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PROYECTO DE LEY

VALORACIÓN DEL HISTORIAL CREDITICIO PARA

MEDIR EL RIESGO DE LOS DEUDORES

Expediente N.º 16.773

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Superintendencia de Entidades Financieras, de ahora en adelante Sugef, es un ente de vital importancia para el Sistema Financiero Nacional, brinda control y apoyo a las entidades financieras, las cuales, autorizadas debidamente, desempeñan importantes funciones en el país. Esto crea un marco legal en el que se desarrollan normas y parámetros, propios de los distintos procedimientos financieros, los cuales tienen su base en la información confiable y clara de los usuarios que utilizan tales sistemas financieros.

En ese sentido, el sistema de información crediticia brinda apoyo a los procesos orientados a conocer y evaluar el riesgo que presentan las operaciones crediticias, controlar el cumplimiento de márgenes legales y reglamentarios, obtener información estadística y entregar al medio información general y detallada sobre la cartera de crédito, de acuerdo con la legislación vigente.

El presente proyecto de ley tiene como fin específico crear un marco de referencia general, sobre el que se desarrolle la valoración de crédito de acuerdo con el historial crediticio de los demandantes de este, así como establecer márgenes directos para controlar dicha operación crediticia, sin que se afecten las potestades regulatorias establecidas para la Sugef.

Dentro de su papel regulador y supervisor del Sistema Financiero, la Sugef ha establecido parámetros para medir el riesgo en las entidades financieras; entre estos parámetros se toma en consideración el historial crediticio de los solicitantes, lo que trae a colación una singularización de las operaciones crediticias, lo cual no refleja el comportamiento real del historial crediticio, es decir, si una persona mantiene al día todas las operaciones de crédito durante su vida, pero en determinado momento se atrasa en el pago de alguna cuota, esto se considera y afecta el acceso al crédito del solicitante y genera ambigüedad en la proporcionalidad y racionalidad de la situación real, así como en las oportunidades de crédito para el solicitante.

La disminución en la oportunidad de acceso al crédito, se ve reflejada en un sector importante de la población, las madres incapacitadas, ya que cuando estas empleadas están en estado de embarazo se incapacitan o piden un permiso por maternidad, el salario es cubierto, por partes iguales, entre el patrono y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, esta entidad se retrasa en los pagos y las deducciones correspondientes, lo que afecta directamente a la empleada embarazada, ya que esta persona cae en morosidad ante la Sugef, por lo que queda sin posibilidades de crédito durante cuatro años.

Tal situación no puede pasar desapercibida, ya que a las mujeres-madres, quienes forman el pilar fundamental de nuestra sociedad, se les quebrantan las oportunidades de desarrollo socioeconómico, lo que provoca un estado de indefensión que no está acorde con los valores de la sociedad costarricense y el Estado de derecho que rige nuestro país; es decir, los valores propios de nuestra democracia como la solidaridad, el respeto y la creación de oportunidades de crecimiento, se ve socavaba por una acción que no permite tener acceso a un crédito que le facilite a este grupo de la población su desarrollo y sostenibilidad social.

También, tenemos el caso de las deducciones automáticas, las cuales, si bien es cierto son muy provechosas y de gran utilidad, tienen el problema evidente de los plazos para el reporte de dichas operaciones, dado que cuando se realiza el rebajo automático del salario, el usuario entiende que se encuentra al día y en orden con los pagos correspondientes; sin embargo, estas deducciones son reportadas hasta un mes o mes y medio después, por lo que las entidades financieras ponen en estado de morosidad al deudor, circunstancia que rebaja las posibilidades de acceso a nuevos créditos.

Esa situación debe corregirse y utilizar la fecha del acto formal de pago, es decir, el momento en el que se realiza la deducción en la planilla, como punto de referencia para determinar la morosidad o no de los solicitantes de crédito. Esto permitirá fluidez financiera y establecer oportunidades reales para la concreción de créditos que sirvan de fuente para el desarrollo y crecimiento económico de la población y el país en general, sobre todo tomando en cuenta que muchos de esos créditos son utilizados para la formación de la pequeña y mediana empresa.

La Sugef ha emitido directrices para la valoración de riesgo dentro de un marco de capacidades técnicas. Al respecto, es importante resaltar que la información crediticia incluye dos aspectos básicos: la situación actual y la situación histórica. En ambos casos, el objetivo es informar claramente sobre el historial crediticio y todo lo relevante en cuanto a la situación de endeudamiento de los deudores en las respectivas entidades financieras.

Ahora bien, el acceso al crédito debe tener un rol de construcción permanente del Sistema Financiero Nacional; no obstante, en muchas ocasiones el crédito se convierte en un abanico de posibilidades para fomentar el desarrollo personal y nacional, por lo que debe enfatizarse en la importancia de fortalecer los servicios financieros, permitir que la valoración del historial crediticio esté basado en aspectos reales del solicitante y mantener regulaciones directas sobre las posibilidades reales de crédito para la población.

Por las razones expuestas, solicito a esta honorable Asamblea Legislativa la aprobación del presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

VALORACIÓN DEL HISTORIAL CREDITICIO PARA

MEDIR El RIESGO DE LOS DEUDORES

ARTÍCULO 1.- Esta Ley es de orden público y de acatamiento obligatorio para las entidades financieras, públicas y privadas, así como los órganos de supervisión y evaluación del Sistema Financiero Nacional.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la valoración de riesgo de los solicitantes de crédito, entre los parámetros que defina la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), se considerará el historial crediticio que estos mantengan en el Sistema Financiero Nacional durante los últimos cuatro años calendario, contados a partir de la respectiva solicitud de crédito. Toda entidad financiera que incumpla el plazo máximo de valoración, establecido en este artículo, será sancionada con una multa de doscientos salarios base de un profesional 3 de la Administración Pública, por cada vez que incurra en dicha acción. El historial crediticio reflejará el cumplimiento promedio del deudor con entidades financieras supervisadas por la Sugef, para ello se considerará la morosidad superior a treinta días.

ARTÍCULO 3.- La entidad financiera estará en la obligación de entregar, al solicitante de crédito, copia del historial crediticio que se use como base para el estudio de su crédito. La copia otorgada por la entidad financiera podrá ser utilizada por el deudor para presentar la denuncia respectiva ante la Sugef, dentro de un plazo que no exceda los noventa días naturales, en el caso de que existan errores u omisiones en perjuicio del solicitante de crédito o, en cualquiera de las operaciones consignadas, se exceda el plazo máximo de cuatro años.

ARTÍCULO 4.- En el historial del crédito no podrán incluirse los retrasos atribuibles a la misma entidad acreedora, ocasionados por su gestión administrativa u operativa interna. Producto de lo anterior, toda entidad financiera podrá realizar solicitud expresa, a la Sugef, para que se corrijan los retrasos reportados al deudor, en el cumplimiento de sus obligaciones, que sean ocasionados por problemas de registro o de gestión interna de la entidad.

ARTÍCULO 5.- El historial crediticio se limitará únicamente a las deudas que el solicitante de crédito mantenga en calidad de deudor en las entidades supervisadas por Sugef y no incluirá las operaciones en que figure como fiador solidario.

ARTÍCULO 6.- Para efectos de valoración del historial crediticio del deudor, todas las entidades financieras, públicas o privadas, sin perjuicio de los expedientes que lleven para uso interno de la misma entidad, solamente podrán recurrir a la base de datos que para este efecto disponga la Sugef o el órgano público competente, acreditado debidamente por el Consejo Nacional Superior de Fiscalización (Conasif).

ARTÍCULO 7.- El historial crediticio del deudor implicará una valoración de riesgo definida en términos cuantitativos, la cual debe reflejar el comportamiento promedio del deudor con las entidades financieras supervisadas por la Sugef. Por lo anterior, el puntaje de valoración será el resultante del promedio del total de las operaciones que haya realizado el deudor; la afectación total de la calificación no podrá, en ningún caso, aplicarse a sistemas que singularicen una única operación individual.

ARTÍCULO 8.- En el análisis del historial crediticio del solicitante de crédito, no podrán considerarse, incluirse o valorarse la existencia de procesos judiciales que no cuentan con fallo judicial.

ARTÍCULO 9.- Para la valoración de riesgo del deudor se considerará el rebajo automático de las cuotas del crédito sobre el salario o las remuneraciones del deudor, como un mitigador de riesgo que deberá incluirse en la valoración general que realice la entidad financiera en el momento de analizar una solicitud de crédito, siempre que sea un funcionario público nombrado en propiedad o un trabajador del Sector Privado y que posea, por lo menos, tres años ininterrumpidos de trabajar para el mismo patrono.

ARTÍCULO 10.- Para la medición y el registro de morosidad, en el caso de que los pagos de las cuotas del crédito se realicen por medio del sistema de deducciones automáticas de salario, se valorará el cumplimiento del deudor, a partir del momento en que se aplica la deducción sobre el salario, indistintamente del momento en que estos recursos ingresen a la entidad acreedora. De esta manera, dentro del historial crediticio no le serán aplicables los retrasos en que incurra el patrono, siempre que se haya realizado la respectiva deducción salarial dentro de los términos pactados entre el deudor y el acreedor.

El patrono dispondrá de un plazo improrrogable de treinta días naturales, contado a partir de que se realice la deducción salarial y el depósito respectivo en la entidad financiera acreedora. En caso de que la cuota se deduzca en dos o más tractos, producto del sistema de pago que reciba cada deudor, el plazo máximo, definido en este artículo, se contará a partir del momento en que se complete la cuota total. Lo anterior sin perjuicio de los acuerdos que se realicen entre el patrono que realiza la deducción y la entidad financiera respectiva, en cuanto a formas y plazos para realizar los depósitos respectivos.

ARTÍCULO 11.- Será obligación de todas las entidades financieras supervisadas por la Sugef, remitir mensualmente, o cuando la Sugef lo solicite, el historial crediticio de los deudores.

ARTÍCULO 12.- De la calificación cuantitativa que se desprenda del historial crediticio del demandante de crédito, el cálculo se realizará como un promedio ponderado entre el historial crediticio general, de acuerdo con la información de la Sugef, y el historial específico de los últimos cuatro años en la entidad financiera que se solicita el crédito; de esta manera, el historial, en la misma entidad financiera, valdrá un cuarenta por ciento (40%) en la determinación de la calificación, el otro sesenta por ciento (60%) se calculará de acuerdo con la información disponible por la Sugef. En el caso de que el deudor no tenga antecedentes crediticios en la entidad en la que solicita el crédito, la valoración deberá hacerse, en su totalidad, de acuerdo con la información de la Sugef.

ARTÍCULO 13.- En el caso de operaciones conjuntas entre dos o más codeudores, la valoración de riesgo, de acuerdo con el historial crediticio, será el resultado del promedio aritmético de la calificación que por este concepto tengan los diferentes deudores.

TRANSITORIO I.- La Sugef dispondrá de un plazo improrrogable de tres meses, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para reformar y emitir las directrices necesarias para la implementación de esta normativa.

TRANSITORIO II.- Las entidades financieras supervisadas por la Sugef deberán ajustar sus procedimientos de valoración de riesgo, en función de los parámetros establecidos en esta Ley, en un plazo improrrogable de seis meses, contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.

Rige a partir de su publicación.

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja

DIPUTADO

5 de setiembre de 2007.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión

Permanente de Asuntos Jurídicos.