El proyecto de responsabilidad fiscal, popularmente, denominado regla fiscal en realidad es, quizás, el proyecto más importante de la cartera de gasto que presenta la actual administración, como parte de su reforma hacendaria.

Debemos recordar que a lo largo de los últimos veinte años, el gasto público ha venido creciendo, tal vez, no de una manera tan acelerada como usualmente presenta; pero, sí mantiene hoy a Costa Rica, ante las dificultades de tener más ingresos, con un déficit fiscal que, en promedio, ronda el 5.5% en los últimos dos años.

Esto es producto de una serie de rubros, unos con vida propia y, otros, producto sobre todo de legislación que ha creado gasto sin ingreso y que ha generado estas presiones constantes.

En lo particular, me parece que es rescatable entender qué es lo que estamos poniendo hoy sobre el tapete como regla de responsabilidad fiscal, porque ciertamente, a lo largo de los últimos años, ha habido una discusión intensa sobre la necesidad de que Costa Rica cuente con reglas fiscales. Pero, el concepto de regla fiscal que tenemos es muy similar al que se discutió, por ejemplo, en Europa hace 20, 30 años, en donde se establecían topes al déficit fiscal y esa es, posiblemente, en la memoria colectiva la idea que todavía tenemos: que las reglas fiscales son de ese tipo o de un tipo nada más.

Sin embargo, la técnica económica al respecto ha evolucionado de manera bastante interesante y, hoy día, los gobiernos tienen a su haber una amplia gama de posibilidades de diseñar reglas fiscales desde diferentes ámbitos. Puede topar el déficit, pueden topar la deuda, pueden establecer límites al gasto, por ejemplo, y todo va a depender del contexto en que se mueva.

Parte de esto que queremos exponer hoy es que la regla fiscal, que ha puesto el Gobierno, pertenece a una generación distinta de reglas fiscales, donde los recortes masivos al gasto no son la razón de ser de la misma; pero, sí hay un control en la evolución, en el crecimiento del gasto público. Ese es un primer punto.

En segundo lugar, el proyecto de responsabilidad fiscal no es un proyecto únicamente de una ecuación matemática. Posee mucho más artículos que, de una u otra forma, complementan el trabajo que haría la regla.

Por responsabilidad fiscal no entendemos solamente la regla, la formulación matemática. Entendemos, también, el conjunto de la normativa que acompaña a esta regla y que va a depender de las circunstancias país para que sean o no aplicadas.

Porque, obviamente, la regla no puede ser interpretada solo en su esencia más matemática. Tiene que darle herramientas, que es parte de lo que busca aquí también, al Poder Ejecutivo para formular su política fiscal, en un marco determinado, con ciertos grados de libertad que, a la postre, también le diga: “mire, hay límites a este accionar estatal”.

Tercer punto, quizás, importante a rescatar, la regla fiscal es un proyecto de un conjunto mayor de iniciativas hacendarias. Tener solo IVA, tener solo renta, tener solo regla fiscal no es bueno para la sanidad fiscal. Es necesario combinar el paquete con aprobaciones de ambos lados.

La sostenibilidad fiscal, inclusive –este trabajo lo hicimos en conjunto con Banco Mundial y con BID, el diseño de esta regla fiscal─ los números nos indican que si aplicásemos la regla fiscal que vamos a mostrar en los siguientes minutos, si lográsemos aplicarla debidamente, aun así tendríamos que esperar entre 7 y 10 años para que el gasto público sea 1.5 o 2 puntos menor a lo que es hoy.

El proceso o la característica más importante de esta regla fiscal es que impone disciplina, le da flexibilidad suficiente al formulador de política; pero, además es paulatina en el tiempo. No es una regla de shock, que es lo que suele pasar cuando implementamos reglas fiscales más de naturaleza resultadista, pongámoslo así. Cuando lo que controlo es el resultado fiscal, el déficit primario o total, lo que suele provocar eso, ante la urgencia del cumplimiento de la ley, es un recorte masivo del gasto.

Esta regla fiscal lo que busca es que se logre controlar el gasto; pero, que en el mediano plazo tenga niveles de convergencia con el nivel de impuestos que vayamos a tener a futuro.

Los principios sobre los cuales se sustenta esta regla: sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, de 7 a 10 años para retomar una senda de equilibrio fiscal ─equilibrio fiscal en el entendido de que es sostenible en el tiempo, no necesariamente de déficit cero─, gradualidad en el ajuste, eso es también importante.

De los dos temas centrales que nos interesaba trabajar con la regla: uno es que pueda ser implementada. Esa es esencial, porque debemos recordar que ya el país tiene reglas fiscales; pero, tal y como están formuladas a nivel constitucional y a nivel de ley, dan poquísimo margen para su implementación. Además de algunas interpretaciones legales que han facilitado su ruptura.

En un sentido crítico, lo que nos interesaba acá era que la regla propuesta por el Gobierno pudiera ser aplicada de una manera sencilla y, además, creíble. Es decir, lo que yo planteo sí se puede hacer.

Y, además, que es tema de debate aun a nivel interno, existe toda una gama de análisis sobre qué pasa si alguien no cumple la regla, porque al final de cuentas, la regla per se tiene que tener aparejado a esto un conjunto de incentivos, común en esos términos, que obliguen a los hacedores de política fiscal ─ ejecutivos y legislativos─ a cumplir lo que la norma establece.

Una definición rápida de regla fiscal que, en este caso, la regla fiscal que está proponiendo el Estado es un cuerpo normativo, en realidad. No es solamente un artículo; es un cuerpo normativo que limita el crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del crecimiento del PIB y de la deuda del Gobierno.

Puesto en números más simples: la regla del Gobierno tiene tres consideraciones. Una, se aplica solamente al gasto corriente, no toca infraestructura pública. Eso da mucho más margen y además va empujando a que el gasto público, aunque crezca equis, tenga un sesgo a favor de, mientras controlamos por acá otra parte.

Dos, el gasto crece cuando la economía crezca, que yo entiendo es de interés para muchos de los señores diputados, inclusive para muchas personas de Gobierno, es importante entender que se puede gastar cuando se tiene. Esa es la intención de esta sujeción técnica. Y, además, va a depender de cuánto endeudados estemos. Si estamos muy endeudados, el gasto público debería ser menor.

Con esas dos variables es que nosotros tenemos algo como lo que ustedes ven acá.

¿Cómo opera la regla? Básicamente, ahí hay dos variables. La primera pregunta es ¿cuál es el nivel de deuda del Gobierno? Y dos, ¿cuánto ha venido creciendo la economía en los últimos año? Esas son las dos variables.

La tabla lo que establece es que si la economía creció un 4% en los últimos 5 años y la deuda es un 45% del PIB, según esta tabla –ustedes lo pueden ver en la tercera línea─ si la deuda está entre 45 y 60, el gasto corriente debería crecer un 75% de lo que creció la economía, que es el número que está ahí abajo: 75% del 4% que creció la economía me dice que el gasto corriente debería crecer un 3%.

Ojo, no es el gasto total. Es el gasto corriente lo que debería crecer en esa magnitud y dejar a la libre “el crecimiento que exista acá”.

¿Hay variantes? Sí, hay variantes a esta posibilidad. Por ejemplo, en algunos de los análisis técnicos que hicimos, había la posibilidad de que solo nos concentrásemos en gasto corriente sin intereses, porque los intereses tienen una particularidad más histórica, en este momento, de toda la deuda acumulada a lo largo de los años que se ha hecho bajo diferentes tasas de interés, plazos, etcétera, bueno, una posibilidad, una variante a esta regla es extraer del cálculo el tema de los intereses y aplicar ese 3% solamente a lo que son transferencias, salarios y compras públicas, por ejemplo. Esa es la mecánica; es un número muy sencillo.

¿Por qué no se usa el PIB del año pasado? Porque las economías pueden ser muy fluctuantes. Lo que se hace es obtener un promedio de los últimos años para suavizar el asunto. Eso me lo enseñó don Henry Mora, hace veinte y resto de años.

Esa es la mecánica de la regla fiscal: aplicar un numerito, según el nivel de endeudamiento y según la robustez de la economía.

Uno de los elementos, también, fundamentales en el diseño de la regla es que nosotros estamos incorporando, prácticamente, a todo el sector público no financiero en el mismo y eso, también, es sujeto de debate fuerte, porque aquí están incorporadas universidades, municipalidades y la Caja, en cuanto al seguro de salud, no al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, que es una de las excepciones.

Excepciones a la regla, la misma Caja y toda empresa pública que esté bajo régimen de competencia, porque tiene su normativa independiente y, obviamente, los bancos porque también están regulados de una forma distinta.

Es un ámbito bastante ambicioso, pongámoselo en esos términos y la pregunta que puede surgir es ¿por qué no solo controlamos al Gobierno Central? ¿Por qué, también, estamos controlando a otras entidades?

En el Gobierno Central, por razones obvias, con el déficit que tiene en este momento. Pero, recuerden que muchas de las entidades públicas, fuera del ámbito del presupuesto nacional, podrían convertirse en pasivos contingentes para el Gobierno. En caso de que algo falle ahí también, de que haya una mala gestión financiera, quien asume las pérdidas usualmente es el mismo Ministerio de Hacienda.

Son dos implicaciones de diferente naturaleza. En la primera, el Gobierno Central busca controlar directamente el crecimiento del déficit. En el segundo caso es evitar que puedan aparecer sorpresas que presionen las finanzas públicas, a futuro.

La regla tiene dos cláusulas de escape. La cláusula de escape se entiende como aquella situación en donde, en caso de que ocurra eso, la regla no necesariamente se tiene que aplicar.

Formalmente, nosotros definimos dos que es lo que, típicamente, se trabaja en estos casos.

En primer lugar, que se declare estado de emergencia nacional; pero, siempre y cuando el costo de la emergencia supere el 0.3% del PIB.

Esto, porque hay experiencias en otros países --por ejemplo, México, nos estaban comentando-- en donde todo mundo se estaba saltando la regla fiscal, porque todo se declaraba emergencia. O, por ejemplo, si se declaró emergencia la situación del SICA, que, tal vez, puede costar cinco millones de dólares, nada más, diay, pues en esas circunstancias, también habría que paralizar la aplicación de la regla, porque era una situación de emergencia nacional.

Entonces, la limitante que hemos puesto para evitar que se esté incumpliendo de forma frecuente la regla fiscal es que la emergencia nacional tenga un costo superior a 0.3%. Cosa que pasaría por ejemplo, en el caso de Otto. Ustedes saben que el presupuesto inicial de Otto, formalmente, está llegando a 0.4% del PIB, más o menos. En este caso, habría chance para hacerlo.

Ahora, la cláusula en caso de emergencia no implica que se abre a incumplimiento o al levantamiento de la aplicación de la regla de forma permanente, no. Se dan tres años, a partir de los cuales debemos retornar a la situación, digamos, de una emergencia.

Y el segundo caso es, obviamente, si estamos en recesión económica declarada por el Banco Central. No es una recesión económica que otro órgano, que no sea el mismo banco, pueda ser declarada para poder ser levantada.

La mecánica, les decía, es que en tres años retornemos a la situación de implementación normal.

Medidas extraordinarias. ¿Qué pasa si la deuda del Gobierno Central supera el 60% del PIB? Aquí lo que nosotros contemplamos es darle herramientas al Ministerio de Hacienda, para que pueda aplicarlas en esta situación, entre comillas, de emergencia fiscal.

Por ejemplo, se establece dentro del proyecto de ley que no se ajustarían, bajo ningún concepto, las pensiones. No se suscribirían nuevos créditos, en calidad de deudor, por lo menos; se pueden hacer en calidad de garante, pero no de deudor directo. No se realizarían incrementos por costo de vidas en el salario base de ningún tipo. Y se le estaría dando chance al mismo Ministerio de Hacienda, de tener cierto control sobre cómo trasladar las transferencias que, hoy día, están establecidas por ley.

Hoy hay una normativa que es casi de aplicación directa, que hace el Ministerio de Hacienda, bajo esa circunstancia de que una deuda sea mayor al 60%, perfectamente, podríamos tener nosotros la potestad de transferir eso, según las posibilidades financieras y de liquidez que tenga el mismo Gobierno.

Esta discusión interna fue bien interesante, porque el 60% es como una medida estándar, a veces, digamos, sugerido por teóricos del tema fiscal. No es que 60% nos lleve a la quiebra, porque perfectamente podríamos estar jodidos antes de llegar a ese 60%, digamos.

El gran problema del déficit fiscal no es solamente su tamaño, per se. La gran pregunta que debemos hacernos, en un contexto como el actual, es si hay suficiente plata en el mercado para financiar ese déficit, ¿verdad?, que además hay que sumarlo a los pagos de deuda.

Este año, por ejemplo, nosotros estamos iniciando con unas necesidades de financiamiento de 12% del PIB. Es, prácticamente, lo que se recauda; nosotros recaudamos 13.5%. Esas son las necesidades brutas de financiamiento que requiere el Gobierno Central para el año 2012.

Entonces, el déficit puede ser de 3%; pero, si nadie lo financia, al final de cuentas, ese es el problema, eso es lo que nos empuja a cualquier situación de default. Y es muy importante tenerlo en cuenta en estas circunstancias.

Si el número es 60, 50 o 70, digamos, podría trasladarse a una discusión relativamente de índole técnico; pero, también, político o de análisis de la situación actual.

Si con 45% estamos teniendo dificultades, para obtener el financiamiento, ¿qué pasa si llego a 50? Bueno, entonces el número, posiblemente, ese tope de 60 podría bajarse a 50 o podría ser que alguien diga: no, tiene que ser 90.

La discusión está abierta, para valorar consideraciones; pero, lo importante acá no es el que el 60 sea como un número fijo definido por la naturaleza. El 60% es un número de referencia y lo importante es destacar, como les digo, si un mercado financiero, como el costarricense, aguanta proveer doce puntos del PIB o similares al Gobierno Central para financiar su déficit.

Aquí estamos rescatando uno de los de los caballos de batalla de la señora presidenta, en ejercicio, el tema de los futuros compromisos del Estado; de doña Paulina.

El proyecto de ley establece que cualquier obligación nueva del Estado debe traer su propio financiamiento. Exactamente, viene incorporado con un artículo parte del mismo…

Presidenta:

Que es un proyecto de acuerdos, de reforma al reglamento, que antes de presentar un proyecto…

Señor José Francisco Pacheco:

Sí, sí, tiene razón. Nosotros lo estamos poniendo ahí como para recordar, básicamente; pero, sabemos que puede tener otras vías de análisis.

Y, después, vienen una serie de incisos muy puntuales en cuanto a otorgamiento, por ejemplo, de avales estatales.

La idea, el espíritu de estos artículos es que si alguien quiere el aval estatal, para obtener un crédito, tiene que someterse a las condiciones de la regla fiscal. No podríamos estar con alguien que quiera el respaldo nuestro; pero, a la vez, quiere independencia en la gestión de su presupuesto. Esto, nos parece que no calza con la lógica integral que estamos tratando de buscar por acá.

En materia de gasto tributario o exoneraciones se estarían regulando, creo que están en línea con lo que ya traía el otro proyecto.

¿Cuáles son las medidas compensatorias? Si le elimino los impuestos a este grupo, ¿cuál es la medida compensatoria para no afectar el déficit por otro lado? Habría una evaluación cada cinco años de las mismas exoneraciones y toda exoneración debería tener un plazo de vigencia; no puede darse al infinito.

Y en caso de que la deuda del Gobierno supere el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda tendría chance de administrar todo destino específico que no tenga fondos propios.

Los que ya tienen financiamiento propio, digamos, todos los que están cubiertos, por ejemplo, con el impuesto al combustible, no tendrían problemas; pero, si hay destinos específicos que no tienen financiamiento propio, en tal caso, nos deja la libertad, por así decirlo, de manejarlo a su alcance.

En esto quiero ser claro sobre un punto muy específico. Hay tres tipos de destino específico. Si usted toma toda la lista de transferencias que nosotros hacemos, las entidades pueden entrar en cualquiera de estas tres categorías: el que es destino específico sin financiamiento de ningún tipo; el que es destino específico atado a un impuesto que no es financiamiento propio, digamos, tanto porcentaje de renta, o el que es destino específico con su fondo propio. Este es el tercero, que estaría protegido por la ley. Los dos anteriores podrían ser sujetos de administración de Hacienda, según las circunstancias, otra vez, de liquidez que tengamos.

Y en el eventual caso de superávit ─es un caso que podría darse en unos quince años, por lo menos─ el Gobierno podría utilizar dicho superávit, únicamente, para amortizar deuda o fomentar la inversión pública.

Y, además, también como parte del proyecto, se promueve la existencia de un fondo de reserva para momentos malos. La lección, la metáfora de las vacas gordas y las vacas flacas.

Para ir cerrando, dos cosas: se les dan el instrumental suficiente a la Dirección de Presupuesto Nacional y a la Contraloría, para que den seguimiento al cumplimiento de la regla y, por otro, existen dos artículos o dos elementos sobre las posibles sanciones, que de esto vamos a discutir un poco más.

Hay sanciones para ministros y presidentes ejecutivos, según lo establecido en el artículo 113 de la 8131 y para lo que son funcionarios municipales, según artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría.

Mire, quizás, si hubo algo en el diseño de la regla que fue complicado de analizar es cómo se castiga el incumplimiento de la regla. Eso es bien, bien, complicado, por una razón esencial, ¿quién y cuándo incumple la regla?

¿Lo incumple el ministro que manda su presupuesto por encima de lo solicitado? ¿Lo incumple el ministro de Hacienda? ¿El incumplimiento lo da la Asamblea Legislativa por aprobarlo? ¿El incumplimiento se da por el presupuesto aprobado o por el presupuesto ejecutado? Digamos, hay muchas variables que podrían quedar ahí en el aire; pero, si hay un elemento aquí que para nosotros es esencial y requiere de una discusión, particularmente, legal fuerte es cómo hacer creíble la regla, a partir de un conjunto de sanciones que, además, no están claras sobre el cuándo y el quién, finalmente, lo ejecuta.

Eso sería, básicamente, la presentación general.

Presidenta:

Muchas gracias, señor viceministro.

Entraríamos a las preguntas y respuestas. ¿Algún diputado ha pedido la palabra?

Don Olivier tiene el uso de la palabra, hasta por… ¿cuántos van a participar? Hasta por ocho minutos.

Diputado Jiménez Rojas:

Buenas tardes compañeros, compañeras, asesores, asesoras.

Bienvenidos, don José Francisco Pacheco y personas que los acompañan.

Dice el expediente 19.952, Ley de Responsabilidad Fiscal de la República, en respuesta a consulta que se hiciera a la Junta de Protección Social sobre este proyecto de ley, esa institución respondió que les podría afectar, sobre todo si hacia el futuro pretenden expandir servicios para otros sectores del territorio nacional y que, por otra parte, la Junta no depende del presupuesto nacional, porque tiene sus propios recursos y, más bien, los transfiere a otros entes públicos y privados. Me gustaría conocer el punto de vista en relación con esta posición de la Junta.

También, quisiera conocer su posición respecto de lo planteado por la Universidad Estatal a Distancia, a fin de agregar un inciso c) al artículo 3, del proyecto, que habla sobre las excepciones al ámbito de cobertura, para que las universidades estatales estén exentas, en cuanto a la administración de los fondos a que hace referencia el artículo 85 de la Constitución Política, que es en relación con la administración del FEES.

Estas dos preguntas.

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Tal vez, en ambos casos, un poco lo que ya nosotros esperábamos es que, justamente, muchas de las valoraciones a la ley se hicieran para excluirse del ámbito de cobertura.

Hay dos casos. Si la entidad, en caso de dificultad financiera, requiere el apoyo del presupuesto nacional, ahí por ejemplo, esa entidad debería estar cubierta por la regla fiscal. Ese es como el principio universal del por qué debería estar adentro.

Eso y un aparte b es el caso de los bancos. ¿Requieren apoyo en caso de quiebra? Pues, sí; pero, ¿tienen normativa separada que ya los controla, en el caso de los bancos? Sí; las otras entidades no. Entonces, volveríamos otra vez a decir que lo mejor, en este caso, es tener la mayor cantidad de instituciones cubiertas, por tal cosa.

En el caso de los dependientes del presupuesto nacional con mucho más razón, porque son entidades que afectarían directamente el déficit fiscal.

Presidenta:

Tendría el uso de la palabra el diputado Otto Guevara.

Diputado Guevara Guth:

Gracias, diputada presidente. Un saludo, señor viceministro.

Este es un tema, indudablemente, de la mayor relevancia.

Una pregunta que uno se hace, cuando uno ve una presentación como esta, cuando escucha, digamos, a la diputada Paulina Ramírez hablar de que si se crean nuevos gastos, si se aprueban leyes o se establezcan nuevos gastos, debe venir aprobada, también, la nueva fuente de recursos para solventar esos gastos, la pregunta que se me viene a la cabeza es, si esas son buenas prácticas, ¿por qué no se aplican ya?

¿Por qué no se aplican ya? Y casi que se la tiro a la presidenta, en el sentido de que si, efectivamente, está convencida de eso, no debería votar ni un solo proyecto de ley, a partir de ahora, que incremente el gasto público, si este no tiene aparejada la fuente para pagar ese gasto.

Y eso aplica, inclusive, para los códigos procesales, por ejemplo, que se pretenden aprobar: Código Procesal Agrario, Código Procesal de Familia. Todos, todos significan un incremento de gasto; pero, no hay fuente. Entonces, el Poder Judicial va a venir a decirle a Hacienda: diay, mire, pero me están dando nuevas competencias y no me están dando la plata, así que aumente la transferencia que me tienen que hacer.

Desde ese punto de vista, si somos consistentes… no, no… si somos consistentes con el discurso, entonces, no deberíamos aprobar un solo proyecto de ley que establezca nuevos gastos, si no tiene nuevos ingresos.

Y, de una vez, para eso no necesita uno que esté en una ley. Uno sabe que esa es una buena práctica; no necesito la ley. A partir de ahora, todas las bancadas legislativas hacemos el propósito, de que no se aprueba un solo proyecto de ley que no incorpore ese principio.

Entonces, ya es un poco la interiorización en las bancadas y en los diputados, de que esa es la forma correcta de actuar y no necesito que una ley me lo diga, porque ¿qué es el problema con que lo diga la ley? Que es el tema de las sanciones que usted mencionaba, viceministro.

¿A quién vamos a sancionar? ¿A los diputados, por aprobar la ley que no establezca los ingresos, los recursos frescos para un gasto? Dicen que ley posterior deroga la anterior o modifica la anterior, entonces alguien podría decir: no, miren, tácitamente, yo estoy derogando una disposición general a la hora de aprobar esta ley con estas características. Entonces, nosotros ─Primer Poder de la República─ tomamos la decisión de aprobar una ley que establezca nuevos gastos y que no tenga ingresos.

Eso me lleva, inclusive, al tema de lo que establece la Constitución o el mismo artículo sexto de la Ley de presupuestos públicos y administración financiera. Ahí hay una regla fiscal: no se debe financiar gasto corriente con ingreso extraordinario. Así de sencillo, ahí tá. Que, además, se deriva de la Constitución. Del 179 ─creo─ de la Constitución.

Ni siquiera hay una mención de las diferentes bancadas, cuando se va a aprobar el presupuesto. Ni siquiera hay un intentona de decir: ¡hijuepucha, sí! Estamos incumpliendo el artículo sexto de la ley de presupuestos públicos que establece que no se debe financiar gasto corriente con ingreso extraordinario.

Inclusive, vean ¡qué interesante! Le dan mayor valor a otras leyes frente a esa. Hay otras leyes que establecen destinos específicos de gasto, entonces: ¡qué barbaridad! No le estamos transfiriendo a tal institución tal cantidad de dinero que establecía una sentencia judicial o una ley. Diay, pero hay otra ley que dice que no se debe financiar gasto corriente con ingreso extraordinario, ¿por qué le dan mayor valor a una ley que a otra ley?

Es más, tendría más valor esta ley ─la Ley de presupuestos públicos y administración financiera─ frente a cualquier otra, porque es un principio general; sin embargo, aquí, en la Asamblea Legislativa y los compañeros del Frente Amplio son buenísimos en esto, que exigen que se transfieran recursos a ciertas entidades. El tema del Pani; la discusión que tuvimos con el Pani, a propósito del último presupuesto.

Ustedes tenían una sentencia de la Sala Constitucional, creo yo, o Sala Primera, diciendo: miren chavalos, ustedes tienen que presupuestar. Si no, podrían entrar en desacato por una orden judicial. Ustedes cumplen, yo cumplo. Ahí está presupuestado. Nosotros, Primer Poder de la República, decimos: sí, sí, ¿para quién es la orden? Para quien presupuesta, no para nosotros que somos los que aprobamos, nosotros llegamos, cogimos de aquí para allá, hicimos una reestructuración del presupuesto, eso hace que ustedes cumplan ante la Sala y ya está. Nadie los puede acusar de desacato. Pero, nosotros llegamos y acomodamos la plata, de acuerdo con las restricciones presupuestarias. Nadie está obligado a lo imposible y eso fue lo que nosotros hicimos.

Pani, bueno, se reduce sustancialmente la transferencia que está prevista para el Pani y nosotros decidimos meterle un poco más al Ministerio de Seguridad Pública y se dio una gran discusión, una trifulca sobre el tema.

Entonces, viene ahora el argumento demagógico, de parte de la administración, del Poder Ejecutivo, porque nosotros le ayudamos en el sentido de que ya no lo acusaran por desacato; pero, en un tema de desequilibrio en las finanzas públicas, ustedes ahora dicen: no, no, hay que ver entonces con un presupuesto extraordinaria. Y le volvemos a meter la plata al Pani, aunque no tenga capacidad de ejecución, aunque tenga un historial de subejecución.

Eso me parece demagogia; pero, ¡descarada! Cuando tenemos un desequilibrio, en las finanzas públicas, ¡del carajo!

Inclusive, de toda la presentación que usted hizo creo que la única que podría tener aplicabilidad ─porque el tema de las sanciones es la parte más interesante─, porque si no hay sanciones, este es un saludo a la bandera. Es como el artículo sexto de la Ley de presupuestos públicos, ¡no sirve para un carajo! Lo tenemos claro.

Si hay sanciones, ahí sí. Esa parte es la que me gusta; pero, entramos en la discusión de a quién sancionar y sobre eso quisiera que, tal vez, elaboráramos un poquito más.

La otra parte que me gustó muchísimo es cuando el déficit del Gobierno Central pasa el 50% del PIB, ¿algo así es? Perdón, la deuda. La deuda del Gobierno Central pasa a ser más del 50% del PIB, ¿es así? Y, en ese momento, básicamente se desactivan todos los mandatos de destinos específicos, en el sentido de que no hay plata para cumplir con todos los destinos específicos, yo, Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda decido entonces adónde giro los escasísimos recursos que tengo, sin que nadie me pueda presentar una denuncia en algún contencioso, en algún juzgado en sede jurisdiccional obligándome a girar más recursos de los que yo tengo.

Esa parte me parece interesantísima. Es más, si solo se aprueba eso, un artículo con esa parte, ya estaríamos haciendo una gran contribución para el desequilibrio que tenemos en las finanzas públicas y para eliminar algo que, inclusive, mucha gente ha comentado. Yo soy partícipe de eso; sinceramente, yo no creo en los destinos específicos.

Yo creo que así como en Fodesaf deberían eliminarse todos los destinos específicos, también, deberían eliminarse todos los destinos específicos establecidos por Constitución y por todas las leyes.

El Poder Ejecutivo de acuerdo con su plan nacional de desarrollo y de acuerdo con sus propuestas de gobierno debería decidir hacia dónde canaliza los recursos y no amarrado por leyes que establezcan esos destinos. Pero, bueno, esa es mi tesis conceptual sobre el tema de los destinos específicos que hoy sabemos que hay por Constitución y hay una gran cantidad de leyes que establecen estos destinos.

Esa parte, viceministro, me parece interesantísima; me parece poderosa. Me parece que ese solo artículo merecería que nosotros le demos carrera, inclusive, pensando en un proyecto más modesto, solo para eso, mientras lo otro se discute y todo lo demás, que pudiéramos sacarlo rápidamente. Desactivar los destinos específicos para que el Ministerio de Hacienda tenga las manos un poco más libres, para asignar los recursos.

¿Se me acabó el tiempo, señora presidenta?

Presidenta:

Le doy dos minutos al señor viceministro, para que conteste o haga algún comentario.

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Mire, concuerdo con que, en el espíritu, la ley se cumple solamente si hay alguien que sienta la espada de Democles sobre la cabeza. Sin sanciones adecuadas, que es lo que ha pasado con la Ley 8131, no va.

Pero, con esta discusión, como le digo, que se enriquece no solamente en la sanción per se, sino el quién y el cuándo, porque imagínese por ejemplo que el Ministerio de Hacienda mande el presupuesto tallado y aquí lo cambien, o que un ministro de una cartera determinada lo mande mal desde el principio. ¿Se le sanciona? ¿Quién sanciona, además? Con eso hemos tenido cuidados porque parece que aquí, el Presidente de la República es el único que puede, eventualmente, por Constitución, sancionar a sus ministros. Eso podría limitar un poco el ámbito de acción.

Y lo segundo es, ¿cuándo es que se hace el incumplimiento? ¿El 30 de noviembre, cuando se aprueba el presupuesto que mandó la Asamblea o el 31 de diciembre del año de la ejecución, cuando cerremos con un determinado gasto?

Eso es parte de la reflexión que, más bien, casi que se las dejo en la mesa para que ustedes hagan el debate respectivo.

Diputado Guevara Guth:

Te interrumpo sobre eso, presidenta, si me permite.

Totalmente de acuerdo, porque un ministro, por hacer una propuesta ─el proyecto de presupuesto es una propuesta─ jamás podría ser sancionado, por una propuesta que no se ha materializado, mediante la aprobación. Pero luego la aprobación no es el Ministro que la está haciendo, la estamos haciendo nosotros.

Además, lo que estamos haciendo es una autorización de gasto; no le estamos ordenando gastar, viene más bien en la ejecución, vuelve al ministro. Nosotros podemos autorizar el gasto, pero si este gasto se ejecuta transgrediendo estos límites podría ser sancionado. Y ahí es donde viene el tema y decir: bueno, el Primer Poder de la República me autorizó gastar la totalidad, y si gasto la totalidad ¿cómo me van a sancionar si ya tengo una autorización de gasto?

Ese tema de la sanción es la parte complicada. Yo, todavía, no le veo por dónde. Porque yo había redactado un proyecto de responsabilidad fiscal; pero, luego, dándole vuelta y dándole vuelta al tema de la sanción, la verdad casi que desistí a seguir adelante con ese proyecto, porque qué hacemos, a quién sancionamos y en qué momento.

A nivel municipal, usted podría llegar y decir: sí, no les he aprobado el presupuesto. Si me lo mandan con ciertas características, la Contraloría dice: no se lo apruebo y ¡punto! Usted lo que hace es repetir el presupuesto siguiente. Pero, usted tiene esa posibilidad de ese freno a nivel de Contraloría con el presupuesto municipal, presupuesto de autónomas puede de alguna manera hacer algo, Contraloría. Pero, cuando entra Asamblea Legislativa y Gobierno Central ahí sí que ese tema viera que, por lo menos yo, no le veo la solución. No sé qué habrá en derecho comparado, para ver cómo se aplican las sanciones. Pero, sí. Esta es la parte donde la veo complicada, viceministro.

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Así es totalmente. De hecho, discusión que no fue votada en Hacienda, tampoco. Porque inicialmente se tenía casi que sanciones puntuales para cada uno de los jerarcas, según su nivel de incumplimiento, pero al final de cuentas también aparece la figura de que las únicas sanciones a los jerarcas, ministros en este caso, los puede aplicar el Presidente de la República. Casi que queda en una relación un poco débil o puede quedar sujeto a negociación presidente-ministro, con poca transparencia sobre si hay disposición para cumplir la regla.

Vea qué interesante. El gasto corriente es parte de lo bueno y lo complicado que tiene la regla. Por un lado, eso podría presuponer que a algunos ministerios el Presidente les dé chance de hacer crecer el gasto corriente por encima de lo que la regla dice siempre y cuando, le talle a esto. ¿Qué rol juega aquí, por ejemplo, educación pública, que va a crecer por Constitución a ritmo de PIB? ¿Hay ahí un jalón fuerte en el gasto corriente? Bueno, tal vez. O que esto pueda obligar al Ministerio de Educación a que, finalmente, comience a presupuestar más a inversión pública que a su gasto corriente, propiamente. Ese es un tema.

El punto focal acá es que la ley tiene que darle herramientas de flexibilidad del gasto a Hacienda, porque el requisito para cumplir esto es controlar gasto corriente y, por ejemplo, hoy las transferencias que son el rubro presupuestario más grande ─ya no son ni siquiera los salarios, son las transferencias─ no hay control, no hay posibilidades de ajustarlas a las condiciones fiscales, también, estamos matando la ley de antemano.

Si aprobamos la ecuación matemática, pero no aprobamos el resto de lineamientos, también, tenemos una altísima posibilidad de que en el fondo esto no puede ser finalmente implementado, aparte del tema de sanciones.

Por eso es que nosotros presentamos un paquete como un todo. No solamente nos dedicamos a establecer, bueno, la regla 3%, 5% etcétera, sino que nos interesa muchísimo que Hacienda tenga el músculo suficiente para decir: las circunstancias fiscales son mayores a cualquier otra cosa, dénnos el músculo para administrar esto de otra forma.

Y en la discusión meter si debería de haber excepciones de otra naturaleza. No me refiero a excepciones institucionales.

Intereses, sí o no. Los intereses tienen un carácter de obligatoriedad y es producto de una historia de deuda; no es producto solamente de un momento.

Aunque los organismos internacionales recomiendan meter todo el gasto corriente, en algún momento, nosotros hemos valorado la posibilidad de que el tema de intereses no sea parte de esta regla fiscal.

Presidenta:

Muchas gracias.

Se agregaron a la lista don Henry y don Víctor. Ahora vamos a pedir que, por favor, se limiten a los ocho minutos que habíamos acordado.

Tiene la palabra don José Ramírez.

Diputado Ramírez Aguilar:

Buenas tardes, señor viceministro y equipo técnico que lo acompaña

Dos preguntas concretas. Se indica en el proyecto que cuando la deuda de Gobierno Central supera el 60% del PIB, yo quiero hacerle una pregunta, ¿considera usted, señor viceministro, que sea justo que en esa situación sean los trabajadores, sean los pensionados a los que le corresponda pagar?

La segunda pregunta es, ¿qué considera que va primero, la reforma y, luego, la regla, o primero la regla y, luego, la reforma?

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Más allá de lo puntual y yo entiendo las preocupaciones sociales que esto pueda acarrear, la preocupación de Hacienda es que se llegue a un punto, en donde tengamos que hasta despedir gente. Ya ni siquiera es pagarles o congelarles lo salarios; es tener que despedir gente, que es como ya el punto máximo de ebullición de la crisis.

Recuerde que en las circunstancias actuales, por ejemplo, los recursos que nosotros recibimos ─ nosotros hemos hecho ya tres cálculos, dos lo conocen ustedes, un día de estos hicimos otro─ nos da para abrir el Gobierno del 1° de enero al 15 de julio, eso lo dije la vez pasada, o para pagar deuda y 75% de la planilla. Eso es para lo que nos dan los recursos, hoy día, con el déficit que tenemos y el nivel de deuda.

Pero, además, usted toma el MEP, le suma la Corte y le suma los intereses y se fue la recaudación tributaria en estos tres rubros. Todo el resto está endeudado.

Lo que, más bien, visualizamos acá es que en condiciones de extrema urgencia fiscal es mejor congelar salarios que despedir gente. Lo mismo con las pensiones, en caso de que haya explosión fiscal, no podríamos pagar pensiones, porque vea que si yo le menciono los rubros anteriores, lo primero que siempre se paga en esto es la deuda. Porque la deuda tiene aparejada, además, una responsabilidad legal que afecta, directamente, al Ministro de Hacienda, a la Tesorera, etcétera.

Lo primero que se paga, en caso de crisis, es deuda. Si usted no paga la deuda se le cierran las llaves y no puede seguir financiando el resto. Entonces, pagamos deuda, pagamos salarios y hasta ahí alcanzó la plata.

Si hubiera crisis eso es lo único a lo que nos podríamos remitir y ese es el miedo que tendríamos nosotros, de seguir expandiendo el gasto en momentos en donde la posibilidad de obtener nuevos recursos ya no es tan clara. Pero, vea que lo estamos haciendo, señor diputado, en un momento de algidez fiscal muy fuerte. Y ya estamos en un momento como tal.

Igual, se lo digo muy claramente, este número puede ser movido para arriba o para abajo. No hay nada que diga que el 60% es el número que aplica para Costa Rica.

Yo pensaría que el número va a depender del análisis que se haga sobre si realmente con un déficit, con una deuda del 60% y un déficit del 6 o 7, que es lo que podríamos estar teniendo en los siguientes años, en caso de no haber reforma, es si eso es sostenible, si eso puede ser financiado. Si no puede ser financiado, las medidas ya no son solamente de retener transferencia; es de comenzar a hacer despidos masivos que, obviamente, no es el interés de nosotros, para nada.

El llamado es a verlo en una concepción más global y entender que si la situación se pone demasiado fea, para ponérselo en términos muy llanos, todos tendríamos que apostar al control del gasto.

Sí brinco a la segunda pregunta, Hacienda ha sido claro de que para nosotros la reforma tributaria es fundamental. Nosotros lo hemos visto como un compañero, yo no voy a decir si primero o segundo, como un compañero de la regla.

La regla no es una regla de recorte del gasto. Seguimos sosteniendo la tesis de Gobierno de que el recorte de gasto puede tener complicaciones sobre la economía muy, muy severas y por la estructura de nuestro gasto, aquí, habría complicaciones mayores.

Sin embargo, para nosotros la reforma debería venir por el tema de ingresos, primero, por un elemento de tiempo. Los ingresos yo los puedo capitalizar en cuestión de un año en las arcas del Estado y comenzar a reducir el déficit al mismo tiempo. La aplicación de la regla fiscal…

Diputado Ramírez Aguilar:

Sería empezar con renta, con las grandes rentas…. ¿A qué se refiere específicamente?

Señor José Francisco Pacheco Jiménez

No, es que ingreso puede ser IVA o renta, cualquiera de los dos.

Si es por un tema de pragmatismo político ─que era lo que yo comentaba en el foro de la semana pasada─ debería ser IVA, porque es el que me da casi un punto en cuestión de meses, en cuestión de un año ahí está. Pero, no podemos pensar que con uno se resolvió el asunto. Tenemos que trabajar renta e IVA, para generar suficientes recursos que, por el tamaño del hueco fiscal que tenemos, solo los dos juntos, nos van a ser suficientes para meterle un freno al déficit.

Si aplicamos solamente regla fiscal y esperamos a hacer un ajuste vía regla fiscal, vamos a tener que esperar siete u ocho años, para que haya un control acumulado del gasto en el tiempo. Pero, para esa entonces posiblemente ya la crisis nos alcanzó.

Mi posición sería que, definitivamente, por tema de pragmatismo fiscal deberían venir primero los ingresos, IVA y renta, adicional a lo que ya tenemos…

Diputado Ramírez Aguilar:

Primero, la reforma.

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Primero la reforma tributaria. Pero, yo creo que de compañera, definitivamente, tiene que venir también la regla fiscal. Eso es fundamental, porque si no lo que vamos a tener es una explosión justamente, a raíz de los destinos específicos de… o, más bien, la reforma fiscal si se aprueba, tal y como está, y no hay control en otras cosas, lo que va a generar es que el impacto neto de esa reforma sea menor a lo que hoy tenemos.

Cuando yo creo en un destino específico, lo que estoy haciendo es creando un impuesto; pero, creo el gasto. Fiscalmente, eso es balance cero para nosotros.

Si usted le da el chance al Ministerio de Hacienda de controlar las transferencias, en esta circunstancia, crea el ingreso; pero, además, da control por este lado, según las circunstancias.

Nosotros tenemos una que dice… yo entiendo, porque trabajé durante muchos años los temas de financiamiento y que, por ejemplo, en el caso del sector salud es muy común crear impuestos para asegurar el destino de estos recursos; sin embargo, en el caso de Costa Rica, me parece que el error fundamental en el diseño de los destinos específicos ha sido que se crean sin valorar cuáles son las necesidades institucionales.

Entonces, de ahí aparece un destino grande que no es capaz de ejecutar determinado monto; pero, se le tiene que dar por ley o lo pide por ley, no obstante, no se sepa siquiera si ese es el monto que requiere.

Entonces, con el diseño actual de los destinos específicos estamos haciendo presión sobre las finanzas públicas; pero, no necesariamente estamos, también, ayudando a que el impacto del gasto público sea mayor.

En el caso del Pani, propiamente, usted conoce, nosotros hemos venido apoyando la tesis del financiamiento de la niñez. Inclusive, teníamos un acuerdo con la gente del Pani, para ir incrementando el presupuesto; pero, ciertamente, no sabemos si 7% de renta es lo que ellos ocupan, que no lo sabemos. Nunca hubo un estudio que nos dijera que esas son las necesidades; puede ser más, puede ser menos.

Tal vez, sería interesante entrar a discutir el tema de destinos específicos, porque justamente son los que más han estado asfixiando las finanzas públicas.

El reconocimiento del Gobierno sí es que si vamos a modificar los destinos específicos, no represente esto un desfinanciamiento de los programas sociales.

Eso no sería una moneda de cambio para ninguna circunstancia; es ajustar el presupuesto de estas instituciones a sus necesidades y a su capacidad de ejecución, sin que esto signifique un recorte del presupuesto porque eso sí no es moneda para nosotros de debate.

Presidenta:

Muchas gracias.

Tiene la palabra don Henry Mora.

Diputado Mora Jiménez:

Gracias, presidenta.

Primero, una humilde sugerencia, o dos: La primera sugerencia es que me parece que sería suicida incorporar el tema del rubro de los intereses en una propuesta de estas; si usted incorpora los intereses, ¿quién te va a prestar? ¡Por Dios! O se te dispara el spread, incluso quién va a prestarte si sabes que los intereses van a estar sujetos a un recorte arbitrario desde el punto de vista que financia, que no se sabe de cuánto y no se sabe cómo y no se sabe cuándo será.

Entonces, yo creo que definidamente los intereses no pueden estar aquí a menos que queramos provocar default.

Señor José Francisco Pacheco Rodríguez:

Sí, se pueden quedar afuera, sí. Es la opción b, digamos, de ese artículo.

Diputado Mora Jiménez:

Lo que pasa es que el viceministro decía que algunas entidades financieras recomendaban que sí se introdujera. Entonces, esta es la recomendación.

La segunda recomendación; bueno, reglas, está claro, es una fórmula, es una normativa, va a tener excepciones, va a tener cláusulas de escape, va a tener medidas extraordinarias, entre otras cosas.

Creo que le faltó un poquito hablar, tal vez lo hizo ahora, de las precondiciones, a propósito de las preguntas que hacía José, de las precondiciones económicas y políticas, sobre todo en materia de reducción del déficit que se requieren para que esto funcione, porque de lo contrario es papel, es tinta en el papel, nada más, si no hay precondiciones para realmente hacer que una regla sea creíble y aplicable.

Creo que eso hace falta en la presentación porque ciertamente, es parte del proceso de convencimiento.

Yo veo aquí dos opciones, viceministro, para enfrentar esta problemática que tenemos, que comparto con muchos de ustedes; no recuerdo en los últimos cincuenta años que hayamos tenido un déficit fiscal nueve años consecutivos superior a cuatro, y en algunos casos, superior al cinco, en algunos de hace nueve años. Hemos tenido muchos años déficit de uno, de dos, de tres y la gente se asustaba; entonces, vendamos bancos, vendamos de todo. Pero hemos tenido nueve años consecutivos.

Entonces, como que nos hemos acostumbrado a que se pueda vivir con eso; pero en realidad, no es así, en realidad estamos muy tranquilamente bañándonos como lo hacía el señor Lizano, bañándonos en la mitad del río, desconociendo que eventualmente una cabeza de agua viene hacia nosotros y eso es lo que efectivamente sucederá si se confirma la política de subida de tasas de interés por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Se nos acabó las vacaciones, se nos acabó el margen que hemos tenido durante nueve años desde la crisis del 2007, 2008 con tasas de interés prácticamente cero y con un spread manejable durante todos estos años.

Sin embargo, ya ni lo es, ahora el señor de la OCDE hablaba de un spread superior al de Perú, al de Brasil, ni que se diga el de Chile, al de Panamá, fue uno de los datos que él actualizó el estudio de la OCDE.

Entonces, tenemos la opción de reglas. La única regla fiscal en América Latina que se ha cumplido, es la regla de que se incumplan, esa es la única regla que se ha cumplido. Que se incumplan. Efectivamente, hay incluso países con institucionalidades muy parecidas a nosotros como Uruguay, donde han tenido… ponen una regla y luego comienzan a meterle más y más, y más… (Inaudible) y actualizaciones y al final, termina en nada.

Yo era más partidario de una regla al estilo de la que propone Cepal; es decir, definamos un déficit estructural en función de las posibilidades de financiamiento del comportamiento cíclico de la economía y ese déficit estructural es lo que podemos permitirnos que crezca o no crezca, dependiendo del ciclo, dependiendo de las posibilidades de financiamiento interna o externa.

Aquí hay otra opción que es esta que ustedes han trabajado con Banco Mundial y BID, que tiene estas complicaciones que usted señalaba y que don Otto reafirmaba, o al revés: don Otto señalaba y usted reafirmaba.

La otra opción es cómo atacar el tema de la inflexibilidad, que es el 83%, decía ahora el señor de la OCDE, si sumamos intereses, decía él, es un 83% donde al Gobierno solo le queda un 17% de presupuesto manejable.

Entonces, esas flexibilidades, ya usted las comentó a qué se deben.

El problema de los destinos específicos, creo que efectivamente hay que entrarle, yo comparto plenamente de que posiblemente la mayoría de ellos son desactualizados, obsoletos y posiblemente, hasta absurdos en alguna medida porque no puede ser que se cree en un año y veinte años después, podamos pensar que siga haciendo igualmente útil o igualmente pertinente.

Ahí hay que garantizar, desde luego, que al variar las leyes de destinos específicos, se salvaguarde el financiamiento, sobre todo para la institucionalidad social, eso está por verse. Pero es otra opción, pueden ser complementarias; habría que ver la viabilidad política de una y de otra.

En el 2009 se hizo una modificación al enganche que tenía Fodesaf a la Ley del Impuesto sobre las Ventas; pero se hizo de tal manera que más bien, hizo crecer más los destinos destinados a Fodesaf. Y el Gobierno de Oscar Arias dejó un proyecto de ley de desenganche de destinos específicos que aun teniendo mayoría aquí en la Asamblea, no impulsaron. Es una ley de… bueno, es un borrador de ley, perdón; yo creo que incluso, ni siquiera llegó porque me pasaron el borrador y no tiene número de expediente. Así que posiblemente no ingresó a despacho ese proyecto.

Pero bueno, igual, son dos de varias opciones. El mismo tema de regla da para muchas variantes, como usted lo proponía, viceministro, da para muchas variantes; pero ciertamente, si no hay responsabilidades en la actuación, es poco lo que se pueda hacer.

Es que aquí el dilema es: si vos tenés una regla rígida, te asegurás que no se va a cumplir. Así es, y si tenés una regla demasiado flexible, entonces te asegurás de que no va a servir; entonces, hay que buscar un punto intermedio entre que se cumpla y que sirva. Y por ahí tenemos que ver.

Yo le había dicho a usted que por ahí a mí me gustaría un tipo de regla que fuera de esa naturaleza, que se situara en ese punto intermedio. Habrá que evaluar a esta con más cuidado y ver si se pueden hacer algunas recomendaciones, aquí nosotros no somos técnicos en el tema hacendario, pero con la ayuda de expertos, podemos ir afinando la propuesta si fuera el caso, y no descartar la posibilidad de entrarle al tema de la inflexibilidad, que es realmente el problema más serio. Yo creo que el señor de la OCDE dijo que era el problema más serio que tenía la estructura de gasto en Costa Rica, más que a nivel de gasto mismo, esa inflexibilidad tan alta que tenemos tan alta que tenemos en el manejo del presupuesto.

Y luego, también, el otro problema serio es el de la escasa cobertura de servicio civil, la escasa cobertura del control del gasto por parte del Parlamento, etcétera.

Lo dejo ahí. Gracias.

Presidenta:

Gracias.

Voy a hacer uso de la palabra. Don Victor dice que ya no.

Diputada Ramírez Portuguez:

Precisamente, haciendo eco a las palabras de don Henry, en esta semana hemos tenido dos foros importantes: uno con la tesorera nacional, en donde ella se refería a todos las dificultades que ella enfrenta para poder enfrentar los pagos, la liquidez y la caja única. Bueno, y uno se queda admirado, realmente yo le decía que era como la señora de los milagros, lo que ella tiene que estar haciendo en este momento para poder enfrentar toda la liquidez de este país, y aparte de eso, sin considerar que año a año se puede ir empeorando pensando en que podemos alcanzar al 2020 el 60% del presupuesto con deuda. Lo que estamos queriendo decir es que todo se financia con deuda, prácticamente.

Como bien lo dice don José Francisco, lo primero que se debe pagar es la deuda, posteriormente salarios y de ahí en adelante, tendríamos que ir recortando y lo que estaríamos enfrentando es una gran crisis.

La OCDE hoy hizo dos advertencias importantes: una es que no había encontrado presupuestos tan rígidos como el de Costa Rica, que tiene prácticamente un 83%, quitando incluso algunos reglones porque para los datos que tenemos es un 90% del presupuesto, es por mandato constitucional o por ley, y por lo tanto, hace que no podamos hacer ninguna inversión ni siquiera atender algunos programas sociales que son tan importantes.

Todo esto se va a ver afectado conforme vaya creciendo el déficit y sin contar, sin considerar que se pueden juntar una serie de factores o variables, como decía don Henry, puede venir un alza en el dólar, puede venir el alza en intereses que ya hay presión como lo decía la señora tesorera, ya no tienen tanto acceso al crédito porque hay una presión enorme para el alza de intereses para el pago de intereses porque tenemos una calificación en riesgo, es un país en riesgo que jamás vamos a poder tener el acceso que teníamos anteriormente y las facilidades que teníamos.

Y por otro lado, eso va a llevar también a la alza de intereses en los créditos a nivel nacional, va a encarecerse todo, puede venir mayor inflación y sin hablarse la incertidumbre que se está viviendo con la política económica de Estados Unidos. Bueno, si juntáramos todo eso, ¿tenemos reservas, tenemos posibilidades de enfrentarlo, tenemos facilidades? Y la respuesta es un no, no podríamos, el país no podría enfrentar esto.

Entonces, ante esto yo creo que hay reglas que podrían aplicarse y que podrían manejarse, por lo menos de aquí en adelante, como el tema de responsabilidad presupuestaria. Y reglas que también deberían ir ligadas, usted hace la fórmula de ligarlas al crecimiento económico; pero debería ligarse también a que eso se refleje en el crecimiento de los ingresos porque no necesariamente que crece el índice de la economía, sino que también que se esté ligado al crecimiento, que se vea reflejado en el incremento de los ingresos.

También, pensaba en que no veo más reglas, hicimos la de Caja Única en el tema de transferencias; pero le pregunto: ¿No deberían haber más reglas alrededor de las transferencias? Por ejemplo qué sanciones o qué responsabilidad tienen los rectores de esas transferencias. Cada vez que entrevistamos aquí o que venimos, llamamos a algún ministro, el cual tiene transferencias a cargo, ninguno sabe en qué se gastan las transferencias, qué responsabilidad hay tanto para el que las transfiere como para el que las recibe. Debería de haber alguna porque no hay control ni fiscalización.

En materia, igual, de remuneraciones, ya hemos hablado, yo creo que eso también está ligado al tema de pluses y que no deberían de incrementarse más; más bien, ojalá poder acudir a la Ley de Empleo Público y agilizarlo porque eso es uno de los…. También hablaba el señor de la OCDE de los disparadores más importantes de presupuesto y cómo no hay calificaciones, cómo todo el mundo tiene un excelente y eso le parece a él increíble, que no son malos, pero que tampoco podrían estarse dando sin ningún control ni con ninguna condición.

Bueno, eso debería también tener algún tipo de regla, el tema de los pluses.

Y lo de qué responsabilidad, también, tendríamos los diputados si seguimos haciendo y promoviendo leyes que vienen con cargo al presupuesto sin definir ni asegurar la fuente de financiamiento.

Igual en el tema de las exoneraciones, debería haber alguna. Hablábamos, don Henry, la vez pasada de que debería en el reglamento establecerse alguna condición para proceder al tema de exoneraciones, debería valorarse ese tema también.

Eso sería y a ver qué piensa usted con respecto a eso.

Señor José Francisco Pacheco Rodríguez:

Okey. Concuerdo en gran medida, doña Paulina, con lo que usted estipula; inclusive, el tema de las responsabilidades podría darse no solamente creo que en la visión un poco que plantea usted, no es solamente una responsabilidad en el presupuesto que pongo, sino en el origen de las partidas de ese presupuesto, y efectivamente, por ejemplo, eso me parece muy interesante, ese tema de la responsabilidad de los ministros rectores porque inclusive, recuerde que los rectores también dan el visto bueno, de alguna u otra medida, al presupuesto de las instituciones que están adscritas a su ministerio, sobre los cuales tiene cierta potestad, que es un poco también el modelo de planificación que se está trabajando.

Me parece muy interesante esa posibilidad.

El tema es cuánto me deja la ley efectivamente, sancionar; cuánto mido, si lo quiero ver en esos términos, puedo impregnar en la gente; pero me parece que podría valorarse esto de una manera bastante, bastante responsable.

Mire, el tema de fuentes de financiamiento y exoneraciones, están en la regla, tal vez comentando sobre el diseño general de la regla fiscal. Los números que nosotros tenemos aquí, 60% de deuda, 75% del crecimiento; todos los números que están ahí, son sujetos de valoración, no hay nada que esté estipulado ahí porque como les decía antes, la madre naturaleza dice que es 75% de 60. Nada de eso.

Sin embargo, sí es importante, en la tabla que nosotros pusimos ahí, por ejemplo, que se habla de un 85%, 75%, 65%, si uno altera los números, la tabla original venía más fuerte que eso, lo cual permitía que en tres o cuatro años, se ajustara al gasto al nivel que nosotros queríamos.

Si nosotros, estos números los hacemos para arriba, y no es 85%, sino es 95%; entonces, lo que hacemos es ampliar el período de ajuste.

El tema es que variar los números lo que hace es más corto o más largo el período de ajuste; pero no violenta el principio del espíritu del mismo. Eso es importante.

Y hay un tema adicional que no está establecido en la discusión; pero que sí fue considerado internamente y es si la regla fiscal debería tener carácter permanente, por una razón en particular: en treinta años, si yo rezago permanentemente el gasto, entonces va a terminar con una situación prácticamente de incumplimiento en diez o quince años, posiblemente. Es decir, si yo mantengo esta regla de cumplimiento durante los siguientes treinta o cuatro años, en algún momento el rezago del gasto va a ser tan grande que el gasto va a ser un 10%, tenemos el nivel de gasto que tiene Guatemala, por ejemplo, en estos momentos.

Entonces, una posibilidad que surgió en las discusiones internas también, es que el diseño de la regla establezca un tope inferior a partir del cual…, creo que está establecido, es que es 17%, cuando el gasto llega a ser 17%, el crecimiento del gasto corriente es igual al del PIB, ya podemos crecer al ritmo de la economía cuando se llega al 17. Es otra de las valoraciones que debemos contemplar.

Lo que estamos haciendo aquí en el proceso de reforma hacendaria de mediano plazo, es más ingresos que nos darían 2 puntos, 2 puntos y medio; pero también, converger el gasto para que al final de cuentas, los déficits se mantengan en más o menos 2.5%

Esa es la idea que tenemos con este proyecto, un tema de convergimiento. No se puede ver un resultado aplicado en el cortísimo plazo, tenemos que esperar por lo menos una década para poder alcanzar ese resultado.

Presidenta:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado William Alvarado.

Diputado Alvarado Bogantes:

Dos preguntas muy concretas: Una tiene que ver con el tema municipal que se involucra acá. Entiendo, no sé si estaré equivocado, que ellos al presentar su presupuesto a la Contraloría, la Contraloría no le acepta ningún presupuesto que no contenga los ingresos reales; o sea, las proyecciones, pero que realmente sean ingresos reales e incluso, para temas de deuda, tiene que demostrar la solidez financiera para poder financiarse.

De ahí que me parece que la Contraloría controla bien el tema de régimen municipal con respecto a esto.

El otro tema es, este proyecto es un “saludo a la bandera”, ¿realmente tendrá eficacia o no? Yo entiendo muy bien que el tema del déficit fiscal involucra una serie de factores, este es un componente importante y es algo que incluso en todo momento yo particularmente, lo he manifestado, he visto Gobiernos responsables, he visto Gobiernos irresponsables, cuando tienen abundancia e ingresos.

Y un poco, el tema este es el temor precisamente, de nuevos ingresos sin una responsabilidad clara del Gobierno de hacer un buen uso de los recursos, lo cual es lo preocupante, yo no sé si esto lo resuelve o no lo resuelve, estoy claro de que deberían existir reglas fiscales que realmente tenga la posibilidad de hacerse cumplir como tal, eso es en particular.

Aquí se habla mucho de aumentar el IVA, aumentar la renta y muy pocas veces se habla de reactivación económica. Cuidado cometemos el error de cargar muchos impuestos, de manera tal que nuestro país no se vuelva atractivo para el tema de inversiones. Yo creo que es algo con lo que hay que jugar.

Me preocupa el tema de cuando se habla de que cada ley tenga cómo se va a financiar, porque vamos a encontrar un montón de proyectos de ley creando más impuestos y no tocando los que tienen que tocarse.

Hay un problema de Estado, en el que encontramos instituciones muy ricas, con propios impuestos e instituciones muy pobres con pocos recursos, que es algo que también tiene que visualizarse.

¿Cómo tomar toda esa carga tributaria que existe, que no es solamente el impuesto de renta ni de ventas, sino los que encontrás en todas las leyes de las instituciones autónomas y cómo redistribuir ese ingreso, a nivel del Estado?

Es un tema bastante complejo. Pero, particularmente, estas dos cosas. ¿Es esta una ley que realmente va a resolver o es un saludo a la bandera? Y el tema municipal.

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Analizamos tres, cuatro modelos de regla fiscal posible, además, en el contexto político de Costa Rica y vea, esta regla tiene la particularidad de que solo se mete con el gasto.

Yo creo que sí, puede haber márgenes para tirarla más dura o más suave; pero, por lo menos, establece un principio de disciplina fiscal que, al menos, debería decir si el gasto debería crecer algo parecido al PIB y no períodos, donde tuvimos crecimientos de planilla de un 32%, ¿verdad? Eso, digamos, ya parece desproporcionado.

De todas las opciones que teníamos, por ejemplo, valoramos contra las más estándar. Una regla fiscal, por ejemplo, que limite el déficit fiscal a 3%.

Bueno, una regla de ese tipo, con un 3% de déficit ─teniendo hoy 6% ─ significa que habría que ajustar tres puntos del gasto que es, más o menos, el paquete que el gobierno ha puesto sobre la mesa; el paquete original, al menos.

Si no va a haber aumento tributario, esto se aplicaría exclusivamente al gasto y no creo que haya margen para ajustar tres puntos del gasto, sin tocar educación y deuda, por ejemplo, donde se nos va el 60%.

Las reglas estándar que venían discutiéndose a nivel mundial y que en algún momento han tenido cabida en Costa Rica, pudieron haber sido establecidas en un momento en el que el déficit tenía cierto margen o jugaba para arriba y para abajo con cierto margen.

Hoy, tratar de hacer el ajuste de 6% a 3%, con una regla fiscal de este tipo, por ejemplo, sin impuestos sería eminentemente un saludo mayor a la bandera, todavía, porque eso sí no se puede cumplir del todo, salvo que estemos dispuestos a recortar tres puntos de gasto. Como le digo, con la estructura de gasto actual sería imposible de lograr.

Vamos a ver, si nosotros buscásemos eso tendríamos que eliminar, por lo menos, un punto en educación. Esa es mi estimación: un punto en educación y comenzar a tocar, también, deuda y a decir: diay, no pago algunas cosas de deuda, porque solo en esos dos rubros se me está yendo el 60% del presupuesto.

Entonces, la regla fiscal de la naturaleza más resultadista que es lo que le llamamos nosotros ─déficit fiscal, déficit primario, etcétera─ hoy día, con las circunstancias macroeconómicas fiscales actuales no es aplicable en ese sentido.

Por eso es que creemos que la del gasto manejaba ciertas cosas y, en efecto, creo que entre lo que usted comenta y lo que comentaba Henry, demasiado floja no hace nada y demasiado rígida, al final de cuentas, vamos a decir que nos tienen amarrados de manos.

Yo creo que más allá del número, en sí, el proyecto lo que trae a colación es la necesidad de imponer disciplina fiscal y que da un parámetro de referencia. Al menos, hagamos crecer el gasto, tal y como crece el PIB y no nos disparemos hacia números más irreales.

En el caso municipal, sí. Aquí el punto es el principio aquel que nosotros discutimos en despacho; bueno, de hecho, son dos.

Uno es que estamos seguros de que la discusión sobre la autonomía de las tres grandes instituciones, a nivel constitucional, se jala del pelo con esto. Aquí, las universidades, yo creo que van a tener planteamientos, que me lo acaban de comentar en el informe que lanzan. La Caja del Seguro Social, posiblemente en el tema de salud, también, va a traer su punto, etcétera.

Para nosotros, cualquier dependencia que, de forma directa o indirecta, dependa del presupuesto nacional, de alguna u otra forma, deberían ser sujetos de esto.

Si hay que hacer una variante de la regla fiscal, una para el Gobierno Central, que es el más desordenado y otra para el resto de instituciones, podría estar sujeto a discusión; pero, no creemos bueno hacer excepciones y dejarlas a la libre, completamente, porque eso sí podría generar incentivos perversos que ya los hemos visto en otras instituciones.

Presidenta:

Tiene la palabra el diputado Olivier Jiménez.

Diputado Jiménez Rojas:

Primero que nada, hay una compañera que ha sido muy acuciosa y le ha puesto, como dicen, mucho cariño a la parte fiscal. Ella lo ha demostrado cuando estuvo muy cerca de la ley de fraude fiscal y, ahora, que estuvimos en una actividad muy bonita que hizo en la Sala de Expresidentes con algunos personeros de Hacienda, el viceministro Pacheco y otra gente me pareció muy bien y muy atinado, porque había gente de los empresarios, algunos magistrados y, particularmente, había mucha gente que tiene que ver con la economía del país.

La exposición estuvo muy buena, debido a que nos dimos cuenta de la grave situación que está pasando el país, en este momento.

Hoy no ha sido la excepción. Hoy estaba un personero importante de la Ocde, que hizo una exposición de cómo se está viendo el país. Él decía que el país está en un riesgo y que la situación real es complicada, que ojalá Costa Rica no tenga un colapso, dentro de pocos meses, como han tenido otros países en el mundo y que quienes hemos hablado de ver algunos asuntos fiscales los pongamos en práctica o que los tratemos de valorar y ver cómo podemos trabajar en esto.

A la conclusión final que se llegó es que en este país hay que hacer una conciencia general sobre la realidad que tenemos y yo quiero felicitar a Paulina, por esa actitud positiva, en cuanto a analizar la parte de las finanzas de este país y a todos los miembros de la Comisión de Hacendarios decirles a quienes hemos estado en esas actividades ─yo he visto a algunos compañeros─ que el país, en este momento, requiere de un análisis y hoy que está aquí el viceministro, pues quiero decirle que a los ministros, ustedes deberían llamarlos, en un momento dado, antes de que se haga el próximo presupuesto.

Ya estamos a un año de salir de la Asamblea Legislativa; pero, nunca es tarde cuando un país va en bancarrota, como lo estamos viendo en este momento y yo digo que hay que empezar por la gente que maneja presupuestos, que son los entes que manejan los ministerios que tendrían que hacer alguna reunión, en la que participe la gente que tiene esas responsabilidades y analizar, con detenimiento, la realidad en la que estamos todos.

Aquí, usted viene y pueden venir otros y otros más de Hacienda; sin embargo, lo que se debe hacer es un análisis más profundo; pero, real de cómo podemos valorar esta crisis, porque ya somos motivo de que nos cobren los intereses más alto y, también, para las aseguradoras internacionales y todo lo que se refiere a préstamos internacionales, en este momento, ya somos un país de riesgo. Es peligroso eso.

No es lo prudente para nosotros que siempre hemos creído que somos la panacea en Centroamérica y que vemos que otros países nos están superando.

Ese es el comentario.

Agradecerle, señor viceministro. Creo que este exorcismo que hay que hacer con los ministros y demás gente de autónomas y semiautónomas debería hacerse pronto, aunque falte poco para que se termine el gobierno, porque yo creo que la preocupación es de todos los costarricenses, porque así como esto es peligroso.

Y los que tenemos una pequeña empresa y tenemos la posibilidad de tener trabajando con nosotros a un grupo de personas, lo que más me preocupa es que ese grupo, tal vez, ya no pueda laborar en lo que uno tenga y en lo que otros pequeños empresarios puedan tener, debido a la situación real que se está dando en el país.

Lo único importante del dato que estoy viendo es que ya Seguridad Pública tiene alguna información y algunas ayudas y esto podría, también, ayudar un poco a que no se maneje tanto dinero en Costa Rica, así como se está manejando, con esa lavandería que se está viendo y que cada día pone al país más en riesgo.

Yo quiero llamar la atención en eso. Ojalá que, de una u otra manera, todos pongamos las barbas en remojo.

Gracias, señora Presidenta.

Presidenta:

Muchas gracias, ¿no hay más preguntas? Por tres minutos, don Otto, para ir cerrando.

Diputado Guevara Guth:

Gracias, diputada presidente.

Quiero profundizar, viceministro, con el tema de los destinos específicos establecidos en diferentes leyes, volviendo al tema de la rigidez presupuestaria.

¿Cuál es la sanción de no transferirle a educación el 8% que establece la Constitución?

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Por el momento, no ha existido sanción alguna.

Diputado Guevara Guth:

¿Cuál es la sanción por incumplir algunos de los destinos que están establecidos en ley? ¿Tampoco hay sanción?

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

No. Salvo las que ya Sala Cuarta ha definido que hay que…

Diputado Guevara Guth:

Que hay que presupuestar. Que es, más bien, Sala Primera…

Señor José Francisco Pacheco Jiménez:

Sala Primera…

Diputado Guevara Guth:

Sala Primera que es Pani, tiene que presupuestar. Ustedes cumplen con eso; pero, nosotros diputados ─luego─ o nos pegan una llamada: diputado, yo cumplo con la Caja; pero, ustedes háganme un ajuste por el otro lado, también, pueden hacer. Pero, nosotros podemos tomar la iniciativa de hacer esa reestructuración, también.

Esto es importante, porque se habla mucho de la rigidez del gasto; pero, diay, si no hay sanción, tampoco.

El Gobierno podría, perfectamente, no girar los recursos que establecen los destinos específicos, las leyes que establecen un destino específico. Podría, perfectamente, no hacerlo. Así como incumple, todos los años, con el artículo sexto de la Ley de presupuestos públicos y administración financiera. No pasa nada.

El tema es ya ideológico, programático, de clientela política o de agenda política programática. Decir: no tocamos eso. Pero, ya es una convicción de ellos.

Lo que estoy tratando de hacer, acá, es ver de qué forma reto el concepto de la obligatoriedad de los destinos, porque yo hablaba de la importancia de la regla fiscal que ustedes establecían del 50% de deuda del Gobierno Central y que a partir de ahí, entonces, se eliminaban las obligaciones de los destinos específicos. Pero, de todas maneras, sin sanción estamos en las mismas. No se requiere eso, porque básicamente el Ejecutivo podría decir: miren, Magdalena no está para tafetanes, la plata no alcanza, no estoy obligado a lo imposible y ante esa realidad, la restricción presupuestaria, esta es la plata que podemos transferir a diferentes destinos y punto.

Sí, podrán pegar el grito el cielo, podrán venir aquí a golpearles la mesa a los diputados para ver de qué manera le restituyen en el presupuesto la plata que se les está quitando; pero, la realidad es que no hay plata. Eso es algo que podría hacer el Ejecutivo.

Aquí estábamos con el énfasis de meternos en el tema de impuestos y, desde el punto de vista pragmático, lo primero sería el impuesto del IVA y, luego, renta y antes que, tal vez, regla fiscal. Es un poquito de lo que estamos hablando.

Ya vimos que regla fiscal sin sanciones, no sirve para nada…¿perdón? Vos dijiste renta; pero, por acá, el viceministro dice… sí, sí; pero, desde el punto de vista de pragmatismo de lo que me genera plata de inmediato es, más bien, IVA. IVA va primero y renta.

El punto es que creo que del lado del gasto, viceministro, hay que meter más el diente y hay que plantear, seriamente, el cierre de algunas instituciones.

Usted ve transferencias que se hacen en algunas instituciones que son como hoyos negros, de esos que hay en el espacio, que se lo tragan todo, sin que produzcan mucho.

Yo creo que es el momento de replantear, también, la existencia de algunas entidades públicas que dependen del presupuesto nacional, para su subsistencia.

Es momento, también, ─usted sabe, viceministro─ de ver el tema de pensiones con cargo al presupuesto, ya la tercera etapa, porque hay una que tiene que ver con el tema de pensiones del Poder Judicial, que ya está el proyecto por acá y ya con vía rápida aprobada.

Hay una tercera etapa que es la de revisión de las pensiones con cargo al presupuesto que están entre un millón y tres millones de colones, para aquellas personas que no cotizaron lo suficiente para recibir esa pensión, porque sigue siendo una pensión de privilegio. Si alguien recibe un millón de pesos y no cotizó para recibirlo es una pensión de privilegio. Si alguien recibe dos millones de pesos al mes y no cotizó para recibirlo, eso es pensión de privilegio.

Y nosotros nos concentramos en aquellos que llaman más la atención, aquellos que estaban de cinco millones para arriba. Aprobamos proyectos en esa dirección. Pero, me parece que el grueso de los pensiones, donde está el grueso del gasto de pensiones con cargo al presupuesto, tiene que ver con esa categoría intermedia y me parece que sería bueno que ustedes plantearan un proyecto similar al que se planteó en su momento, para reducir, para imponer una carga parafiscal para esas pensiones con cargo al presupuesto, de personas que no cotizaron para recibir ese monto o no cotizaron lo suficiente y esa parte… se la dejo ahí detenida, viceministro, a ver cómo nos ayuda con eso.

Presidenta:

Muchas gracias. Es que necesito terminar.

¿Me permite, señor viceministro, para terminar la agenda y despedirlo?

Terminamos con la audiencia del señor viceministro y pasamos al siguiente expediente.

3. EXPEDIENTE Nº 20225. REFORMA AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 4795 CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.

4. EXPEDIENTE Nº 19977. LEY PARA ESTABLECER SALARIO ÚNICO AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, DIPUTADOS, DIRECTORES Y OFICIAL MAYOR

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.

5. EXPEDIENTE Nº 20172. LEY CONTRA LA USURA

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.

Agradecemos al señor viceministro su participación y exposición.

Sin más asuntos que tratar, al ser las catorce horas y cuarenta y tres minutos, se levanta la sesión.

Dip. Paulina Ramírez Portuguez Dip. William Alvarado Bogantes

Presidenta Ad Hoc Secretario Ad Hoc

Alcb/sdc/vvl/rvg-Sesión 117-HAC

A. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

En discusión el acta N° 116.

Aprobada.

B. ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO

No hay.

C. CORRESPONDENCIA

La que ha sido distribuida electrónicamente.

D. PROPOSICIONES VARIAS

E. discusión de proyectos

1. EXPEDIENTE Nº 19531. LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.

2. EXPEDIENTE Nº 19952. LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA.

Moción N.° 01-117 de varios diputados:

Aprobada por unanimidad.

3. EXPEDIENTE Nº 20225. REFORMA AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 4795 CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS DE 3 DE MAYO DE 1971 Y SUS REFORMAS

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.

5. EXPEDIENTE Nº 20172. LEY CONTRA LA USURA

Se encuentra en subcomisión y con plazo para rendir informe.