VETO
AL DECRETO LEGISLATIVO 9054
San José, 24 de setiembre de 2012
Dp-0389-2012
Señor
Víctor Emilio Granados Presidente
Asamblea Legislativa
Su Despacho
VETO AL DECRETO
LEGISLATIVO 9054
"Reforma de varios artículos de la Ley No.8039,
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
de 12 de octubre de 2000, y sus reformas"
Estimado señor Granados:
El Poder Ejecutivo comparte la necesidad de fortalecer la defensa de los
derechos de los estudiantes a acceder a recursos por medio del derecho de
reprografía para fines académicos.
No obstante, siendo los derechos de autor parte de los derechos
fundamentales garantizados en nuestra Constitución Política en su artículo 47,
se debe generar un equilibrio justo para su defensa.
Por tal motivo, de conformidad con los artículos 125, 126 y 140 inciso
5) de la Constitución Política, devolvemos sin la sanción correspondiente al
Decreto Legislativo 9054: "Reforma de varios artículos de la Ley No. 8039,
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
de 12 de octubre de 2000, y sus reformas", ejerciendo la potestad de veto,
con la justificaciones respectivas que se exponen de seguido.
La objeción del Poder
Ejecutivo se basa en razones de conveniencia, oportunidad, eficacia, legalidad,
proporcionalidad y seguridad nacional, en el tanto existe sobrada experiencia
que demuestra que las sanciones penales con penas privativas de libertad, son
un mecanismo eficaz y necesario para condenar conductas ilícitas vinculadas a
la falsificación y contrabando; como actividades vinculadas al crimen
organizado.
El proyecto de ley
señalado, desconociendo que el régimen sancionatorio de la normativa vigente se
diseñó de forma escalonada, y le da a los jueces amplias posibilidades de
imponer sanciones alternativas a la prisión, eliminó completamente la cárcel
como castigo para aquellas acciones de piratería y demás, que violan la
normativa vigente, al mismo tiempo, abrió las posibilidades de fotocopiado de
tal manera que van mucho más allá de la excepción académica.
Las excepciones o
limitaciones al derecho de autor se pueden definir como la enumeración de casos
fácticos concretos en virtud de los cuales el derecho a la reproducción y la
comunicación pública de la obra deja de ser exclusivo y absoluto del autor,
para ceder al interés educativo, cultural e informativo de la obra en beneficio
de un público o usuario. Estos límites
se han impuesto a favor de los usuarios, para el goce o disfrute de la obra en
casos especiales que señale el legislador, sin que por ello medie una
disposición onerosa en su perjuicio.
La excepción académica, se
encuentra contemplada en el artículo 73 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, Ley número 6683, la cual señala que es libre la reproducción de una
obra didáctica o científica, efectuada personal y exclusivamente por el
interesado para su propio uso y sin ningún ánimo de lucro, directo o indirecto. La reproducción deberá realizarse en un solo
ejemplar, mecanografiado o manuscrito, y quedan excluidos de esta disposición
los programas de computación.
La eliminación de las penas
de prisión es fuente de nuevos problemas, porque si bien no todas las
violaciones a la normativa vigente se relacionan con el crimen organizado, la
experiencia de otros países demuestra que sí puede haber relación entre
piratería y crimen organizado; en este caso las sanciones económicas que
afectarían a una persona o a una empresa que desarrollan una actividad legal no
tienen sentido porque no son efectivas en el caso de actividades ilegales como
las promovidas por el crimen organizado.
En tal sentido el
Ministerio Público ha manifestado varias veces su preocupación en cuanto a la
necesidad de perseguir penalmente e imponer penas severas por la violación de
la propiedad intelectual cuando dichos delitos se encuentren vinculados a
crimen organizado, como así se ha determinado a nivel internacional. Desde el 2007 el Ministerio Público señaló al
respecto lo siguiente:
"Las ofensas contra la propiedad intelectual
son protegidas por el Ministerio Público en un marco más amplio que el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, pues en tanto dicho
país solamente interviene cuando el delito se relaciona con terrorismo,
narcotráfico o lavado de dinero, en Costa Rica se actúa frente a esos supuestos
y además, cuando los artículos falsificados ponen en peligro la salud de las y
los consumidores1".
Recientemente el Fiscal
General ha manifestado también su disposición de fortalecer la política de
persecución penal de estos delitos convencido que se trata de un mecanismo
vinculado a crimen organizado: "a mediados de octubre del 2011, Jorge
Chavarría, Fiscal General de la Republica, oficializó de manera verbal el
cambio de la política y aseguro que este tipo de delito no solo es importante
por la falsificación en sí, sino porque detrás de los negocios de falsificación
está el tema del crimen organizado, por lo que su persecución es indispensable2"
Entonces, la modificación
propuesta debilita significativamente la protección de Propiedad Intelectual
del país. Excede los límites de la
excepción académica y afecta de forma directa la industria creativa que cada vez
más forma parte importante de la economía del país generando empleos y
diversificando las opciones de inversión y trabajo. No es cierto, como se ha alegado, que se
trate de una actividad donde solo operan transnacionales, lo cual en principio,
no debería ser objeto de ningún tipo de reprobación, sin embargo, debe
destacarse que en el campo literario, musical, cinematográfico y de tecnología,
la producción costarricense es cada vez más significativa, incluyendo otras
actividades como la agrícola y artesanal que gozan de derechos en el campo de
la propiedad intelectual.
Por lo anterior, las
reforma que elimina las penas de prisión y las que establecen la impunidad
deben ser rechazadas totalmente, y en el caso de las fotocopias la supuesta
solución que ofrece es falsa porque excede la excepción académica al permitir
la reproducción indiscriminada de cualquier obra (clonación de libros).
Este decreto legislativo
lejos de fortalecer la excepción académica, introduce una cobertura no solo
para el derecho de reproducción sino para el derecho de comunicación, que
doctrinalmente no está contemplado en la excepción.
Permitir la comunicación
pública, escapa del fin académico por cuanto el concepto de comunicación
pública —a diferencia del derecho de reproducción- involucra a una comunidad
más amplia y heterogénea, por medios digitales que impiden el control del
número de copias que se divulgan.
Si el fin del decreto
legislativo es fortalecer el derecho de reproducción para fines académicos con
el que ya cuenta la comunidad académica, no tiene sentido ampliar el alcance a
la comunicación pública, pues ello afectaría el normal comercio de las
obras y sería una reproducción no excepcional que por sí misma es incapaz de
cumplir con la regla de las 3 fases contemplada en los artículos 9.2 del
Convenio de Berna. Este Convenio, en
este sentido señala: "Se reserva a las legislaciones de los países de la
Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados
casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación
normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos
del autor".
La regla de las tres fases
consiste en una exigencia al cumplimiento de las excepciones al derecho de autor,
mediante el cual se deben cumplir tres requisitos indispensables3:
1.
Sólo podrán tener lugar en casos especiales, por lo que, una actividad
que sea regular, lucrativa, pública o colectiva, no podría encuadrar en esta
figura jurídica.
2.
Sólo se podrán ejercer cuando ello no atente contra la explotación
normal de la obra o prestación. Si al momento de ejercer la limitación se daña
de forma directa o indirecta la comercialización de la obra, se excederían los
límites previstos en la Ley, por lo que igualmente se exige que las excepciones
se apliquen únicamente a obras debidamente divulgadas.
3.
Serán legítimas siempre que su ejercicio no perjudique
injustificadamente los legítimos intereses del autor. Si al ejercer la
limitación que concede la Ley, implica un perjuicio a la integridad, a la
imagen o a la figura del autor originario, la limitación constituye en sí misma
un exceso, y por ende, es ilegítima.
Consultado por esa
Asamblea, sobre este punto, el Registro Nacional mediante oficio DGRN-0916/2010
del 13 de junio de 2010, se opone al proyecto en el tanto considera que las
excepciones establecidas en la Ley vigente cumplen con el objetivo de evitar
efectos perniciosos al estudiantado y garantizar los derechos de autor y que
por el contrario la propuesta contraviene la legislación nacional y los
convenios internacionales. Indica el Ministerio de Justicia por medio de esta dependencia, que
llama la atención que la iniciativa no se limita a la reproducción de textos,
sino que: "incluye la comunicación al público de material protegido,
aspecto contemplado en los artículos 51 y 52 de la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos, que en la mayoría de casos no se relacionan con fines
educativos".
El decreto legislativo no
solo abarca la aplicación de la excepción académica a la reproducción de obras
literarias y artísticas, sino también a la comunicación, emisión y publicación,
lo que excede dicha excepción. La ampliación de la excepción a esos derechos
patrimoniales, afecta obras de naturaleza tecnológica, fonogramas (música),
planos, obras artísticas (pintura, escultura, fotografía) estableciendo un
claro riesgo por el exceso en el alcance de la despenalización en cuanto a los
derechos que abarca.
El proyecto de ley votado,
además, no establece claramente el alcance de la reproducción en cuanto a si la
misma es total o parcial. A nivel de derecho comparado la excepción académica
permite la reproducción PARCIAL de la obra, pero de la manera contemplada en el
decreto legislativo esa limitación no existe, lo que podría también exceder lo
indicado en la regla de las 3 fases. En este mismo sentido, en obras
tecnológicas la réplica siempre es total, por lo que la reforma incide de
manera negativa en el sector tecnológico, definido como sector estratégico
tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Estrategia Nacional de
Propiedad Intelectual, infringiendo uno de los puntos de la regla de las 3
fases, la cual indica que no dañe el normal comercio de la obra.
Con fundamento en las
consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo devuelve a la Asamblea
Legislativa, en tiempo sin su sanción, el Decreto Legislativo 9054
"Reforma de varios artículos de la ley 8039, Ley de Procedimientos de
Observancia de los derechos de propiedad intelectual, de 12 de octubre de 2000,
y sus reformas".
Reciba las muestras de
nuestra consideración y estima.
Laura
Chinchilla Miranda Fernando
Ferraro Castro
Presidenta
de la República Ministro
de Justicia y Paz
1Ver:http://ministeriopublico.poderjudicialgo.cr/Informes%20y%20Discursos/XXXII%20aniversario.Html
2Ver:http://www.ag-abogados.net/ministerio_publico_trabaja.php
3Castro Bonilla, Alejandra DERECHO DE AUTOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS. Editorial
Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica,2006.
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