazar:

Gracias, señor diputado, ha concluido su tiempo.

Okey, en la otra hablo.

Diputado Walter Céspedes Salazar:

Suficientemente discutida la moción para que se dispense de lectura de fondo las mociones de fondo presentadas al expediente 18.357.

Vamos a proceder con la votación.

Hay treinta y ocho diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones y vamos a solicitarles a los señores diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones y los que se encuentran en la sala adjunta proceder a incorporarse para realizar la votación.

Vamos a solicitarles a los diputados que se encuentran fuera del salón de sesiones incorporarse. Hay solamente treinta y seis diputadas y diputados presentes. Transcurre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum.

Vamos a proceder con la votación.

Solicito a los señores ujieres cerrar puertas.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción de orden para que se dispensen de lectura las mociones de fondo sobre el expediente 18.357 se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Treinta y ocho diputadas y diputados presentes; treinta y ocho han votado a favor. La moción ha sido aprobada.

De acuerdo con las mociones aprobadas, está este Plenario convertido en comisión general y las mociones dispensadas de lectura; por lo tanto, vamos a conocer la moción número uno. Es del diputado Fishman Zonzinski, y esta moción reforma el transitorio e incorpora… la moción aclara en el articulado en el sentido de que debe indicar que las elecciones del 2014 son para elegir presidente, vicepresidente y diputados, y las municipales del 2016 para la elección de cargos municipales.

Moción de fondo N.º 1

Del diputado Fishman Zonzinski:

Para que el artículo Único del presente proyecto de ley, el cual agrega un artículo Transitorio al Código Electoral, Ley N.° 8765, se lea de la siguiente manera:

"ARTÍCULO ÚNICO.- Agregase un artículo transitorio al Código Electoral, Ley N.° 8765, que diga así:

Transitorio.- Monto del aporte estatal

Para las elecciones nacionales del año 2014, para elegir Presidente, Vicepresidentes y Diputados y las municipales de 2016 para la elección de cargos municipales, así como los gastos destinados a sus actividades permanentes de capacitación y organización política, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, los partidos políticos tendrán derecho a recibir una contribución estatal equivalente a un cero coma once por ciento (0,11%) del PIB."

En discusión la moción.

Tiene la palabra el diputado Céspedes Salazar hasta por quince minutos, señor diputado.

Muchas gracias, presidente.

Voy a terminar lo que empecé, porque sé que lo voy a decir le va a interesar a muchos costarricenses y principalmente a los que están o a los que estamos en los diferentes partidos, pero principalmente a los partidos que estamos sin recursos.

Porque cuando yo le digo al presidente del Tribunal que cómo hacemos para iniciar la campaña: diay, para eso ustedes tienen un montón de amigos que están dentro del partido que pongan un poco de plata.

Diay, los limpios poniendo plata está un poco raro, está un poco raro. Para eso es la deuda política, se dice que es para que haya democracia, para que haya participación, para que el pobre también pueda aspirar o solamente va a haber que hacer partidos solo de ricos; entonces, uno se lo haga la cervecería, que el otro se lo haga Canal 7, que el otro lo haga La Nación, y pare de contar, ahí está la plata de este país.

Oigan, le manifiesto al señor presidente del Tribunal que no me parece que se estén gastando quinientos veinte millones de colones —oigan, es que mucha gente no sabe eso—, que se están gastando quinientos veinte millones para pagarle a un montón de costarricenses el día de las votaciones para que vayan a cuidar la mesa.

¿Saben cuánto se gana cualquier costarricense que vaya a cuidar la mesa, contratado por el Tribunal Supremo de Elecciones?, cuarenta mil bolas, ah, cuarenta mil, diputada, eso vale; son mil quinientos millones entre asesoramiento y el que pago que hay que hacerles a todos los costarricenses que van a cuidar las mesas.

Y vean el problema. Cuando usted no tenga plata o un partido no tenga para reclutar su gente, su gente le dice: Diay, ¿pero cómo usted me va a buscar a mí para que sea miembro de mesa si el Tribunal paga cuarenta mil? Y después le dice el partidario a usted: Diay, ¿para eso usted no tiene la deuda política, la financiamos todos los costarricenses?, págueme los cuarenta mil.

Oigan, y entonces no podemos competir porque todos los costarricenses le damos la plata, el presupuesto al Tribunal, el Tribunal paga y nosotros no podemos pagarles a los miembros de mesa.

Entonces le pregunto —escuchen esto—, y entonces le pregunto al presidente del Tribunal: dígame algo, ¿es legal que un partido político pueda contratar en igualdad de condiciones como ustedes los miembros de mesa y pagarles y ustedes lo rebajan de la deuda?

Ah, ven que eso no lo sabían. ¿Y saben qué dijo el presidente del Tribunal? Claro, claro, si ustedes quieren contratan también los miembros de mesa y les pagan, y yo se los rebajo de la deuda. Eso no estaba, hoy ya está y está en actas. Pero vean ustedes, si no podemos ni pagar la luz, el agua y los clubes, mucho menos podemos pagar los miembros de mesa.

Entonces, lo que quiero es llamar la atención, es que hay un problema democrático, económico, tenemos una deuda pero no la tenemos, queremos que el narcotráfico ni el lavado de dinero se meta, ¿verdad?, ¿para eso es la deuda?, ¿para eso es?, para que haya una contribución estatal para que los recursos sean limpios, para que el Estado tenga la oportunidad de escoger a sus gobernantes democráticamente, pero no estamos dejando que se gaste la plata, no estamos permitiendo el mecanismo para sacar la plata; es como que usted tenga la billetera llena de plata, se la eche a la bolsa y le dice a la señora: cósame la bolsa, entonces llega la señora y le cose la bolsa y no puede sacar la billetera. Estamos igual, igual, igual.

Esa es la realidad, presidente, lo que está pasando.

Digo eso porque veo que hay como mucha tranquilidad en los demás partidos, como que todos ya tienen plata, como que eso no es un problema cuando todos sabemos que el único partido que tiene los recursos para financiar esta campaña sin cobrar un solo cinco, es el Partido Liberación Nacional.

Víctor Hugo lo ha dicho más de una vez. Nadie lo tiene. Esa es una realidad, estimadas compañeras y compañeros.

Yo llamo la atención porque veo la gran preocupación de que vamos a tener que volver a los tiempos de antes donde no había teléfonos, donde no había televisión, donde no habían redes sociales y que todo se hacía con caballos o con mulas, o con bueyes, o a pie, así eran las campañas de antes. Y si usted no tiene los recursos qué va a hacer, usted puede tener veinte televisoras, usted puede tener todas las radios, usted puede tener todo lo que quiera, pero si usted no paga a usted no le dan un anuncio gratis.

Usted puede dar placas de taxi y puede dar concesiones de buses, y eso lo da el Estado, pero díganle el día de las elecciones que le trabajen de gratis; primero, el contrato y usted tiene que sacar en valle La Estrella un carro para que le trabaje, vale cincuenta mil pesos y una microbús vale ochenta mil colones. Así se mueven las elecciones, y los que hemos estado ahí muchísimos años sabemos lo que va a pasar.

Usted puede tener una milpa con mazorcas de este tamaño, pero si usted no tiene la gente para recoger esas mazorcas usted pierde el maizal, y la política es igual. Usted puede tener los votos, pero si usted no tiene el transporte y la capacidad para sacar esa gente a votar, usted pierde las elecciones, aunque tenga toda la gente.

Los que hemos estado en política y hemos estado en puestos de elección sabemos que eso pasa, porque el costarricense está desmotivado. Mentira es que van a ir a votar caminando, mentira es que van a ir a votar en bicicleta o caballo, eso olvídese. Si usted no le pone el transporte a la orilla de la casa no va a votar. Es la realidad.

Hay un cuarenta de indecisos que tampoco van a salir a votar, y con cuál motivación, cómo usted va a dar a conocer sus programas, cómo usted va a dar a conocer sus proyectos, sus ideas, si no puede decírselo al pueblo. Solo a través de las redes sociales, y hay un montón de gente que no les gustan las redes sociales o que no la tiene.

Termino, porque tampoco es aquí que solo hable yo. Este es el sentimiento de un costarricense que hoy está aquí y que tiene la oportunidad de hablar, y que ha chancleteado y que me parece que un partido puede ganar, pero que gane por sus ideas, que gane porque el pueblo quiere que gane, que gane porque tiene, diría yo, un buen programa de gobierno, que gane porque tiene todo.

Pero no que gane porque es el único partido que puede manejar la plata, porque eso es un golpe, eso es cortarle la cabeza a la democracia de este país, donde no hay igualdad, ni equidad para poder hacer campaña política en este país.

Nosotros vamos a votar, a nosotros ya nos da igual si quieren ponerle un dos por ciento o un tres por ciento, o el uno por ciento; lo que le pongan no vamos a poder sacarlo, aquí no se trata de eso ya.

Ya el tema de la rebaja… pónganle el monto que quiera, pues, no podemos, no tenemos esa capacidad y estamos a cuatro meses de ir a votar.

Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.

Diputado José Roberto Rodríguez Quesada:

Con mucho gusto, señor diputado.

No hay más solicitudes para hacer uso de la palabra por la moción.

Vamos a proceder con la votación.

Hay solamente treinta y cuatro diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Transcurre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum. Tenemos en este momento treinta y ocho diputadas y diputados presentes; cuarenta en este momento.

Vamos a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas.

Cuarenta diputadas y diputados presentes; los diputados y diputadas… vamos a proceder con la votación.

Les solicitamos a los diputados y diputadas ocupar sus curules, para proceder con la votación y a los señores asesores mantenerse en un lugar distante de las curules para facilitar el conteo.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción recién discutida se servirán ponerse de pie. Cuarenta diputadas y diputados presentes; ninguno ha votado a favor. Por lo tanto, la moción ha sido rechazada.

Hay otra moción, que es la moción número dos, firmada por varios diputados. Esta moción lo que contiene como modificación es la excepción de la prohibición para las sociedades anónimas nacionales y que tengan una participación accionaria del cien por ciento, los candidatos a elección popular o su cónyuge pueden tener participación en el financiamiento de la campaña política.

Moción de fondo N.º 2

De varias y varios diputados:

Para que se modifique el artículo 128 del Código Electoral vigente cuyo texto dirá:

"Artículo 128.- Prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas. Prohíbese a los extranjeros y a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y nacionalidad efectuar, directa, indirectamente o en forma encubierta, contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, para sufragar los gastos de los partidos políticos.

Se exceptúa de la prohibición anterior las sociedades anónimas nacionales en las cuales tengan participación accionaria del 100%, los candidatos a elección popular, su cónyuge y sus hijos, para la contribución o donaciones en especie, únicamente autorizando el uso de vehículos particulares y casas de habitación propiedad de estas personas.

A los extranjeros, sean personas físicas y jurídicas también les está prohibido otorgar préstamos, adquirir títulos o realizar cualquier otra operación que implique beneficio de cualquier clase para los partidos políticos.

Los miembros del comité ejecutivo superior serán responsables de velar por el cumplimiento de esta norma.

El Tribunal Supremo de Elecciones reglamentará lo concerniente al alcance, forma y requisitos para hacer efectiva esta norma"

En discusión la moción.

Ningún diputado o diputada ha solicitado la palabra por la moción; por lo tanto, la damos por discutida.

En este momento hay treinta y nueve diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Vamos a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas y los diputados que se encuentran en la sala adjunta… ya se incorporaron.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción recién expuesta se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Treinta y nueve diputadas y diputados presentes; ningún diputado o diputada ha votado a favor. Por lo tanto, la moción ha sido rechazada.

Entramos en conocimiento de la moción número 3. Esta moción modifica el artículo 122 del Código Electoral, cuenta bancaria única para el financiamiento privado. Esta moción lo que pretende es incorporar la figura del fideicomiso en el financiamiento de la campaña.

Moción de fondo N.º 3

De varias y varios diputados:

Para que se modifique el artículo 122 del Código Electoral, se se agreguen tres párrafos finales a ese numeral cuyo texto dirá

ARTÍCULO 122.- Cuenta bancaria única para financiamiento privado:

(…)

Se autoriza asimismo a los partidos políticos a suscribir contratos de fideicomisos con una entidad bancaria, cuya garantía de pago sea la deuda política que le corresponda al fideicomitente, para que sea el fiduciario el que haga los pagos en nombre del partido para que esta última, posteriormente, presente la respectiva liquidación para acceder a la contribución estatal. Todos los dineros que ingresen a dicho fideicomiso deben provenir de la cuenta bancaria única del partido político,

El contrato debe estructurarse de forma tal que se establezcan las cláusulas necesarias para permitir y favorecer, sin obstáculos ni impedimentos, las labores de fiscalización necesarias en relación con los ingresos y gastos que se hagan respecto y a través de dicho fideicomiso.

Para que el contrato surta efectos jurídicos, es necesario que previamente cuente con la autorización del Departamento de Financiamientode Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones.

En discusión la moción.

Me indican que no hay cuórum en este momento. Solamente hay treinta y siete diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Transcurre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum. Hay en este momento treinta y ocho diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Vamos a solicitarles a los diputados que se encuentran fuera de la sala y los que se encuentran en la sala adjunta incorporarse al salón de sesiones para proceder con la votación.

Treinta y ocho diputadas y diputados presentes. Les solicito a los señores ujieres cerrar puertas, a los diputados ubicarse en sus curules, a los señores asesores, por favor, ubicarse en un lugar distinto a la zona de donde están las curules.

Vamos a solicitarle a un asesor que se encuentra en una curul, licenciado Castro, disculpe, necesitamos solicitarles a todos los asesores mantenerse en un lugar distante de las curules, a los diputados que se ubiquen en sus curules.

Los diputados y diputadas que estén a favor de la moción se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Treinta y ocho diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones; ninguno ha votado a favor. Por lo tanto, la moción ha sido rechazada.

No hay más mociones presentadas sobre este expediente; por lo tanto, vamos a iniciar la discusión por el fondo del expediente 18.357, Modificación del Código Electoral, Ley número 8765, para Agregarle un Transitorio que Modifique el Monto del Aporte Estatal para las Elecciones Nacionales del 2014 y Municipales del 2016.

Ofrezco el uso de la palabra a las señoras y señores diputados para referirse por el fondo de este expediente.

Tiene la palabra el diputado Rodríguez Quesada, por hasta treinta minutos, señor diputado.

Señor presidente, señores diputados, a veces hay una tendencia aquí en el Parlamento al decirles a los diputados que se voten los proyectos.

Desde luego que el diputado tiene derecho a opinar, y a hablar, y decir, y expresar sus sentimientos y lo que piensa de un proyecto de ley. Esa manía debe desaparecer del Congreso, señores diputados.

Diputado Víquez, ¿qué dije ahorita?, ¿qué dije…?

Esta manía hay que eliminarla del Congreso.

Me voy a referir un poco a los cambios electorales que urgen en nuestro país, un tema un poco diferente a rebajar la deuda política, porque considero que también hay otros elementos claves, fundamentales que no se toman en consideración y que a la postre, aunque la deuda política se baje, siguen los vicios electorales manteniéndose siempre y, por lo tanto, eso hace que un cincuenta y cuatro por ciento, de conformidad con las encuestas, no quieran votar.

Vicios en el ejercicio del poder. En los procesos electorales más importantes que se idealizan dentro del marco de la Constitución Política vigente, como son la Presidencia y Congreso de la República, los electores no votan por programas de gobierno, sino por candidatos que inscriben los partidos.

De este modo, señores diputados, los electores facultan ampliamente a quienes resultan electos para que obren en el gobierno de la nación como mejor les parezca o les convenga.

La consecuencia de este modo de elegir consiste en que en el acto mismo de la elección, el pueblo transfiere su soberanía a favor de quien elige, de quienes elige y así se confirma que la oligarquía es el verdadero sistema de gobierno que existe en la práctica.

Casi la totalidad de los ciudadanos que votan por los candidatos de los partidos políticos no son miembros de esos partidos; únicamente lo son los dirigentes. Los electores imaginan que son miembros de estas colectividades políticas.

En realidad, para muchos, la supuesta membresía partidista es muy similar a la relación que existe entre los hinchas y los equipos de fútbol, nada más que emocional y surgida del entusiasmo, y en la mayoría de las circunstancias apenas es la actitud interesada de la clientela que rodea los agentes electorales de barrio o de vereda, los cuales trabajan al servicio de los políticos locales y departamentales en la consecución de los votos, prometiendo favores de la administración, repartiendo obsequios y hasta dinero para comprar la voluntad de los electores. El que diga que estoy equivocado le doy el uso de la palabra para que me refute.

Los partidos políticos existentes en la actualidad son empresas electorales que manejan presupuestos de funcionamiento muy cuantiosos. Los verdaderos miembros de esos partidos son los copropietarios de esas empresas, han sido (ininteligible) para ser parte de los mismos por haber demostrado su capacidad para obtener votos en la proporción suficiente o por haber acreditado que tienen la confianza de los altos círculos de la economía y de las finanzas, y que puede recibir el apoyo de los inversionistas de capital para financiar los gastos publicitarios de las campañas electorales.

Los enormes gastos publicitarios, señores diputados y diputadas, de las campañas electorales excluyen del ejercicio de la política y de la posibilidad de pertenecer a los partidos políticos a los ciudadanos que no tengan recursos económicos para pagarlos, porque no pueden obtener financiación o aportes de ciudadanos pudientes que hagan posible atender esos gastos.

Por esa circunstancia, el ejercicio de la política y de los derechos políticos queda reservado al limitado grupo de ciudadanos que pueden disponer de los recursos económicos necesarios para hacerlo.

La supresión de los vicios o inequidades existentes en la actividad política exigen cambios profundos en la Constitución, con el objeto de establecer que el ejercicio de los derechos políticos realizado por cada uno de los ciudadanos sea el modo directo y eficiente con el que desarrollen su poder político, y establecer que el ejercicio de esos derechos sea el medio más idóneo para la integración del pueblo como entidad jurídica y política en la que se erradique, de manera exclusiva, la soberanía o la suprema autoridad, o sea, la única fuente de donde emane el poder público.

El texto de la Constitución Política debería expresar claramente que los ciudadanos son titulares del poder político y deberá asignar el ejercicio de los derechos políticos al carácter de ejercicio de la función democrática.

Para ese efecto, expresarán las normas que dentro del sentido de la democracia rija la creación y el funcionamiento de partidos políticos con las finalidades de hacer posible que todos los ciudadanos que estén registrados en el censo electoral puedan fundar o integrarse libremente a colectividades políticas y dentro de ellas puedan proponer programas de gobierno, o parte de esos programas o proyectos de reforma de la Constitución que puedan ser debatidos y aprobados o rechazados, e igualmente puedan postular candidatos para elegir la representación de sus respectivos partidos en el ejercicio de las voluntades de gobierno; de manera que los acuerdos de voluntad política de cada partido sean el resultado del consenso mayoritario del mismo.

El poder político del pueblo se manifestará por medio de los procesos electorales que periódicamente se realizarán, esa manifestación tendrá la forma y acuerdos de voluntades políticas…

Diputado José Roberto Rodríguez Quesada:

Disculpe, señor diputado, no hay cuórum en este momento.

Transcurre el tiempo reglamentario.

Se ha restablecido el cuórum.

Puede continuar, señor diputado

Decía, señor presidente.

Esa manifestación tendrá la forma de acuerdo de voluntades políticas de los ciudadanos, mediante el cual se aprobará un programa de gobierno en cada proceso electoral por mayoría de votos. Será mayoría electoral por lo menos la mitad más uno del número de ciudadanos inscritos en el censo electoral.

El hecho social en el que se manifestará el poder político del pueblo será el de dar apoyo mayoritario electoral a uno de los acuerdos que compitan en el ejercicio colectivo de los poderes políticos de los ciudadanos.

Por virtud de ese apoyo mayoritario, el acuerdo que lo obtenga tendrá legitimación constitucional como mandato del pueblo con la finalidad de ser desarrollado por los órganos del poder público; de esa manera, por la vía legítima que señale la Constitución, el poder político del pueblo tomará la forma de poder público así en la sociedad democrática, el gobierno se realizará exclusivamente por el pueblo.

La voluntad soberana de esa identidad se expresará en los programas de gobierno que sean escogidos por la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Esos programas obtendrán la condición de mandatos obligatorios que deberán convertirse en leyes en la Asamblea Legislativa y ser realizado luego…., y ser luego realizados por medio de los órganos de administración pública a los cuales corresponderá ejecutar y cumplir las leyes bajo la dirección y el control de los ministros de la rama ejecutiva.

Por ser atributo exclusivo del pueblo, la función del gobierno no podrá denegarse a ningún órgano o rama de poder público, ni siquiera a la rama legislativa, a la cual corresponderá redactar y poner en vigencia las leyes y hacer que sean ejecutadas y cumplidas; mucho menos a los órganos de la Administración Pública, los cuales solamente serán instrumentos de la ejecución y cumplimiento de las leyes, siempre sujetos a la dirección y vigilancia de la rama ejecutiva.

La reforma de la rama legislativa del poder público deberá tener origen en la necesidad de hacer posible que la voluntad política de la mayoría de los ciudadanos se exprese en forma de leyes de obligatorio cumplimiento. Del mismo modo, la reforma de la Administración Pública deberá originarse en la necesidad de cumplir y hacer cumplir esta voluntad política manifestada en las leyes.

Como pueden ver, señores diputados, este planteamiento además de lo importante de reducir la deuda, va más allá con la idea de que el pueblo pueda tener mayor dirección y conducción de la realidad política nacional, que cada cuatro años se lleva a las urnas electorales.

También este servidor, también este diputado ya había presentado, bajo el expediente 18.843, un proyecto de ley para rebajar la deuda política, ya no solamente del diecinueve al once, sino que esta propuesta de reforma lo rebajaba hasta el nueve por ciento, o sea, a un cincuenta por ciento. De tal manera que, siendo acorde con el pensamiento de nuestro candidato a la Presidencia de la República, también estábamos siendo conscientes con la necesidad de hacer rebajas todavía más significativas, más importantes.

En ese sentido, espero que las diferentes fracciones legislativas en esta Asamblea Legislativa hagan su aporte, sobre todo cuando hay planteamientos, cuando hay planteamientos y necesidades muy significativas, y todos muy preocupados por el régimen fiscal nos acordemos de que…, nos acordemos de que financiar opulentas campañas políticas cuando la problemática fiscal es muy seria, es evidente que una propuesta de esta naturaleza es significativa y necesaria, por eso una disminución del cincuenta por ciento implicaría, como lo había propuesto mi proyecto, implicaría un ahorro para el país de dieciocho mil ciento cuarenta y siete millones de colones.

Gracias, señores diputados; gracias, señoras diputadas, y he querido hacer uso de la palabra con el propósito de dejar plasmado algunos instrumentos necesarios para futuras campañas electorales, para que no sea solamente un proceso tradicional, sino que, programas de gobierno de los partidos políticos tengan que venir aquí a la Asamblea, sean obligatorios, y que aquellos partidos que no cumplan con sus programas de gobierno pierdan sus credenciales para dirigir al país.

Gracias, presidente.

La presidenta ad hoc Annie Alicia Saborío Mora:

No hay cuórum. Corre el tiempo reglamentario.

Diputado Edgardo Araya Pineda:

Se ha restablecido el cuórum.

Hay en este momento treinta y nueve diputadas y diputados en el salón de sesiones.

Ha solicitado la palabra el diputado Araya Pineda.

Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.

Voy a ser breve con el objetivo de que sigamos adelante con el trámite del proyecto.

Nada más indicar, nosotros, las y los legisladores del Partido Liberación Nacional hemos sido contestes a los requerimientos que el país demanda.

El financiamiento a los partidos políticos implica el reembolso de los gastos justificados que se originan producto de la participación en el proceso electoral.

Este reconocimiento se autorizó en Costa Rica por una enmienda que se dio a nuestra Constitución Política en el año 1956, convirtiendo a nuestro país en el segundo de América Latina en reconocer este tipo de financiamiento, que si bien es cierto representa un gasto considerable en el presupuesto nacional, es una herramienta indispensable para la consolidación y fortalecimiento del régimen democrático.

El sistema de partidos políticos permite a las y los habitantes de un país contar con una mejor calidad de la política, y para ello los partidos deben consolidarse como instituciones políticas sólidas, con autonomía en su funcionamiento, que permita garantizar un ejercicio libre de compromisos para la toma de decisiones.

El aporte que realiza el Estado en la lucha electoral se convierte en una de las principales ventajas para no depender económicamente de donantes que posteriormente puedan querer influir en el rumbo y toma de decisiones del partido ganador y de los partidos que lo acompañan en su gobierno. Esos contribuyentes más tarde talvez quieran obtener un beneficio a su favor, quizá sin importar la situación social y las consecuencias que se puedan generar al buscar ese beneficio.

Contar con esos recursos genera mecanismos de transparencia, de los que tanto se ha hablado en este Plenario. El financiamiento que da el Estado permite que no haya una dependencia de donantes y además, como lo he mencionado ya, consolida nuestro sistema democrático, tan apreciado por todas y todos nosotros.

No es posible contar con un sistema democrático sólido como el nuestro sin la existencia de partidos políticos fuertes que tengan la libertad de decidir las políticas públicas que van a seguir. El aporte estatal permite a los partidos tener independencia respecto a otros intereses de carácter privado.

No podemos detenernos solo en la rebaja de la deuda, tenemos que trabajar por hacer de las elecciones que realizamos cada cuatro años verdaderas herramientas cívicas, utilizando adecuadamente los recursos que se nos asignan.

Aunado a nuestro sistema democrático, tenemos la gran oportunidad de que los recursos se distribuyan en forma equitativa, dependiendo de los resultados electorales y según los lineamientos que en esta materia se han establecido en el Código Electoral, específicamente en los artículos que van del 176 al 194, y en el 96 de nuestra Constitución Política

Max Weber, en su libro La política como profesión, señala que los recursos económicos son los que dan independencia para poder vivir para la política y no de la política; esto gracias a la independencia económica que permite mantener una autonomía política para actuar frente a grupos de interés y de empresarios poderosos.

Gracias a la visión que tuvieron los gobernantes que nos antecedieron, hoy nuestros partidos políticos cuentan con recursos para poder hacer frente a estas campañas. El Partido Liberación Nacional ha sido coherente en su discurso y en su actuar, nadie puede decir que hemos querido evadir esta nueva disposición.

Nuestra presidenta de la República convocó este proyecto a sesiones extraordinarias el pasado mes de agosto, y como partido político también en nuestra asamblea nacional apoyamos este rebajo de la deuda.

Es por ello, compañeros y compañeras, que hoy, rápidamente, quiero que conste en actas esta posición y solicitarle a la Presidencia incluir el documento textualmente en el acta respectiva; esto para no quitar más tiempo en la discusión final de este expediente.

Muchas gracias y buenas tardes.

Con mucho gusto, señor diputado, así se hará si nos lo hace llegar.

Diputado Edgardo Araya Pineda:

Rebajo de la deuda política:

Buenas tardes compañeros y compañeras diputados

Hoy el Partido Liberación Nacional ha dado una muestra clara a la ciudadanía sobre su posición a favor de disminuir el monto del financiamiento estatal a los partidos políticos, cuya suma asciende los 43.000 millones de colones aproximadamente.

Nuestro partido está consciente de que este monto, que representa un 0.19% del Producto Interno Bruto, sobrepasa los límites de lo que nuestra situación económica permite financiar y por ello estamos en total acuerdo de que la misma se reduzca a un 0.11%.

Tenemos un déficit fiscal considerable y no podemos destinar más recursos de lo que representa ese 0.11%, que significa aproximadamente 24.000 millones de colones para el proceso electoral nacional que se avecina y para el municipal.

Nosotros las y los legisladores del partido Liberación Nacional, hemos sido contestes a los requerimientos que el país demanda.

El financiamiento a los partidos políticos, implica el reembolso de los gastos justificados que se originan producto de la participación en el proceso electoral; este reconocimiento se autorizó en Costa Rica, por una enmienda que se dio a nuestra Constitución Política en el año 1956, convirtiendo a nuestro país en el segundo de América Latina en reconocer este tipo de financiamiento, que si bien es cierto representa un gasto considerable en el presupuesto nacional, es una herramienta indispensable para la consolidación y fortalecimiento del régimen democrático.

El sistema de partidos, permite a las y los habitantes de una país, contar un una mejor calidad de la política y para ello, los partidos deben consolidarse como instituciones políticas sólidas, con autonomía en su funcionamiento que permita garantizar un ejercicio libre de compromisos para la toma de decisiones.

El aporte que realiza el Estado en la lucha electoral, se convierte en una de las principales ventajas para no depender económicamente de donantes, que posteriormente puedan querer influir en el rumbo y toma de decisiones del partido ganador y de los partidos que lo acompañan en su gobierno, esos contribuyentes más tarde, tal vez quieran obtener un beneficio a su favor, quizá sin importar la situación social y las consecuencias que se puedan generar al buscar ese beneficio.

Contar con esos recursos, genera mecanismos de transparencia, de los que tanto se ha hablado en este Plenario, el financiamiento que da el Estado permite que no haya una dependencia de donantes y además, como lo he mencionado, consolida nuestro sistema democrático, tan apreciado por todas y todos nosotros.

No es posible contar con un sistema democrático sólido, como el nuestro, sin la existencia de partidos políticos fuertes que tengan la libertad de decidir las políticas públicas que van a seguir. El aporte estatal, permite a los partidos tener independencia respecto a otros intereses de carácter privado.

No podemos detenernos solo en la rebaja de la deuda, tenemos que trabajar por hacer de las elecciones que realizamos cada cuatro años, verdaderas herramientas cívicas, utilizando adecuadamente los recursos que se nos asignan.

Max Weber, en su libro “La Política como Profesión”, señala que los recursos económicos son los que dan independencia para poder vivir para la política y no de la política, esto gracias a la independencia económica que permite mantener una autonomía política para actuar frente a grupos de interés y de empresarios poderosos.

Gracias a la visión que tuvieron los gobernantes que nos antecedieron, hoy nuestros partidos políticos cuentan con recursos para poder hacer frente a esta campaña. El partido Liberación Nacional ha sido coherente en su discurso y en su actuar, nadie puede decir que hemos querido evadir esta nueva disposición.

Nuestra Presidenta dio muestras claras de su apoyo e interés en rebajar este financiamiento y lo demostró cuando convocó el proyecto que hoy discutimos No. 18.357 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.º 8765, PARA AGREGARLE UN TRANSITORIO QUE MODIFIQUE EL MONTO DEL APORTE ESTATAL PARA LAS ELECCIONES NACIONALES DEL 2014 Y MUNICIPALES DEL 2016, durante el período de sesiones extraordinarias y hoy nuestro candidato don Johnny Araya Monge, ha dado el apoyo contundente y pública a esta importante iniciativa.

Nuestra Fracción siempre ha apoyado este proyecto, lo hemos manifestado de manera fehaciente cuando con votos de nuestros diputados en la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos, se rindió el dictamen unánime afirmativo al proyecto. Los tres miembros que nos representan en esa Comisión dieron su voto afirmativo, esto evidencia que siempre hemos mantenido una posición firme y decidida y que hemos sido coherentes con nuestro discurso. Nuestra posición ha sido clara y ha permitido que hoy este proyecto que votamos muy pronto se convierta en una ley de la República.

Muchas gracias.

No hay más solicitudes para hacer uso de la palabra, por el fondo, por este expediente.

Consulto a las señoras y señores diputados si damos por discutido el expediente 18.357.

Discutido.

Vamos a proceder con la votación.

Les solicito a los señores que se encuentran fuera del salón de sesiones… vamos a proceder…

Vamos a solicitarles a los señores asesores… Todavía no nos cierren las puertas. Vamos a solicitarles a los señores asesores, por favor, apartarse de las curules porque van a hacer una reconfirmación del cuórum.

Vamos a dar un segundito que hay un diputado fuera del salón de sesiones que ha solicitado un instante para incorporarse.

Todavía no he solicitado que cierren la puerta, hay un diputado que solicitó que quería entrar a la votación.

Ahora sí, pueden cerrar puertas. Le solicito a los señores ujieres, les solicito a los ujieres verificar que en ninguna de las salas se encuentra ningún… no hay ningún diputado o diputada.

Discutido.

Los diputados y diputados que estén a favor del expediente 18.357, Modificación del Código Electoral, Ley N.º 8765, para Agregarle un Transitorio que Modifique el Monto de Aporte Estatal para las Elecciones Nacionales del 2014 y Municipales del 2016, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento.

Hay cuarenta señoras y señores diputados en este momento. Cuarenta diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones; cuarenta han votado a favor. El expediente ha sido aprobado en su trámite de primer debate.

Se señala el día jueves para el inicio y su discusión en el trámite de segundo debate.

Se ha presentado una moción de revisión, que le solicito a la señora secretaria darle lectura.

La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:

Moción de orden.

Moción de revisión

De la diputada Ruiz Delgado:

Para que se revise la votación de la votación en primer debate del Expediente 18.357.

En discusión la moción.

Diputado Villanueva Monge, tiene la palabra.

Diputado Luis Gerardo Villanueva Monge:

Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

Me parece que ha concluido una etapa importante que el país tiene que reconocerle a esta Asamblea Legislativa, pero además yo creo que nosotros efectivamente estamos debiendo una reforma electoral integral que les permita a los partidos políticos mayor seguridad; no solo mayor seguridad en la inversión de sus recursos, sino también mayor seguridad en la liquidación que hacen de los recursos públicos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Yo dije en la intervención anterior, señor presidente, señoras y señores diputados, con relación a este tema, yo dije que la transparencia del financiamiento de los partidos políticos ha sido una lucha constante desde hace muchos años de Liberación Nacional, que comienza con una reforma constitucional apoyada casi por todos los partidos políticos. Y he hecho reconocimiento a esos partidos políticos, que precisamente comenzamos a hacer que las campañas políticas en su financiamiento fueran más transparentes.

Fue así como reformamos la Constitución Política, fue así como declaramos públicas las finanzas de los partidos políticos, fue así como poco a poco fuimos obligando a los partidos políticos a reportar el financiamiento también privado al Tribunal Supremo de Elecciones en forma periódica.

Es así como poco a poco nosotros hemos ido depurando las campañas políticas, pero en lo cierto, y sentimos una preocupación de que el Tribunal Supremo de Elecciones todavía no está preparado para la liquidación que debe… debe de esos gastos de los partidos políticos.

Nosotros hemos propuesto una reforma que se quedó ahí, porque aquí lo que se indicaba es que esta reforma lo que pretendía era que no se aprobara nada. Nosotros queremos decir que le estamos debiendo al país, a los partidos políticos, al Tribunal Supremo de Elecciones una reforma más integral, porque no se trata de gastar menos, sino de lo que se gaste, se gaste bien, un cinco que se gaste, sobre todo, cuando es de financiamiento del pueblo costarricense de la contribución estatal, que se gaste bien.

Y entonces, por eso nosotros requerimos de que los partidos políticos tengan reglas claras, de que el Tribunal Supremo de Elecciones también imponga su autoridad en esas reglas claras, que las liquidaciones del Tribunal Supremo de Elecciones sean efectivamente verdaderas liquidaciones, con un debido proceso dándole la oportunidad no solo al partido político, por qué no al ciudadano también para que reclame esa inversión de los recursos públicos, y esa propuesta nosotros la tenemos aquí en esta Asamblea Legislativa.

Por eso, esto es una parte, esto es una economía importante, yo diría que es una economía que todos los partidos políticos hemos llegado a ese consenso, pero sí le debemos esa reforma electoral.

Debemos esa reforma electoral porque también hay cosas absurdas y aquí lo hemos dicho. Hay cosas absurdas en el Código Electoral, y nosotros no es que queremos la impunidad, pero queremos también, queremos también que las cosas absurdas no llenen los tribunales de justicia de causas que no tienen nada que ver con el mal financiamiento de los partidos políticos, que no tienen nada que ver con la mala actuación de los políticos porque no se trata de penalizar, no se trata de penalizar la política como un todo, no; de lo que se trata efectivamente esto es penalizar las acciones dolosas que efectivamente tengan a no solo a desviar el buen financiamiento que deben tener los partidos políticos, sino también de que efectivamente los mismos partidos políticos tengan las reglas claras de cómo se debe gastar el dinero, cómo se debe liquidar, y el Tribunal Supremo de Elecciones, cómo se tiene que aprobar o improbar, y desde luego cómo tienen que penalizar enviando al Ministerio Publico una resolución que efectivamente sea la primera imputación de un delito y que no lo haga como es hasta la fecha.

Mandan ciento veinticinco nombres, mandan aquí personas de diputados y diputadas que por una u otra razón han hecho contratos de servicios profesionales simplemente porque no les pareció aquí, no les pareció la liquidación, eso es lo que nosotros creemos que no debe ocurrir.

El Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos requieren de un debido proceso donde hay una conclusión administrativa de lo que son las liquidaciones.

Conclusión: que cuando no es conforme a derecho según lo determine el Tribunal Supremo de Elecciones sea la base para que el Ministerio Público determine entonces la acción penal a seguir; eso es lo que nosotros hemos querido hacer. Por eso, creo que esto es una reforma inclusa.

Me satisface porque no hay dinero para gastar, ya el presupuesto ordinario de la República entró a esta Asamblea Legislativa y ya tenía capada una parte importante de los recursos destinados al financiamiento de los partidos políticos para estas elecciones.

Y claro que entonces era una necesidad efectivamente tratar de ajustar los recursos no solo los que habían enviado, sino también al cero punto once por ciento del PIB.

Me parece, para nosotros, se cumplió una etapa, no estamos contentos porque queda una parte importante, queda pendiente una parte importante de la reforma al Código Electoral porque, repito, no se trata solo de gastar menos, se trata de gastarlo bien y que esas cuentas no solo efectivamente las reciba el Tribunal, sino que el Tribunal Supremo de Elecciones con el debido proceso debe hacer una resolución en donde admita, no admita y remita a la Fiscalía lo que corresponda, pero en una resolución fundada que sea precisamente la culminación de un debido proceso que debe hacer cuando los partidos políticos liquiden la deuda o el pago de la deuda política, liquiden la financiación que han hecho.

Esto es lo que nosotros hemos querido hacer. Esa fue nuestra reforma, esa fue la intención y todavía no vamos a descansar. Esto es un proceso que comenzó en los años noventa, que comenzó con la Administración Figueres, que comenzó estando aquí de diputado este servidor, que siguió cuando volvió a ser diputado y que también para mí queda pendiente que si no se aprueba ahora tendrá que aprobarse en lo futuro porque, repito, la democracia costarricense requiere no solo de normas importantes que regulen el financiamiento y la conducta a los partidos políticos, sino también requiere del debido proceso para juzgar esa conducta, para juzgar esa inversión de gastos importantes que son para los partidos políticos tal y como lo han dicho los diputados aquí que han hecho referencia.

Por eso, esto es una, digamos, una reforma talvez que nos permite calmar las finanzas públicas, pero también nos queda la insatisfacción de que seguimos igual en cuanto a la garantía de que los partidos políticos gasten bien esos dineros y que las liquidaciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones son liquidaciones que a veces uno siente que son a medias, que no imponen, no hacen un debido proceso para imponer responsabilidades y para determinar cuándo son irregularidades importantes dolosas que debe verlas el Ministerio Público.

La remisión que hace ahora nos deja a todos como en ascuas, como que sea el Ministerio Público el que en primera instancia haga la denuncia, la noticia criminal, la noticia del delito. Eso debe de hacerlo el Tribunal Supremo de Elecciones porque es el organismo especializado a quien le corresponde aprobar o improbar una liquidación efectivamente, guardando el debido proceso, que de por sí ya está generalizado y es una de las conquistas importantísimas que la Sala Constitucional ha implementado en Costa Rica.

Bueno, diputados y diputadas, me llena de satisfacción, por eso yo digo a medias esta iniciativa que ha sido aprobada y quiero decir que aquí todos hemos hecho renuncia y lo reconozco, pero el que más renuncia ha hecho es Liberación Nacional que las encuestas le están dando el cincuenta por ciento de ese financiamiento.

El que más renuncia a esto es Liberación Nacional; está renunciando a esta parte importante porque es el partido que en este momento está sacando el cincuenta por ciento de las encuestas, de ese voto efectivo que se va a hacer y en esto quería hacer el reconocimiento a todos, pero fundamentalmente a quien mayor desprendimiento ha tenido el día de hoy para votar esta propuesta, esta iniciativa.

Muchas gracias, reconocimiento a ustedes también.

Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:

Con mucho gusto, señor diputado.

El diputado Oviedo Guzmán para hablar en contra de la moción. Sí señor.

Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, señor presidente.

Dice la sabiduría de nuestro pueblo que el que calla otorga, y luego de escuchar al estimable compañero diputado de Cartago, don Luis Gerardo Villanueva Monge, he de decirle a don Luis Gerardo que probablemente en alguna época el Partido Liberación Nacional, al cual hace referencia, él tuvo esas virtudes y se dice que el Partido Liberación Nacional nació para defender precisamente el derecho a la libertad de sufragio.

Pero, don Luis Gerardo, eso es historia, eso es pasado. El Partido Liberación Nacional que usted defiende el día de hoy es otro absolutamente distante del que motivó sus orígenes y es tan distante, don Luis Gerardo, que hoy ese partido que usted defiende comete precisamente los mismos errores que le dieron origen.

Y le llamo la atención muy respetuosamente, don Luis Gerardo, porque aquí la semana pasada un estimable compañero diputado hablaba de la ética, el honor y cuestionaba una gran cantidad de cosas y yo lo escuchaba muy respetuosamente y guardaba silencio.

Y guardaba silencio porque en la elección del 2010 ese hoy diputado que era asesor, llegaba jactándose a la oficina de otro compañero que también hoy es diputado a decir que en el recuento de votos hoy les anulé veinticinco, hoy les anulé cuarenta, y es ese señor hoy diputado de la República el que se jactaba —les reitero una vez más— en aquel entonces de los votos que le anulaba a otro partido político.

Revisen las actas, revisen quién habló de ética y honor la semana pasada y luego con mucho gusto podemos seguir conversando…

Diputado Fabio Molina Rojas:

Puede hablar por la moción, diputado Molina Rojas, hay tiempo todavía para hablar por la moción en contra y a favor.

¿Cuánto tiempo, señor presidente?

Diputado Fabio Molina Rojas:

Doce minutos y medio.

Sin embargo, esta Presidencia después de haber cumplido con el propósito que tenían los jefes de fracción de votar este expediente, pretende levantar alrededor de las dieciocho horas, pero tiene la palabra el señor diputado Molina Rojas.

Gracias, señor presidente, diputadas y diputados.

En hora buena que juntos hayamos dado este trascendental paso. Sin duda, se registraron en las actas nuestras pretensiones de una reforma integral sustantiva en varios aspectos que considerábamos necesarios. Tratamos de persuadir, lo logramos hacer en un bloque de más de cuarenta diputados que representábamos a seis partidos políticos.

Existe un precepto constitucional que señala que se requería el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones; no se obtuvo y aquí venimos a cumplir con lo que habíamos expresado, que antes de la fecha señalada estaría aprobado como corresponde.

En el caso personal, dije antier en un programa radial, donde manda capitán no manda marinero. Y Liberación Nacional va a cumplir, lo reiteré ayer cuando dijimos lo que hoy expresó de nuevo nuestro jefe de fracción, que Liberación Nacional aportaría todos los votos de su fracción para esta aprobación.

Así es que con coherencia venimos a dar este paso, a sabiendas que posterior a las elecciones debemos dar otros importantes en el Código Electoral para ensanchar la democracia.

Una vez más tenemos que escuchar exabruptos del iluminado Oviedo, quien califica a Liberación con epítetos despectivos y lo hace en su ya acostumbrada línea ofensiva, agresora y vulgar que el Plenario y el país le conocen.

Diputado Oviedo, no es usted el que va a decir cuál es la ética y la valoración que hace este país de Liberación Nacional; Liberación sube en las encuestas y si no leyó las de hoy se las suministro, y si las de hoy no le gustan, las de mañana serán mejores.

Diputado Oviedo, su partido desciende, desciende, desciende a niveles imperceptibles para el ciudadano. Médico, cúrate a ti mismo.

Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:

No hay más solicitudes en el uso de la palabra, por lo tanto damos por discutida la moción.

Vamos a solicitarles a los diputados y diputadas que se encuentran fuera del salón de sesiones y los que se encuentran en la sala adjunta proceder a incorporarse para darle trámite a esta moción de revisión.

Hay treinta y ocho diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones.

Vamos a solicitarles a los señores ujieres cerrar puertas.

Los diputados y diputadas que estén a favor para que se revise la votación que recayó sobre la votación en el trámite de primer debate del expediente 18.357 se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Hay treinta y ocho diputadas y diputados presentes; ningún diputado ha votado a favor. Por lo tanto, la moción ha sido rechazada.

Señoras y señores diputados, al ser las…

Por el orden diputada, para levantar la sesión.

La diputada Ruiz Delgado.

Sí, muchas gracias, señor presidente. Solo por el orden.

Yo quisiera, compañeros diputados y diputadas, darles las gracias en el nombre del pueblo de Costa Rica. Esta es una votación histórica, y acá lo importante es que todos vamos a salir, como lo dije hace unos días, por esa puerta grande, porque Costa Rica entera nos está viendo y nos está escuchando y nos va a juzgar, así como nos ha juzgado en otros momentos mal, nos va a juzgar bien el día de hoy.

Así que gracias por esa votación.