ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA ACTA AÚN NO HA SIDO APROBADA
POR EL PLENARIO LEGISLATIVO)
ACTA
DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 124
(Lunes
15 de diciembre de 2014)
PRIMERA LEGISLATURA
(Del 1º de mayo 2014 al 30
de abril 2015)
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES
EXTRAORDINARIAS
(Del 1º de diciembre de
2014 al 30 de abril de 2015)
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y
GRABACIÓN
Acta
de la sesión plenaria N.º 124
Lunes 15 de diciembre 2014
Segundo período
de sesiones extraordinarias
Primera legislatura
Directorio
Marcela Guerreo Campos
Presidenta a. í.
Luis Alberto Vásquez Castro Jorge Rodríguez Araya
Primer secretario Segundo secretario
Diputados presentes
|
Alfaro
Jiménez, José Alberto |
Leiva
Badilla, Johnny |
|
Alvarado
Bogantes, William |
López,
Óscar |
|
Alvarado
Muñoz, Gerardo Fabricio |
Madrigal
Flores, Marlene |
|
Álvarez Desanti, Antonio |
Marín
Quirós, Juan Rafael |
|
Arauz
Mora, Marta Arabela |
Molina
Cruz, Emilia |
|
Araya
Sibaja, Edgardo Vinicio |
Monge Salas, Rony (cc Ronny) |
|
Arce
Sancho, Michael Jake |
Mora
Castellanos, Ana Patricia |
|
Arguedas
Mora, Jorge Arturo |
Morales
Zapata, Víctor Hugo |
|
Arguedas
Ramírez, Carlos Manuel |
Ortiz
Fábrega, Rafael Ángel |
|
Atencio
Delgado, Ruperto Marvin |
Quesada
Santamaría, Carmen |
|
Camacho
Leiva, José Francisco |
Ramírez
Aguilar, José Antonio |
|
Cambronero
Arguedas, Javier Francisco |
Ramírez
Portuguez, Paulina María |
|
Campbell
Barr, Epsy Alejandra |
Ramos
Madrigal, Rosibel |
|
Clarke
Clarke, Maureen Cecilia |
Redondo
Poveda, Mario |
|
Corella
Vargas, Franklin |
Redondo
Quirós, Marco Vinicio |
|
Díaz
Quintana, Natalia |
Rodríguez
Araya, Jorge |
|
Fallas
Rodríguez, Ligia Elena |
Sánchez
Venegas, Silvia Vanessa |
|
Garro
Sánchez, Laura María |
Segura
Retana, Aracelli |
|
González
Ulloa, Rolando |
Solís
Fallas, Ottón |
|
Guerrero
Campos, Marcela |
Trejos
Salas, Lorelly |
|
Guevara Guth, Otto |
Vargas
Araya, Ronal |
|
Hayling Carcache, Danny |
Vargas
Corrales, Humberto |
|
Hernández
Álvarez, Carlos Enrique |
Vargas
Rojas, Gerardo |
|
Jiménez
Rojas, Olivier Ibo |
Vargas
Varela, Gerardo |
|
Jiménez
Succar, Juan Luis |
Vásquez
Castro, Luis Alberto |
|
Jiménez
Vásquez, Nidia María |
|
ÍNDICE
Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 123
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Al ser las catorce con cincuenta y nueve
minutos y con cuarenta y cinco diputadas y diputados presentes, se inicia la
sesión.
Discusión y aprobación del acta ordinaria N.º 123
En discusión y
aprobación el acta ordinaria número 123.
Discutida.
Aprobada.
Voy a solicitarles a la y los jefes
de fracción, sírvanse pasar a la mesa del Directorio y decreto un receso de
hasta veinte minutos.
Se amplía el receso hasta diez
minutos.
No hay cuórum. Corre el tiempo
reglamentario.
Se había decretado un receso,
estamos levantando el receso, porque la fracción que nos había solicitado ya
terminó su debate. Estamos para aprovechar el día, conforme lo hemos venido
conversando con la jefe y los jefes de fracción.
Agradecería a las y los diputados se
incorporen a la sala de sesiones para continuar con la sesión. Cuarenta y
cuatro diputadas y diputados presentes.
Le agradezco…
Se ha presentado una moción…, se ha
presentado una moción de orden de posposición, agradezco al señor diputado
secretario se sirva leerla:
Segundo secretario Jorge Rodríguez Araya:
Moción de orden
De varios y varias
diputadas:
Para que se pospongan todos los asuntos en el orden
del día del Plenario para conocer el Expediente 19.429. Además se amplíe la primera
parte de la sesión hasta la votación final del Expediente 19.429.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
En
discusión la moción.
Discutida.
Agradezco
a las y los señores ujieres cerrar puertas y corroborar cuórum; a las y los
diputados incorporarse a sus curules para entrar a votar la moción que ha sido
leída.
Señores
ujieres, cerrar puertas.
Favor,
me informan que hay diputados fuera, favor abrir puertas incorporarlos…, para
que se puedan incorporar.
Entramos
a la votación de la moción. Cerrar puertas, corroborar cuórum.
Cuarenta
y cinco diputadas y diputados presentes. Las diputadas y los diputados que
estén a favor de la moción leída, sírvanse ponerse de pie. Cuarenta y cinco
diputados presentes; cuarenta y dos a favor, tres en contra. Aprobada.
Continuamos
con…,
Voy
a corregir. Me están dando los números: cuarenta y cinco diputadas y diputados
presentes; cuarenta y uno votaron a favor, tres en contra…, cuatro en contra.
Aprobada la moción.
Por
el orden, me ha solicitado la palabra el diputado Rolando González.
Diputado
Rolando González Ulloa:
Gracias,
diputada presidenta.
Solo
quisiera pedirle a la Presidencia que tome nota para que lo subsane según
considere pertinente, yo no voy a interponer ninguna acción, por ahora.
No
es procedente reglamentariamente que se abran las puertas para que entren los
diputados a votar. Ya se había ordenado cerrarlas, para proceder a la votación,
no quisiera que esto se convierta en un expediente de uso ordinario, porque
iríamos por un camino que nos llevaría a la colisión.
Muchas gracias.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Atendemos
la observación hecha, diputado González.
Continuamos con el control político.
Asuntos del régimen
interno de la Asamblea Legislativa
Diputado Gerardo
Vargas, por orden, tiene usted la palabra.
Diputado
Gerardo Vargas Varela:
Hola.
Gracias, presidenta.
Solo para preguntarle, presidenta,
antes en la reunión de jefes de fracción, se acordó que vamos a tener un debate
reglado ese tema de los barcos armados gringos.
¿Cuál va a ser el
orden de ese debate reglado, presidenta?
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
El
compromiso de la mesa es una vez ampliada la hora de la sesión y ampliada la
primera parte, entraríamos a ver el tiempo de control político tal y como está
estipulado. Posteriormente se convocaría de nuevo a los jefes y la jefa de
fracción, para poder reglar el debate, que probablemente contenga los tiempos
de los miércoles, diputado.
Diputado
Gerardo Vargas Varela:
Gracias.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Continuamos con el tiempo de control
político.
Tiene la palabra la
diputada Emilia Molina Cruz, hasta por cinco minutos.
Diputada
Emilia Molina Cruz:
Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, compañeros y
compañeras diputadas.
Es ineludible hablar esta tarde del
tema de la reforma procesal laboral, un tema que está en la agenda pública y
que debemos abordar sin ningún temor y con el mayor de los respetos.
El levantamiento del veto a la reforma procesal laboral por parte del presidente Luis Guillermo Solís, el día viernes 12 de diciembre, hace justicia a las y los trabajadores de este país.
Hoy después de siete décadas de la promulgación del Código de Trabajo, que cambió el curso de las relaciones obrero-patronales en la década de 1940, nos aprestamos a vivir otro momento histórico en la vida política y social del país.
Este proyecto, hoy ley de la República, fue aprobado en primer debate el 31 de julio del año 2012, con una votación unánime de los cuarenta y cinco diputados presentes, y en segundo debate, el 13 de setiembre de ese mismo año, con una votación de cuarenta diputados a favor.
Fue aprobado con el apoyo de diversos sectores y partidos políticos. También apoyaron esta ley la OIT, los magistrados y las magistradas de la Sala II, representantes de las cámaras patronales y del sector sindical, y fue vetado por la expresidenta Chinchilla el 9 de octubre de ese mismo año, cediendo a las presiones de grupos empresariales y de la empresa privada.
Por el fondo, esta ley establece una serie de principios que deben guiar la jurisdicción laboral, como la conciliación, la oralidad, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, o con dificultades de acceso a la justicia o de participación en los procesos por encontrarse en estado de vulnerabilidad por cualquier causa, y además garantiza el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones.
También permite descongestionar los estrados judiciales, ya que los juicios laborales disminuirán en tiempo, gracias a la introducción de la oralidad en el proceso y al establecimiento de mecanismos de conciliación y arbitraje.
Esta disminución en los tiempos de resolución es uno de los cambios más importantes con respecto al Código de Trabajo de 1943, pues permitirá que los y las trabajadoras, especialmente del sector privado, quienes son la mayoría y los más discriminados, no abandonen los procesos que hoy en día duran décadas, para resolver el no pago de prestaciones laborales, el despido de mujeres en estado de embarazo, en período de lactancia y denunciantes de hostigamiento sexual, por citar solo algunos.
Establece la asistencia legal gratuita por parte del PANI a trabajadores menores de edad y sus madres para reclamar sus derechos laborales o relacionados con la maternidad; de igual manera para personas trabajadoras cuyos ingresos mensuales no superen dos salarios base del cargo de auxiliar judicial y el apoyo de redes de asistencia legal gratuita y del Colegio de Abogados.
Se reafirma la titularidad del derecho a la huelga de los y las trabajadoras y se establece que estos la ejercerán por medio de las organizaciones sindicales o de organizaciones temporales donde no existan estas.
Sobre la huelga en servicios esenciales, que es un tema que se ha discutido muchísimo en estos días, propone una regulación con limitaciones claras en aras de proteger los derechos a la salud, la vida y la seguridad de las personas, por medio de un plan de prestación de servicios mínimos que deberá aprobarse con quince días de antelación a la huelga, y que deberá ser aprobado por los tribunales de justicia, quienes podrán hacer modificaciones a dicho plan.
El incumplimiento de este preaviso y del plan de servicios mínimos establece la posibilidad de que la huelga pueda ser declarada ilegal.
A pesar de los avances que representa la aprobación de la reforma procesal laboral, en setiembre del presente año, en conjunto con las fracciones del PUSC y el Frente Amplio, presentamos a esta Asamblea Legislativa, desde el Partido Acción Ciudadana también el proyecto 19.306, con el propósito de regular principalmente la huelga en servicios esenciales y el porcentaje de trabajadores que se requieran puedan pronunciarse a favor de ir a huelga en aquellos establecimientos o empresas donde no exista un sindicato, en virtud de que la Sala Constitucional había declarado inconstitucional —valga la redundancia— el sesenta por ciento establecido en el proyecto original.
El proyecto consta de dos artículos en los cuales se precisan los servicios esenciales como aquellos cuya paralización ponga en peligro la vida, la salud y la seguridad pública, y no será permitida la huelga en aquellos servicios que resulten indispensables para mantener la continuidad y el mantenimiento de los servicios mínimos.
Hemos suscrito, entre los jefes de fracción del PAC y del FA, un acuerdo donde nos comprometemos a mejorar el proyecto de ley, incluyendo la prohibición absoluta de la huelga en la totalidad de los cuerpos de policía, los servicios de salud de atención de emergencias y de pacientes hospitalizados, y someter a discusión ese porcentaje del treinta por ciento de trabajadores que puedan ir a la huelga; esto con el propósito de un llamado al diálogo a las distintas fracciones legislativas, a fin de aprobar a través de un procedimiento 208 bis el proyecto 19.306, que viene a complementar la recién aprobada reforma procesal laboral.
Muchas gracias.
Presidenta a. í.
Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señora diputada.
¿Me ha pedido por el orden, diputado Jorge Rodríguez, usted la palabra?
Diputado Jorge
Rodríguez Araya:
No es cierto, no la he pedido por el orden, la he pedido conforme lo que establece el Reglamento y las leyes internas de esta Asamblea Legislativa, a la hora de votar la moción, de forma tal que me corresponde una hora, señora presidenta. Y pretendo utilizarla toda.
Presidenta a. í.
Marcela Guerrero Campos:
Diputado, ¿usted me permitiría seguir con el tiempo de control político?
Diputado Jorge
Rodríguez Araya:
No, señora presidenta, si no, apelo a su decisión.
Presidenta a. í.
Marcela Guerrero Campos:
Voy a decretar un receso de tres minutos para conversar con usted, diputado. ¿Puede acercarse aquí a la mesa por favor?
Continuamos con el tiempo de control político. Continúa con el uso de la palabra la diputada Nidia Jiménez Vásquez, hasta por cinco minutos.
Diputada Nidia María
Jiménez Vásquez:
Muy buenas tardes, señores de la mesa principal, compañeras diputadas y diputados, costarricenses.
En los años cuarenta se da una de las transformaciones sociales más importantes en la historia de Costa Rica, aspecto que hace que Costa Rica sobresalga en el área centroamericana y latinoamericana por su espíritu de avanzada en la justicia social, por su legislación en favor de la clase más vulnerable y que marca una misión de infinita inteligencia política en el entendido de que la paz de los pueblos y las naciones se construyen con equidad, dando oportunidades, construyendo día a día un mejor futuro para quienes trabajan y que con su labor sostienen e impulsan el desarrollo.
Gracias a personas como monseñor Sanabria, Rafael Ángel Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde, se logran plasmar las ideas, los esfuerzos, la lucha y el coraje para lograr establecer un nuevo camino en contra de la explotación del hombre por el hombre que se cierne, un problema que se cierne sobre la humanidad después de la Revolución Industrial y la puesta en práctica del liberalismo económico.
Como resultado, y así nace y se cimientan las garantías sociales, el Código de Trabajo, nace la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica y el movimiento cooperativo.
Todo esto fue respetado y aplaudido después de la guerra civil de 1948 por José Figueres Ferrer y el movimiento de Liberación Nacional, el criticado y mal llamado caldero-comunismo desvirtuando un movimiento de legítima justicia social, nacido e impulsado en nuestra tierra, había dado a un pequeño país centroamericano un sello en la historia y hoy, miles y miles de habitantes nos hemos beneficiado y disfrutamos de vivir en esta nuestra patria, rescatada de las convulsas guerras, la inestabilidad política, el caudillismo y el terrorismo militar.
Hoy se vuelve a criticar con saña, pero también con ignorancia, el levantamiento del veto a la reforma procesal laboral, por parte de nuestro señor presidente Luis Guillermo Solís, y de nuevo aparece el fantasma mal intencionado del miedo dizque a la izquierda y al comunismo.
Con argucias, malos argumentos, pretenden asustar al pueblo de que el desastre se cierne sobre Costa Rica y que un pacto traerá desgracias a nuestro territorio y a nuestros pobladores.
Lo que se debe entender, lo que sí debe entender el pueblo de Costa Rica es que esos términos mal usados, poco estudiados, tergiversados y que se utilizan para empañar un justo movimiento y que se usaron en la década de los años 40 para asustar, hoy nos redimen, nos liberan, nos protegen y nos abren puertas, oportunidades, y son derechos con los que hemos conquistado un futuro mejor.
El socialismo, entendido como izquierda, está inmerso en el Partido Liberación Nacional con su ideología socialdemócrata, hijo legítimo del marxismo revisionista, socialismo científico; está presente en la ideología que enmarca al PUSC con socialismo cristiano, heredado de la doctrina social de la iglesia, originado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, en el año de 1891.
Entonces, ¿por qué desvirtúan
ideologías políticas bien entendidas que han traído grandes beneficios a la
humanidad y a nuestro país? El problema se presenta cuando se separan de esas justas ideológicas en
los años 80.
¿Por qué una ley aprobada por
unanimidad en este Plenario, en el año 2012, con el apoyo de todos los sectores
jurídicos, sociales y económicos, hoy se sataniza arrogándole todo el mal al
señor presidente de la República, que, junto con muchos sectores sociales,
queremos darle a este país permanencia en la paz y la justicia social y saldar
una deuda de hace más de setenta años.
No crea, pueblo costarricense, que
es dar vía libre a las huelgas. Eso a nadie conviene, estas serán reguladas…
Me va a dar minutos la compañera
Marlen.
Estas serán reguladas.
Esta reforma procesal laboral lleva protección
contra despidos abusivos de las mujeres embarazadas o en período de lactancia;
protege a las denunciantes por acoso sexual; protege contra la discriminación;
da asistencia legal gratuita a trabajadores menores de edad, garantiza los
servicios esenciales por intervención de un juez; permite la justicia pronta y
cumplida por medio de la conciliación y la oralidad de los procesos.
Nos queda a nosotros y nosotras,
legisladores, legisladoras, dar el marco legal que regulará esta reforma
procesal laboral con la aprobación del expediente 19.036.
Hagámoslo con la responsabilidad
exigida y cumplamos a cabalidad con el mandato que el pueblo de Costa Rica nos
encomendó: trabajo, transparencia, coherencia y justicia social.
Muchas gracias.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Continúa con el uso de la palabra,
hasta por cinco minutos, el diputado Juan Rafael Marín Quirós.
Diputado Juan Rafael
Marín Quirós:
Compañeras y compañeros diputados.
En realidad no estaba preparado para hacer la
intervención el día de hoy, pero bueno, vamos a aprovechar estos cinco minutos
que se me han concedido.
Me parece que en estos días el escenario
en las relaciones entre poderes ha estado puesto a prueba. Y está puesto a
prueba fundamentalmente cuando la Sala Constitucional no ha resuelto una acción
de inconstitucionalidad contra el veto de la calle 13 bis, y sobre todo, cuando
en esta Asamblea Legislativa está convocado un proyecto de ley, o una ley, o
una ley vetada por la Asamblea Legislativa anterior.
Y en esa convocatoria, no retirada
por parte del Poder Ejecutivo, se da el levantamiento de un veto, lo que
ocasiona, realmente, una relación de intromisión efectiva en la relación entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Me parece que ahí hubo un error
estratégico de procedimiento, donde el Poder Ejecutivo ha fallado.
El Poder Ejecutivo ha fallado porque
ha convocado en sesiones extraordinarias un expediente relacionado con el
Código Procesal Laboral, y no lo retiró.
No lo retiró a pesar de haberlo convocado mediante un decreto ejecutivo.
Y todavía en la sesión del día jueves, la
Secretaría del Directorio legislativo ni la Presidencia del Directorio
legislativo conocieron retiro del proyecto que ha sido convocado y que el Poder
Ejecutivo, este presidente, delegó en sesiones extraordinarias a la Asamblea
Legislativa.
Ahí hay un vicio sustancial de
procedimiento legislativo, ahí hay una intromisión directa del Poder Ejecutivo
en el Poder Legislativo. Secuestra el presidente de la República un expediente
convocado, no retirado en sesiones extraordinarias, y levanta un veto que
ocasiona una circunstancia importante de conmoción y de debate nacional.
Yo creo que aquí hay que tener ese
hecho claro, porque además de que la Constitución Política no tiene regulado,
en ninguno de sus artículos de manera expresa, el retiro de un veto, aquí se ha
procedido a vetar una ley convocada, un proyecto el quince mil novecientos…, no
recuerdo. Quince mil novecientos noventa, me parece que es el proyecto donde
está conociéndose el veto de la Ley Procesal Laboral.
Y el presidente no levantó…, hace un retiro del
levantamiento del veto estando en la convocatoria de otro decreto y no retira
ese proyecto de ley.
Eso generó un vicio que puede
traerse por inconstitucional en la relación entre el Poder Legislativo y
Ejecutivo, en la relación de poderes y en las funciones en la división de
poderes, un vicio estratégico que puede traerse abajo el veto que ha
interpuesto el presidente de la Asamblea…, el presidente de la República al
Código Procesal Laboral.
Y por la transparencia tengo que
decirlo, y si por la transparencia que se dicen las cosas, hay que
puntualizarlo, ahí está, un hecho relevante, un hecho importante, que la prensa
no observó, que el presidente de la Asamblea Legislativa no observó, que los
diputados de Gobierno no observaron, que el Poder Ejecutivo y sus asesores no
observaron, y levantaron un veto a un proyecto que está convocado en sesiones
extraordinarias.
A los juristas, a los
constitucionalistas, a los abogados del Poder Ejecutivo, revisen, ahí hay un
error de procedimiento legislativo, y si por eso el veto es inconstitucional la
Sala lo tendrá que decir. Y hay que ir a Sala Constitucional, tal como lo vamos
a hacer en estos días, para reclamar un derecho de los diputados de la Asamblea
Legislativa inherente a sus funciones.
De tal manera que aquí lo que ha ocurrido es el
secuestro, el secuestro de un expediente legislativo, que todavía se encuentra
en la convocatoria del jueves, y si no, revisen el acta que se aprobó hoy en
firme y que corresponde al jueves de la semana anterior, en donde ese proyecto
está convocado, sin retiro ha sido levantado por el presidente de la República
el veto correspondiente.
Lo dejo dicho para los efectos que
corresponden.
Muchas gracias, señores y señoras
diputadas.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Continúa con el uso de la palabra el
diputado Johnny Leiva Badilla.
Diputado Johnny Leiva
Badilla:
Gracias, diputada presidenta; muy
buenas tardes, compañeras, compañeros diputados.
Desde el inicio de mi gestión, he
manifestado como una prioridad el tema de la matriz energética nacional.
La semana pasada en un artículo de
opinión manifesté mi posición en contra a que se explore la energía geotérmica
dentro de parques nacionales.
Dije que Costa Rica primero tiene
que permitirse la explotación de energías renovables por medios naturales fuera
de los parques nacionales; ejemplos de ello como la energía eólica,
hidroeléctrica, mareomotriz, solar, la biomasa, residuos sólidos y los
biocombustibles.
Debemos impulsar este ejercicio ya sea mediante la producción pública,
privada o mixta.
Hemos impulsado desde la Asamblea Legislativa proyectos importantes que promueven este tipo de
energías, y principalmente energías geotérmicas como el proyecto que aprobamos
acá, el de Pailas Dos, Borinquen Uno, Borinquen Dos, con capacidad para
producir cincuenta y cinco megavatios cada hora, fuera de los parques
nacionales, estando en las faldas específicamente este proyecto del Parque
Rincón de la Vieja.
La
fracción del Partido Unidad Social Cristiana, en compañía de otros diputados y
diputadas, hemos también presentado en la corriente legislativa el expediente
número 19.430, Ley que Regula la Participación de las Municipalidades en la
Producción de Energías Renovables.
El objeto de
esta ley es regular y fomentar la producción de energías limpias, renovables,
de alto impacto socioambiental y socioeconómico a cargo de las municipalidades
de todo el territorio nacional, sus empresas y cualesquiera otros mecanismos o
instrumentos de gestión públicos, privados o mixtos.
Nuestra
visión es que se desarrollen productos energéticos con capacidad de
regeneración por medios naturales, como por ejemplo la eólica, hidroeléctrica,
solar, biomasa, residuos sólidos y los biocombustibles.
Y
aquí quiero hacer énfasis en el tema de los residuos sólidos municipales. Costa
Rica debe aspirar a convertirse en un país cero basura, lo cual implica una
mejora sustancial en la capacidad para recolectar y tratar los residuos
sólidos; además, promover oportunidades de mejora tecnológica para que puedan
traducirse en eficiencia en el tratamiento de los residuos y su disposición
final.
Actualmente,
existe una gran cantidad de municipalidades con problemas de gestión de la
basura. Tenemos rellenos sanitarios colapsados y no se visualiza otra alternativa
que entrarles a nuevas tecnologías que permitan, como decimos, puntualmente
matar dos pájaros con un solo tiro; por un lado, contribuir a erradicar el
problema de la salud pública como lo es la basura y, por otro lado, aportar a
la matriz energética con fuentes renovables.
Es
por ello que en el Partido Unidad Social Cristiana aspiramos y proponemos un
sistema eficiente de tratamiento de desechos sólidos, liderado por una empresa
municipal de capital mixto que traiga beneficios socioeconómicos a las comunidades.
Le
pido respetuosamente al presidente de la República y al señor ministro de la
Presidencia que convoquen a este periodo de sesiones extraordinarias el
expediente 19.430, Ley que Regula la Participación de las Municipalidades en la
Producción de Energías Renovables, y así podamos empezar a estudiar la
propuesta y lograr darle el apoyo necesario para que se convierta en ley de la
República.
Dentro
de las…, en las municipalidades donde hay proyectos de generación de energías
una de las grandes quejas que existen es que estas municipalidades no se están
viendo beneficiadas directamente de estos proyectos de generación de energías
en sus respectivos cantones.
Con
el proyecto de ley lo que buscamos es que también las municipalidades puedan
tener la posibilidad de incursionar en la generación de energías limpias,
renovables y que también puedan incursionar ya sean por el ámbito público,
solas, o también por medio de empresas mixtas que también son facultadas por
medio del Código Municipal.
Creo
que también las municipalidades pueden ser grandes generadores de energías
limpias y que también podemos ir buscando la manera de solucionar el problema
de los residuos sólidos en cada uno de los cantones.
Muchas
gracias, señora presidenta.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias,
señor diputado.
Continúa
con el uso de la palabra la diputada Marlene Madrigal Flores hasta por cuatro
minutos.
Diputada Marlene Madrigal Flores:
Va
a hacer uso de la palabra el diputado Marvin Atencio.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Marvin Atencio, tiene usted la palabra hasta por cuatro minutos.
Diputado Marvin Atencio Delgado:
Muy
buenas tardes, señora presidenta, señores diputados y diputadas.
Muchas
gracias, doña Marlene Madrigal.
Quiero
referirme, precisamente, a lo que ha estado en discusión sobre el proceso de la
reforma laboral. Se ha dicho por algunos compañeros diputados en los diferentes
medios y en el último, el periódico La Nación, cosas que considero que deben de
aclararse, por tanto no es el del todo cierto.
Decir
de La Nación por parte de compañeros diputados que las huelgas se van a
permitir en los servicios esenciales y que, por tanto, los servicios de
emergencia y hospitalización van a ser severamente afectados eso no es cierto.
No es cierto
porque a lo largo de mis veinticinco años de trabajar como médico en un
hospital regional y hospitales de la Zona Sur he participado con compañeros,
enfermeros, asistentes de enfermería y médicos en muchas de este tipo de
actividades, y siempre se han atendido los pacientes en emergencias haciendo
roles correspondientes, siempre han estado dispuestos los médicos, los
enfermeros, los asistentes y todo el personal de apoyo.
Por
tanto, esto no es nuevo, esto es algo que se viene haciendo desde hace bastante
rato para defender los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de
la salud.
No
se ha dejado nunca de atender los pacientes hospitalizados, no se han dejado de
atender los pacientes en el servicio de emergencias, y por el contrario, más
bien, ha traído beneficios, porque no solamente hablamos de la parte puramente
económica, sino muchas veces de la parte puramente de atención médica.
Por
ejemplo, las citologías, hace poco estábamos alegando y discutiendo que las
citologías era una acumulación de trabajo y que no se estaba sacando adelante
con este tipo de trabajo. ¿Qué fue lo que hizo que ahora la Caja Costarricense
de Seguro Social dijera que ya no hay acumulación de citologías?, precisamente,
movimientos desde el punto de vista de los trabajadores del sector salud para
que se dieran más recursos desde el punto de vista económico y más recursos del
punto de vista de productos químicos para hacer las respectivas citologías y
seguir con la prevención del cáncer del cérvix.
Entonces,
decir en los medios de comunicación que las huelgas vienen a afectar los
servicios de emergencias y que no se van a recibir los pacientes en
emergencias, esto es una mentira.
El
cuerpo médico y paramédico o el equipo de apoyo siempre han atendido las
emergencias. Esto no es algo nuevo, en Costa Rica han habido muchas huelgas
médicas y siempre se han atendido las emergencias y las hospitalizaciones como
debe de ser.
Muchísimas
gracias.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias,
señor diputado.
Continúa
con el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Óscar López.
Se
ha presentado una comunicación de la Presidencia de la República. Le agradezco
al señor secretario leerla para poner en autos a este Plenario legislativo.
Segundo secretario Jorge Rodríguez Araya:
San José, 12 de diciembre
de 2014
DM-1162-2014
Señor
Henry Mora Jiménez
Presidente Directorio
Asamblea Legislativa
Estimado señor:
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente le
remito copia del Acuerdo del Poder Ejecutivo número 021-MP-MTSS-MJ, del día de
hoy, referente al levantamiento del veto interpuesto mediante oficios
DP-0603-2012. del 9 de octubre del 2012 y DP-0316-2013, del 20
de mayo de 2013, al Decreto Legislativo número 9076 "Reforma Procesal Laboral",
firmado por el señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís
Rivera, los señores Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad
Social y Víctor Barrantes Marín, Ministro a.i. de Justicia y Paz y mi persona.
Frente a lo expuesto solicito la remisión del mencionado Decreto
Legislativo para su respectiva publicación.
De usted, con las mayores
muestras de consideración y estima,
Melvin
Jiménez Marín
Ministro de
la Presidencia
DGF/Asc
ACUERDO EJECUTIVO
N.º 021-MP-MTSS-MJ
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, LOS MINISTROS
DE LA PRESIDENCIA, TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL Y EL MINISTRO A.I. DE JUSTICIA Y PAZ
En uso de las facultades y atribuciones que les
confieren los artículos 125, 126, 127, 129 y 140 inciso 3) de la Constitución
Política, 25 y 27 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, y
CONSIDERANDO
I-. EL VETO COMO ACTO POLÍTICO DEL PODER EJECUTIVO.
La necesaria participación de los poderes
Ejecutivo y Legislativo en el proceso de formación de la ley se da en el marco
de una relación de cooperación y control, donde la actuación de cada uno está
claramente delimitada y obedece a sus respectivos caracteres de órganos
representativo y gerencial, ambos de elección popular. La Constitución
Política, en los numerales 125 y 126 otorga al Poder Ejecutivo la potestad
exclusiva de vetar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, ya
sea por razones de conveniencia y oportunidad o de inconstitucionalidad. El
instituto del veto se encuentra regulado directamente en la Ley Fundamental,
por tratarse de la normación de una competencia enmarcada en la separación de
poderes públicos que dispone el artículo 9 constitucional. A pesar de ser
inherente al proceso de formación de la ley, en modo alguno constituye un acto
legislativo. Por el contrario, el veto constituye un acto político, exclusivo
del Poder Ejecutivo, previsto para que este pueda ejercer un control
jurídico-político o bien uno de conveniencia y oportunidad, en relación con el
decreto legislativo. Los proyectos de ley vetados entran en un estado de
suspensión, que les impide proseguir con los trámites de publicación y
observancia, a menos que se dé alguno de los siguientes dos supuestos: el
resello, por parte de la Asamblea Legislativa, con el voto de las dos terceras
partes del total de sus miembros o bien el levantamiento del veto por parte del
Poder Ejecutivo.
II.- EL LEVANTAMIENTO DEL
VETO. La potestad de retirar un veto se deriva del
artículo 125 de la Constitución Política. Si bien esta competencia pública no
es expresa, se trata de una potestad que puede ser deducida del contenido mismo
de la norma, más allá de su simple literalidad. El tratadista Eduardo García de
Enterría explica la necesidad de que la interpretación de las normas "…debe
ser matizada con la doctrina de los poderes inherentes o implícitos que, por
excepción, puede inferirse por interpretación de las normas más que sobre su
texto directo. (…) Se trata, simplemente, de hacer coherente el sistema
legal, que ha de suponerse que responde a un orden de razón y no a un casuismo
ciego, lo cual, por otra parte, está claro desde la doctrina general del
ordenamiento que más atrás se ha expuesto y que impide identificar a éste con
la Ley escrita. En este difícil filo entre una prohibición de extensiones
analógicas y una exigencia de coherencia legal se mueve la doctrina de los
poderes inherentes o implícitos, que son, en definitiva, poderes efectivamente
atribuidos a la Administración por el ordenamiento aunque no por el componente
escrito del mismo..." GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho
Administrativo I. Madrid: Editorial Civitas S. A. 1995. 7° edición. P. 438-439.
Los artículos 125 y 126 constitucionales tienen como finalidad permitir al
Poder Ejecutivo manifestar su disconformidad con determinado proyecto de ley
por razones de conveniencia y oportunidad o por razones de
inconstitucionalidad, evitando temporalmente que esa iniciativa se convierta en
Ley de la República. Si la disconformidad desaparece, es claro que el Poder
Ejecutivo puede levantar el veto. Se trata de una potestad implícita,
consecuente con el carácter político y discrecional que caracteriza a la
participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento de formación de la ley.
Acerca de la potestad de retiro del veto la Sala Constitucional, en sentencia
n° 1992-03004 de las catorce horas con treinta minutos del nueve de octubre de
mil novecientos noventa y dos, ha reconocido la existencia de una potestad de
levantamiento del veto, en los términos que se transcriben: "…En
relación con la posibilidad de retiro del veto interpuesto por el Poder
Ejecutivo, alega la recurrente que una vez ejercida tal potestad, carece de
competencia para retirarlo. El veto es una forma de participación del Poder
Ejecutivo en el procedimiento legislativo, autorizado expresamente por la
Constitución Política, en sus artículos 125, 126, 127 y 128. Consiste
básicamente en la potestad de objetar por razones de oportunidad o
constitucionalidad, los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa
y por su naturaleza eminentemente política, debe considerarse un acto
discrecional. Alegar, como lo hace la recurrente, que al no estar expresamente
autorizado en la Constitución el retiro del veto, el Poder Ejecutivo no tiene
la potestad para obrar de esa forma, es una tesis que no comparte esta Sala,
pues tratándose del ejercicio de un poder discrecional, el retiro resulta también
parte inherente a él, como potestad implícita atribuida a dicho Poder, que
puede ejercer en cualquier momento, hasta tanto no exista pronunciamiento del
pleno legislativo, si fue interpuesto por razones de oportunidad, como en el
caso en examen. Corresponde al poder Ejecutivo el determinar la conveniencia o
inconveniencia de objetar un proyecto de ley, por razones de oportunidad, pero
también cuenta dentro de sus atribuciones el reconsiderar la objeción y en caso
de estimar que, por un cambio de circunstancias o cualquier otra razón de
oportunidad, es conveniente retirarlo, no existe para ello objeción
constitucional alguna...". También se ha pronunciado al respecto el
Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el Dictamen
n.° CON-053-2013 de 28 de mayo 2013, donde menciona: "…Pero, además, la
potestad de retiro del veto también se fundamenta en una costumbre
constitucional. En efecto, existen en nuestra praxis constitucional tres
ejemplos de retiro del veto por parte del Poder Ejecutivo..." Por otra
parte, a la luz del principio del paralelismo de las formas, según el cual, los
actos de Derecho Público deben ser revocados de acuerdo con un procedimiento
análogo a aquel dispuesto para su creación, el retiro del veto debe darse por
un acuerdo del Poder Ejecutivo. La consecuencia final del retiro será,
indudablemente, que el Proyecto de Ley se concrete en Ley de la República,
bastando únicamente, su sanción y publicación.
III.- NECESARIA MOTIVACIÓN DEL RETIRO.
El retiro de un veto ejercido sobre un decreto legislativo por razones de
inconstitucionalidad, conveniencia y oportunidad debe también obedecer a
razones de la misma índole, las cuales deben ser consignadas de modo expreso en
el acuerdo del Poder Ejecutivo que disponga el levantamiento del veto. Deben
ser mencionadas las razones de orden jurídico, político, social y económico que
lleven a comprender que el retiro es lo que procede, a efecto de poner fin a la
suspensión en que se encontraba el proyecto de ley, y hacer que este se convierta
en Ley de la República. Como principal vigilante del interés público, es deber
del Poder Ejecutivo apreciar la conveniencia y oportunidad de un proyecto de
ley, por lo que nada impide que si las circunstancias nacionales lo ameritan,
se dé una reconsideración. El uso de la figura del veto, en ocasiones, genera
conflictos entre los poderes del Estado. Ante esto, su levantamiento puede
propiciar que la armonía entre los órganos máximos se restablezca. Argumentos
de este tipo han sido utilizados a lo largo de la historia constitucional
costarricense, por parte de diferentes gobiernos, para explicar el
levantamiento de vetos. Tal como lo señaló oportunamente el Departamento de
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en su Dictamen N° CON-053-2013, en
respuesta a la consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos N° 3 del
28 de mayo 2013 "…el retiro parcial del veto, en el tanto posibilite un
acuerdo entre poderes sobre el contenido de las normas y, por ello favorezca el
marco de bilateralidad e inmediatez que se persigue en estos casos, debe
entenderse jurídicamente posible al no estar prohibido expresamente y
entenderse implícito en la posibilidad de su interposición...".
Asimismo el retiro del veto consolida las situaciones que nacen como
expectativa al amparo del proyecto legislativo luego de ser aprobado por la
Asamblea Legislativa, por lo que "…el retiro produce seguridad
jurídica. En efecto, la aprobación de un decreto crea expectativas de derechos,
los que no llegan a consolidarse por falta de sanción; máxime si la Asamblea no
se pronuncia prontamente respecto de la procedencia del veto..." ROJAS
CHAVES, Magda Inés. Notas sobre el veto. Revista de la Procuraduría General de
la República. 1984. P.80.
IV-. SOBRE EL PROYECTO DE LEY REFORMA
PROCESAL LABORAL. El veto interpuesto por el
Poder Ejecutivo durante la Administración de la Presidenta doña Laura
Chinchilla Miranda, en oficio DP-603-2012 de 09 de octubre de 2012, al Decreto
Legislativo N° 9076 “Reforma Procesal Laboral”, se dio por razones de
inconstitucionalidad y de oportunidad y conveniencia. Posteriormente, el 20 de
mayo de 2013, mediante oficio DP-0316-2013, de la Presidencia de la República
dirigido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se realizó el retiro del
veto por razones de inconstitucionalidad, manteniéndose únicamente el veto por
razones de oportunidad y conveniencia. Las temáticas que suscitaron el veto
fueron los artículos 377 inciso c), 379, 382 y 383, y por conexidad el artículo
384 sobre la huelga en los servicios esenciales, y, además, el artículo 394
sobre la prohibición para contratar personal temporal para sustituir a los
trabajadores en huelga. El proyecto de ley, tramitado en expediente N° 15990,
Ley de Reforma Procesal Laboral, iniciado el 29 de agosto 2005, fue votado en
primer debate el 31 de julio de 2012, contando con una votación unánime de las
y los 45 representantes presentes; y recibió el segundo debate, el día 13 de
setiembre de 2012, con 4 votos en contra y 40 a favor. El texto aprobado por la
Asamblea Legislativa fue impulsado por la Corte Suprema de Justicia. Fue objeto
de amplias negociaciones entre los sectores sindicales y empresariales, en
conjunto con el Poder Ejecutivo, a consecuencia de la imperante necesidad de
una nueva regulación en materia procesal laboral. Se realizaron múltiples
actividades de análisis, con la participación de la Sala Segunda de la Corte
Suprema de Justicia, jueces y juezas de trabajo, personal especializado del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, además de profesionales expertos en
la materia, lo que dio como resultado un proyecto de ley consensuado entre
diversos sectores, tal como se consigna en su exposición de motivos. Las
reformas contenidas en este texto son concordantes con las exigencias internacionales
suscritas por Costa Rica, y responden al modelo constitucional de un Estado
respetuoso de los derechos laborales y garante del acceso efectivo a la
justicia.
V-. SOBRE LA HUELGA EN LOS SERVICIOS
ESENCIALES. La Reforma Procesal Laboral propone una
regulación de la huelga en servicios esenciales con limitaciones claras, en
aras de proteger los derechos a la salud, la vida y la seguridad de las
personas, por medio de un plan de prestación de servicios mínimos que deberá
presentarse con 15 días de antelación a la correspondiente huelga para ser
aprobado por los tribunales de justicia, que incluso podrán realizarle
modificaciones vinculantes. Este plan de servicios mínimos garantizará la
permanencia en el funcionamiento del servicio esencial. No admite cierres
totales que afecten el derecho de las personas al buen servicio público, así
como sus otros derechos e intereses. En caso de no cumplirse con este plan, se
abre la posibilidad de declarar la huelga como ilegal. Actualmente, no se
cuenta con mecanismos que garanticen el correcto ejercicio al derecho de huelga
en los servicios esenciales. Por el contrario, ante la inexistencia de una
planificación previa, las personas trabajadoras realizan la huelga, y no es sino
hasta varios días después que se declara la legalidad o ilegalidad de la misma,
que se pueden adoptar medidas concretas para asegurar el buen servicio público,
lo cual provoca afectaciones graves a las personas usuarias de estos servicios.
Todas estas deficiencias serán solventadas por la Ley de Reforma Procesal
Laboral, texto normativo que permitirá a Costa Rica cumplir con las
obligaciones adquiridas internacionalmente, garantizándose el correcto
ejercicio de los derechos laborales, individuales y colectivos. Ha señalado la
OIT con respecto a la no aprobación de la Ley de Reforma de Código Procesal
Laboral: “…La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el
proyecto de reforma procesal laboral que cubre las cuestiones relativas a la
huelga fue adoptado por la Asamblea Legislativa pero que fue vetado en 2012 por
el Poder Ejecutivo teniendo en cuenta las disposiciones de la Constitución
sobre el mantenimiento del servicio público y a efectos de que se garantizara
la prestación continua de los servicio esenciales y los servicios de
importancia trascendental a través de servicios mínimos. El Gobierno señala que ha sido posible
concretar una propuesta de modelo alternativo tras consultas con los diferentes
sectores incluidas las organizaciones sindicales; dicha propuesta fue sometida
a la Asamblea Legislativa y tramitada por sus comisiones. La Comisión toma nota
también de la declaración del Gobierno sobre el voto de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucionales los incisos a),
b) y e) del artículo 376 del Código del Trabajo relacionados con la prohibición
de la huelga en los servicios públicos, y señalando que las mayorías requeridas
para declarar la huelga no deben impedir su ejercicio. La Comisión lamenta
observar una vez más que los proyectos de ley presentados a la Asamblea
Legislativa tendientes a una mayor conformidad entre la legislación y el
Convenio en cuestiones muy importantes no han culminado. La
Comisión observa que en febrero de 2014 habrá elecciones políticas y entiende
que los proyectos de ley mencionados por el Gobierno deberán ser reactivados
para su trámite legislativo para no quedar archivados. La Comisión pide al
Gobierno que siga impulsando el proyecto de reforma procesal laboral y los demás
proyectos antes mencionados y que proporcione informaciones al respecto. La
Comisión recuerda al Gobierno que la asistencia técnica de la OIT en este
proceso está a su disposición a efectos de contribuir a la plena conformidad de
la legislación con el Convenio. Teniendo en cuenta las diferentes misiones
de la OIT que a lo largo de los años se han desplazado al país y la gravedad de
los problemas, la Comisión aunque expresa su decepción por la falta de
resultados en relación con los problemas pendientes, expresa también la esperanza de estar en condiciones de
constatar progresos sustanciales en un futuro próximo a nivel de la legislación
y de la práctica. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto en su
próxima memoria…” (El resaltado no es del original) OIT, Aplicación
de las normas internacionales del trabajo, 2014 (I). Ginebra: Conferencia
Internacional del Trabajo, 103ª reunión. 2014. Ante las observaciones
planteadas por la OIT, y la existencia de un proyecto de ley acorde con los
convenios internacionales ratificados por nuestro país en materia del derecho a
huelga en servicios esenciales, no observa esta Administración obstáculo alguno
para impedir su entrada en vigencia.
VI-. SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL DURANTE LA HUELGA.
La posibilidad de contratar personal provisional que sustituya a las
trabajadoras y los trabajadores huelguistas, conocidos en la doctrina laboral
como “rompehuelgas” o “esquiroles”, es considerada prohibida y violatoria a la
libertad sindical por los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo ratificados por Costa Rica. Sobre esto, la OIT ha señalado lo
siguiente: “…Sustitución de los
huelguistas/ 175. Se plantea un problema particular cuando la legislación o la
práctica permiten que las empresas contraten a otros trabajadores para
sustituir a sus propios empleados mientras hacen una huelga legal. Este
problema es particularmente grave si, en virtud de disposiciones legislativas o
de la jurisprudencia, los huelguistas no tienen garantizada, de derecho, su
reincorporación a su empleo una vez finalizado el conflicto. La Comisión
considera que este tipo de disposiciones o de prácticas menoscaban gravemente
el derecho de huelga y repercuten en el libre ejercicio de los derechos
sindicales…” OIT. Estudio General de las memorias sobre el Convenio (N°
87) sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 y
el Convenio (N° 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Ginebra: Conferencia Internacional del trabajo, 81 reunión 1994. La reforma
procesal, en el numeral 394, abre la posibilidad de contratar sustitutos en los
servicios esenciales, únicamente si la huelga es declarada ilegal. Por otra
parte, el veto interpuesto por el Poder Ejecutivo intenta abrir el portillo a
la contratación de sustitutos antes de llegarse a la declaración de ilegalidad.
Esta intención, contraria a la libertad sindical, no tiene sentido alguno de
acuerdo al contenido plasmado en el proyecto de ley. Si para que la huelga
pueda realizarse es indispensable la presentación de un plan de servicios
mínimos, con dos semanas de antelación, resulta innecesaria la contratación de
personas sustitutas, ya que de un modo u otro, deberán encontrarse trabajadores
laborando, de acuerdo con lo establecido en el plan. En caso de darse un
incumplimiento al plan de servicios, se procede a declarar la huelga como
ilegal. Es allí, cuando podrían contratarse sustitutos para garantizar la
continuidad al servicio. Sumado a eso, se visualiza una normativa integral y
completa, atinente en la solución de los problemas que se presentan día a día,
en el correcto ejercicio del derecho a la huelga y la protección de las
personas usuarias de los servicios esenciales.
POR
TANTO,
SE ACUERDA:
ARTÍCULO 1°: Con
base en las potestades que confieren los artículos 125, 126, 127, 129 y 140
inciso 3) de la Constitución Política, se levanta el veto ordenado por el Poder
Ejecutivo con respecto al Decreto Legislativo No. 9076, Ley “Reforma Procesal Laboral”, expediente
legislativo N.° 15990. En consecuencia se sanciona esa iniciativa, la cual pasa
a ser Ley de la República, ordenando su publicación y observancia.
ARTÍCULO 2°. Rige
a partir del 12 de diciembre del 2014.
Dado en la Presidencia de la República. San
José, a los doce días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
LUIS
GUILLERMO SOLÍS RIVERA
Melvin Jiménez Marín
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Víctor Manuel Morales Mora
MINISTRO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Víctor Barrantes Marín
MINISTRO A.I. DE JUSTICIA Y
PAZ
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Diputado, me informan que hay
treinta y seis diputados y diputadas en la sala de sesiones.
Corre
el tiempo reglamentario.
Cuarenta
y cuatro diputadas y diputados en la sala de sesiones.
Se
toma nota de la comunicación que ha sido leída.
Sí,
diputado, tiene usted la palabra por el orden.
Diputado Mario Redondo
Poveda:
Gracias,
señora presidenta, compañeras y compañeros diputados.
Señora
compañera y compañeros, en lo que a mí respecta a este documento que nos ha
remitido la Presidencia de la República es inaceptable, es una invasión
poderes.
El
Poder Ejecutivo está atribuyéndose potestades que le corresponden a esta
Asamblea Legislativa, en virtud de que el proyecto 15.990 está en este momento
siendo tramitado por esta Asamblea Legislativa, tanto es así que tiene tres
dictámenes, y obviamente debo censurar una invasión a las atribuciones de esta
Asamblea.
Después
vamos a tener oportunidad para referirnos a las implicaciones políticas,
económicas y sociales que tiene que esa decisión del Gobierno de la República.
Pero en este momento no quería dejar
pasar la lectura de este documento, me parece que no es simplemente decir
tomamos nota. Yo quiero decir que yo no tomo nota del documento.
Yo considero que este documento es
una clara violación a las atribuciones de esta Asamblea
Legislativa, que ese proyecto está siendo tramitado por este Congreso, que este
Congreso tiene bajo su cargo ese expediente, lo dictaminó en la Comisión de
Jurídicos y no tiene de ningún modo facultad el presidente de la República, ni
el Poder Ejecutivo, para quitarle a esta Asamblea el conocimiento y tramitación
de un proyecto que ya sometió a su consideración, particularmente porque igual
es cuestionable el que en algún momento determinado se indicara el retiro del
veto por razones de constitucionalidad, lo cual se hizo sin seguir los
procedimientos correspondientes.
En
esa dirección, presidenta, quiero dejarlo constando en actas, y manifestar que
igualmente y, en esa dirección, estamos articulando diputados de varias
fracciones parlamentarias para presentar en próximos días una acción de
inconstitucionalidad contra este documento que remite hoy el Poder Ejecutivo y
que en mi criterio no tiene la facultad de eliminar las posibilidades que tiene
el Parlamento de tramitar esta iniciativa.
Muchas
gracias, presidenta.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias,
señor diputado.
Está
usted en todo el derecho de tramitar las acciones que amerite necesarias. Se ha
leído, como se han leído otras comunicaciones, lo remitido desde el Poder
Ejecutivo. Este documento desde el viernes 12, incluso, está en el Portal
Legislativo y se ha considerado oportuno que conste en actas.
Voy
a solicitarles a la jefa y los jefes de fracción sírvanse acercarse a la mesa
por un receso de hasta diez minutos.
Diputado
Rolando González, ¿me pidió la palabra por el orden?
Vamos
a entrar a leer una moción de orden que ha ingresado a la mesa. Agradezco al
secretario favor leerla.
Segundo secretario Jorge Rodríguez Araya:
Moción
de alteración, varios diputados hacen la siguiente moción:
Moción de alteración
De varios
señores y señoras diputadas:
Para
que el expediente 19.429, Permiso para el Eventual Atraque, Permanencia en
Puerto y Desembarque de las Tripulaciones de las Embarcaciones del Guardacostas
de los Estados Unidos de América desarrollando operaciones antinarcóticos en
apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país entre
el 01 de enero al 30 de junio del 2015, pase a ocupar el primer lugar de los
asuntos de la primera parte hasta su votación final.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Rolando González, yo le di la palabra por el orden. Tiene usted la palabra
hasta por dos minutos por el orden, diputado.
Gracias.
Diputado Rolando González Ulloa:
Señora
presidenta, vea qué problema. Antes se pudo abrir la puerta para que entrara
quien no estaba y ahora no se puede dar quince segundos para que me desplazara
del cafetín.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado…
Diputado Rolando González Ulloa:
Por
eso, exactamente es que advertí que mejor no incurriéramos en ese tipo de
excesos.
Mi
solicitud de palabra por el orden era para el tema anterior. Ahora, por una
decisión de la Presidencia, a contrapelo hablo por el orden en un tema que no
tiene que ver con lo que quería hablar.
Yo quiero
decirle que yo soy muy mesurado, muy considerado y con usted especialmente,
pero que por favor, no me vean cara de lo que no soy.
Dicho
eso que es introductorio, uso mis dos minutos.
Se
nos ha hablado hoy de una comunicación sobre el veto, levantado y que estaba en
la convocatoria de sesiones extraordinarias y nunca se retiró.
Recibimos
un proyecto de ley sobre el Código Procesal Laboral que se puso a despacho de
manera pertinente y procedente; un proyecto de ley en relación con el cual la
Asamblea Legislativa realizó los trámites ordinarios, fue a una comisión, se
emitieron los dictámenes, vino al Plenario legislativo, fue puesto a despacho,
tiene pendiente una moción de plazo cuatrienal y sigue en la corriente
legislativa.
Y
de manera inconstitucional a nuestro juicio, violatoria del Reglamento legislativo
a nuestro criterio, y atentatoria contra el derecho del parlamentario y la
parlamentaria a resolver sobre los asuntos que le son puestos a despacho, se
levanta el veto.
Y
yo he querido intervenir por el orden para consignar en actas dos o tres
apreciaciones concretas: una, que es a mi juicio especialmente relevante, es
que si el presidente de la República con su consejería y con el acompañamiento
del FAC hizo el retiro del veto es
porque considera que su actuación es reglamentaria, legítima y constitucional.
Por lo tanto, al levantar el veto le dice a Costa Rica: aquí hay una ley de la
República plena y correcta, debe ejecutarse.
No entiendo cómo
tiene el desparpajo de pedirnos, de manera inmediata, que entremos a conocer
reformas a esa ley de la República.
Démosle
tiempo al tiempo, dejemos que reposen las aguas y veamos cuáles son las
implicaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales de la acción iniciada
por el presidente de la República.
Démosle
oportunidad a la Sala Constitucional que se pronuncie sobre los vetos y sobre
las potestades del presidente de la República al respecto. Y entonces hablemos
de la convergencia entre fracciones para buscar acuerdos.
Y
termino diciendo que mis reservas no tienen que ver con los derechos de las y
los trabajadores a ir a huelga y a tener justicia pronta y cumplida. En eso el
Código Procesal Laboral es un avance es ostensible. Tiene que ver con los
derechos de la ciudadanía, de sus representantes legislativos y de la Asamblea
Legislativa en cuanto a competencias de cada uno de los poderes de la República
y de la atención de las prerrogativas que nos son propias.
Aquí,
a un proyecto sometido en plenitud de la Asamblea Legislativa y sobre el cual
el órgano deliberativo constitucional no se ha pronunciado se le quitan las
alas y se traslada a otro lugar, como si fuera una competencia absoluta y
omnímoda del Poder Ejecutivo.
La reserva, por lo tanto, no está en cuanto a los
derechos de las y los trabajadores de las organizaciones sindicales y el
derecho a huelga, está en cuanto a las competencias constitucionales de la
Asamblea Legislativa versus las del Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Tengo en el orden, o me han
solicitado la palabra por el orden, la diputada Maureen Clarke y el diputado
Jorge Rodríguez.
Voy a dar hasta tres minutos.
Y diputado Rolando González, yo lo
convoqué para que usted hiciera el uso de la palabra, por el orden, me dijeron
que estaba afuera. Si hubiese sabido que
estaba en el cafetín, lo hubiera esperado, en especial, con usted, yo también
le guardo un gran respeto.
Por favor, si se ajustan a los tres
minutos, diputada Maureen Clarke, diputado Jorge Rodríguez, y señalar que levantar
el veto automáticamente, pasa a ser ley de la República y queda fuera del orden
del día.
Diputada Maureen Clarke.
Ya le voy a dar la palabra, diputado
Jorge Rodríguez.
Tres minutos…, con mucho gusto,
diputado, con mucho gusto, le voy a dar el tiempo que usted requiera.
Diputada Maureen Clarke, tiene usted
la palabra.
No hemos empezado la discusión del
debate que se acordó con los jefes y la jefa de fracción sobre atraque de
buque.
Diputado Jorge Rodríguez, tiene
usted el uso de la palabra.
Gracias.
Diputado
Jorge Rodríguez Araya:
Presidenta, ¿me podría decir usted,
o talvez allá, en quién nos lleva el tiempo a los y las diputadas, de cuánto
tiempo dispongo, supongo que del mismo que lo dispuso Rolando González Ulloa?
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado, tiene usted cinco minutos,
haga uso de la palabra; el diputado…
Diputado
Jorge Rodríguez Araya:
Yo lo que digo, señora presidenta,
los dos somos diputados y merecemos el mismo trato, así que…
No, no, es que me están dando la palabra, es
cierto, pero…, no, es que dieron más de cinco minutos, entonces, aquí no hay
diputados de primera ni de segunda.
Bueno, pero no importa, señora presidenta, hace
rato venimos en este juego y vamos a terminar el juego, sí, porque esto es en
dos tiempos: Saprissa le ganó a Heredia y les vamos a ganar, si Dios quiere, el
sábado también, y no dos, sino cuatro a cero.
Y para decir que estamos cuatro a cero, don
Rolando. Es obvio y evidente que en la Asamblea Legislativa y en cualquier
parte donde esté este sistema, en el momento en que se levante un decreto, un
veto, perdón, obviamente, eso se convierte en ley. No puede entonces una ley estar haciendo fila
en la corriente parlamentaria.
¿Pero, por qué he querido pedir este tiempo?, porque
se han dicho muchas cosas sobre el veto que se ejerció por parte del Poder
Ejecutivo, pero lo que no se le ha dicho a la prensa y lo que no queremos
entender los señores diputados es que fue una responsabilidad de esta Asamblea
Legislativa, que fuimos nosotros los que no cumplimos con el mandato que nos
mandaron a hacer aquí cada uno de los ciudadanos.
Sabíamos desde hace rato, desde hace mucho rato…
Señora presidenta, ¿por qué no compramos un equipo?
No ve que este sube y se baja, parece, ¿cómo se llama?, la política nacional,
parece a Liberación Nacional, un día arriba, otro abajo; entonces, a ver si
compramos un equipo.
Decía entonces, señora presidenta, que no podemos,
en este momento, rasgarnos las vestiduras ni decir que el PAC ganó, que el FA
ganó, ni que el PAC ganó, ni que Liberación perdió, lo que tenemos que decir es
la verdad: no pudimos consensuar y conseguir los treinta y ocho votos para
darle a Costa Rica lo que Costa Rica se merecía.
Aquí tiene que dársele otra lectura de lo que pasó
en la Asamblea Legislativa. Los medios
de comunicación están dormidos, no le han dicho al pueblo de Costa Rica cuál ha
sido la verdad.
La verdad fue que Liberación Nacional no quiso
poner los votos y no se encontraban los treinta y ocho votos, entonces, en esto
las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Yo tengo grandes amigos en Liberación Nacional, pero porque son mis
amigos, es cuando, cuando uno tiene un hijo y lo quiere mucho; no puede uno
perdonarles los errores.
Yo nunca he visto ─óiganme bien─, nunca
he visto un partido que esté entrenando tan bien, entrenando tan bien para
perder las elecciones venideras como lo está haciendo Liberación Nacional. ¿Y
por qué?, porque generalmente algunos buscan para que les den declaraciones de
lo que quieren escuchar, pero no es verdad lo que está ocurriendo.
Entonces, se toma una a persona, que es el
Ejecutivo, y lo crucifican, las redes sociales se llenan de mentiras, porque
son… (ininteligible)…
Déjame, déjame, ustedes
tienen como cuarenta minutos, ochenta, y yo apenas tengo que hacer aquí, por el
orden. Quiere decir, entonces,
─no, porque me vas a decir que es mentiras, y lo que estoy diciendo es
verdad.
Quiere decir, entonces…
Rony, y usted sabe, Rony, usted lo perdió cinco a
siete, usted lo perdió el jueves cinco a siete, porque la gente suya no quiso
votar para llegar a un gran acuerdo. No, por eso, cincuenta y siete, y ustedes
son la mayoría, en este caso, dieciocho, pues entonces tenemos que trabajar con
dieciocho.
Lo que pasa, señoras y señores diputados, es que la
bancada del PAC debe de entender que son Gobierno y nosotros ─y quiero
dejar claro─, yo no negocié con nadie, no negocié con nadie, ni el puesto
que tengo en el Directorio fue una negociación mía, yo quiero que esto quede claro.
Don Ottón, ni lo digo, porque usted sabe por qué lo
digo: no fue una negociación, en el minuto último, en el minuto noventa y uno,
como hace el Saprissa, se metió el gol, la saprihora. Entonces, que no me
vengan a mí con cositas aquí de que yo negocio.
Yo aquí voto a consciencia, porque primero está
Costa Rica que la bandera del partido que represento. Y represento a ese partido, pero a mí no me
representa ni el secretario ni el presidente del Partido Unidad Social Cristiana,
para eso tenemos el movimiento, en este momento, que creemos que es el que va a
salvar a Costa Rica, generando oportunidades y que está de líder Humberto
Corrales…, Vargas Corrales.
De forma tal, señora presidenta, no sea que usted
sea herediana, y sea que Liberación Nacional le gane un partido, porque no es
cierto, ni va a ser cierto que la culpa de lo que pasó la tiene el Ejecutivo,
la culpa de lo que pasó la tenemos los cincuenta y siete diputados, en esta
Asamblea Legislativa…
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado…
Diputado
Jorge Rodríguez Araya:
…, por no…, no hacer su trabajo.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Vamos a entrar en discusión a la
moción de orden, que fue leída.
En discusión.
Diputado Óscar López, usted me pidió
la palabra, estamos en discusión, no es firmante de la moción. Si me permite votarla, se lo agradezco.
Cuarenta y cinco
diputadas y diputados en la sala de sesiones y salas anexas. Agradezco cerrar
puertas, y a los diputados y diputadas incorporarse a sus curules.
Favor
cerrar puertas, ingresar a sus curules.
Cuarenta
y cinco diputadas y diputados presentes. Las y los diputados que estén a favor
de la moción, sírvanse ponerse de pie.
Cuarenta y cinco diputados presentes; cuarenta y cuatro a favor, uno en
contra. Aprobada.
Vamos
a leer una moción de revisión del diputado Óscar López. El señor secretario procederá a leerla.
Segundo secretario Jorge
Rodríguez Araya:
Del
diputado Óscar López, expediente 19.429.
Moción de revisión
Del diputado López:
Para que se revise la votación recaída sobre
la moción recientemente aprobada.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
En discusión
la moción.
Diputado,
tiene usted la palabra, hasta por quince minutos, diputado.
Diputado Óscar López:
Buenas tardes,
señoras diputadas, señores diputados.
Tengo entendido que el
diputado Edgardo Araya Sibaja hará también uso de la palabra hablando los
quince minutos en contra, que el reglamento también asiste en estos casos.
Y yo, por supuesto,
bueno, quiero manifestarles que me he opuesto ahora en la votación que acaba de
haber: cuarenta y cinco diputados presentes, cuarenta y cuatro a favor, uno en
contra; ese en contra fui yo, por lo cual he presentado la moción de revisión
que estamos discutiendo en este momento.
Personalmente me parece
que la Asamblea Legislativa de un país soberano como el nuestro debería
abocarse a revisar el Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y
Estados Unidos, suscrito en el año 1998.
Es una tarea pendiente,
yo planteé esa tarea desde que tuve la ocasión de ser diputado entre el año
2006 al 2010. Porque el Convenio de Patrullaje Conjunto, soy de la tesis, no
soy dueño de la verdad, es mi doxa, mi verdad, no necesariamente tiene que ser
una verdad absoluta. Soy de la tesis de
que este convenio no le ha producido a Costa Rica los beneficios que algunos
dicen haber recibido.
Y voy a poner solo un
ejemplo: hoy el Gobierno de la República con bombos y platillos anunció la
colocación de la primera piedra de lo que es o lo que será la nueva Escuela
Nacional de Policía, con sede en Pococí.
Decía el señor
presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, que será la
Escuela de Policía más moderna de todo Centroamérica, que espera en un plazo
que no supere los dos años, así como hoy puso la primera piedra, está
inaugurando esas instalaciones.
¿Y saben qué es lo
preocupante si quiere alguien preocuparse?, que es dinero enviado por China,
para que Costa Rica tenga su Escuela Nacional de Policía.
Y yo pregunto hoy, como
he preguntado desde que fui diputado la primera vez, ¿y dónde está el Gobierno
de los Estados Unidos financiando estas cosas?, ¿vamos a seguir nosotros
levantándole los chingos ─parafraseando a mi abuelita─ levantándole
los chingos a la poderosa águila imperial del norte, para que la droga no
llegue a su territorio?
Porque no han sido
capaces de combatir el consumo de drogas, entonces utilizan las aguas
internacionales o aguas territoriales de nuestro país en un convenio de
patrullaje conjunto turbio, que además, y les voy a decir, soy de la tesis que
está precluído, o que está prescrito, que ya feneció porque tenía plazo y el
plazo se venció hace rato.
Y hago el llamado porque
yo oportunamente haré la demostración jurídica, dentro de las enormes limitaciones
jurídica que este costarricense tiene, haré un intento oportunamente de
explicarles a las y los señorías que el Convenio de Patrullaje Conjunto ya
prescribió con Estados Unidos, y que tenemos que configurar uno nuevo si
queremos seguir vinculados a este intercambio diplomático que impone a Costa
Rica estar aprobando permisos para que los barcos de la Marina de Guerra —y
repito, Marina de Guerra, porque así dicen los permisos— utilicen las aguas de
Costa Rica.
Yo quisiera preguntarle
a usted, señora diputada, y a usted, señor diputado, ¿ha leído usted esos
convenios de patrullaje conjunto realmente?, ¿los ha leído? Tómese el tiempo de
leerlos, tómese el tiempo de leer la descripción detallada de lo que viene en
cada uno de estos acuerdos para que se dé cuenta que no estamos hablando del
Cruce del Amor.
¿Se acuerdan de la serie
The Love Boat?
Hablaré trece minutos, y
le daré dos minutos al diputado Rony Monge que me los está solicitando, para
que me lo avise, señora presidenta.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
De acuerdo, diputado.
Diputado Óscar López:
No estamos hablando de
darle ingreso al Cruce del Amor, como les decía, señorías. Estamos hablando que
aquí entran barcos artillados, con helicópteros, con soldados que entran
incluso a territorio costarricense, a quienes se les exonera, según esos
acuerdos, que yo les invito a leer, para que no crean que lo mío es una pose
antiimperialista, o antiyanki, o marxista, leninista.
No, no, nada de eso,
nada de eso. A mí me encantan las hamburguesas, la Coca Cola, las gringas y los
gringos me caen muy bien. Lo aclaro, lo mío no es una pose de esas. No, no, no,
yo tengo un enorme cariño por el pueblo estadounidense, pero nosotros tenemos
con seriedad que leer lo que aprobamos, hay que leer lo que aprobamos.
¿Por qué hay tanto
conflicto con el famoso veto que levantó el presidente de la República?, porque
los diputados no leen lo que aprueban.
Y yo como persona no
vidente, respetuosamente les hago el llamado, en mi caso, que tengo la virtud
de leer por los oídos gracias a los dispositivos electrónicos de los cuales
ahora los no videntes disponemos, y lo ando leyendo todo, yo les quiero
conminar a ustedes a que lean lo que aprueban, a que se busquen el acuerdo de
patrullaje conjunto vigente desde el 98, y a que lo cotejen con lo que nos
manda el Ministerio de Seguridad Pública, hoy audaz y extraordinariamente
dirigido por el licenciado Celso Gamboa.
Mis respetos al gran
ministro de Seguridad Pública, persona conspicua e incólume, capaz de desarrollar
una labor bajo los más altos estándares de admiración y de respeto de este
diputado para con él.
Pero eso no da pie a que vayamos o
tengamos que aprobar sin revisar lo que votamos.
Personalmente siempre he tenido mis
reservas con estos convenios y siempre he sido de la tesis de que si cincuenta
millones de consumidores de droga en los Estados Unidos tienen a esa ciudadanía
enferma, si tienen a esa ciudadanía inmersa en el flagelo del consumo de
drogas, el problema está, entonces, en atacar el consumo y no en estar enviando
buques artillados a aguas costarricenses, porque entonces atajamos la droga
acá.
Y efectivamente, porque ya me van a sacar las
toneladas de drogas que ha incautado don Celso y su equipo, lo cual merece un
aplauso, y no se lo damos porque los aplausos no son permitidos en la Asamblea
Legislativa, según la Constitución Política, sino deberíamos de darle un
aplauso al señor ministro.
¿Pero qué es lo que sucede,
señorías?, que al quedarse esa droga de camino, los narcotraficantes están
pagando al menudeo y eso es el resultado de lo que está pasando en
Centroamérica con las maras y con las pandillas, y con todo el tráfico
terrestre que al menudeo ya no se paga ni con dólares, sino con más droga.
Entonces, el problema de ellos nos
lo heredaron a nosotros. Si no han sido capaces de educar a su sociedad en
contra del consumo de las drogas, si ellos por una parte legalizan la
marihuana, y no tienen ningún empacho en decírselo al mundo, legalizamos la
marihuana, para que sus jóvenes anden happy,
happy en los colegios y en las universidades, y por otra parte nos endosan
a nosotros el problema de tener que estarles deteniendo la droga que viene
desde el sur de América, y que para que no pase directamente hasta los puertos
estadounidenses o por donde quieran que infiltran esa droga, nosotros tenemos
que servir de escudo, y a veces de carne de cañón, con equipos inferiores,
donde la inversión estadounidense es escasísima, escasísima, señorías.
¿Por qué no invierten recursos
económicos en nuestra policía? No
estamos hablando de un ejército, estamos hablando de que este país tiene ahora
un avioncito donde el presidente de la República hace un viajecito al El
Salvador, gracias a que acá se le incautó al narcotráfico, si no ni eso tendríamos.
Donde nosotros no tenemos como
Estado cinco helicópteros, capaces de apagar un incendio forestal, no los
tenemos, y el Gobierno de Estados Unidos que desbarata helicópteros en Irán, en
Afganistán, y donde quiera, no son capaces de donarle cinco helicópteros a un
gobierno como el nuestro, a un Estado como el nuestro, a un Estado que
históricamente ha tenido lazos de amistad, de cordialidad, de diplomacia con el
Gobierno de los Estados Unidos.
Eso son los verdaderos problemas,
señorías, que hay que acometer en esta Asamblea, cuando se habla del convenio
de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos.
¿Cómo está la droga en este país,
desde los últimos diez años para acá? ¿Alguien podría decirme, con la mano
puesta en una Biblia, o en el corazón, o en el Corán o en lo que usted crea,
alguien me puede decir que de diez años para acá la sociedad costarricense ha
mejorado sus niveles de consumo de droga? No, señorías, hemos empeorado.
La mayor muestra de que este
convenio no ha funcionado, al menos para nosotros, está en el incremento de la
drogadicción en este país.
Cosas que uno jamás pensó que
llegarían a suceder, como que en la puerta de nuestros centros educativos
públicos y hasta privados se venda la droga a la luz del día, con la complacencia
y complicidad de algunos, que gracias a Dios son la minoría, no todos, pero sí
de algunos policías, eso sucede en su país, señora diputada, y en su país señor
diputado.
Y yo que como no soy comunista, reitero, y no tengo
ese tipo de situaciones ideológicas, a mí no me embarga ese sentimiento, más
allá de que tengo mis reservas que también oportunamente puntualizaré, cuando
en algún momento pueda leerles incluso una publicación de un ciudadano llamado
Hernán Calvo Murillo, quien me hizo el favor, inmerecido favor, de enviarme a
mi correo un artículo que escribió en el año 2005, en noviembre del 2005, sobre
estas cosas.
Un señor que vivió en Estados Unidos, que adquirió
la ciudadanía estadounidense, que engendró hijos en Estados Unidos, que sirvió
en las Fuerzas Armadas Estadounidenses, y que hoy con la experiencia que dan
los años, siendo un adulto mayor, puede aconsejarme a mí, y por medio de mi
persona, aconsejarles a ustedes acerca de la inconveniencia de estos convenios
que tienen que ser revisados con una única finalidad para que Costa Rica les
saque a estos convenios el mejor de los provechos, no para oponerse por
oponerse, sino para que nosotros también recibamos un beneficio mayor en medio
de esta vorágine social, en la cual estamos inmersos, producto del exceso de
drogas en nuestros barrios.
El tiempo me resta, entiendo,
diputada presidenta, que le corresponde al diputado Rony Monge y creo que el
diputado Edgardo Araya, y no sé si otros harán uso también de la palabra en
contra de mi exposición, para lo cual, por supuesto, estamos acá dispuestos a
escuchar como en democracia corresponde.
Gracias; buenas tardes.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Diputado Rony Monge, hasta por dos
minutos, tiene usted el uso de la palabra.
Diputado
Rony Monge Salas:
Muchas gracias, señora presidenta;
gracias, diputado Óscar López, compañeros y compañeras.
Don Jorge Rodríguez, lástima que
usted nos abandona.
Bueno, qué dicha que ya regresa.
Mire, yo con usted puedo compartir proyectos, ideas
y sueños, pero no puedo permitir que engañe a los costarricenses. Y yo espero,
don Jorge, que sea porque a usted le falla el ábaco, y no porque lo haga de
mala fe.
Pero en esta Asamblea Legislativa los
dieciocho de Liberación Nacional nos podemos ir y sigue habiendo cuórum y si
hay acuerdos se pueden sacar los proyectos. Deje usted de estarle endosando a
Liberación Nacional las responsabilidades que al final de todo este Plenario…
Pero yo no le puedo permitir a usted
que les haga un llamado a los costarricenses diciéndoles mentiras, yo creo que
usted es una persona muy honesta y muy íntegra para que haga ese tipo de
aseveraciones, y como le vuelvo a decir, espero que a usted lo que le haya
fallado sea el ábaco que usted tiene en su curul.
Muchas gracias, señora presidenta.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Por el orden, diputado Rodríguez.
Diputado Jorge Rodríguez Araya:
Señora presidenta, yo mandé justamente
en estos barcos que les estamos dando permiso a traerle un ábaco aquí a mi
compañero y ahora cuando estaba ya en otro país, le dije que pasara allá donde
el Santo Padre para no le dejara mentir, que él sabe que lo que estoy diciendo
es verdad.
Les quedaron siete a cinco,
Liberación Nacional no quiso desdecirse de lo ya dicho. Ante esta situación la
responsabilidad es de Liberación Nacional. Como yo he aceptado mis errores en
el pasado, nosotros, aquí como diputados, como hombres y no como partidos,
debemos de aceptar la responsabilidad que a cada uno le compete.
Y no es que miento, simple y
llanamente es que esa ha sido la historia y se lo vuelvo a decir, don Rony,
nunca Liberación
Nacional había hecho tanto esfuerzo para perder una elección como la que está
perdiendo en este momento por sus posiciones, tanto en el presupuesto nacional
como con lo que pasó con lo que discutimos el jueves anterior, y usted lo sabe,
don Rony.
Pero, diay, el partido está más
fraccionado que el nuestro, hay como cinco fracciones, no es culpa suya, don
Rony, haber perdido cinco a siete.
Muchas gracias, señora presidenta.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Por el orden, diputado Ronny Monge.
Diputado Rony Monge Salas:
Mire, don Jorge, vuelvo a decirle,
por favor, no falte a la verdad, aquí estamos, nos están escuchando muchos
costarricenses.
Usted enreda las cosas como
usualmente le gusta hacerlo.
Aquí es muy claro, estamos hablando
de las votaciones que suman los cincuenta y siete diputados, la fracción de
Liberación Nacional no está sola en esta Asamblea
Legislativa.
Vuelvo
a decirlo, cuente, nos vamos los dieciocho y si hay un acuerdo de todos los
demás diputados las cosas pasan en este Plenario.
Tan siquiera
necesitan a Liberación Nacional para sesionar, somos una voz que hemos estado
vigente durante estos siete meses y hemos compartido en proyectos esenciales
para el Gobierno y no hemos sido mezquinos en sumar esa votación, pero también
tenemos todo el derecho a disentir en algunas posiciones.
Pero
eso no significa que porque nosotros los dieciocho no compartamos un criterio,
algo no puede haberse aprobado en este Asamblea Legislativa. Se requiere mucho
más que Liberación para que una propuesta no pase en este Plenario o para que
tan siquiera haya cuórum.
Y
si no lo quieren entender, de verdad que les agradecemos cómo le dan
importancia ustedes a Liberación Nacional que de verdad que la historia de este
país también se la debe.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Jorge Rodríguez, por respeto a las fracciones aquí se ha llegado a varios
acuerdos para poder hacer un debate en relación con atraque de buques.
Yo
le agradecería, todavía tenemos en lista al diputado Edgardo Araya para que se
refiera en contra de la moción presentada por don Óscar.
Por
favor, diputado, déjeme, le he dado hasta tres minutos, diputado.
Diputado Jorge Rodríguez Araya:
Hace
un rato me quitó una hora no se preocupe…, un minuto.
Bueno,
señora presidenta, nada más para que se verifique y me le puedan certificar
mañana cuántos diputados habíamos el jueves, y entonces yo le voy a decir a don
Rony que aunque yo no me sé la tabla del cero sí estoy en lo cierto.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias.
Diputado
Edgardo Araya, hasta por quince minutos solicitó usted la palabra para
referirse en contra.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Gracias,
señora presidenta.
Presidenta a. í Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Mario Redondo, ¿usted va a hablar en contra?
Diputado
Rolando González, ¿usted va a hablar en contra?
¿Lo tengo en lista?
Diputado
Edgardo Araya y Mario Redondo, son quince minutos, cómo…, siete minutos y
medio, siete minutos y medio.
Gracias,
diputado.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Mario
Redondo habla cada vez que puede y cuando yo pido la palabra me quitan tiempo.
Presidenta a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Edgardo, tiene usted la palabra hasta por siete minutos y medio.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Yo
quisiera primero saber si hay cuórum, señora presidenta.
Presidenta a. í Marcela Guerrero Campos:
Cuarenta
diputados y diputadas en la sala de sesiones.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Gracias,
señora presidenta.
Sí,
yo quería aprovechar este espacio para plantear nuestra posición y dejarla
planteada nuestra posición en contra de la moción de revisión que ha presentado
el compañero diputado don Óscar López, sin que eso signifique que tengamos…,
haya cambiado para nada nuestra posición que es de principios con el tema de
los atraques de buques.
Consideramos
que la forma en que se ha distribuido el tiempo es adecuada para por lo menos
llegar a esa discusión.
Pero
yo quería aprovechar este espacio también para hacer algunas precisiones.
Nosotros en el
tema este tan llevado y traído de la reforma procesal laboral no hemos dicho
mucho aquí en el Plenario. Creo que es importante ir haciendo algunas
precisiones con respecto a lo que pasó el viernes pasado, a lo que pasó y a lo
que ha venido pasando la semana pasada.
Primero,
hay que recordar, porque a veces y yo creo que en esto…, lástima que a veces
cuando hablan otros están todos los medios de comunicación ahí con las cámaras,
y todo. Y cuando nos toca hablar a otros no hay nadie.
Yo espero que
esto lo estén grabando y se lo hagan llegar porque yo quisiera que la difusión
apocalíptica que desde la semana pasada vienen dando los grandes medios de
comunicación, acuerpados también por la gente, algunos empresarios, porque yo
sé que hay empresarios sumamente responsables en este país que no ven un
problema en esto de la reforma procesal laboral.
Pero
han querido hacer aquí una tormenta en un vaso de agua, dando, haciéndole creer
a la gente que aquí se acabó el país, que aquí entró el caos generalizado y no
le recuerdan a la población que esta reforma procesal laboral es un proceso que
viene desde el 2005, compañeras y compañeros diputados, desde el 2005.
Un proceso que
no nació, como dicen algunos apocalípticos de esta semana, como si hubiera
nacido en el seno más oscuro de las fuerzas caóticas que van a acabar con este
país. No, señores y señoras, esta reforma procesal laboral contó con la
participación de las cámaras empresariales que se están quitando algunos ahora
esa es otra historia. ¿Quién se quitó?, ¿quién se está quitando ahora?
Porque
esas cosas no las podemos perder de vista.
El
tema de la huelga, el tema de la huelga está ahí, está ahí desde el inicio de
estas discusiones, esto no fue un tema que salió de la noche a la mañana que
por pacto oscuro, salió la semana pasada por esos malvados del FA que quieren
hacer caos en este país. No señores, no llamemos a engaño a la población en ese
sentido.
Y
yo quiero nada más…
Presidenta a. í Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Edgardo Araya, disculpe que lo interrumpa, tenemos treinta y siete diputadas y
diputados en la sala de sesiones.
Corre
el tiempo reglamentario.
Treinta
y nueve diputadas y diputados en la sala de sesiones.
Le
restan tres minutos cuarenta y seis segundos, diputado Edgardo Araya.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
¿Cuánto?
Presidenta a. í Marcela Guerrero Campos:
Tres
minutos, cuarenta y seis segundos.
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Ojalá
que don Mario Redondo me pueda dar un poquito de los siete y medio, si no me
alcanzara.
Lo
que yo quería hacer nada más también alusión, porque también para llamar un
poco y ponerle claridad a lo que se ha hablado en estas semanas, yo quiero un
poco recordar qué se dijo en la Asamblea Legislativa pasada.
Aquí
tengo las actas del diputado Villanueva Monge, del Partido Liberación Nacional.
Y el diputado Villanueva Monge dice: Yo quería ahondar aún más, y al ahondar
más quiero decirle que Liberación Nacional anuncia nuevamente su aprobación de
este proyecto en segundo debate, nuevamente, si ya lo habían aprobado una vez,
y desde que salió de la Comisión de Jurídicos no se le ha cambiado una coma a
este proyecto.
Y
habla de las maravillas que efectivamente tiene del tema procesal y de todos
los beneficios que indudablemente le encuentra en el tema procesal.
Nosotros
sentimos —dice don Gerardo Villanueva— y así lo dijimos, bueno, es una
negociación que respetamos porque si no, no vería la luz este código, porque si
no sería un conflicto, pero creo que esta Asamblea Legislativa podrá discutir
este tema individualmente, particularmente, sin enredarlo con el proceso laboral de los juicios,
que no solo se refiere a ese expediente.
Dice además, y quisiera ─dice el diputado
Villanueva Monge─…
¿Usted me permite un minutito, don Mario, para
cerrar?
Dice: Y quisiera, por último, nada más decirles
diputados y diputadas, ─porque esto es importante, sobre todo, para la
prensa─, diputados y diputadas aquí se está determinando quién no tiene
derecho a prestaciones. No tiene derecho
a prestaciones aquí, en el artículo 683, el presidente de la República, los
diputados, ─y aclara una serie de jerarcas que ya no tienen, no pueden
alegar prestaciones laborales─.
Contra todo eso se expone esta sociedad si se
intenta atacar esta reforma procesal laboral, y no es solo por el tema de
huelga. Sí, miren, y con esto voy cerrando, que lo continuaré en otro momento.
Dice el actual 375, antes de que entre a regir el
levantamiento del veto del Código de Trabajo: No será permitida la huelga en
los servicios públicos, las diferencias que en estos ocurran entre patronos y
trabajadores, así como en todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se
someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los tribunales de
trabajo.
Yo pregunto, compañeras y compañeros: ¿se ha
impedido alguna huelga porque hay una prohibición absoluta, como está
actualmente en el Código de Trabajo, en servicios esenciales? Nunca, nunca.
Y venir a regular eso no va a cambiar, en la
práctica nada, el tema del derecho a huelga.
En ese tema, en la práctica, nos mantenemos igual,
así que eso, me parece que debe ser dicho.
Y lo último ─ con la venia de don Mario
Redondo, ya le voy a dar la pelota a don Mario─, hay un voto que quiero
enseñarles, el 3.004 del 92, de la Sala Constitucional.
Dice la Sala: En relación con la posibilidad del
retiro del veto…
Presidente
a. í. Jorge Rodríguez Araya:
Señor diputado, se le ha agotado su
tiempo, le hemos dado treinta segundos más.
Diputado
Edgardo Araya Sibaja:
No, para cerrar me da aquí don
Mario.
Presidente
a. í. Jorge Rodríguez Araya:
Adelante, señor diputado.
Diputado
Edgardo Araya Sibaja:
Dice el voto de la Sala
Constitucional, el 3.004 del 92, dice: En relación con la posibilidad de retiro
del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo, alega la recurrente que una vez
ejercida tal potestad carece de competencia para retirarlo.
El veto es una forma de
participación del Poder Ejecutivo en el procedimiento legislativo, autorizado expresamente
por la Constitución Política, en sus artículos tales y tales.
Dice la Sala: Alegar, como lo hace
la recurrente, que al no estar expresamente autorizado en la Constitución el
retiro del veto, el Poder Ejecutivo no tiene la potestad para obrar de esa
forma, es una tesis que no comparte esta Sala.
Ya la Sala dijo que sí se puede levantar el veto
por razones de oportunidad y conveniencia, como en este caso está sucediendo,
así que no vengamos a inventar el agua tibia porque ya los precedentes de la
Sala Constitucional están muy claros en eso.
Muchas gracias, don Mario.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Diputado Mario Redondo, tiene usted
la palabra.
Seis minutos, cincuenta segundos,
diputado.
Diputado
Mario Redondo Poveda:
Muchas gracias, señora presidenta.
Conste, don Gerardo, que a pesar de su reclamo
permitimos al compañero de la derecha que pudiera terminar su disertación, de
la derecha; a mi compañero de la derecha, don Edgardo Araya, que pudiera
terminar su disertación.
En esta moción de revisión, y al manifestar mi
oposición a la moción de revisión presentada por don Óscar López, yo quiero
manifestar dos cosas; una que tiene que ver estrictamente con el tema del
permiso de atraque de los buques, que ha solicitado el ministro de Seguridad
Pública, y otro que tiene que ver con lo planteado acá, por don Edgardo Araya.
En lo que respecta al permiso de atraque, a mí no
me cabe la menor duda, ya que si no fuera por la colaboración de estos guardacostas,
en este caso, y muchas otras veces, por los buques de la Marina y el Servicio,
y el apoyo de los Estados Unidos de América, la cantidad de droga que pasaría
por nuestros mares patrimoniales y territoriales sería infinitamente mayor. Y
el daño, adicionalmente, que se les causaría a nuestros niños y a nuestros
jóvenes, por dejar prácticamente al descubierto tantísimos kilómetros cuadrados
de nuestros océanos en manos del crimen organizado, que hoy tiene miles de
millones de colones para hacer de las suyas; en manos del narcotráfico que
tienen todos los recursos del mundo.
En manos de esos grupos, que hoy en día se han
apoderado de grandes sectores en México, en Honduras, en El Salvador, y en
algunos otros países cercanos, pues obviamente el daño sería mayor, de ahí que
yo no puedo aceptar para nada, con el mayor de los respetos para el diputado
Óscar López, su argumentación y su afán por obstaculizar el que podamos
resolver este tema del permiso de atraque.
A mí me parece que llega tarde, y yo espero que en
otras oportunidades pueda llegar con mayor oportunidad para no tener que correr
con esto, pero estoy total y absolutamente de acuerdo.
Además, y ya tendremos ocasión, en otro momento,
hay una enorme cantidad de beneficios que el atraque de estos buques en
nuestros puertos genera en materia de empleo, en materia de inversiones,
sujetos a un protocolo rigurosísimo que evita cualquier tipo de situación que
comprometa la soberanía de este país.
Yo prefiero, obviamente, en el marco de un tratado
o de un convenio internacional, negociar con un país aliado que dejar a la
libre a los narcotraficantes que hagan y deshagan en nuestros océanos, eso sí
que estaría mal y eso, obviamente, yo no lo quiero, y por eso me opongo a la
moción de revisión.
En lo que manifiesta el diputado, mi compañero de
aquí de la derecha, don Edgardo Araya, yo quiero manifestar que él lee
solamente parte de la resolución, en el tema del retiro de un veto, por razones
de oportunidad.
Pero no dice también que en el contexto del expediente
15.990, existió, en algún momento, un retiro por razones de constitucionalidad,
y ese retiro, por razones de constitucionalidad, diputado Edgardo Araya, sí ha
dicho en la Sala de que no está permitido, y lo ha dicho también la
Procuraduría.
Entonces, cuando se retiró por razones de
constitucionalidad y se hizo algo que no se podía hacer, y eso, obviamente,
persiste, es un vicio que persiste en este proyecto. Pero hay otro tipo de consideraciones.
Yo sí quiero decir, con todas las consideraciones
de orden jurídico que aquí podamos hacer, que las hay bastantes, para oponerse
a la resolución del Ejecutivo, quiero decir que la decisión del pasado viernes
del presidente de la República les causa un enorme daño a los trabajadores de
este país, y les causa un enorme daño a los no trabajadores, a los que andan
buscando trabajo en este país.
Y les causa un daño a los trabajadores por una
razón muy clara, porque este no es un tema pacífico, este tema va a ir en
acción de constitucionalidad de la Sala Cuarta, y ahí probablemente tarde más
de un año y medio, que estaría previsto para tramitarse, o para entrar en
vigencia.
Adicionalmente,
le causa un enorme daño a los no trabajadores porque manda pésimas señales a la
generación de empleo, y esas pésimas señales se van a reflejar en menos
generación de empleos para todos esos que salen diariamente a buscar trabajo a
lo largo y ancho de este país.
Es
una decisión política adicionalmente que se da precipitada, porque existen —y
lo hemos dicho— argumentos procedimentales que pudieron haber sido utilizados y
no tenía razón el presidente para precipitar esa decisión el pasado viernes. Es
una decisión adicionalmente que falta a un compromiso escrito con una fracción
legislativa en esta Asamblea como es el Partido Unidad Social Cristiana es una
decisión igualmente errónea.
Yo
no sé cuánto se habrá conversado sobre ella en el grupo de Whats App, de don
Melvin, don Mariano Figueres y don Albino Vargas, y quién sabe cuántos más.
Me decía un compañero
diputado, no sé si en broma o en serio, hace un ratito que a él lo habían
sacado de ese grupo de Whats App hace unos cuantos días.
Pero yo…, antes de
rasurarlo, me dice el diputado Rolando González, lo que pasa es que sí
evidencia falta de transparencia, falta de transparencia porque me parece que
este tipo de temas no debe manejarse a lo interno de un grupo de Whats App,
entre unos cuantos amigos o aliados.
El Gobierno está aquí, o
ahí para representar al país, y no para representar a uno u otro grupo, el
Gobierno debe cumplirle al país y no debe entregarse a unos pequeños grupos.
Es por eso, compañeras y
compañeros, ya vamos a tener posibilidad de ampliar que me parece que a todas
luces la decisión del pasado viernes es una decisión que más que bienestar, le
agrega combustible a una hoguera que no conviene a los intereses de este país.
Muchas gracias, señora
presidenta.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Diputado, ¿me permite
votar, por favor, la moción que usted presentó, y luego le doy la palabra por
el orden, diputado?
¿Cuántos? Cuarenta y cinco diputadas y diputados en la
sala de sesiones.
Cerrar puertas e
ingresar a sus curules para entrar a la votación de la moción.
Cuarenta y cuatro
diputadas y diputados presentes. Las diputadas
y los diputados que estén a favor de la moción de revisión presentada por el
diputado Óscar López, sírvanse ponerse de pie. Cuarenta y cuatro diputados
presentes; uno a favor, cuarenta y tres en contra. Rechazada.
Diputado, por el orden,
tiene usted la palabra.
Diputado Óscar López:
Gracias, señorías.
Cuando mi hijo, que hoy
tiene ocho años, observa este video y me pregunte, le explicaré aquella famosa
frase célebre de las ciencias políticas que en política a veces ganando se
puede perder, pero perdiendo se puede ganar.
Y quiero, por el orden,
manifestarle en alusión personal que me hizo el diputado Redondo Poveda, a
quien admiro tanto, respeto tanto y a quien he aprendido a querer mucho sobre
sus imprecisiones en las cuales me aludió en virtud a que dice algo muy cierto:
si no fue por los barquitos, los barquitos de papel, esos barquitos que nos
manda la Marina de Guerra de los Estados Unidos, dice don Mario Redondo, que
sería incontable la cantidad de droga que pasaría por la aguas internacionales,
dijo don Mario.
Sí, don Mario Redondo
tiene absoluta razón, los quintales, y quintales, y quintales y no sé qué más,
cómo medir eso, las…, ¿cómo es que se llama? las toneladas —gracias, diputado
Ronal Vargas— las toneladas no se quedarían aquí, don Mario, pasarían directo
para Estados Unidos.
Usted tiene razón,
gracias por darme la razón, el problema, mi querido diputado Redondo Poveda, es
que por este escudo, para el cual prestamos nuestras aguas territoriales, todo
eso que queda acá, se queda en Centroamérica y eso ha propiciado la mara
Salvatrucha, y eso ha propiciado crimen organizado, y ha propiciado someter a
nuestra juventud y hasta nuestra niñez a las drogas como nunca antes se había
visto.
Así que, don Mario,
gracias por darme la razón.
Gracias, señorías.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Entramos al apartado de
permisos y autorizaciones, inciso 5 y 6 del artículo 121 de la Constitución
Política.
Permisos y autorizaciones
establecidos en los incisos 5) y 6) del artículo 121 de la Constitución
Política
Oficio
del señor Celso Gamboa Sánchez, ministro de Gobernación, Policía y Seguridad
Pública, No DMCG 2327-2014, de fecha 2 de diciembre de 2014, en el cual
solicita permiso para el eventual atraque, permanencia en puerto y desembarque
de las tripulaciones de las embarcaciones del Guardacostas de los Estados
Unidos de América, que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en
apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país,
conforme lo establecido en el acuerdo entre el Gobierno de la República de
Costa Rica y Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación para
suprimir el tráfico Ilícito (Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto),
aprobado mediante Ley Nº 7929, del 6 de octubre de 1999.
En
virtud de lo anterior, el señor ministro solicita el permiso legislativo
conforme a lo dispuesto en el numeral 121 inciso 5) de nuestra Constitución
Política, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de
2015. Recibido en la Secretaría del Directorio el 2 de diciembre de 2014 las
15:50 horas, Expediente legislativo Nº 19.429.
Se ha presentado una
moción de dispensa de lectura, que el señor secretario leerá.
Segundo secretario Jorge
Rodríguez Araya:
Moción de
dispensa
De varios y varias diputadas:
Para que se dispense de lectura el expediente 19.429 que trata sobre el
permiso de atraque y permanencia de los guardacostas de los Estados
Unidos para el período comprendido entre el primero de enero al 30 de junio de
2015.
Firma
la diputada Emilia Molina y otros.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Diputado
Óscar, estrictamente por el orden, por favor.
Diputado Óscar López:
Estrictamente por el
orden, señorías, si ustedes aprueban la dispensar de algo que yo como diputado
en igual de condiciones antes ustedes no conozco, por causa absolutamente
reconocible por ustedes, yo tendré que apelar, incluso, llevar el caso a la
Sala Constitucional porque yo no puedo votar algo que no conozco y que no puedo
leer y que no se me ha dado en una forma que yo puede accesar.
Lo anuncio porque no es
una majadería, es un tema de derechos humanos el que a un diputado no vidente
no se le violente su derecho a votar en igualdad de condiciones con ustedes.
Y eso lo hago al amparo
de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, y al amparo de la Ley 8661, Convención de Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, dada por las Naciones Unidad el 30 de marzo del 2007
y aprobada en esta Asamblea Legislativa en agosto del año 2008. Esos
instrumentos de derecho impiden que a una persona como yo se le violente su
derecho.
Así que aprobar una
dispensa de lectura estando un diputado no vidente presente es hacer nugatorio el derecho a
legislar y el derecho a ejercer la enmienda que la Constitución Política y el
Reglamento de la Asamblea me permite como diputado.
Yo no conozco lo que
ustedes quieren dispensar, no por causas imputables a mi cargo ni a mi deseo,
sino por situaciones típicas y propias de este Parlamento, por lo cual les hago
un respetuoso llamado a no incurrir en una violación flagrante a una convención
de derechos humanos y a una ley como la 7600, aprobando una dispensa de lectura
absolutamente ilegal desde ese punto de vista.
Gracias, señorías.
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Le informamos que esta
comunicación entró el día 2 de diciembre, diputado, y ha estado dispuesta desde
esta fecha a conocimiento de las y los señores diputados.
Diputado, vamos a
entrar…
Por el orden me pide la
palabra, diputado, tiene usted la palabra, diputado Mario Redondo.
Diputado Mario Redondo
Poveda:
Gracias, señora
presidenta, compañeras y compañeros diputados.
Los liguistas quedaron
más atrás, entonces.
Presidenta, yo a pesar de mi discrepancia,
con respecto a la aprobación o no de este permiso de atraque, debo indicar que
en términos de respeto a los derechos de los diputados avalo totalmente las
manifestaciones del diputado Óscar López, en el sentido de que siendo él una
persona no vidente, aprobar una dispensa de lectura de un documento acá,
prácticamente, violenta derechos esenciales para él.
De ahí que yo me uno en ese sentido
y la insto, más bien, a efectos de que no desaprovechemos más el tiempo en
esto, a que busquemos un remedio para tramitar esto, conforme al respeto que
merece cada uno y todos los diputados.
Muchas gracias.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Diputado Rolando González, ha pedido
por el orden.
¿Alguien más me pidió la palabra por
el orden?
Diputado Rolando González Ulloa:
Muchas gracias, diputada presidenta.
Yo quiero hacerme eco del
planteamiento del diputado Óscar López.
Esto es materia de discusión… más
que discusión de práctica parlamentaria en la Comisión de Derechos Humanos, en
la cual no solo se tutelan los derechos de las y los individuos que integramos
esta sociedad, sino que hemos establecido criterios de práctica ordinaria en
procura de mantener la atención correspondiente a los derechos del diputado
Óscar López, en este caso, y de cualquiera otra persona que integre el Plenario
legislativo y que tenga alguna limitación de acceso a la información que
tenemos.
Creo que lo que ha planteado don
Óscar López es razonable, es justo, es jurídicamente sostenible y no atenderlo
nos lleva por un camino de un conflicto que fácilmente podríamos superar en las
próximas veinticuatro horas.
Muchas gracias.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Gracias, señor diputado.
Me ha pedido la palabra por el orden
la diputada Emilia Molina.
Diputada Emilia Molina Cruz:
Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera retirar la moción que he
presentado en aras de que, efectivamente, podamos darle espacio al diputado don
Óscar López para que pueda conocer la moción, pueda leerla y podamos mañana
votarla.
Muchas gracias.
Presidenta a. í. Marcela
Guerrero Campos:
Me informa el diputado Jorge
Rodríguez que también ha firmado la moción de dispensa, diputado Óscar López,
que retira la firma de la moción.
En consecuencia el señor secretario
le dará lectura a la comunicación referida al expediente 19.429.
Segundo secretario Jorge
Rodríguez Araya:
Oficio N.º
DMCG 2327-2014 suscrito por el señor Celso Gamboa Sánchez, ministro de
Gobernación, Policía y Seguridad Pública
02 de diciembre de 2014
DMCG 2327-2014
Señor Diputado
Luis Alberto Vásquez Castro
Primer Secretario
Directorio Asamblea
Legislativa
Estimado señor:
La Embajada de los Estados Unidos de América ha solicitado al Gobierno
de Costa Rica, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
mediante la nota diplomática Nº 151 de fecha 21 de noviembre de 2014, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 inciso 5) de nuestra
Constitución Política, el permiso para el eventual atraque, permanencia en
puerto y desembarque de las tripulaciones
de las embarcaciones del Guardacostas de los Estados Unidos de América,
que estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio
Nacional de Guardacostas y demás autoridades del país, para el período
comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio del 2015, conforme lo
establecido en el Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de
América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito (Acuerdo Bilateral
de Patrullaje Conjunto).
Para tal efecto me permito transcribir la referida nota diplomática N°
151:
“TRADUCCIÓN NO OFICIAL
No. 151
La Embajada de los Estados Unidos de América
presenta sus saludos al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa
Rica y solicita el permiso de la Asamblea Legislativa de Costa Rica estipulado
en artículo 121, inciso 5) de la
Constitución Política de Costa Rica, para el potencial atraque, en puertos
costarricenses ubicados tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, de
las siguientes embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas de los
Estados Unidos de América durante el período comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de junio del 2015. Esta solicitud se lleva a cabo de conformidad con el
Protocolo de Actuación para el Trámite y Ejecución de Solicitudes de Atraque y
Permanencia en Puertos Costarricenses de Embarcaciones del Gobierno de los
Estados Unidos que participan en operaciones derivadas del Acuerdo entre el
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de los
Estados Unidos de América para la Cooperación para Suprimir el Tráfico Ilícito
(Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto).
Las embarcaciones incluidas en la presente nota
diplomática tienen como misión realizar operaciones antidrogas de conformidad
con el Acuerdo Bilateral de Patrullaje Conjunto, en o cerca de la Zona Económica Exclusiva de Costa
Rica en el Océano Pacífico y el Mar Caribe.
Un informe sobre los resultados
operacionales de las embarcaciones de los Estados Unidos para el cumplimiento
de la ley que patrullaron aguas del mar territorial, zona económica exclusiva
de Costa Rica y en aguas internacionales entre el 1 de julio y el 31 de octubre
del 2014 se ha incluido como Anexo A.
La Embajada desea informar
al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, que no
todas las embarcaciones incluidas en la lista visitarían puertos
costarricenses, sino solamente aquellas que pudieran necesitarlo. Al no saber
de antemano cuándo y por dónde transitarán los narcotraficantes a través de
estas aguas, no es posible especificar en este momento cuáles barcos
necesitarían visitar puertos costarricenses y en qué fechas. Por lo tanto la
aprobación de ingreso de estas embarcaciones permitiría flexibilidad a estas
embarcaciones para visitar los puertos costarricenses.
El Acuerdo Bilateral
de Patrullaje Conjunto establece que el Gobierno de Costa Rica podrá designar
funcionarios para actuar como equipos de abordaje para realizar abordajes,
registros y detenciones desde las embarcaciones de las fuerzas del orden de los
Estados Unidos indicadas en la presente Nota Diplomática. Los equipos de
abordaje se definen como uno o más funcionarios de las fuerzas del orden,
incluyendo los grupos operacionales de abordaje autorizados para ir a bordo de
embarcaciones de las autoridades del orden de la otra Parte.
La aprobación de esta Nota Diplomática permitiría a
los funcionarios costarricenses
embarcarse, observar y capacitarse en operaciones anti-narcóticos bajo
el Programa de Funcionarios del Orden a Bordo de las Embarcaciones de la Otra
Parte, que también establece que la bandera de Costa Rica se enarbole en la
embarcación.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 33.5 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 16
enlistados. Embarcación
artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros.
Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 33.5 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 16
enlistados. Embarcación
artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63 enlistados.
Embarcación artillada. Aeronaves
a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-6.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 34 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 16
enlistados. Embarcación
artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero H-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 34 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 16
enlistados. Embarcación
artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación
artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 127 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 99
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65C.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 82 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 86
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros.
Tripulación máxima: 12 oficiales, 63 enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 127 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 99
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65C.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 127 metros. Tripulación
máxima: 14 oficiales, 99
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65C.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 64 metros. Tripulación
máxima: 12 oficiales, 63
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) HH-65 Helicóptero.
Longitud: 115 metros. Tripulación
máxima: 19 oficiales, 105
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 46.8 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 25
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 46.8 metros. Tripulación
máxima: 2 oficiales, 25
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 115 metros. Tripulación máxima: 20 oficiales, 110
enlistados. Embarcación artillada. Aeronaves a bordo:
(1) Helicóptero HH-65.
Longitud: 127 metros.
Tripulación máxima: 19 oficiales, 99 enlistados. Embarcación artillada.
Aeronaves a bordo: (1) Helicóptero MH-65C.
La
Embajada solicita respetuosamente al Ministerio de Relaciones Exteriores informar a los funcionarios apropiados con el
propósito de obtener la aprobación de las visitas a los puertos y las subsiguientes
operaciones.
La
Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha la oportunidad para reiterar
al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica las
renovadas muestras de su más alta y distinguida consideración.
Embajada de los Estados Unidos de América
San
José, 21 de noviembre del 2014”.
Asimismo, me permito transcribir el ANEXO A adjunto a la mencionada
nota diplomática (N° 151):
“ANEXO A
De conformidad con el Protocolo de Actuación
para el Trámite y Ejecución de Solicitudes de Atraque y Permanencia en Puertos
Costarricenses de Embarcaciones del Gobierno de los Estados Unidos, el
siguiente es un informe de los resultados operacionales de los patrullajes por
parte de embarcaciones estadounidenses para el cumplimiento de la ley en aguas
del mar territorial, zona económica exclusiva de Costa Rica y en aguas
internacionales.
Entre el 1 de julio y
el 31 de octubre de 2014, 4 lanchas rápidas y 7 embarcaciones pesqueras, (con
un valor aproximado de
US$470,000.00) 4,483 kg de
marihuana y 8,897 Kg de cocaína fueron incautadas por las autoridades o
hundidos por los narcotraficantes.
Adicionalmente, es
sabido que los narcotraficantes cesan sus operaciones en las áreas donde embarcaciones
de los Estados Unidos para el cumplimiento de la ley están presentes.
En total, durante el período incluido en este Anexo, los buques estadounidenses
efectuaron visitas a pueblos costarricenses durante 8 días y a cada buque le
toma aproximadamente dos días ingresar y salir del puerto. Como resultado, se
estima que los narcotraficantes tuvieron aproximadamente 25 días menos para
efectuar operaciones en las costas costarricenses debido a la presencia de los
buques estadounidenses.
Entre el 1 de julio y el 31 de octubre de
2014 se llevaron a cabo 3 (tres) visitas al puerto
de Golfito. Todas las visitas fueron de embarcaciones de Guardacostas.
Nombre del barco Llegada/Salida Tripulación
1. USCGC BERTHOLF Julio 14-18
125
2. USCGC BOUTWELL Agosto 15-19 124
3. USCGC ALERT Setiembre 22-24
75
Estas embarcaciones estadounidenses compraron
un total de 847,840.00 litros de combustible diésel a RECOPE con un costo total
de US$ 1,120,000.00. Durante
estas visitas las embarcaciones estadounidenses pagaron US$ 73,322.18 por
concepto de tarifas portuarias. Además,
el personal de Guardacostas de los Estados Unidos contribuyó a las economías
locales con un estimado de US$ 156,097.11 por concepto del pago de hoteles, alimentos y
bebidas, paseos y compra de recuerdos durante sus visitas a los puertos.”
Dichos buques, operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de
Costa Rica en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, y en las cercanías de esta
zona, tienen como misión el apoyo a operaciones antidrogas en el cumplimiento
del acuerdo marítimo bilateral “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación
para suprimir el tráfico ilícito”, aprobado mediante Ley Nº 7929 del 6 de
octubre de 1999; durante el periodo antes mencionado.
En virtud de las razones antes
expuestas, se solicita el permiso legislativo conforme a lo dispuesto en el
numeral 121 inciso 5) de nuestra Constitución Política, para que las
embarcaciones citadas en la nota diplomática aquí incorporada, puedan atracar de
manera inmediata en los puertos ubicados en territorio nacional, tanto en el
Mar Caribe como en el Océano Pacífico, en el período comprendido entre el 01 de
enero al 30 de junio de 2015. De igual manera solicito la autorización para la
permanencia en territorio nacional de las tripulaciones de dichos buques
durante su estadía en puerto.
Adjunto copia de la nota bajo of. 1087- D.G.P. - 2014 del 26 de
noviembre del 2014 dirigida a este Despacho por parte del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, mediante la cual remite al Ministerio de
Seguridad Pública la Nota Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos de
América Nº 151 de fecha 21 de noviembre
de 2014, en que dicho gobierno solicita el permiso que en este acto se somete a
conocimiento de la Asamblea Legislativa, y a la cual se anexa, informe sobre las visitas a puertos de Costa
Rica por parte de embarcaciones estadounidenses para el cumplimiento de la ley,
y de los resultados operacionales de los patrullajes conjuntos durante el
periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de octubre del presente año
(2014).
De usted con toda consideración y estima,
CELSO GAMBOA SÁNCHEZ
MINISTRO
cc Comisario Martín Arias Araya, Director
Servicio Nacional de Guardacostas
Señor Cyrus A. Alpízar B., Director General a.i.,
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado
Embajada de Estados Unidos
Consecutivo/archivo/CGS/cpr
Presidenta
a. í. Marcela Guerrero Campos:
Gracias,
señor secretario.
Al
ser las dieciocho horas con veintitrés minutos, se levanta la sesión.
Marcela
Guerrero Campos
Presidenta a. í.
Luis
Vásquez Castro Jorge
Rodríguez Araya
Primer secretario Segundo
secretario