Documento no oficial, únicamente para trabajo de la Comisión de Redacción

 

 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN

 

EXPEDIENTE N.º 16.973

 

CONTIENE

 

Dictamen Afirmativo Mayoría (C. E. 16.917 del 24 set. 2008)

I INFORME DE MOCIONES 137  (29-10-08)

II INFORME DE MOCIONES 137  (04-11-08 4 aprob., 3 rech) 

III INFORME MOCIONES 137 (12-11-08 1 moc. desec.)

IV INFORME MOCIONES 137 (10-12-08 17 moc. aprobadas)

 

R - 6

18 de diciembre de 2008

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

 

DECRETA:

 

 

LEY DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS
SUJETOS INTERVENIENTES EN EL PROCESO PENAL,
REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL
PENAL Y AL CÓDIGO PENAL

 

 

TÍTULO I

 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS
SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL

 

 

ARTÍCULO 1.-   Objeto

 

El objeto de este título es la protección de los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, así como la regulación de las medidas de protección extraprocesales y su procedimiento.

 

 

Artículo 2.-   Principios

 

Para la aplicación de este título, se tendrán en cuenta los principios siguientes:

 

a)         Principio de Protección:

Considera primordial la protección de la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas a que se refiere la presente Ley.

 

b)         Principio de Proporcionalidad y Necesidad:

Las medidas de protección responderán al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las mismas, y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; y,

 

Principio de Confidencialidad:

Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley, deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo.

 

 

Artículo 3.-   Definiciones

 

Para los efectos del presente título se entenderá por:

 

a)         Persona bajo protección:

Víctimas, testigos, jueces, fiscales, defensores u otras personas que se encuentren en una situación de riesgo como consecuencia de su intervención directa e indirecta en la investigación de un delito, en el proceso o por su relación con la persona que interviene en éstos.

 

b)         Programa de protección:

Conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial a través de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de la persona bajo protección.

 

c)         Medidas de protección:

Son las acciones o mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y demás derechos de la persona protegida, éstas pueden ser ordinarias, acciones encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas; y extraordinarias, las acciones que brindan seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo.

 

d)         Situación de riesgo:

Existencia razonable de una amenaza o daño para la vida, integridad física, libertad y/o seguridad de las personas con expectativa de acceder al programa de protección, así como la vulnerabilidad de la persona amenazada, la probabilidad de que el peligro ocurra y el impacto que éste pueda producir.

 

e)         Estudio de seguridad:

Valoración técnica con el fin de identificar fortalezas y debilidades de seguridad en el entorno de la persona, cuyos resultados una vez analizados sirven para la recomendación de mejoras y la implementación de medidas de protección.

 

 

Artículo 4.-   Ámbito de aplicación

 

La aplicación de esta Ley podrá producirse en cualquier momento del proceso y dependerá de la concurrencia de los siguientes supuestos:

 

a)         Que se trate de una persona bajo protección.

 

b)         Presunción fundada de la existencia de un riesgo cierto para la vida o integridad física de la persona como consecuencia de su intervención y/o nexo con la persona que interviene en la investigación de un hecho presuntamente delictivo, para lo cual se tomará en cuenta la importancia y entidad del riesgo, gravedad del hecho que se investiga y la relevancia del testimonio para el descubrimiento de la verdad en el hecho investigado.

 

Podrá otorgarse la protección aún cuando no se haya interpuesto la denuncia. Sin embargo, una vez acordada la protección, la denuncia por el hecho que la genera deberá interponerse en un plazo razonable.

 

 

Artículo 5.-   Sujetos protegidos

 

Las medidas previstas en este título se aplicarán a la persona bajo protección.

 

 

Artículo 6.-   Administración del Programa de Protección de Víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal

 

Corresponde a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, dentro de sus funciones de atención y asistencia a todas las víctimas de delitos, administrar el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.

 

Se crea la Unidad de Protección, como parte de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, que estará conformada por los Equipos Técnicos Evaluadores que resulten necesarios, integrados, al menos, por un licenciado/a en criminología, un abogado/a, un psicólogo/a y un trabajador/a social y por un Equipo de Protección conformado por agentes de seguridad, perteneciente al Organismo de Investigación Judicial.

 

Serán atribuciones de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público:

 

a)         Elaborar el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, en adelante el Programa.

 

b)         Conocer las solicitudes de medidas de protección formuladas por la víctima, los órganos jurisdiccionales, Fiscalía General de la República, la Defensa Pública, querellante, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública,

 

c)         Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores;

 

d)         Coordinar con el Ministerio de Seguridad, y otros organismos gubernamentales o no gubernamentales, el establecimiento o uso de los centros de protección que sean necesarios para brindar las medidas a que se refiere la presente Ley;

 

e)         Encomendar, cuando fuere procedente, la ejecución material de las medidas de protección a la Unidad o Departamento correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública y, cuando se tratare de testigos privados de libertad, al Ministerio de Justicia;

 

f)          Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando la reserva que el caso requiera, bajo pena de incurrir en responsabilidad;

 

g)         Informar a las autoridades y solicitantes de la protección, sobre la modificación o supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas;

 

h)         Solicitar la creación de los Equipos Técnicos Evaluadores y de Equipos de Protección que fueren necesarios por razones del servicio.

En lo referente a la realización de peritajes psicosociales a víctimas de delitos sexuales y otras manifestaciones de violencia, independiente de la edad y sexo; a las víctimas de violencia doméstica en sede penal y de violencia en las relaciones de pareja, según la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, se debe coordinar con los equipos interdisciplinarios existentes en el departamento de trabajo social y psicología del poder judicial.

 

i)          Proponer la celebración de convenios y mantener las relaciones a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas o privadas, para facilitar el cumplimiento de esta Ley. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que fuere pertinente a través del canal oficial correspondiente;

 

j)          Realizar campañas permanentes sobre la difusión de los derechos de las víctimas y testigos a nivel nacional;

 

k)         Las demás que esta Ley y su Reglamento le señalen.

 

l)          Coordinar con el Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, en lo referente a la atención de personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y otras formas de violencia, para que sean incluidos en el programa que existe en dicho departamento para atención de estas personas.”

 

El reglamento regulará y definirá el tipo de medidas de protección.

 

Moción N.º 40-137 (2-41) de varios y varias diputadas

Moción N.º 41-137 (3-41) de varios diputados y diputadas

Moción N.º 42-137 (4-41) de varios y varias diputadas

 

 

Artículo 7.-   Equipos Técnicos Evaluadores

 

A dichos equipos les corresponderá:

 

a)         Emitir dictamen para el otorgamiento, modificación o supresión de las medidas de protección solicitadas que contenga la evaluación del riesgo y el estudio de seguridad.

 

b)         Recomendar las medidas de protección que considere técnicamente convenientes para cada caso.

 

c)         Solicitar a las instituciones públicas o privadas la información necesaria para su dictamen.

 

d)         Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección.

 

e)         Dar seguimiento a los casos de las personas bajo protección.

 

f)          Revisar y rendir un informe sobre las medidas de protección en ejecución cada seis meses, cuando la medida acordada supere ese plazo, o en cualquier otro caso en que la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público así lo disponga; y,

 

g)         Cumplir con las demás funciones que la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público le encomiende.

 

 

Artículo 8.-   Equipos de Protección

 

Corresponderá al equipo de protección:

 

a)         La ejecución de las medidas materiales de protección en los casos en que se requiera acompañamiento o vigilancia por parte de la persona protectora;

 

b)         Informar a los Equipos Técnicos Evaluadores sobre el desarrollo de la protección; y,

 

c)         Cumplir con las demás actividades que la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público le encomiende.

 

Asimismo la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, podrá coordinar lo respectivo a la ejecución de las medidas necesarias que regula esta ley, con la Unidad o Departamento correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública y, cuando se tratare de testigos privados de libertad, con el Ministerio de Justicia, así como cualquier otra institución pública cuando resulte necesario.

 

 

Artículo 9.-   Derechos de las personas bajo protección

 

Además de los derechos establecidos en la legislación procesal penal e internacional, toda persona bajo protección tendrá derecho:

 

a)         A recibir asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica cuando sea necesario, en forma gratuita.

 

b)         A que se gestione una ocupación laboral estable o una contraprestación económica razonable cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior.

 

c)         A tener durante el proceso un seguro por riesgo, en caso de lesión o muerte, a cargo del Programa de Protección de Víctimas y Testigos cuando el mismo tenga recursos disponibles.

 

d)         A tener a su disposición un área en el Tribunal donde se esté ventilando el proceso judicial contra el responsable del delito, que esté separada del imputado

 

e)         Facilitar la salida del país y residencia en el extranjero de las personas protegidas, cuando resulte necesario para proteger su vida o integridad física.

 

f)          A que no se capten y/o transmitan imágenes de su persona o de sus familiares que permitan su identificación como víctima, testigo o sujeto interviniente en el caso por el cual se le protege.

 

g)         A que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y de sus familiares, así como el privilegio de la comunicación que tenga con su consejero legal, psicólogo o médico.

 

h)         A ser escuchada previo al otorgamiento, modificación o supresión de la medida de protección que se le hubiere conferido.

 

i)          A solicitar el cese de las medidas o rechazar su aplicación.

 

Moción N.º 43-137 (5-41) de varios y varias diputadas

 

 

Artículo 10.- Deberes

 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo anterior y en el Código Procesal Penal, las personas sujetas a medidas de protección tendrán las siguientes obligaciones:

 

a)         Cumplir las instrucciones y órdenes que se hayan dictado para proteger su integridad y la de sus familiares.

 

b)         Mantener absoluta y estricta confidencialidad respecto de su situación de protección y de las medidas que se le otorguen.

 

c)         No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras que están en la misma condición, aun cuando ya no estuviere sujeta al Programa.

 

d)         No revelar ni utilizar información relativa al caso o al Programa para obtener ventajas en su provecho o de terceros.

 

e)         Someterse a las pruebas psicológicas y estudios socio económico que permitan evaluar la clase de medida a otorgarle y su capacidad de adaptación a la misma.

 

f)          Atender las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad.

 

g)         Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la persona protegida.

 

h)         Abstenerse de frecuentar o comunicarse con personas que puedan poner en situación de riesgo su propia seguridad o la de su familia.

 

i)          Respetar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones que para tal efecto se impartan.

 

j)          Respetar a las autoridades y demás personal encargado de velar por su protección, así como tratarlas con decoro y dignidad.

 

k)         Proporcionar a las autoridades judiciales la información que le sea requerida sobre el hecho investigado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política.

 

 

Artículo 11.- Clases de Medidas de Protección

 

Las medidas de protección pueden ser procesales o extraprocesales. Las medidas procesales se regularán en el Código Procesal Penal y las extraprocesales en esta Ley. Se entenderá que se da:

 

a)         Protección procesal:

 

Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven sus datos de identificación como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la documentación del proceso, así como, en los casos excepcionales que señala el artículo 204 bis del Código Procesal Penal, a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, éstos no sean conocidos por el imputado o las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la video conferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba como en juicio.

(Moción N.º 31-137 (3-35) del diputado Pérez González)

(Moción N.º 2-37, II-137 de dip. Arguedas Maklouf)

 

b)         Protección extraprocesal:

 

La víctima, testigos, y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y obtener protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física, la de sus familiares u otras personas relacionadas con el interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El Ministerio Público, la policía, el juez o el Tribunal de Juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección, en los términos y según el procedimiento que establece esta Ley y su reglamento. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y, previo requerimiento del fiscal, canalizará por su medio la información necesaria para sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según lo regulado en el artículo 239 del Código Procesal Penal.

 

 

Artículo 12.- Solicitud y Procedimiento de las Medidas de Protección Extraprocesales

 

12.1.-    Solicitud

 

La aplicación de medidas de protección, iniciará previa solicitud ante la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, realizada por la persona, el Fiscal, el Juez, la Defensa Pública, el querellante, el Organismo de Investigación Judicial o el Ministerio de Seguridad Pública. Cuando la solicitud no sea recibida directamente por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, el funcionario público que la reciba deberá canalizarla en un plazo máximo, perentorio de 24 horas a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, bajo pena de incurrir en responsabilidad.

 

La solicitud contendrá los datos generales de la persona, la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de la situación de peligro que motiva la solicitud, así como cualquier otro elemento que pueda orientar en la toma de la decisión. En casos urgentes la solicitud podrá ser verbal, con la información necesaria para identificar a la persona y la situación de riesgo, sin perjuicio de que con posterioridad se formalice la solicitud por escrito.

 

Cuando la persona protegida sea menor de edad, la solicitud podrá ser presentada por su representante legal o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia. En caso de no poder cumplirse con este requisito porque el interés de la persona menor de edad se contrapone al de quienes ejercen su autoridad parental, corresponderá al Patronato Nacional de la Infancia representar los intereses de la persona menor de edad en este caso. No obstante, en todo caso cuando se trate de víctimas menores de edad protegidas por la presente Ley, se procederá de conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño.

 

12.2.-    Duración y revisión de las medidas

 

Las medidas de protección aplicadas se mantendrán durante el tiempo que persista la situación que las motiva y serán revisadas al menos cada seis meses. No obstante, en cualquier momento y cuando lo considere pertinente la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, ordenará a los Equipos Técnicos, la revisión de las medidas de protección.

 

12.3.- Finalización de las Medidas de Protección

 

Las medidas de protección cesarán por resolución fundada de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público cuando cese el riesgo o se dé alguna de las causales de exclusión del programa previstas en esta Ley. La decisión de excluir a la persona protegida del Programa deberá tomar en cuenta la opinión del afectado (a).

 

Las medidas también finalizarán por renuncia expresa de la persona protegida, presentada de forma oral o escrita. No obstante, previa finalización de las medidas por este motivo, la persona deberá atender una cita psicológica en la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin de descartar cualquier factor externo que afecte la decisión. En cualquier caso se dejará constancia de las razones que motivan la solicitud.

 

Cuando la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público resuelva finalizar las medidas de protección, girará las órdenes pertinentes a quienes corresponda para dejarlas sin efecto.

 

12.4.-    Causales de Exclusión del Programa

 

Las personas protegidas podrán ser excluidas del Programa, previo dictamen de los Equipos Técnicos Evaluadores por los motivos siguientes:

 

a)         Incumplir cualquiera de las obligaciones que establece la presente Ley;

 

b)         Ante la negativa injustificada de colaborar con la administración de justicia;

 

c)         Realizar conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público para garantizar la eficacia de las medidas acordadas;

 

d)         Proporcionar deliberadamente información falsa a los funcionarios o empleados de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público a fin de ser incluido en el Programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente;

 

e)         La desaparición del riesgo;

 

f)          Cuando la persona protegida renuncie voluntariamente al Programa.

 

g)         Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el mantenimiento de la medida.

 

La medida se mantendrá hasta tanto no quede firme la resolución de exclusión.

 

12.5.-    Archivo de Diligencias

 

Cuando la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público deniegue las medidas de protección y no se hubiere interpuesto recurso alguno, ordenará el archivo de las diligencias.

 

También se ordenará el archivo cuando finalicen las medidas o se excluya del Programa a la persona protegida.

 

12.6.-    Reserva

 

Las diligencias para la aplicación del Programa son confidenciales y únicamente tendrán acceso a ellas las personas que autorice la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público y el juez que conoce de la causa.

 

Por consiguiente, queda prohibido difundir o facilitar información que afecte la aplicación y ejecución de las medidas de protección, bajo pena de incurrir en responsabilidad.

 

12.7.-    Recursos

 

a)                     Revocatoria

 

El recurso de revocatoria procederá contra la resolución que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección, así como contra la decisión que excluya del Programa a la persona protegida.

 

El recurso deberá ser interpuesto por la persona u órgano que haya solicitado la protección, mediante escrito dirigido a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación respectiva.

 

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público deberá resolver dentro de los cinco días siguientes a la presentación del recurso.

 

b)         Apelación

 

Contra lo resuelto por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, sólo cabrá el recurso de apelación ante el Fiscal General, el cual deberá interponerse en el término de tres días a partir del día siguiente al de la notificación de la denegatoria.

 

El recurso deberá ser resuelto en el plazo de cinco días.

 

Todos los plazos son perentorios y entendidos en días hábiles.

 

(Moción 3-37, II-137 de dip. Olivier González).

 

 

Artículo 13.- Presupuesto para el Programa de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal

 

De conformidad con la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, el Poder Judicial elaborará e incorporará a su presupuesto anual los rubros que correspondan, con el objetivo de financiar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos creado con la presente ley.

 

El Ministerio de Hacienda dotará de contenido económico el Programa de Protección de Víctimas y Testigos citado, con los recursos generados mediante la modificación al párrafo cuarto del inciso c) numeral 1, del Artículo 23 de la Ley de impuesto sobre la renta. Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988, que se realiza en la presente Ley. Cuando los recursos generados a través de esta modificación sean insuficientes para el buen funcionamiento del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, dicho Ministerio estará en la obligación de girar los recursos adicionales necesarios para el buen funcionamiento del mismo.

 

Además, autorizase a las Instituciones públicas para que puedan asistir con recursos económicos en especie, mediante convenios interinstitucionales entre estas y el Poder Judicial, que permitan complementar las acciones de protección de víctimas y testigos. Lo anterior en procura de posibilitar acciones tales como evaluaciones sicológicas, siquiátricas, médicas especiales, de trabajo social o de cualquiera otra índole que se considere conveniente en virtud de la presente Ley."

 

(Moción 5-37, II-137 de varios diputados)

Moción N.º 45-137 (7-41) de varios y varias diputadas

 

 

Artículo 14.- Deber de colaboración de las autoridades

 

La víctima del delito, tendrá prioridad en la atención de sus necesidades de atención a la salud, o frente a trámites o gestiones en cualquier dependencia del Estado, relacionadas con su condición.

 

Las autoridades públicas también están obligadas a colaborar con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, dándole prioridad a sus solicitudes relacionadas con medidas de protección o atención para la persona bajo protección, así como a tomar las medidas para que exista confidencialidad de la información relacionada con el cumplimiento de las funciones de esta ley.

 

 

ARTÍCULO 15.- (Nuevo) Reglas específicas de protección a víctimas del delito de trata de personas.

 

Las víctimas de trata de personas tiene derecho a:

 

a)         Recibir información sobre los derechos que las asisten en un idioma que comprendan y en forma accesible a su edad y madurez; y

 

b)         Permanecer en el país, de conformidad con la legislación migratoria vigente, y a recibir la documentación que acredite tal circunstancia.

 

c)         A que su nombre no se incluido en ningún registro especial.

 

(Moción N.º 30-137 (4-35) del diputado Pérez González)

 

 

ARTÍCULO 15.- Reformas del Código Procesal Penal

 

            Refórmanse los artículos 7, 22, 25, 30, 33, 36, 70, 71, 98, 204, 212, 221,238, 248, 282, 285, inciso f) y h) del artículo 286, 293, 298, 300, 304, 318, 319, 324, 330, 331, 334, 340, 351, 413 y 426 del Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, para que se lean de la siguiente manera:

 

“Artículo 7.-       Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de la víctima

 

Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a restaurar la armonía social entre las partes y en especial el restablecimiento de los derechos de la víctima.

 

A tales fines, tomarán siempre en cuenta el criterio de la víctima, en la forma y condiciones que regula este Código.”

 

 

“Artículo 22. -    Principios de legalidad y oportunidad

 

El Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley.

 

No obstante, previa autorización del superior jerárquico el representante del Ministerio Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando:

 

a)         Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de este, salvo que exista violencia sobre las personas o fuerza sobre las cosas, afecte el interés público o lo haya cometido un funcionario público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él.

 

b)         Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

 

No obstante, lo dispuesto en el artículo 300, en los casos previstos en este inciso, la víctima no será informada de la solicitud para aplicar el criterio de oportunidad y, si no hubiere querellado no tendrá derecho de hacerlo con posterioridad, salvo que el Tribunal ordene la reanudación del procedimiento conforme al artículo siguiente.

 

(Moción N.º 14-137 (8-35) de dip. Fonseca Corrales y Pérez González)

 

c)         El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daños físicos o morales graves que tornen desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando concurran los presupuestos bajo los cuales el tribunal está autorizado para prescindir de la pena.

 

d)         La pena o medida de seguridad que pueda imponerse, por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad impuesta, que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones que se le impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. En estos últimos casos, podrá prescindirse de la extradición activa y concederse la pasiva.

 

La solicitud deberá formularse por escrito ante el tribunal que resolverá lo correspondiente, según el trámite establecido para la conclusión del procedimiento preparatorio”.

 

 

"Artículo 25.-     Procedencia

 

Cuando proceda la suspensión condicional de la pena o en los asuntos por delitos sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, el imputado podrá solicitar la suspensión del procedimiento a prueba siempre que, durante los cinco años anteriores, no se haya beneficiado con esta medida o con la extinción de la acción penal por reparación del daño o la conciliación. Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiados.

 

No procederá la medida en los delitos dolosos cuando el hecho se haya cometido por medio de fuerza en las cosas o violencia sobre las personas.  La solicitud deberá contener un plan de reparación del daño causado por el delito, a satisfacción de la víctima de domicilio conocido, y un detalle de las condiciones que el imputado está dispuesto a cumplir conforme al artículo siguiente. El plan podrá consistir en la conciliación con la víctima, la reparación natural del daño causado o una reparación simbólica, inmediata o por cumplir a plazos. Si efectuada la petición aún no existe acusación, el Ministerio Público describirá el hecho que le imputa.

 

Para otorgar el beneficio, son condiciones indispensables que el imputado admita el hecho que se le atribuye y que la víctima manifieste su conformidad con la suspensión del proceso a prueba.

 

En audiencia oral, el tribunal oirá sobre la solicitud al fiscal, a la víctima de domicilio conocido así como al imputado y resolverá de inmediato, salvo que difiera esa discusión para la audiencia preliminar. La resolución fijará las condiciones conforme a las cuales se suspende el procedimiento o se rechaza la solicitud, y aprobará o modificará el plan de reparación propuesto por el imputado, según criterios de razonabilidad.

 

La suspensión del procedimiento podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribunales respectivos.

 

Si la solicitud del imputado no se admite o el procedimiento se reanuda con posterioridad, la admisión de los hechos por parte del imputado no podrá considerarse como una confesión.

 

(Moción N.º 13-137 (10-35) de dip.  Fonseca Corrales y Pérez González)

 

 

"Artículo 30.      Causas de extinción de la acción penal

 

La acción penal se extinguirá:

 

a)         Por la muerte del imputado.

 

b)         Por el desistimiento de la querella, en los delitos de acción privada.

 

c)         Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, realizado antes del juicio oral, cuando se trate de delitos sancionados sólo con esa clase de pena, caso en el que el tribunal hará la fijación correspondiente a petición del interesado, siempre y cuando la víctima exprese su conformidad.

 

d)         Por la aplicación de un criterio de oportunidad, en los casos y las formas previstos en este Código.

 

e)         Por la prescripción.

 

f)          Por el cumplimiento del plazo de suspensión del proceso a prueba, sin que esta sea revocada.

 

g)         Por el indulto o la amnistía.

 

h)         Por la revocatoria de la instancia privada, en los delitos de acción pública cuya persecución dependa de aquella.

 

i)          Por la muerte del ofendido en los casos de delitos de acción privada, salvo que la iniciada ya por la víctima sea continuada por sus herederos, conforme a lo previsto en este Código.

 

j)          Por la reparación integral a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, realizada antes del juicio oral, en delitos de contenido patrimonial sin fuerza en las cosas o violencia sobre las personas y en delitos culposos, siempre que la victima o el Ministerio Público lo admitan, según el caso.

 

Esta causal procede siempre que, durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado de esta medida o de la suspensión del proceso a prueba o de la conciliación.  Para tales efectos, el Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiados.

 

(Moción N.º 12-137 (12-35) de varios diputados)

 

k)         Por la conciliación, siempre que durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado de esta medida, con la suspensión del proceso a prueba o de la reparación integral del daño.

 

l)          Por el incumplimiento de los plazos máximos de la investigación preparatoria, en los términos fijados por este Código.

 

m)        Cuando no se haya reabierto la investigación dentro del plazo de un año, luego de dictado el sobreseimiento provisional.”

 

 

"Artículo 33.-     Interrupción de los plazos de prescripción

 

Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad para computarlos a efecto de suspender o interrumpir la prescripción. Los plazos de prescripción se interrumpirán con lo siguiente:

 

a)         La comparecencia a rendir declaración indagatoria, en los delitos de acción pública.

 

b)         La presentación de la querella, en los delitos de acción privada.

 

c)         La resolución que convoca por primera vez a la audiencia preliminar.

d)         El señalamiento de la fecha para el debate

 

e)         Cuando la realización del debate se suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el desarrollo normal de aquel, según la declaración que efectuará el tribunal en resolución fundada.

 

f)          El dictado de la sentencia, aunque no se encuentre en firme.

 

La interrupción de la prescripción opera aun en el caso de que las resoluciones referidas en los incisos anteriores, sean declaradas ineficaces o nulas, posteriormente.

 

La autoridad judicial no podrá utilizar como causales de interrupción de la prescripción otras distintas de las establecidas en los incisos anteriores.

 

(Moción 11-137 (12-35) de varios diputados)

Moción N.º 48-137 (10-41) de varios y varias diputadas

 

 

“Artículo 36 .-    Conciliación

 

En las faltas o contravenciones, en los delitos de acción privada, de acción pública a instancia privada, los que admitan la suspensión condicional de la pena, procederá la conciliación entre víctima e imputado, en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio. También procederá en los asuntos por delitos sancionados, exclusivamente, con penas no privativas de libertad, siempre que concurran los demás requisitos exigidos por esta ley. Es requisito para la aplicación de la conciliación, cuando se trate de un delito de acción pública y sea procedente su aplicación, que durante los cinco años anteriores, el imputado no se haya beneficiado de esta medida, de la suspensión del proceso a prueba o de la reparación integral del daño.

 

En esos casos, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, en el momento procesal oportuno, el tribunal procurará que manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse.

 

Para facilitar el acuerdo de las partes, el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto, o instar a los interesados para que designen un amigable componedor. Los conciliadores deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes.

 

Cuando se produzca la conciliación, el tribunal homologará los acuerdos y declarará extinguida la acción penal. Sin embargo, la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. Para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de un año, durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal.

 

Si el imputado no cumpliere, sin justa causa las obligaciones pactadas en la conciliación, el procedimiento continuará como si no se hubiere conciliado.

 

En caso de incumplimiento por causa justificada, las partes podrán prorrogar el plazo hasta por seis meses más. Si la víctima no aceptare prorrogar el plazo, o se extinguiere este sin que el imputado cumpla la obligación aún por justa causa, el proceso continuará su marcha sin que puedan aplicarse de nuevo las normas sobre la conciliación.

 

El tribunal no aprobará la conciliación cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los que intervengan no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza, y en los delitos cometidos en perjuicio de las personas menores de edad.

 

En los delitos de carácter sexual, en las agresiones domésticas y en los delitos sancionados en la Ley de Penalización de la Violencia contra la mujer, el tribunal no debe procurar la conciliación entre las partes ni debe convocar a una audiencia con ese propósito, salvo cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales.

 

El plazo de cinco años señalado en los artículos 25 párrafo primero, 30 incisos j)  y  k)  y en este artículo, se computará a partir de la firmeza de la resolución que declara la extinción de la acción penal.

 

Los órganos jurisdiccionales que aprueben la aplicación de la suspensión del procedimiento a prueba, la reparación integral del daño o la conciliación, una vez firme la resolución, lo informarán al registro judicial, para su respectiva inscripción. El Registro Judicial llevará un archivo de los beneficiados con estas medidas.”

 

 

“Artículo 70.-     Víctima

 

Se considerará víctima:

 

a)         A la persona directamente ofendida por el delito.

 

b)         Al cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, al hijo o hija, madre y padre adoptivos, a los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.

 

c)         A las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

 

d)         A las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses.”

 

 

“Artículo 71.-     Derechos y deberes de la víctima

 

Aunque no se haya constituido como querellante, la víctima tendrá los siguientes derechos dentro del proceso:

 

1)         Derechos de información y trato:

 

a)         A recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que procure reducir o evitar la revictimización con motivo del proceso;

 

b)         A que se consideren sus necesidades especiales, como limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o étnicas.

 

c)         A ser informada en el primer contacto que tenga con las autoridades judiciales de todos los derechos y facultades así como sus deberes, con motivo de su intervención en el proceso, así como a tener acceso al expediente judicial.

 

d)         A señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle comunicadas las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, así como a que se canalice esa información por una vía reservada a criterio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, en caso de que se encuentre sujeta a protección.

 

e)         A ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, así como de los cambios o modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física, siempre y cuando haya señalado un domicilio, sitio o medio en que puedan serle comunicadas;

 

f)          A ser informada de su derecho a solicitar y obtener protección especial en caso de riesgos o amenazas graves para sí mismo o su familia, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso.

 

g)         A ser informada sobre la necesidad de su participación en determinados exámenes o pericias, a que se le expliquen sus alcances y a contar con la presencia de una persona de su confianza que la acompañe en la realización de las mismas, siempre que ello no arriesgue su seguridad o ponga en riesgo la investigación;

 

h)         A ser informada por el Fiscal a cargo del caso, de su decisión de no recurrir la sentencia absolutoria o el cese o modificación de las medidas cautelares adoptadas por la existencia de riesgo para su vida o integridad física, dentro del plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con indicación de las razones para no hacerlo, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser informada.

 

2)         Derechos de protección y asistencia:

 

a)         Protección extraprocesal:

 

La víctima tendrá derecho a solicitar y obtener protección especial en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El Ministerio Público, la policía, el juez o el Tribunal de Juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y canalizará por su medio la información necesaria para sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según lo regulado en el párrafo final del artículo 239.

 

b)         Protección procesal:

 

Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de identificación como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la documentación del proceso, así como, en los casos excepcionales que señala el artículo 204 bis, a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, éstos no sean conocidos por el imputado u otras personas con él relacionadas, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la video conferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba como en juicio, en los términos y según el procedimiento que se regula en los artículos 204 y 204 bis.

 

c)         Las personas menores de edad víctimas, las mujeres víctimas de abuso sexual o de violencia y las víctimas de trata de personas y de hechos violentos, tendrán derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo por parte del personal designado al efecto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la revictimización con motivo de su intervención en el proceso y facilitar su participación en las distintas diligencias judiciales como pericias o audiencias.

 

Moción N.º 50-137 (12-41) de varios y varias diputadas

 

d)         Las personas menores de edad víctimas tendrán derecho a que se considere su interés superior a la hora de practicar cualquier diligencia o pericia y especialmente a la hora de recibir su testimonio, para lo cual el Ministerio Público, el juez o Tribunal de juicio que conozca de la causa adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba su testimonio en las condiciones especiales que se requieran. Podrá solicitarse en caso necesario un dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto debidamente nombrado y resguardando siempre el derecho de defensa, tal y como lo regulan los artículos 212, 221 y 351.

 

e)         La víctima tendrá derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el Despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. El Ministerio Público, el juez o el Tribunal de Juicio que conozca de la causa adoptarán las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sea sometida a múltiples citaciones o comparecencias, sino que deberán cuando ello sea posible, programarse las audiencias para que se rinda el testimonio a la brevedad posible y no se haga uso abusivo de la licencia que aquí se concede.

 

 

3)         Derechos procesales:

 

a)         La víctima tiene derecho a denunciar por sí, por un tercero a quien haya autorizado o por mandatario los hechos cometidos en su perjuicio.

 

b)         La víctima directamente ofendida por el hecho tiene el derecho de ser escuchada en juicio, aún si el Ministerio Público no la ofreciera como testigo. En todas las gestiones que este Código autoriza realizar a la víctima, prevalecerá su derecho a ser oída. No podrá alegarse la ausencia de formalidades de interposición como causa para no resolver sus peticiones y tendrá derecho a que se le prevenga la corrección de los defectos en los términos del artículo 15.

 

c)         A apelar el sobreseimiento definitivo en las etapas preparatoria, intermedia y de juicio, así como la desestimación.

 

d)         Cuando el Ministerio Público le comunique su decisión de no impugnar la sentencia absolutoria o el cese o modificación de las medidas cautelares adoptadas por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física y la víctima no esté conforme, tendrá el derecho a recurrir de tales decisiones, en los términos que establece el artículo 426.

 

e)         A ser convocada a la audiencia preliminar en todos los casos, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio en que pueda ser localizada y a que se considere su criterio cuando se conozca de la aplicación del procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos y alcances que define este Código. En cualquier caso en que se encuentre presente se le concederá la palabra.

 

f)          A ejercer la acción civil resarcitoria en los términos y alcances que define este Código; a plantear la querella en los delitos de acción privada, a revocar la instancia en los delitos de acción pública dependiente de instancia privada, a solicitar la conversión de la acción pública en privada, a desistir de sus querellas o acciones, todo en los términos y alcances que define este Código.

 

g)         A que el Ministerio Público le comunique su decisión de acusar, solicitar el sobreseimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad a fin de que, en los términos que regula este Código, decida si formula querella y se constituye en querellante o si formula la acción civil resarcitoria.

 

h)         Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos o amenazas a la vida o integridad física de la víctima o de sus familiares, tendrá derecho a ser escuchada por el juez al resolver de la solicitud que le formule el Ministerio Público, siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. Podrá hacer su manifestación por escrito para ser presentada por el Fiscal junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio de que el juez decida escucharla. Para tales efectos el fiscal a cargo del caso podrá requerir información a la Oficina de Atención a la Víctima del delito del Ministerio Público con el objeto de fundamentar su solicitud, en los términos que se regulan en el párrafo final del artículo 239.

 

i)          A acudir ante el juez de la etapa preparatoria a señalar los errores, omisiones o retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los hechos en su perjuicio, en los términos que establece el último párrafo del artículo 298. Asimismo, podrá objetar el archivo fiscal en los términos que regula el numeral 298 citado.

 

j)          A que le sean devueltos a la brevedad posible, aún en carácter de depósito provisional, todos aquellos bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades con el propósito de ser utilizados como evidencia”.

 

 

“Artículo 98.-     Facultades policiales

 

La policía no podrá recibirle declaración al imputado. En caso de que manifieste su deseo de declarar, deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en la ley.

 

Sin embargo, durante las primeras seis horas desde su aprehensión o detención, en presencia de su defensor, los agentes del Organismo de Investigación Judicial, en cumplimiento de sus funciones, y respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los detenidos, podrán constatar su identidad e interrogarlo con fines investigativos.”

 

 

“Artículo 204.-   Deber de testificar

 

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir con esta obligación, el testigo tendrá derecho a licencia con goce de salario por parte de su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el Despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite. El Ministerio Público, el juez o el Tribunal de Juicio que conozca la causa adoptarán las medidas que sean necesarias para evitar que el testigo sea sometido a múltiples citaciones o comparecencias, sino que deberán cuando ello sea posible, programarse las audiencias para que se rinda el testimonio a la brevedad posible y no se haga uso abusivo de la licencia que aquí se concede.

 

Protección extraprocesal:

 

Si con motivo del conocimiento de los hechos que se investigan y de su obligación de testificar, la vida o la integridad física del testigo se encuentran en riesgo, tendrá derecho a requerir y a obtener protección especial. El Ministerio Público, la policía, el juez o Tribunal que conozcan de la causa adoptarán las medidas necesarias a fin de brindar la protección que se requiera. La oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público será la encargada de tramitar las solicitudes y de brindar la protección requerida.

 

Protección procesal:

 

Cuando, por las características del hecho, los datos de identificación del testigo como su nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidas por el imputado o las partes y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida o integridad física del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el querellante, podrán solicitar al juez, durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos datos.

 

El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada. Una vez acordada, esta información constará en un legajo especial y privado que manejará el juez de la etapa preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y se haya acordado y en el que constarán los datos correctos para su identificación y localización. Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo se dejará constancia de cualquier dato relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, como limitaciones físicas o problemas de salud y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando ello no ponga en peligro al declarante.

 

Cuando el riesgo para la vida o integridad física del testigo no pueda evitarse o reducirse con la sola reserva de los datos de identificación y se trate de la investigación de delitos graves o de delincuencia organizada, el Juez o Tribunal que conoce de la causa podrán ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, la reserva de sus características físicas individualizantes, a fin de que durante la etapa de investigación éstas no puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, en la misma resolución el juez ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad con lo que establece el artículo 293.

 

La participación del testigo protegido en los actos procesales deberá realizarse adoptando las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y características físicas, cuando así se haya acordado.”

La reserva de identidad del testigo protegido rige únicamente para la fase preliminar e intermedia.

 

Moción N.º 2-137 (18-35) de varios diputados

 

 

“Artículo 212.-   Testimonios especiales:

 

Cuando deba recibirse la declaración de menores de edad víctimas o testigos deberá considerarse su interés superior a la hora de su recepción, para lo cual el Ministerio Público, el juez o Tribunal de Juicio que conozca de la causa y según la etapa procesal en la que se encuentre, adoptarán las medidas necesarias para que se reduzcan los trámites y se reciba el testimonio en las condiciones especiales que se requieran, disponiendo su recepción en privado o mediante el uso de cámaras especiales para evitar el contacto del menor con las partes, permitiendo el auxilio de familiares o de los peritos especializados. Podrá requerirse un dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatría y Psicología Forense o de algún otro perito o experto debidamente nombrado de conformidad con el título IV de esta Ley, sobre las condiciones en que deba recibirse la declaración. Se resguardará siempre el derecho de defensa. Las mismas reglas se aplicarán cuando haya de recibirse el testimonio de víctimas de abuso sexual, trata de personas o de violencia intrafamiliar "

 

Moción N.º 53-137 (15-41) de varios y varias diputadas

 

 

“Artículo 221.-   Peritajes especiales

 

Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales, como las psicológicas y las médico legales, a personas menores de edad víctimas o a personas agredidas sexualmente o víctimas de agresión o violencia intrafamiliar, deberá integrarse, en no mayor de 8 días, un equipo interdisciplinario, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que requiera la víctima, cuando ello no afecte la realización del peritaje. Deberá tenerse en cuenta el interés superior en el caso de las personas menores de edad y en todo caso, tratar de reducir o evitar siempre la revictimización. Antes de la entrevista, el equipo de profesionales deberá elaborar un protocolo de ella y designará, cuando lo estime conveniente, a uno de sus miembros para que se encargue de plantear las preguntas.

 

Salvo que exista un impedimento insuperable, en la misma sesión deberá realizarse el examen físico de la víctima.

 

El Ministerio Público, la defensa del acusado y el querellante podrán participar de la entrevista psicológica y psiquiátrica, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad, la vida o integridad física de la víctima o se afecte el resultado de la prueba. A tales fines, podrá hacerse uso de cámaras especiales para evitar el contacto del menor o la víctima con las partes. En ningún caso esta intervención permitirá a las partes interrumpir el curso de la pericia. Las partes podrán intervenir sólo cuando se les indique y canalizarán sus observaciones a través del perito respectivo, el que decidirá la forma de evacuarlas. En todo caso dejará constancia de los requerimientos que se le hayan formulado y las anotará en sus conclusiones al rendir la pericia. Para su intervención, las partes podrán auxiliarse de un consultor técnico debidamente autorizado para participar, de conformidad con el artículo 126 de este Código.”

 

 

“Artículo 238.-   Aplicación de la prisión preventiva

 

La prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este Código, mediante resolución judicial fundada, en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la Ley. Cuando el Ministerio Público estime que procede la prisión preventiva, solicitará al Juez correspondiente que convoque a una audiencia oral en la que se discutirá sobre la procedencia o no de esa medida. Si la persona se encontrare detenida, la solicitud de audiencia deberá pedirse dentro de las veinticuatro horas a contar desde que el encausado se puso a la orden del juez y la audiencia deberá celebrarse dentro de las cuarenta y ocho horas y la resolución debe ser dictada dentro de ese plazo.

 

Corresponde al Ministerio Público y la Defensa del imputado, aportar la prueba en la que fundamente sus peticiones.

 

Terminada la audiencia el juez resolverá sobre lo solicitado. Si contare con medios de grabación, el respaldo de ellos será suficiente para acreditar la existencia de la celebración de la audiencia y de lo resuelto.

 

Se ejecutará del modo que perjudique lo menos posible a los afectados.

 

La privación de libertad durante el procedimiento deberá ser proporcionada a la pena que pueda imponerse en el caso.”

 

 

“Artículo 248.-   Abandono del domicilio

 

El abandono del domicilio como medida precautoria deberá establecerse por un plazo mínimo de un mes, sin que pueda exceder de seis; podrá prorrogarse por períodos iguales, si así lo solicita la parte ofendida y se mantienen las razones que la justificaron.

 

La medida podrá interrumpirse cuando haya reconciliación entre ofendido e imputado, siempre que tal circunstancia la manifieste la parte ofendida ante la autoridad jurisdiccional.

 

Para levantar la medida precautoria, el imputado deberá rendir caución juratoria de que no reincidirá en los hechos. Antes de levantar la medida se escuchará el criterio de la víctima, si esta puede ser localizada. Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal a cargo del caso deberá informar sobre la audiencia a la víctima, para lo cual podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la Víctima.

 

Cuando se trate de ofendidos menores de edad, el cese de esta medida precautoria solo procederá cuando se constate la inexistencia de riesgo para la víctima y el representante del Patronato Nacional de la Infancia así lo recomiende.”

 

 

“Artículo 282.-   Desestimación

 

Cuando el hecho denunciado no constituya delito o no sea posible proceder, el Ministerio Público solicitará al tribunal del procedimiento preparatorio, mediante requerimiento fundado, la desestimación de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales.

 

La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora.

 

La resolución que admite la desestimación se comunicará a la víctima de domicilio conocido y será apelable por ésta, el querellante, el actor civil y el Ministerio Público.

 

Si se trata de una víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal a cargo del caso deberá informarla de inmediato.”

 

 

“Artículo 285.-   Función

 

La policía judicial, por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores; a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables y reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para basar la acusación o determinar el sobreseimiento.

 

Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones determine la existencia de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y reserva de su identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o al juez competente. Además comunicará el hecho a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito al Ministerio Público, para que inicie el previsto en esta ley para la protección extraprocesal de la persona, si correspondiere.

 

Si el delito es de acción privada, solo deberá proceder cuando reciba orden del tribunal; pero si es de instancia privada, actuará por denuncia de la persona autorizada para instar.”

 

 

“Artículo 286.-   Atribuciones

 

La policía judicial tiene las siguientes atribuciones:

 

[…]

 

f)          Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. Cuando con motivo de las investigaciones determine la existencia de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y reserva de su identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o al juez competente en un plazo máximo de veinticuatro horas. En estos casos no podrá consignar en el informe los datos que permitan identificar y localizar a la víctima o al testigo, sin perjuicio de lo que resuelva el juez competente.

 

h)         Identificar e interrogar al imputado, en presencia de su defensor, durante las primeras seis horas de su aprehensión o detención, con fines investigativos, respetando los derechos fundamentales y garantías establecidas en la Constitución Política y las leyes.”

 

 

“Artículo 293.-   Anticipo jurisdiccional de prueba

 

Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce o que se trate de personas que deben abandonar el país, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez que la realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o víctima cuya seguridad, vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el proceso y se presuma razonablemente que su declaración en juicio no será posible pues no se reducirá el riesgo o éste podría aumentar, el Ministerio Público, el querellante o la defensa solicitarán al juez que ordene la recepción anticipada de su testimonio. En todos los casos en que se haya acordado la reserva de las características físicas del declarante, por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física, se procederá a recibir su testimonio en forma anticipada.

 

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, quienes tendrán derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por este Código.

 

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios tecnológicos de que se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, circuitos cerrados de televisión, filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar la pureza del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre protegida, se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que permitan mantener ocultas, o disimuladas sus características físicas, según el alcance de la protección acordada por el juez.

 

La resolución que acoja o rechace el anticipo será apelable por la defensa, el Ministerio Público y el querellante.

 

El rechazo de una solicitud de anticipo jurisdiccional de prueba no impedirá su replanteamiento si nuevas circunstancias o elementos de prueba así lo señalen.”

 

 

“Artículo 298.-   Archivo fiscal

 

Si no se ha podido individualizar al imputado, el Ministerio Público podrá disponer por sí mismo, fundadamente, el archivo de las actuaciones. La decisión se comunicará a la víctima de domicilio conocido, quien podrá objetar el archivo ante el tribunal del procedimiento preparatorio e indicará las pruebas que permitan individualizar al imputado. Si el juez admite la objeción ordenará que prosiga la investigación.

 

El archivo fiscal no impide que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan identificar al imputado.

 

La víctima también podrá objetar ante el Tribunal del procedimiento preparatorio los errores, omisiones o retrasos que estime han ocurrido en la investigación de los hechos en su perjuicio. El juez dará audiencia al Ministerio Público y a la defensa por el término de cinco días y resolverá lo que corresponda. Si la protesta se relaciona con la no evacuación de una prueba, el juez dispondrá lo pertinente, según el procedimiento regulado en el artículo 292. La víctima podrá apelar la decisión.”

 

 

“Artículo 300.-   Intervención de la víctima

 

Cuando el Ministerio Público decida solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, deberá ponerlo en conocimiento de la víctima de domicilio conocido para que esta manifieste si pretende constituirse en querellante; en este caso, deberá indicarlo por escrito dentro de los tres días siguientes. La querella deberá presentarse ante el Ministerio Público dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo anterior. Recibida la querella, el Ministerio Público la trasladará al tribunal del procedimiento intermedio si el imputado hubiera tenido ya oportunidad para rendir su declaración; en caso contrario, de previo, le brindará esa posibilidad. También trasladará las actuaciones y adjuntará su solicitud.”

 

 

“Artículo 304.-   Ofrecimiento de prueba para el juicio

 

Al ofrecerse la prueba se presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre, profesión y domicilio. Se presentarán también los documentos o se señalará el lugar donde se hallan, para que el tribunal los requiera. Los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar, bajo pena de inadmisibilidad.

 

En esta misma oportunidad el Ministerio Público o el querellante solicitarán al juez que adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o víctima según el caso, o bien que se continúe con la protección ya acordada, hasta sentencia firme. En caso de que se trate de la primera solicitud de protección se acompañará el informe al que hace mención el artículo 204 bis y en la audiencia preliminar se escuchará a las partes sobre el tema. La decisión se adoptará y se mantendrá en legajo separado.

 

El fiscal a cargo del caso será el encargado de citar al testigo o víctima objeto de protección procesal, para lo cual podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.

 

(Moción N.º (8-37) II-137 de la diputada Arguedas Maklouf)

 

 

“Artículo 318.-   Desarrollo de la audiencia

 

A la audiencia deberán asistir obligatoriamente el fiscal y el defensor, pero si este último no se presenta será sustituido por un defensor público. En su caso, el querellante y el actor civil también deben concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto. El imputado y los demandados civiles también pueden intervenir.

 

La víctima de domicilio conocido deberá ser convocada para que participe en la audiencia, aunque su incomparecencia no suspenderá la diligencia. Cuando se trate de una víctima que está siendo objeto de protección, la convocatoria a la audiencia deberá comunicarse a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público. El tribunal intentará que las partes se concilien, cuando esta solución sea procedente. Si esta no se produce o no procede, continuará la audiencia preliminar.

 

Se otorgará la palabra por su orden al querellante, al representante del Ministerio Público, al actor civil, al defensor y al representante del demandado civil. El fiscal y el querellante resumirán los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus peticiones; el actor civil, la defensa y las otras partes manifestarán lo que estimen pertinente en defensa de sus intereses. En el curso de la audiencia, el imputado podrá rendir su declaración, conforme a las disposiciones previstas en este Código. Cuando la víctima se encuentre presente, se le concederá la palabra.

 

Cuando el tribunal lo considere estrictamente necesario para su resolución, dispondrá la producción de prueba, salvo que esta deba ser recibida en el juicio oral.

 

El tribunal evitará que, en la audiencia, se discutan cuestiones que son propias del juicio oral.”

 

 

“Artículo 319.-   Resolución

 

Finalizada la audiencia, el tribunal resolverá inmediatamente las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas.

 

Analizará la procedencia de la acusación o la querella, con el fin de determinar si hay base para el juicio o, en su caso, si corresponde total o parcialmente desestimar la causa o sobreseer al imputado.

 

También podrá examinar, conforme al procedimiento establecido, si corresponde aplicar un criterio de oportunidad, el procedimiento abreviado, suspender el procedimiento a prueba o autorizar la aplicación de las reglas para asuntos de tramitación compleja.

 

Resolverá las excepciones planteadas, ordenará los anticipos de prueba que correspondan y se pronunciará sobre la separación o acumulación de juicios.

 

Decidirá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida para el juicio. Si las partes han llegado a algún acuerdo sobre la acción civil, ordenará lo necesario para ejecutar lo acordado.

 

En esta misma oportunidad, el tribunal deberá examinar la procedencia, ratificación, revocación o sustitución de las medidas cautelares.

 

A su vez, se pronunciará sobre las solicitudes de protección de víctimas o testigos, o sobre el mantenimiento, modificación o cese de las medidas ya acordadas.”

 

 

“Artículo 324.-   Preparación del juicio

 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de las diligencias, se fijarán el día y la hora del juicio, el que no se realizará antes de cinco días ni después de un mes.

 

Cuando se haya dispuesto la celebración del debate en dos fases, el tribunal fijará la fecha para la primera. Al pronunciarse sobre la culpabilidad, deberá fijar, si es necesario, la fecha para la segunda audiencia, la que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes.

 

El tribunal se integrará conforme a las disposiciones legales que regulan la jurisdicción y competencia de los tribunales penales, con uno o tres jueces según corresponda.

 

El secretario del tribunal citará a los testigos y peritos, solicitará los objetos y documentos y dispondrá las medidas necesarias para organizar y desarrollar el juicio público. Será obligación de las partes y del Ministerio Público coadyuvar en la localización y comparecencia de los testigos que hayan propuesto para el juicio; la secretaría del tribunal les brindará el auxilio necesario por medio de la expedición de las citas, sin perjuicio del uso de la fuerza pública si es necesario.

 

Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos procesalmente, el Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección, para lo cual podrá disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios tecnológicos necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que se pueda resolver sobre el tema en el curso del debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o integridad física del declarante no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio, en los términos del inciso a) del artículo 334.”

 

 

“Artículo 330.-   Publicidad

 

El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver por auto fundado y aun de oficio, que se realice total o parcialmente en forma privada, cuando:

 

a)         Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes.

 

b)         Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses de a justicia.

 

c)         Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible.

 

d)         Esté previsto en una norma específica.

 

e)         Se reciba declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior.

 

f)          Se reciba el testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas.

 

g)         Se reciba el testimonio de víctimas o testigos protegidos procesalmente.

 

Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y quien presida la audiencia relatará brevemente lo sucedido, si así lo dispone el tribunal. El tribunal podrá imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del debate.”

 

Moción N.º 55-137 (17-41) de varios y varias diputadas

 

 

“Artículo 331.-   Participación de los medios de comunicación

 

Para informar al público lo que suceda en la sala de debates, las empresas de radiodifusión, televisión o prensa podrán instalar en la sala de debates aparatos de grabación, fotografía, radiofonía, filmación u otros. El tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas facultades. Podrá, sin embargo, por resolución fundada, prohibir esa instalación cuando perjudique el desarrollo del debate o afecte alguno de los intereses señalados en el artículo anterior.

 

No podrán instalarse estos aparatos ni realizarse filmación o grabación alguna, cuando se trate de hechos cometidos en perjuicio de personas menores de edad. De la misma forma, tampoco podrán utilizarse en la audiencia cuando se trate de la recepción del testimonio de testigos o víctimas que estén siendo protegidas por la existencia de riesgos a su vida o integridad física o la de sus familiares. En tales casos la audiencia para la recepción de tales testimonios se declarará privada.

 

Si el imputado, la víctima o alguna persona que deba rendir declaración solicitan expresamente que aquellas empresas no graben ni su voz ni su imagen, el tribunal hará respetar sus derechos.”

 

 

“Artículo 334.-   Excepciones a la oralidad

 

Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:

 

a)         Las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la reproducción, cuando sea posible. Se incorporará el anticipo que se haya hecho por la existencia de un riesgo para la vida o integridad física de la víctima o el testigo, si ese riesgo no ha disminuido o ha aumentado con motivo de la celebración del juicio y no existan condiciones para garantizar la recepción del testimonio en debate.

 

b)         La denuncia, la prueba documental y los peritajes, los informes, las certificaciones y las actas de reconocimiento, registro, inspección, secuestro, requisa, realizadas conforme a lo previsto por este Código.

 

c)         Las declaraciones prestadas por coimputados rebeldes o absueltos.

 

d)         Las actas de las pruebas que se ordene recibir durante el juicio, fuera de la sala de audiencias.

 

Cualquier otro elemento de prueba que se incorpore por lectura al juicio, no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten expresamente su consentimiento.”

 

 

“Artículo 340.-   Sobreseimiento en la etapa de juicio

 

Si se produce una causa extintiva de la acción penal y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal podrá dictar el sobreseimiento definitivo.

 

El Ministerio Público, la víctima, el querellante y el actor civil podrán interponer recurso de casación contra lo resuelto.”

 

 

“Artículo 351.-   Testigos

 

Seguidamente, quien preside llamará a los testigos; comenzará por los que haya ofrecido el Ministerio Público; continuará con los propuestos por el querellante y las partes civiles y concluirá con los del imputado. Antes de declarar, los testigos no se comunicarán entre sí, ni deberán ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. Después de hacerlo, quien preside podrá ordenar que continúen incomunicados en la antesala, que presencien la audiencia o se retiren.

 

No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo; pero el tribunal apreciará esta circunstancia al valorar la prueba.

 

Para la recepción del testimonio de personas menores de edad, el Tribunal tomará las medidas necesarias en atención a su interés superior y en aras de evitar o reducir la revictimización. Podrá auxiliarse de peritos o de expertos en el tema que acompañen al menor en su relato o lo auxilien en caso necesario. Para garantizar los derechos del menor, el Tribunal podrá disponer que se reciba su testimonio en una sala especial, o con el uso de cámaras especiales o los medios tecnológicos disponibles, que faciliten a la persona menor de edad el relato sin el contacto con las partes, cuando ello sea recomendado.

 

De igual forma, para la recepción del testimonio de una víctima o testigo protegido, el Tribunal dispondrá que se haga en las condiciones y por los medios tecnológicos que garanticen la protección acordada, en especial cuando sea necesario mantener reserva de las características físicas individualizantes del declarante, como su rostro o su voz, garantizando siempre el interrogatorio de las partes.”

 

 

“Artículo 413.-   Audiencia inicial

 

Admitida la revisión, el tribunal dará audiencia por diez días al Ministerio Público y a los que hayan intervenido en el proceso principal. Se comunicará a la víctima que pueda ser localizada la existencia del procedimiento. Les prevendrá que deben señalar el lugar o la forma para notificaciones y que ofrezcan la prueba que estimen pertinente.”

 

 

“Artículo 426.-   Instancia al Ministerio Público

 

La víctima o cualquier damnificado por el hecho, cuando no estén constituidos como parte, podrán presentar solicitud motivada al Ministerio Público para que interponga los recursos que sean pertinentes. El Ministerio Público deberá comunicarle a la víctima o cualquier damnificado que pueda ser localizada conforme a la información que consta en el expediente, dentro del término para recurrir, su decisión de no impugnar la sentencia absolutoria o el cese o modificación de la medida cautelar adoptada por el peligro de obstaculización. Le explicará por escrito y en forma motivada, la razón de su proceder.

 

Si la víctima o cualquier damnificado no está conforme podrá interponer el recurso que corresponda, dentro de un plazo igual al que tuvieren las demás partes, que comenzará a correr a partir de la comunicación del Ministerio Público.”

 

 

ARTÍCULO 16.- Adición al Código Procesal Penal

 

Adiciónese un artículo 204 bis y un 239 bis al Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, cuyos textos dirán:

 

“Artículo 204 bis.-         Medidas de protección

 

1)         Procedimiento:

 

Para lograr la protección a que se refiere el artículo 204, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán las medidas de reserva de identidad o protección de las características físicas individualizantes del testigo al juez de la etapa preparatoria o intermedia, según la fase en que el riesgo se presente. La solicitud se acompañará de los elementos de prueba en que se sustenta la existencia del riesgo y su importancia, así como la necesidad de la protección. Podrán requerir al efecto un informe breve de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público en el que se documente el tipo de riesgo y la necesidad de la protección.

 

El juez convocará al Ministerio Público, al querellante y a la defensa a una audiencia oral en la que se expondrán la petición y las objeciones que se tengan, concluida la cual el juez deberá resolver de inmediato, pudiendo diferir la resolución hasta por cuarenta y ocho horas a fin de requerir los informes y datos que estime necesarios para resolver. No podrá revelarse la identidad ni los datos personales de aquél cuya protección se solicite mientras se realiza este trámite.

 

En casos urgentes podrá disponerse la reserva de los datos del testigo con carácter provisional y por un período no mayor a las setenta y dos horas, plazo dentro del cual se convocará a la audiencia y se resolverá lo pertinente. Para valorar la protección se tomará en cuenta la importancia y entidad del riesgo y la relevancia del testimonio para el descubrimiento de la verdad en el hecho investigado.

 

2)         Contenido de la resolución:

 

La resolución que acuerde la protección procesal del testigo, deberá estar debidamente fundamentada y contendrá la naturaleza e importancia del riesgo, el tipo de protección y su alcance, los fundamentos de la decisión y la duración de la medida.

 

En los casos en que se acuerda la reserva de identidad, el juez deberá consignar un breve resumen del conocimiento de los hechos que tenga el testigo, para posibilitar el derecho de defensa de las partes. Todo el trámite se realizará en un legajo separado y cuya custodia corresponderá al juez o Tribunal que conozca de la causa. Si se concede además la reserva de las características físicas individualizantes, en la misma resolución se ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de este testimonio, convocando a las partes para su realización, en los términos que señala el artículo 293.

 

Las medidas de protección acordadas podrán prolongarse por el tiempo necesario en atención al tipo de riesgo, con excepción de la etapa de juicio. En ningún caso la protección del testigo o impedirá su interrogatorio, que podrá realizarse mediante la utilización de los medios tecnológicos señalados y que permitan mantener ocultas o disimuladas las características físicas del declarante cuando ello se haya dispuesto al acordar la protección.

 

3)         Recursos:

 

La decisión que acuerda o deniega la protección será apelable por el Ministerio Público, el querellante, la víctima y la defensa. La apelación no suspenderá las medidas acordadas. Una vez firme la decisión, las partes estarán obligadas a respetar la reserva dispuesta, sin perjuicio de reiterar su reclamo en sede de juicio. Si el Tribunal de Apelaciones rechaza la protección o la reduce, el juez deberá poner en conocimiento de la defensa los datos cuya protección no fue autorizada.

 

Si se deniega la protección de las características físicas individualizantes y se mantiene la reserva de su identidad, el testigo comparecerá hasta el debate, salvo que se estime indispensable su presencia en alguna diligencia o acto procesal de la etapa de investigación, en cuyo caso deberán adoptarse las medidas necesarias para respetar la reserva concedida.

 

4)         Levantamiento de las medidas:

 

Cuando una parte estime absolutamente necesario para el adecuado ejercicio del derecho de defensa, conocer la identidad del testigo o víctima, solicitará al juez o al Tribunal que conozca de la causa que se levanten las medidas acordadas. De la petición, se dará audiencia por veinticuatro horas a las partes. Contra lo resuelto cabrá el recurso de apelación.

 

El juez o Tribunal podrán de oficio o a solicitud de parte disponer el levantamiento de las medidas, previa audiencia por veinticuatro horas a las partes, si nuevos elementos de prueba evidencian que la protección procesal no es necesaria, por demostrarse que las partes conocen la identidad del testigo, sin perjuicio de la protección extraprocesal que pueda darse.”

 

 

“Artículo 239 bis.-         Otras causales de prisión preventiva

 

Previa valoración y resolución fundada, el Tribunal también podrá ordenar la prisión preventiva del imputado, cuando se produzca cualquiera de las siguientes causales, el delito esté sancionado con pena de prisión y se cumpla el presupuesto establecido en el artículo 37 de la Constitución Política:

 

a)         Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la propiedad en que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

 

b)         El hecho punible se realice presumiblemente por quien al menos en dos ocasiones haya sido sometido a procesos penales en que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, en los que se haya formulado acusación y solicitud de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren concluidos.

 

c)         Cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos delictivos en que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas.

 

d)         Se trate de delincuencia organizada.”

 

 

Moción N.º 56-137 (12-42) de varios diputados y diputadas

 

 

 

TÍTULO II

 

ADICION   AL   CODIGO   PROCESAL   PENAL   DE   UN
PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA

 

 

ARTÍCULO 17.-             Adición al Código Procesal Penal de un Procedimiento Expedito para los Delitos en Flagrancia

 

Se adiciona el Código Procesal Penal en su Segunda Parte, Procedimientos, Libro II, Procedimientos Especiales el Título VIII "Procedimiento Expedito para los Delitos en Flagrancia.

 

 

"TÍTULO VIII

 

PROCEDIMIENTO EXPEDITO PARA LOS DELITOS EN FLAGRANCIA

 

 

Artículo            Procedencia

 

Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en aquellos casos en que se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie.  En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquél.  Este procedimiento especial omite la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral.

 

Moción N.º 58-137 (20-41) de la diputada Arguedas Maklouf

 

 

Artículo ...        Trámite inicial

 

El sospechoso detenido en flagrancia será trasladado inmediatamente, por las autoridades de policía actuantes, ante el Ministerio Público, junto con la totalidad de la prueba con que se cuente. No será necesaria la presentación escrita del informe o parte policial, bastará con la declaración oral de la autoridad actuante.

 

 

Artículo ...        Actuación por el Ministerio Público

 

El fiscal dará trámite inmediato al procedimiento penal, para establecer si existe mérito para iniciar la investigación. Para ello, contará con la versión inicial que le brinde la autoridad de policía que intervino en un primer momento, así como toda la prueba que se acompañe.

 

 

Artículo ...        Nombramiento de la defensa técnica

 

Desde el primer momento en que se obtenga la condición de sospechoso, el Fiscal procederá a indicarle que puede nombrar a un defensor de su confianza. En caso de negativa del mismo o que no comparezca su defensor particular en el término de veinticuatro horas, se procederá a nombrar de oficio un defensor público para que lo asista en el procedimiento. Una vez nombrado el defensor del imputado, se le brindará por parte del fiscal un término de veinticuatro horas, para que prepare su defensa para tal efecto.  El Ministerio Público de inmediato deberá rendir un breve informe oral acerca de la acusación y la prueba existente.

 

Moción N.º 59-137 (21-41) de la diputada Arguedas Maklouf

 (Moción N.º 6-137 (23-35) de varios diputados)

 

 

Artículo ...        Solicitud de audiencia ante el juez de juicio

 

Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud, el que de inmediato resolverá oralmente si concurren los requisitos para la aplicación del procedimiento en flagrancia.

 

Moción N.º 8-137 (24-35) de varios diputados

 

 

Artículo ...        Constitución del tribunal de juicio y competencia

 

El tribunal de juicio, en cualquier tipo de delito que se juzgue mediante este procedimiento, será constituido según su competencia conforme lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual tendrá competencia para resolver sobre causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades. Tendrá competencia también para la aplicación de cualquiera de cualquiera de las medidas alternativas al proceso, así como el procedimiento abreviado. Cuando no proceda ninguna de las medidas anteriores, el tribunal realizará inmediatamente el debate.

 

(Moción N.º 7-137 (25-35) de varios diputados)

 

 

Artículo ...        Realización de la audiencia por el tribunal

 

Recibida la solicitud por parte del fiscal, el tribunal en forma inmediata realizará la audiencia, la cual será oral y pública. De la audiencia quedará registro digital de video y audio, a la cual tendrán acceso las partes por medio de una copia. En la primera parte de esta audiencia, el fiscal expondrá oralmente la acusación dirigida en contra del imputado, donde se describan los hechos y se determine la calificación legal de los mismos, así como el ofrecimiento de prueba. La defensa podrá referirse a la pieza acusatoria y realizar sus consideraciones sobre la misma, además de ofrecer la prueba para el proceso.

 

El juez verificará que la acusación sea clara, precisa y circunstanciada y que el hecho atribuido sea típico. Caso contrario el fiscal deberá corregirla oralmente en el acto.

 

Inmediatamente se conocerá de la aplicación de medidas alternativas y el procedimiento abreviado. En el caso de que no proceda la aplicación de las mismas, no se proponga por la defensa o no se acepte por el Ministerio Público o la víctima, según fuere la medida, o el tribunal las considere improcedentes, este último procederá a realizar el juicio en forma inmediata y en esa misma audiencia. En este caso, deberá calificar la procedencia y pertinencia de la prueba ofrecida por las partes.

 

 

Artículo ...        Realización del juicio

 

En la segunda parte de la audiencia inicial se verificará el juicio, donde se le recibirá declaración al imputado. En forma inmediata se recibirá la prueba testimonial de la siguiente manera, inicialmente la declaración del ofendido y luego la demás prueba. Posteriormente se incorporará la prueba documental, donde las partes podrán prescindir de su lectura. Por último, se realizarán las conclusiones por el fiscal y luego la defensa. En forma inmediata el tribunal dictará sentencia en forma oral, si lo considera necesario, se retirará a deliberar y luego de un plazo razonablemente corto, el cual no podrá sobrepasar las cuatro horas, salvo causa excepcional que lo justifique y se comunique oralmente a las partes, sin que la ampliación del plazo exceda de veinticuatro horas luego de finalizada la audiencia de debate. Posteriormente, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias, donde oralmente dictará sentencia en forma integral. El dictado de la resolución en forma oral valdrá como notificación para todas las partes, aunque las mismas no comparezcan.

 

 

"Artículo ...       Dictado de la prisión preventiva

 

Cuando el fiscal considere la conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquiera otra medida cautelar, así lo podrá solicitar al tribunal de juicio desde el inicio del proceso.  En caso de que el tribunal, conforme los parámetros establecidos en este Código, considere proporcional y razonable la solicitud del fiscal, establecerá la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado, la cual no podrá sobrepasar los quince días hábiles.

 

Cuando se deba solicitar por un plazo superior, así como en aquellos casos donde se considere por el fiscal o el tribunal de juicio que no corresponde la aplicación del procedimiento expedito, por no estar ante hechos cometidos en flagrancia o al ser incompatible la investigación de los mismos, procederá la prisión preventiva si existe mérito para ello, según las reglas establecidas en este Código.  El juez penal será el encargado de resolver acerca de la solicitud dirigida por parte del fiscal.

 

En el caso del dictado oral de la sentencia condenatoria, si el tribunal lo considera oportuno, fijará la prisión preventiva en contra del imputado, por un plazo no superior a los seis meses.  Cuando en sentencia se absuelva al imputado, se levantará toda medida cautelar o restrictiva impuesta en contra del mismo.

 

En todo aquello que no se indique expresamente en este artículo, regirán las reglas de la prisión preventiva que se regulan en esta normativa procesal."

 

Moción N.º 57-137 (19-41) de varios y varias diputadas

 

 

Artículo ...        Recursos

 

En contra de la sentencia dictada en forma oral procederán los recursos conforme a las reglas establecidas en este Código.

 

Artículo ...        Aplicación del procedimiento abreviado.  ELIMINADO

 

(Moción N.º 4-137 (25-35) de varios diputados)

 

 

Artículo ...        Sobre la acción civil y la querella

 

En la primera fase de la audiencia el actor civil y el querellante también podrán constituirse como partes, en cuyo caso el tribunal ordenará su explicación oral, brindará la palabra a la defensa para que exprese su posición; de seguido resolverá de sobre su admisión y el proceso continuará.  Cuando proceda, la persona legitimada para el ejercicio de la acción civil resarcitoria podrá delegarla en el Ministerio Público para que le represente en el proceso.

 

Cuando corresponda declarar con lugar la acción civil resarcitoria el pronunciamiento se hará en abstracto y las partidas que correspondan se liquidarán por la vía civil de ejecución de sentencia.

 

La parte querellante y el actor civil asumirán el proceso en el estado en que se encuentre, de modo que no proceden suspensiones del debate motivadas por la atención de otros compromisos profesionales o personales. Si la prueba ofrecida por el actor civil o el querellante resulta incompatible con los objetivos de celeridad del procedimiento expedito, el tribunal se lo prevendrá oralmente a la parte proponente quién manifestará si prescinde de ella o solicita la aplicación del procedimiento ordinario en cuyo caso el Tribunal ordenará adecuar los procedimientos.

 

La acción civil no procederá en el procedimiento expedito cuando existan terceros demandados civilmente y no se encuentren presentes ni debidamente representados por patrocinio letrado al momento de la apertura del debate, sin perjuicio de los derechos que le confiere la jurisdicción civil.

 

(Moción N.º 3-137 (28-35) de varios diputados)

 

 

Artículo           Garantías

 

Se entenderá para todos los efectos, especialmente laborales, que la víctima y testigos tendrán derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, público o privado, cuando tenga que asistir a las diligencias judiciales o comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el Tribunal que conoce de la causa deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite.

 

 

Artículo ...        Localización y horarios

 

Mediante reglamento se definirá la localización y horarios de los jueces de las causas en flagrancia que establece esta Ley.

 

La fijación de los días y del horario de atención al público de estos jueces deberá establecerse en jornadas nocturnas, de fines de semana o feriados, para la mejor prestación del servicio de administración de justicia, de forma que los términos establecidos en la presente Ley se puedan cumplir efectivamente.

 

Moción N.º 62-137 (24-41) de la diputada Arguedas Maklouf

 

 

Artículo…         Duración del proceso

 

Cuando proceda la aplicación del procedimiento expedito, en ningún caso debe transcurrir un plazo superior a quince días hábiles entre el inicio del procedimiento y la celebración de la audiencia por parte del tribunal. El incumplimiento de ese plazo será causal de responsabilidad disciplinaria para el funcionario responsable de la demora.

 

 

Artículo... Normas supletorias

 

En lo no previsto en este Título, se aplicarán las regulaciones de este Código de manera supletoria, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del procedimiento expedito.”

 

 

Artículo 18.- ELIMINADO. (Moción N.º 1-137 (29-35) de varios diputados)

 

 

TITULO III

 

REFORMAS AL CODIGO PENAL

 

 

Artículo 19.- 

 

Refórmense los artículos 172, 208, 209, 225, 227. 228, 229, 305, 307, 322, 323, 324 y 325 y 387 del Código Penal, Ley N.º 4573 y sus reformas

 

 

“Artículo 172.-   Delito de trata de personas

 

Será sancionado con pena de prisión de 6 a 10 años, quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre sexual o laboral, a esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, a trabajos o servicios forzados, a matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular.

 

La pena de prisión será de 8 a 16 años, si media, además, alguna de las siguientes circunstancias:

 

a)         La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad.

 

b)         Engaño, violencia, o cualquier medio de intimidación o coacción.

 

c)         El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad.

 

d)         El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

 

e)         El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempeña.

 

f)          La víctima sufra grave daño en su salud.

 

g)         El hecho punible fuese cometido por un grupo delictivo integrado por dos o más miembros.

 

(Moción N.º 16-137 (30-35) del diputado Barrantes Castro)

 

 

“Artículo 208.-   Hurto

 

Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena".

 

 

“Artículo 209.-   Hurto agravado

 

Se aplicará prisión de un año a tres años, si el valor de lo sustraído no excede de cinco veces el salario base, y de uno a diez años, si fuere mayor de esa suma, en los siguientes casos:

 

1)         Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de corral, productos o elementos que se encuentren en uso para explotación agropecuaria.

 

2)         Si fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, de una conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado.

 

3)         Si se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida.

 

4)         Si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en los estacionamientos o terminales de las empresas de transportes.

 

5)         Si fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.

 

6)         Si fuere de cosas de valor científico, artístico, cultural, de seguridad o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren estén destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas, o librados a la confianza pública.

 

7)         Si fuere cometido por dos o más personas.”

 

 

“Artículo 225.-   Usurpación

 

 

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:

 

 

1)         Al que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes;

 

2)         Al que para apoderarse de todo o parte de un inmueble, alterare los términos o límites del mismo; y

 

3)         Al que, con violencias o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

 

 

“Artículo 227.-   Dominio público

 

Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años o con quince a cien días multa:

 

1)         El que sin título de adquisición o sin derecho de poseer, detentare suelo o espacio correspondiente a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las municipalidades.

 

2)         El que sin autorización legal explotare un bosque nacional;

 

3)         El que sin título explotare vetas, yacimientos, mantos y demás depósitos minerales; y

 

4)         El que haciendo uso de concesiones gratuitas otorgadas por la ley en bien de la agricultura, hubiere entrado en posesión de un terreno baldío en virtud de denuncio y después de explotar el bosque respectivo, abandonare dicho denuncio.

 

Si las usurpaciones previstas en este artículo se hubieren perpetrado en nombre o por instrucciones de una sociedad o compañía, la responsabilidad penal se atribuirá a su Gerente o Administrador, sin perjuicio de que la indemnización civil recaiga también sobre la sociedad o compañía.

 

(Moción N.º 18-137 (31-35) del diputado Barrantes Castro)

 

 

“Artículo 228.-   Daños

 

Será reprimido con prisión de quince días a un año, o con diez a cien días multa, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, o de cualquier modo dañare una cosa, total o parcialmente ajena.

 

(Moción 19-137 (32-35) del dip. Barrantes Castro)

 

“Artículo 229.-   Daño agravado

 

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:

 

1)         Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso, cuando por el lugar en que se encuentren, se hallaren libradas a la confianza pública, o destinadas al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un número indeterminado de personas.

 

2)         Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o de tránsito, sobre puentes o canales, sobre plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

 

3)         Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas.

 

4)         Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas. y;

 

5)         Cuando el daño fuere contra equipamientos policiales.”

 

 

“Artículo 305.-   Resistencia

 

Se impondrá prisión de un mes a tres años al que empleare intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La misma pena se impondrá a quien empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para realizar su labor.”

 

 

“Artículo 307.-   Desobediencia

 

Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si trata de la propia detención.”

 

 

“Artículo 322.-   Favorecimiento personal

 

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, sin promesa anterior al delito, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de ésta u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.”

 

 

“Artículo 323.-   Receptación

 

Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y con veinte a sesenta días multa, al que adquiriere, recibiere y ocultare dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en que no participó, o interviniere en su adquisición, recepción u ocultación. Se aplicará la respectiva medida de seguridad cuando el autor hiciere de la receptación una práctica que implique profesionalidad.”

 

 

“Artículo 324.-   Receptación de cosas de procedencia sospechosa

 

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, sin promesa anterior al delito, recibiere cosas o bienes que de acuerdo con las circunstancias debía presumir provenientes de un delito. Si el autor hiciere de ello un tráfico habitual se le impondrá la respectiva medida de seguridad.”

 

 

“Artículo 325.-   Favorecimiento real

 

Será reprimido con prisión de tres meses a cuatro años el que, sin promesa anterior al delito, pero después de la ejecución de éste procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, ocultación o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho del mismo. Esta disposición no se aplica al que de alguna manera haya participado en el delito o al que incurriere en el hecho de evasión culposa.”

 

 

“Artículo 387.-

 

Se impondrá de diez a sesenta días multa:

 

(Moción 19-137 (32-35) del dip. Barrantes Castro)

 

Dibujo en paredes

 

1)         A quien escribiere, exhibiere, trazare dibujos o emblemas o fijare papeles o carteles en la parte exterior de una construcción, edificio público o privado, casa de habitación, pared, bien mueble, señal de tránsito o en cualquier otro objeto ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o poseedor o de la autoridad respectiva, en su caso. Si reincidiese, la pena será de cinco a veinte días de prisión.

 

(Moción 19-137 (32-35) del dip. Barrantes Castro)

 

Pesas o medidas falsas

 

2)         A quien, al ejercer el comercio, usare pesas o medidas falsas o exactas no contrastadas o diferentes de las autorizadas por la ley.

 

 

Artículo __.-

 

Para que se modifique el nombre de la Sección III contenido en el Título XIV del Código Penal y se lea de la siguiente manera:

 

“Sección III:

 

Encubrimiento y divulgación de información confidencial”

 

Y se agregue un nuevo artículo 325 bis dentro del proyecto de ley en discusión dentro del Título III Reformas al Código Penal y se lea de la siguiente manera y al Título del Art. 19 del Título III para que se añada un nuevo artículo 325 bis.

 

 

Artículo 325 bis .-         Divulgación de información confidencial

 

Se impondrá pena de prisión de 2 a 8 años de prisión a quien por si o cualquier medio difunda información confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el programa de víctimas y testigos.

 

La pena será de 6 a 12 años de prisión si media alguna de las siguientes circunstancias:

 

a)         El autor reciba un beneficio económico o de otra índole.

 

b)         La víctima sufra grave daño en su salud o la muerte.

 

c)         Las medidas de protección se solicitaron en base a la investigación de un delito de crimen organizado.

 

d)         Las acciones del autor provoquen un daño irreparable en la investigación, persecución o sanción del delito que originó las medidas de protección.

 

Moción N.º 67-137 (29-41) de varios y varias diputadas

 

 

Artículo __.- Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta

 

Para que se modifique el párrafo cuarto, del numeral 1, del inciso c) del artículo 23, denominado Retención en la fuente, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de forma que se lea de la siguiente manera:

 

"Artículo 23.-

 

(…)

 

c)

 

1.-

 

(…)

 

No estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni al establecido en este inciso, las rentas derivadas de los títulos emitidos en moneda nacional por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley N.º 7052 del 13 de noviembre de 1986. Asimismo, no estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni al establecido en este inciso, las inversiones provenientes del fideicomiso sin fines de lucro, creado mediante el artículo 6 de la Ley N.° 7044 del 29 de setiembre de 1986, Ley de creación de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda.

 

(…)

 

Moción N.º 66-137 (28-41) de varios y varias diputadas:

 

 

TRANSITORIO  I.-

 

La reforma al Artículo 23 de la Ley de impuesto sobre la Renta Ley N.º 7092 de 21 de abril de 1988 sus reformas, que se establece en el Artículo           , no afectará los títulos valores en moneda extranjera emitidos por el Estado o por los bancos del Estado, que hayan sido debidamente emitidos de previo a la entrada en vigencia de la presente ley, los cuales estarán exentos del impuesto en cuestión hasta la fecha de su vencimiento. Se tendrá por emitido un título al momento de su compra por un inversionista, ya sea público o privado a través de una bolsa de valores o por medio de una transacción directa. "

 

Moción N.º 68-137 (30-41) de varios y varias diputadas

 

 

Esta Ley rige a partir de su publicación.

 

 

 

 

 

G:/redacción/textosplenario/16973R-06-FIN

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18/12/2008 13:43