ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA
ACTA AÚN NO HA SIDO APROBADA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO)
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 102
(Jueves 6 de noviembre de 2014)
PRIMERA LEGISLATURA
(Del 1º de mayo 2014 al 30 de abril 2015)
SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS
(Del 1º de setiembre al 30 de noviembre de 2014)
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
Acta de la sesión plenaria N.º 102
Jueves 6 de noviembre 2014
Segundo período de sesiones ordinarias
Primera legislatura
Directorio
Henry Mora Jiménez
Presidente
Luis Alberto Vásquez Castro Jorge Rodríguez Araya
Primer secretario Segundo secretario
Diputados presentes
|
Alfaro Jiménez, José Alberto |
Jiménez Vásquez, Nidia María |
|
Alvarado Bogantes, William |
Leiva Badilla, Johnny |
|
Alvarado Muñoz, Gerardo Fabricio |
López, Óscar |
|
Arauz Mora, Marta Arabela |
Molina Cruz, Emilia |
|
Arce Sancho, Michael Jake |
|
|
Arguedas Mora, Jorge Arturo |
Mora Castellanos, Ana Patricia |
|
Arguedas Ramírez, Carlos Manuel |
Mora Jiménez, Henry |
|
Atencio Delgado, Ruperto Marvin |
Ortiz Fábrega, Rafael Ángel |
|
Camacho Leiva, José Francisco |
Prendas
Matarrita, Karla Vanessa |
|
Campbell Barr, Epsy Alejandra |
Ramírez Aguilar, José Antonio |
|
Clarke Clarke, Maureen Cecilia |
Ramírez Portuguez, Paulina María |
|
Corella Vargas, Franklin |
Ramos Madrigal, Rosibel |
|
Díaz Quintana, Natalia |
Redondo Quirós, Marco Vinicio |
|
Esquivel Quesada, Abelino |
Rodríguez Araya, Jorge |
|
Fallas Rodríguez, Ligia Elena |
Rojas Astorga, Julio Antonio |
|
Garro Sánchez, Laura María |
Sánchez Venegas, Silvia Vanessa |
|
González Ulloa, Rolando |
Solís Fallas, Ottón |
|
Guerrero Campos, Marcela |
Trejos Salas, Lorelly |
|
Guevara Guth,
Otto |
Vargas Corrales, Humberto |
|
Hayling
Carcache, Danny |
Vargas Rojas, Gerardo |
|
Hernández Álvarez, Carlos Enrique |
Vargas Varela, Gerardo |
|
Jiménez Rojas, Olivier Ibo |
Vásquez Castro, Luis Alberto |
|
Jiménez Succar,
Juan Luis |
|
ÍNDICE
Discusión
y aprobación el acta ordinaria N.º 101
Suspensión de derechos y garantías
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa
Resoluciones
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Presidente
Henry Mora Jiménez:
Al ser
las catorce con cincuenta y ocho, y con la presencia de treinta y ocho diputadas
y diputados, se inicia la sesión ordinaria número 102.
En discusión y aprobación el acta ordinaria número 101.
Discutida.
Aprobada.
Suspensión de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de la Asamblea
Legislativa
Resoluciones de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia
Resolución de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia N.º 2014017233 a las quince horas cinco minutos del veintiuno
de octubre de dos mil catorce, en relación con el proyecto de ley Aprobación de
las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al
crimen de agresión y al artículo 8”. Expediente legislativo N.º 18.514
El
señor segundo secretario hará lectura al por tanto de la resolución de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, número 2014017233, de las
quince horas cinco minutos del 21 de octubre del 2014, en relación con el
proyecto de ley Aprobación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional Relativas al Crimen de Agresión y al Artículo 8, expediente
legislativo número 18.514.
Señor
primer secretario.
Primer
secretario Luis Vásquez Castro:
Expediente
14-015400-0007-CO
Resolución N.º 2014017233 de la Corte Suprema de Justicia
SALA CONSTITUCIONAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, a las quince horas quince cinco minutos del veintiuno de
octubre de dos mil catorce.
Consulta legislativa
preceptiva de constitucionalidad formulada por el Directorio de la Asamblea
Legislativa, referida al proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo
N.º 18.514, denominado "APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS AL CRIMEN DE AGRESIÓN Y AL ARTÍCULO 8”
Por tanto:
Se
evacua esta consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad, en el
sentido de que con motivo del trámite del proyecto de ley denominado "APROBACIÓN
DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL RELATIVAS
AL CRIMEN DE AGRESIÓN Y AL ARTÍCULO 8”, expediente legislativo N° 18.514, no se
ha producido ningún vicio sustancial de forma ni de fondo. Comuníquese.
Gilbert
Armijo S.
Presidente
Fernando Cruz C.. Fernando
Castillo V.
Paul Rueda L.. Luis
Fdo. Salazar A.
Carlos Estrada N. Yerma
Campos C.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias,
diputado Jorge Rodríguez, primer secretario.
El
proyecto de ley continuará el trámite, por tanto, en segundo debate en la
segunda parte de la sesión.
Ingresamos
ahora a la parte de control político, hasta por treinta minutos.
Tiene la palabra la diputada Laura
María Garro Sánchez.
Doña Laura, cinco minutos.
Diputada
Laura María Garro Sánchez:
Se los voy a ceder al compañero don
Marco Redondo.
Presidente Henry Mora Jiménez:
¿Don Marco?
Adelante, don Marco Vinicio.
Diputado
Marco Vinicio Redondo Quirós:
Muchas gracias, señor presidente;
compañeros, compañeras.
Hoy venimos prácticamente que llegando de una gira con el señor
presidente y con algunos distinguidos ministros, en cuenta la señora ministra
de Salud, el señor ministro de Agricultura, y el ministro de Transportes, al
igual que algunos compañeros que estuvimos acá, de este Plenario, en la zona de
Turrialba, en donde es importante ver este caso como un ejemplo de disposición
de parte de este Gobierno de brindar las atenciones ante este tipo de
emergencias, y que pueden poner, de una u otra manera, en riesgo no solamente
las vidas de las personas, sino que la vida de los animales productivos y no
productivos, y también de lo que es la parte de la producción en el sector
agrícola.
Hago mención a esto porque la vulnerabilidad en la que este país está
inmerso es muy alta.
El caso del volcán Turrialba es tan solo un ejemplo, es tan solo un
momento en el que nos encontramos, que ha sido manifestado en años anteriores y
también en regiones diferentes, pero que no es diferente a lo que representa el
concepto de emergencia en este país.
Y quiero no solamente rescatar la oportunidad con que este Gobierno ha
atendido las cosas, sino que también quiero rescatar que para poder realizar
ese tipo de atenciones el Gobierno de la República no solamente requiere de
voluntad, sino que también requiere de cosas muy importantes que sí son
resortes de este Plenario, y me refiero a la capacidad que tengan las
instituciones para poder prever lo impredecible.
Eso significa que tengan la disponibilidad para poder tener la
contingencia necesaria para brindar las atenciones oportunas en las regiones
que así lo ameriten para el beneficio de la ciudadanía, para el beneficio de la
productividad y para el beneficio de la conservación misma del ambiente en el
que nos encontramos.
Esto significa, ni más ni menos, que detrás de una emergencia como
estas, no solamente vemos el efecto de la Comisión Nacional de Emergencias,
sino que también están involucradas muchísimas instituciones, como lo pudimos
percibir hoy con claridad, en donde es necesario realizar inversiones en
caminos para poder garantizar que los productores, que los habitantes, que los
animales productivos puedan ser desplazados en un momento de emergencia.
Y además de eso, tenemos que ver, justamente, la participación activa
que tiene que tener el Ministerio de Agricultura, como un todo, y en especial,
una de sus dependencias como es Senasa.
Tenemos que ver también la intervención que tiene que realizar el
Ministerio de Salud para poder garantizar la salud de todos y todas las
ciudadanas que habitan esas zonas; tener la prevención para poder garantizar
que todos estos ciudadanos y ciudadanas tengan una buena calidad de vida.
Y digo todo esto porque lo que hoy estamos viviendo en la zona de
Turrialba, que está involucrando a cinco cantones de toda la provincia, lo
podemos ver en cualquier momento, en cualquier otra región de este país, y con
intensidades inclusive hasta mayores.
Y mi punto de reflexión va dirigido básicamente a una cosa: para poder
brindar esas atenciones que tanto he dicho, se requiere lo que aquí hemos
hablado en muchas ocasiones de gastos superfluos, porque las evaluaciones, el
poder gestionar los recursos, el poder hacer que este bienestar llegue a la
ciudadanía, no se hace con solo el deseo, se requieren de muchos gastos que
desafortunadamente aquí han sido satanizados como superfluos.
Muchas gracias a todos y a todas.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado Marco Vinicio
Redondo.
Continúa en uso de la palabra la
diputada Karla Prendas Matarrita.
La
diputada Prendas Matarrita y la diputada Piszk Feinzilber le ceden su uso de la
palabra al diputado Rolando González.
Don
Rolando, quince minutos.
Diputado
Rolando González Ulloa:
Muchas
gracias, diputado presidente.
Hoy hago uso de la palabra para
compartir con el Plenario legislativo y la ciudadanía una situación que resulta
especialmente significativa y preocupante.
Hace
unos días se abrió un debate público acerca del nombramiento de la presidenta
del Partido Acción Ciudadana en un cargo de la Asamblea Legislativa que no
existía, para el cual se hizo una adecuación de una plaza hecha a la medida,
que se convirtió de chofer a profesional, incrementando el salario de manera
ostensible, con un procedimiento que dejó en el limbo y en el desconocimiento a
todo el personal de la Asamblea Legislativa, que pudo optar a esa alternativa
laboral y que conforma, aunque se le vea benévolamente, un caso que podría
constituir un tráfico de influencias correspondiente con lo que tantas veces se
señaló como incorrecto en el pasado, que fue objetado en la campaña del partido
hoy gobernante, y que ahora se ejerce de manera inequívoca en beneficio de su
máxima figura formal en el Comité Ejecutivo.
Eso pasó
en días anteriores, se ha discutido y nos ha dicho el presidente de la Asamblea
Legislativa, relevantísima figura del PAC, que no se revisa la decisión, según
los medios de comunicación.
Hoy, nos
dice la prensa que la Comisión de Traspaso de Poderes les solicitó a las
municipalidades de Costa Rica que contrataran cimarronas en todos los cantones
para celebrar el traspaso de poderes.
Hasta ahí, uno podría estar en acuerdo
y en desacuerdo según la óptica. En mi caso, el traspaso de poderes considero
que es una fecha extraordinaria y que debe celebrarse como corresponde.
Pero
resulta ser que según se nos informa, para pedirles a las municipalidades esa
colaboración, se abrió una cuenta de correo electrónico en nombre del
coordinador de la Comisión de Traspaso de Poderes, hoy viceministro de
Relaciones Exteriores, sin su autorización y sin cuya autorización se mandaron
los correos.
Y paradójicamente, en este nuevo
episodio aparece ya no la presidenta, sino la secretaria general del Partido
Acción Ciudadana; dos figuras predominantes, estelares, de la formación titular
en la cúpula del Partido Acción Ciudadana.
Esos dos hechos de por sí llaman a la
reflexión sobre qué está ocurriendo en el partido de Gobierno y qué venía
ocurriendo en las últimas semanas del
proceso electoral.
Y quiero
incardinar estos dos elementos para formar un triángulo de elementos
verdaderamente retadores al entendimiento sobre lo que es la ética en el
Partido Acción Ciudadana.
Yo soy
el único político de este país que salió a un medio de comunicación pública a
defender como legítimo y a derecho el nombramiento del ministro de la
Presidencia en su cargo.
Cuando
abogadas y abogados decían que ahí habría una violación constitucional, sostuve
la tesis de que eso era muy discutible, porque la limitación en un derecho
fundamental había sido expresa en un momento dado, cuando no había una
conformación correspondiente con la que el ministro de la Presidencia llegó a
liderar.
En esa
tesis me he mantenido. Pero hoy, colegas, costarricenses, no encuentro la
palabra para describir lo que tengo entre pecho y espalda.
Hoy nos
dicen que el ministro de la Presidencia ya no es obispo. Pero además de eso,
nos dicen que el nombramiento en ese relevantísimo cargo fue a plazo fijo y
terminó antes de que asumiera el ministerio de la Presidencia.
Volvámonos
a ver, compañeras y compañeros, con confianza, con la fraternidad que hemos
construido durante seis meses. Alguien
nos está viendo cara de lo que no somos. Alguien, sin decirlo, se está burlando
de la ciudadanía costarricense. Alguien, con o sin la participación de adentro,
se está burlando de la Sala Constitucional.
¿Cómo es posible que a un diputado o
diputada se le olvide cuál es la fecha de vencimiento de su nombramiento?
¿Habrá alguien en este Plenario que no sepa cuál es el último día de su
nombramiento?
¿Si alguna o alguno de ustedes fuera
obispo con un contrato a plazo fijo se le olvidaría la fecha de su ordenación y
la fecha en que vence ese nombramiento? Imaginar que sí es pensar que quien ocupa
ese cargo carecía de las condiciones para ocuparlo, y en este caso es más que
evidente que poseía las condiciones. Por
lo tanto, la alternativa es que esta historia no sea cierta.
Y de aquí o de la Sala
Constitucional salió un filamento luminoso hasta Zapote previendo que iba a
haber un voto contrario a los intereses del Gobierno o hubo un acomodo de
fechas ad hoc para sostener al ministro de la Presidencia.
Y no crean que tengo ningún deleite en este tema, a veces en el Plenario
uno asume algo y lo ortiga a gusto. En este caso, lo hago con pesar, si se
quiere con vergüenza ajena, ver que además si ustedes entran a Wikipedia hoy —y
las y los invito a que lo hagan porque todos tenemos acceso a Internet— resulta
que la última actualización de Melvin Jiménez Marín fue el 9 de agosto del
2014, a las nueve y quince, y en esa actualización el ministro de la
Presidencia sigue siendo obispo.
Y me pueden decir: Rolando, su tesis
jurídicamente es frágil. Perdonen, en estrados están los jueces, en la Asamblea
Legislativa estamos los políticos. Aquí el problema es ético, el problema es
moral, el problema es si la casa cristal es cristalina o es opaca.
Aquí es que alguien nos explique cómo se le hace un traje a la medida en
la Asamblea Legislativa a la presidenta del PAC, y nos dicen que eso no se va a
revisar porque está a derecho. Se hace una acción impropia abriendo una cuenta
sin autorización del signatario y mandando correos a su nombre para pedir
cimarronas en todo el país para el traspaso de poderes y no hay respuesta, y
tenemos a un ministro de la Presidencia que durante seis meses se le olvidó que
era exobispo.
Colegas, ¿con serenidad encuentra
alguno de ustedes una explicación para estos hechos? Seguramente, si esto ocurriera hace cuatro
años la andanada hubiera sido imparable, inconmensurable y absolutamente
destructiva, porque era más de lo mismo, porque eran los típicos actos de
amiguismos, clientelismo, tráfico de influencias, mentiras, farsas.
Y ahora que los hechos tienen que ver con las figuras primarias del
Partido Acción Ciudadana y de la casa de cristal, ¿quién le da explicaciones al
pueblo de Costa Rica?, ¿cuándo se va a tomar una decisión en el seno de la
Asamblea Legislativa para poner la situación a derecho con la presidenta del
PAC? No estoy hablando que deje de
trabajar en la Asamblea, estoy hablando que las cosas se hagan como nos dijeron
que se iban a hacer.
Cuando se piden ochenta y una cimarronas para celebrar el trabajo, el
traspaso de poderes, seguramente yo lo habría disfrutado, pero, ¿por qué no le
explican al país esa falsificación de personalidad hecha por una autoridad del
partido?
Y hoy que el obispo, exobispo que puede volver a ser obispo, nos enreda
en esta maraña, que quiero seguir pensando que no es un filamento de la Sala
Constitucional, ¿cuál va a ser la posición del Gobierno de la República y del
partido de Gobierno?
La vida tiene que escribirse con hechos, y si algo nos cuesta a las y
los políticos es ser congruentes; que lo pensamos, lo que decimos y lo que
hacemos empaten.
Algunos somos simples mortales, pecadores, y nos hemos equivocado muchas
veces, por eso a mí me cuesta señalar con dedo acusador, pero no cuesta
preguntar como fiscal ciudadano: ¿cuáles son los antecedentes de estos hechos?
Y hoy le pido al Partido Acción Ciudadana, a sus autoridades, a sus
representantes que le den una respuesta a Costa Rica. ¿Vamos a seguir tolerando
en la Asamblea Legislativa nombramientos contra ley, contra ética, contra
moral, con respecto a los procedimientos internos?, ¿vamos a disimular un
correo electrónico sin paternidad responsable para conseguir ochenta y una
cimarronas?, ¿vamos a disimular este agotamiento del contrato de un obispo que,
de por sí, sigue siendo del orden religioso y, por lo tanto, mantiene el
cuestionamiento constitucional con el cual me enfrenté en el pasado?
Muchas gracias, diputado presidente.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado Rolando González.
Tiene la palabra la diputada Marcela Guerrero Campos, cinco minutos.
Diputada Marcela Guerrero Campos:
Gracias, señor presidente.
Yo quisiera hacer extensiva una invitación a una actividad que hoy esta
Asamblea Legislativa va a tener, en donde vamos a contar con la presencia de la
vicepresidenta de la República, de la compañera Maureen Clarke y del compañero
que lleva a cargo la institución del IMAS.
Hay un tema fundamental que nos hace encontrarnos hoy y que tiene que
ver con una que me parece a mí excelente iniciativa que el PNUD ha tenido el
desarrollo y la investigación en materia de pobreza. Y el PNUD señala que efectivamente sí se
puede abordar la pobreza en este país.
El estudio nos está señalando quiénes son, dónde están y cuáles son las
características de las personas pobres en nuestro país, y no solamente eso,
sino cuál es la definición de pobreza que tiene que ver con la incapacidad de
cubrir no solamente en términos materiales las necesidades básicas.
Señala, además, la prioridad de la reubicación de la pobreza, los
mecanismos para poder tener una ruta compartida, disminuir esa gran desigualdad
que se ha venido acumulando, y además señalar cuáles son los derechos
sustanciales de cualquier ciudadano. Y en este
sentido, nos ha parecido fundamental tener un encuentro, en virtud de que hay
que rendir cuentas.
En
los últimos seis meses, a partir incluso de los señalamientos que hace el PNUD,
se hace una puntualización de la necesidad de articular la institucionalidad,
de poder ubicar que es un instrumento que ya tenemos, el mapa de desigualdad y,
además, que no es solamente un tema de transferencias, sino que tenemos una
necesidad de replantear el mercado laboral y generar una política de empleo.
La
pobreza tiene varias caras; tiene caras de jefa de hogar, tiene cara de sector
rural, y a pesar de que en la Gran Área Metropolitana está concentrada por
población el aumento significativo de anillos de pobreza, se hace una
observación puntual en donde se señala que la pobreza extrema está… se está
concentrando mayoritariamente en jóvenes y en niños.
Y
en este sentido, yo creo que es no solamente una perspectiva de a dónde tenemos
nosotros que observar, en una discusión que creo que va a ser fundamental en
materia presupuestaria las transferencias, sino además que es un tema que
trasciende la política económica de este país.
Señalar
que el mercado laboral, antes del 2010, lograba incorporar al menos cuarenta y
tres mil personas, hoy solamente logra incorporar al menos treinta y seis mil
personas, y que de esas setenta y dos mil personas hay un sector que nunca, sin
esas transferencias, va a poder incorporarse genuinamente al ámbito laboral.
Además,
un millón de personas no están logrando tener un empleo digno. ¿Eso qué
significa?, que no tienen seguro, que están subcontratadas, que no cumplen los
salarios mínimos.
Pero,
además, hay un sector particularmente vulnerable, que es la población de
personas con discapacidad.
Yo
quisiera llamar la atención, porque, efectivamente, hablar de pobreza tiene que
ver con volver los ojos a un modelo de desarrollo que se agotó, un modelo de
desarrollo donde el mercado laboral —y lo señala el PNUD en este estudio— no
está logrando incorporar, efectivamente, a personas y particularmente a
jóvenes.
Y
en ese sentido, el PNUD señala que el desempeño económico o el desempeño de
nuestra economía es directamente proporcional a la disminución de la pobreza.
Yo
creo que en este país tenemos que negociar, efectivamente, no solamente la
metodología con que vamos a tener un diagnóstico compartido, sino además cómo
vamos a poner las prioridades para poder nosotros y nosotras llegar a un
acuerdo de cómo abordar el déficit fiscal, cómo abordar la tarea del
presupuesto, cómo abordar las prioridades en materia de reactivación económica
en este país.
El
Fondo Monetario Internacional señaló, efectivamente, que tenemos una nota en
rojo en función del déficit. Y lo que este Parlamento tiene que señalar es que
esa nota en rojo también la tiene…, la tenemos en materia —ya termino, señor
presidente— en materia de desempleo.
Yo
quisiera revisar el presupuesto de la República y saber que las transferencias,
tal y como lo dice el PNUD, efectivamente van a tener el contenido económico.
Si
nosotros no hacemos un debate en función de la programación y los objetivos,
estamos cometiendo un error fundamental en una tarea que se nos ha encomendado.
Si
el dictamen de mayoría no contiene los recursos necesarios para enfrentar la
pobreza, para enfrentar el empleo en este país y para reprogramar la
reactivación económica en el mercado interno y mercado externo, creo que vamos
a tener un grave error en poder seguir comprometiéndonos con temas que no
solamente tienen que ver con números y recortes.
Muchas
gracias, señor presidente.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Gracias,
diputada Guerrero Campos.
Don
Rafael Ortiz Fábrega, cinco minutos.
Diputado Rafael Ángel Ortiz
Fábrega:
Muchas
gracias, señor presidente; muy buenas tardes, señoras y señores diputados y a
todas las personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación de
la Asamblea Legislativa.
A
propósito, doña Marcela, que usted habla del presupuesto, y hoy que empezamos
la discusión del mismo, y a dónde podríamos utilizar nosotros recursos,
analizándolo con nuestros asesores, les quiero comentar nada más un renglón
para que ustedes vean a dónde se desperdician, no se utilizan montos
multimillonarios.
Voy
a referirme en este caso a las subpartidas de mantenimiento, incluso
puntualizando en la Asamblea Legislativa, porque me gustaría saber por qué aquí
el nivel de ejecución es absolutamente paupérrimo, para no utilizar otro
término y no ofender a nadie.
Ahora
que tuvimos esa suspensión de actividades la semana pasada, como consecuencia
de la descarga que dañó los sistemas de unidades de poder, y deshabilitó la red
informática, afectando no solo el Plenario y la comisión legislativo, sino
también nuestro despacho, esto me llevó a pensar, en relación con los
presupuestos públicos, sobre la no compra de equipos, y las subpartidas de
mantenimiento que son absolutamente claves en la prevención de accidentes y
siniestros en cada ente estatal.
Nada
más para que se den una idea, el Estado costarricense, subpartidas de
mantenimiento, registradas en las partidas correspondientes, fueron
presupuestados inicialmente doscientos treinta y seis mil quinientos sesenta y
un millones, de millones de colones, eso sin considerar presupuestos
extraordinarios, ni modificaciones presupuestarias, y un nivel de ejecución del
año 2007 al 2013, para tener un período amplio, de solamente un setenta y un por
ciento.
En
el Gobierno central el presupuesto que aquí aprobamos, que es una tercera
parte, ese mismo período un sesenta y seis por ciento solamente.
En
el monto para el año 2014, el año en curso, se presupuestaron veintiséis mil…
veintisiete mil quinientos noventa y nueve mil millones, de millones de
colones. Eso fue un aumento de un veinte por ciento por arriba de los veintidós
mil novecientos cincuenta y tres millones presupuestados para el 2013. Óigase bien, un veinte por ciento con esas
subejecuciones.
En
el 2013 solo se ejecutaron quince mil millones, de los veintidós mil
presupuestados. Esto significa que para
el 2014, crecimos un setenta y tres por ciento por arriba del monto ejecutado
del año anterior, setenta y tres por ciento.
Ahora,
si eso fuera poco y con ese bajísimo nivel de ejecución, presupuestan para este
año 2015 casi treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis mil millones de
colones, un veinticinco por ciento por arriba del monto presupuestado en el
2014, y un ochenta y nueve por ciento sobre los dieciocho mil millones
estimados a ejecutarse en el 2014.
Doña
Marcela, ahí tenemos dinero para la parte social, ahí tenemos bastante dinero.
En
este momento es cuando es obligatorio preguntarse qué está haciendo la
Dirección de Presupuesto, cuando elabora un presupuesto con estos números;
sencillamente a nivel de subpartidas en mantenimiento, en ejecución, ¿en qué
criterios se sustenta?
Bueno, ni hablemos de la
Asamblea Legislativa. Del año 2007 al 2013 la ejecución promedio anda en un
cuarenta y uno por ciento, o sea, un sesenta por ciento no se ejecuta.
A nuestro juicio esta
situación es crítica cuando el… Primero, ¿será que no saben elaborar un
presupuesto?, ¿será que no lo saben ejecutar?, ¿serán las tres juntas?, ¿qué es
lo que está pasando?
Esos son temas relevantes para las oficinas
encargadas de elaborar un proyecto, pero no estoy hablando de este año, estoy
hablando de los siete, ocho años anteriores, cuarenta por ciento.
Don Luis, don Henry, don Jorge, hay que
llamar a cuentas a los que hacen esos presupuestos, y no lo digo este año, años
para atrás.
También de nuevo nos
preguntamos: ¿cuál es la función de la Dirección del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda en este proceso de análisis? Esa situación queda aún más clara
cuando analizamos el porcentaje de ejecución en cada una de las subpartidas de
la Asamblea Legislativa año 2007-2013. Aquí las tengo y se las voy a dar.
Podríamos comprobar con
ustedes algo que no está bien en la elaboración del presupuesto y en la
ejecución del mismo, y sobre todo, en el mantenimiento preventivo que son las
claves para la operación del Plenario y las comisiones, pero no solo ya lo
vemos es en la Asamblea Legislativa, es a nivel del Gobierno central, al nivel
del Estado como un todo.
Y cuando hablamos de
programas sociales y la necesidad de enfrentar estos temas de pobreza y todo lo
que eso implica, fijémonos en lo que no estamos gastando, en lo que estamos
dejando sin ejecutar a la hora de que canalicemos esos recursos donde más se
necesitan.
Buenas tardes, señor
presidente, señoras y señores diputados.
Muchas gracias.
Presidente
Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado Ortiz
Fábrega.
Voy a pedirle al señor
diputado primer secretario que se sirva leer una comunicación de la Secretaría
General de la Corte Suprema de Justicia en su encabezado y en su acuerdo final.
Primer
secretario Luis Vásquez Castro:
Con gusto, señor
presidente.
OFICIO
N° 914-201 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
N° 914-2014
SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a
las seis horas cincuenta y cuatro minutos del treinta y uno de octubre del dos
mil catorce.
Hágase del conocimiento de las
diputadas y los diputados de la República, William Alvarado Bogantes, Marco
Redondo Quirós, Laura Garro Sánchez, Nidia Jiménez Vásquez, Franklin Corella
Vargas, Rosibel Ramos Madrigal, Marvin Atencio Delgado, Emilia Molina Cruz,
José Antonio Ramírez Aguilar, Carlos Hernández Álvarez, Javier Francisco
Cambronero Arguedas, Marcela Guerrero Campos, Henry Mora Jiménez, Gerardo
Vargas Rojas, Johnny Leiva Badilla, Patricia Mora Castellanos y Ligia Elena
Fallas Rodríguez, que la Corte Plena del Poder
Judicial, en sesión N° 48-14 celebrada el 13 de octubre del año
en curso, se tomó el acuerdo que literalmente dice:
“ARTÍCULO
XV
Documento 5720, 7581, 7653,
7762, 7763, 7853, 11402, 11982-2014
En sesión N° 47-14 celebrada
el 6 de octubre en curso, artículo XXXIII, se tomó el acuerdo que literalmente
dice:
“En sesión
N° 27-10 celebrada el 4 de octubre de 2010, artículo Único, por mayoría, se
designó al licenciado Jorge Chavarría Guzmán como Fiscal General de la
República, a partir del 15 de octubre de ese año y por el término de cuatro
años, de conformidad con lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
En sesión N°
18-14 efectuada el 5 de mayo del año en curso, artículo XXII, se tomó nota del
informe rendido por el licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la
República, denominado “Memoria Anual 2013 del Ministerio Público”.
En sesión N°
33-14 realizada el 7 de julio de este año, artículo XV, se tomaron los
siguientes acuerdos:
“Recibida la
votación correspondiente, por mayoría de veinte votos, se dispuso: Acoger
la gestión planteada por el licenciado Jorge Chavarría Guzmán, por ende,
suspender el concurso público en proceso para la elección del Fiscal o Fiscala
General de la República. Lo anterior, en el entendido de que dadas las
manifestaciones públicas realizadas por el señor Fiscal General sobre su deseo
de someterse a la reelección, las cuales pudieron interferir en la
participación de candidatos y candidatas para el mencionado concurso,
posteriormente se adicionarán los días que falten para completar el período que
se tenía para la presentación de ofertas. Así votaron los Magistrados y las
Magistradas Villanueva, Rivas, González, Escoto, Rojas, Aguirre, Varela, Vega,
Camacho, Ramírez, Arroyo, Chinchilla, Armijo, Cruz, Castillo, Rueda, Hernández,
Salazar y la Suplente Zúñiga Morales y el Suplente Ulate Chacón.
El
Magistrado Solís votó en el sentido de que la gestión planteada por el señor
Fiscal General de la República es improcedente.
- 0 -
Manifiesta
el Magistrado Rueda: "Quiero saber si resulta factible y si a esta Corte
le parece, que como consecuencia de esta votación que acaba de darse, de una
vez establecemos una fecha para determinar si se reelige o no, al Fiscal
General y así aclarar ese punto, toda vez que el concurso se encuentra
suspendido, pues al fin y al cabo depende de eso, para efectos de continuar o
no con el concurso."
Dice la
Presidente, Magistrada Villanueva: "Tendría que ser en relación con la
fecha 14 de octubre, porque le vence su nombramiento.
Lo mejor es
esperar a que venza el plazo del período para proceder a la reelección se haría
la semana anterior a la fecha de vencimiento. Así lo dejaríamos
establecido."
Sin objeción
de las señoras Magistradas y los señores Magistrados presentes, se acordó:
Aprobar la propuesta de la Presidente, Magistrada Villanueva y por consiguiente
se señala la sesión ordinaria del mes de octubre para conocer la reelección del
señor Fiscal General de la República.”
- 0 -
Para lo que
a bien estime resolver esta Corte, se somete a consideración la reelección del
Fiscal General de la República, licenciado Jorge Chavarría Guzmán.
La
designación de don Jorge en dicho cargo vence el 14 de octubre en curso.
Se concede
el uso de la palabra al Magistrado Cruz, quien manifiesta: “Quiero hacer una
observación de forma que me parece importante. El Magistrado Vega propuso que se escuchara al Fiscal General de la
República. No obstante, este tema quedó resuelto en la sesión de la mañana.
Para futuro e introduciendo una variación en el marco legal, si es que
así debe hacerse, considero que cuando el Fiscal General quiere reelegirse,
debe expresar en Corte las razones por las cuales quiere reelegirse.
Eso permite un intercambio de opiniones y escuchar a la sociedad civil
también, si es del caso abrirlo de esa forma. Es un cargo que ha adquirido tal
trascendencia, que sí es importante esa interacción entre los dos. Sin embargo,
eso está resuelto y no pretendo revivir el tema.
La reelección del Fiscal General no es un tema estrictamente técnico. El
Fiscal General tiene mucha trascendencia política. Aunque muchas personas
vuelven a ver para otro lado, el Fiscal General decide muchas veces, en
política, quien lleva un estigma y quien no lo lleva y a quien persigue en el
poder. Creo que eso es trascendente, quizás más trascendente que un puesto de
Magistrado. Hay muchas formas de ejercer la Fiscalía General para todos los
gustos y oficios.
De esta forma quiero dejar establecida mi perspectiva sobre el tema”.
Manifiesta la Magistrada Pereira: “En la sesión de la mañana intervine
respecto a ese tema y no quiero que se preste a confusiones. No es que no hemos
escuchado al Fiscal General de la República dar un informe de labores y que
exponga a esta Corte cuál ha sido su gestión, lo expuso ampliamente.
Cuando el Fiscal General se presentó a rendir su informe todos y todas
las presentes tuvimos la oportunidad de cuestionar sobre cualquier aspecto de
su gestión que hubiese sido de interés, no solo de los señores Magistrados y de
las señoras Magistradas, sino de cualquier persona que hubiese tenido interés
de venir a cuestionar el informe de labores que, en forma pública igual que
esta audiencia se hizo. Ese informe de labores se presentó hace poco tiempo.
Por ese motivo en la sesión de la mañana indiqué que me parecía que no
era procedente volver a llamar al Fiscal General, para que rinda un informe
sobre sus labores.
Desde luego quien quiere continuar en una función que viene desempeñado,
al que no se le hizo ninguna observación por parte de esta Corte, tiene todo el
derecho de gestionarlo como lo ha hecho el señor Fiscal General. Esa fue la
razón por la cual me opuse a que se hiciera el llamado al Fiscal General”.
Interviene el Magistrado Vega: “Efectivamente en la mañana propuse -en
la línea que lo plantea el Magistrado Cruz- una moción para tener la
oportunidad de escuchar al señor Fiscal General rendir su informe de gestión.
Al mismo tiempo, tener la oportunidad de escuchar al señor Fiscal
General, sobre las razones que lo impulsan a querer mantenerse en el cargo por
cuatro años más. Tener la oportunidad de escucharlo sobre los planteamientos de
un futuro plan de trabajo sobre actividades o programas que estén en curso y
otras que esté impulsado desarrollar.
Me parecía un acto de rendición de cuentas indispensable, como lo hemos
venido entendiendo en esta Corte en los últimos tiempos.
Discrepo de lo que dice la Magistrada Pereira, porque lo que el señor
Fiscal General presentó en el mes de julio de este año, fue la Memoria Anual de
las labores del Ministerio Público.
Una cosa muy distinta es un informe anual; a presentar un informe
completo de la gestión de los cuatro años. Me parece que eso es lo que procedía
en este caso, al estar en presencia de una reelección o no reelección para un
siguiente período de otros cuatro años.
Eso fue lo que motivó la propuesta que hice en la mañana, con ánimo
fundamentalmente de seguir con una línea de rendición de cuentas como la que
esta Corte ha venido adoptando. Así ocurrió en el pasado con el licenciado
Dall’Anese y me parece que así debe seguir ocurriendo con todos aquellos
nombramientos que sean del resorte de esta Corte.
Una persona que está aspirando a una reelección en el cargo, debe
dársele esa oportunidad, no solo de que informe y presente ante la Corte lo que
ha sido su gestión, sino que, al mismo tiempo tenga la oportunidad de
justificar y de valorar la conveniencia y la razonabilidad de querer mantenerse
en el puesto por otro período más.
Sin duda alguna, esta situación le plantea a la Corte una gran
disyuntiva, porque en caso de que, hipotéticamente esta Corte decidiera votar
negativamente la reelección del licenciado Jorge Chavarría Guzmán como Fiscal
General de la República, quedará una nebulosa muy grande, sin haberlo
escuchado; sin haber tenido la oportunidad de haber valorado su informe y su
trabajo y sin que eventualmente esta Corte tenga conocimiento de causas que
puedan haber empañado el desempeño o su gestión, no quisiera que estuviéramos
en ese predicado, salvo que aquí se maneje algún nivel de información que no
conocemos, para entrar a unas valoraciones de ese tipo.
Recuerdo algunos ejemplos. Además del caso del licenciado Francisco
Dall’Anese, cuando en su momento fue recibido en esta Corte para que presentara
el informe de su gestión y rindiera cuentas, está el de una Magistrada del
Tribunal Supremo de Elecciones, a quien en su momento la Corte le dio la
oportunidad de presentar su informe y de explicar las razones por las cuales
quería continuar en el ejercicio del cargo.
Coincido con lo que plantea el Magistrado Cruz. No estuve presente en la
sesión de la mañana cuando se votó la moción y tampoco quise presentar una
revisión de la misma, porque me pareció que el criterio de la Corte había sido
bastante claro y mayoritario.
Lamento no haber podido explicar en la mañana estas razones que me
parece son importantes, desde mi punto de vista, y que le hubiera permitido a
don Jorge Chavarría, haber tenido la oportunidad de expresarse con un tiempo
determinado, sobre los aspectos más relevantes de su gestión y las razones que considere
más importantes para continuar en la aspiración de su cargo.
Hago la aclaración, el informe que presentó don Jorge Chavarría en su
momento fue una Memoria Anual, no necesariamente recoge todo lo que ha sido la
gestión de estos cuatro años”.
Indica la Magistrada Hernández: “Para dejar claro que yo también en la
sesión de la mañana me opuse a la moción del Magistrado Vega, porque
precisamente el Fiscal General rindió cuentas a esta Corte hace dos o tres
meses en forma amplia, donde la Corte tuvo la oportunidad, si hubiera querido,
de preguntarle sobre cualquier tema y todos y todas sabíamos que al Fiscal
General se le vencía el nombramiento en el mes de octubre de este año, por lo
cual me parece bastante irrespetuoso para el Fiscal General, que esta Corte lo
esté llamando en tan corto plazo, sin que su gestión haya podido cambiar
sustancialmente en un lapso tan corto.
Por esa razón me pareció innecesario convocar nuevamente al Fiscal
General para que rindiera cuentas sobre su gestión, lo cual él ha indicado que
está dispuesto a hacerlo en cualquier momento y de cualquier forma en todo
caso”.
Agrega el Magistrado Vega: “En la misma dirección de la
Magistrada Hernández solo con una pequeña aclaración. Cuando don Jorge
Chavarría presentó la Memoria Anual dijo que no iba a optar por la reelección.
Me parece que el panorama cambió desde el momento en que él, unas semanas
después, cambia de parecer y de criterio.
Precisamente
esa es la situación que me impulsó a querer escucharlo, porque cuando él estaba
presentando la Memoria Anual, efectivamente, él estaba anunciando que ya no iba
a continuar en el cargo. Ahora lo importante es escucharlo para saber cuáles
son las razones por las cuales quiere continuar en el ejercicio del cargo.
Considero que cambia un poco el panorama con respecto a lo que sucedió en el
mes de julio de este año”.
Continúa la
Magistrada Hernández: “Para contestarle al Magistrado Vega. Lo que sucede es
que la gestión del Fiscal General sigue siendo la misma, es decir, no cambia.
Lo que cambia son los motivos personales de él para continuar, los cuales
respeto y supongo que tienen que ver con metas que se ha propuesto y que había
postergado, pero en cuanto al escrutinio de esta Corte sobre su gestión, me
parece que esa oportunidad se dio.
Por supuesto,
si él quisiera así hacerlo voluntariamente no tendría ningún inconveniente. Lo
que no creo conveniente es que esta Corte deba estar llamando al Fiscal General
cada dos o tres meses para lo mismo”.
Refiere el
Magistrado Cruz: “Es que si hace tres meses se aprobó el informe y no hubo
objeciones, uno podría pensar que la reelección es casi algo que se va a dar;
pero si la reelección no se diera, entonces hubo otros motivos que no estaban
en los informes.
Sería
importante, por el principio de transparencia, que hubiera los interrogatorios
a una persona que eventualmente tiene objeciones, por eso la formalidad del
informe anual no resuelve el problema o la interrogante, pero no insisto más en
el tema.
Este es un
precedente para que cuando un Fiscal se quiera reelegir, pues no se le llama
porque ya rindió su informe y si no resulta reelecto, pues sus razones tendrá
la Corte para no reelegirlo o para elegirlo, porque puede ser para una cosa o
para la otra”.
La
Presidenta, Magistrada Villanueva, le indica a la Secretaria General: “Sería
conveniente mencionar la sesión en que estuvo presente el Fiscal General de la
República. Creo que no hubo ninguna manifestación en relación a si continuaba o
no en el puesto y fue después de eso que presentó su nota, posterior a su
comparecencia”.
Informa la
Secretaria General: “En sesión N° 18-14 del 5 de mayo de este año, artículo
XXII, se tomó nota del informe rendido por el licenciado Jorge Chavarría
Guzmán, Fiscal General de la República.
La
Secretaría General de la Corte en nota de 22 de mayo del año en curso, enviada
al Magistrado Arroyo, en su condición de Coordinador de la Comisión de
Nombramientos, le remitió el correo electrónico de 21 de mayo de este año, en
que el licenciado Jorge Chavarría Guzmán, Fiscal General de la República,
indicó que no tenía interés de reelegirse”.
Señala la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “La comparecencia del Fiscal General fue el
5 de mayo de este año y su manifestación de interés fue posterior”.
Responde la
Secretaria General: “Sí señora, se conoció en la sesión N° 33-14 del 7 de julio
de este año, artículo XV”.
Expresa el
Magistrado Arroyo: “Estoy absolutamente satisfecho con la rendición de cuentas
que se ha dado hasta ahora por parte del señor Fiscal General.
Me preocupa
un tema de procedimientos, si es que el nombramiento de él llega hasta hoy y
que sea precisamente hoy que surjan las objeciones y que nos veamos en la
tesitura de que, eventualmente nos quedemos sin Fiscal General por unos días
para atender la gestión que se planteó hoy en la mañana. Es que si las cosas
fueran nuevas, si los acontecimientos hubieran sido emergentes, pues lo
entendería, pero se sabía perfectamente cuál era la convocatoria que se hacía
para el día de hoy. Se conocían perfectamente los antecedentes. De manera que,
por una cuestión de seriedad de esta Corte, deberíamos avocarnos a resolver el
punto.
Si en su
oportunidad, hace dos o tres meses, en que el licenciado Jorge Chavarría Guzmán
estuvo aquí, en vez de objeciones, lo que hubo -hasta donde recuerdo- fueron
felicitaciones a las que no creí necesario sumarme, pues hoy lo que tenemos que
hacer es atender el punto para el que fuimos convocados”.
Señala la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “No hay ninguna moción de revisión planteada
y el punto fue resuelto en la sesión de hoy en la mañana. No obstante, debo
decir que tengo conocimiento de que el Fiscal General de la República estuvo a
la espera de lo que decidiera esta Corte y estuvo en disposición absoluta de
hacerse presente.
Está
decidido el punto y pasamos a votar la reelección o no reelección del Fiscal
General de República”.
Sometido el
asunto a votación, por mayoría de dieciséis votos, se acordó: Reelegir
al licenciado Jorge Chavarría Guzmán como Fiscal General de la República, por
un período de cuatro años que inicia el 15 de octubre del año en curso y
concluye el 14 de octubre del 2018, de conformidad con lo que establece el
artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Se
recibieron seis votos por no reelegirlo.
El acto de
juramentación del señor Fiscal General de la República se realizará el 13 de
octubre en curso, a las 16,00 horas. Se declara acuerdo firme.
-0-
Las
diputadas y diputados de la República, William Alvarado Bogantes, Marco Redondo
Quirós, Laura Garro Sánchez, Nidia Jiménez Vásquez, Franklin Corella Vargas,
Rosibel Ramos Madrigal, Marvin Atencio Delgado, Emilia Molina Cruz, José
Antonio Ramírez Aguilar, Carlos Hernández Álvarez, Javier Francisco Cambronero
Arguedas, Marcela Guerrero Campos, Henry Mora Jiménez, Gerardo Vargas Rojas,
Johnny Leiva Badilla, Patricia Mora Castellanos y Ligia Elena Fallas Rodríguez,
en nota de 10 de octubre en curso, manifestaron:
“Los abajo
firmantes, diputados y diputadas de la República de Costa Rica, en nuestra
calidad de ciudadanos conscientes e interesados en el bienestar del país,
solicitamos reconsiderar la decisión de reelegir al Sr. Jorge Chavarría Guzmán,
como Fiscal General.
Ante las
múltiples consultas de ciudadanos, consideramos que en defensa de la
transparencia y credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, deberían
aclararse dudas sobre el accionar del Ministerio Público.
Así que con
absoluto respeto a la separación de poderes establecida constitucionalmente,
instamos de manera respetuosa a la Corte Suprema de Justicia para que reconsidere
la reelección del señor Fiscal General de la República.
Durante su
gestión, el Sr. Chavarría Guzmán, ha dejado sin resolver una serie de casos de
corrupción presentados ante su despacho. Muchos han sido sobreseídos,
desestimados o han prescrito, de manera directa o indirecta, por el manejo
irregular que de ellos se ha hecho.
El vínculo
entre Chavarría Guzmán y el Partido Liberación Nacional afecta, además, la
confianza y credibilidad del Ministerio Público y de nuestro sistema
democrático. Su ineficiente labor ha creado serias dudas sobre su
imparcialidad.
Indistintamente
de nuestra afiliación política, nos unimos y hacemos nuestro el clamor de un
pueblo indignado que no quiere más impunidad.”
- 0 -
Manifiesta
la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Este asunto se refiere a una
reconsideración planteada contra el nombramiento del señor Fiscal General”.
Expresa el
Magistrado Castillo: “Estimo que la reconsideración planteada por las señoras
Diputadas y los señores Diputados, es, desde todo punto de vista improcedente,
y jurídicamente no tienen legitimación activa, porque es un acuerdo que no los
afecta ni directa, ni indirectamente.
Recuerdo que
en una sesión discutimos sobre este tema, y dijimos que solo los miembros
de este cuerpo, y solo aquellas personas que son afectadas por un acuerdo de
este colegio, tienen posibilidad de presentar una moción de reconsideración y
las señoras Diputadas y los señores Diputados no se encuentran en ese supuesto
fáctico ni jurídico. De tal manera, que lo que procede es rechazar esta
solicitud por improcedente.
Hay una
razón adicional, y es que el artículo 140 de la Ley General de la
Administración Pública establece que cuando un acto administrativo concede un
derecho, surte efectos desde el momento en que se adopta y no desde el momento
en que ese acto es comunicado. Esto quiere decir que desde el momento en que
esta Corte Plena reeligió por una amplia mayoría al señor fiscal General de la
República, produjo todos los efectos jurídicos y consecuentemente no
puede ser revisado, salvo que las señoras Diputadas y los señores Diputados
quieran que este Poder de la República y concretamente el Estado, a través de
los recursos públicos, tuviese que pagar una indemnización millonaria -en el
eventual caso de que procediera la reconsideración y el nombramiento de otra
persona- de miles de millones de colones, por afectación de un derecho
subjetivo de una persona en específico.
Considero
que estas dos razones jurídicas, la falta de legitimación de las señoras
Diputadas y los señores Diputados y en segundo lugar, que desde el momento en
que el acto administrativo se adoptó produjo un efecto jurídico favorable al
señor Fiscal General, no puede ser revisado por esta Corte Suprema de Justicia.
Hay un
elemento adicional al que quiero llamar la atención, y es que a partir del año
1848, que el doctor Castro Madriz declaró la creación de la República, a
la fecha, nunca he visto un acto tan irrespetuoso de la independencia de los
Supremos Poderes, y considero que la propuesta de las señoras Diputadas y los
señores Diputados irrespeta el principio de Separación de Poderes.
Los
Magistrados y Magistradas -y bien hace la Ley Orgánica de nuestro Poder
Judicial- no podemos andar censurando ni aplaudiendo las decisiones que toman
las señoras Diputadas y los señores Diputados, pues somos respetuosos de las
disposiciones que ellos adoptan en el ejercicio de las competencias
constitucionales y legales.
Lo que hoy
estamos conociendo, es la manifestación de un irrespeto hacia el principio de
Separación de Poderes, consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política.
Observemos
qué interesante, el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que los
acuerdos que adopta el Parlamento, en el ejercicio de la función integrativa
-de los nombramientos-, no pueden ser revisados. Es la misma lógica que
tiene el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública, el cual
indica que cuando un acto administrativo concede un derecho, desde el momento
en que se adopta surte los efectos.
En mi
parecer, señora Presidenta, compañeros Magistrados y compañeras Magistradas,
deberíamos establecer, en primer término, el rechazo de esta manifiesta e
improcedente revisión que estamos conociendo. En segundo lugar, el Poder
Judicial debería emitir un comunicado en defensa del principio de Separación de
Poderes y de la independencia de este Poder de la República.
En resumen,
con el respeto que siempre lo hago en esta Corte Plena, solicito de manera
expresa que se acuerde rechazar por improcedente la reconsideración presentada
y asimismo que este Poder de la República manifieste públicamente nuestra
desaprobación a esta propuesta, por lesionar el principio de Separación de
Poderes, que es fundamental para la existencia de la República, y –repito- en
más de 150 años de vida independiente y Republicana, nunca había visto un acto
tan irrespetuoso para este Poder de la República y esto lo digo con vehemencia,
molestia e indignación”.
MIENTRAS SE HALLABA EN USO DE
LA PALABRA EL MAGISTRADO CASTILLO, ENTRÓ LA MAGISTRADA ARIAS.
Indica el
Magistrado Solís: “Comparto casi plenamente las manifestaciones que hizo el
Magistrado Castillo.
Jurídicamente
la tesis expuesta sobre la existencia de un acto que genera derechos adquiridos
para la persona que fue nombrada, es cierta y eso es innegable.
Considero
también que la nota enviada por ese grupo de señoras Diputadas y de señores
Diputados, eventualmente puede tener un afrenta al principio de independencia
de los Poderes que garantiza nuestra
Constitución Política, pero también, valga la ocasión, y por eso solicité el
uso de la palabra para hacer una reflexión, porque el examen jurídico
ciertamente está claro y sus consecuencias. Sin embargo, hay todo un trasfondo
de naturaleza política que sí vale la pena reflexionar, ya que en esta Sala, al
estar con la mayoría de señoras Magistradas y de señores Magistrados, también está presente una
cantidad muy respetable de señoras Fiscalas y señores Fiscales de la República
y de la Defensa Pública, y lo digo con toda franqueza y transparencia, pues fui
uno de los seis votos en contra de la reelección del Fiscal General de la
República y no me considero enemigo del señor Fiscal General, pero sí considero
que ese cargo debe de ser variado cada 4 años.
Esta
experiencia la adquirí después del tiempo en que estuvo en el cargo el anterior
Fiscal General, no vamos a abrir un expediente que ya está cerrado, pero sí fui
de la tesis de que estos cargos deben de tener tránsito y variación, porque la
designación del Fiscal General, con todo respeto y lo digo desde un punto de
vista de naturaleza eminentemente analítica, es una designación que trasciende
las paredes de esta Sala, es una designación que tiene efectos de una u otra
naturaleza, tales que hoy estamos conociendo un recurso de reconsideración, que
vuelvo a repetir, más allá del discurso jurídico de si las partes están o no
legitimadas, me voy más allá de eso, que es lo esencial, hay toda una
fiscalización política sobre las decisiones que adopta esta Corte Plena en este
tipo de designaciones y no nos debemos de asustar de ese tipo de control
político, y si ustedes quieren también mencionarlo, de control ciudadano.
Si hemos
adoptado una política de transparencia y rendición de cuentas, no nos debemos
de asustar que en algunos momentos algunos sectores ciudadanos y políticos del
país, manifiesten sus inquietudes, rechazos y críticas sobre las decisiones que
adopta el Poder Judicial ¡Dios mío! Nosotros no estamos metidos en una cúspide
totalmente cerrada y sorda a los requerimientos que de buena o mala manera
pueda darnos la sociedad, sus organizaciones, los partidos políticos, para este
tipo de decisiones que tienen naturaleza política.
Recuerdo,
que en una ocasión cuando se estaba abriendo la problemática que habíamos
tenido con el anterior Fiscal General, dije una frase y la repito ahora: “Los
aciertos del Fiscal General son del señor Fiscal General, los desaciertos del
Fiscal General son de la Corte Suprema de Justicia”.
Esa es una
manifestación que me permite defender una tesis que siempre en minoría he
tenido, que si bien al día de hoy la Fiscalía General, que con mucho ahínco se
menciona en una entrevista de la prensa del fin de semana, goza afortunadamente
de una independencia funcional, en donde esta Corte Plena no puede entrometerse,
los desaciertos en los procesos que ventila la Fiscalía General de la
República, son responsabilidad del Fiscal General, no de esta Corte Plena y las
acusaciones que se están dando contra el Fiscal General, él tendrá que dar
respuestas prontas y oportunas, sobre si ha habido o no, un inadecuado
funcionamiento o tratamiento de algunas de las causas penales que han sido
mencionadas.
Los reportes
que hace la prensa sobre regañadas que algunos Tribunales Penales hacen sobre
el mal manejo de la investigación y trámite de juicios, que efectúan los
fiscales y fiscales responsables de esos juicios, pues el señor Fiscal General
tendrá que haber asumido o tendrá que asumir las responsabilidades internas
para que eso no se repita. Lo digo claramente estando en presencia de un grupo
muy connotado de fiscales y fiscalas, porque la responsabilidad del buen
desempeño que debe tener un Fiscal General de la República, es también
responsabilidad de cada uno de los fiscales y fiscalas que diariamente tienen
que participar en los procesos penales respectivos, no es una responsabilidad
que tal vez por el nivel jerárquico del cargo, se le puede exigir a quien
desempeña esa jerarquía, pero también es una responsabilidad diaria, continua y
permanente, de cada uno de los fiscales y fiscalas de la República en el
ejercicio de sus funciones legales.
De ahí que decía en algún
momento, cuando ha venido aquí esa discusión, que por una u otra razón no se ha
profundizado, que la Fiscalía General de la República debe gozar de una total y
absoluta independencia a nivel constitucional, y que la elección del Fiscal
General no sea responsabilidad de esta Corte Plena, por todas las consecuencias
que allí se derivan, vuelvo a repetir, los triunfos de la Fiscalía son del
Fiscal General y sus desaciertos son responsabilidad de la Corte Suprema de
Justicia. Ojalá en un futuro muy cercano, se permita abrir una bonita e
interesante discusión, para promover las reformas constitucionales y legales
del caso y dar a la Fiscalía General de la República un asiento constitucional,
para que su independencia funcional tenga ese blindaje y que la elección del
Fiscal General de la República se le quite a esta Corte Suprema de Justicia, se
establezca algún mecanismo de designación, en donde haya una participación más
directa y definida de los sectores sociales, políticos y de la sociedad civil
que tengan algo que mencionar en la escogencia de ese Fiscal General de la
República”.
Dice el Magistrado Arroyo: “Tengo inquietudes de orden más político que jurídico, comparto
las razones técnicas que siempre magistralmente nos ofrece el Magistrado Castillo.
Aquí hay un tema que no tiene la reconsideración que está siendo
planteada, y que es competencia exclusiva de esta Corte la designación de un
cargo como el del Fiscal General de la República.
Estoy preocupado porque no ahora, sino desde hace 10 o 15 años, en
la Asamblea Legislativa hay reacciones contra miembros de esta Corte, en
sectores diversos.
Recuerdo que ha habido votaciones altas contra la reelección de un
miembro de esta Corte, por la sola razón de que sectores en la Asamblea
Legislativa no comparten la orientación ideológica, las decisiones
jurisdiccionales que se ha tomado por parte de un Magistrado, y digo solo un
Magistrado porque son los casos que recuerdo de este Órgano. Por ejemplo,
contra los ex Magistrados Luis Fernando Solano y Luis Paulino Mora, recuerdo
como antecedentes de ese manoseo impúdico que fue el intento de no reelección
del Magistrado Cruz.
Ahora, nos enfrentamos a un nuevo episodio, lo que desde el punto de
vista político quisiera compartir con ustedes, es que independientemente de las
orientaciones políticas de legisladores o de las consecuencias políticas de las
decisiones de jueces o de juezas del más alto rango, como los y las integrantes
de esta Corte, o de otras funcionarias o funcionarios como el Fiscal General de
la República, hay principios detrás que tenemos que defender.
Es muy grave que un sector o hasta una mayoría de la Asamblea
Legislativa le cobren a un juez o jueza de la República la forma en que piensa
y las decisiones que toma. Eso es lo realmente grave.
El doctor Francisco Dall´ Anese, Ex Fiscal General de la República,
soportó 12 intentos disciplinarios en esta Corte, por decisiones que tomó y no
prosperó ninguna en ningún momento, pero eso fue lo que pasó en su gestión.
¿Vamos a abrir ahora por otras razones el mismo expediente? ¿Vamos a
seguir acudiendo al cuestionamiento disciplinario de las personas que tienen la
responsabilidad de tomar decisiones en este país? O vamos a tomarnos en
serio a Montesquieu y decir que el poder no está concentrado en ninguna cabeza
en esta República, que se divide y se controla recíprocamente.
¿Vamos a tomar conciencia de lo que eso significa ideológicamente en un
esquema Democrático Republicano?
Considero que eso es lo que tenemos que hacer, y tener un cuidado
enorme de ¿cómo? ¿por qué? y ¿bajo qué? comunicaciones inconfesables, se quiere
disciplinar a un Magistrado o a una Magistrada, que piensa de una determinada
manera o cuestionar a un Fiscal General, que hace o deja de hacer en el
ejercicio de sus funciones.
Quiero unirme a la petición que se ha hecho, de que esto jurídicamente
es improcedente, y dejar abierta la puerta de que si alguien tiene cargos
concretos que hacer sobre la inercia del Ministerio Público en algún caso lo
explicite.
La nota de los señores Diputados y las señoras Diputadas habla de que en
muchos casos y que la informidad ciudadana es muy grande, son frases generales,
por lo quiero ver denuncias concretas, y este Magistrado es el primero en estar
abierto a ver la realidad de un caso concreto, en donde haya habido
incumplimiento de deberes, de funciones o exceso, abuso en la función que
se ejerce.
El sin sabor que tengo, es que la dinámica de la democracia en la que
vivimos está pasando por un proceso de desintegración, y el cuidado enorme que
debemos de tener todos y todas los que estamos sentados en estas sillas
temporalmente, es no hacer el juego, a cuestionar los temas de fondo y de principio,
eso es lo que no podemos dar el lujo de hacer, porque en alguna medida el
problema no es solo de la Asamblea Legislativa, sino también lo tenemos aquí
adentro hoy unos por unas razones, mañana otros por otras, y eso pone en
peligro la institucionalidad del país.
Quiero ser más claro pero no puedo.
Ojalá que la providencia intervenga, y que la prudencia de todos y cada
uno de nosotros, Diputados, Diputadas, miembros del Poder Ejecutivo,
Magistrados y Magistradas de esta Corte, tengamos el tino y la prudencia de no
jugar con fuego en estos temas de principio.
El trauma que tuvimos con el tema del Magistrado Cruz, debería
enseñarnos algo, pero parece que seguimos sin aprender.
Esa es la inquietud política que tengo de fondo, y que este nuevo tema
nos sirva para reflexionar a profundidad sobre el fuego con el que
estamos jugando”.
Refiere la Magistrada Pereira: “Hay momentos en la vida, en que uno dice
que sería un sin sentido emitir un criterio sobre una situación, que como bien
lo dijo el Magistrado Castillo es absolutamente improcedente, porque no tiene
la posibilidad de una revisión y no está presentado por quien está legitimado
activamente para hacerlo.
Es el momento en que a veces uno quisiera evitar las palabras, pero más
bien lo hacen a tener que hablar.
Alabo en mucho el interés de la ciudadanía por saber cómo se hace la
justicia en el país y me parece que es nuestro deber, como bien lo decía el
Magistrado Solís, ser trasparentes en todos y cada uno de los actos que
realizamos y por eso alabo la iniciativa de retomar, por parte de la
Presidencia, las reuniones de los Magistrados, Magistradas, miembros del
Consejo Superior y demás autoridades del Poder Judicial, con los funcionarios y
funcionarias de las distintas circunscripciones territoriales y con la
ciudadanía, para informarnos de cómo se hace la justicia, cómo nos percibe y en
qué debemos mejorar.
Hoy por esas cosas de la vida, estoy pasado un momento de duelo porque
ayer falleció una tía y debería de estar con mi familia, pero decidí venir
porque no podía callar.
Dije en esa reunión, que hace mucho tiempo venimos sintiendo de parte de
algunos intereses en este país, la asechanza de fuerzas enemigas sobre el Poder
Judicial, que es la base de la democracia de un país y que estamos todos y todas
obligadas a defenderlo.
Cuando uno vuelve a ver un intento de poder socavar la independencia del
Poder Judicial, no puede quedarse callado, es que enerva la sangre observar
cómo aún sin las razones fundamentales y sin el derecho para hacerlo, la intromisión
se intenta una y otra vez.
El viernes pasado compartíamos en Puntarenas, y dije que hace muchos
años cuando ingresábamos al Poder Judicial, nos decían los compañeros cómo
ingresábamos, si en el Poder Judicial nunca íbamos a tener posibilidad de algún
tipo de bienes o riquezas materiales, porque el que entraba lo hacía por
mística, pero no para tener dinero en la vida.
Transcurren 30 años y hoy nos señalan como los privilegiados de este
país, porque realmente hemos tenido una lucha para posicionar en una buena
forma el servidor y la servidora judicial, porque hemos hecho un esfuerzo
durante años por hacer los estudios respectivos y analizar cuáles son los
percentiles salariales dentro de la clase pública y privada, para en el término
medio poder captar a los mejores profesionales y traerlos al Poder Judicial, y
hoy por eso se nos dice los privilegiados. Yo les decía, si privilegiados
tienen que llamarnos por ese esfuerzo que hemos hecho, con gusto diremos que
somos los privilegiados.
Me llama poderosamente la atención algo que me viene inquietando desde
la semana pasada, es que sin ningún miramiento, y con el mayor desconocimiento,
- con todo respeto lo digo- se atreven a poner en la cabeza de un
funcionario, la absoluta responsabilidad que en el Poder Judicial tenemos todos
y cada una de las partes que conformamos el proceso. Tengo la autoridad para
decirlo, pues cuento con 39 años de servicio en este Poder Judicial. Es que el
Fiscal General de la República no dicta resoluciones en este país, el Fiscal
General y todos los Fiscales y Fiscalas solicitan gestiones y actos procesales,
pero está el control jurisdiccional y cada uno de los jueces y juezas de este
país a quien le llega una gestión tiene que revisar la procedencia o no de
ello, resolver las desestimaciones, el Ministerio Público las solicita pero no las dicta,
y cuando hay desestimaciones de miembros de los Supremos Poderes, en la Sala
Tercera tendríamos que decir que las hemos avalado o no, porque le asistía
razón o no al Ministerio Público en solicitarla en aquellos casos en que las
hemos acogido, con toda responsabilidad las hemos examinado y visto para que
realmente proceda, porque no hay elementos para proseguir con un proceso.
Igual que lo
ha hecho la Sala Tercera con los casos de los miembros de los Supremos Poderes,
lo hacen todos y cada uno de los jueces o juezas en la etapa que corresponde,
entratándose de todas y todos los ciudadanos de este país. De manera, que no es
cierto que sea el Fiscal General de la República el culpable de la
desestimación o no, porque eso tiene que pasar por la revisión del órgano
jurisdiccional que le corresponde.
La Sala
Tercera ha ido a lo largo y ancho de este país, a verificar cuáles son las
necesidades en nuestra jurisdicción y el Magistrado Ramírez, que siempre habla
mucho del tema, ha dicho que hay deficiencias que las reconocemos y que en la
etapa en que se hace la audiencia preliminar, esos filtros han dejado de
funcionar, que tenemos que revisarlos y tenemos que hacerlo en conjunto,
empezando por el que acusa y terminando por el que dicta el último fallo que
queda firme en la jurisdicción penal. La amplitud que en algunos casos se ha
dado para la investigación, ha sido acordada por los Órganos legislativos de
este país, entratándose de trámites complejos o de organización criminal y se
amplían los términos que ahora se cuestiona, por qué algunos casos duran más en
la tramitación compleja, se dan las explicaciones y parece ser que muchas veces
no se entienden.
Con ello no
quiero decir que no hayan casos excepcionales, porque también los conozco,
casos de investigaciones que han durado en exceso y que habrá que sentar las
responsabilidades con quienes los tramitan, eso no lo puede hacer a uno no ver
las realidades que a veces suceden, pero lo que quiero enfatizar es que la
ampliación de trámites está dada por ley y que cada día las investigaciones por
la criminalidad organizada son más complejas y de ello quienes administramos
justicia tenemos que conocerlo.
Estimo que
muchos ciudadanos no están obligados a conocer toda esta tramitación que llevan
algunos casos, ni tampoco a conocer que las solicitudes de desestimación de
algunas causas tienen necesariamente que pasar por el órgano jurisdiccional y
que es al final de cuentas, el juez o la jueza quien la aprueba o no, y que
existe la posibilidad de la disconformidad o discrepancia en cuanto a una
solicitud que plantee la Fiscalía, pero las señoras Diputadas y los señores
Diputados, me parece, que sí deberían de conocerlo, porque si no son ellos los
que han promulgado la ley, al menos tienen la obligación como legisladores de
conocerla, para venir a fundamentar peticiones en falacias como las que estoy
viendo que vienen solicitándose.
Por eso no
podía quedarme callada, porque siempre he dicho que desde el que nos abre la
puerta para poder ingresar a nuestras oficinas, hasta el último que pone su
firma para dejar en firme un fallo, tenemos la absoluta responsabilidad de
hablar cuando entratándose de cuestionamientos de nuestra jurisdicción, tenemos
la obligación de hacerlo.
En
conclusión, hay planteamientos que podrían estar cuestionando que no se revisen
algunos casos como debe de ser, hay planteamientos que también nos dicen que
hay asuntos que han terminado con la nulidad de una sentencia porque no se han
respetado los procedimientos legales en las investigaciones, pero pregunto:
¿Dónde están los jueces o juezas que tienen la obligación de revisar el proceso
y de servir como filtro en la etapa que corresponde, para que asuntos como esos
no lleguen a la etapa de juicio? ¿Podríamos decir que la responsabilidad es de
un Fiscal General? Diría que no, sino que todos estamos involucrados en
cualquier crítica que se le haga a la jurisdicción y que mal podríamos señalar
a quién dirige temporalmente el Órgano fiscal, que es solamente una de las
partes del proceso.
No solamente
es la improcedencia absoluta de lo que se gestiona y la falta de legitimidad,
sino que además los fundamentos en los que se solicita, pues constituyen una
absoluta falacia, porque no es lo que procede de acuerdo a lo que nuestro
Código Procesal establece, pues el Ministerio Público solicita, más no dicta
las decisiones finales en un proceso”.
Expone el
Magistrado Vega: “Lo primero que debo manifestar es una gran complacencia, me
siento muy feliz de ver a un Poder Judicial unido una vez más, frente a las
amenazas de intromisiones políticas.
Me alegra
mucho ver a la Judicatura, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a un
Poder Judicial conciente de las amenazas que nuevamente se ciñen sobre este
Poder de la República.
Algunos
compañeros han recordado el triste capítulo que vivimos cuando se intentó
mancillar la independencia judicial en el caso de nuestro querido Magistrado
Cruz.
A nivel de
la historia sí han habido algunos otros intentos y no es que el Poder Judicial
sea hipersensible al control ciudadano o que no deba de rendir cuentas o que no
garantice la eficiencia de los servicios de justicia que presta a la
ciudadanía, no se trata de eso, de lo que se trata es de que esta Corte no
entre en el juego político que muchas veces algunas personas quieren en
este país.
El debate de
la judicialización de la política o de la politización de la justicia hay que
tenerlo en la actualidad, porque quienes estamos en esta Corte no recibimos órdenes
de nadie, simple y sencillamente estamos atados o condicionados a lo que la Constitución Política y la ley dice. Esos son los mandatos que esta
Corte y que todos los jueces y juezas, fiscales y fiscalas, defensores y
defensoras, funcionarias y funcionarios judiciales debemos de seguir al pie de la
letra, no los condicionamientos de tipo político a los que a veces nos quieren
someter.
Mientras el
Poder Judicial actúe y responda valientemente frente a esas amenazas, podremos
seguir garantizando a la ciudadanía de este país una justicia independiente y
una verdadera democracia basada en una justicia de verdad.
Me alegra
ver a tantos compañeros y compañeras en esta mañana defendiendo la
independencia judicial, un aplauso para ustedes compañeros y compañeras, pues
la independencia del Poder Judicial no se negocia, se defiende y no se
mancilla, el día que eso ocurra tendremos que cerrar las puertas de este Poder
de la República.
En cuanto al
tema que nos ocupa esta mañana, coincido con lo que manifestó el Magistrado
Castillo; he solicitado a la Secretaria General que tenga a mano los
antecedentes de esta Corte en materia de revisiones o de reconsideraciones
relacionadas con nombramientos.
No existe
posibilidad en actos declarativos de derechos, la posibilidad de la revisión o
reconsideración, no solo por lo que establece la Ley General de la
Administración Pública sino por lo que han dicho repetidamente los acuerdos de
esta misma Corte, la única posibilidad de revisar un acto declarativo de
derechos es a través de los mecanismos que establece la legislación, mediante
procesos de lesividad, por lo menos esas han sido las tesis que aquí han
prevalecido históricamente y no lo digo únicamente a nombramientos relacionados
con jerarcas institucionales sino también de jueces y juezas de la República,
que se han pretendido revisar aquí en su momento y que esta Corte ha dicho que
no pueden ser revisados en virtud de lo que explicó el Magistrado Castillo.
Si hay
alguna tesis que quiera reabrir ese debate, pues bienvenida sea, pero eso es lo
que históricamente se ha venido resolviendo en materia de revisiones
relacionadas con nombramientos.
Me preocupa
mucho que la gestión que se plantea, sea presentada como una solicitud a título
de ciudadanos y ciudadanas, pero con el encabezado de Diputadas y Diputados. Es
decir, no me imagino a un grupo de Magistrados o Magistradas de la Corte
Suprema de Justicia opinando en la Asamblea Legislativa por el nombramiento o
las decisiones que tome el Directorio o el Plenario Legislativo frente a temas
relacionados con la reorganización, que por cierto hoy mismo en el periódico La
Nación, sale un tema relacionado con algunas decisiones parlamentarias, que
tienen enfrentadas a diferentes fracciones y no me imagino a un grupo de Magistrados
o Magistradas de esta Corte opinando en la Asamblea Legislativa, presentando
recursos por las decisiones políticas que las señoras Diputadas y los señores
Diputados tomen a lo interno de sus Órganos.
Como señaló
el Magistrado Arroyo, entender las cosas de esa manera significa contravenir
todo el esquema o el principio de separación de poderes que constitucionalmente
ha sido garantizado desde 1949,
que cumplirá el 7 de noviembre próximo, 1 año más.
Estimo que el tema es bien interesante, desde el punto de vista formal
no creo que tenga dudas y desde el punto de vista de fondo hay que atender
algunas manifestaciones de inconformidad de la ciudadanía.
El Ministerio Público no puede cerrarse frente a esas manifestaciones,
pero hay que tener cuidado, porque los procesos, ineficiencias o
inconformidades que se han señalado, están relacionadas no solo a casos que
tienen una alta trascendencia política e intereses de tipo político en la vida
nacional, sino que no pueden lesionar las disposiciones del Código Procesal
Penal, si los procesos están en etapa de investigación, mal haría el Ministerio
Público de estar ventilando esos casos frente a la opinión pública, hay que
entender que existe un secreto de esas investigaciones que está impuesto por la
propia Legislación Procesal Penal.
Lo que sí puede decir el Ministerio Público, es que las pesquisas o
investigaciones están avanzando, pero no dar detalles sobre eso y no lesionar
el secreto de las investigaciones, de acuerdo con lo que establecen las normas
Procesales Penales.
En cuanto al tema de las disfunciones y la ineficiencia funcional, no
afecta solo al Ministerio Público, pues como bien lo decía la
Magistrada Pereira, muchos otros órganos y ámbitos de la vida institucional nos
encontramos también manifestaciones importantes de ineficiencia, retardo
judicial, tardanza excesiva en la duración de los procesos, de poca capacidad
de respuestas frente a la ciudadanía y todos y todas en esta Corte estamos
absolutamente concientes de esa situación y por eso se están haciendo esfuerzos
desde hace muchos años y otros recién impulsados por la señora Presidenta de esta Corte, los cuales buscan maximizar los
resultados de la institución y lograr que el Poder Judicial pueda ser más
eficiente en la prestación de los servicios de justicia que le brinda a la
ciudadanía.
En ese sentido puedo dar fe, porque tengo meses de estar trabajando con
un equipo de compañeros y compañeras del Ministerio Público, redactando la norma de
organización del Ministerio Público, una norma de Gestión de Calidad que
precisamente trata de no obviar todos los problemas o manifestaciones de
disfuncionalidad que podamos haber detectado de manera participativa en el día
a día, en el quehacer de este órgano
tan importante del Poder Judicial. Se espera que esa norma pueda estar
concluida próximamente y ser aplicada y que eso permita, si no resolver todos
los problemas, ayudar a que muchos de las dificultades se resuelvan.
No es
que estemos pretendiendo tapar el sol con un dedo, ni tampoco que ignoremos que
en muchos casos ha habido autismo judicial, no es que haya
inexistido o haya existido una falta de acción sobre el enfrentamiento o la
búsqueda de las causas a los problemas que institucionalmente padecemos, lo
importante es que estamos buscando las soluciones, llevando acciones a cabo,
concientes de eso, de que le podemos decir a la ciudadanía que este Poder
Judicial y esta Corte no está dormida, que estamos intentando por todos los
medios mejorar y cambiar lo que hacemos para poder responderle de una mejor
forma a la ciudadanía.
Nosotros no estamos inmunes a las denuncias o a las críticas ciudadanas, no es
que se trate de eso, bienvenidas sean las críticas, y las denuncias cuando
deban de ser afrontadas e investigadas. Esa es la única forma de poder
erradicar las situaciones que eventualmente puedan presentarse sobre
irregularidades o actos de corrupción frente a los cuales no estamos ajenos
como organización, la cual está conformada por más de trece mil personas.
Esta
Corte no se está negando a recibir ese tipo de denuncias o de manifestaciones
de inconformidad de la ciudadanía, bienvenidas sean, y a partir de eso es que
podemos saber a dónde es que nos está doliendo y chimando el zapato, y focalizar
esfuerzos, con lo cual podremos justificar causas buscando las soluciones a los
problemas, pero eso no tiene nada que ver con entrar en un juego político que
lesione nuestra independencia.
Estoy
de acuerdo con el Magistrado Solís, en el sentido de que hemos tratado de
promover la participación ciudadana, hace 8 días conocimos un proyecto de ley
para la Evaluación del Desempeño y la Rendición de Cuentas en el Poder
Judicial, y hemos dado un mes de plazo, que ya está corriendo para que las
organizaciones gremiales y toda la gente que quiera opinar sobre ese
proyecto de ley lo pueda hacer, incluida la ciudadanía.
No es
que estamos cerrados a la participación y al control, ni a la rendición de
cuentas, eso no es cierto, esta Corte todo lo contrario, está absolutamente
abierta a que se den ese tipo de manifestaciones o de participación ciudadana.
La
única condición es que tiene que hacerse de forma responsable, de manera
puntual, concisa, y hasta el día de hoy en mi condición de Magistrado, he
recibido una gran cantidad de correos, pero ni una sola denuncia concreta que
merezca ser investigada, que me anime a mí como Magistrado, a pedirle a esta
Corte la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de algún
funcionario o funcionaria que está cometiendo irregularidades en el ejercicio
de su cargo.
Es
muy fácil denunciar sin concretar realmente las denuncias, es muy fácil
denunciar sin precisar quienes son los responsables directos, y como bien lo
dijo la Magistrada Pereira, no podemos atribuirle al señor Fiscal General todas
las deficiencias en el funcionamiento de un órgano, porque si eso es así,
entonces nosotros también seríamos responsables o corresponsales directos de
todas las deficiencias del resto de compañeras y compañeros en el Poder
Judicial, y para eso existen las responsabilidades propias, y los centros
de imputación de responsabilidades.
Estimo que lo procede para ordenar este análisis, es primero definir el
punto relacionado con la procedencia o improcedencia del recurso
planteado, y una vez resuelto, entonces esta Corte deberá precisar cuál es el
paso que sigue. En ese sentido, los antecedentes de esta Corte están muy
claros, a disposición de la Secretaría General de la Corte, y si hay que
reabrir debate sobre eso, porque hay compañeros o compañeras que no están
convencidos de lo que se ha venido resolviendo históricamente en la Corte sobre
la posibilidad de revisión sobre los nombramientos, entonces creo que debemos
de centrarnos en ese tema.
Reafirmo mi compromiso como Magistrado de esta Corte con la independencia del
Poder Judicial, con la independencia de los jueces y juezas de la República,
con la independencia de los fiscales y fiscalas de la República, de los
defensores y defensoras, de todos los funcionarios y funcionarias del Poder
Judicial, entendida en su correcto sentido, de que no estamos aquí para
recibir o aceptar presiones de absolutamente nadie, y menos si
provienen de otro poder de la República quebrantando el principio de separación
de poderes que constitucionalmente tenemos consagrado”.
Expresa la Magistrada Rojas: “Como bien lo señaló el Magistrado Vega, aquí hay
dos aspectos a considerar. Uno de forma y otro de fondo. En cuanto a la forma,
si es procedente el recurso que se ha interpuesto, y en cuanto al fondo -que me
parece que no debe mezclarse- si la decisión de Corte se va a mantener o
va a aceptar por el fondo lo que se está solicitando.
Quiero decir que en cuanto al fondo, fueron 16 Magistrados y Magistradas las
que votaron en esta Corte por la reelección del Fiscal General, luego de
estudiar detalladamente el informe de labores que él rindió a este Órgano, y la
decisión se tomó no de manera antojadiza, sino debidamente fundamentada, y
consta tanto en las actas, como en las actas de la comparecencia del Fiscal
General, donde inclusive muchos de los Magistrados -no me estaba integrando la
Corte en ese momento, pero sí me leí las actas- le interrogaron sobre su
quehacer diario, y él pasó ese examen al que fue sometido, y la mayoría de esta
Corte, inclusive según entendí en la prensa, él mismo manifestó que obtuvo una
votación que supera la que inicialmente lo había elegido. Ese es el fondo del
asunto, esa es la decisión consiente que tomaron los Magistrados y Magistradas
de esta Corte y estimo que libremente la podemos mantener como órgano en
tanto hay una independencia de poderes que nos garantiza esa posibilidad, y
esa decisión que en el caso concreto, además se tomó de manera fundada
con vista en el examen concreto.
Quiero decir sobre la nota que han enviado los diputados y diputadas, que no
especifica cargos, pues es una denuncia si se quiere genérica, y por su misma
conformación, lesiona el derecho de defensa, porque es muy difícil defenderse
cuando no se atribuyen normas o casos concretos.
La
Corte en cambio, sí tomo una decisión con vista en un informe que él rindió y
yo quiero que la ciudadanía sepa que fue una elección fundada en los
elementos que tuvo a su alcance, que fue el informe de labores. Eso en cuando
al fondo.
Respecto a la forma, yo difiero de lo que se ha dicho aquí, porque el
nombramiento del Fiscal General es un acto administrativo, y está sujeto a los
recursos que correspondan.
El
hecho de que le otorgue derechos y sea eficaz a partir de la adopción del
acuerdo, no afecta en nada el apartado de registro de recursos que la Ley
General ha previsto. No hay un solo acto administrativo que tenga tal condición
que sea absolutamente incuestionable, eso no existe en un Estado de Derecho.
Creo
que el recurso y el nombramiento, ese o cualquier otro, pensemos en un nombramiento
de juez o jueza, donde se nombra de una terna uno, los dos que no se han
nombrado tienen posibilidad de recurso. En fin, los actos administrativos están
en un Estado Social de Derecho, sujetos al control y esta Corte no tiene ningún
blindaje especial para decir que este acto concreto no está sujeto a revisión.
Por
la forma, si ya hay una tesis de parte de esta Corte en sentido contrario,
quiero que quede constando mi posición, respecto a que cualquier acto que se
emita por un órgano administrativo, tiene los recursos ordinarios y
extraordinarios que ha previsto el ordenamiento jurídico, y que tampoco tiene
ninguna inmunidad para el control jurisdiccional en la vía contencioso
administrativa, porque no están blindados por el órgano que los ha emitido.
Desde
mi perspectiva, no hay ningún acto que impida la interposición de los recursos
y este es un ejemplo de ello.
Me
parece que más bien la tesis contraria crearía diferencias, nadie podría
impugnar una designación en un concurso, crearía un precedente muy serio en
cuanto a la revisión de las actuaciones administrativas, y tenemos que tener
claro que el artículo 49 de la Constitución Política dice que el control de la
legalidad de la función administrativa es un derecho fundamental de los
habitantes de este país.
En mi
opinión no hay ningún acto que esté blindado contra la posibilidad de recursos
y se ha presentado un recurso contra ese acto específico, más allá de los
aspectos de fondo en mi opinión. Quiero que quede así constando en la actas de
Corte, el recurso es admisible”.
Refiere el Magistrado Cruz: “Me parece que es una ocasión muy especial para
hablar de temas que están siempre en el ambiente, pero que ahora se
manifiestan con mayor claridad.
Creo
que en el caso de quienes estamos en la cúpula judicial, yo recibo la petición
de los señores Diputados y las señoras Diputadas como una petición de los ciudadanos
que manifiestan su disconformidad.
Nosotros en el Poder Judicial tenemos que resistir y asumir con mucha claridad
nuestra independencia.
No es
una petición de los ciudadanos, de los diputados o diputadas, la que nos
debe inclinar para resolver algo, es el ideal de la independencia, no es fácil
hacerlo. Casualmente todo el tiempo estamos en esa tensión, entre tener
independencia o autonomía frente a las personas que tienen poder.
Pienso que debemos resolver esta petición y como se mencionó en alguna de las
intervenciones, no hay fundamentación del por qué se está en desacuerdo sobre
cosas en particular que justificarían el que no sea reelecto el Fiscal General.
Claro
que estos nombramientos tienen una dosis de valoración muy amplia,
discrecional, al igual que se elije un Magistrado o Magistrada también así se
elige a un Fiscal General.
En el
caso nuestro, lo ideal sería siempre que fuera una decisión muy ponderada y así
debe ser, pero al final de cuentas son valoraciones sobre las cuales no tenemos
que dar ninguna justificación, y lo mismo digo sobre Magistrados y Magistradas,
es exactamente igual.
En el
ámbito político esta petición está evidenciando un malestar, que deberá tomar
en cuenta el Fiscal General a la hora de desarrollar su política de
persecución.
El
malestar no es una cuestión totalmente infundada, pero aquí puntualizo que una
cosa es el malestar, y otra el que haya razones fundadas para atribuirle a una
persona una conducta que no le haga merecedor de la reelección. Por ejemplo, en
una publicación de la prensa, refiere: “El informe más reciente
sobre Derechos Humanos publicado por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, señala que la corrupción es uno de los problemas más graves de Costa
Rica y mientras millones de colones han desaparecido de instituciones públicas,
más de 350 mil ciudadanos no tienen acceso a la alimentación necesaria para
subsistir y miles viven en la pobreza…”.
Siempre he dicho que cuando Estados Unidos habla de Derechos Humanos es un poco
contradictorio, porque no suscribe ninguna convención sobre Derechos Humanos,
pero en todo caso la fuente es interesante, porque el que no asume plenamente
los Derechos Humanos nos da unos datos que son inquietantes, refiriendo lo
siguiente: “…Precisamente de un estudio realizado por la Cámara de Comercio
en el 2012, había señalado ya que el 35% de las empresas del país destacaba que
“la práctica de corrupción con mayor presencia en el país está relacionada con
el abuso de autoridad, en las negociaciones de contratos y en el otorgamiento
de privilegios, seguida por el favoritismo, relacionado con el tráfico de
influencias, con las compras del Estado, seguido por las prácticas corruptas
relacionadas con el pago de soborno, dádivas y otros (tributarias)…”
Exoneraciones tributarias podría ser. Prosigo: “…y finalmente las
relacionadas con la competencia, la ineptitud de funcionarios públicos, hurtos
e ineficiencia. Una lista de casos que se refieren precisamente a este tipo de
corrupción, hacen fila sin resolverse en la Fiscalía General de la República…”
Esto es lo que dice la prensa. Continúo: “… los casos fueron denunciados por
la prensa pero hoy se sabe y se habla poco de ellos, dando claras muestras de
impunidad en el país en donde el descontento hacia la acción del Fiscal General
es más que evidente en redes sociales”.
Me pregunto:
¿Nosotros tenemos que resolver conforme dice las redes sociales? No podemos por
la naturaleza de este Poder Judicial resolver por corrientes de opinión,
más bien, nuestra vocación es contra mayoritaria, pero no desconocemos, por
supuesto la corriente de opinión.
¿Debemos
tenerle miedo a la opinión? Respeto sí, miedo no, porque desnaturalizamos
nuestra propia función y por supuesto se refieren a una serie de casos en los
que ha intervenido el Fiscal General.
Uno de ellos
es el del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el 2008, el
cual dice: “…El dinero nunca entró en las arcas del Estado, por petición
expresa de Arias, quién lo manejó para pagar desde músicos hasta periodistas.
Sin embargo, en una entrevista con este medio la semana anterior, Chavarría
aseguró no conocer a los Arias…” etcétera, etcétera. Eso no importa, este
es un caso en el que la Fiscalía actuó conforme a lo que debía actuar o a la legalidad
y el ordenamiento.
Crucitas y
Arias; “…El caso de la concesión para la minería a cielo abierto en el
sector de Crucitas de Cutris de San Carlos por parte de la empresa Industrias
Infinito S.A., sigue en el limbo, pese a que data desde el 2008 y que en el
2010 un Tribunal declaró ilegal la minería, cancelando la concesión de esta
empresa…” Ahí hay un proceso abierto contra un Ex Ministro, etcétera, y la
interrogante es sobre otras personas que fueron excluidas, en el que don Jorge
Chavarría señaló que había separado el caso de otras personas para seguir
investigando, pero eso fue en el 2010.
Mencionan el
caso Liberman – Garnier, por supuesto tráfico de influencias, no voy a dar
detalles porque la información tiene un sesgo.
Otro caso: “El
expresidente ejecutivo de Recope, Jorge Villalobos y Shionny Porras Moya, jefe
del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la misma entidad,
fueron indagados por la Fiscalía el 5 de diciembre anterior, por el supuesto
delito del tráfico de influencias, producto de la investigación que se realiza
por la contratación en el 2011, y son los primeros imputados en este caso. Fue
desde el 19 de abril del 2012 cuando la Fiscalía junto con agentes del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ hicieron una serie de
allanamientos…” este fue otro caso que se cuestiona.
Se cuestiona
el caso del avión a Perú y las pruebas; ¿Nosotros desde esta instancia podemos
entrar a valorar eso? Un poco difícil.
Lo mismo
mencionan en el caso de la refinería con China: “…En cuanto al caso por el
proyecto de la Refinería China también ligado a RECOPE, está "pendiente de
resolución" en el máximo ente fiscalizador. Esta investigación entró a
engrosar las listas de casos pendientes desde julio 2013.
La Fiscalía
de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó al menos tres
allanamientos…”, etcétera.
Trocha
Fronteriza; otro elemento, y hay otros casos.
He
mencionado esto porque no estamos en el aire, hay casos graves, que el Fiscal
General es el que asume esa responsabilidad, por supuesto que siempre hay
inquietudes sobre otra materia, que aquí lo hubo cuando se reeligió a don
Francisco Dall’Anese en relación con una serie de interrogantes que se le
hicieron.
De los casos
de corrupción, en este Órgano colegiado no se habla, porque hablar de
corrupción puede ser políticamente incorrecto, existe la corrupción, pero los
actores les corresponden a los Tribunales y al Fiscal señalarlos.
Hay varios
otros casos que no es de la situación mencionarlos; pero por esa razón fue por
la que solicité, secundando una petición del Magistrado Vega, que el Fiscal
General viniera aquí, porque considero que lo que corresponde y no debiera
ocurrir en un futuro, es que cuando un Fiscal se va a reelegir, debe de venir a
explicar y hacerle interrogantes, estoy seguro que sobre todos estos casos él
tendrá las respuestas que corresponden al ordenamiento, pero es importante
hacerlo, porque es el Fiscal General el que tiene una de las responsabilidades
políticas más serias, que hace muy desagradable esa silla, que es ser el que
persigue la corrupción, y aquí me pregunto: ¿Por qué no se usa la querella en
asuntos de corrupción, si está autorizado que alguien se pueda presentar? Las
organizaciones lo pueden hacer.
El tema de
la corrupción es muy complejo, es más, se condena a alguien importante y de ese
tema nadie habla, es muy fácil hablar de los hurtos, robos y la delincuencia
convencional, pero cuando hay que hablar de abuso de poder, generalmente
volvemos a ver para otro lado, porque si se quiere hablar de esto es
políticamente incorrecto, y por esa razón es que era necesario que el Fiscal
General viniera, y en mi caso le iba a consultar sobre estos casos para que
diera una explicación, sobre la cual no podemos entrar a valorar si esto no se
debió hacer de esta forma u de otra; es más, la valoración que puedan hacer en
instancias políticas sobre cómo debió ser un proceso requiere muchos matices,
porque la pasión político partidista está involucrada en estos temas.
Observemos
el contraste, pues el Magistrado Arroyo lo mencionó, de que hubo 12 iniciativas
o tentativas de acciones disciplinarias contra el ex Fiscal General Dall’Anese
Ruiz y contra el Fiscal General Jorge Chavarría, no hemos tenido ningún
problema, salvo uno al principio, que recuerde. ¿Por qué eso se da
así? No es fácil acusar a quien tiene el poder, hacer una acusación y
sostenerla, y el que sostiene una acusación contra alguien de mucha
trascendencia política es el Fiscal General, es el que asume los pitos o los
tambores y aplausos, nadie más, porque todas las demás personas no quieren
hablar del tema.
Por
supuesto, la valoración política es muy libre, lo cual me parece muy bien, por
eso las señoras Diputadas y los señores Diputados vienen y nos hacen esta
petición, es libérrima. ¿Quién va a pensar que desde aquí le vamos a mandar una
petición a la Asamblea Legislativa consultándoles que por qué nombraron a una
persona específica en algún cargo? No lo podemos hacer, porque tenemos una
restricción jurídica – política necesaria y sana.
En el caso
del Fiscal General es importante que si no se le reelige, hubiera sido por
motivos fundados, pero en otras ocasiones no se ha reelegido a fiscales y no se
dice y no se ha dicho por qué.
Recuerdo
cuando dejó de ser Fiscal General don José María Tijerino, pero creo que él se
fue, y dijo algunas observaciones y la Corte de aquella época le solicitó
cuentas y el ex Fiscal General José María Tijerino manifestó que por dicha ya
no era subalterno y que podía decir lo que tenía que decir, porque le pidieron
cuentas y se les olvidó que ya no estaba en el cargo.
El plazo de
4 años para un Fiscal General considero que es muy breve y cómo puede hacer
para valorar y analizar su función o el ejercicio de sus funciones, no es
asunto fácil y especialmente si descendemos a los casos en concreto, para decir
si se debió de hacer esto o no.
¿Cómo vamos
a hacer desde aquí, como miembros de Tribunales Superiores, analizar lo que
otros Tribunales de inferiores condiciones han hecho? Salvo que hubiera una
denuncia, que no la hay, por una irregularidad, pero la valoración política
sobre la función del Fiscal, eso lo tiene que asumir el Fiscal General y ya
sabe que hay una corriente de opinión negativa sobre casos que él ha resuelto y
conforme a su leal saber entender y al ordenamiento.
Cuando se
hace la reelección de un Fiscal General, debe de haber un espacio para que diga
por qué quiere ser reelecto y para ser interrogado en general sobre distintas
cosas o sobre incluso, opiniones o peticiones bien fundadas de ciudadanos sobre
cosas que él puede explicar y hacerlo bien.
El poder
acusatorio es de mucha prudencia, firmeza, valoración, el cual no se puede
ejercer a golpe de los celajes o del color de los paisajes ¡No! Tiene que
ser fundado, es una responsabilidad política de acusación del Fiscal, quien
asume con unidad y jerarquía esa función.
Estimo
difícil poder decir al Fiscal General; ¿Usted por qué no acuso aquí, debió
haber acusado? ¿Cómo? Eso pasa una serie de filtros, pero sí es importante
saber ¿Por qué un caso dura 4 años? Ahí podrá darnos el Fiscal las razones,
pocos recursos, en algún momento se filtró que en un tema de una donación en
Canadá, las autoridades de ese país no dieron la información, vean que
interesante, si eso es cierto el doble discurso en el tema de corrupción, todo
el mundo está contra la corrupción, pero cuando una autoridad tiene que dar una
información, no la da, si es que eso es cierto, porque claro, lo que sí me ha
servido estar 42 años aquí, es que “todos los gatos de noche son pardos”,
uno no sabe que colores hay ni qué tiene al frente y menos en temas de
corrupción. Es más, hemos tenido casos aquí muy importantes que no se han
podido resolver por esas alucinantes realidades judiciales, porque
resulta que los fondos están en el exterior y por un tema legal no se puede
saber, porque están protegidos allá y que fueron fondos que probablemente son
de corrupción, pero por una legalidad muy importante no se puede saber.
¿Todo el
mundo está contra la corrupción? ¡Si, claro! Pero si usted se lleva los fondos
al exterior, es más difícil saber cómo se
llevaron al exterior y el Tribunal tiene que resolver conforme a la
legalidad. Entonces al estar en el exterior no se puede acceder a
esos registros, o la misma autoridad no da la información. Uno comienza a
hurgar un poco y dice “en este tema de corrupción, no todos los bandos están
bien definidos” hay mucho doble discurso, al igual que en las drogas,
en la independencia judicial, hay tantas cosas.
Lo menos que puedo hacer después de 42 años es no pensar con ingenuidad
sobre las cosas.
Considero que la gestión de los señores Diputados y de las señoras
Diputadas es parte de una petición que se hace a este Poder Judicial, al cual
le corresponde defender, resistir y asumir su independencia.
Desde el punto de vista formal, no hay ninguna fundamentación más que
valoraciones, muy respetables, sobre la función que el Fiscal General ha
tenido.
En mi caso, no puedo revisar este acuerdo, porque no tengo ninguna
referencia concreta que me haga pensar que la actuación del señor Fiscal
General de la República fue impropia.
La ciudadanía puede hacer las valoraciones, y a eso sí tendría y tiene
que abrir muy bien sus oídos el Fiscal General de la República, para analizar
si es razonable o si lo que se le está diciendo es producto de la pasión
política de un maniqueísmo que impide observar las cosas con la objetividad que
aspiramos hacerlo en el Poder Judicial.
Después de que algunos compañeros han mencionado mi caso, esta petición
de los señores Diputados y las señoras Diputadas la observo como una petición
más de un grupo de ciudadanos, que no se puede admitir, porque no hay ninguna
razón para revocar un acto que se hizo conforme al ordenamiento”.
Expresa la Magistrada Hernández: “Considero que este hecho no se
puede observar aisladamente de lo que ha venido pasando desde hace varios años
en contra de la independencia del Poder Judicial.
Sería un acto de ingenuidad que pensemos que esto realmente es solo una
petición de algunos Diputados interesados, simplemente en el buen
funcionamiento de algún Órgano de la Corte Suprema de Justicia.
Definitivamente, desde hace varios años vengo observando embates contra
el Poder Judicial, y no críticas canalizadas democráticamente, sino verdaderos
embates contra la independencia del Poder Judicial.
No puedo ver este hecho aislado de lo que pasó en el caso de la no
reelección del Magistrado Cruz y el contexto en el que se presentó, y tampoco
puedo olvidar las palabras del entonces Presidente, Luis Paulino Mora (q.d.D.g)
que quería recordarlas en este momento, el día que dio su discurso de la silla
vacía, porque él vaticinaba esto, que aquí lo que hay son unos intereses
oscuros desde hace tiempo, que quieren una Corte Suprema de Justicia
complaciente. Voy a proceder a leer las palabras finales con las que terminó su
disertación en esa ocasión, dice: “Denuncio que
lo que aquí ha sucedido, es un ultraje a la justicia con el fin de buscar
magistrados alineados y que he sido informado que las mismas fuerzas oscuras
que han cohonestado este triste episodio de nuestra historia, fragua en una
campaña de mayor debilitamiento y desprestigio contra los Magistrados, como cortina de humo para tratar de esconder el verdadero
fondo de sus intenciones, una Corte complaciente que además de tener a
su resguardo la justicia misma, custodia nada menos que dos tesoros de nuestra
patria: la Fiscalía y el propio Tribunal Supremo de Elecciones, ¿serán
esos también los objetivos?.
No puedo
evitar pensar que él vaticinó exactamente lo que estamos viviendo ahora, no ha
sido más que embate tras embate, y ahora quieren la cabeza del Fiscal General por razones que no están claras, porque aquí no hay
hechos concretos que se hayan presentado en su contra que podamos valorar.
Esto lo tengo que unir a lo que ha venido pasando recientemente también
en la Asamblea Legislativa, en que nos hacen llegar una carta –que se supone es
técnica- diciendo que tenemos que hacer recortes y que nunca en la historia de
las relaciones entre Poderes se ha hablado más que de números y partidas, en la
que se hace alusión a un fallo de la Sala Constitucional, diciendo que por
culpa de la Sala estamos en esta situación, cuando todos sabemos que es por 30
años de desarreglos, de crecimiento desordenado del Estado, por clientelismo
político a distintos grupos en diferentes momentos, por distintos partidos
políticos, y que ahora nos pretenden hacer cargar en este Poder de la República
con la responsabilidad.
Tampoco lo puedo ver aislado de las palabras del Presidente de la
República, en su discurso de los 100 días, cuando sin ningún fundamento lanza
una crítica a la jurisdicciones penal y contencioso administrativa, así como a
la Fiscalía, y cuando estuvo aquí invitado por esta Corte, no hizo más que
felicitarnos, y cuando no ha mediado ni una sola gestión entre los Poderes,
donde él tenga alguna preocupación concreta que debamos analizar.
Peor aún, acto seguido de ese cuestionamiento, pregunta si será que el
Poder Judicial de Costa Rica no es capaz de proteger la Constitución Política y
la ley.
Lo que vengo analizando, aparte de las campañas sistemáticas y
mediáticas en contra de este Poder de la República, es una tendencia hacia el
debilitamiento del Poder Judicial, que lo que busca es lo que denunció don Luis
Paulino Mora (q.d.D.g.) en su oportunidad, que sea una Corte Suprema de
Justicia complaciente, y me parece que es triste este nuevo episodio que está
sucediendo para el Poder Judicial, y que lo que está en juego es mucho más que
la Fiscalía General de la República.
Llamo a la reflexión a los señores Diputados y a las señoras
Diputadas, para que como dijo don Luis Paulino Mora, si han de meter mano en la
Justicia sea para ayudar a fortalecerla y a venir a enterarse de los problemas
que tenemos, para que juntos podamos como corresponde, fortalecer una de las
bases principales de la democracia costarricense”.
Expone la Magistrada Arias: “Quiero indicar en primera instancia, que no
me correspondió por razones personales estar en la sesión donde se reeligió al
licenciado Jorge Chavarría Guzmán; sin embargo, mi voto de haber estado
presente, hubiera sido por apoyar al señor Fiscal General.
Con esto quiero señalar que hoy, cuando analicemos el fondo, votaré
porque se mantenga en el cargo.
Ciertamente la historia de América Latina nos cuenta el rodar de las
cabezas de los fiscales generales, cuando éstos no han estado de acuerdo con un
determinado grupo político.
Durante 39 años la historia del Ministerio Público de Costa Rica
ha sido totalmente diferente, ha sido la de la institucionalidad, la de
mantener a una persona de acuerdo a sus méritos, a sus capacidades y a una
elección democrática que se produce.
La connotación de la solicitud que se plantea tiene consecuencias e
implicaciones políticas para la democracia en Costa Rica, sin duda alguna este
es un tema que tiene que ver con los derechos fundamentales, con los derechos
humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado
en el informe sobre las garantías para la independencia de las y los operadores
de justicia, la importancia de garantizar que las y los fiscales puedan llevar
a cabo su propia labor en forma independiente, autónoma e imparcial.
Este estándar que establece la Corte Interamericana y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es de independencia judicial, y lo que
señala en el fondo es la necesidad de fortalecer Órganos independientes para el
juzgamiento, lo cual sin duda alguna tiene que ver con la democracia, porque si
tenemos un Poder Judicial fuerte, robustecido e independiente, sin duda alguna
tendremos una mejor democracia.
El cumplimiento de la ley y de nuestra Constitución Política no se
negocia, pueden cambiar las leyes, pero estas no se hicieron para ser violadas,
la ley es igual para todos, y en este caso el Ministerio Público es un Órgano
con independencia y es la garantía en el caso costarricense de nuestra
convivencia política y pacífica, que durante 39 años hemos demostrado que
efectivamente se puede cumplir.
Con ocasión de esta reconsideración que han planteado, en lo personal
y funcional, apoyo la gestión que el licenciado Jorge Chavarría ha venido
gestando.
El licenciado Jorge Chavarría no solamente ha trabajado con el
tema del crimen organizado, sino también ha dado grandes aportes a este país,
fundamentalmente reorganizando a nivel interno la Fiscalía General de la
República, que le lleva a tener fiscalías consolidadas en todo el país, de tal
suerte, que como lo ha manifestado en medio de prensa, no es él quien está
resolviendo todos y cada uno de los casos, ni de las investigaciones, hay
delegación de poder, la cual está totalmente sustentada en independencia
funcional de todos estos funcionarios. También don Jorge ha sido un
puntero y valuarte en la forma de solución alternativa de conflictos y ha
apoyado programas pioneros en América Latina, como es el de Justicia
Restaurativa, que no solamente hace estrategias diferenciadas entre el crimen
organizado, sino en aquellas formas de criminalidad que no requieren
necesariamente el ingreso a una prisión; y que además en algunas otras ocasiones
requieren la atención de las personas por su condición de vulnerabilidad,
trabajando no solamente en los temas de género, sino también en los de personas
con adicción a drogas.
El licenciado Chavarría Guzmán no rindió en esta última ocasión un
informe, se limitó a presentar los informes que un día sí y otro también se
rinden en este Poder Judicial, los informes anuales que dan cuenta no de una
actuación de una persona en concreta, sino de un conjunto de personas que
trabajan en la Fiscalía General de la República, en el Poder Judicial, y que
muestran un resultado conjunto, armónico que muestra cómo una fiscalía
independiente realiza su trabajo.
Hace como seis meses, el licenciado Jorge Chavarría vino a esta Corte
Plena a darnos unas pequeñas manifestaciones, le cuestioné algunos de sus
planteamientos y salí totalmente satisfecha con la respuesta que nos ofreció en
aquella oportunidad. Me parece que tenemos un Fiscal General para rato,
y eso es lo que voy a votar hoy, tendré 4 años más al licenciado
Jorge Chavarría en la función pública que se le ha encomendado.
Quiero finalizar mi participación con la lectura de una cita del autor
Carlo Guarnieri, en la que habla sobre la necesidad de fortalecer la
independencia judicial, señalando lo siguiente: “Una democracia con un Poder
Judicial fuerte, es sencillamente una democracia más fuerte, porque es un
régimen, en el que los derechos de los ciudadanos están mejor tutelados”.
Expresa el Magistrado Rueda: “Antes de
plantear una duda jurídica que tengo con respecto a esta gestión, me uno a las
palabras de los Magistrados Vega y Cruz, en el sentido de que, lo prudente
hubiese sido que el señor Fiscal, una vez que planteó su solicitud de
reelección, hubiera dado un informe, máxime que el primero que rindió,
fue en un escenario muy diferente, pues indicó: “no me voy a reelegir”.
La incidencia y la importancia al cuestionamiento es muy diferente cuando una
persona dice “no se va a reelegir”, a cuando refiere a que se va reelegir, pero
independientemente de este punto, quiero consultarle a la Presidencia de la
Corte, si en este caso en particular la gestión de reposición que están
presentando unas personas, entre ellos, varios diputados y diputadas, ¿ha sido
acogida por algún Magistrado o Magistrada?
¡No! Entonces, dada esta situación, lo primero que tiene que revisar este
Órgano es un tema de estricta legitimación a la hora de presentar esta gestión,
pues el artículo 55 de la Ley General de la Administración Pública, refiere: “…Caso
de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de revisión contra
un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos
que, por tratarse de un asunto que el Presidente juzgue urgente, prefiera
conocerlo en sesión extraordinaria.” Del citado artículo, se infiere que
son los mismos miembros del órgano los que están eligiendo al Fiscal, los que
podrían impugnar eso, o bien, alguna parte que ya se hubiera constituido al
procedimiento, que pudiera verse afectada, por ejemplo, el mismo Fiscal si no
hubiera sido reelecto.
No veo en ese artículo, ni en el artículo 275 de la Ley General de la
Administración Pública ninguna otra norma, que en este caso en
particular, asumiendo que no es un procedimiento administrativo común, pero si
es un procedimiento para elegir a un Fiscal de la República, que ninguna
de las partes que están presentando el recurso se hubieran constituido como tal
por algún tipo de interés, no es si no, después del dictado el acto final -reelección
del Fiscal General- que unas personas están presentando un recurso, sin
antes haberse constituido como partes en el proceso.
Me surge una duda jurídica
distinta a la que planteó el Magistrado Castillo, y es sobre un problema
de legitimación, en el sentido: ¿Puede alguna persona ciudadana que no es parte
en este procedimiento, plantear un recurso de reposición en este caso
concreto, o ese recurso de reposición solamente queda circunscrito a las
partes que ya se han constituido como tales en el proceso? En esta situación
sería evidentemente los Magistrados y Magistradas, o bien, el mismo Fiscal
General que está inmerso en el proceso.
Dejo planteada esta solicitud para que primero se analice el tema de la
legitimación de las personas que están planteando este recurso”.
Indica la Presidenta,
Magistrada Villanueva: “Quiero señalar que en el fundamento de la propuesta
inicial del Magistrado Castillo, se señaló improcedencia por falta de
legitimación y porque ya produjo los efectos jurídicos, no sé si el Magistrado
Castillo quisiera aclarar su posición”.
Prosigue el Magistrado Rueda:
“Cuando el Magistrado Castillo hizo su alusión -y que me aclare si estoy
equivocado- su fundamento más importante iba en que ya se había dictado un acto
administrativo respecto del cual ya no procedía otro recurso, por lo que en ese
aspecto tendría una diferencia, pues considero que sí procedería un recurso de
reposición, el tema es ¿Quién puede plantearlo? Es ahí donde vería el asunto,
pero por supuesto si el Magistrado Castillo me aclara su posición y podemos
llegar a un acuerdo no tendría ninguna objeción, siempre pensando en que
este es el primer punto que tendría que discutirse del todo”.
Señala el Magistrado Castillo: “No sé si no me he podido explicar bien el día
de hoy, porque no he dicho, ni lo que dice el Magistrado Rueda, ni tampoco lo
que señaló la Magistrada Rojas. Lo primero que indiqué es que aquí había un
problema de legitimación, porque quienes presentan el recurso no son miembros
del colegio, ni tampoco tienen un interés directo e indirecto. Esto tiene una
razón de ser, el artículo 55 de la Ley General de la Administración Pública
busca precisamente el buen funcionamiento de los órganos colegiados, porque si
estuviéramos en el escenario donde todas las personas pudieran presentar
recursos, imagínense ustedes las sesiones de la Caja Costarricense de Seguro
Social que terminan a las doce de la noche y se aprueban 300 acuerdos, y si a
un ciudadano, sin ser parte de ese colegio, ni tener un interés directo o
indirecto se le ocurre presentar 300 revisiones, simple y llanamente lo que
haríamos es paralizar el buen funcionamiento de la administración pública y hay
un interés general en ese buen funcionamiento, lo que doy es una razón adicional
y es que para mí cuando ya hay un acto declarativo de derechos, estimo que no
debe de proceder la revisión, si se admite eventualmente ese acto y se revoca,
entonces habría que pedirle un criterio a la Contraloría General de la
República para que, con base en el artículo 156 de Ley General de
Administración Pública diga cuánto le va a costar por razones de
oportunidad pagar a la administración pública.
Me llama la atención ahora que
se habla tanto de déficit fiscal, y es que recuerdo las palabras de don Alfredo
González Flores, el cual decía que con los recursos públicos hay que ser más
exigentes que con los recursos privados ¿Qué es lo que ocurre? que como los
recursos públicos no son nuestros, a veces somos muy alegres a la hora de tomar
decisiones de la administración pública que van a tener consecuencias
económicas, y por consiguiente un efecto.
No sé por qué y esta acción de reembolso nunca se ha aplicado, pero
el día cuando empiece a aplicarse, y los funcionarios públicos comiencen a
responder por las erogaciones que le causan al erario público, probablemente
seríamos más estrictos.
Con el respeto y cariño que le tengo a la Magistrada Rojas, digo que me
malinterpreta, porque no digo que son actos inimpugnables, que estén blindados,
digo que si se pueden impugnar ¿Quiénes lo pueden impugnar? Los miembros del
colegio, una persona que se vea afectada directa o indirectamente, lo que
nosotros no podemos admitir es una legitimación tan amplia de que venga
cualquier persona, a pesar de que sea un Diputado o Diputada, a presentar
recursos porque eso implicaría simple y llanamente paralizar la administración
pública y, “para muestra un botón” nosotros tenemos aproximadamente casi
dos horas de estar paralizados, conociendo de un recurso que a todas luces es
improcedente, solo uno, imagínese el día de mañana que las señoras y señores
Diputados no les parezca que nombremos a un juez en algún lugar, otra
discusión, y a “don Juan Pérez”, un señor de Turrujalito,
que no le parece que nombramos a alguien en el Consejo Superior, otro recurso,
y es que nosotros como administración pública, debemos de maximizar el tiempo
para la toma de decisiones.
Al Magistrado Vega le digo una
cosa, si nosotros abrimos esta legitimidad a un escenario tan amplio, este tema
de la rendición de cuentas, de evaluación de resultados, y toda esa labor
tan importante que le reconozco que ha hecho, no tendría mucha razón de ser,
por eso es que Eduardo García de Enterría el mejor jurista y publicista español
del siglo XX, decía: “….en última instancia el objetivo del derecho
administrativo es lograr un justo equilibrio entre las potestades de la
administración y entre los derechos subjetivos de los administrados…” Ese justo
equilibrio no siempre es fácil de lograr, y por eso le digo al Magistrado Rueda
que nosotros debemos de rechazarlo porque no están legitimados y doy una razón
adicional, puede ser que la comparta o no, con el respeto y el aprecio
que le tengo, pues son temas muy opinables como todo en derecho.
Coincido tanto con la
Magistrada Rojas como con el Magistrado Rueda, que lo primero que tiene que
hacer esta Corte es determinar si es improcedente o no el recurso, así le
explico al Magistrado Rueda y aprovecho también para exponerle mi
posición a la Magistrada Rojas, en el sentido de que no es que no
tenga recursos”.
Manifiesta el Magistrado Cruz: “Es que uno de los espejismos que hay con el
tema de la corrupción es pensar que la respuesta única y eficaz es el sistema
penal y a veces es muy ampuloso, formal para ese tipo de control.
Es cierto que el Fiscal tiene
una gran responsabilidad en un sistema acusatorio, pero caben otras instancias,
el control político también es importante y tiene otra dimensión que poco se
ejerce y muchas veces el control político puede estar teñido de arbitrariedad,
superficialidad o fanatismo.
Otro tema tiene que ver con
las instancias de control ético que ya existe en la Contraloría General de la
República, muy importante, porque no está dentro de esa cantidad de garantías
significativas en un Estado de Derecho cuando alguien es señalado, lo
cual me parece necesario.
El tema de control de
participación popular, que a veces se va manifestando en distintas instancias,
tanto en su poder electoral como el de consulta tiene que ver con la valoración
y la imagen que hay sobre determinada función, que en algunas ocasiones puede
ser muy injusta porque la percepción puede ser errónea.
En muchas ocasiones pensamos
que el control de corrupción es solo en el ámbito penal, hay una gran cantidad
de valoraciones y el control político tiene una especial relevancia en el tema
del abuso de poder.
Respecto al tema de la
legitimidad, dadas la naturaleza y trascendencia de este nombramiento, no
participo de esa valoración o ese prisma procesal que han expresado, una
opinión que respeto mucho en donde han señalado como falta de legitimación
porque la elección de un Fiscal General es un acto de trascendencia, no solo
legal y constitucional sino político, considero que si alguien señala eso, se
puede resolver por el fondo, porque es un acto excepcional. Lo comprendo bien
para el resto de las cosas o de los asuntos que aquí vemos, pero si estimo que
para la elección de un Fiscal General lo es.
Esto que estoy diciendo está
señalando una deficiencia del sistema, porque nosotros nombramos una cantidad
importante de funcionarios de gran trascendencia, Jefes de Policía, Fiscal
General, y creo que debiera de tener un tratamiento procesal distinto al que
tradicionalmente haríamos para el resto de los asuntos”.
Añade el Magistrado Rueda: “Hecha la aclaración por parte del Magistrado
Castillo, creo que sería más fácil analizar propiamente el tema de la
legitimación y el aspecto que el Magistrado Castillo anexa respecto de las
implicaciones procesales por haberse emitido un acto declarativo de derechos,
si el Magistrado Castillo está de acuerdo, consignarlo como una nota de él y
los Magistrados que quieran apoyarlo, y basarnos solamente en el tema
estrictamente procesal de la legitimación.
Si quiero indicarle al
Magistrado Cruz, con todo respeto, que en los procedimientos administrativos
las reglas están establecidas para todos los casos y en mi humilde criterio, es
contrario a derecho hacer excepciones cuando ese ordenamiento jurídico no lo
prevé”.
Por mayoría de veinte votos, se acordó: Declarar como inadmisible el
recurso de reconsideración planteado por las diputadas y diputados de la
República, William Alvarado Bogantes, Marco Redondo Quirós, Laura Garro
Sánchez, Nidia Jiménez Vásquez, Franklin Corella Vargas, Rosibel Ramos
Madrigal, Marvin Atencio Delgado, Emilia Molina Cruz, José Antonio Ramírez
Aguilar, Carlos Hernández Álvarez, Javier Francisco Cambronero Arguedas,
Marcela Guerrero Campos, Henry Mora Jiménez, Gerardo Vargas Rojas, Johnny Leiva
Badilla, Patricia Mora Castellanos y Ligia Elena Fallas Rodríguez, contra el
acuerdo adoptado por esta Corte en la sesión N° 47-14 celebrada el 6 de octubre
en curso, artículo XXXIII, en que se reeligió al licenciado Jorge Chavarría
Guzmán como Fiscal General de la República, porque los diputados y las
diputadas no están legitimados para constituirse como parte en el procedimiento
para la elección de Fiscal General y conforme al artículo 55 de la Ley General
de Administración Pública, los recursos de revisión de acuerdos previamente
adoptados por esta Corte, serán presentados por quienes integren este Órgano.
Así emitieron su voto los Magistrados y las Magistradas Villanueva, Rivas,
Solís, Aguirre, Varela, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Pereira, Chinchilla,
Arias, Castillo, Rueda, Hernández, Salazar y los Suplentes y las Suplentes
Chaves Cervantes, López González, Estrada Navas y Picado Brenes.
La Magistrada Rojas y el Magistrado Cruz votaron en el sentido de que el
recurso planteado por las señoras Diputadas y los señores Diputados de la
República que se da cuenta, es admisible.
- 0 -
Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Hay una moción para
hacer un comunicado de prensa en términos generales, con motivo de lo
resuelto”.
Añade el Magistrado Solís: “Remití mediante correo electrónico a todos
los señores Magistrados y a las señoras Magistradas dos sugerencias, en
el tanto que el comunicado también incluya el principio de Transparencia y
Rendición de Cuentas ante la ciudadanía, que es una exigencia constitucional
que nosotros, no solamente como máximos jerarcas de la Corte Suprema de
Justicia, sino también en nuestra calidad de funcionarios públicos debemos
hacer.
También aprovechar dicho comunicado para hablar que es igualmente
peligroso para la independencia de las funciones del Poder Judicial, y con ella
de la labor jurisdiccional, un concepto de Poder Judicial en sentido funcional,
el ahogamiento presupuestario en que eventualmente nos tienen sometidos la
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Además, que ese
campo pagado lo sufraguemos cada uno de nosotros a prorrata, que no destinemos
dinero del Poder Judicial para ello”.
Dice
la Magistrada Varela: “En mi caso, me referí al respecto vía correo
electrónico y apoyo el planteamiento que hace el Magistrado Solís”.
Agrega el Magistrado Rueda: “Estimo que primero habría que
votar la sugerencia o no de hacer el comunicado en los términos que
está planteado o si simplemente basta con un comunicado de prensa y no con un
campo pagado, para ver si todos estamos de acuerdo con eso”.
Consulta la Presidenta, Magistrada Villanueva: “¿Estarían de acuerdo en un
comunicado de prensa o campo pagado? Magistrado Solís, ¿Usted insiste en
su posición?”
Interviene el Magistrado Solís: “Entendía que era un campo pagado, por
eso lo sugerí, porque el comunicado de prensa con costos lo publica “La
Machaca” en una de esas viñetas de críticas del Poder Judicial. Salvo que
respetuosamente lo digo, esta Corte entienda que el asunto amerita una posición
firme y que sea leída por la ciudadanía en general, podría entenderse el campo
pagado, pero si consideramos que ese es un gasto innecesario en nuestros
bolsillos, que sea un comunicado de prensa para que nadie lo lea”.
Refiere el Magistrado Salazar: “Apoyo realizar un comunicado de prensa
más que un campo pagado. Si el acuerdo que tomamos en una votación
de
No sé si hay un contrasentido, pues si es inadmisible y a la vez le
vamos a entrar por fondo para decir que hay una violación a la independencia.
En mi caso me quedaría explicando por qué es inadmisible mediante un
comunicado de prensa”.
Aclara la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Entendí que por la forma
hay diferencias y que por el fondo todos estamos de acuerdo, pero si no es así,
lo votamos.
Nos referirnos primero a si es comunicado de prensa o campo pagado, y
segundo si es inadmisible o si en términos generales sobre el fondo, que fue
también lo que se discutió y no escuché que nadie dijera nada contrario”.
El Magistrado Vega le consulta al Magistrado Solís: “En caso de que sea
un campo pagado ¿En cuál medio o medios se haría? Porque eso también
puede generar algún tipo de discusión o problema”.
Responde el Magistrado Solís: “Pienso en que podría ser el Diario Extra,
que es el más leído y que circula por todo el país, pues la ciudadanía más
humilde es la que lee ese diario, entienda con palabras claras y sencillas cuál
fue la posición, pero respeto si se adopta otra decisión”.
Manifiesta el Magistrado Chinchilla: “Podría hacerse además del comunicado, una
rueda de prensa donde se informe y ahí llegarían todos los medios de
comunicación y se vería el contenido directamente”.
Dice la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Votemos esta parte y después
analizamos la propuesta del Magistrado Chinchilla sobre la rueda de prensa”.
Señala la Magistrada Rojas: “Es para apoyar lo planteado por el
Magistrado Salazar, deberíamos primero esperar la votación, antes de tomar una
decisión sobre la publicación, porque la votación ha sido sobre declarar
inadmisible y el texto se refiere al fondo del asunto.
Sería absolutamente necesario agregar en qué consistió la votación de
mayoría de esta Corte en que se declara inadmisible el recurso, porque si no,
sería un contrasentido ir a defender por el fondo, cuando ni siquiera lo
admitimos.
Estimo que para ser coherentes, deberíamos explicar primero que
fue declarado inadmisible y hacer algunas consideraciones como las que se han
dicho, pero entrar directamente al fondo con un recurso rechazado ad portas,
pareciera que es un sin sentido.”
SALE LA MAGISTRADA PEREIRA.
Añade la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Primero analizaremos cuál
es el mecanismo y después se pueden referir a si solo admisibilidad o si todo
lo demás y esas sugerencias que se han dicho.
Votemos primero si es por medio de un comunicado de prensa o de un campo
pagado”.
Expone la Magistrada Arias: “Si decimos que es solamente por un
comunicado de prensa, estaríamos dejando por fuera la realización de una
conferencia de prensa.
Esta mañana hemos estado reunidos, pero afuera de este edificio hay una
manifestación, y si consideramos que tiene que haber una relación con la
ciudadanía, merecen una explicación.
Lo que hay que ofrecer es una explicación, no solo a los medios de
prensa, sino también a esa ciudadanía a través de esa conferencia de prensa,
porque la función del Fiscal General de la República es tan importante y
determinante en la democracia costarricense, que no solamente es enviar algo
por escrito y listo, con eso es suficiente, ¡No! Estimo que para eso hay la
posibilidad de explicar también en forma detallada qué es lo que aquí se ha
resuelto”.
Aclara la Presidenta, Magistrada Villanueva: “Vamos a votar por orden de
propuestas.
Con respecto a la conferencia de prensa no he visto ninguna
manifestación contraria, lo que hay diferencia es si es campo pagado o
comunicado de prensa.
Respecto a la conferencia de prensa, si nadie se manifiesta en contra no
es necesario votarlo y podríamos acoger la propuesta sin ningún problema.
Pero vamos primero a votar en lo que hay diferencia”.
Indica el Magistrado Vega: “Estimo que la objeción que hace el
Magistrado Solís al tema de la poca visibilización
del comunicado de prensa, podría solventarse con lo que propuso el Magistrado
Chinchilla. Es decir, si se hace el comunicado de prensa y se entrega en la
conferencia, el impacto sí se lograría y los diferentes medios de comunicación
escrita probablemente publicarían algo, por lo que se haría innecesario el
campo pagado desde mi punto de vista, si se hace de esa manera.
No veo ningún impedimento a que unamos las dos cosas, el
comunicado y la conferencia de prensa”.
Prosigue la Presidenta, Magistrada Villanueva: Estamos todos y todas de
acuerdo con la comunicación por medio de una conferencia de prensa. Entonces,
este punto estaría resuelto”.
Sin objeción
alguna, se acordó: Aclarar y hacer de conocimiento de la ciudadanía la
fundamentación de esta Corte en torno a la inadmisibilidad del recurso
planteado por las señoras Diputadas y los señores Diputados de la República,
sobre la reelección del licenciado Jorge Chavarría Guzmán, como Fiscal General
de la República, por medio de conferencia de prensa.
- 0 -
Prosigue la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “Someteré a votación lo referente al campo
pagado o comunicado de prensa. Votar uno es por hacer un comunicado de prensa y
dos por hacer un campo pagado”.
Recibida la
correspondiente votación, por mayoría de dieciséis votos, se dispuso:
Emitir un comunicado de prensa, a fin de aclarar y hacer de conocimiento de la
ciudadanía, la fundamentación de esta Corte, para declarar inadmisible el
recurso planteado por las señoras Diputadas y los señores Diputados de la
República, en torno a la reelección del licenciado Jorge Chavarría Guzmán, como
Fiscal General de la República. Así votaron los Magistrados y las Magistradas
Rojas, Aguirre, Vega, Camacho, Ramírez, Arroyo, Chinchilla, Arias, Cruz,
Castillo, Rueda, Hernández, Salazar y los Suplentes López González, Estrada
Navas y la Suplentes Picado Brenes.
Las
Magistradas Villanueva y Varela, los Magistrados Rivas y Solís, y la
Suplente Chaves Cervantes votaron por emitir un Campo Pagado sobre el tema
planteado.
- 0 -
Añade la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “Continuaríamos con el otro punto que tiene
que ver con el texto.
Se han hecho
sugerencias y tenemos un borrador sobre esa base para justificar la inadmisibilidad,
entiendo que en ese sentido han sido las manifestaciones del Magistrado
Castillo y de la Magistrada Rojas. ¿Estaríamos de acuerdo en agregar
eso?”
Interviene
el Magistrado Rueda: “Hay una duda que planteó la Magistrada Rojas, sobre que
estamos rechazando el recurso planteado por un tema estrictamente procesal, sin
entrar al fondo. La duda es: ¿Hacemos un comunicado de prensa entrando al
fondo, cuando han sido por razones procesales que realmente no hemos entrado al
asunto?”
Responde la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “Eso está decidido, porque el tema se va a
distinguir en eso, pero que en todo lo que se ha dicho no había diferencia. Ese
fue el sentimiento que percibí de la Corte ¿Estamos de acuerdo?”
Agrega el
Magistrado Vega: “Considero que tienen razón el Magistrado Castillo y la
Magistrada Rojas respecto de que algo hay que explicar sobre el tema de la
inadmisibilidad, porque de lo contrario la ciudadanía quedaría sin comprender
qué fue lo que se decidió o por qué se decidió y todo el tema de fondo me
parece que es esencial”.
Aclara la
Magistrada Rojas: “Lo que vamos a comunicar es cuáles son las razones que tiene
la Corte para no haber admitido en su mayoría el recurso, pero eso no obsta
para que en otro orden de cosas se haga unas manifestaciones que no tienen que
ver y separadamente del recurso, en términos generales, nada lo impide, podemos
aprovechar la oportunidad”.
Consulta la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “¿Así queda dispuesto?”.
Prosigue el
Magistrado Solís: “Mocioné por incorporar algo en la posición política de fondo
que vamos a asumir, haciendo la distinción con los criterios técnicos legales
de admisibilidad o no, un tema relacionado con el principio de Transparencia y
Rendición de Cuentas ante la ciudadanía y un segundo tema relacionado con la
afectación presupuestaria que en estos momentos se está tramitando en la
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que en mi
criterio, incide de manera directa y más fatal con el principio de Independencia
Judicial.
Someto eso a
sugerencia del plenario”.
SALE EL MAGISTRADO
CHINCHILLA.
Añade la
Magistrada Varela: “Lo que acaba de señalar el Magistrado Solís debemos de
unirlo con el informe que rindió la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, sobre el tema de la independencia de los Poderes, en donde señaló que
el tema presupuestario se convertía indirectamente en un factor negativo para
la independencia”.
Consulta la
Presidenta, Magistrada Villanueva: “¿Requeriría una votación o estarían de
acuerdo en que se haga una mención a esos dos puntos? Estamos de acuerdo.
Con esto,
estarían resueltos todos los puntos en relación con el tema del recurso
planteado en contra de la reelección del Fiscal General de la República”.
Sin objeción
alguna, se acordó: Que el texto del comunicado de prensa señale que esta
Corte ha declarado inadmisible la solicitud de los diputados y las diputadas de
reconsiderar la reelección del Fiscal General de la República, licenciado Jorge
Chavarría Guzmán; con fundamento en que los diputados y las diputadas no están
legitimados para constituirse como parte en el procedimiento para la elección
de Fiscal General. Además, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley
General de la Administración Pública, los recursos de revisión de acuerdos previamente
adoptados por esta Corte, serán presentados por la integración de este mismo
Órgano. También se reiterará los principios de transparencia y de
rendición de cuentas que rigen el Poder Judicial.”
De usted atentamente,
Licda. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General
Corte Suprema de Justicia
Señor presidente.
Presidente
Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado
secretario.
Continuando con los
asuntos de la primera parte del orden del día, debemos continuar con la
votación de la…, de revisión de moción sobre la Comisión Especial Investigadora
de la Provincia de Cartago.
Estaba en uso de la
palabra el diputado Marco Vinicio Redondo.
Don Marco Vinicio
Redondo, le quedan tres minutos cincuenta segundos de su tiempo.
No se encuentra el
diputado Redondo Quirós.
Suficientemente
discutida la moción.
Diputado Redondo
Quirós, le restan tres minutos, cincuenta segundos de su tiempo sobre la
revisión de la votación Comisión Cartago.
Adelante.
Diputado
Marco Vinicio Redondo Quirós:
Muchas gracias, señor
presidente.
Sí, insisto, espero que
talvez hoy podamos ver el asunto con una perspectiva diferente. No creo
conveniente que este tipo de comisiones se estén generando por imposición porque,
inclusive, quiero hacer referencia a algo que había dicho el compañero Redondo
Poveda, que desafortunadamente no está, para poder hacer referencia del asunto,
y que dicho sea de paso, tengo entendido que está fuera del país, después de
que me satanizó en algunos meses atrás cuando quiso convertirme en el diputado
viajero, pero bueno.
Lo importante es que en
lo personal y no solamente lo que he manifestado yo, sino que también existe la
manifestación de tres compañeros en su momento, nosotros nos retiramos de la
comisión, significa que nosotros no estamos creyendo en la comisión.
Sin embargo, lo que se
está planteando acá es una imposición de la existencia de la comisión.
Y también quiero hacer
referencia a algo importante que también había expresado el compañero Redondo
Poveda, diciendo de que todos fuimos juramentados, y eso es negativo.
Desde el principio, es
más, yo no voté la comisión desde el principio, pero yo no me juramenté
tampoco. Significa que mi voluntad no estuvo expresa desde un inicio y, por lo
tanto, yo les solicito a los compañeros y compañeras que a la hora de la
votación consideremos y reconsideremos de que no tenemos el deseo de que esa
comisión esté en estos momentos operando como tal, y muchísimo menos,
reiterando lo mismo que dije en la sesión anterior en que analizamos este
asunto cuando existen antecedentes importantes, en donde a la compañera Epsy
Campbell Barr no se le permitió pertenecer a la Comisión de Limón solamente
porque no vivía en Limón aunque sí fuese nativa de Limón.
¿Y cómo es posible que
ahora quieran imponer a una persona que no vive en Cartago para que sea miembro
de la Comisión de Cartago?
Desde ese punto de
vista, compañeros, compañeras, yo creo que no resulta conveniente. Se lo
solicito muy respetuosamente con…, reconsideren la votación para que no se dé
lo que en estos momentos, consideraría yo, un error político al tratar de
incorporar a una persona que no es de la región solamente para garantizar la
existencia de una comisión sobre la cual ya una proporción importante de los diputados de la región, le hemos demostrado que no tenemos
interés.
Por eso,
nuevamente, por favor, reconsideren y ojalá que no se dé luz verde para esta
integración planteada en este Congreso.
Muchísimas
gracias, señor presidente.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Gracias,
diputado Redondo.
Treinta
y seis diputados y diputadas hay en este momento en el Plenario, no podemos
proseguir con la votación.
Corren
los cinco minutos de reglamento.
Restituido
el cuórum con treinta y ocho diputadas y diputados presentes.
Continuamos
con el proceso de votación de la moción.
¿Suficientemente
discutida o algún diputado o diputada desea hablar en contra de la misma?
Diputado
Óscar López, hasta por quince minutos.
Diputado Óscar López:
Buenas
tardes, presidente.
Qué privilegio más
grande utilizar la curul de un diputado al cual respeto tanto como Javier
Cambronero, en medio de dos personas tan grandilocuentes, como es doña Emilia
Molina y el diputado Ottón Solís Fallas. Eso es un abono personal a mi cuenta
de intelectualidad, y del cual le agradezco al universo.
Presidente,
estamos a las puertas de votar una revisión, y es importante que puntualicemos
las cosas y aclarar las cosas. Lo
primero que quiero dejar claro es que yo tengo un enorme afecto por mi amigo
personal, el diputado Fabricio Alvarado. No sé si está presente el diputado
Fabricio Alvarado, si ahí está al frente, está con los de la fracción de
Liberación, porque ahí lo oigo, ¿verdad?
Una persona, que
además de que canta muy bien, excelente cantante, es un periodista profesional,
de marca mayor, y es un diputado de pleno derecho. Pero yo quiero justificarme
ante usted, mi querido amigo, Fabricio Alvarado, a quien le tengo un enorme
cariño, de que no sienta usted que en el caso de este diputado le zafa la tabla
por ninguna razón particular o personal.
Esta Asamblea
Legislativa, presidente, fue muy dura, muy dura en el análisis con la diputada
Epsy Alejandra Campbell Barr. Esta
Asamblea Legislativa no permitió que la diputada Epsy Campbell formase parte de
la Comisión de Limón, ¿lo recuerdan ustedes, señorías?
Esta Asamblea
Legislativa se paró en seco y a una diputada como doña Epsy Campbell,
afrodescendiente como es, promotora de la lucha de los afrodescendientes,
reconocida internacionalmente como es, porque me consta su excepcional trabajo
en esa línea, a la diputada Epsy Campbell, la Asamblea Legislativa de Costa
Rica no le permitió integrar la Comisión Caribe, a pesar de su hermoso color de
piel, que yo no puedo ver, pero que me han contado.
A pesar de lo que
sí puedo ver, que es su extraordinaria identificación y trabajo denodado por
estas causas, doña Epsy Campbell no participó de la Comisión Caribe, por una
razón muy sencilla, para quienes nos escuchan, porque doña Epsy Campbell Barr
no fue electa por Limón.
Esta Asamblea
Legislativa tiene cinco diputados limonenses, y doña Epsy Campbell, siendo una
mujer afrodescendiente, no es parte de esa elección. Ella fue electa por San
José, lo mismo que le ocurrió a otra maravillosa mujer, la diputada Maureen
Clarke, también una diputada afrodescendiente, una defensora extraordinaria de
la lucha de las mujeres, como la señora diputada Maureen Clarke, y tampoco
forma parte, ni forma parte de la Comisión del Caribe.
Entonces, si
aplicamos ese criterio necesariamente piensa uno que si en derecho, como dijo
aquel sabio pensador, lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso, don
Fabricio Alvarado no debería integrar la Comisión de Cartago, porque hasta
donde este cura tiene conocimiento, don Fabricio fue electo por San José, y
motivo suficiente es ese para que don Fabricio ni siquiera debió haber aceptado
la postulación a integrar la Comisión Investigadora de Cartago.
Esto no es un tema
menor, señorías, esto es un tema de derechos, y yo quería puntualizar mi enorme
respeto y mi gran cariño por Fabricio.
Fabricio Alvarado,
un gran ser humano, una persona de bien, una persona que aquí ha venido a alzar
la bandera de los derechos, del cristianismo, de la decencia, y con todo el
derecho del mundo lo hace, porque lo conozco, y puedo dar fe de que Fabricio
Alvarado es de verdad, no es una persona de medias tintas ni de dobles
discursos, ni de una impostación en las creencias espirituales que pondera.
Lo conozco, y puedo
meter mis manos en el fuego por sus convicciones espirituales, pero si yo soy
una persona justa en mi comportamiento legislativo, no puedo apoyar el que don
Fabricio forme parte de la Comisión de Cartago, porque sería lesionar, de una
forma penosa, a una dama como doña Epsy Campbell, y aquí hay que ser correctos
en nuestro actuar.
Si a doña Epsy,
teniendo toda la acreditación, toda, excepto una, no haber sido electa por los
limonenses, porque fue electa por los josefinos, y ese fue el óbice para que
doña Epsy Campbell no ingresase a la Comisión del Caribe, amando como ama a esa
región, formando parte familiarmente, ancestralmente y por muchos otros
aspectos con esa provincia, no se le permitió, debemos ser acá correctos en
nuestro actuar.
Entonces, desde
esa perspectiva, se va a votar acá una moción de revisión, ¿Cuál es el consejo
que da este diputado?, pongámonos de pie, señoras diputadas y señores
diputados, y aprobemos esta revisión, seamos justos con el principio general
del derecho de la igualdad.
Si con doña Epsy
Campbell, quien no me ha pedido que hable por ella, quien no sabía que yo iba a
hacer uso de la palabra, si con doña Epsy Campbell fuimos hasta flageladores en
el análisis, para evitar a toda costa que formase parte de la Comisión Caribe,
no es de recibo que un diputado que no fue electo por los cartagineses, integre
la Comisión Cartago, lo digo por don Fabricio como lo diría por cualquier otra
diputada o cualquier otro diputado, incluyéndome.
La Comisión de
Heredia es de los heredianos; la Comisión de Puntarenas es de los
puntarenenses, y si se dijo acá que la Comisión de Limón era de los electos por
Limón, la de Cartago debe ser de las y los electos por Cartago, caso del cual
don Fabricio Alvarado, completamente, está fuera de lugar, por haber sido
electo por los josefinos.
Reitero, señoras
diputadas, señores diputados, y espero que mi compañero y amigo don Fabricio
haya comprendido la profundidad de mis palabras en el ámbito puro y simple de
la rectitud a la hora de comportarnos en la Asamblea Legislativa, que esto no
atenta con la gran capacidad y el respeto, y el enorme aprecio que le tengo, y
que esto, simplemente es para hacer justicia a una diputada a la cual acá,
algunos con razón y otros sin razón, le impidieron integrar la Comisión Caribe
para que fuese solamente diputados limonenses.
Pues que la de
Cartago sean solamente diputados Cartagineses, eso es lo que pensamos y así es
como deberíamos actuar.
Entonces, reitero, señorías, cuando
se ponga a votación en este momento la moción de revisión nos pondremos de pie
y votaremos la revisión para luego revisar la conformación como corresponde de
la Comisión Investigadora de Cartago como debe ser de diputadas y diputados
cartagineses. Y quiero decir con cartagineses electos, electos por los votantes
cartagineses.
La misma medida que se le aplicó a la diputada Campbell tiene que
aplicarse en este caso; de lo contrario, nosotros estaríamos atentando con la
buena forma de actuar en esta Asamblea Legislativa.
Muchísimas gracias, señorías, y a
ponerse de pie todos con la revisión de esta moción.
Gracias, buenas tardes.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado don Óscar López.
¿Suficientemente discutida?
Quedan seis minutos cincuenta y seis segundos, don Fabricio, si usted
desea utilizarlos.
Diputado Fabricio Alvarado Muñoz:
Tiempo suficiente, señor presidente.
No, yo agradezco después de este discurso del señor Óscar López, tengo
mis dudas sobre si el 2 de febrero Óscar votó por él mismo, por doña Epsy
Campbell o por mí, pero…, muchas gracias, Óscar, el mismo aprecio, de verdad,
el mismo aprecio y la misma consideración.
Y entendiendo los argumentos de Óscar, yo pues quisiera nada más hacer
un par de comentarios relacionados por un lado con el argumento del señor Marco
Redondo en el sentido de que somos diputados nacionales, pero por otro lado
aduce que alguien que no es de Cartago no puede pertenecer a la comisión.
Yo estoy de acuerdo con don Marco en el sentido de que somos diputados
nacionales, y eso me permite a mí, aun habiendo sido electo por San José,
trabajar por cualquier otra provincia que así lo requiera, y así lo hemos
hecho.
De hecho, hemos tenido reuniones, hace poco tuve una reunión con la
señora alcaldesa de Turrialba para ponerme a sus órdenes en medio de la
situación de emergencia que se vive con el volcán Turrialba.
Y yo considero que el argumento de que somos diputados nacionales
precisamente abre la puerta para que un diputado en una situación especial como
la que se vive en este momento pueda pertenecer a una comisión que no sea
necesariamente la de su provincia, tal es el caso del diputado Gonzalo Ramírez
que es diputado…, electo por San José y es parte de la comisión de la provincia
de Heredia. También el caso de Mario Redondo, que no siendo diputado electo por
San José, más bien, no siendo diputado por Puntarenas, siendo diputado por
Cartago, pertenece a la Comisión de la Región Brunca.
En este caso en particular, yo quiero que los diputados que no conocen
la situación la tengan clara. La
Comisión de Cartago originalmente fue conformada por diputados solo de Cartago,
como en efecto indica o por lo menos como indica don Óscar que debería de ser;
sin embargo, en medio del proceso hay tres diputados que renuncian a esta
comisión, diputados de Cartago, que son la diputada Emilia Molina, el diputado
Marco Redondo y el diputado Jorge Rodríguez, por lo cual la conformación queda
de cuatro diputados.
Y lo que se me ha pedido es ayudarles a los compañeros de Cartago que sí
desean pertenecer a esta comisión formando parte yo también de esta comisión
para lograr que el número de diputados sea un número impar. Quedaría en cinco
diputados la comisión, lo cual es lo que se aplica prácticamente en todas las
comisiones de este Parlamento para efectos de las votaciones que se realizan.
Yo accedí a apoyar al compañero Mario Redondo que me hizo expresamente
la petición con la venia de los otros compañeros de Cartago que aún pertenecen
a la comisión, y estoy en toda la disposición de trabajar y ayudar en los
proyectos que se vean en esa comisión para la provincia de Cartago.
Así que les repito, yo creo que aquí no es un tema de por dónde habíamos
sido electos. Yo entiendo el punto que menciona el diputado López, pero me
parece que en aquel momento se tomó en cuenta precisamente que la conformación,
por ejemplo, de Limón ya reunía las características y los requisitos de ser una
cantidad impar para conformar la comisión.
Así que, aun no siendo yo diputado electo por Cartago, me considero
precisamente y agarrando el argumento que está utilizando el diputado Redondo
Quirós, soy diputado nacional y puedo trabajar por cualquier provincia que así
lo requiera y estamos en la disposición, y así se lo indiqué a los compañeros
de Cartago.
Así que más bien mi recomendación es no aprobar esta revisión porque de
mi parte está la disposición a apoyar esta comisión que fue aprobada en este
Parlamento precisamente en una votación.
Aquí es un tema de cambiar la numeración, cambiar la cantidad de
diputados para que pueda quedar en un número impar.
Muchas gracias.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado Fabricio Alvarado.
Diputado Óscar López, adelante, tres minutos.
Diputado Óscar López:
Gracias, presidente.
Bueno, yo creo que la explicación de Fabricio es de conformidad con su
conocimiento la que debía ser, pero, presidente, si los cartagineses, y me
refiero a los diputados de la provincia, que son siete, se están retirando de
la comisión, bueno, analícese entonces la viabilidad de desconvocar esa
comisión, simple y sencillamente.
Si los integrantes no quieren comisión, pues no hay comisión, esa es la
lógica, y no sustituciones de uno, de otro, y no es del caso de Fabricio
Alvarado, lo aclaro una vez más, porque Fabricio es un amigo al que yo quiero
muchísimo, yo no lo quiero personalizar en una…, en don Fabricio, sino en que
si eran siete y ya vamos por cuatro, renuncia uno, renuncia otro, renuncia
otro, lo correcto es revisemos esta votación y revisemos la integración de la
comisión y la voluntad de los diputados de la provincia de Cartago a que
verdaderamente quieran o no quieran comisión.
Ese es el tema, más allá de la voluntad que tiene el diputado Alvarado
de querer trabajar, de formar parte de una comisión o de otra, de otra que eso
acá es incuestionable.
Pero si los diputados originarios, porque hay que decirles a los oyentes
y a las personas que nos siguen, que en principio los siete diputados electos
por Cartago formaron una comisión, y si esa misma comisión la han venido ellos
desnaturalizando con sus renuncias, pues, ¿qué va a terminar siendo? Una comisión de diputados electos por otras
provincias, pero se llama comisión de Cartago.
No, no lo acepto, y no acepto los argumentos de Fabricio porque esos
argumentos van en detrimento de una diputada como doña Epsy Campbell a quien no
le permitieron integrar la Comisión Caribe.
Y yo no voté por doña Epsy el 1º de mayo, pero si tuviese que votar por
ella lo haría, don Fabricio, con todo el honor del mundo, porque es una persona
absolutamente honorable.
Aquí no es un tema de por quién votamos el 1º de mayo, el tema aquí es
que la Comisión de Cartago ha venido sufriendo renuncia tras renuncia, y si los
diputados de Cartago no quieren comisión, no la sostengamos a la fuerza
nosotros, simplemente no la sostengamos a la fuerza. Esa es mi posición muy
respetuosa.
Pido que nos levantemos y revisemos esta moción como corresponde.
Gracias, señorías.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado.
¿Suficientemente discutida?
Procedemos a la votación de la misma.
Por favor, verificamos cuórum.
Cuarenta diputados.
Cerramos puertas.
Diputadas y diputados, favor asumir curules.
Gracias.
Las diputadas, los diputados que estén de acuerdo en aprobar la moción
de revisión que hemos discutido, sírvanse ponerse de pie. Cuarenta diputadas y diputados presentes;
diez a favor, treinta en contra. La
moción ha sido rechazada.
Pasamos inmediatamente a la segunda parte de la sesión.
Por el orden, diputado Fabricio
Alvarado, dos minutos.
Diputado Fabricio Alvarado
Muñoz:
Gracias, gracias, señor
presidente.
Voy a solicitar,
por favor, un receso de treinta minutos, avalado por las fracciones de la
Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional y Accesibilidad Sin Exclusión
para una conferencia de prensa de un nuevo proyecto de ley sobre el tema de bullying o acoso estudiantil que
estaremos presentando, le repito, en el Salón de Expresidentes.
Le agradeceríamos
conceda ese receso, señor presidente.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Treinta minutos,
adelante.
Han terminado los
treinta minutos de receso.
Se encuentran
veinte diputados en el Plenario.
Corren los cinco
minutos de Reglamento para la restitución del cuórum.
Con treinta y
nueve diputadas y diputados en el Plenario, se restituye el cuórum y la sesión
plenaria.
Habíamos ingresada
a la segunda parte de la sesión.
Expediente N.º 19.293, Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015
Expediente 19.293,
Ley de Presupuesto
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015.
Se
ha presentado una moción de orden para convertir el Plenario en comisión
general, la cual procedemos a conocer, del diputado Ortiz Fábrega.
Moción de orden
Del diputado Ortiz Fábrega:
Para que de acuerdo al inciso 1 del Artículo 179 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, el Plenario Legislativo se convierta en Comisión General
para conocer el Proyecto de Ley en discusión.
Don Rafael Ortiz.
Diputado Rafael Ángel Ortiz
Fábrega:
Gracias, señor presidente.
Voy a solicitar, respetuosamente, al
Directorio, a la mesa que vamos a retirar la moción, retiramos formalmente la
moción presentada.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Gracias, don Rafael, se retira la
moción, entonces.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate, de acuerdo al debate reglado acordado en jefes
de fracción. Inicia, con treinta minutos, el Partido Liberación Nacional.
Don Juan Luis, ¿me podría explicar
el orden de los oradores?
Diputado
Juan Luis Jiménez Succar:
Señor presidente, señoras y señores
diputados.
La fracción del Partido Liberación,
en razón de ser la primera en el uso de la palabra el día de hoy, hemos
considerado en darle los veinte minutos, de los treinta, a don Ottón Solís,
como presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios para que él inicie la
introducción de la discusión del presupuesto ordinario y extraordinario de la
República para el año 2015.
En consecuencia, nosotros tenemos
treinta minutos, si él necesita más de esos veinte minutos, nos lo comunica,
porque nos estaría devolviendo los veinte minutos del Partido Acción Ciudadana.
Muchas gracias.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Gracias, diputado Jiménez Succar.
Tiene la palabra el diputado Ottón
Solís, por veinte minutos.
Diputado
Ottón Solís Fallas:
Gracias, diputado presidente, y
gracias, diputado jefe de fracción, Juan Luis Jiménez Succar.
Durante la campaña política, el
Gobierno de la República y el equipo económico de don Luis Guillermo Solís
anunció que no se iba a empezar con un plan de impuestos, para enfrentar el
déficit fiscal, el serio déficit fiscal heredado por la acumulación de excesos
de gastos sobre ingresos de las dos últimas administraciones, y que se iba a
dar un período de tiempo para demostrar que se iban a cobrar bien los
impuestos, en primer lugar.
Y en segundo lugar, que se iba a
hacer recortes en diversos rubros del presupuesto, que se consideraban
innecesarios o superfluos.
Y, efectivamente, el Gobierno
comenzó anunciando un decreto para congelar plazas vacantes, un decreto para
limitar gastos superfluos por un monto de cuarenta mil millones de colones, y
también iniciando acciones agresivas del cobro de impuestos, que hoy le han
permitido cerrar varios negocios muy grandes, en razón de no responder a las
obligaciones tributarias que nuestra legislación exige.
Sin embargo, el proyecto de ley de
presupuesto enviado por el Ejecutivo contiene un incremento del gasto del diez
punto siete por ciento.
Un día de estos lo aclaraba acá, no
es un diecinueve por ciento como se ha dicho, ese diecinueve por ciento
contempla la amortización de deuda, y nosotros no podemos atribuirle a esta Ley
de Presupuesto obligaciones de pago de deuda que obedecen a la historia de
endeudamiento del pasado, debido al déficit fiscal del pasado.
Pero aun así, el incremento del
gasto del diez punto siete por ciento duplica la inflación programada para el
año entrante, que es de cuatro por ciento en promedio. La duplica cuando ya
tenemos un déficit fiscal peligroso: seis por ciento de déficit, que es lo
originalmente programado para este año 2014. Ya plantea una situación compleja,
es el segundo déficit más elevado de América Latina, después de Venezuela.
Y ese déficit es así de elevado a
pesar de que las tasas de interés, que determinan en parte el déficit, por el
monto de intereses para servir la deuda, están a un nivel tan bajo como
históricamente no se habían visto. Y eso a pesar de que los gastos en
infraestructura y en otros rubros de vital importancia para el país no alcanzan lo que todos
quisiéramos.
Entonces, el déficit potencial, si
consideramos que en dos, tres años las tasas de interés se van a haber
incrementado, como lo hemos visto ya, aunque levemente en los últimos meses, el
servicio de la deuda va a significar una carga muy onerosa.
El déficit es tan elevado,
compañeras y compañeros diputados, es tan elevado que estamos financiando el
pago de intereses con más crédito. En el presupuesto del 2015 existen
obligaciones para pago de intereses de novecientos veintiún mil millones de
colones.
¿Y saben cuánto de esos intereses se
van a pagar con ingresos tributarios, es decir, con ingresos sanos? Exactamente
cero, porque más bien los ingresos corrientes no solo no alcanzan para pagar
intereses, sino que ni siquiera alcanzan para pagar los gastos corrientes y los
gastos de capital.
Ahí tenemos un déficit programado,
en el presupuesto que estamos discutiendo, del tres punto seis por ciento del
PIB; o sea, estamos en una situación delicadísima, en la cual debemos pagar
intereses con más intereses.
Cualquier persona que tenga un
negocio sabe lo que significa endeudarse para pagar intereses, y cuando los
intereses van a un ritmo creciente, la proyección geométrica del crecimiento,
del rubro de intereses hacia futuro, será totalmente gravosa.
Y por eso es necesario, compañeras y
compañeros diputados, hacer un esfuerzo adicional al que hizo nuestro excelente
ministro de Hacienda en su negociación con los jerarcas de las instituciones,
cuyos títulos presupuestarios son sujetos de atención en esta Ley de
Presupuesto para recortar gastos.
Porque si no, va a ser
muy difícil para nosotros que somos responsables, contrario a lo que de alguna
manera insinuaba mi querido compañero diputado Redondo Quirós, que el
presupuesto es un tema del Poder Ejecutivo; el presupuesto es un tema íntimo de
la Asamblea Legislativa.
A mí no me gusta estar
citando, porque todos la sabemos, la Constitución, pero el inciso 11) del 121,
nos da como una de las obligaciones dictar el presupuesto de la República.
Y no es nada más
revisarlo y votarlo, porque para qué todo este procedimiento tan caro, a
nosotros nos toca opinar por el fondo del presupuesto. La Constitución en el
179 dice exactamente lo único que no podemos hacer nosotros en la discusión
legislativa, y lo único que no podemos hacer es aumentar los gastos
presupuestados por el Poder Ejecutivo.
O sea, nosotros no
podemos pasar de siete punto nueve billones, pero todo lo demás lo podemos
hacer, y eso con claridad lo reconoce el Poder Ejecutivo, el señor ministro de
la Presidencia. El obispo luterano, don Melvin Jiménez, le dice en una carta
que le envía al Partido Unidad Social Cristiana el 26 de setiembre: La
definición del presupuesto nacional para el 2015 es una responsabilidad
compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; por esa razón,
consideramos que el esfuerzo y aporte que ustedes nos brinden, o sea, los
diputados y diputadas, mediante propuestas específicas coadyuva a la búsqueda
de soluciones.
Y más adelante dice un
mandato o una interpretación de nuestro ordenamiento legal mucho más
contundente, dice: La exigencia nacional en sanear las finanzas públicas nos
obliga a todos los actores políticos nacionales representados en la Asamblea
Legislativa a procurar las soluciones necesarias.
Así que no nos sintamos
inhibimos, cohibidos o tímidos a la hora de intentar ayudar al Poder Ejecutivo
a arreglar el problema, el serio problema del déficit fiscal que tenemos.
Y el problema es
complicado, hay personas que creen que esta situación es normal. Ustedes saben
que un déficit primario casi nunca hemos tenido en Costa Rica, antes del año
2009, donde comienza un periodo de déficits primarios hacía quince años no
teníamos un déficit primario. Teníamos déficit fiscal por los gastos
financieros, los gastos de intereses, pero los ingresos corrientes al menos
permitían financiar, o sea, los ingresos tributarios, los gastos corrientes y
los gastos de capital, los gastos sin inversión. Es a partir del 2009 que
comienza esta situación delicada que tenemos.
Por eso en la Comisión
de Hacendarios un grupo de diputadas y diputados nos abocamos.
Aquí hoy día al
interior de mi querido partido se habla de que yo tengo una alianza, que Epsy y
yo tenemos una alianza con Liberación y la Unidad. Aquí nadie hizo alianzas,
aquí anunciamos independientemente cuando yo vi el presupuesto el 1º de
setiembre esa misma noche y vi que tenía un déficit programado del seis punto
siete por ciento, dije: yo voy a votar ese presupuesto porque es el de mi
partido político, pero voy a dar una pelea para mitigar las consecuencias de un
déficit fiscal.
Y hablé y vi los
números y la factibilidad de que se recortase un uno por ciento del PIB que son
aproximadamente trescientos mil millones de colones de acuerdo al PIB
programado para el año entrante por el Banco Central.
Y resultó que varios de
los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa tenían el mismo
compromiso y con valentía así lo expresaron, y se unieron y nos unimos a dar
una pelea para ayudarle al Poder Ejecutivo y complementar las tareas que había
iniciado don Helio Fallas, el ministro de Hacienda, cuando negoció con cada
ministro.
Diputadas y diputados,
el primer día que discutimos esta ley de presupuesto aquí se dijeron algunas
cosas de diputados que como a todos yo respeto profundamente.
El diputado Ramírez
Aguilar hizo una exposición, nos leyó una exposición sesuda, organizada, pero
que me parece que tiene algunos errores.
El diputado Ramírez
Aguilar dice, haciendo, trayendo a colación un keynesianismo que no se aplica
en estas circunstancias, que una forma de reactivar la economía es esta: gastar
y gastar. Qué fácil sería, amigas y amigos diputados, si con solo gastar más
reactivamos la economía.
¿Por qué entonces tenemos las tasas de
desempleo del ocho y más por ciento que tenemos si simplemente gastando más
vamos a reactivar la economía? Eso opera en economías que tienen, sí, alto
desempleo, pero que son casi cerradas, de tal manera que cualquier exceso de
gastos sobre ingresos públicos o privados activa la producción nacional, porque
la demanda se expresa sobre la producción nacional.
Eso es cierto además en
economías que aunque sean abiertas son muy competitivas, de tal manera que el
incremento en la demanda significa producción interna porque compite con las
importaciones.
Pero nuestra economía
es frágil, porque el modelo económico no se ha concentrado en los factores de
productividad y tenemos un déficit en la cuenta corriente que supera el cinco
por ciento del PIB, un déficit peligroso, que se ha llenado el vacío y no se ha
expresado en tasas de interés y devaluación, debido a la importación de
capitales que significa un endeudamiento privado y público permanente.
Pero sería muy fácil si
nosotros de veras arregláramos los problemas de producción, empleo, simplemente
gastando más.
Por otra parte, se dijo
que recortar el presupuesto tenía efectos sociales. Eso depende de dónde se
recorte. Y ante las voces de alarma que escucho de algunos ministros, que estoy
seguro, porque les conozco y son serios, no han estudiado los recortes, si de
veras hubiese una partida que sea recortada o que es importante, el artículo 45
de la Ley 8131 de presupuestos públicos permite hacer transferencias
horizontales.
Pero además nosotros
podríamos hacer aquí un presupuesto extraordinario que tienen procedimientos
privilegiados en mes y medio estaría fuera para arreglar eso.
Y yo desde aquí le
sugiero al Poder Ejecutivo, si es así la situación, vayan pensándolo. Eso sí,
no nos envíen un presupuesto extraordinario para incrementar gastos, se
trataría de transferencias horizontales que mantengan el gasto en el que espero
que salga aprobado por este…, de la ley de presupuesto si aprobamos el dictamen
de mayoría.
Lo que sí afecta el
desarrollo social de un país, compañeras y compañeros diputados, y todo esto es
repetir lo que todos sabemos es una situación fiscal complicada, porque la
situación fiscal complicada conduce a elevadas tasas de interés y, por lo
tanto, caídas en la producción, costos más elevados de pagar; por ejemplo,
deudas por artículos de consumo o por vivienda e inflación, es decir, pérdida
de poder adquisitivo.
Decir inflación es lo
mismo que decir pérdida de poder adquisitivo, y son los sectores de menores
ingresos los que menos posibilidades tienen de inflar, de incrementar sus
ingresos.
No hay una ruta más
corta para una crisis social que un desastre fiscal como este país lo
experimentó a inicios de la década de los ochenta y como lo han experimentado
muchos otros países.
Y el deterioro social
se da no solo por la inflación, las tasas de interés, la devaluación y el
desempleo que esto genera, sino porque cuando la situación fiscal es muy
difícil el país deja de ser sujeto de crédito de la banca privada internacional
y de los mismos potenciales acreedores nacionales.
Y resulta que solo
el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Tesoro Norteamericano nos prestan
dinero, pero nos lo prestan a cambio de condiciones, que por lo general
significan privatizar, reducir programas sociales y afectar el desarrollo
social de los países.
La ruta más corta
hacia el neoliberalismo no es estos recortes, como se afirmó acá hace unos
días. Esto no es neoliberalismo, esto es defender las finanzas del Estado. El
neoliberalismo no cree en el Estado, los que somos estatistas somos los
primeros responsables de que las finanzas de esa cosa que nos gusta tanto, del
Estado, estén bien.
¿Qué paradoja
sería que tengamos un negocio que lo apreciamos mucho y lo tengamos en
crisis? El neoliberalismo es destruir al
Estado y el Estado se destruye y sus funciones se debilitan, y se es necesario
privatizar y cortar programas sociales cuando hay crisis fiscales. Costa Rica lo vivió y acaba de vivirlo todo
el mediterráneo europeo.
Hoy en día, las
universidades españolas reciben del presupuesto público un quince por ciento,
menos de lo que recibieron hace cuatro años, en el 2010. La evidencia de los
recortes, las pensiones en los salarios en Italia, España, Portugal, Grecia,
del despido de personal a granel, resultante únicamente de una crisis fiscal
que no se controló a tiempo, porque cuando las crisis fiscales superan ciertos
límites, no hay control.
Recuerden, nuestro
periodo 80-82, lo que pasó en este país, y lo que hubo que hacer para
controlar, pero a los que más nos molesta la imposición neoliberal
─diputado Ramírez Aguilar, a usted y a este servidor, a los que más les
molesta─, esa crisis abrió las puertas para que el Fondo Monetario, el
Tesoro Norteamericano, el Banco Mundial y el BID dictaran hasta las comas de la
política económica de este país. Eso sí es una ruta corta al neoliberalismo, y
si vemos lo que resultó con el Perú de Alan García, lo mismo.
Por eso hoy los
países gobernados por izquierdas y derechas que se ufanan de algún nacionalismo
manejan las finanzas públicas con disciplina, con decencia.
Aquí tengo los
datos del superávit fiscal que tiene Evo Morales, siglo XXI, socialismo, aliado
del finado presidente Chávez, desde el 2009 las tiene en superávit y andan por
el mundo proclamando con orgullo la disciplina fiscal. Igual ocurre con Correa, el presidente
Correa, igual del ALBA, aliado de Chávez, en Ecuador. Igual ocurre con Mujica, en Uruguay, tiene
ahora un déficit del tres punto uno por ciento y está preocupadísimo el
presidente Mujica y el déficit está en la mitad del déficit, menos de la mitad
del déficit programado en este presupuesto.
Entonces, déficit
fiscal no tiene nada que ver con izquierda o derecha, los que queremos que el
Estado funcione debemos preocuparnos por el manejo de las finanzas públicas,
los que queremos tener soberanía y manejo de la política económica y social y
que no vengan otros a decirnos qué hacer, debemos tener preocupación.
Yo, por otra
parte, veo regímenes de centro derecha, como el de Óscar, el expresidente Óscar
Arias, y no fue cuidadoso con el manejo de las finanzas públicas.
Entonces,
diputadas y diputados, yo creo que el tema de la ideología no tiene que ver con
el esfuerzo de los recortes, el esfuerzo de los recortes; sí tiene que ver con
ideología, tiene que ver con las ideas progresistas de aquellos que creemos que
el Estado debe ser fuerte, independiente, y tomar decisiones y hacer programas
sociales e invertir en las pymes, y tener un papel que compita con el del
sector privado en la promoción del desarrollo.
Pero un Estado
quebrado es un Estado débil, inoperante, que no sirve para nada, y un seis por
ciento de déficit fiscal es estar quebrado, pagar con intereses, con nuevo
crédito, es estar quebrado. ¿O ustedes no han tenido problemas con su tarjeta
de crédito y tienen que pedir prestado para pagar los intereses?
No entender esto,
compañeras y compañeros, es, esto es matemáticas, esto no es otra cosa que
matemáticas.
Se ha dicho aquí,
diputadas y diputados, se ha hablado de las leyes, de las leyes que nos
obligan. Diputadas y diputados, si fuera por las leyes, al Poder Judicial
habría que quitarle más o menos ciento cincuenta y dos mil millones de colones
del presupuesto. La ley lo que nos
obliga en la Constitución y en las leyes es a darle al menos el seis por ciento
de los ingresos corrientes; eso serían doscientos cincuenta y dos mil millones
de colones. Y el presupuesto que nos envía aquí la Corte, y aprueba el
Gobierno, es de cuatrocientos tres mil millones; le logramos recortar cinco mil
millones en este presupuesto, en este dictamen de mayoría.
Aun así, está
sobrepasado, o sea, en lugar del seis por ciento, aun así la Corte va a recibir
el nueve punto seis por ciento, el Poder Judicial, tres puntos seis por ciento
más que lo que nos obligan las leyes.
Entonces, si
hablamos de leyes y Constitución, la Constitución dice y las leyes, la Ley de
Presupuestos Públicos, no se pueden tener más gastos que los ingresos
corrientes, y tenemos ingresos corrientes de cuatro punto dos y gastos
corrientes de cinco punto ocho billones. Estamos totalmente excedidos,
entonces, si fuéramos a aplicar las leyes, aquellos que creemos en recortes,
ganamos la pelea.
Tengamos cuidado
cuando recurrimos a esto de las leyes, porque hay un acumulado de problemas;
entonces, no podemos, a la ligera, acudir a las leyes en los casos que nos
sirven, y cuando no nos sirven, pues, no hacer nada.
Recortes…
¿Eso significa que
terminé? Todavía no he terminado de recortar, diputado.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Don
Juan Luis dijo que podía seguir.
Diputado Ottón Solís Fallas:
…me
había ofrecido más tiempo…
Gracias,
gracias diputados, diputados colegas en esta pelea.
Diputadas y
diputados, aquí dijo el diputado Ramírez Aguilar y algún otro que estos
recortes significaban reducir el tamaño del Estado, ¿qué tiene que ver esto con
reducir el tamaño del Estado?, ¿qué tienen los recortes en viajes, en viáticos,
en remuneraciones?, ¿qué tiene que ver esto con reducir el tamaño del Estado?
Reducir el tamaño
del Estado es privatizar, cerrar programas, aplicar la ideología neoliberal al
Estado. Esto es no reducir el tamaño del Estado, sino fortalecer las funciones
del Estado teniendo finanzas sanas.
Se dijo también,
por parte de mi compañero diputado, el diputado Redondo Quirós, que esto era el
inicio de un nuevo rumbo. Con todo
respeto, diputado, compañero de fracción, este presupuesto es seguir con el
mismo rumbo que venimos de déficit fiscal, es venir con la inercia, es pasar de
lo que viene ocurriendo: déficit fiscal tres punto cuatro en el 2009; cuatro
punto uno en el 2011; cinco punto cuatro en el 2013; seis punto cero en el
2014, y ahora viene un presupuesto con seis punto siete para el 2015. Esto no
tiene nada de cambio de rumbo, esto es continuar por donde veníamos. El cambio de rumbo es ponerle un freno al
irresponsable manejo de las finanzas públicas que hemos experimentado en los
últimos ocho años.
En el sector
público, compañeras y compañeros diputados, existen desperdicios a granel, y
toda institución dice que no se puede recortar, toda institución habla de que
es imposible recortar; sin embargo, yo vi aquí a los ministros llegar con seis
y siete asesores a la Comisión de Hacendarios, ¿qué es, que no tenían trabajo
en las oficinas?
Y constantemente en lo grande y lo
pequeño vemos los desperdicios abrumadores que se dan en el sector público, y
siempre se justifica como gastos vitales.
Costa Rica ha pasado por procesos
muy dolorosos por no asumir estas tareas con responsabilidad. Nosotros tenemos,
el Partido Acción Ciudadana, un programa de inserción del Estado en el
desarrollo tecnológico, en la protección del medio, en la promoción de la
pequeña y mediana empresa, en el autoabastecimiento alimentario, en la
construcción de infraestructura, no siempre dando a los negocios privados por
concesión, sino haciéndolo el Estado.
Tenemos un programa de desarrollo
que demanda un Estado con finanzas para hacerlo. Si no tenemos finanzas sigamos
dando en concesión todo, que los muelles los haga el sector privado, que las
carreteras las haga el sector privado, y que nos acomodemos, como se ha venido
haciendo ante las trasgresiones de los contratos, porque el Estado no tiene
dinero.
¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos en el Partido Acción
Ciudadana, seguir por la ruta de un Estado desfinanciado, o por lo menos usar
la excusa del desfinanciamiento para decirle al sector privado haga esto, y
para seguir debilitando los programas del Estado?
Yo creo que esa no es la ruta. Esa ruta nos tiene no solo con un déficit
fiscal, sino con un déficit social enorme, un país que desde el año 91 no
reduce la tasa de pobreza, y está oscilando en alrededor del veinte por
ciento.
Estamos hablando de veintitrés años, de veintidós años, veintitrés años
en que el número de personas en situación de pobreza, bajo la línea de pobreza,
se ha incrementado el uno punto veinticinco promedio por año, y un país en que
el coeficiente de Gini, o sea, el índice que mide la distribución del ingreso
se ha deteriorado.
Nosotros éramos una estrellita en el firmamento latinoamericano en ambas
variables. Hoy día estamos en el nivel de la mediocridad que caracteriza a este
el continente más desigual de todos los cinco continentes de este planeta.
Entonces, no estamos bien en lo económico, estamos gastando mucho y la
economía creciendo lentamente a una tasa raquítica del tres al cuatro por
ciento, y en lo social sufriendo deterioros muy grandes.
¿Creemos que eso se va a arreglar con déficit fiscal, es decir con las
presiones sobre los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio? ¿Creemos
que un Estado débil con déficits crecientes pagando todo en intereses y
poquísimo en obra, es el Estado que nos arregla el tema de la competitividad,
la infraestructura y el desarrollo social? ¿Creemos nosotros que siguiéndonos
endeudando —porque la consecuencia del déficit es más deuda, y por lo tanto,
más pago de intereses—… a concebir este enorme déficit y estar tranquilo con
él, es decir, queremos que se gaste en eso, no en programas sociales ni en
carreteras, sino en intereses a los dueños de la deuda que tiene Costa Rica?
.
Les reitero, estamos pagando novecientos veintiún un mil millones de
colones en intereses por esos déficits acumulados. ¿Cuánto no haríamos con ese
dinero si lo destináramos, o por lo menos una parte de él, reduciendo la deuda
que requiere de una reducción del déficit fiscal para poder reorientar esos
recursos a lo que tenemos que hacer?
Pero en esta estrechez en que estamos, fiscal, no queda más que decir sí
a ciertas tareas en que el sector privado se ha metido por la ruta de la
concesión, porque si el Estado no tiene recursos, no puede hacer ni lo social
ni lo económico.
Así que, diputadas y diputados, este es un tema que tiene que ver
íntimamente con el modelo de desarrollo, con el estilo de crecimiento, con las
posibilidades de invertir en el desarrollo social.
No conozco un país con crisis fiscal, y agradecería que me lo enseñen,
que esté asociado ese período con desarrollo social, o con crecimiento
económico, no lo conozco.
Si ustedes creen que fue solo el período mal llamado período de Carazo
en que la…, el déficit fiscal terminó en una crisis profunda social y una tasa
de desempleo del dieciocho por ciento, una caída en la economía, en el PIB
acumulado, del quince por ciento, una inflación del ochenta por ciento.
Si ustedes creen que este es el único país que la crisis fiscal expresó
sus consecuencias en esa ruta, están equivocados, no hay un país en que tenga crisis
fiscal que no se incremente la pobreza, el desempleo, que el crecimiento
económico no caiga, y que no termine en los regazos de los organismos
financieros internacionales violentando la soberanía.
Estamos en una situación complicada, y es el momento para que
fortalezcamos al Estado, hoy con recortes, y yo espero pronto con un paquete
fiscal integral, como el que se había negociado entre Liberación, y el PAC; un
paquete fiscal que sube la carga tributaria y nos permita gastar con
tranquilidad, recortes ahora para demostrarle a los que tienen dudas sobre la
calidad de gestión del PAC que nos permitan validar un paquete fiscal, que nos
permita arreglar, por lo menos, el déficit primario.
Yo les digo, sobre todo a los estatistas en esta Asamblea Legislativa,
sobre todo a la gente que cree en un papel del Estado importante y creo que la
socialdemocracia, que dicen están reconstruyendo en Liberación Nacional es eso,
creo que el calderonismo original que dice que están recurriendo al PUSC es
eso, creo que el Frente Amplio, que se identifica con el Estado social de
derecho y sobre todo creo que mi partido concibe el desarrollo otorgándole un
papel vital al Estado, un Estado quebrado, es un Estado vergonzoso, sujeto a
presiones de fuera, sujeto a que se privatice todo, a que se dé en concesión
todo, a que no haya programas sociales, a que no se incremente los salarios, a
que no se incrementen las pensiones, un Estado con finanzas sanas nos permite
hacer todo lo contrario.
Así que, diputadas y diputados, yo les pido con todo respeto, que
valoren esta ecuación, hablemos sobre el fondo de los asuntos, no usemos las
palabras que aquí Ramírez Aguilar utilizó para referirse a la forma en que
conduje la Comisión de Hacendarios: dictatorial, irrespetuosa.
Esto no es un tema para los epítetos, esto es un tema para la ciencia y
la argumentación informada. Este no es un tema para que nosotros lo tomemos a
la ligera, excepto si el déficit fiscal fuera ahí del dos por ciento.
Cómo iba a ser necesario actuar dictatorialmente cuando había una
mayoría de diputadas y diputados responsables, empezando por la compañera
secretaria de la comisión, doña Rosibel Ramos, que juntos en esa mesa principal
creo que hicimos una tarea de enorme respeto. Y cuando hubo dudas
reglamentarias les preguntamos a Servicios Técnicos, a doña Selena, que nos
ayudara, y se fueron clarificando las dudas. Y cuando no nos dieron la razón
procedimos a rectificar y enmendar.
Que no se diga que cuando una moción de orden se pasa para que una
moción no se lea, eso es dictatorial. El
Frente Amplio ha votado infinidad de mociones de ese tipo en todas las
comisiones: en la Comisión de Hacendarios, en la comisión aquí en el Plenario
legislativo.
Así que aboquémonos al fondo, y no a viajar a la Sala Cuarta a darle ese
poder a esa institución que no tiene nada que ver. Tomemos la decisión por
mayoría, la que sea, pero no demos el poder a ese otro, a ese otro órgano que
creyéndose que mandan en este país están deseando que les den la oportunidad y
a veces caemos todos en ese error.
Argumentemos y saquemos esta tarea adelante, y les digo y lo digo con el
temor de que los partidos que no son el PAC le quiten el apoyo a la moción, al
dictamen de mayoría: la mejor ayuda a un exitoso Gobierno de Luis Guillermo
Solís es que aprobemos el dictamen de mayoría y le metamos un golpecito al
déficit fiscal del punto setenta por ciento, entre los gastos, y la alquimia
financiera que estamos metiendo ahí.
Gracias,
señor presidente, gracias diputadas y diputados.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias,
diputado Solís Fallas.
De
acuerdo a un acuerdo que tuvimos hoy en jefes de fracción, vamos a hacer un
receso de entre diez y quince minutos, digamos hasta quince minutos como máximo
para recibir en visita oficial que realiza al país, la excelentísima señora
Kenza El Ghali, vicepresidenta del Parlamento del Reino de Marruecos, y del
excelentísimo señor Mekki El Hankouri, senador del Reino de Marruecos.
Seguimos don la sesión. Continúa en
uso de la palabra la fracción del Partido Liberación Nacional, con veinte
minutos, los diez minutos restantes le serán repuestos otro día.
El
diputado Olivier Jiménez, diez minutos, diez.
Diputado
Olivier Jiménez Rojas:
Gracias,
señor presidente.
Después
de escuchar al maestro en economía don Ottón Solís, que ha hecho un análisis
general del presupuesto de la República, es importante reconocerle su actitud
positiva en todo el trabajo que hicimos en la Comisión de Hacendarios.
Es
también motivo de felicitar a todos los compañeros que aportaron sus ideas, su
pensamiento y un gran trabajo para que a este presupuesto pudiera dársele el
voto afirmativo de la mayoría de miembros de la Comisión de Hacendarios.
El día
de hoy quiero aportar a la discusión el proyecto de ley 19.293, referido al
presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2015.
Mucho se
ha conversado en esta Asamblea Legislativa y por diversos medios de prensa
sobre la alarmante situación económica y fiscal del país.
Este
hecho agrega especial importancia a la discusión de fondo con este presupuesto
extraordinario…, perdón ordinario, significa sin más ni menos sobre una
decisión trascendental en nuestras finanzas públicas y en las posibilidades de
que le podamos dar al país para asegurar su desarrollo.
Actualmente
la tasa de inflación es cercana al cinco por ciento; por otra parte, nuestro
déficit fiscal alcanzará los datos cercanos al seis punto siete del producto
interno bruto. Según estimaciones del propio Banco Central y del total de
nuestra deuda pública, será superior al sesenta por ciento del producto interno
bruto.
Estos
números sin lugar a dudas son alarmantes para nuestra política macroeconómica y
tendrá repercusiones en la inversión extranjera, la generación del empleo y
nuestra estabilidad económica.
Recientemente
las calificadoras de riesgo disminuyeron nuestra categoría de inversión hasta
calificarla como riesgosa.
Yo me
pregunto: ¿qué otros indicadores necesita el Gobierno, necesitan los jerarcas y
necesitamos los diputados para darnos cuenta que debemos frenar la forma que
gastamos y revisar nuestras fuentes de financiamiento para corregir este turbio
panorama?
Yo no
acepto los calificativos que nos han querido dar a quienes hemos puesto de nuestra
parte para equilibrar las finanzas públicas.
Hoy me permito decirles que no solo
quiero ayudar al Gobierno, sino que me he propuesto ayudar al país al igual que
los compañeros de la fracción de Liberación Nacional.
El futuro de nuestros niños y jóvenes
se está viendo comprometido y perjudicado por nuestras decisiones. El
presupuesto de la República es el escenario propicio para dar una muestra de
compromiso por la Costa Rica que estamos buscando formar.
No puede ser posible que el Gobierno
exija a las familias costarricenses que se amarren más la faja y estiren sus
dineros para llegar al fin de mes, cuando sus jerarcas presupuestan más
recursos en viajes, en viáticos, en horas extras y en otros privilegios que
disfruta un pequeño y selecto grupo del sector público.
El
primero de setiembre el Poder Ejecutivo presentó en este primer Poder de la
República el proyecto presupuestario para el año 2015. Este documento incluía
los siguientes datos: monto total siete punto nueve millones de colones, lo cual representa un aumento del dieciocho
punto nueve por ciento con respecto al presupuesto anterior.
El
origen de los recursos para financiar este presupuesto será de un cincuenta y
tres por ciento por medio ingresos corrientes y un cuarenta y siete por ciento
por medio de la adquisición de más deuda pública.
Algunos
de los principales disparadores del gasto son alquileres, consultorías, viajes
al exterior, horas extras, remuneraciones, alquileres de mobiliarios,
adquisición de equipos, capacitación, protocolo y publicidad.
La
ejecución de este presupuesto generaría un déficit primario de mil setenta y
cuatro millones de colones, lo que hablaba don Ottón antes del déficit primario
que es un aspecto muy delicado.
Recordemos,
compañeras y compañeros diputados, que
en una de las justificaciones que dieron las calificadoras de riesgo al
disminuir nuestra categoría de inversión era que el Estado costarricense no
estaba aplicando medidas concretas para disminuir su déficit fiscal; todo esto
a la luz de la presentación de este presupuesto.
La
fracción del Partido Liberación Nacional, de forma responsable, primero envió
una carta a cada jerarca para consultar cuáles partidas tenían posibilidades de
rebaja, con el fin de acoger su solicitud y formular las mociones
correspondientes para equilibrar el presupuesto.
Lastimosamente,
el llamado tuvo eco en muy pocos jerarcas y los restantes se unieron al grupo
que lanzaron críticas y abonaron a la polarización de este tema, como si se
tratara de un tema electoral y no de Gobierno.
Es
irresponsable el Gobierno de la República al enviar un presupuesto tan elevado,
pero es doble irresponsable al no acudir al llamado de esta fracción e ignorar
nuestra respetuosa excitativa de trabajo.
Dado el
panorama actual, nos reunimos para estudiar cada título presupuestario, cada
partida y cada rubro, con el fin de plantear un presupuesto más equilibrado.
Algunos
sectores han tildado como recortes a este presupuesto, pero lo que estamos
realizando es un menor aumento, considerando precisamente las posibilidades
económicas del país.
Otros
sectores, por el contrario, nos califican como irresponsables, por recetar
estos mal llamados recortes y yo me permito preguntarles: ¿fue responsable el
Gobierno y tuvo cálculo para hacer estos aumentos?
El
consenso a lo interno a la Comisión de Asuntos Hacendarios se fue construyendo
bajo el ideal de sanar nuestras finanzas públicas.
Algunos
atribuyeron esto a un tema partidario.
Pero yo quiero evidenciar en este Parlamento, que se contó con el apoyo
decidido de la fracción del PLN, del PUSC, Renovación Costarricense y del PAC
en las figuras de doña Epsy Campbell y don Ottón Solís.
Este
último, don Ottón, duramente criticado, que fue siempre firme en sus ideales, a
quien me permito felicitar por su arduo esfuerzo y dedicación y firmeza para
hablar del presupuesto de la República.
Esta
unión nos permitió presentar mociones para rebajar partidas en los ministerios,
siguiendo la lógica de prever un menor incremento del presentado por el
Gobierno.
Los
compañeros del Frente Amplio fueron siempre insistentes en sus creencias
partidarias y críticas a lo que ellos consideraban un manoseo del presupuesto.
Hoy
yo quiero decirles que ustedes, por el contrario, propician un manoseo de los
presupuestos municipales al presentar mociones que modificaban partidas
municipales sin la sola autorización de su concejo municipal.
Son
perspectivas distintas, pero ante un tema tan trascendental como el presupuesto
nacional se debe actuar con transparencia y sobre todo con coherencia.
Fueron
avanzando las mociones de consenso al momento que el Gobierno decidió, en forma
tardía, acudir al llamado en que en principio hiciera Liberación Nacional de
dejar o asignar los rebajos aprobados.
Cumplimos
este arduo trabajo, apoyando las mociones del Gobierno, presentadas por don
Marco Vinicio Redondo. Una vez más demostramos el consenso y la voluntad
política de la Comisión de Hacendarios, de trabajar en equipo por el bien del
país.
Fue
el mismo Gobierno quien decidió el destino de los rebajos y al que consideraba
rebajos sustanciales y transferencias u órganos desconcentrados, aumenta los
gastos de siempre, viáticos, alquileres, horas extras, alimentación,
capacitación y consultorías.
Como
resultado se le dio la posibilidad al Poder Ejecutivo de realizar sus funciones
con base al acomodo presupuestario por ellos… solicitados por ellos mismos.
En
resumen, se logró disminuir cerca de noventa y cinco mil millones de rebajos a
ministerios; ciento cuatro mil millones en reacomodo del servicio de la deuda
pública y cerca de cien mil millones en el uso de la caja única del Estado.
Un
total cercano a los trescientos mil millones de colones, que muchos ayudarán a
nuestro equilibrio fiscal, económico y financiero como lo acaba de exponer, hace
un rato, don Ottón Solís.
El
día de hoy, compañeras y compañeros diputados, quiero solicitarles su apoyo no
solo al dictamen de mayoría presentado por la Comisión de Asuntos Hacendarios,
sino al consenso generalizado de mejorar las finanzas públicas, para recuperar
la credibilidad internacional del país, para recuperar la competitividad de
nuestra industria y, sobre todo, para construir un país más próspero, con
eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público.
Muchas
gracias, señor presidente; gracias, compañeros y compañeras diputadas.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Gracias,
diputado Olivier Jiménez.
Verificamos…
treinta y cinco diputados y diputadas presentes.
Corren
los cinco minutos de Reglamento. Restan
ocho minutos treinta y dos segundos al Partido Liberación Nacional.
Con
treinta y ocho diputadas y diputados, continuamos con la sesión.
Diputada
Paulina Ramírez, ocho minutos treinta y dos.
Diputada
Paulina María Ramírez Portuguez:
Estimados compañeros y compañeras diputadas,
público y prensa que nos escucha.
El pasado lunes y martes, y el mismo día de
hoy, en inicio de la discusión del presupuesto ordinario de la República, aquí
en el Plenario legislativo, escuché con atención a cada uno de los compañeros
que se refirieron a este tema, y me parece importante terciar sobre algunas
cosas que se han dicho, y hacer mención
de otras que no.
En primer lugar, quisiera aclarar que pese a
los recortes realizados en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que constan en
el dictamen de mayoría del presupuesto ordinario de la República, el
crecimiento entre el presupuesto del 2014 y dictaminado como afirmativo de
mayoría del 2015, aún con ajustes, es de uno punto uno billones de colones, lo
que equivale a un crecimiento del dieciséis punto siete por ciento.
Los ajustes apenas reducen en uno punto tres
el déficit, pasando del cuarenta y siete punto dos, al cuarenta y cinco punto
nueve entre el presupuesto presentado inicialmente por el Gobierno y el
dictaminado.
Seguimos financiando con deuda gran parte del
presupuesto, y aunque algunos pretenden justificar el crecimiento aduciendo que
se debe a los vencimientos de deuda, restando amortizaciones, el presupuesto se
incrementa en un once punto siete superando en mucho los incrementos de años
anteriores, los cuales oscilaron entre un ocho y tres por ciento en los dos
últimos años de la Administración anterior, siendo el incremento de este año
uno de los más altos.
De modo que nos parecen inexplicables
aquellas argumentaciones en las que se dice que no se podrá dar sostenibilidad
a programas sociales, que el año anterior funcionaron sin problema alguno, esto
porque en lugar de reducir, estamos aumentado el presupuesto de la República.
El financiamiento de los programas sociales,
que tanta polémica ha causado, nos parece más que un tema de recursos, es un
tema de voluntad política.
También es falso aquello que por los recortes
se puedan ver afectados carteras como Seguridad, Educación y Salud, solo por
citar tres ejemplos.
Para ilustrar un poco mejor, en materia de
seguridad, el crecimiento entre el presupuesto del 2014 y el dictamen de
mayoría del 2015, es de ocho mil ochocientos ochenta y uno punto seis millones
de colones, lo que equivale a un crecimiento del tres punto nueve.
En materia de educación, el crecimiento entre
el presupuesto del 2014 y el dictamen de
mayoría del 2015 es de doscientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco
punto nueve millones de colones, lo que equivale a un crecimiento del doce
punto siete por ciento.
Y en materia de salud, el crecimiento entre
el presupuesto del 2014 y el dictamen de
mayoría es de dieciséis mil cero cuarenta y nueve punto dos millones de
colones, lo que equivale a un crecimiento del seis punto cinco por ciento.
Lo anterior demuestra que si existe algún
ministerio afectado se debe a los ajustes definidos por el propio Gobierno de
la República.
Nuestro deseo, valga la pena reiterarlo, fue
siempre realizar ajustes en lo que nosotros considerábamos como gastos superfluos en rubros como viajes
al exterior, viáticos, alquileres y tiempo extraordinario.
Lamentablemente, el Gobierno prefirió, en
algunos casos, mantener este tipo de gastos y sacrificar otros un poco más
sensibles.
Pero ahora, compañeros y compañeras
diputadas, conviene también reflexionar sobre qué medidas se deben de tomar una
vez aprobado el presupuesto, sobre todo, porque pese a que este Gobierno
planteó en campaña que sería un Gobierno austero, ha venido impulsando
políticas que incrementan el gasto y esto tendrá sus consecuencias.
El déficit fiscal que enfrenta nuestro país
no se arregla solamente con una reforma fiscal; antes que ella, debemos ver
cómo abordar los factores que disparan el gasto, así como otros orientados a
disminuir la evasión, la elusión, las exoneraciones, que representan el cinco
punto nueve por ciento del PIB, procurando mejorar la identificación de los
contribuyentes, introduciendo además el principio de responsabilidad
presupuestaria en la actividad legislativa, tal como he propuesto en una
reforma al Reglamento legislativo que he presentado en el expediente 19.144.
¿Para qué? Toda iniciativa que busque ampliar
las competencias del Estado, por la vía del reconocimiento de derechos
ciudadanos o a la asignación de nuevas obligaciones al aparato institucional,
señalan de donde vendrán los recursos necesarios para cumplir con esos mandatos
para así evitar crear falsas expectativas en la población con promesas que
presupuestariamente luego se vuelven imposibles de cumplir.
Otros temas que deben abordarse es el tema de
empleo público, régimen de pensiones para garantizar una mayor justicia ante la
masa laboral de nuestro y país y que todos tengamos reglas claras y justas, así
como plantear el tema de reforma del Estado.
Posteriormente, el tema
medular, si queremos buscar el equilibrio fiscal, debe ser un plan fiscal con
una política progresiva de manera que no deprima la inversión, plan que debe ir
aparejado con las políticas de reducción del gasto.
Además, se debe
discutir otros aspectos muy importantes, como es buscar mecanismos para activar
la economía, generando producción y mayor riqueza, lo cual solo se lograría
discutiendo temas como reforma energética para bajar el precio de la
electricidad, mejorando nuestra competitividad y brindando condiciones
favorables a los empresarios nacionales y extranjeros para que sigan creando
fuentes de empleo.
En el tema del agua,
fundamental para ciertas industrias que buscan asentarse en nuestro país, pero
que requieren garantía en la cantidad de agua y sostenibilidad a largo plazo
del agua con la que pueden contar para realizar sus inversiones.
El tema de
infraestructura, fundamental, tanto en lo vial para el traslado de sus
productos y ni qué hablar de la necesidad de modernizar nuestros puertos y
aeropuertos.
Todas estas son
acciones parte de la solución integral que debemos brindarle al tema de déficit
fiscal, en aras de buscar dinamizar y reactivar nuestra economía para alcanzar
así un activo desarrollo social.
Muchas gracias.
Presidente
Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputada
Paulina Ramírez.
A continuación en uso
de la palabra el diputado José Ramírez.
Tenemos un acuerdo,
consultado aquí entre jefes de fracción, jefa de fracción, para cerrar el día
de hoy a las seis de la tarde; eso significa que le damos la palabra a don José
Ramírez por diez minutos. ¿Está de acuerdo, don José?, y nos quedarían…, no,
diay…, dos minutos.
¿El Partido Unidad
Social Cristiana hablaría cinco o deja los veinte para el lunes? Veinte para el
lunes.
Don Jorge habla cinco minutos.
Don José Ramírez,
adelante, diez minutos.
Diputado
José Antonio Ramírez Aguilar:
Gracias, muy buenas
tardes a todas y todos y al pueblo costarricense.
Estamos de acuerdo con
usted, don Ottón, en el sentido de que la defensa del Estado implica una
responsabilidad macroeconómica, en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos
de acuerdo es en el proceder de la solución que usted propone.
Yo, más bien, le
propondría, por ejemplo, que aumentemos el impuesto de renta o que gravemos más
fuertemente los bancos. Yo estaría seguro que usted en esa línea nos apoyaría.
Con respecto a Bolivia,
Bolivia alcanzó los niveles de responsabilidad que usted señala no a partir de
recortar, sino a partir de aumentar los ingresos nacionalizando el petróleo.
Nosotros no tenemos grandes ingresos de capital, por tanto debemos aumentar la
carga tributaria.
Por otra parte, don
Ottón, me alegra que usted reconozca trascendiendo los lugares comunes del
terror, que la izquierda también puede ser capaz de actuar con responsabilidad
macroeconómica.
Faltó agregar también,
don Ottón, el Gobierno de la señora Bachelet en Chile, otro buen ejemplo de un
Gobierno de izquierda con altísima responsabilidad macroeconómica.
Igual que usted, don
Ottón, aspiramos a que este Estado sea fuerte, sea eficiente, sea equilibrado,
pero como ya lo he señalado, donde el consenso es bueno, se convierte en un
disenso; es allí en los medios que usted propone en esa coyuntura para alcanzar
la responsabilidad, es ahí donde vamos a alcanzar la responsabilidad
macroeconómica.
Para el Frente Amplio
la responsabilidad no puede aislarse, la responsabilidad macroeconómica tiene
que acompañarse de verdadera responsabilidad social. La responsabilidad
macroeconómica es un medio para alcanzar un Estado con mayor capacidad para
responder a sus responsabilidades sociales con el pueblo costarricense.
Cuando usted señala,
don Ottón, que el presupuesto no se recorta, sino tan solo se reduce su
crecimiento, realiza una afirmación verdadera. No obstante, cuando el Frente
Amplio afirma la existencia de un recorte al Estado lo hacen más allá de la
aritmética.
Por ejemplo, sin duda
el presupuesto del programa 632 del Ministerio de Salud, que se destina a las
actividades de los cen-cinai, no tendrán menos recursos que en términos
nominales tuvo en el presupuesto asignado en el 2014.
En agosto del 2014 a
este programa se le autorizó un gasto de veintitrés mil ciento cinco millones.
Para el 2015 en el dictamen de mayoría ya descontadas las rebajas aprobadas, se
propone un presupuesto de veintitrés mil doscientos noventa y ocho millones.
Pero más allá de este
aumento nominal, lo que interesa aquí es el lugar específico donde se realizó
el recorte por parte de la mayoría de los diputados y diputadas de la Comisión
de Hacendarios.
Pero más allá de ese
aumento nominal lo que interesa aquí, porque la reducción del gasto del
Gobierno central no la fijamos nosotros los diputados y diputadas simplemente a
nivel de total, sino a un nivel de mayor detalle.
El programa referido si
bien se le dejan más recursos que los que se le han autorizado en el año
anterior, el recorte contenido en el dictamen de mayoría implica gravísimas
afectaciones al programa, pues como yo señalé en una intervención anterior a
los cen-cinai se les está reduciendo un treinta y cinco por ciento sus gastos
operativos.
Es decir, el recorte se
concentró en los gastos que debe realizar la institución para poder funcionar,
el recorte más allá de una cuantía provoca que un programa social quede
incapacitado para funcionar de forma óptima.
Compatriotas, el
presupuesto no se discute en grandes cifras, se discute con el detalle
necesario. Persigamos la responsabilidad económica, pero también persigamos la
responsabilidad social.
La economía no es una
ciencia exacta, a pesar de que los tecnócratas económicos quisieran manejarla
con bisturí, y por eso les gusta compararla con un cuerpo enfermo en manos de
cirujanos, es decir, en las manos de ellos la economía es la más política de
las disciplinas sociales.
En lo referente, en lo que se refiere a los ingresos y al gasto público, y por tanto, al
presupuesto nacional, las posiciones que vienen sosteniendo los partidos
representados en la Asamblea Legislativa tienen un trasfondo ideológico
conceptual. Tanto don Ottón Solís, como el Partido Liberación Nacional, como el
Movimiento Libertario y sus aliados, parten del principio de que el déficit
fiscal es malo y de que debe buscarse el presupuesto “equilibrado” (entre
comillas) como objetivo fundamental.
Esta posición
tiene importantes implicaciones para el país, pues asume que la hacienda
pública no debe ser un instrumento de política económica; sin embargo, la
visión del Frente Amplio es que la hacienda pública o el gasto público, e
inclusive, un cierto nivel de déficit fiscal, también pueden ser utilizados
como instrumentos de política económica para superar los ciclos económicos
recesivos, como el que se vive mundialmente desde la crisis del 2008.
Incluso, Estados
Unidos usa la política fiscal como un instrumento para salir de la recesión,
por eso, ha inyectado en su economía cientos de miles de millones de dólares, a
pesar de tener un déficit fiscal más alto que el de Costa Rica, un siete por
ciento del PIB. Pero aquí esos políticos desarrollan una (entre comillas)
“visión fiscalista”, que odia mirar las consecuencias sociales de sus
propuestas de recorte del gasto público.
La decisión final
de cómo asignar los recursos públicos es fundamentalmente una decisión política
y no técnica, por eso, le corresponde a la Asamblea Legislativa, por supuesto
que lo técnico también es importante, pero siempre está supeditado a la visión
política que se tenga de la economía.
En términos
teóricos, utilizar tanto el déficit público como la deuda pública, mediante un
presupuesto expansivo, como el presentado por el ministro de Hacienda, Helio
Fallas, para combatir un ciclo económico recesivo, forma parte de lo que
caracteriza a una política keynesiana.
Se llama así
porque quien la propuso, en efecto, teorizó sobre ella contradiciendo a la
teoría económica clásica. Fue el economista británico premio Nobel de Economía,
John Keynes, quien la puso exitosamente, en efecto, para sacar al sistema
capitalista la primera gran crisis mundial de 1929.
Keynes planteó que
existen límites a lo que el mercado libre de las inversiones privadas pueden
hacer para que la economía funcione y se desarrolle, y por eso argumentó que el
papel del Estado en la economía, no solo es importante, sino que, en épocas de
crisis debe jugar un papel fundamental en estimular la demanda agregada. Eso es
el gasto total de la economía, con una forma de estimular nuevamente el
desempeño económico.
En épocas de
crisis argumentó Keynes, para estimular la economía, si es necesario manejar un
déficit fiscal y un mayor endeudamiento, y eso no es incorrecto hacerlo, porque
ni el déficit ni la deuda son malos por naturaleza, y un presupuesto expansivo
tampoco.
De hecho, estos
estímulos a la demanda agregada deben venir para superar la recesión y
reactivar el crecimiento económico, porque en tiempos de crecimiento económico
alto y sostenido, es decir, cuando el ciclo se vuelve nuevamente expansivo
vuelve a subir automáticamente la recaudación fiscal y el déficit baja o
desaparece.
Eso fue lo que
ocurrió antes de la crisis del 2008, un ciclo de alto crecimiento económico
mundial, y eso aumentó automáticamente la recaudación fiscal, al punto que
Costa Rica no tuvo déficit fiscal sino superávit fiscal, que el Gobierno de
Óscar Arias Sánchez luego dilapidó.
La antítesis del
pensamiento Keynesiano es el monetarista Milton Friedman y Friedrich Von —y no
domino mucho el idioma, ahí lo sabrán ustedes—, cuyo pesimismo, pensamiento,
precisamente inspiró la ya desprestigiada política neoliberal, también llamada
neoclásica, en la década de los ochentas del siglo XX.
Esto era un poco
para hacer una introducción general sobre el asunto, pero yo sí quisiera no
seguir, vamos a tener tiempo de seguir en esa línea de análisis, de ese nivel
de análisis profundo del tema. Pero yo no quisiera pasar por alto también el
hecho de los procedimientos que se vieron en la Comisión Asuntos Hacendarios,
porque ese procedimiento, difiero en este caso del diputado Ottón Solís, no se
pueden obviar porque fueron graves, muy graves, porque violentaron, porque el
hecho de que sean inconstitucional ya dice, de por sí, lo grave del asunto.
Y quisiera no ser
yo, les voy a hacer un resumen de lo que aconteció en esa comisión para que
sean ustedes, compañeras diputadas, compañeros diputados, los que tomen su
propia decisión en base a ese procedimiento que se vio.
El proyecto de
presupuesto constituye una verdadera ley en el sentido formal, porque cumple
con el procedimiento ordinario de formación de leyes; y material, porque despliega
los mismos efectos en cuanto vincula a la Administración para la autorización
de gasto, pero de naturaleza especial, por la materia, lo cual debe ser
exclusivamente la presupuestaria, por ende, no puede suplir la legislación
ordinaria ni afectarla.
La Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios condujo un procedimiento acelerado y que en
muchas ocasiones llevó a la comisión a importantes vicios de
procedimiento. Por ejemplo, la
repetición de varias votaciones, cuando lo que procedía era la revisión de las
mismas, o más grave aún, la aprobación de una moción de dispensa de lectura de
todas las mociones presentadas al momento y de aquellas que se presentaran a
futuro.
Ese vicio
sustancial conllevó a la retrotracción del procedimiento para poder subsanar el
mismo, mediante la aprobación, el 15 de octubre, del recurso de apelación de la
fracción de Frente Amplio.
Sin embargo, esto
generó que la comisión se apresurara aún más en el estudio de las mociones, lo
que volvió a provocar que generaran graves contrariedades jurídicas, pero esta
vez, sobre el fondo del proyecto, y sobre ese fondo vamos a continuar
conversando en la próxima sesión.
Presidente Henry Mora
Jiménez:
Muchas
gracias, diputado José Ramírez.
Don
Jorge Rodríguez, cinco minutos.
Diputado Jorge Rodríguez Araya:
Señor
presidente, señoras y señores diputados.
Primero que todo
tengo que decirles, bueno, agradecerle a mi fracción por permitirme, porque
estamos en un partido muy democrático, separarme del criterio de la misma toda
vez de que yo no creo en lo que se hizo.
Y no creo en lo que se hizo porque no se están diciendo verdades aquí.
Aquí hay un
documento que demuestra que los cen-cinai están siendo perjudicados, después lo
que me horrorizó ahora es que Liberación Nacional acepte lo que les dijo don
Ottón, que ellos son los irresponsables porque por haber incrementado el
déficit, no sé cómo le cedieron su tiempo a don Ottón, pero hasta ahora yo veo
que le den a un diputado para que ataque a otro partido y los llame irresponsables,
irresponsables en el gasto.
Imagínense
ustedes, señores diputados, que se falta a la verdad cuando se dice que no se
están afectando programas sociales. Entonces, cómo les vamos a explicar,
señoras y señores diputados, porque es que no tengo tiempo para leerme todo el
documento, a la región Chorotega, a la región Central Sur, a la región Brunca,
a la región Central Norte, a la región Huetar Norte, a la región Pacífico
Central, a la región Central Este, a la región Huetar Atlántica, a la región
Central Occidental, que son las regiones más afectadas con los cen-cinai.
Y le voy a pasar
copia de este documento a don Ottón Solís para que lo analice, esto fue
afectado, fue recortado, pero no se vale, de ninguna manera, seguir nosotros
recordando el Gobierno de Rodrigo Carazo, cuando fue una situación, don Ottón,
a nivel mundial.
Hay veces uno es,
como diputado, excelente economista, o como economista, excelente diputado, yo
no soy ni una cosa ni otra, pero aquí el contubernio que se han dado entre
ustedes dos, Juan Luis y usted, los hace culpar al Gobierno de Liberación
Nacional y Liberación Nacional lo acepta, lo hace suyo, de que ustedes son unos
irresponsables, porque por culpa de ustedes el país está sumido en una
situación económica en que se
encuentra.
Por Dios, don Rolando, compañero y amigo mío, yo estoy de acuerdo que
usted salga en defensa de don Ottón Solís, estoy de acuerdo que se pongan de
acuerdo para el 1º de mayo, que estén en este momento debilitando las bases de
este Parlamento para la componenda que tienen, pero esto no puede ser. Cómo es
posible que yo acepte que fue en mi administración, mi primera, segunda, y
tercera administración donde, donde ha alcanzado el déficit más alto de la
historia.
Yo, en mi partido, puedo tener cualquier cosa, pero defiendo los
principios de mi partido y no es cierto, Ottón, que fue en el 91, del 90 al 94
nosotros logramos lo que nunca se había logrado.
Y yo quisiera que usted también me demostrara, yo le voy a dar de mi
tiempo, cuándo se ha financiado el presupuesto de la República con recursos
propios, cuánto, si usted sabe que la Sala Constitucional siempre nos va a
decir que es inconstitucional el que nosotros financiemos con deuda los gastos,
como se dice, los gastos corrientes.
De forma tal, don Ottón, no es cierto, y don Juan Luis como jefe de
fracción si yo estuviera en Liberación Nacional le jalaría el pelo, ¿verdad?,
don Juan Luis, por aceptar que sus gobiernos son los responsables del déficit
que existe.
Bueno, a confesión de partes, relevo de pruebas.
Así que, señores de Liberación Nacional, no me ataquen luego, ustedes
escucharon y está en actas…
No, no te voy a dar ninguna interrupción. Ustedes lo aceptaron, usted es
abogado y sabe que a confesión de parte, relevo de pruebas.
Ottón lo dijo y así queda en actas, es el Partido Liberación Nacional,
porque ha sido en los últimos años el responsable del déficit que tiene este
país.
Compañeros, sacúdanse, defiéndanse porque yo estoy en contra de los
recortes, y aquí don Ottón le tengo a usted la lista de cuántos cen-cinai está
afectando y cuántos niños se van a quedar sin comer, y donde hay hambre no hay
progreso.
Y yo quiero decirles que voy a continuar, y les voy a leer esto como una
Biblia, y les reitero de nuevo mi agradecimiento a la fracción, porque hoy me
preguntaron que si era cierto que me iban a echar de la fracción porque iba a
votar en contra el… —termino, presidente— el dictamen de mayoría, yo dije que
no es cierto, pero si eso me ocurriera, diay, ¿qué voy a hacer?, de mejores
lados me han echado.
Así que en mi partido nadie me puede echar porque nací en él, crecí en
él, y he dado mi vida por él.
Ya, así que mi ficha no está en venta, no está en venta, yo estoy aquí
para servir a Costa Rica y no a un partido político.
Muchas gracias, presidente.
Presidente Henry Mora Jiménez:
Gracias, diputado Jorge Rodríguez Araya.
Al ser las dieciocho con cuatro minutos, se levanta la sesión.
Henry
Mora Jiménez
Presidente
Luis Vásquez Castro
Jorge Rodríguez Araya
Primer secretario Segundo
secretaria