Compatriotas

Al igual que lo he hecho durante los últimos dos años, cumplo con la disposición constitucional de rendir ante la Asamblea Legislativa – y el pueblo de Costa Rica- mi tercer Informe sobre el Estado de la Nación. Lo hago con humildad, consciente de mi obligación de dar cuentas sobre los principales logros y desafíos del Gobierno durante los últimos doce meses. Pero más importante todavía, vengo ante ustedes profundamente agradecido con todas y todos quienes, desde sus diferentes ámbitos de vida, hicieron posible la buena marcha de los asuntos nacionales.

Agradezco en primer lugar a Dios como Supremo Dador de la vida, cuyas bendiciones sobre Costa Rica han sido pródigas incluso en las muy dolorosas horas en que fuimos azotados por el fiero huracán o las iras de los volcanes.  Sus inefables pero evidentes muestras de amor por nuestro pueblo nos hacen recordar las palabras del salmista: “(…) aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo”.

Agradezco a las y los habitantes de la República, hombres y mujeres sin distingo de religión o partido, quienes con su trabajo cotidiano ennoblecen a esta tierra fecunda y bella que llamamos Patria. Ellas y ellos y sus organizaciones, entre las que se cuentan miles de entidades comunitarias, eclesiales, sindicales, solidaristas, instituciones privadas de bien social y de voluntariado, configuran la columna vertebral de nuestro sistema no gubernamental de solidaridad.

Agradezco a las y los empleados públicos, entre quienes se cuentan las señoras y los señores diputados que integran este Plenario así como las demás autoridades de los Supremos Poderes y del régimen municipal, cuya labor ha sido meritoria y debe ser reconocida por el pueblo al que nos debemos y ante el cual juramos ser sus más fieles servidores.

Agradezco en particular a mis compañeras y compañeros vicepresidentes,  ministras, ministros, viceministros, viceministras, presidentes ejecutivos y demás miembros del Gobierno (incluidas muy especialmente las personas que trabajan en mi Despacho a quienes saludo con especial afecto), funcionarias y funcionarios públicos también, que han sido y siguen siendo los principales protagonistas de la Administración que presido.  Su compromiso, su apoyo, su capacidad, su honestidad y su devoción por Costa Rica merecen mi mayor reconocimiento. Cierto es que trabajar bien y eficazmente es lo que se espera de ellas y de ellos; cierto es también que ningún mérito ha de otorgárseles por hacer su trabajo con transparencia y con honradez. Sin embargo quiero pagarles un homenaje por su entrega y su sacrificio que representan –lo digo sin ambages- los mejores valores de nuestro pueblo.

Agradezco al sector privado, tanto a las y los empresarios y empresarias individualmente considerados como a las Cámaras, organizaciones de la economía social solidaria así como a otras entidades gremiales de ese sector. Un sector que es esencial para el buen funcionamiento del sistema productivo nacional, pues es el mayor generador de empleo y el responsable principal de crear riqueza material para nuestra gente.

Y agradezco también a mi familia, a Mercedes, a mis hijas e hijos, a mi hermana, mi hermano y a papá, que son mi refugio y mi fuerza en los momentos de soledad que inexorablemente acompañan a quienes ejercemos el poder. Sin merecerlo, ellas y ellos fueron víctimas inocentes de odiosas vendettas que buscaban desmoralizarme y de las cuales lograron salir cada vez más fuertes y cada vez más sabios. Y si en su momento me estuvo vedado el defenderles, hoy les menciono cariñosamente en esta rendición de cuentas porque no debieron nunca padecer, por mi culpa, los embates de mis peores y más cobardes enemigos.

En suma, costarricenses, les doy las gracias porque al iniciar un año más de trabajo, Costa Rica está en paz, su economía continúa creciendo, la pobreza extrema disminuye, mejoran los índices de empleo, aumenta el turismo y se concretan cada día más y mejores obras de infraestructura.  Los indicadores macroeconómicos están estables, se mantienen en aumento las inversiones extranjeras directas, y se ha devuelto tranquilidad a la gestión pública, la cual avanza sin los sobresaltos de la ominosa corrupción.  Todo ello, al tiempo que se avanza en los procesos de inclusión.

Construimos democracia, gobernamos con honestidad

Compatriotas:

La responsabilidad de gobernar y el arte de hacerlo con eficacia, eficiencia y transparencia constituyen retos formidables para cualquier sistema político, pero particularmente para las democracias.  Ello deriva del hecho de que en democracia la diversidad y la pluralidad, la obligación del respeto a las minorías y al Estado de Derecho, hacen que la acción del Poder Ejecutivo –por disposición constitucional la instancia encargada de conducir al Gobierno- no pueda ejercerse sin límite de suma. Tal es el caso en Costa Rica, en donde además, dicha acción se ha visto sistemáticamente reducida por importantes traslados de competencias que, a lo largo de los años y por vía de ley, han dotado de amplia autonomía administrativa y financiera y capacidad de toma de decisiones a un conjunto de entidades que, poderosas e independientes, hoy definen buena parte de nuestra vida política en ámbitos como el de constitucionalidad, la salud, la actividad bancaria, la generación, distribución eléctrica y las telecomunicaciones, los servicios contralores y de supervisión del sistema financiero, entre otros.

Es importante recordar esta condición particular de nuestro régimen político como preámbulo de este Informe.  No como un descargo por lo que no haya logrado concretar el Ejecutivo, sino como una realidad que debe considerarse para entender la acción del Gobierno de la República a la  hora de cumplir con sus obligaciones. En el tercer y cuarto año de mandato es cuando muchas de esas expresiones de autonomía se manifiestan de manera más contundente, pues  tales entidades ante la inminente extinción del período presidencial, se vuelcan sobre sí mismas para afirmar su autoridad y su autonomía. Y lo hacen de la mano de cuerpos burocráticos (los llamados mandos medios), cuya acción responde a la protección de sus intereses gremiales, institucionales o partidarios, que adquieren alta prioridad en tiempos de campaña electoral, ajenos al juramento constitucional.

Romper con estas lógicas “culturales” –pues no por burocráticas dejan de serlo- requiere de un esfuerzo que no es pequeño y que, además, genera costos políticos muy elevados. En ese marco la puesta en marcha de cada proyecto y aún más su finalización, se convierte en una batalla cotidiana que se pelea en cámara lenta: por un lado la Administración que intenta mantener su promesa de trabajar con denuedo hasta la última hora del último día de su gestión, y por el otro las fuerzas más conservadoras de la Administración por sí o en colusión con otros poderes fácticos, que no miran con agrado que el Gobierno acelere el paso durante el ciclo electoral en el cual más bien desean tranquilidad para acomodarse con ventaja frente a los siguientes inquilinos del poder.

Creo que hemos logrado –con paciencia y argumentos- convencer a varios de esos sectores para que se sumen a la gestión de la Administración y aprieten el paso en el cierre de muchos proyectos que hubieron de esperar dos años y aún más para madurar. Me parece que hemos podido persuadirles que el interés general está por encima de cualquier otro particular y que el país en su conjunto, no sólo algunas de sus partes, merece una actitud más comprometida y activa de quienes somos servidores públicos. Gracias a esa comprensión es que ha sido posible prevalecer sobre el otro gran enemigo de la acción pública en Costa Rica: el uso del Derecho como instrumento que nada permite y todo obstaculiza. Esa condición tan prevaleciente en nuestro país constituye, junto con la desigualdad en las oportunidades, la principal amenaza a nuestro desarrollo. Representa el último bastión del viejo orden estatal pre-moderno, construido y reconstruido en torno a los valores clientelares que tanto repudiamos en nuestro tiempo. Y también es la forma en que se pueden disimular de mejor manera los malos manejos del erario o las malas prácticas del sistema político nacional.

Por eso creo que ha sido meritoria la labor de muchos jerarcas y sus cuadros institucionales más maduros y sabios, quienes una y otra vez han insistido en la necesidad de colocar en clave de luz algunos de los obstáculos que han enfrentado, desde la construcción del Centro Nacional de Convenciones hasta la puesta en funcionamiento de los puentes Yolanda Oreamuno y Alfredo González Flores. Desde la necesaria conciliación que hiciera posible una gestión exigente pero justa de la agenda de los pescadores y las molusqueras, hasta la decisión de no postergar más y asumir con todas sus consecuencias la intervención de JUDESUR y del INFOCOOP.

En fin, el cuarto año de nuestro mandato se inicia, pues, con una perspectiva positiva en cuanto a logros aunque incierta en lo referente a medios para alcanzarlos. Semejante paradoja solo se podrá solucionar adecuadamente con el apoyo de un colectivo de fuerzas y sectores amplio y patriótico, público y privado, cívico y partidista, que esté dispuesto a quebrar el ciclo electoral entendiendo que éste no pierde ninguna legitimidad ni fuerza en el marco de una acción continuada del Gobierno hasta el fin de su período constitucional.

En lo que toca al Poder Ejecutivo, en ese contexto, solo le es posible –por obligatorio- no detener la marcha ni ralentizar el paso que acerque lo más posible el final de su gestión al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”. Y tendrá que hacerlo con plena conciencia de los obstáculos que enfrentará en el plano político, así como con el claro entendimiento que no le es lícito intervenir de forma alguna en la campaña que se avecina para favorecer o perjudicar a ninguna de las fuerzas que en ella participen.

Me comprometo a ejercer toda la autoridad de mi cargo con el fin de impedir que se socave o lesione ese principio esencial de nuestra vida republicana, de manera que la voluntad del soberano no se vea de ninguna manera alterada o puesta en cuestión por la acción de quienes puedan pensar que tienen el derecho de mancillarla en favor del partido de sus preferencias.

Afirmo por lo tanto, que “construir democracia y gobernar con honestidad” ha sido, es y seguirá siendo el propósito superior de mi Gobierno.  Refleja nuestra convicción de que resulta esencial restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes y en las instituciones democráticas y constituye, también, un llamado a la acción y a la participación de la gente en los asuntos públicos.

Me refiero ahora al conjunto de temas prioritarios que deseo subrayar ante ustedes.

PRIMER PILAR

Impulso al crecimiento y la generación de empleo.

La economía costarricense mejoró su desempeño en el 2016, ofreció señales de crecimiento sostenido en los diferentes indicadores de las finanzas públicas, mayor estabilidad macroeconómica y una situación de competitividad en franca mejoría.

Agradezco al vicepresidente Helio Fallas Venegas, a su equipo y al Consejo Económico por el enorme esfuerzo que emprenden por la estabilidad y crecimiento de Costa Rica.

Estamos en una posición más robusta que en el 2015, a pesar que el entorno internacional mantiene condiciones de incertidumbre y la recuperación de los mercados externos es todavía lenta.

Reconocer y adaptarnos al entorno global del comercio implica tener presente y apuntalar las capacidades de los mercados internos fortaleciendo el músculo de la producción local –como lo hemos hecho – mediante acceso al crédito, a la transferencia tecnológica, al ordenamiento de los sectores, los encadenamientos productivos, a la inversión e infraestructura, a la atracción de inversión extranjera directa y al fomento de actividades en regiones vulnerables.

El Gobierno ha reducido el déficit pero aun así, los niveles actuales de endeudamiento presionan fuertemente las finanzas públicas y comprometen las perspectivas de desarrollo en el mediano plazo.

Un país que crece

Costa Rica logró una mejora notable en el crecimiento económico, al pasar del 3,7% al 2015 a un 4,1% en el 2016. Este aceleramiento se desmarca del entorno latinoamericano donde algunos países registraron una contracción en la actividad económica y el crecimiento promedio esperado no alcanza el 2%.

Se trata de un crecimiento que hemos sabido administrar, que requiere de acciones en el corto plazo para evitar problemas de orden fiscal, como reiteradamente hemos alertado. Con orgullo, podemos afirmar que se logró la reactivación de la economía que nos propusimos desde el inicio de nuestro mandato.

Conviene recordar que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) registró que entre el 2014 y el 2016, Costa Rica redujo sus tasas de interés activas (las de préstamos) en 190 puntos base, mientras otros países de América Latina, en promedio, las aumentaron en 90 puntos base. En este mismo período la tasa de interés de política monetaria se redujo en casi tres puntos porcentuales, lo que constituyó la mayor disminución en la región.

La reducción en las tasas bancarias permitió mejores condiciones para las personas que tienen créditos, al punto que según un estudio de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) el crédito registró en el 2016 las mejores condiciones de la última década. Naturalmente, este reconocimiento es fruto del buen manejo macroeconómico; no obstante, es mi deber recordar que las presiones al alza de las tasas de interés han sido contenidas hasta el momento y que la frágil situación fiscal podría detonar en el aumento del pago de los créditos.

Nuestros esfuerzos por la estabilidad macroeconómica continuaron en el 2016. En el 2015 logramos el menor registro en 40 años para el Índice de Precios al Consumidor con -0,8%. En el 2016 mantuvimos registros bastante positivos, a pesar de experimentar un ligero aumento de 0,77% en el promedio.

No se trata de una casualidad, inercia o un mero reflejo de condiciones externas. Con estos resultados, Costa Rica se convirtió en el líder de América Latina en la contención de los precios para los consumidores durante los dos últimos años.

Esta estabilidad macroeconómica se convirtió en un pilar para el crecimiento, al generar un clima propicio para la recuperación, y fue el resultado de una eficiente coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que se tradujo en una política cambiaria consistente y una política monetaria prudente, que aprovechó los aspectos favorables de la coyuntura internacional del 2016, como los bajos precios en las materias primas y el petróleo, en general.

El ejercicio de la responsabilidad

Las acciones encaminadas al fortalecimiento hacendario han rendido resultados significativos. Basta con comparar las cifras fiscales de los últimos años para evidenciar que logramos aumentar los ingresos y desacelerar el gasto, especialmente los gastos corrientes.

El ejercicio responsable de las finanzas públicas permitió una reducción del déficit fiscal en el 2016. Esto es especialmente relevante porque se realizó sin contar con nuevos ingresos, ni recurrir a recortes violentos en los gastos de programas esenciales, que terminan por afectar los servicios públicos y golpear la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Recibimos un déficit fiscal de un 5,4% del PIB en el 2013 y lo rebajamos a un 5,2% del PIB en el 2016, gracias al convencimiento de que es posible gobernar austeramente. Este registro es casi un punto menos de lo que se proyectaba a inicios del año pasado. Se logró con un gran esfuerzo, que permitió, por segundo año consecutivo, finalizar el 2016 con un crecimiento mayor de los ingresos sobre los gastos.

En la parte de ingresos, hemos tenido una tendencia al alza desde que iniciamos el Gobierno; los ingresos totales como porcentaje del PIB, evolucionaron de un 14,2% en el 2013 a un 14,6% en el 2016.

En cuanto a los gastos sin contar el pago de intereses de la deuda, su tasa de crecimiento se redujo drásticamente, al pasar de un 11,5% en el 2013 a un 5,5% en el 2016.

A pesar de que el gasto total sin intereses como proporción del PIB se ha mantenido estable en un nivel del 17%, se ha logrado aumentar la inversión en relación al PIB logrando un 1.8% en 2016, el porcentaje más alto del último quinquenio. El país camina y se protege la inversión pública y social.

En esta materia, se han realizado importantes esfuerzos para reducir el crecimiento de algunas partidas, como las remuneraciones, que pasaron de crecer un 7,4% en el 2015 a menos de la mitad, un 3% en el 2016. De la misma manera, las partidas presupuestarias de bienes y servicios pasaron de un aumento de un 7,7% en el 2015 a un 2,1% en el 2016. En ambos casos, estamos hablando del menor incremento en la última década.

En suma, hemos cumplido nuestra promesa al pueblo costarricense: logramos colocar el crecimiento de los ingresos por encima de los gastos; cobramos mejor e invertimos de forma más focalizada en lo que el país necesita.

A pesar de todos los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Hacienda para contraer el gasto y aumentar los ingresos sin nuevos impuestos, la deuda del Gobierno Central al cierre del 2016 ascendió a 44,9% como porcentaje del PIB.

Siendo que el déficit financiero como proporción del PIB es menor que en 2013, los niveles se han mantenido por encima del 4% en los últimos 7 años, lo cual es un porcentaje alto en relación con el déficit de otros países latinoamericanos.

Impulsamos una agenda de proyectos legislativos en los que se propusieron cambios tanto en las áreas de ingresos como de gastos, así como en la fiscalización y en la recaudación. Tenemos una deuda con la modernización de la legislación fiscal.

De 13 expedientes que trabajamos con las y los diputados como parte del Plan de Fortalecimiento Hacendario, se lograron consensos para la aprobación de ocho de ellos: cuatro proyectos para ordenar las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto, el Proyecto sobre la Eficacia en la Administración de los Recursos Públicos (Caja Única), la Ley de Lucha contra el Contrabando, la Ley de lucha contra el Fraude Fiscal, y el impuesto a las personas jurídicas. Se trata de un avance importante, en el que es oportuno rescatar el compromiso por racionalizar las pensiones y la modernización de las herramientas para enfrentar delitos como el fraude y el contrabando, decisiones que requerían de una clara voluntad política, que le reconozco a este Parlamento.

Sin embargo, el país sigue requiriendo que ustedes, diputadas y diputados de la República, otorguen los instrumentos faltantes para alcanzar la necesaria gobernabilidad fiscal que necesita el país: me refiero a la conversión del Impuesto de Ventas en un Impuesto al Valor Agregado, y la reforma a la ley del impuesto sobre la renta.

Repito, como es de su conocimiento,  conforme el tiempo transcurra el país requerirá de un ajuste fiscal más severo, con graves consecuencias para toda la población, especialmente debido al aumento de las tasas de interés que habrán de pagar por sus créditos.

Adicionalmente por la reducción en la calificación de riesgo país, que encarecerá el acceso de recursos externos.

El tiempo nos ha alcanzado y hoy es urgente contar con las herramientas legales para seguir cerrando los portillos a la evasión y a la elusión tributaria, mejorar la estructura de impuestos y la normativa para recaudar más y mejor con el propósito de invertir en el bienestar de la ciudadanía.

Otros esfuerzos institucionales de eficiencia

Me permito destacar la racionalización y optimización del gasto realizada en RACSA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Tras años de operar con déficits, hoy día RACSA logra revertir su situación financiera y empieza nuevamente a reportar superávits. De tener un déficit del 41,76% en 2013, la empresa obtuvo un superávit del 2,1% en 2015 y de 15% en 2016. En el caso de la CNFL, la utilidad operativa pasó de una pérdida de ₡14.467 millones en 2015, a una utilidad de ₡21.736 millones en 2016.

Hace pocas semanas, tuve la satisfacción de inaugurar el edificio construido por el ICE para la ubicación de oficinas administrativas, el cual no solo se entregó en tiempo, sino que significará para la institución un ahorro adicional de ₡4.700 millones de colones anuales, al eliminar el pago de 10 grandes alquileres –que tenían desde hace 22 años– y el pago de servicios públicos y de mantenimiento vinculados a esos arrendamientos.

En este marco, al igual que en el año anterior, el Gobierno continuó con la renegociación a la baja de las convenciones colectivas, siendo las más significativas, las de Japdeva, Recope y Banco de Costa Rica. Por su parte, el ICE disminuyó en casi ₡12.000 millones el monto de remuneraciones, gracias a la reducción de un 12% de su planilla institucional de 2013 a la fecha, lo cual se logró mediante el seguimiento de los programas de movilidad laboral y la renovación de la estructura organizacional.

Estos procesos han requerido de mucho diálogo en el que ha imperado el respeto, la protección de los derechos laborales y la convicción de eliminar cláusulas abusivas que atentan contra el interés general.

Competitividad

El 2016 fue un año de recuperación en el rubro de exportaciones. A pesar del impacto que ocasionó la salida de una parte de las operaciones de manufactura de INTEL, nuestro comercio internacional creció 7,5% respecto del 2015 alcanzando $9.933 millones en el 2016.

Este resultado es doblemente satisfactorio debido a que esta recuperación excede la afectación del 14% provocada por el cambio en el modelo de negocios del gigante informático y se da en un contexto latinoamericano en el que la norma es la caída de las exportaciones en un 6% como promedio regional.

Es conveniente resaltar que estas exportaciones están en sintonía con el desarrollo y las oportunidades del futuro. Las exportaciones de servicios crecen más que las de bienes, con un rendimiento de un 12% el año pasado; de mantener este ritmo, en un corto plazo los servicios serán el principal protagonista de nuestro comercio exterior.

En cuanto a la inversión extranjera, el país ratificó este año que mantiene su atractivo y que genera confianza en los inversionistas con un incremento del 9%. El país logró captar 40 nuevos proyectos de inversión en los sectores de servicios, ciencias de la vida, manufactura liviana, industria alimentaria y manufactura avanzada, producto de un esfuerzo intenso, estrechamente coordinado por Comex y CINDE. El flujo total de IED alcanzó los US$2.762 millones, superando casi en un 31% la meta fijada para este año. Además, en términos de empleo, los sectores indicados también son responsables de generar alrededor de 7.841 nuevos puestos formales de empleo neto, superando en un 21% la cifra de 2015.

Un componente importante de la competitividad de un país es el desarrollo de infraestructura para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Al respecto, la entrada en funcionamiento de la planta hidroeléctrica Reventazón, segunda obra de infraestructura más grande de la región después del Canal de Panamá, no solo garantiza la satisfacción de la demanda y ratifica el compromiso del país con la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, sino que mejora el perfil competitivo del país. En este sentido, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el 2016, le permitió a Costa Rica ubicarse como el país con la mayor participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica en el Renewables 2016-Global Status Report, de la organización francesa Ren21. Una vez más, podemos comprobar que en este país tenemos talento de exportación, que es capaz de innovar

Actualmente se trabaja en la revisión de los mecanismos tarifarios, que permitan mantener la competitividad productiva del país y en observancia de los principios plasmados en el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030.

Quisiera detenerme un poco para llamar la atención sobre grandes proyectos que se realizarán en nuestro país y que se anunciaron en el 2016 y en el 2017, como la instalación en Costa Rica del campus latinoamericano de la prestigiosa universidad Texas Tech, o el proyecto Discovery Costa Rica. No solo son proyectos pioneros en América Latina, sino que refuerzan la imagen del país en el exterior, para emprender ambiciosos desarrollos. Esto ha sido posible por el buen nombre y reputación de nuestro país, pero también por nuestras condiciones de competitividad y la promoción realizada por agentes públicos y privados.

Durante estos tres años el turismo reafirmó su enorme potencial y está alcanzando alturas cada vez mayores. En la actualidad, genera 600 mil empleos, directos e indirectos, y $4 mil millones en divisas.

Con mucha satisfacción les informo que más aerolíneas han establecido vuelos directos a nuestro país, generando un impacto altamente positivo en la economía y en el posicionamiento de Costa Rica como un importante destino turístico en el mundo. En los meses recientes, las aerolíneas holandesa KLM y la suiza Edelweiss, también se sumaron a la decena de otras aerolíneas que ya conectan a nuestro país con las principales urbes del mundo, como lo son British Airways, Air France, Alaska Airlines, Southwest y otras de bajo costo, como Volaris o Interjet.

Costa Rica y el resto del mundo nunca antes estuvieron más conectados como lo están hoy día. La política de atracción de vuelos deparó en el 2016 la mayor cantidad de visitantes en toda su historia que ingresaron a territorio nacional por nuestros aeropuertos internacionales: el Juan Santamaría superó el millón y medio de viajeros, mientras que el Daniel Oduber registró 570 mil visitantes.

El aumento del flujo de visitación será correspondido con inversiones para la ampliación de ambos aeropuertos por un monto superior a los $100 millones de dólares, dirigidos principalmente a mejorar la atención de los pasajeros.

Costa Rica es el primer país en medir el progreso social en centros turísticos. Ello nos permitirá determinar cuánto desarrollo y progreso social genera el turismo en el territorio nacional. Esta herramienta fue reconocida por la Organización Mundial del Turismo e hizo merecedor al país al segundo lugar en la categoría de Innovación y Excelencia en la pasada Feria Internacional de Turismo 2017.

Por otra parte, logramos ejecutar importantes inversiones en áreas protegidas, principalmente mediante la ejecución del préstamo BID-Turismo. Al inicio de nuestra Administración identificamos un porcentaje de ejecución del 5,7%; sin embargo, logramos revertir la mala calificación para ejecutar adecuadamente sus recursos, registrando el año pasado una ejecución física del 86,24% y financiera del 100%. Invertimos $25 millones en la construcción de diversa infraestructura dentro de los parques nacionales para la atención de los visitantes.

La construcción del Centro Nacional de Congresos y Convenciones, sueño largamente anhelado por el sector turístico y que al fin arrancó, permite que el país incursione en el turismo de reuniones.  Confío en que su edificación se concluya en el primer trimestre del 2018 y se convierta en elemento dinamizador de este sector.

Al rescate del mercado interno

Hemos emprendido múltiples esfuerzos por desarrollar nuestro mercado interno y por apoyar técnica y financieramente a nuestros pequeños y medianos productores y agricultores.

Entre las mayores contribuciones se encuentra el impulso otorgado al Sistema de Banca para el Desarrollo, cuya cartera de créditos en 2016 ascendió a ₡200.000 millones entregados a unos 30 mil proyectos, con un incremento del 300% en la colocación de recursos para el sector agropecuario, en el periodo del 2013 al 2016.

Le hemos dado un gran impulso a las PYMES que ha significado un incremento del 25% en las compras públicas a estas empresas, su participación en las exportaciones pasó del 15% al 19%; se ha superado la meta de apoyo a la empresariedad y se lanzó un consultorio móvil en 22 municipalidades.

Sobresale por su trascendencia la emisión del decreto y reglamento que actualiza el registro de agroquímicos, permitiendo con ello el mejoramiento cualitativo de la producción agropecuaria y piscícola, la cual se había visto seriamente afectada por no contar con estos instrumentos desde hace más de 15 años. Estos nuevos instrumentos, además de mejorar la competitividad de nuestros productores, mejoran también la salud de los consumidores quienes a partir de ahora se verán favorecidos con productos cuyo tratamiento es realizado por moléculas más modernas y menos contaminantes.

Se consolidó la labor de rescate del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de la Producción. Logramos que el 94% de las compras institucionales se realicen a micro, pequeños y medianos agricultores, y las ventas anuales llegaron a los ₡33.486 millones. Para el primer trimestre del 2017, el número de suplidores había crecido en un 20%, demostrando que logramos fortalecer y sacar adelante el sistema.

Asimismo se proyecta que el mercado para la región Chorotega esté construido en el 2018, beneficiando a unas 400.000 personas; por otro lado, se realizan los estudios para el mercado de la región Brunca, que debería beneficiar a 328.000 personas. Además, se evalúa el proceso para el centro de valor agregado en la región Caribe, que podría favorecer a unas 340.000 personas más.

También podemos señalar, con orgullo, que volvimos nuestra mirada hacia el mar y los pescadores y comunidades costeras. Recordemos que este Gobierno estableció, con un proceso participativo junto con la sociedad civil, el ordenamiento de la Zona Económica Exclusiva.

El concepto de pesca sostenible, en el que se busca un equilibrio entre la actividad productiva, los intereses de las comunidades y la conservación ambiental, se ha mantenido como principio rector de nuestra Administración, y marcó el proceso con el que desarrollaremos el ordenamiento para la pesca del atún, en el que con criterios técnicos y científicos se define y limita, por primera vez, la cantidad de atún que puede ser capturado por la flota pesquera internacional, así como se establecen valores más justos para las licencias.

Me satisface especialmente que mi Administración haya puesto a derecho el trabajo extraordinario de las mujeres y hombres del manglar de Chomes, quienes durante décadas no contaron con un permiso que regularizase su actividad productiva. Aunque temporales y todavía sujetos a múltiples limitaciones, estos permisos abren la puerta para que miles de molusqueros de otras zonas del país puedan recibir un trato equivalente basado en estudios científicos y en el dedicado aporte de los propios productores como principales defensores de los manglares donde trabajan.

Infraestructura que avanza

Asumimos el reto de materializar una importante cartera de obras de infraestructura vial que disponían de financiamiento externo, para las cuales debimos resolver contrataciones de diseños o actualización de los existentes, procesos licitatorios o expropiaciones pendientes, permisos de impacto ambiental, reubicación de servicios públicos e inclusive conformación de unidades ejecutoras,  entre otras condiciones precedentes a su puesta en marcha.

En esta coyuntura nos correspondió asumir el reto de construir, reactivar o concluir las obras y proyectos contenidos en importantes programas de infraestructura vial orientados a la intervención de corredores logísticos medulares, como el caso del Programa de Infraestructura Vial I, financiado por el BID. De este programa se ha concluido con la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles los 50,6 kilómetros comprendidos entre Cañas-Liberia, los pasos a desnivel de Paso Ancho, el puente Yolanda Oreamuno en el trayecto La Uruca y Jardines del Recuerdo, que incluye la ampliación a cuatro carriles mediante dos puentes gemelos de 126 metros de largo cada uno.

Se ha logrado avanzar en la construcción de la punta norte de la nueva carretera a San Carlos. Esta obra quedará finalizada en abril del 2018, fecha en que también estará concluido el diseño de la punta sur a más del 90% del tramo Sifón-La Abundancia.

Se finalizó el mejoramiento del puente del Río Torres en San Rafael de Montes de Oca y, además, se ha trabajado arduamente para que los trámites de inicio de las obras entre Cañas y Limonal y Limonal-Barranca estén en una etapa avanzada de ejecución para el 2018.

En relación con el Programa de Infraestructura Estratégica, financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destaca la intervención del puente Alfredo González Flores, obra que requirió de refuerzo estructural y ampliación a 6 carriles, la cual entregaremos en el  mes de mayo.  Esta Administración entregará a los costarricenses tres puentes nuevos sobre el río Virilla (Paracito, González Flores y Yolanda Oreamuno) y dos en construcción  (uno en la Radial Santa Ana-Belén y otro en la ruta 32).

A mediados de este año, iniciaremos con la fase constructiva del arco norte de la carretera de Circunvalación, gracias al avance experimentado en el último año en materia de expropiaciones y al diálogo las comunidades. Finalmente, la intervención de los pasos a desnivel de la carretera de Circunvalación a la altura de la rotonda de las Garantías Sociales, la Intersección de Guadalupe y el Monumento a la Bandera se iniciarán entre el segundo semestre del 2017 y mediados del 2018.

La conexión de la ruta 257 entre la carretera a Limón y la mega terminal de contenedores de Moín, es uno de los compromisos que le corresponde desarrollar al gobierno: su finalización está prevista para enero del 2018 y actualmente marcha en tiempo y dentro del presupuesto previsto.

Por otra parte, el corredor estratégico Bajos de Chilamate - Vuelta de Kooper, financiado mediante empréstito de la Comunidad Andina de Fomento, ya tiene un alto porcentaje de ejecución de manera que se estima su entrega por parte de la compañía constructora en lo que resta de este año.

Siempre en relación con la vertiente del Caribe, me permito expresar mi agradecimiento a los funcionarios que hicieron posible que la ampliación de la Ruta 32 entre la intersección de Río Frío de Sarapiquí y hasta Moín de Limón cuente, finalmente, con licencia ambiental. Esta constituye el último requisito que permitió hacer efectivo el préstamo de EXIMBANK para el desarrollo del proyecto. La empresa constructora ya cuenta con el diseño avanzado en un 60% y se han generado todas las condiciones necesarias para agilizar el tiempo de ejecución.

El primer fideicomiso carretero se empleará para el desarrollo de la ruta San Ramón – San José, proyecto que goza de una ley de la República, del refrendo de la Contraloría General  y la administración del Banco de Costa Rica como fiduciario. Asimismo se ha designado ya el Órgano Fiscalizador Ciudadano. Como lo he indicado de forma reiterada, hoy reafirmo que este proyecto goza del apoyo total del gobierno y su construcción se iniciará durante mi Administración.

De igual forma, para la carretera Cartago - San José, también prevista a desarrollarse mediante fideicomiso, el MOPT y CONAVI ajustan la propuesta de selección de la entidad bancaria responsable, la cual trabajará en asocio con el Instituto Nacional de Seguros, responsable de la estructuración del fideicomiso.

De esta experiencia, y conociendo la necesidad de que los procesos de expropiación dejen de representar el principal cuello de botella para el avance de obras estratégicas de infraestructura, el Poder Ejecutivo presentó en agosto del año 2016 a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 20.062, con el objetivo de generar las condiciones interinstitucionales necesarias para que los trámites de expropiación sean expeditos y eficaces.

Estamos trabajando, con base en los estudios realizados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, en las vías de financiamiento del proyecto del Tren Rápido de Pasajeros en el Área Metropolitana el cual representará una revolución en materia de transporte público y en el modelo de competitividad para el país. Este es un proyecto esencial también para alcanzar la carbono neutralidad en el 2021.

Finalmente, la integración vial centroamericana tiene como referente la construcción del Puente Binacional sobre el Río Sixaola que enlazará a Costa Rica con Panamá a partir del segundo trimestre del 2018, gracias al aporte no reembolsable del Fondo de Infraestructura de Mesoamérica, así como una contrapartida adicional de $7,5 millones, distribuidos en partes iguales entre el gobierno costarricense y el gobierno de Panamá.

Resulta evidente que nuestra intención de transformar radicalmente el sector de construcción de obra pública actualmente constituido por el MOPT y el CONAVI, requiere de una modificación legal que no ha sido posible concertar, pese a la presentación de una propuesta de ley (INIV) que desde hace meses es de conocimiento de los diputados pero que por el momento carece del apoyo necesario para su aprobación.  Lamentamos esta circunstancia que en nada desmerece el convencimiento de la Administración sobre la necesidad de fortalecer al MOPT como entidad rectora en esta materia. Quiero señalar a este respecto que para seguir fortaleciendo la construcción de obra pública el gobierno emitió un reglamento para fortalecer alianzas público-privadas para impulsar obras y servicios públicos; instrumento de regulación que por primera vez tiene Costa Rica.

Atención de la red vial cantonal

El Primer Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC I) alcanzó durante su quinto año de ejecución un avance en obra estimado del 90%, comprometiendo contratos por un monto de ¢31.358 millones, lo que corresponde a un 99% del total del monto del préstamo del BID por el orden de los $ 60 millones.   Durante el 2017, el Programa tramita algunas licitaciones nuevas, con el fin de comprometer el 100% de los recursos.

Un factor determinante para el mejoramiento de la infraestructura vial cantonal - que representa el 85% de la red vial nacional - ha sido el desarrollo de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias para la Atención de la Red Vial Cantonal (ley 9329), aprobada en el 2015 y que mencionara en mi anterior informe.  Hoy los gobiernos locales cuentan con este potente instrumento que les permite atender con mayor holgura sus responsabilidades en el ámbito de la infraestructura vial.

Nuestro compromiso por desarrollar de manera integral la red vial cantonal, con el objetivo de que las comunidades tengan infraestructura vial que les permita tener mejores accesos a sus territorios, transporte de productos, seguridad vial de la población y mejorar la competitividad se sigue fortaleciendo. En cumplimiento de la Ley 8114 y la Ley 9329 para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva de la red vial cantonal durante el año 2016 se presupuestaron y transfirieron, en su totalidad ₡49.629 millones, a las Municipalidades; para el año 2017 se tienen presupuestados ₡79.777 millones y a marzo de este año ya se han transferido ₡11.152 millones.

Movilidad urbana

Promover la movilidad de las personas en centro urbanos es una tarea compleja que requiere acciones en varios frentes: la modernización del transporte público; el cambio de hábitos y costumbres de la población; la transformación de los espacios públicos y la reorganización de los sistemas de transporte colectivo.

Auspiciadas por la Administración, la apertura al diálogo y la participación en procesos de toma de decisión, ha permitido consolidar y ejecutar las políticas y estrategias para la modernización y sectorización del transporte público modalidad autobús en el Área Metropolitana de San José y zonas aledañas tal como está establecido en el  Decreto Ejecutivo 40186-MOPT.

Este decreto ordena el establecimiento de una red primaria de vías troncalizadas con paso prioritario para los autobuses, integrándolas con otros medios de transportes como el tren interurbano.

Estamos a pocas semanas de iniciar las primeras acciones en el Área Metropolitana de San José: prioridad de paso peatonal, jerarquización de rutas e integración de éstas con el tren, que se convertirá en una medida que cambiará el entorno de la ciudad y facilitará la movilización de miles de habitantes. Este decreto ampara las coordinaciones necesarias entre el Gobierno, municipalidades y empresas y la búsqueda de fondos para incorporar la infraestructura necesaria que permita atender las nuevas necesidades de movilidad en nuestras ciudades.

Además, en ese contexto de reforma del sistema de transporte, en febrero pasado se suscribió el Convenio de Cooperación para el desarrollo del Sistema de Pago Electrónico en el transporte público, modalidades autobús y ferrocarril, que integra esfuerzos del MOPT, Incofer, Aresep y el Banco Central. Este es un mecanismo fundamental para que las unidades de transporte cumplan con los principios de calidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad, cuya debida satisfacción beneficia a la ciudadanía.

Segundo pilar: Reducción de la desigualdad  y combate a la pobreza

Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo en el 2015, las familias que fueron incorporadas a ésta, han recibido un total de 63.875 beneficios provenientes de ocho programas sociales, lo cual representa una inversión social de más de ₡136.000 millones.

Esto se ha logrado gracias al trabajo coordinado y de articulación que la vicepresidenta Ana Helena Chacón Echeverría junto a su equipo y al Consejo Presidencial Social desarrollan por el bienestar de Costa Rica.

La última Encuesta Nacional de Hogares confirma los resultados concretos de la Estrategia. Tuvimos el índice más bajo de pobreza de los últimos siete año un  20,5%.

10.440 hogares salieron de la pobreza en el último año. Además, 9.700 familias en pobreza extrema ya no se encuentran en esa situación.

También, logramos bajar la pobreza rural de un 30,3% en el 2014 a un 25,7% en el 2016, es decir, una baja de 4,6 puntos porcentuales en lo que lleva la presente Administración.

Sacamos a 12.000 personas menores de edad del trabajo infantil, lo cual es una reducción notable y esperanzadora. Según la Organización  Internacional del Trabajo (OIT), Costa Rica lidera regionalmente la reducción del trabajo de menores entre 5 y 14 años.

Siempre en materia de niñez y adolescencia, apoyamos firmemente la aprobación de la ley de relaciones impropias, para disminuir las relaciones desiguales y abusivas que viven las personas menores de edad y combatir la violencia sexual contra niñas y adolescentes, al prohibir los matrimonios que incluyan a personas menores de edad.

El programa Avancemos se remoza y profundiza. En el mes de marzo del 2017, desde el Instituto Mixto de Ayuda Social, se eliminó el tope de 25 años para acceder a dicho programa, de manera que ahora la edad no será un problema para concluir el bachillerato. Además, modificamos los montos e incrementamos el aporte del Estado a los estudiantes beneficiarios del III y IV Ciclo de Educación General Básica. Solo en el 2016, incrementamos la inversión social en este programa en un 14%, particularmente en el grupo de hogares con mayor índice de pobreza.  Para el 2016 atendimos a  más de 169.000 estudiantes, de los cuales el 51% son mujeres y principalmente de las regiones más pobres.

En lo que va de mi Administración, la cantidad de hogares en situación de pobreza con carencia de internet, disminuyó, pasando de 49% a 40%. Esto es un aumento cercano a los 33.000 hogares con conexión a la red, lo cual incide significativamente en la disminución de la pobreza multidimensional.

Hemos pensado también en el cuido de la población menor de edad, porque resulta clave en el engranaje de una estrategia para reducir la pobreza. Por eso, fortalecimos la Red de Cuido. Hemos abierto 47 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil (CECUDIS), impulsamos el cuido nocturno y logramos pasar de un centro con modalidad nocturna en 2014, a cuatro en 2015; y a 41 al cierre del 2016.  En estos tres años de Gobierno hemos aumentado la Red de Cuido en un 41%. Es decir, se pasó de 36.000 personas menores de edad a más de 51.000.  La cifra de niños y niñas atendidas aumentó en más de 15.000. Además, ha aumentado la atención de niños y niñas con discapacidad en las modalidades que trabajan en el marco de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

Por medio del Pacto por un País Accesible e Inclusivo, atendimos 2.600 familias que cuentan entre sus miembros, a una persona con discapacidad. Fortalecimos los Centros de Atención Integral para Personas con Discapacidad (Caipad); asignamos y distribuimos becas de transporte de niños y niñas con discapacidad en los centros educativos en todo el país.

Fortalecimos el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec); asignamos y distribuimos becas de Avancemos a esta población en situación de pobreza y pobreza extrema. Implementamos, por un periodo de dos años, el Plan Nacional de Inserción Laboral para personas con discapacidad y a la fecha tenemos 500 puestos laborales para esta población. En coordinación con el Icoder incorporamos  parámetros de accesibilidad para la construcción de nuevos parques recreativos en distintas comunidades del país.

Por primera vez, Costa Rica cuenta con un proceso de Consulta Indígena en marcha, con la participación de más de 7.000 personas, en los 24 territorios indígenas del país. Esto con el objetivo de construir de forma participativa un Mecanismo General de Consulta para que el Gobierno cumpla eficazmente con el mandato del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El año anterior realizamos una inversión de más de ₡2.200 millones, para la atención de 3.630 familias indígenas en situación de pobreza. La mayor inversión se realizó en la Región Huetar Caribe con una ejecución de ₡879,8 millones, le sigue la Brunca con ₡758,2 millones; luego Cartago cuyo valor de ejecución asciende a los ₡367,9 millones.

También, durante este año reforzaremos la atención de las familias indígenas incluidas en Puente al Desarrollo, con 40   nuevos cogestores y cogestoras para la etapa de sostenibilidad de la Estrategia, donde varios de ellos son indígenas y tendrán mayor facilidad para atender a las familias de acuerdo con su cultura y cosmovisión.

En agosto de 2016, firmamos la ratificación realizada por esta Asamblea Legislativa de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Nuestro país se convirtió en el primer país en ratificar esta Convención.

En materia de educación, se ha hecho un vigoroso trabajo para que los reglamentos del MEP respeten las condiciones culturales y características fenotípicas. Estas acciones han permitido la incorporación de la información actualizada en los programas de estudios sociales de escuelas y colegios, la inclusión de autores afrodescendientes en los programas de lectura escolar y mediante la Comisión de Estudios Afrodescendientes se implementa la propuesta de “Centros educativos libres de discriminación racial”.

A partir de este año, se inicia el Plan Limón Bilingüe, dirigido a estudiantes de secundaria del Colegio Nuevo de Limón, en el que se impartirán lecciones intensivas de inglés a jóvenes.

Por otro lado, en el último año hemos concretado logros importantes en el reconocimiento de derechos para las personas LGBTI. Por ejemplo, el  nuevo reglamento del Estatuto del Servicio Civil establece el deber de las personas dentro de la función pública de defender y proteger el acceso a los servicios públicos para esta población. El INA y el MEP emitieron directrices donde se reconoce la identidad de género, lo que permite la entrega del título del grado académico con el nombre de escogencia de la persona. El IMAS empezó a registrar a las parejas del mismo sexo dentro de su sistema, facilitando el abordaje integral y reconociendo su diversidad.

Veamos ahora logros en otros programas e instituciones.

El Programa Tejiendo Desarrollo, liderado por la Primera Dama en conjunto con Mideplan, Inder, IFAM y Dinadeco, ha transformado el mapa de la gobernanza del país. Se ha creado y consolidado una red de más de 50 espacios de participación ciudadana y de articulación pública-privada.  Durante el 2016, con este Programa, ejecutamos proyectos por más de ₡23.000 millones, para beneficiar de forma directa a alrededor de 22.000 familias.

La planta procesadora de Coopelácteos del Norte y el proyecto turístico China Verde en Upala, la finca integral turística de El Guaco en Carrillo, el mercado de artesanías en Hojancha, la planta agroindustrial de frutas tropicales en Turrubares son sólo algunos de los proyectos exitosos que han generado bienestar y empleo local.

Una constante del Programa ha sido el apoyo a las asociaciones de mujeres emprendedoras en áreas rurales acompañadas por el INDER, cuyos proyectos e iniciativas han promovido el liderazgo de muchas mujeres trabajadoras.

Otro logro del Programa Tejiendo Desarrollo ha sido el fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para la mejor gestión del desarrollo territorial liderado por el IFAM e INDER. En conjunto con la Dirección de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo, hemos impulsado proyectos asociativos en varias cadenas productivas, por un total de casi ₡3.000 millones.

Durante el último año, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad llevó a cabo un proceso de mejora continua y simplificación de trámites al presentar el nuevo modelo para el financiamiento de proyectos. El nuevo modelo mejora los tiempos de respuesta a las organizaciones comunales, genera más transparencia en la distribución de los recursos y fortalece la rendición de cuentas sobre el uso efectivo de los recursos públicos, por medio de una plataforma virtual por la cual se podrá consultar en línea información de las más de 3.600 organizaciones comunales, con respecto a la conformación de juntas directivas, proyectos ejecutados o en desarrollo y recursos públicos asignados correspondientes al impuesto sobre la renta.

En materia de transferencia de recursos públicos, esta Administración ha sido la que más dinero ha trasladado a las asociaciones de desarrollo desde el año 2006. En solo tres años de gobierno, se ha transferido más de ₡17.000 millones a las organizaciones comunales; es decir, el monto más alto de los últimos ocho años.

Con una inversión del INDER cercana a los ₡17.000 millones, en el 2016, en beneficio de más de 35.500 familias, mejoramos y realizamos nueva infraestructura territorial; de las 96 obras propuestas ya entregamos 75. Invertimos en emprendimientos locales, por medio del crédito rural, con el objetivo de fortalecer el capital social e innovador de los territorios del país. También realizamos la asignación y titulación de tierras, para brindar seguridad, estabilidad y acceso a los servicios básicos para cientos de familias. Por medio de 46 transferencias a gobiernos locales, asociaciones productivas, cooperativas de desarrollo, centros agrícolas cantonales, juntas educativas, universidades y asociaciones sin fines de lucro, fortalecemos y capacitamos organizaciones, se compraron equipos y materiales, se desarrollaron proyectos comunales, productivos y de infraestructura vial.

Gracias al trabajo del Inamu, hemos logrado avances en la legislación para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. A través de esta institución, hemos participado activamente en el proceso de aprobación de leyes, entre ellas la ley N.º 9406, “Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas”, la cual entró en vigencia desde el 13 de enero de 2017. Esta ley pretende fortalecer la protección legal de las niñas y las adolescentes ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas.

Partimos de una línea base de 1.300 mujeres en 2014, superamos la meta al alcanzar 5.000 mujeres para el año 2016, y hemos logrado incidir directamente en 6.857 mujeres en situación de pobreza y pobreza extrema.  Hemos incidido en más de 7.799 mujeres, de ellas 450 niñas. Esto mediante capacitación sobre salud sexual y reproductiva, que pertenecen al programa Avanzamos Mujeres.

Por otro lado, debo resaltar la ejecución histórica de los fondos destinados a vivienda por el Estado costarricense durante mi Administración.

Desde el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), hemos logrado excelentes resultados en el total de bonos otorgados (escritura entregada y pago completo del bono) a las familias de escasos recursos y a las de clase media.

En 2016, otorgamos 11.823 bonos, cantidad que es un 8,8% más que en el 2015 y el número más alto en 8 años. Desde el inicio de mi Gobierno hasta finales del año pasado, hemos entregado 29.183 bonos de vivienda, equivalentes a una inversión de ₡225.700 millones.

Por primera vez en la historia en octubre del 2016, emitimos la “Directriz para la definición de población prioritaria para proyectos de vivienda financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”.

Dicho instrumento jurídico atiende los señalamientos realizados desde hace varios años por parte de la Contraloría General de la República, en el sentido de que se requiere emitir mecanismos de control para garantizar que los beneficiarios de bono en proyectos de vivienda de interés social, provengan de un proceso de escogencia sustentado y documentado técnicamente.

Desde el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), impulsamos una estrategia conjunta para la ampliación y fortalecimiento de las oportunidades de acceso a vivienda para personas jóvenes y clase media. Tras varios meses de negociaciones, en noviembre de 2016, concretamos una línea de crédito por un monto de $50 millones, que serán utilizados en inversiones directas para facilitar el acceso a crédito hipotecario al segmento de clase media.

Se realizó el segundo concurso de bono colectivo para áreas recreativas, alcantarillados (pluvial y sanitario), aceras y vías, a fin de mejorar la infraestructura social y el desarrollo local en todo el país. En los últimos dos años 15 iniciativas han ganado este concurso con una inversión que supera los ₡8.000 millones.

El valor de la cultura

Trabajamos por garantizar el disfrute, la vivencia y el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía en todo el país. Un ejemplo de esto es el Festival Nacional de las Artes, que el año anterior se realizó en dos de los cantones priorizados, Golfito y Corredores y llegó a 116.467 personas.

Además dinamizamos la cultura, ya sea por inversiones en la conservación o ampliación de la infraestructura cultural, como en la Plaza de la Cultura, en el Museo Histórico Juan Santamaría o en el Teatro Nacional, en el Teatro Popular  Melico Salazar o en la Antigua Aduana.Fortalecemos, además, el desarrollo de distintos sectores artísticos por medio del Programa Emprendimientos Culturales y Creativos, en el cual han participado diversos grupos musicales, audiovisuales, de animación digital y de video juegos. También lo hacemos  por medio del Fondo para Proyectos Audiovisuales “El Fauno”, que el año anterior realizó su segunda convocatoria y está dirigido a la producción de contenidos de televisión abierta, medios tecnológicos, convergentes, animación y video juegos, con una inversión de ₡209 millones.

Asimismo, por medio del Viceministerio de Juventud se inició el programa Formación en Democracia y Derechos Políticos de las Juventudes, en beneficio de 1.850 personas jóvenes.

Un valor superior: la educación

Uno de los puntos medulares de mi Gobierno ha sido el fortalecimiento de la educación pública, porque su calidad, la infraestructura, el diseño curricular y la actualización de las y los docentes son decisivas en la construcción de sociedades democráticas, por su capacidad de generar movilidad social y progreso económico para la Nación.  La educación es, como lo he dicho repetidamente “nuestra marca nacional”.

La promoción de nuevos bachilleres fue del 73%, la cifra más alta jamás registrada en la historia del país, y la exclusión dentro de un mismo año lectivo (antes mal concebida como deserción estudiantil) fue del 4% para todo el sistema educativo, y de 8,4% en secundaria, en ambos casos las cifras más bajas de la última década. Esto se logra gracias a la implementación de una estrategia innovadora e integral de lucha contra la exclusión, conocida como Yo me Apunto.

Naturalmente, ambas cifras representan muchas horas de estudio de las y los jóvenes, de compromiso de los padres de familia y de un esfuerzo redoblado de docentes en la búsqueda de la excelencia formativa de sus discípulos.

También entendemos éstos y otros resultados como el éxito de la promoción del centro educativo como espacio de oportunidades, a la mejora de la asignación de recursos y cobertura de los escuelas y colegios que atienden mayor cantidad de población en pobreza y pobreza extrema. En la mejora de esos resultados contribuye además la extensión de beneficiarios y la entrega a tiempo de las becas de FONABE  por un monto de ₡43.287 millones anuales, los esfuerzos por asegurar al menos un almuerzo diario a 742.046 estudiantes en todo el país y el aumento de la cobertura del programa de transporte estudiantil que beneficia a 127.021 estudiantes. También influye la implementación de programas y protocolos de acción para la prevención y atención de la violencia, del bullying y del consumo de drogas, así como de la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la incorporación de tecnologías móviles.

Infraestructura educativa

Avanzar en esta visión ha sido un compromiso compartido por ustedes, señoras y señores diputados, quienes respaldan los esfuerzos presupuestarios del Gobierno para acercarnos progresivamente a cumplir el mandato constitucional de asignar el 8% del PIB a la educación pública.  Este respaldo es lo que permite desarrollar el más ambicioso plan de inversión en construcción y equipamiento de centros educativos a lo largo y ancho del país.

Del 2014 a la fecha, 1.659 centros educativos han sido intervenidos, gracias a los ₡196.000 millones asignados por la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública, cifra que expresa optimización de recursos y compromiso claro con el presente y futuro de nuestros jóvenes.

Esta inversión garantiza a la población estudiantil del país, sitios óptimos y accesibles para el aprendizaje y el desenvolvimiento de sus capacidades, como la escuela San Miguel Oeste, de Naranjo de Alajuela, la cual requirió una inversión de ₡417,1 millones, para beneficiar a 155 estudiantes con la construcción de aulas de preescolar y académicas, rampas techadas y sistema eléctrico, sistema potable y sanitario. O la construcción de la escuela Chirraca de Acosta, con una inversión de ₡314 millones, que actualmente atiende a cerca de 500 estudiantes.

Construimos centros con la última tecnología como el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Cañas, cuyas nuevas instalaciones benefician a 845 estudiantes. La inversión total en la construcción fue de ₡2.290 millones y cuenta con 36 aulas, talleres de electromecánica y laboratorio de cómputo, entre otros. Otro caso es la construcción del CTP de Pavas, que requirió una inversión de ₡1.700 millones, y que beneficia a 374 estudiantes de educación diurna y 78 en sección nocturna, sin olvidar el CTP Rosario, en Naranjo, que beneficia a 431 estudiantes y requirió una inversión de ₡1.850 millones, ahí construimos un laboratorio de robótica, gracias a una asociación público-privada. Estos son ejemplos de las decenas y decenas de escuelas y colegios de todo el país donde hemos invertido.

Les aseguro que el ritmo de ejecución no se detendrá en este último año de gobierno, en el que esperamos entregar obras en otros 179 centros educativos y dejar avanzados más de 800 proyectos, de los que resalto una contribución inédita en la historia nacional: el país contará con el primer inventario nacional de infraestructura educativa, que facilitará la cuantificación, evaluación y calificación del estado de las instalaciones físicas de los centros educativos.

Conectividad

Gracias al trabajo en asocio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y del Despacho de la Vicepresidenta de la República, logramos la creación del Programa Hogares Conectados, que forma parte de la Estrategia Nacional CR Digital, financiada con los recursos de Fonatel, que ha entregado más de 15.000 equipos de cómputo, internet en el hogar y telefonía fija a familias en condiciones de vulnerabilidad. Este programa, a finales del año 2016, fue reconocido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), como el mejor programa del mundo en materia de disminución de la brecha digital y reducción de la pobreza.

Actualmente, 4.434 centros educativos del país tienen algún tipo de conectividad. Del 2014 al 2016 el MEP ha aumentado la velocidad de navegación en 16.203 megas, si sumamos la cantidad de megas adicionales incrementada en cada centro educativo. La mejora en la calidad de la conexión brindará mayores posibilidades para la utilización de recursos innovadores educativos, como cursos en línea o videoconferencias y será una herramienta importante para mejorar la gestión institucional, gracias a la infraestructura Wi-Fi.

Reforma curricular

La nueva política curricular, aprobada por el Consejo Superior de Educación, revela la preocupación de dotar de herramientas y conocimientos para el desenvolvimiento y la empleabilidad que demanda la sociedad en la actualidad. En esa línea se inscribe el reforzamiento del plurilingüismo como una manera de cimentar la nueva ciudadanía planetaria y de ampliar la empleabilidad de los estudiantes, donde la enseñanza del inglés y del francés se realiza a partir del 2017 mediante programas con un enfoque por competencias, según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas; mientras que el mandarín y el portugués se imparten a nivel piloto en algunos centros educativos del país con gran éxito.

La generación de oportunidades de empleabilidad motivó el diseño de toda una estrategia de educación dual, en la que el sector público y privado estrechan esfuerzos para que el estudiantado tenga la oportunidad de adquirir conocimiento, destrezas y experiencia que le permitan mejorar sus posibilidades de integrarse al mundo laboral.

En el último trimestre del año 2016, el Consejo Superior de Educación aprobó el Proyecto Modelo Dual. En una primera etapa, se establece la implementación durante este 2017 de un plan piloto aplicado en la especialidad de la educación técnica automotriz, con la ayuda del Ministerio de Educación Alemán y del gobierno de Alemania, la Universidad de Osnabrück (UO) de Alemania, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad Técnica Nacional (UTC).

La reforma curricular también realiza esfuerzos importantes en materia de afectividad y sexualidad así como en derechos humanos. Una reivindicación largamente postergada encuentra eco en este proceso: ya se encuentra aprobado el programa de Español como segunda lengua para personas sordas, y presentamos ante el Consejo Superior de Educación los nuevos programas de I y II ciclo en Brunca, cuya aprobación se daría en este 2017.

Educación superior de calidad

La sociedad costarricense merece tener profesionales de calidad garantizada, y la juventud deseosa de superarse debe tener la seguridad de recibir una formación de excelencia en las universidades públicas o privadas donde estudien.  En las últimas décadas creció la cantidad de opciones de educación universitaria privada y esto hizo impostergable proponer un proyecto de ley para  reformar el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) para exigir altos estándares de calidad, especialmente en las carreras de áreas de educación, salud e ingenierías. Este proyecto de ley también establece derechos y deberes de los estudiantes, para protegerlos de eventuales abusos y ofrecerles la confianza de una formación con instalaciones físicas adecuadas, profesores competentes, recursos didácticos apropiados y tarifas razonables. Solicito respetuosamente a los señores y señoras diputados y diputadas el respaldo a esta iniciativa tan necesaria para la juventud y el país en general.

Salud: un pilar de nuestra democracia

El año anterior, la Caja Costarricense del Seguro Social cumplió 75 años de hacer historia y de enaltecer a Costa Rica. Al cabo de este tercer año de gobierno, afirmo categóricamente que la hemos fortalecido y dotado de la agilidad necesaria para enfrentar los desafíos de las próximas décadas.

Continuamos con nuestra tarea de recuperación y remozamiento de la institución y de la atención de los asegurados.  A raíz del préstamo suscrito con el Banco Mundial en abril del año pasado, no solo abonamos sustantivamente a la deuda histórica del Gobierno, sino que se plantearon un conjunto de proyectos que hoy día conforman quizá el más ambicioso portafolio de inversión de la institución –por más de ₡841.000 millones para el periodo comprendido entre 2017 y 2021– cuya ejecución se traducirá en el aumento de las cirugías ambulatorias, en la mejora de la atención de enfermedades crónicas y la disminución de las listas de espera; todo lo anterior se complementa con la construcción de los hospitales del bicentenario – Turrialba, Puntarenas y Cartago – y una estrategia de equipamiento y dotación de especialistas en centros ubicados fuera de la GAM, la cual destina ₡800 millones para reforzar los servicios de maternidad en 16 hospitales del país y otros ₡500 millones para atender las poblaciones de Occidente y Zona Norte.

Con éxito avanza el plan para la compra de modernos tomógrafos con una inversión de $14 millones.  Ya funcionan los TAC instalados en los hospitales regionales de Alajuela, Cartago, San Carlos y Limón, y están a punto de ser entregados los de Liberia y Puntarenas. Se ha iniciado la fase de instalación en los hospitales nacionales, empezando por el Hospital San Juan de Dios.

Asimismo, este plan permitirá la apertura de 304 nuevas plazas que fortalecerán programas contra las enfermedades cardiovasculares, padecimientos crónicos, salud mental y la atención oportuna. En este mismo sentido, la Junta Directiva aprobó 283 nuevas plazas para especialistas, que tienen la misión de ampliar la cobertura y variedad de servicios médicos en hospitales periféricos, regionales y nacionales, cubriendo así prácticamente todo el territorio nacional.

En este marco de obras de inversión, me complace hacer de su conocimiento que en agosto de este año, Costa Rica pasará a la vanguardia latinoamericana en materia de cuidados paliativos, mediante la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos. Este centro constituirá un hito en la historia de la seguridad social del país por su gran inversión de ₡6.398 millones para la construcción y un rubro de $1,7 millones para el equipamiento y mantenimiento preventivo y correctivo   –y también porque da cuenta de un país que entiende la calidad de vida de las personas como un derecho que debe preservarse aún en sus últimos días.

Por otro lado, me permito dar cuenta de los esfuerzos de la CCSS para mejorar el cobro a morosos y disminuir las listas de espera.  En el primer caso, les informo que la institución logró recuperar en el último año ₡320.992 millones que se le adeudaban por concepto de cuotas obreras y patronales, cifra que aumentó en ₡10.000 millones sobre lo recuperado en el 2015. Al finalizar el año 2016, la CCSS logró bajar la tasa de morosidad, la cual pasó de 0,73% a 0,59%. Esto significa que el 99,41% de las facturaciones de patronos por cuotas obrero patronales son recuperadas por la CCSS. Asimismo, se redujo la tasa de morosidad de las contribuciones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en los últimos doce meses, pues pasó de 2,83% a 1,98%, una reducción del 30% que se traduce en ₡41.364 millones más para la institución.

En lo que respecta a listas de espera, en el 2017 continuamos la implementación de un segundo turno y jornada de trabajo vespertina en hospitales nacionales, áreas de salud y centros de salud de las regiones Central Sur, Central Norte, Pacífico Central, Chorotega y Brunca, para la atención médica en las distintitas especialidades. Solo en cirugías ambulatorias, representa una reducción del 70% del tiempo de espera promedio.  Esta medida aprovecha la capacidad instalada de los establecimientos de salud y agiliza la atención a miles de pacientes en todo el territorio nacional.

Me alegra resaltar que el esfuerzo de digitalización de la información de los pacientes de EBAIS avanza adecuadamente, gracias a que el 87% de los EBAIS que integran el primer nivel de atención cuenta con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) mientras que el restante 13% que emplea su propia solución digital, está migrando su expediente al EDUS. Esto facilitará una mejora en la atención y un mejor control de las necesidades de los pacientes.

Situación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

La tranquilidad de las y los costarricenses que han cotizado responsablemente debe ser asegurada en su vejez. En diciembre del año 2016, la Universidad de Costa Rica rindió el más reciente estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. El estudio sugiere una guía para la acción en procura de garantizar la sostenibilidad financiera de este sistema, dado el impacto que sobre él provocan los cambios sociodemográficos y laborales, así como decisiones tomadas en administraciones anteriores.

A estos efectos, el Gobierno de la República apoyó la creación de una Mesa de Diálogo Tripartito, en la que representantes de los trabajadores, empresarios y Gobierno, definen las medidas que deberán tomarse para que el régimen IVM sea sostenible durante varias décadas, y garantice, a las y los trabajadores del país, el retiro digno. En aras de favorecer este diálogo, aprovecho la ocasión para reiterar la instancia que oportunamente elevamos a la Junta Directiva de la CCSS de suspender el incremento del 1%, en la cuota obrera para facilitar este diálogo y que se cumpla a cabalidad con las recomendaciones que se deriven del mismo.

Seguridad sanitaria

Parte de la modernización del sector salud se observa en la inversión que desde el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), se realiza para mejorar la vigilancia epidemiológica del país.  En este marco, el Gobierno impulsa la creación del “Laboratorio de Inocuidad microbiológica y bacteriología especializada en alimentos”, con una inversión de $3,5 millones, el cual se encargará a partir del segundo trimestre del 2018 de los análisis microbiológicos de la calidad de los productos que exporte e importe el país.  La certificación de seguridad sanitaria que imprimirá este laboratorio, naturalmente trascenderá la esfera de salud y aportará a la competitividad y al mismo desarrollo de nuestra economía.

TERCER PILAR:

Un gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción

El 21 de marzo del presente año, los Supremos Poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones firmamos un Convenio de Estado Abierto, marcando un hito a nivel mundial en materia de transparencia institucional. Con su ratificación, Costa Rica se convierte en líder internacional de los esfuerzos coordinados para promover un Estado transparente, participativo, eficiente y en lucha frontal contra la corrupción.

En cumplimiento con los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional por un Gobierno Abierto, el pasado 27 de abril, firmamos los Decretos Ejecutivos “Transparencia y acceso a la información pública en el Estado y sus dependencias” y “Apertura de Datos Públicos”. Ambos documentos y sus directrices tienen el propósito de promover la transparencia proactiva en los entes estatales, así como el derecho de acceso a la información pública. Esto permite inhibir la discrecionalidad y la ilegalidad, fomentar la participación social y la fiscalización ciudadana, así como promover la normalidad democrática.

También presentamos a la Asamblea Legislativa los proyectos de “Ley de Libertad de Expresión y Prensa” y “Ley de Acceso a la Información Pública” para su discusión. Estos proyectos son un esfuerzo concreto para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y brindar garantías para el ejercicio libre de la comunicación.

Esta Administración lidera con el ejemplo: Casa Presidencial ya cuenta con un portal de transparencia en la que toda persona puede consultar los salarios de toda la planilla o conocer la información sobre los viajes de los jerarcas de Presidencia.

Asimismo, hemos desarrollado una plataforma digital de rendición de cuentas basado en un mapa interactivo donde se georeferencian los proyectos, obras y equipamiento desarrollados en este gobierno.

Uno de los pilares del Poder Ejecutivo es la lucha frontal y fehaciente contra la corrupción. Costa Rica logró en el 2016 su mejor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, al obtener un registro de 58 puntos, en un año en que la norma fue el retroceso de los países en sus notas. También logramos por segundo año consecutivo ubicarnos en el puesto 6 del ranquin mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras.

Según el último Informe del Estado  de la Nación 2016, “desde mayo de 2014 (...) se registra una disminución importante de la conflictividad” gracias a “un acercamiento sistemático entre sectores sociales y Gobierno, que propicia mayores y mejores acuerdos mediante el uso de los mecanismos institucionales para atender las demandas de la población”. Desde esa fecha, el Poder Ejecutivo ha desarrollado más de 149 procesos de diálogo social con sectores y poblaciones, lo que ha permitido encontrar soluciones por medio del trabajo institucional integral y coordinado para la atención temprana de conflictos de toda índole.

Además la Presidencia de la República firmó en marzo su adhesión oficial a la Iniciativa internacional de Transparencia en el Sector de la Construcción (COAST). Con esta acción, Costa Rica lleva sus proyectos de infraestructura a un nuevo nivel, al aplicar los más altos estándares internacionales haciendo la información sobre estas obras accesible a toda la ciudadanía. Así, todas y todos podrán estar atentos a los avances en infraestructura que desarrolla el Gobierno.

Buenas prácticas e incorporación a la OCDE

El proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) avanza a paso firme. Mi Administración ha continuado impulsando de manera decidida la ambiciosa meta de convertir a nuestro país en un miembro más de esa ‘casa de buenas prácticas’.  El apoyo inequívoco que hemos dado a este proceso nace del convencimiento de que la OCDE robustece los esfuerzos que ya estamos realizando para construir un Estado más moderno, eficiente, transparente y participativo.

La OCDE es una plataforma para el intercambio de buenas prácticas y un laboratorio de generación de conocimiento social, económico y científico que le brindará a Costa Rica nuevas herramientas para afrontar los desafíos que implica la búsqueda de un mayor desarrollo económico y social, que sea a la vez inclusivo y respetuoso con el ambiente.

La complejidad del proceso ha requerido la participación de una amplia gama de instituciones públicas las cuales, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), han conseguido que, a la fecha, se hayan recibido las opiniones formales de las evaluaciones llevadas a cabo en los comités de Comercio y de Salud. Continuamos trabajando con mucho dinamismo y entusiasmo, a fin de obtener las aprobaciones de los restantes 20 comités en los próximos meses.

En el campo de la mejora en la transparencia y eficacia del Estado, así como la adopción de las mejores prácticas internacionales, resulta necesario señalar el rol fundamental que desempeña esta Asamblea Legislativa en los esfuerzos por cristalizar este gran objetivo.

En este sentido quisiera destacar varios proyectos: la aprobación en primer debate de la incorporación de Costa Rica a la Convención para Combatir el Cohecho de los Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Internacionales, cuyo segundo debate esperamos con prontitud, así como la reforma que transparenta la propiedad accionaria de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; sin duda, dos instrumentos jurídicos fundamentales para luchar con mayor eficacia y contundencia contra la corrupción.

De igual manera, celebro la promulgación de la Ley N.º 9.392 “Ley de Protección al Inversionista Minoritario”, la cual promueve transparencia en las transacciones, evita conflictos de interés y amplía el acceso a la información del pequeño inversionista.

También es de destacar la Ley para el Perfeccionamiento de la Rendición de Cuentas.

Agradezco los apoyos recibidos hasta el momento por parte de ustedes señoras y señores diputados, y solicito el apoyo y la aprobación de aquellos proyectos de ley que son necesarios para poder continuar con el desarrollo de nuestro programa de adhesión a la organización.

Por su parte, con el propósito de que la normativa de competencia y su institucionalidad en el país se adecúen a las mejores prácticas internacionales, se presentó en el 2016 el proyecto de ley N.º 19.996 que incluye, entre otras, las recomendaciones realizadas por la OCDE.

En los próximos meses someteremos a discusión varios proyectos que tienen por objetivo mejorar nuestra gobernanza, e impulsaremos proyectos como el ya presentado por la Contraloría General de la República para fortalecer el control presupuestario de los órganos desconcentrados, la iniciativa sobre desarrollo regional que consolida los Consejos Regionales de Desarrollo (Coredes) y una modificación a la Ley de Contratación Pública.

Asimismo, en esta materia, deseo expresar el interés de presentar una reforma  a la ley para que se fortalezca y se dote de más recursos al Sistema Estadístico Nacional.  El diseño de política pública de calidad y la implementación de buenas prácticas depende de un análisis riguroso y exhaustivo de la realidad nacional basado en la evidencia.  Para ello necesitamos un sistema estadístico robusto que sirva de brújula en esos procesos.

Por último destaco que en conjunto con el sector privado, el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación elaboró un proyecto de Ley para la creación del Consejo Nacional de Competitividad, con el cual se procurará la continuidad de las políticas definidas en esta área.  La creación de este Consejo coincide con una visión estratégica de mediano y largo plazo, que coordina la acción de distintos ministerios, incorpora a actores privados de gran relevancia en la actividad productiva y se consolida más allá de un período presidencial.

Eficiencia y simplificación de trámites

El trabajo continuo nos ha llevado a realizar mejoras significativas en la competitividad del país. Desde el 2014 y hasta la fecha hemos ejecutado acciones concretas con el fin de llevar a Costa Rica hacia el desarrollo: la puesta en marcha de la Ley de Garantías Mobiliarias, N.º 9.246, y el arranque del Sistema informático del Registro Nacional para manejar las garantías mobiliarias. Esto último, hizo que nos posicionáramos en el puesto número 7 del mundo en el indicador de obtención de crédito del Doing Business del 2015 y 2016.

Desde el Consejo de Gobierno, en el año 2014 se tomaron dos acuerdos que obligan a toda la Administración Pública, Central y Descentralizada, a formular y ejecutar planes de mejora regulatoria anuales. En cumplimiento con lo anterior se logró la designación de 73 Oficiales de Simplificación de Trámites y la conformación de comisiones de mejora regulatoria Institucionales. A lo largo de toda esta Administración hemos simplificado 119 trámites, lo que hace la vida más fácil para la ciudadanía y el empresariado, ahorrando gran cantidad de recursos y tiempo. Dentro de los más significativos, a partir del primero de enero de 2017, ningún usuario debe presentar la orden patronal para acceder a los servicios de salud y pensiones. Acciones como éstas nos han llevado a avanzar más de 21 posiciones en el Doing Business.

En diciembre 2016 cumplimos la meta de completar la implementación del Expediente Digital Único en Salud en el primer nivel de atención en salud.

Además, 133.000 costarricenses cuentan con un certificado de firma digital que les permite acceder a un centenar de servicios y productos en 90 instituciones públicas, bancarias y comerciales. Este es un avance en materia de digitalización de procesos a nivel nacional y genera un ahorro significativo en el transporte y uso de papel.

El Ministerio de Salud logró la reducción de los tiempos de registro de productos de interés sanitario. De esta manera, el registro de los alimentos regulares pasó de 3 meses a 22 días y el de los alimentos de bajo riesgo pasó de 22 días a 5 días.

Reducción en el tiempo de registro tan importantes como estas también han ocurrido en cosméticos y medicamentos entre otros productos.

Gobernar con honestidad sí es posible

Este Gobierno ha asumido, desde el día uno de su gestión, el compromiso ineludible de transparentar su actuación y de administrar los asuntos públicos con absoluta honestidad.

Somos conscientes que la corrupción y el clientelismo carcomen los cimientos de un Estado democrático. La probidad y la transparencia en la conducción de los asuntos oficiales, en cambio, favorece el cumplimiento de la ley, la prevalencia del Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos de las personas. Es también una forma de abonar significativamente a la calidad de los servicios estatales, así como al adecuado manejo de la Hacienda Pública.

La prevención y combate a la corrupción han sido enunciados fundamentales de esta Administración. Diversas medidas han sido adoptadas para asegurar que la atención de las funciones públicas se lleve a cabo con honestidad y transparencia. Y cuando han surgido dudas acerca de la probidad con que se tomaron determinadas decisiones, se ha actuado con prontitud y eficacia, con estricto apego a la ley y en respeto del debido proceso, como corresponde en un régimen de Derecho.

Como muestra de esta convicción, el Gobierno de la República ha concluido con éxito la intervención de JUDESUR y se encuentra ejecutando otra intervención en INFOCOOP. En ambos casos, décadas de sistemática debilidad en los sistemas de control interno y una excesiva injerencia política partidaria en el manejo de dos instituciones tan relevantes, generaron una pobre gestión pública, así como ambientes propicios para la actuación opaca y el surgimiento de fuertes cuestionamientos. Con las intervenciones, se ha procurado restablecer los sistemas de control y restaurar el adecuado funcionamiento de dichas instituciones.

Combate a la criminalidad

En materia de seguridad pública, combate al crimen organizado y lucha contra el narcotráfico tenemos un compromiso inquebrantable.

Nuestra policía debe ser civilista, garantizar los derechos humanos y ser el instrumento real de protección de la colectividad, manifestando contundencia y firmeza en sus acciones contra el crimen organizado y la delincuencia general, siempre apegados al derecho. Esto es posible gracias al esfuerzo conjunto de todas las autoridades y poderes del Estado, que se traduce no solo en un logro de una Administración, sino en el deber ineludible de todo operador de justicia en la consecución de tal fin.

Nuestra policía debe ser incuestionable, transparente, clara y protectora en el ejercicio de su deber, y sobre todo protectora de nuestra población. Por ello, nos hemos dado a la tarea de sanear nuestros cuerpos policiales y evitar así que la corrupción pueda permear la institucionalidad democrática. Este esfuerzo del Ejecutivo debe contar con el apoyo de los demás poderes del Estado y sus entidades.

La inseguridad ciudadana y el flagelo del narcotráfico son los grandes retos que en esta materia estamos abordando. En el año 2016 fueron desarticuladas 118 organizaciones criminales locales, siendo 33 de ellas familiares. Al narcotráfico le incautamos 19 toneladas de cocaína, casi 6 toneladas de marihuana empacada y se destruyeron 2 millones de plantas de esa misma droga; cifras históricas que superan por mucho lo registrado en años anteriores.

Por otra parte, la inversión adecuada en nuestros cuerpos policiales es prioritaria para resguardar la paz y la seguridad de las personas. Es necesario consolidar las acciones preventivas junto con las comunidades, equipar a nuestra Policía, continuar su profesionalización efectiva y dotarla de recurso humano e instalaciones dignas. Agradezco a esta Asamblea Legislativa la aprobación del impuesto a las sociedades anónimas que devuelve recursos frescos a los cuerpos de seguridad, un 90% al Ministerio de Seguridad Pública, un 5% al Organismo de Investigación Judicial y un 5% al Ministerio Público. Esos recursos permitirán contratar 1.000 nuevos policías y seguir fortaleciendo la seguridad de nuestra ciudadanía.

$21 millones en nuevas delegaciones policiales

La policía requiere mejores condiciones para proteger a nuestras familias y comunidades.

Para superar el rezago de años impulsamos la construcción de delegaciones, que devuelven dignidad a los cuerpos policiales para atender a 775.000 personas en todo el territorio nacional. Ya están listas y operando las de Liberia, Pérez Zeledón, Sarapiquí y Alajuela.  Y en avance las de Guararí, Santa Cruz, Palmares y Esparza, Puntarenas, Parrita y Carrandi de Limón.

Este plan se ejecuta con préstamo por $21,3 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social. Además, se viene reforzando con otras obras de infraestructura por ₡3.692 millones, con dineros del Ministerio de Seguridad Pública, MOPT, JUDESUR  y de los Gobiernos de Estados Unidos y de China.

Disminución de incidencia delictiva

Del año 2015 con respecto al 2016, se evidencia una disminución en la incidencia delictiva en 153 distritos. Logramos superar la meta programada de 80 distritos para el 2016. Ejemplos son Santa Cruz y Carrillo en Guanacaste;  Pavas, Alajuela y Heredia; Ciudad Quesada, Upala, Guápiles Puerto Viejo de Sarapiquí y Cóbano.

Este es el resultado del trabajo conjunto de los Presidentes de los Supremos Poderes, las Municipalidades y el Organismo de Investigación Judicial, organizaciones comunales, para implementar alternativas viables de solución.

La mejor forma de prevenir la delincuencia será siempre la creación de oportunidades dentro del contexto de la seguridad humana. Parte de ello constituye el esfuerzo dirigido a la creación de los Centros Cívicos por la Paz.

Prevención e inclusión

Esta infraestructura comunitaria de es necesaria para potenciar los servicios de atención relacionados con acceso y permanencia en el sistema educativo, formación para la vida, habilidades laborales, emprendimientos productivos y cuido personal mediante hábitos saludables que son fundamentales para una cultura de paz y `prevención.

Ya las comunidades de Aguas Zarcas de San Carlos, Garabito de Puntarenas y Santa Cruz de Guanacaste cuentan con sus Centros Cívicos.  Avanza significativamente el de Guararí de Heredia y Pococí de Limón y ya están listos los procesos para el arranque de Cartago y Desamparados. Estas obras representan una inversión que ronda los $34 millones para equipar a cada centro

Cooperación internacional para reforzar seguridad

Como resultado de las gestiones diplomáticas y el trabajo sistemático  Costa Rica logró consolidar, en agosto del 2016, una cooperación sin precedentes de los Estados Unidos. Esta es la mayor en los últimos 30 años, para el combate contra el crimen organizado, la lucha contra el narcotráfico y tráfico de seres humanos. Esta se concreta en embarcaciones patrulleras, aviones de carga, puestos de guardacostas, helicópteros, vehículos, radares, equipos de comunicación y programas para prevención ciudadana.  Hemos hecho dos visitas, al más alto nivel a la Casa Blanca para dar seguimiento y ratificación a esta ayuda.

Para fortalecer la seguridad de nuestras familias y comunidades se fortalecen  acciones con cooperación de la República Popular de China, como es el caso de la pronta entrega  de la Escuela Nacional de Policía por un monto de $50 millones, así como dos aeronaves.  La Unión Europea hizo una donación de 13 millones de euros para el Ministerio de Seguridad Pública, cooperación que tiene énfasis en el equipamiento de dicha escuela.

Hacinamiento carcelario y derechos humanos

Una visión prospectiva del sistema penitenciario no solo comprende más espacios de reclusión, sino una transformación de los existentes y de la filosofía de abordaje en la atención de las personas privadas de libertad.

Desde el año 1999 no se construía una cárcel nueva en Costa Rica; es hasta  abril del 2016 que entró en funcionamiento la Unidad de Atención Integral de San Rafael de Alajuela, con 704 nuevos espacios. Avanzan la construcción de la de Pérez Zeledón y Pococí que tendrán 886 espacios; las tres con una inversión de  $66 millones. Se reconstruyó el antiguo ámbito D de La Reforma, clausurado por orden de la Sala Constitucional. Se mejoraron las condiciones y se habilitaron 204 espacios nuevos y se encuentra en proceso de remodelación el ámbito F de la Reforma, para 88 espacios más.

Equipamos y fortalecimos la Policía Penitenciaria, por medio de la construcción de dormitorios, construcción y desarrollo de unidades caninas en La Reforma, Pococí y Puntarenas, y mediante la capacitación en temas de derechos humanos y la mejora de salarios.

Desde febrero del 2017, se implementó la operación de mecanismos de seguimiento electrónico para personas vinculadas con un proceso penal, esto también contribuye a reducir el hacinamiento penitenciario y cumplir con las órdenes de jueces penales y de ejecución de la pena. Al 24 de abril del 2017, esta modalidad abarca 163 usuarios con el dispositivo electrónico.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

El 2016 será recordado en la historia de Costa Rica como un año que nos unió como Nación, un año en el que la migración y los fenómenos naturales marcaron nuestras vidas.

Fue un año en el que juntos, instituciones y ciudadanía, logramos un trabajo sin precedentes en el manejo de emergencias, siempre apegados a la ley, de forma transparente, procurando la eficiencia y la eficacia en la ejecución de recursos para atender las zonas diezmadas y a las familias que necesitaron de la ayuda del Estado y de todos y todas las costarricenses.  Ello fue posible gracias a la articulación de toda la institucionalidad pública convocada por la Comisión Nacional de Emergencias, así como al conjunto de entidades de la sociedad civil, de la empresa privada, de las iglesias y de gobiernos amigos, cuyos aportes, a los que se sumaron los esfuerzos de miles de personas voluntarias, hicieron posible el exitoso manejo de estas emergencias.

Oleadas migratorias

En el 2016 el país hizo frente a un masivo flujo migratorio sin precedentes: primero de cubanos y luego de haitianos y  extracontinentales procedentes de África y de Asia. Más de 26.000 migrantes en condición irregular ingresaron al territorio nacional por la frontera sur en Paso Canoas, en dos oleadas: entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, y posteriormente, a partir de abril del 2016.

La que pudo ser la mayor crisis migratoria en el país, fue la oportunidad para que Costa Rica demostrara al mundo su vocación por la defensa de los derechos humanos. El esfuerzo diplomático del Estado costarricense para promover un tránsito seguro de las personas migrantes por la región centroamericana, y el trabajo interinstitucional para brindar una atención humanitaria, particularmente de la CNE y de la dirección de Migración, recibió el reconocimiento de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos, como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Con la llegada de la segunda oleada masiva de migrantes provenientes de África, Haití y otros países del mundo, las autoridades gubernamentales gestionaron en mayo la apertura de los Centros de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), situados en Golfito y Buenos Aires de Puntarenas, y El Jobo y La Cruz de Guanacaste. En estos sitios los migrantes recibieron asistencia médica, alimentación básica, techo, abrigo, apoyo a las familias con niños y mujeres embarazadas, así como seguridad y condiciones de higiene y salud.

Fenómenos climáticos

Durante el 2016, también nos vimos impactados por fenómenos climáticos extremos que requirieron declaratorias de emergencia en diferentes regiones del país. El sector agropecuario fue uno de los más afectados por estos eventos.

La existencia de sequías en la región Pacífico Central y la Región Chorotega requirió de la emisión de un decreto que articulara las instituciones para la atención agrícola y pecuaria.  También se requirió declarar emergencia por exceso de lluvias e inundaciones en las regiones Huetar Caribe, Central Oriental (específicamente el cantón de Turrialba) y la subregión Sarapiquí, con afectaciones principalmente en cultivos.

Durante el 2016 y hasta la fecha, el Volcán Turrialba continúa con erupciones frecuentes que demandan apoyo de parte del Estado a productores de las localidades de Turrialba, Alvarado, Oreamuno, Tierra Blanca, Llano Grande y Vásquez de Coronado producto del impacto de la ceniza en cultivos y animales.

La actividad freática que actualmente experimenta el Volcán Poás no ha requerido de declaratoria de emergencia, aunque las autoridades mantienen actividades de monitoreo y seguimiento y, además, distribución de material informativo en las localidades de Vara Blanca, Fraijanes, Poasito y Bajos del Toro. Adicionalmente, debido a los informes del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) y de la Red Sismológica Nacional (RSN), se tomó la decisión de prohibir temporalmente el acceso al Parque Nacional Volcán Poás.

Complementariamente, estamos coordinando apoyo para los comerciantes de la zona quienes experimentan bajas en las ventas debido a la poca afluencia de turistas, así como campañas para promover la visitación en las comunidades cercanas al volcán pues, según los expertos, son sitios seguros.

Daños ocasionados por Otto

La huella del huracán Otto marcó una herida en Costa Rica. Lo más lamentable fue la muerte de 10 compatriotas a quienes recordamos con afecto y respeto: Dennis Alvarado Méndez, Marisa Alvarado Méndez, Orlando Obregón Jiménez, Israel Zúñiga Picado, María Isabel Picado Castro, Kattia Vannesa Arguello Castro, Dilán Mauricio Cheves Guerra, Juana Guerrero Agüero, Bianca Pichardo Arguello, Joseph Barboza Alvarado.

El huracán Otto en su paso por nuestro país, afectó familias y comunidades y dejó grandes daños materiales, pérdidas de producción, de infraestructura, de bienes, impacto en el entorno ambiental, animales muertos a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en las zonas de Upala, Guatuso, Los Chiles, Aguas Zarcas, Cutris, Pocosol, Río Cuarto, Peñas Blancas, Sarapiquí, Bagaces, La Cruz, Osa, Golfito, Corredores y Pococí. También produjo severas afectaciones agroproductivas en Buenos Aires, Pérez Zeledón, Corredores, Golfito y Osa.

El paso del huracán ocasionó la interrupción de servicios del comercio, de la producción en las zonas mencionadas, Sus consecuencias repercuten al mediano y al largo plazo, debido a que el entorno social y ambiental afectan el desempeño económico y en las expectativas de bienestar y desarrollo en todas las zonas afectadas.

En total, 10.831 personas de 461 poblados vieron sus vidas afectadas  directamente por el paso del huracán. De ellas 7.425 necesitaron alojamiento y servicios de albergue.

Para lograr cumplir con los derechos de estas personas se abrieron 42 albergues distribuidos en Corredores, Golfito, Bagaces, Upala, Pococí, Siquirres, Matina y Talamanca.

Las acciones coordinadas durante la fase de respuesta fueron acometidas por todo el aparato estatal, debido a que el huracán fue un evento excepcional. En muchos de los lugares colaboraron tanto la empresa privada como organizaciones comunales y voluntarios. La inversión realizada, en esta primera fase, por las instituciones del Estado presentes en el Sistema de Gestión de Riesgo fue de ₡5.670 millones.

El dinero invertido en esta primera fase por la Comisión Nacional de Emergencias fue de ₡1.722 millones, que se utilizaron para apoyar a las municipalidades y a los comités de emergencia en las labores de atención, limpieza de carreteras, atención a las víctimas, recuperación de sistemas de agua, limpieza de cauces de ríos y alcantarillas.

Las pérdidas ocasionadas por Otto llegan a la suma de ₡106.258 millones, en los 13 cantones incluidos en la declaratoria de emergencia solo en Upala, fueron ₡38 mil millones y en Bagaces ₡19 mil millones, las pérdidas ocasionadas por el huracán.

El Plan General de la Emergencia provocada por el huracán Otto estima que para recuperar las zonas afectadas se requieren poco más de ₡130 mil millones. De ellos, ₡33.590 millones corresponden a recursos ordinarios y ₡96.521 millones  al Fondo Nacional de Emergencia.

El Plan de la Emergencia estima que deben de realizarse 945 intervenciones, de las cuales cerca de 100 proyectos fueron impulsados por el Comisionado Presidencial para la Reconstrucción en coordinación con las municipalidades y la CNE, que representan una inversión de ¢20 mil millones, para arreglar y construir puentes, carreteras, vados, alcantarillas y limpiar ríos y quebradas.

Decretos y directrices

El 22 de diciembre del 2016, firmé junto con el Ministro de Ambiente y Energía, un decreto que permitía utilizar la madera de los árboles caídos debido al impacto del huracán Otto.

El 31 de enero de este año firmé una directriz para que la Banca Estatal mejore las condiciones crediticias para los afectados por el huracán Otto y el terremoto en el cantón de Alvarado en Cartago. En el documento se instruye a los bancos comerciales del Estado para que, de conformidad con sus políticas y disposiciones internas, valoren la posibilidad de ofrecer, tras un análisis personalizado, mejores condiciones para créditos existentes y futuros, que sean dados en las zonas afectadas.

Además el 16 de febrero del 2017, salió publicado un decreto que permitió utilizar parte del dinero de las donaciones de los costarricenses, para comprar uniformes a más de 4 mil estudiantes que viven en las zonas afectadas por el huracán Otto.

El 5 de abril se publicó en La Gaceta una reforma al artículo primero del Decreto Ejecutivo N°40027-MP, publicado el 28 de noviembre de 2016: “Estado de emergencia nacional a partir de la situación provocada por el huracán Otto” en la que se incluye a los cantones de Coto Brus, Pérez Zeledón y Buenos Aires. Fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la entidad que solicitó la inclusión de los cantones a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, en razón de la afectación a los productos sensibles en dichas zonas, especialmente café y frijol.

Donación de $10 millones

Uno de los objetivos de mi gira de trabajo, realizada en el mes de enero de 2017 a los Emiratos Árabes Unidos, fue conseguir una donación para la reconstrucción de acueductos en las zonas afectadas. Producto de este esfuerzo y de la generosidad del pueblo emiratí, Costa Rica recibió una cooperación no reembolsable de $10 millones.

Este dinero ingresó el día 7 de marzo a la cuenta del Fondo Nacional de Emergencia. Estos dineros se utilizarán para reparar 25 acueductos comunales (Asadas) de las zonas afectadas y beneficiarán a más de 41 mil personas, lo cual permite una intervención integral en todas las comunidades.

El AyA definió cuáles serían los acueductos que necesitan esta intervención: 20 de ellos son de Upala, 3 de La Cruz, 1 en Bagaces y 1 en Barra del Colorado Norte. Destacan los acueductos Rincón de la Vieja (conocido como Jabalina y Brasilia); el del Asentamiento de Altamira, El Jardín en Upala, el de Guayabo de Bagaces.

Dinero de donaciones

También se establecieron los proyectos en los que se invertirá el dinero donado por las costarricenses en las diferentes campañas de recolección.

La campaña de Teletón, el Club Activo 20-30 y el Banco Nacional permitió que se depositaran en la cuenta del  Fondo Nacional de Emergencias la suma de ₡604 millones.

Se acordó que se utilizarán ₡400 millones en la compra de uniformes para escolares y colegiales de las zonas afectadas. Los 204 millones restantes se invertirán en 8 proyectos más de reparaciones en centros educativos que están dentro del Plan General de la Emergencia.

El dinero de la campaña “Yo Nací en Este País”, organizada por el grupo Repretel, Central de Radios y el Banco de Costa Rica  se utilizará para construir casas, mejorar escuelas y salones  comunales. En total fueron depositados en la cuenta de la CNE, ₡1.557 millones.

El buen uso de este dinero será fiscalizado por la Contraloría General de la República, la  Auditoría CNE y un  convenio firmado entre la  Presidencia de la República con la firma Deloitte, para verificación y validación de los recursos financieros recolectados durante las campañas y depositados en el Fondo Nacional de Emergencia.

Como vemos, voluntad y compromiso de eficiencia, trabajo y transparencia se convirtieron en nuestros estandartes para enfrentar estas emergencias.

Sostenibilidad ambiental

Muy a tono con la necesidad mundial de disminuir las emisiones de carbono, Costa Rica da un importante ejemplo al mundo mediante la generación eléctrica basada principalmente en fuentes renovables. Tras décadas de inversión pública en este sector, contamos con una matriz limpia, logrando el hito histórico de generar electricidad sin necesidad de emplear contaminantes por casi un año de forma ininterrumpida.  Asimismo, bajo este modelo, se ha desarrollado un sistema de acceso que resguarda al país de apagones y afectaciones significativas en la prestación del servicio eléctrico en hogares, comercios e industrias.

En paralelo a la inversión en infraestructura, la Administración emprende acciones para robustecer nuestro sistema de áreas protegidas al garantizar que los recursos del Fondo de Parques Nacionales efectivamente se empleen según lo establecido por ley.  Esto implicó alcanzar el compromiso de incluir paulatinamente al presupuesto ordinario de la República, el pago de salarios del personal que otrora se realizaba con cargo al Fondo de Parques Nacionales.

En materia de conservación, hemos cumplido con la promesa de establecer procesos participativos en los que las comunidades y sectores también tengan incidencia en las políticas y acciones a realizar. En este marco, se dio una Reformulación del Programa “Pago por Servicios Ambientales” dirigido principalmente a la reducción de pobreza. Se anunció el Pago de Servicios Ambientales por Resultados, reconociendo financieramente a aquellos productores que realizaron un esfuerzo por sembrar árboles y establecer pequeñas áreas de plantaciones agroforestales.

Asimismo, lanzamos el Fondo para la Biodiversidad Sostenible, que reconoce los aportes que pequeños y medianos propietarios realizan en favor de la conservación del agua, paisajes y desarrollo social. Dentro de este fondo, se otorgan incentivos financieros por más de $213.000, para conservación de aproximadamente tres mil hectáreas en diversos puntos del país.

Asimismo, establecimos un modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita. Este esquema asigna la gestión del parque nacional a las autoridades del SINAC y a la comunidad representada en el Consejo Local del Parque Nacional Cahuita, a fin de garantizar el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la conservación, de acuerdo al marco normativo vigente. La virtud de este esquema es el aprovechamiento de la riqueza histórica, cultural y biológica del entorno en la gestión del parque.

Orientamos las políticas públicas hacia recursos naturales históricamente en el olvido. La puesta en marcha de la Política Nacional de Humedales 2017-2030 y el “Reglamento para el Aprovechamiento Racional de los Recursos Acuáticos Aprobados en los Planes Generales de Manejo de los Humedales”, establecen una ruta para la gestión integral de estos ecosistemas y la regulación del aprovechamiento de los moluscos, logrando mayores beneficios para las poblaciones que dependen de este trabajo, a partir de la dignificación de su oficio y la existencia de reglas claras para el desarrollo de esta actividad.

En materia de agua para consumo humano, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha logrado dinamizar el subsector de agua potable. Más de 505 proyectos con una inversión de ₡804 mil millones en mejoras y construcción de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoran el rezago en infraestructura que impedía el acceso oportuno al agua en comunidades como Golfito, Nicoya, Santa Bárbara de Santa Cruz, La Guaria del Valle de La Estrella, Zent y Estrada de Matina; Santa Eulalia de Atenas, San Ramón y Palmares, entre otros. Este esfuerzo se complementa con la emisión de la primera Política Nacional de Saneamiento de Aguas Residuales, cuya ejecución está ligada a proyectos en varios lugares del país con una inversión de $520 millones.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Como han podido escuchar, las obras de esta administración son robustas y muestran el cambio prometido.

Por eso me gustaría ahora hacer un breve repaso de la legislación sustantiva que ha emanado de este Poder de la República, que nos ha permitido avanzar como país en la concreción de los objetivos trazados.

El año pasado, producto de un acuerdo trascendental, se realizaron importantes reformas a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional, para aliviar la crítica situación financiera que atravesaban dichos regímenes. Para tal motivo, fue necesario aprobar cuatro leyes, que implementaron, entre otras cosas:

· El establecimiento de una contribución especial solidaria para que aquellos que más reciben (pensiones superiores a ₡2,5 millones) contribuyan proporcionalmente a sanear las finanzas del régimen,

· Aumento en la edad de retiro que será aplicable una vez transcurridos 5 años contados a partir de la entrada en vigencia de estas leyes.

· Aumento del porcentaje de contribución obligatoria de los pensionados con cargo al presupuesto nacional.

· Una modificación al mecanismo de aumento de las pensiones de los ex diputados para eliminar el 30% anual y que estas ahora crezcan de acuerdo con el costo de vida, tal y como lo hacen el resto de pensiones.

Saludo con gratitud la aprobación de los proyectos de ley 19.488, 19.530 y 18.650. El primero reformó el artículo 10 de la Ley General de Licores para que los cobros de las patentes de los establecimientos sea proporcional a la capacidad económica de estos. Hasta ahora un gran supermercado de una cadena internacional pagaba lo mismo que un pequeño establecimiento, si estaban ubicados en la misma zona.

El segundo nos permitió avanzar una cantidad significativa de puestos en el ranquin  mundial Doing Business, con lo cual se facilita la posibilidad de hacer negocios en nuestro territorio, especialmente para aquellos que se asocian en condición de accionistas minoritarios, debido a que les será posible estar informados de cómo se invierten los recursos por parte de quienes controlan la estructura mercantil.

El tercero es la adecuación que se realizó sobre el sistema de anotaciones judiciales (la llamada hoja de delincuencia) para que los delitos menores, únicamente no le generen a los ex privados de libertad una carga perpetua, que les impida reintegrarse a la sociedad.

No cabe duda que la criminalidad organizada se ataca de forma efectiva si se le imposibilita el movimiento de sus activos, ya sea para hacer transacciones o bien para legitimarlos. Así lo han entendido ustedes señores y señoras diputadas con la aprobación de los proyectos de ley recomendados por la OCDE y GAFI sobre este tópico.

¡La tarea en esta área ha sido ardua, pero aún no está completa! Aún debemos hacer  un esfuerzo más para aprobar la ley de extinción de dominio. Esta Ley será un instrumento jurídico adecuado y balanceado, entre el interés del Estado por combatir el crimen organizado y los derechos de los administrados de defender su patrimonio, mediante los  procesos judiciales que en ella se crean, para evitar el desbalance que hay en la actualidad con la figura de los capitales emergentes.

El campo de la infraestructura y transportes ha sido atendido en esta Asamblea Legislativa. Como parte de este compromiso, tanto el Poder Ejecutivo como ustedes señores y señoras diputadas, hemos avanzado por buenos caminos para agilizar la construcción de obra pública y mejorar la gestión del transporte público. Por ello   no puedo dejar pasar la oportunidad para mencionar lo satisfecho que estoy con la aprobación de la Ley para desarrollar infraestructura de transporte mediante fideicomisos y las ventajas que de ello se derivan, la Ley para la construcción de la carretera San José–Cartago y la Ley de fortalecimiento del Incofer.

En días pasados, esta Asamblea Legislativa aprobó, en primer debate, el préstamo por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para la modernización de nuestros puestos fronterizos, con lo que además de reconstruir totalmente las instalaciones físicas de éstos, se dispondrá de los recursos para optimizar los procesos y equiparlos con tecnología de punta.

De igual manera, gracias al trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, varias municipalidades y esta Asamblea Legislativa, en días pasados se aprobó en primer debate el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio. Este permitirá a Costa Rica, además de una serie de mejoras en la gestión de su comercio transfronterizo, contar con un instrumento para requerir al resto de la membresía de la OMC, más transparencia y procesos adecuados para luchar contra los obstáculos técnicos al comercio mundial.

Debo señalar que para consolidar la legislación relacionada con la carretera Florencio del Castillo se requiere de la aprobación del proyecto de ley 20.339 que le permitirá al Ministerio de Hacienda recibir tres terrenos del INVU y dárselos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para construir el tramo comprendido entre Hacienda Vieja y Café Volio, esto rompería ese tapón para el desarrollo de esa obra.

También convendría estudiar la propuesta contenida en el proyecto 20.313 para dotar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles de recursos económicos frescos para que pueda desarrollar a cabalidad la titánica tarea de modernizar el sistema de trenes, que tanto alivia los desplazamientos de quienes lo utilizan.

La ausencia de la Ley de Bienestar Animal no solo prolonga el sufrimiento y la desprotección de quienes son nuestros hermanos menores, como decía San Francisco de Asís, sino que ignora el clamor de la sociedad costarricense que es justa, compasiva y respetuosa de los derechos de los animales. Los insto a aprobar esta importante legislación.

Para nadie es un secreto la complicada situación que viven las finanzas públicas. La deuda ha llegado al punto de representar un peso igual al gasto operativo del Gobierno Central, en términos presupuestarios.

En el último periodo hubo un importante avance en la aprobación de proyectos del Plan de Fortalecimiento Hacendario. Se aprobaron los proyectos de Lucha contra el Fraude Fiscal, el que mejora la Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y cuatro leyes más para ordenar las pensiones de lujo con cargo al Presupuesto de la República. Sin embargo, tal y como lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, el país sigue requiriendo el compromiso de todas las fuerzas representadas en la Asamblea Legislativa para concluir pronto con la modernización de las leyes fiscales, especialmente la conversión del Impuesto de Ventas a un Impuesto al Valor agregado y la reforma a la ley del impuesto sobre la Renta.

Me complace que el país hoy cuente con una legislación moderna y eficaz para combatir la evasión fiscal, lo cual se observa en la aprobación de la Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.  Esta legislación coloca a Costa Rica a la vanguardia mundial en transparencia fiscal y además promueve la formalidad en la economía nacional, estimulando los medios de pago electrónico y el deber de estar al día con el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias para contratar con el Estado y obtener sus autorizaciones.

Finalmente, no se puede cerrar el capítulo parlamentario sin mencionar que el país fue evaluado en enero del 2015 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, sobre el cumplimiento de los estándares internacionales contra la legitimación de capitales, el narcotráfico, el crimen organizado y el financiamiento al terrorismo. Los resultados fueron publicados en agosto del mismo año, y el país fue calificado por debajo del mínimo de cumplimiento.

Para superar ese listón, las instituciones del Estado trabajaron bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, para promover la aprobación de regulaciones sobre el financiamiento al terrorismo. Como resultado, un año después de la evaluación, Costa Rica pudo avanzar, al aumentar 11 de sus calificaciones.

Sin embargo, persiste una brecha en la regulación que falta por aprobar. Se trata de la Ley que regula las Actividades y Profesiones No Financieras, que se tramita bajo el expediente 19.951. Estas actividades tienen que sumarse a las normas de observancia contra estos flagelos y, sin un marco legal que las tutele, tenemos altas probabilidades de ser incluidos en una lista internacional de países no cooperantes, la llamada lista gris, lo cual resultaría en extremo negativo para la imagen de Costa Rica.

De ocurrir, el país enfrentaría sanciones internacionales que afectarían a las instituciones financieras y al comercio internacional, actividades que tendrían que enfrentar un alza en los costos de sus transacciones. Finalmente, podríamos esperar consecuencias de difícil predicción que repercutirían en sectores tan importantes como el turismo y la atracción de inversión extranjera directa, entre otros.

Con el fin de enfrentar de forma cada vez más eficiente y eficaz estos delitos y la ante la necesidad de que Costa Rica siga siendo vista como un socio internacional confiable, hago un llamado especial para la aprobación más expedita en segundo debate del expediente 19.951. Aunque ya estamos en el filo del tiempo de la evaluación internacional, las consecuencias de no aprobar esta legislación podrían ser devastadoras para nuestro país.

CONCLUSIÓN

Compatriotas:

Desde el inicio de mi gestión, el cambio demandado por la ciudadanía ha sido el referente permanente del trabajo del Gobierno. Aunque muchos esperaban que éste se concretara de forma rápida, no siempre fue posible alcanzarlo debido a la complejidad de muchos de ellos, a los atrasos de décadas que hacían difícil la labor transformadora, o a nuestra curva de aprendizaje. Pero el cambio demandado fue una realidad que se expresó muy pronto en el accionar del Gobierno. Lo fue cuando hubo necesidad de afirmar con determinación el Estado de Derecho, para avanzar en la construcción de la Terminal de Contenedores de Limón. Lo fue cuando demostramos que la conflictividad social podía atenderse recurriendo al diálogo ciudadano, y no siempre como también supimos hacerlo, por medio del recurso a la fuerza cuando los intereses particulares puedan amenazar el bien común. Hubo cambio cuando la Administración salió en defensa de la Ley Procesal Laboral y levantó el veto que sobre ella pesaba. Hubo cambio cuando resolvimos, consecuentes con nuestra defensa de los DDHH, defender y desarrollar la Fertilización in Vitro.  Hubo cambio en la administración de los flujos de migrantes sin precedentes en la historia nacional. Hubo cambio también cuando el Gobierno Central pagó a la CCSS, el 55% de su deuda por concepto de cuotas patronales. Poco a poco, nuestro pueblo percibió el cambio, no como una consigna retórica, sino expresado en políticas públicas innovadoras, en la disposición a escuchar y sobre todo en la voluntad de hacer aun cuando los costos que ello requería implicarán sacrificios políticos de corto plazo, pero amplios beneficios para nuestro pueblo en el largo.

¿Cómo decir que no ha habido cambio, cuando Costa Rica cuenta hoy con una estrategia nacional de reducción de la pobreza basada en criterios técnicos, que elimina las filtraciones y el clientelismo y que ha hecho posible, por primera vez en siete años, una reducción constatable de la pobreza? ¿Cómo decir que no ha habido cambio, cuando por primera vez desde 1969, esta Administración fue capaz de negociar a la baja las convenciones colectivas? ¿Cómo decir que no ha habido cambio cuando este Gobierno puso al día los registros de agroquímicos, definió una política para la gestión de las licencias de atún, y disminuyó significativamente el tiempo de obtención de los registros sanitarios en el Ministerio de Salud? ¿Y cómo decir que no ha habido cambio cuando durante los últimos tres años este Gobierno ha logrado cobrar mejor los impuestos existentes, invertir de manera más eficiente los recursos públicos y reducir los gastos superfluos?

El cambio es evidente. Se manifiesta en miles de acciones de Gobierno que, como lo demuestra el Mapa de Obras de esta Administración, disponible para toda la ciudadanía en internet, se encuentran construidas por todo el país.  Un cambio que el pueblo percibe y valora en la prioridad que se ha devuelto a la agricultura y a la ganadería como parte del ecosistema productivo, sin demérito del apoyo a los sectores más dinámicos de nuestra economía. Un cambio que se nota en la atención positiva y contundente a problemas largamente postergados, desde puentes no terminados durante años, hasta políticas para la explotación racional de nuestros mares. Un cambio que ha colocado a las políticas de igualdad de género y de inclusión en el centro de la acción gubernamental. Un cambio que permitirá al próximo Gobierno, que como he dicho siempre espero sea mejor que el que presido, trabajar en una finca en donde el “charral” de ayer, es hoy un espacio de servicio público que si bien no será menos complejo que el que yo hube de administrar, al menos le permitirá al próximo Presidente hacer su aporte sin preocuparse de temas que ya no le significarán, como fue el caso para nuestra Administración, una carga de décadas.

Y más todavía, un cambio que lo fue en todo menos en los principios y valores esenciales de nuestra gente, los cuales han sido recuperados y permiten a la ciudadanía entender que sí se puede hacer política con resultados, sin opacidad y sin miedo. Y esto ocurre pese a quienes quieren desprestigiarnos invocando corrupción donde no la hay ni por atisbo.

No nos detendremos en la ruta del cambio. Cuando sea posible concretarlo lo haremos aunque nos encontremos  en los momentos postreros de esta Administración. Y cuando no lo sea haremos nuestro mayor esfuerzo por avanzarlo hasta donde el mandato popular nos lo permita. En cualquier caso, debe saber el pueblo que su clamor por las transformaciones que el país requiere ha sido escuchado. Y más todavía atendido diligentemente por un Gobierno que se sabe de transición entre la Costa Rica heredera del Estado de Bienestar y otra que aspira a la modernidad y el desarrollo, combinando las mejores prácticas de la globalización sin perder la esencia de un modelo político  sustentado en la solidaridad y en el pleno reconocimiento del derecho democrático a la salud, a un ambiente sano, y a una distribución de la riqueza que le permita al pueblo vivir libre de miedo y libre de toda necesidad.

Compatriotas, amigas y amigos:

Al iniciar este Informe aludí a las dificultades objetivas que imponen límites a la acción del Poder Ejecutivo. Dije y repito que tales dificultades no debían entenderse como excusas para “no hacer”, para denunciar una ingobernabilidad muchas veces invocada solo para ocultar más bien el mal gobierno. Deseo retomar esa afirmación y potenciarla. Este Gobierno ha sido capaz de responder a los múltiples retos de la agenda nacional  A PESAR de esas dificultades; A PESAR de esas cargas ominosas y A PESAR de los obstáculos que nos han impuesto los poderes fácticos, a la dificultad propia de las instituciones o a los errores que involuntariamente hayamos cometido. En ese sentido, al saludar a las señoras y señores diputados de esta legislatura con quienes ya no volveré a encontrarme dentro de un año, cuando concurra por última vez a este Plenario a rendir cuentas frente al pueblo que me hizo Presidente, humildemente afirmo que Costa Rica luce hoy mejor que antes, más reluciente que antes, más esperanzada que antes. Afirmo que no por gracia de este Gobierno sino por la lucidez del pueblo costarricense y sus esfuerzos, nuestro país tiene toda la posibilidad de mirarse en el horizonte trascendente del futuro en donde ya no existan la pobreza, la corrupción ni  la vulnerabilidad productiva. Y por lo tanto afirmo, costarricenses, que este pueblo trabajador y solidario puede descansar sabiendo que es más grande que los desafíos que enfrenta, y que con la ayuda del Altísimo, podrá elevarse por encima de éstos mirando con ilusión y con esperanza, al sol de la Libertad.