LEY DE CONDONACIÓN DEL PAGO DE LAS OPERACIONES GENERADAS

DURANTE LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO PESQUERO DEL INSTITUTO

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA),

CREADO POR LEY N.º 7384, DE 16 DE MARZO DE

1994, Y SUS REFORMAS

 

Expediente N.º 17.130

 

BIENVENIDO VENEGAS PORRAS

DIPUTADO

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

 

La pesca es una de las actividades más antiguas realizada por el hombre, junto con la recolección de frutas y la caza, representa los primeros medios de subsistencia del hombre.

 

Esta actividad reviste una alta importancia debido a que representa una forma de sustento para muchas familias, tanto desde el propio sector pesquero como para los comerciantes y los consumidores, misma que se clasifica en el sector primario, ello por cuanto tiene relación directa con la explotación de recursos naturales de una forma sostenible.

 

Sin embargo, el reconocimiento a tan importante actividad no se ha dado como debe de ser, todo lo contrario, además de todas las situaciones que deben enfrentar en el mar, quienes desarrollan esta actividad como medio de subsistencia, muchas veces también son víctimas del sistema, dado que las autoridades gubernamentales no les brindan el suficiente apoyo para que continúen realizando esta actividad milenaria.

 

Muchas de las personas que realizan la actividad de la pesca, son hombres y mujeres jefes de hogar con hijos, a los cuales les deben llevar el sustento de cada día.  En Costa Rica, actualmente los pescadores sufren el impacto de las constantes alzas en el precio de los combustibles, donde el alisto de una pequeña embarcación prácticamente no es cubierto con el producto que se logra extraer del mar.

 

Las cifras de hogares pobres de las regiones que dependen de la actividad pecuaria, son muy preocupantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2007, señala que la zona Pacífico Central cuenta con un 20.8% de hogares pobres, mientras que la zona Brunca tiene un 24.0%, en la zona Chorotega la cifra llega a un 25.1 % y en la zona Huetar Atlántica es de un 20.2%; por su parte, las zonas no costeras mantienen menores porcentajes de hogares pobres, como es el caso en la zona Huetar Norte, la cual presenta un 19.3% y en la zona Central un 13.7%.  De lo anterior se deduce que las zonas costeras son las más afectadas del país en cuanto a los indicadores de pobreza.

 

Es importante señalar que recientemente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ha presentado el índice de desarrollo social, el cual permite hacer una medición, a partir de un conjunto de indicadores para ordenar los distritos y cantones del país, de acuerdo con su nivel de desarrollo social, el cual debe de constituirse en una valiosa herramienta que les permita a las instituciones estatales la asignación y reorientación de los recursos del Estado hacia las diferentes áreas geográficas del país.

 

Según este estudio y a modo de ejemplo, el cantón Central de Puntarenas ocupa el lugar N.° 62 de los 81 cantones existentes en nuestro territorio nacional, mismo que se encuentra en una zona costera de alta pobreza.

 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, señala la obligación del Estado de procurar el mayor bienestar de los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo que será únicamente factible con un desarrollo social que garantice un adecuado nivel de vida a la población, tarea que debe estar fuertemente ligada a un crecimiento económico que garantice una equitativa distribución de la riqueza.

 

Bajo esta concepción, la política social debe tener como objetivo primordial el promover un modelo que reconozca el derecho de las personas de tener acceso y satisfacer el conjunto de necesidades básicas que les garantice un adecuado desarrollo humano y les facilite participar activa, satisfactoria y libremente de la vida en sociedad.

 

Por otra parte, no debemos dejar de lado que a nivel mundial existe una gran preocupación, dado que durante los dos últimos años se han registrado constantes alzas en los precios de los alimentos a nivel mundial, lo cual está produciendo a nivel mundial una crisis alimentaria, que vendría a perjudicar a todos, pero sobre todo a las regiones más pobres del mundo.  Esta crisis además de poder crear una inestabilidad política y hasta disturbios sociales, de lo que no están exentas las familias de más escasos recursos de la provincia de Puntarenas, podría ocasionar un fuerte impacto al comercio pesquero.

 

Ante esto y dado que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Banca para el Desarrollo, la cual considero es un instrumento de gran utilidad para todos los costarricenses que desean iniciar una idea productiva, que les permita generar ingresos para cubrir las necesidades de sus familias y ayudar al desarrollo económico del país.  Mediante esta Ley, se le permitió a un importante grupo de pequeños y medianos productores, lograr ser beneficiarios de una condonación de deudas del Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuarios para pequeños y medianos productores (Fidagro), lo anterior como un medio de incentivar y ayudar a solventar la difícil situación que vive el sector agropecuario nacional, pero es preocupante que un sector como el pesquero que también ha sido desprotegido y que ven muy lejanas sus posibilidades de desarrollo, no haya sido considerado.

 

Un grupo importante de pescadores mantienen un fideicomiso creado por medio de la Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Ley N.° 7384, el cual no ha logrado su cometido de solucionar la problemática en que se encuentra inmerso este sector productivo.

 

Lo anterior, queda reflejado en los datos que tiene Incopesca, sobre este Fideicomiso y la realidad en que viven los pescadores, tanto es así que actualmente se encuentran en una difícil situación de cobro judicial unas 137 personas con un monto que asciende, aproximadamente, a unos ¢203.555.184,79, lo cual a todas luces es insostenible para esta tan golpeada población puntarenense que cada día se hunde más en dicha situación de pobreza, donde además de verse expuesta a sufrir por la pérdida de sus embarcaciones, sería castigada con sus otros bienes y por supuesto con el alimento de cada día, donde hay familias que si desayunan no pueden almorzar.

 

Esta realidad la viven los pescadores y es necesario tomar cartas en el asunto para que poblaciones con tan bajo desarrollo no continúen viéndose golpeadas por un sistema sin rostro humano, que las condena a vivir en la miseria.

 

Por los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

 

LEY DE CONDONACIÓN DEL PAGO DE LAS OPERACIONES GENERADAS

DURANTE LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO PESQUERO DEL INSTITUTO

COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA),

CREADO POR LEY N.º 7384, DE 16 DE MARZO DE

1994, Y SUS REFORMAS

 

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-       Autorízase al Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), creado mediante Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, para que condone la totalidad de las operaciones vigentes y que fueron generadas durante la vigencia del Fideicomiso Pesquero Incopesca-Banco Popular, Fideicomiso Pesquero del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), creado por Ley N.º 7384, de 16 de marzo de 1994, y sus reformas.

 

 

TRANSITORIO ÚNICO.- A partir de la vigencia de la presente Ley, el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), queda autorizado para girar las instrucciones a las dependencias correspondientes para que desistan y soliciten el archivo de cualquier proceso de cobro judicial o administrativo.

 

Rige a partir de su publicación.

 

 

 

 

Bienvenido Venegas Porras

DIPUTADO

 

 

 

 

 

 

 

25 de agosto de 2008.

 

 

 

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión

                        Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos

                        Naturales.