LEY
DE CONDONACIÓN DEL PAGO DE LAS OPERACIONES GENERADAS
DURANTE
LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO PESQUERO DEL INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA),
CREADO
POR LEY N.º 7384, DE 16 DE MARZO DE
1994,
Y SUS REFORMAS
Expediente
N.º 17.130
BIENVENIDO
VENEGAS PORRAS
DIPUTADO
ASAMBLEA
LEGISLATIVA:
La
pesca es una de las actividades más antiguas realizada por el hombre, junto con
la recolección de frutas y la caza, representa los primeros medios de
subsistencia del hombre.
Esta
actividad reviste una alta importancia debido a que representa una forma de
sustento para muchas familias, tanto desde el propio sector pesquero como para
los comerciantes y los consumidores, misma que se clasifica en el sector
primario, ello por cuanto tiene relación directa con la explotación de recursos
naturales de una forma sostenible.
Sin
embargo, el reconocimiento a tan importante actividad no se ha dado como debe
de ser, todo lo contrario, además de todas las situaciones que deben enfrentar
en el mar, quienes desarrollan esta actividad como medio de subsistencia,
muchas veces también son víctimas del sistema, dado que las autoridades
gubernamentales no les brindan el suficiente apoyo para que continúen
realizando esta actividad milenaria.
Muchas
de las personas que realizan la actividad de la pesca, son hombres y mujeres jefes
de hogar con hijos, a los cuales les deben llevar el sustento de cada día. En Costa Rica, actualmente los pescadores
sufren el impacto de las constantes alzas en el precio de los combustibles,
donde el alisto de una pequeña embarcación prácticamente no es cubierto con el
producto que se logra extraer del mar.
Las
cifras de hogares pobres de las regiones que dependen de la actividad pecuaria,
son muy preocupantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos para
el año 2007, señala que la zona Pacífico Central cuenta con un 20.8% de hogares
pobres, mientras que la zona Brunca tiene un 24.0%, en la zona Chorotega la
cifra llega a un 25.1 % y en la zona Huetar Atlántica es de un 20.2%; por su
parte, las zonas no costeras mantienen menores porcentajes de hogares pobres,
como es el caso en la zona Huetar Norte, la cual presenta un 19.3% y en la zona
Central un 13.7%. De lo anterior se
deduce que las zonas costeras son las más afectadas del país en cuanto a los
indicadores de pobreza.
Es
importante señalar que recientemente el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica, ha presentado el índice de desarrollo social, el cual
permite hacer una medición, a partir de un conjunto de indicadores para ordenar
los distritos y cantones del país, de acuerdo con su nivel de desarrollo
social, el cual debe de constituirse en una valiosa herramienta que les permita
a las instituciones estatales la asignación y reorientación de los recursos del
Estado hacia las diferentes áreas geográficas del país.
Según
este estudio y a modo de ejemplo, el cantón Central de Puntarenas ocupa el
lugar N.° 62 de los 81 cantones existentes en nuestro territorio nacional,
mismo que se encuentra en una zona costera de alta pobreza.
Nuestra
Constitución Política, en su artículo 50, señala la obligación del Estado de
procurar el mayor bienestar de los habitantes del país, organizando y
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, lo que será
únicamente factible con un desarrollo social que garantice un adecuado nivel de
vida a la población, tarea que debe estar fuertemente ligada a un crecimiento
económico que garantice una equitativa distribución de la riqueza.
Bajo
esta concepción, la política social debe tener como objetivo primordial el
promover un modelo que reconozca el derecho de las personas de tener acceso y
satisfacer el conjunto de necesidades básicas que les garantice un adecuado
desarrollo humano y les facilite participar activa, satisfactoria y libremente
de la vida en sociedad.
Por
otra parte, no debemos dejar de lado que a nivel mundial existe una gran
preocupación, dado que durante los dos últimos años se han registrado
constantes alzas en los precios de los alimentos a nivel mundial, lo cual está
produciendo a nivel mundial una crisis alimentaria, que vendría a perjudicar a
todos, pero sobre todo a las regiones más pobres del mundo. Esta crisis además de poder crear una
inestabilidad política y hasta disturbios sociales, de lo que no están exentas
las familias de más escasos recursos de la provincia de Puntarenas, podría
ocasionar un fuerte impacto al comercio pesquero.
Ante
esto y dado que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Banca
para el Desarrollo, la cual considero es un instrumento de gran utilidad para
todos los costarricenses que desean iniciar una idea productiva, que les
permita generar ingresos para cubrir las necesidades de sus familias y ayudar
al desarrollo económico del país.
Mediante esta Ley, se le permitió a un importante grupo de pequeños y
medianos productores, lograr ser beneficiarios de una condonación de deudas del
Fideicomiso para la protección y el fomento agropecuarios para pequeños y
medianos productores (Fidagro), lo anterior como un medio de incentivar y
ayudar a solventar la difícil situación que vive el sector agropecuario
nacional, pero es preocupante que un sector como el pesquero que también ha
sido desprotegido y que ven muy lejanas sus posibilidades de desarrollo, no
haya sido considerado.
Un
grupo importante de pescadores mantienen un fideicomiso creado por medio de la
Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca),
Ley N.° 7384, el cual no ha logrado su cometido de solucionar la problemática
en que se encuentra inmerso este sector productivo.
Lo
anterior, queda reflejado en los datos que tiene Incopesca, sobre este
Fideicomiso y la realidad en que viven los pescadores, tanto es así que
actualmente se encuentran en una difícil situación de cobro judicial unas 137
personas con un monto que asciende, aproximadamente, a unos ¢203.555.184,79, lo
cual a todas luces es insostenible para esta tan golpeada población
puntarenense que cada día se hunde más en dicha situación de pobreza, donde
además de verse expuesta a sufrir por la pérdida de sus embarcaciones, sería
castigada con sus otros bienes y por supuesto con el alimento de cada día,
donde hay familias que si desayunan no pueden almorzar.
Esta
realidad la viven los pescadores y es necesario tomar cartas en el asunto para
que poblaciones con tan bajo desarrollo no continúen viéndose golpeadas por un
sistema sin rostro humano, que las condena a vivir en la miseria.
Por
los motivos y razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de las señoras
diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.
LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY
DE CONDONACIÓN DEL PAGO DE LAS OPERACIONES GENERADAS
DURANTE
LA VIGENCIA DEL FIDEICOMISO PESQUERO DEL INSTITUTO
COSTARRICENSE
DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA),
CREADO
POR LEY N.º 7384, DE 16 DE MARZO DE
1994,
Y SUS REFORMAS
ARTÍCULO
ÚNICO.- Autorízase al Fideicomiso
Nacional de Desarrollo (Finade), creado mediante Ley N.° 8634, Ley del Sistema
de Banca para el Desarrollo, para que condone la totalidad de las operaciones
vigentes y que fueron generadas durante la vigencia del Fideicomiso Pesquero
Incopesca-Banco Popular, Fideicomiso Pesquero del Instituto Costarricense de
Pesca y Acuicultura (Incopesca), creado por Ley N.º 7384, de 16 de marzo de
1994, y sus reformas.
TRANSITORIO
ÚNICO.- A partir de la vigencia de la
presente Ley, el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade), queda autorizado
para girar las instrucciones a las dependencias correspondientes para que
desistan y soliciten el archivo de cualquier proceso de cobro judicial o
administrativo.
Rige
a partir de su publicación.
Bienvenido
Venegas Porras
DIPUTADO
25
de agosto de 2008.
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la
Comisión
Permanente de Asuntos
Agropecuarios y de Recursos
Naturales.