PROYECTO DE LEY
REFORMA DEL
ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Expediente N.º 17.357
ASAMBLEA
LEGISLATIVA:
Una de las
preocupaciones más recurrentes de todos y cada uno de los costarricenses en los
últimos años es la inseguridad que gobierna en nuestro país.
Es el pan nuestro
de cada día, escuchar, ver o leer en los medios de prensa, que algún
costarricense o extranjero que se encuentra en nuestro país se ha visto
afectado por el hampa.
La situación se ha
hecho tan insoportable e inmanejable para muchas personas, al punto que son
cientos o miles, los que han optado por recurrir a sistemas de autotutela social que en algún momento de la historia
humana se luchó por desterrar, como por ejemplo la ley del más fuerte.
Precisamente, para
poder evitar que los grupos de personas tomaran la justicia en sus manos es que
se delegó en el Estado la obligatoriedad de velar por la seguridad de cada uno
de los habitantes. Sin embargo, el
resurgimiento de conductas que buscan hacer justicia por la propia mano, nos
indica que el Estado ha venido fallando en esa función tan esencial que los
ciudadanos le otorgaron de forma exclusiva.
Muchas pueden ser las razones que se
esgriman para justificar el por qué ha venido en aumento la inseguridad en el
país, pero sin duda una de las principales es la forma en que los gobiernos han
distribuido los recursos de los presupuestos públicos, dando prioridad a otros
sectores y destinando a la seguridad pública montos ínfimos en relación con la
necesidad que se tiene. No fue sino
hasta el año 2009, que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública
superó la barrera propuesta en la presente modificación, cuando alcanzó un dos
coma cincuenta y cinco por ciento (2,55%) del total del presupuesto nacional.
Cuando los
constituyentes originarios tomaron la sabia decisión de establecer la
obligación constitucional de dedicar a la educación al menos un seis por ciento
(6%) anual del producto interno bruto (PIB), lo hicieron con la intención de
tener un país donde los niveles de analfabetización
fueran muy bajos, donde la gran mayoría de costarricenses tuvieran acceso al
sistema educativo, que permitieran tener hombres y mujeres de bien para este
país. Afortunadamente para nosotros, ese
sueño de los constituyentes podemos verlo concretado hoy en día, al ser nuestro
país, ejemplo para otras naciones del orbe.
Sin embargo,
alguna vez se han preguntado, ¿qué habría ocurrido de no haberse incluido esa
disposición en nuestra Constitución?, ¿serían nuestros indicadores educativos
tan buenos si no existiera la obligación para el Gobierno Central de
presupuestar al menos el seis por ciento (6%) del PIB, para el gasto en
educación? La respuesta definitivamente
sería negativa, pues debe de recordarse que las prioridades del país varían
cada cuatro años, con la elección de un nuevo gobierno, y podría haberse dado
el caso de que un gobierno de turno no considerara a la educación como un
sector de tanta importancia como lo hizo el constituyente y hubiera destinado
menos recursos para el sector educativo.
Siguiendo esta
magnífica experiencia que se ha dado en el sector educación, los proponentes de
esta iniciativa deseamos establecer al Gobierno Central la obligación de
presupuestar al menos un dos por ciento (2%) del PIB, para el gasto en
seguridad, con el fin de que, a largo plazo, tal como ocurrió con la educación
nuestros indicadores de seguridad sean excelentes y permitan a todos los costarricenses
volver a disfrutar de la tranquilidad que ya hace bastantes años se perdió.
Los datos
estadísticos no mienten, en los últimos nueve años, 995.057 personas fueron
víctimas de delitos denunciados ante el Ministerio Público. La tasa promedio de denuncias presentadas por
100.000 habitantes, en ese lapso, fue de 2.694.
Casi una cuarta parte de nuestra población fue agredida por los
delincuentes en este período.
Los delincuentes
dominan las ciudades de Costa Rica. Las
casas de la población costarricense se han convertido en prisiones. Todos nuestros conciudadanos están ahítos de
tanta sangre derramada por las víctimas del hampa. Además, hartos de la tremenda impunidad
reinante en nuestra patria. Igualmente, hastiados de vivir tras las rejas y sin
derecho de caminar en paz por las calles.
Costa Rica está
actualmente en manos del hampa. Existen
comunidades donde los policías han perdido absolutamente el control, las
pandillas están desbocadas y los cadáveres aparecen ajusticiados en las calles.
Hoy, más que
nunca, es innegable la necesidad de diseñar e implantar una política criminal
democrática y consecuente con la realidad costarricense, pero que además cuente
con el contenido económico necesario para ponerla en práctica.
De acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población total
al 30 de junio del 2008 era de 4.381.987 habitantes y el Ministerio de
Seguridad contaba con 11.910 oficiales destinados a labores policiales. Según esos datos la relación de policías por
habitantes era de 368 habitantes por policía, sea, que cada oficial con que
cuenta el Ministerio de Seguridad Pública debe velar por 368 personas. Si la relación se hiciera en términos de
territorio, cada oficial de la fuerza pública esta en la obligación de vigilar
4,29 kilómetros cuadrados.
Como se nota, es
importante el faltante de profesionales en seguridad que necesita el país, sin
embargo, de aprobarse la reforma propuesta, esta situación podría ir mermando
poco a poco con el paso de los años, hasta llegar al número adecuado de
efectivos que requiere el país para retomar la seguridad que hemos perdido y
tanto se añora.
Adicional a lo
anterior, tampoco puede dejarse de lado, las malas condiciones que presentan
muchos de los equipos con que cuenta la policía, vehículos y casetas en mal
estado, armas que no funcionan, falta de uniformes, entre otras, son de las
mayores necesidades que debe de enfrentar la policía costarricense.
Con la propuesta
que se presenta ante las señoras diputadas y señores diputados, lo que se
pretende es, a corto plazo, dar contenido financiero al Ministerio de Seguridad
de forma que pueda hacer frente a las carencias que hoy día enfrenta, y de esta
manera en un futuro, no muy lejano, gozar de un cuerpo de policía que le
permita a la población costarricense volver a tener la tranquilidad que hace
apenas unos años todos y todas disfrutábamos.
En razón de todo
lo expuesto, se presenta el siguiente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DEL
ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
ARTÍCULO 1.- Refórmase el
artículo 12 de la Constitución Política para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo
12.- Se proscribe el Ejército como institución permanente
Para la vigilancia
y conservación del orden público habrán las fuerzas de
policía necesarias. Para cumplir con
ello, el gasto público destinado para el Ministerio de Seguridad Pública no
será inferior al dos por ciento (2%) anual del producto interno bruto, de
acuerdo con la ley.
Sólo por convenio
continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares;
unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer
manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva."
Rige a partir de
su publicación.
Luis Antonio Barrantes Castro,
diputado, y once firmas más.