ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
(ESTA ACTA AÚN NO HA SIDO APROBADA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO)
ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA N.º 149
(Martes 1° de abril de 2014)
CUARTA
LEGISLATURA
(Del 1º de
mayo 2013 al 30 de abril 2014)
SEGUNDO PERÍODO
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
(Del 1º de
diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014)
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ÁREA DE
ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN
Acta de la sesión plenaria N.º 149
Martes 1° de
abril de 2014
Segundo período de sesiones extraordinarias
Cuarta
legislatura
Directorio
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel
Contreras Annie Alicia Saborío Mora
Primer secretario Segunda
secretaria
Diputados presentes
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Acevedo Hurtado, Juan Bosco |
Hernández Rivera, Manuel |
|
Acuña Castro, Yolanda |
Mendoza García, Juan Carlos |
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Aiza Campos, Luis Antonio |
Mendoza Jiménez, Luis Fernando |
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Alfaro Murillo, Marielos |
Molina Rojas, Fabio |
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Alfaro Zamora, Óscar Gerardo |
Monestel
Contreras, Martín Alcides |
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Angulo Mora, Jorge Alberto |
Monge
Pereira Claudio Enrique |
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Araya Pineda, Edgardo |
Muñoz Quesada, Carmen María |
|
Arias Navarro, Gustavo |
Ocampo Baltodano, Christia María |
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Avendaño Calvo, Carlos Luis |
Oviedo Guzmán, Néstor Manrique |
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Bejarano Almada, Gloria |
Pérez Gómez, Alfonso |
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Brenes Jiménez, Ileana |
Pérez Hegg, Mirna Patricia |
|
Calderón
Castro, Antonio |
Pinto Rawson, Rodrigo |
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Chavarría Ruiz, Ernesto Enrique |
Porras Contreras, José Joaquín |
|
Chaves Casanova, Rita Gabriela |
Porras Zúñiga, Pilar |
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Céspedes Salazar, Walter |
Quintana Porras, Damaris |
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Cubero Corrales, Víctor Danilo |
Rodríguez Quesada, José Roberto |
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Delgado
Ramírez, Carolina |
Rojas
Segura, Jorge Arturo |
|
Enríquez Guevara, Adonay |
Ruiz Delgado, María Jeannette |
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Espinoza Espinoza, Xinia María |
Saborío Mora, Annie Alicia |
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Fishman Zonzinski, Luis |
Sotomayor Aguilar, Rodolfo |
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Fonseca Solano, María Julia |
Venegas Villalobos, Elibeth |
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Fournier Vargas, Alicia |
Villalobos Argüello, Elvia Dicciana |
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Gómez Franceschi, Agnes |
Villalta Flórez-Estrada, José María |
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Góngora
Fuentes Carlos Humberto |
Villanueva Monge, Luis Gerardo |
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Granados Calvo, Víctor Emilio |
Víquez Chaverri, Víctor Hugo |
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Granados Fernández, Carmen María |
Zamora Alvarado, Mireya |
|
Hernández Cerdas, Víctor |
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ÍNDICE
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Discusión y aprobación del acta
N.º 007
Suspensión de derechos y garantías
Asuntos del régimen interno de la
Asamblea Legislativa
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Annie
Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Damaris Quintana Porras:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Walter Céspedes Salazar:
El
presidente ad hoc Martín Alcides Monestel Contreras:
Diputado
Víctor Hugo Víquez Chaverri:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
José Joaquín Porras Contreras:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Resolución N.º 2014004191 de la Sala Constitucional
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Expediente N.º 18.127, Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea
Legislativa
La presidenta ad hoc Annie Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Resolución
N.° 2014004472 de la Sala Constitucional
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
La segunda secretaria Annie Alicia Saborío Mora:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Primer informe de mociones vía artículo 137 del
Reglamento Legislativo
Presentación de mociones vía artículo
137 del Reglamento Legislativo
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada
Damaris Quintana Porras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada
Damaris Quintana Porras:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Víctor Emilio Granados
Calvo:
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Rita
Gabriela Chaves Casanova:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Xinia María Espinoza Espinoza:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Víctor Danilo Cubero Corrales:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada Mireya Zamora Alvarado:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputada María Jeannette Ruiz Delgado:
La presidenta ad hoc Annie Alicia Saborío Mora:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
La
presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
La
presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
Diputado
Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
La
presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Decreto Ejecutivo N.º 38.285 -MP
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado
Luis Fishman Zonzinski:
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Expediente N.º 18.709, Ley de
Garantías Mobiliarias
Primer
informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
Presentación de mociones vía artículo 137
del Reglamento legislativo
El primer secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Decreto Ejecutivo N.º 38.280 -MP
El presidente
Luis Fernando Mendoza Jiménez:
El presidente Luis Fernando Mendoza
Jiménez:
Diputada Marielos
Alfaro Murillo:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Diputado Víctor
Danilo Cubero Corrales:
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Expediente N.º 18.876, Ley de Creación del Ministerio de
Vivienda y Asentamientos Humanos
Segundo
informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
Presentación de mociones vía artículo 137 del
Reglamento Legislativo
Primer informe de mociones vía
artículo 137 del Reglamento legislativo
Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Buenas
tardes, señoras y señores diputados.
Al ser
las catorce y cincuenta y nueve minutos, con el cuórum reglamentario —tenemos
en este momento treinta y nueve diputadas y diputados en el salón de sesiones—
vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 149, de este último periodo de
sesiones extraordinarias, de este periodo constitucional, hoy 1º de abril del
año 2014.
Se
les informa a las señoras y señores diputados que se han presentado varias
mociones de revisión a la votación recaída sobre seis mociones de reiteración,
en relación con el proyecto de ley de reforma integral a la Ley número 8634,
Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y Reformas a Otras Leyes, expediente
legislativo 17.502, las cuales se conocerán oportunamente.
Discusión
y aprobación del acta N.º 007
En
discusión y aprobación el acta ordinaria número 7.
No
hay solicitudes para hacer uso de la palabra por el acta; por lo tanto, la
damos por discutida y aprobada.
Suspensión
de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de la Asamblea
Legislativa
Vamos
a iniciar con el espacio de control político.
Inicia el
día de hoy, por la fracción del Partido Movimiento Libertario, el diputado
Cubero Corrales, que le ha cedido el tiempo a la diputada Alfaro Murillo.
Cinco
minutos, señora diputada.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, compañeros y
compañeras.
Hoy, me voy a referir nuevamente a
un tema que nos ha ocupado en el último año y al cual no le hemos dado
solución: la famosa reforma del artículo 10 de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Tres proyectos se han presentado
para normalizar la situación ocurrida después de que la Sala Constitucional
indica que hay problemas en la ley aprobada acá, la 9047, del 25 de junio del
2012, en la que se reguló la comercialización de bebidas con contenido
alcohólico.
Lo que ha ocurrido es que,
precisamente después de que la Sala Constitucional indica que no se fue…, no se
hizo correctamente la clasificación de los locales para hacer la asignación del
pago de la tarifa que hay que pagar para poder tener esa licencia, resulta que
los comercios, los negocios quedaron absolutamente expuestos.
Tenemos en la zona de Sarapiquí gran
cantidad de negocios que están siendo afectados, pero también los tenemos en el
cantón Central de Heredia, en Santa Bárbara, en Barva, en San Isidro, y
seguimos sin hacer nada.
Diputado Sotomayor, he estado en
Puntarenas y me han comentado los patentados de Puntarenas y de varios otros
cantones de la provincia que hay serios problemas con la asignación de los
montos a pagar.
Tenemos negocios pequeños que están
pagando cifras exageradamente altas, porque están ubicados en los distritos
centrales de los cantones.
Asiente con su cabeza la diputada Agnes
Gómez. Doña Agnes, usted sabe que en Puntarenas hay serios problemas.
Pero resulta que voy a Guanacaste y
también hay serios problemas en Guanacaste, y los patentados de la zona de
Nicoya, de Santa Cruz, de Liberia me indican que es urgente que esta reforma al
artículo 10 camine.
Pero, entonces, si tenemos
tantísimos problemas en todo el país, ¿cómo es que no estamos corriendo para
lograr que esa reforma esté lista antes del 30 de abril?
Los patentados de Heredia realmente
están siendo afectados.
Cuando hablamos de patentados,
talvez algunos se imaginen grandes negocios, pero lo que estamos diciendo es
que el dueño del bar que queda aquí en Santa Rosa de Santo Domingo está pagando
una cuota elevadísima en relación al tamaño de su negocio. ¿Por qué paga así?,
porque la ubicación es lo que está determinando el monto del pago. Si están en
el distrito primero del cantón central pagan un monto que evidentemente excede
las posibilidades de esos negocios.
¿Pero qué estamos haciendo? Estas
reformas que se plantearon… Hay tres, lo hemos dicho en varias oportunidades:
está la reforma en el expediente 18.845, la 18.834 y la 18.778; tres
iniciativas de reforma, pero nada en concreto.
Me pregunta el diputado José María
Villalta si este problema persiste aún después del pronunciamiento de la
resolución de la Sala Constitucional. Precisamente, diputado Villalta, es la resolución
de la Sala la que genera esta situación.
Antes, con la ley que aquí
aprobamos, desafortunadamente sin haber identificado ese problema, los montos a
pagar ciertamente eran muchísimo para los establecimientos ubicados en las
zonas rurales de los cantones fundamentalmente, y para algunos negocios de
pequeño y mediano tamaño de las zonas urbanas.
Pero la Sala, precisamente por el
error cometido en la ley, en la 9047, vuelve atrás y establece el propio
sistema, sugiere cómo aplicar entonces la norma, y ubica los montos a pagar de
acuerdo a la ubicación de los locales, y los ubica si están en el cantón
central de una provincia en el distrito primero.
Entonces, tenemos que en el caso de
Escazú, que es el mejor ejemplo, la zona de más alta plusvalía y donde están
negocios de alta rentabilidad pagan menos que lugares como en Barva de Heredia
o en San Rafael.
Imagínese, diputado Villalta, entonces
tenemos a los escazuceños pagando menos que los barveños, y que los
sarapiqueños y que los puntarenenses. ¿Cómo es posible?
Esta realidad la conocen todos los
diputados de esa comisión; esta realidad la conocemos todos los diputados de
este Plenario. Este tema se ha tocado aquí en innumerables veces. ¿Pero qué
está ocurriendo? Tenemos tres proyectos y verdaderamente no caminan en la
Comisión de Asuntos Municipales.
Diputados y diputadas, dejemos
resuelta esta situación antes del 30 de abril. Hay un montón de comercios
pequeños y medianos afectados por una mala decisión que aquí avalamos con
nuestro voto.
Hoy, existe la posibilidad histórica
de corregirlo. Señoras y señores diputados de la Comisión de Asuntos
Municipales, métanle acelerador a este asunto, esto es urgente, no dejen que
pase. Poder Ejecutivo, esto hay que solucionarlo.
¿Cómo es posible que sepamos que
este problema está afectando a tanta gente, a tanta gente que tiene negocios
pequeños y medianos y no estemos haciendo nada?
Muchas gracias, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra el
diputado Porras Contreras. No se
encuentra en su curul,
Continúa en el uso de la palabra la
diputada Chaves Casanova, quien le ha cedido el tiempo a la diputada Saborío
Mora. Va a hacer uso de la palabra en la curul del diputado Araya Pineda.
Cinco minutos tiene la palabra la
diputada Saborío Mora.
Diputada
Annie Alicia Saborío Mora:
Muchas gracias, presidente.
Muy buenas tardes, compañeros
diputados diputadas.
Un saludo a todos los agricultores y
agricultoras que están en la barra de prensa y que están afuera del edificio de
la Asamblea Legislativa.
Desde el día de ayer mucho se ha
mencionado sobre un oficio de Servicios Técnicos, dirigido al diputado Luis Fishman
Zonzinski referido al expediente 17.502, mediante el cual se pretende reformar
la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo.
Don Luis Fishman ha utilizado dicho informe como
una forma de hacer creer que el proyecto adolece de severos vicios que hacen
inconstitucional su texto y que tienen errores de tal magnitud que en la
práctica el proyecto no podrá implementarse.
Ya varios compañeros y compañeras diputadas hemos
hecho su aporte y hemos rebatido al respecto, aclarándole a don Luis que en sus
argumentos, basados en el citado informe, no hay ni priva la razón. Por ese motivo, me voy a centrar, en esta
ocasión, en uno de esos dos temas: la supuesta incapacidad de actuar que tendrá
el Consejo Rector por carecer de personalidad jurídica, y la supuesta violación
a los principios constitucionales de la contratación administrativa, al
permitírsele al Consejo Rector escoger discrecionalmente al banco que
administre el fideicomiso.
Como usted sabe, don Luis, como abogado que es —y
lástima que no está, no lo veo en su curul— no es cierto que porque el Consejo
Rector no tenga personalidad jurídica propia todo el sistema de banca para el
desarrollo vaya a dejar de funcionar.
Usted debe saber también que la personalidad y la
personería jurídicas son dos términos totalmente diferentes, no son sinónimos,
porque la personalidad jurídica es una cualidad propia de la persona, conlleva
un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones. La persona jurídica actúa a través de
representantes, que se constituyen en sus personeros legales.
La personería se refiere a esa representación, y es
ahí donde radica la diferencia con la personalidad jurídica, así que la
personería presupone la existencia de personalidad jurídica. La personería jurídica debe ostentarla una
persona física para representar judicial o extrajudicialmente a una persona
jurídica.
La personalidad jurídica plena es propia de los
entes descentralizados que tienen atribuciones administrativas o competencias
públicas de modo singular y permanente, actúan en nombre y cuenta propios, bajo
las directrices emanadas del Poder Ejecutivo, artículos 99 y 100 de la Ley
General de la Administración Pública; y además, se les distingue porque deben
ser creados por ley o norma de rango superior, porque su creación es materia de
reserva legal. Usted eso lo entiende
perfectamente, don Luis.
Ahora bien, nunca ha sido la intención crear una
institución descentralizada más, un elefante blanco, decían los compañeros en
la Comisión de Banca de Desarrollo; no, señor.
En realidad lo único que se hizo en el proyecto de ley es ordenar de
manera adecuada la representación y organización, desde el punto de vista
jurídico y administrativo de la entidad.
El Consejo Rector es simplemente un órgano colegiado, integrado por varios
titulares, con las facultades que, para los efectos del principio de legalidad,
le otorga esta ley.
Ahora bien, sí es importante señalar que el órgano
ejecutor del sistema de banca para el desarrollo lo será la Secretaría Técnica,
a la cual sí se le otorga una personalidad jurídica instrumental, para que
pueda actuar e implementar en la práctica todas las políticas emanadas del
Consejo Rector.
¿Cuál es, don Luis, exactamente su preocupación de
que el Consejo Rector no tenga personalidad jurídica? ¿Por qué hacerles creer a
los costarricenses que por ese hecho el sistema de banca para el desarrollo
dejará de funcionar? Usted sabe que eso
no es así, don Luis.
Es más, don Luis, usted fue el presidente de la
Asamblea Legislativa, por lo que sabe perfectamente que el jerarca
administrativo de esta institución es el Directorio Legislativo, al cual el
Reglamento de la Asamblea le establece estas funciones: Artículo 25,
Atribuciones del Directorio. Son
atribuciones del Directorio cuidar el orden interior, económico… Y ahí se
mencionan varias de las atribuciones.
Dice en su inciso 3): Asignar los recursos humanos,
financieros y materiales correspondientes a las fracciones parlamentarias, en
proporción con el número de diputados.
El Directorio dictará los reglamentos y demás disposiciones necesarias
para el adecuado cumplimiento de esta atribución.
Este artículo 25 le da las funciones al Directorio;
exactamente igual que lo hace el artículo 14 del proyecto respecto del Consejo
Rector. Ninguno de los artículos, dos de
los artículos le da la personalidad jurídica instrumental ni a uno ni al otro
órgano.
Ahora bien, don Luis, yo le pregunto: ¿ha dejado
por ello de funcionar esta Asamblea Legislativa en el ámbito administrativo?;
¿son nulos todos los acuerdos que han tomado los distintos directorios
legislativos desde que esta Asamblea fue fundada?
Usted sabe que cualquier institución pública
requiere un marco normativo que regule sus atribuciones y competencias para
poder actuar amparada en el principio de legalidad. Eso es lo que hacen los artículos 25 y 14 que
he utilizado como ejemplos.
En el caso de la Asamblea, quien la representa es
el director ejecutivo, que se encarga de los acuerdos del Directorio. Exactamente lo mismo ocurrirá con la Secretaría
Técnica del sistema de banca para el desarrollo, la cual le corresponderá hacer
lo propio con los acuerdos del Consejo Rector.
¿Es esto así, o no lo es? ¿Estoy diciendo algo
jurídicamente incorrecto? De estar equivocada, le ruego que me corrija. De estar yo en lo correcto, le ruego le
explique al país por qué pretende usted hacerles creer a los costarricenses que
existe un yerro jurídico donde no lo hay.
En la próxima oportunidad, voy a hacer referencia a
la contratación del fiduciario y demostraré, con argumentos jurídicos, que
igualmente se está pretendiendo engañar a la gente con argumentos alejados de
la realidad jurídica.
Muchas gracias, señor presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra la
diputada Quintana Porras. Por cinco
minutos, señora diputada.
Diputada Damaris Quintana Porras:
Sí, muchas gracias, señor
presidente.
Compañeros y compañeras diputadas,
pueblo de Costa Rica.
La desigualdad en el acceso a la
educación pública ocupa de nuevo nuestra atención, así como también le
reiteraba inequidad en la calidad de oportunidades básicas para que los jóvenes
se preparen para el trabajo y el emprendimiento.
Hoy la prensa escrita nos alerta
sobre las precarias condiciones en que reciben lecciones más de treinta y cinco
mil alumnos de primaria y secundaria en nuestro país.
Setenta y nueve escuelas y colegios
funcionan bajo toldos, sombras de frondosos árboles, redondeles para festejos
taurinos, edificaciones de asociaciones de desarrollo, salones parroquiales y
hasta galerones abandonados.
La portada de un diario de
circulación nacional nos muestra una fotografía de los alumnos del Liceo de
Quebrada Ganado, cantón de Garabito, donde doscientos veintisiete alumnos de
Tárcoles, Jacó, Orotina y Herradura reciben clases en el redondel de toros de
esa comunidad, bajo temperaturas hasta de treinta y cinco grados, ráfagas de
polvorienta brisa y materias fecales en sus alrededores.
A quince kilómetros de ahí, se ubica el Liceo Rural
de Tárcoles con ciento ocho alumnos, en un antiguo hospicio de huérfanos tomado
por invasión de su Junta Directiva ante la necesidad apremiante de tener al
menos un remedo de centro educativo.
Hace
diez meses aprobamos en esta Asamblea el cacareado fideicomiso educativo por
ciento sesenta y siete millones de dólares, para que el Ministerio de Educación
y el Banco Nacional priorizaran las obras de mayor urgencia en la reparación y
creación de nueva infraestructura educativa; proceso que todavía no ha
despegado.
Y
lo dije en varias oportunidades, y lo reitero el día hoy: mientras la Dirección
de Infraestructura Educativa, adscrita al Ministerio de Educación, continúe
gerenciando el asocio con las juntas de educación y las juntas administrativas,
seguiremos con la ineficiencia y lentitud en la adjudicación de obras y de todo
tipo de contrataciones de la infraestructura requerida.
Personalmente
no voté dicho fideicomiso, pues hace más de tres años presentamos un proyecto
de ley para reformar el ente encargado de este tipo de obras, con personería
jurídica y autonomía propia, adscrito al Ministerio de Educación Pública, y no
ha sido posible lograr su aprobación en la corriente legislativa, pues desde la
alta jerarquía del Ministerio de Educación se ordenó su paralización.
Pero
no solo es importante equiparar las condiciones de calidad en los centros
urbanos y rurales públicos en cuanto a edificaciones, sino que la inclusión de
materias como la informática y el aprendizaje de un segundo idioma son también
necesarias para la equidad de la formación estudiantil; de tal manera que todos
los educandos salgan a competir al mercado laboral en igualdad de condiciones,
aunque después, considerando las diferencias entre los seres humanos, cada cual
tenga metas y niveles de prosperidad distintos.
He
querido de nuevo, la tarde de hoy, hacer este recordatorio, con la esperanza
que el nuevo grupo de legisladores electos y los nuevos gobernantes que
escogeremos el próximo domingo se sensibilicen ante esta situación tan
deplorable, que pareciera no haber sido una prioridad para quienes muy pronto
entregarán la rectoría de la educación pública en nuestro país.
Muchas
gracias, pueblo de Costa Rica, por su escucha, que Dios los bendiga. Gracias,
señor presidente; gracias, compañeras y compañeros diputados.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra el
diputado Céspedes Salazar.
Por cinco minutos, señor diputado.
Diputado Walter
Céspedes Salazar:
Muchas gracias, señor presidente,
compañeras y compañeros diputados.
Uno de los temas que he tratado a lo
largo de estos cuatro años ha sido el tema de la Caja Costarricense de Seguro
Social. Incluso, ustedes saben que hicimos aquí una comisión para estudiar la
problemática de la Caja.
Hoy quiero compartir con ustedes un
campo pagado que salió el domingo —y que posiblemente muchos de ustedes no lo
pudieron ver—, por parte de los mismos médicos, que dice lo siguiente y que
comentaré si me alcanza el tiempo.
A la señora presidenta ejecutiva de
la Caja: Usted no tuvo la capacidad ni la
visión para resolver los problemas esenciales de la Caja, dice el título.
Señora Balmaceda, usted no ha tenido
la capacidad, ni la visión para resolver los problemas esenciales de la Caja y
por eso no ha hecho ni ha llenado las expectativas del pueblo costarricense.
Esto no se lo está diciendo un
diputado, se lo están diciendo los mismos médicos cansados de estar soportando
las irresponsabilidades de las malas tomas de decisiones de la máxima jerarquía
de la Caja.
Su paso por esta institución está dejando una senda
llena de errores y desaciertos que es necesario que los costarricenses
conozcan.
Allá estuvo en Limón como ocho días
antes de la votación del 2 de febrero, haciendo campaña política, diciendo que
el Hospital de Limón estaba intervenido. Y el Hospital de Limón sigue con los
mismos problemas de hace de veinte años ya.
Primero, cuando usted fue impuesta —oigan:
impuesta— como directora del Hospital San Juan de Dios, no hizo nada importante
por ese nosocomio. Hoy dicho centro
médico presenta terribles problemas en infraestructura y carencias en recursos
humanos y, a pesar de eso, se le premió nombrándola como presidenta ejecutiva
de la Caja.
Vean qué grave, lo están diciendo los médicos.
Las finanzas de la Caja continúan en crisis, tanto
en el ámbito de la prestación de los servicios de salud, como en el tema del
régimen de invalidez, vejez y muerte, por lo que los resultados de su gestión
dejan muchas dudas.
Tercero. Recientemente usted misma ha sido
cuestionada públicamente, atribuyéndosele nombramientos irregulares a favor de
familiares y amigos. Desconocemos si estos cuestionamientos han sido aclarados;
situación que de no ser así generará serias dudas y (ininteligible).
No ha aclarado como ha venido nombrando familias,
subiendo puestos en altos de jerarquía sin tener los requisitos ni hacer
concursos internos, simplemente aprovechando su poder porque ya jala a partir
del 1º de mayo.
Mirá, te voy a decir esto, don Fabio, solo porque
quiten alguna gente que no merece haber estado en este Gobierno sinceramente,
Fabio, yo desearía que el domingo las cosas cambien, sinceramente. Solo por
eso, porque si no toda esa alcahuetería y todo este clientelismo —que es lo que
hacen— va a seguir igual y eso no se vale en este país. Solo por eso; puedo
decir más, pero… Ya que usted me dice eso, ¿verdad?
No, bueno, ya eso es otro tema.
Cuatro. Hoy las listas de espera en todos los
hospitales continúan elevadísimas y la salud de la población se deteriora cada
vez más. Señora Balmaceda, de Limón siguen viniendo a San José microbuses
llenas de mujeres embarazadas que tienen que venir a dar a luz al Hospital
Calderón porque en Limón no pueden, no lo pudo arreglar usted en cuatro años.
No mienta.
Cinco. Los hospitales siguen sin camas necesarias
para asegurar el internamiento oportuno de las pacientes. Tampoco se ha dado a
las salas de operaciones el personal de salud y los recursos materiales suficientes
para su óptimo aprovechamiento.
Irónicamente,
se pretendió invertir más de veintitrés mil millones de colones del IVM en la
remodelación del edificio de la oficina central.
¿Me
queda tiempo, presidente? Bueno, voy a
terminar.
Termino
diciendo, ha sido, ha sido lamentablemente en este Gobierno la señora
presidenta y la Junta Directiva que representa a los sectores de este país son
alcahuetes, irresponsables, también igual que las gerencias y que la presidenta
ejecutiva de la Caja; son los responsables de la crisis que tiene este país con
la Caja Costarricense de Seguro Social.
Muchas
gracias, señor presidente.
El presidente ad hoc Martín Alcides Monestel
Contreras:
Con
mucho gusto, diputado Céspedes.
Continúa
en el uso de la palabra la diputada Porras Zúñiga, quien le ha cedido el tiempo
al diputado Víquez Chaverri. Tiene usted
hasta cinco minutos.
Diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri:
Gracias,
señor presidente, y buenas tardes, señoras y señores diputados.
Escuchando
ahorita a mi compañero y buen amigo don Walter Céspedes referirse a un
manifiesto que hizo público la Unión Nacional Médica, yo debo decirle, don
Walter, que a todos nos han publicado en los periódicos campos pagados; los
médicos cuando no están satisfechos o cuando no llenan las expectativas que
ellos tienen.
Pero,
bueno, yo iba a hablar sobre otro tema y solo voy a decirle a la presidenta
ejecutiva de la Caja que la felicito por su excelente labor y que, por favor,
me le comunique a la Junta Directiva de la Caja que también los costarricenses
estamos satisfechos con la labor que ella ha realizado.
Si
bien es cierto, si bien es cierto hay que ajustar muchas cosas en la Caja
Costarricense de Seguro Social, hay que felicitar a las mujeres valientes que
han asumido responsablemente los retos que la presidenta de la República, doña
Laura Chinchilla, les ha encomendado, y una de esas mujeres valientes ha sido
la doctora Ileana Balmaceda al frente de la Caja Costarricense de Seguro
Social.
Continúo
mi participación del día de hoy haciendo un llamado respetuoso, un llamado
vehemente al liberacionismo, al liberacionismo costarricense.
Liberación
Nacional es un partido que nació hace sesenta y tres años, hace sesenta y tres
años, a raíz de unos enfrentamientos civiles en que el primer general
victorioso de toda la América Latina depone las armas y disuelve su propio
ejército.
A
partir de ahí, empieza a generarse una Segunda República. Se empieza a generar
un país como el que hoy tenemos, y es gracias al Partido Liberación Nacional y
a los expresidentes de la República que hemos sostenido y hemos fortalecido la
educación en este país, que hemos fortalecido, porque esto lo inició el doctor
Rafael Ángel Calderón Guardia, la seguridad social en Costa Rica, que hemos
construido, que hemos hecho obras de infraestructura enormes.
Si
bien es cierto hay un rezago, no ha sido porque Liberación Nacional o los
gobiernos de turno no han querido desarrollar este país, es porque algunos
miembros de la oposición mezquinamente no se lo han permitido.
Pero
también debo decirles, también debo decirles a los costarricenses que en los
últimos años no ha habido un déficit fiscal tan bajo como en esta ocasión, y
eso es obra de un gobierno serio y responsable, de un gobierno que va a asumir
también dentro de poco tiempo las riendas del país y se va a encontrar un país
fondeado con dinero para poder seguir desarrollando obras. Para ello se
requiere que haya mucha responsabilidad y que haya un espíritu de seguir
construyendo.
Nada
hacemos llegando a un gobierno a perseguir gente y a cortar rabos, como se dice
en la jerga popular, y estorbarle a la gente para que pueda seguir trabajando y
comiendo, simple y sencillamente porque pertenecen o no pertenecen a un partido
político.
Yo
llamo responsablemente a los costarricenses a que vayan a ejercer ese derecho
al voto el próximo domingo 6 de abril a las urnas electorales Voten por el
partido que crean que debe asumir las riendas.
Yo
como liberacionismo… como liberacionista que he sido y como diputado del
Partido Liberación Nacional, llamo a los pericos para que salgan, para que
vayan a ejercer ese derecho al voto y le demostremos a este país que el partido
vive y vivirá por siempre.
Y
seguiremos dando las luchas y las peleas que sean necesarias para poder seguir
construyendo obra en este país, para poder seguir diciéndoles a los
costarricenses que es mediante el voto, mediante el ejercicio de votar que
nosotros vamos a tener un país fuerte.
Hemos
sabido perder y también hemos sabido gobernar, y hemos sabido ganar con
responsabilidad. Y si en esta ocasión nos tocase perder, vamos a ser una
oposición responsable, vamos a ejercer nosotros con la responsabilidad que
siempre nos ha distinguido a un partido de sesenta y tres años una oposición,
si es que nos tocase.
Pero
yo quiero reiterarles esta tarde a los costarricenses y, en especial a los
liberacionistas, que vayamos a las urnas el próximo domingo temprano a votar, a
ejercer ese derecho y a robustecer principalmente la democracia costarricense,
que es lo que nos corresponde a todos.
Muchas
gracias, señor presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señor diputado.
Continúa
en el uso de la palabra el diputado Porras Contreras. Cinco minutos, señor diputado.
Diputado José Joaquín Porras Contreras:
Gracias,
señor presidente.
Buenas
tardes, compañeros, compañeras, a la gente que nos acompaña en las barras y
principalmente al público que nos sigue por los distintos medios de
comunicación y radio.
Hoy,
a treinta días de irnos de la Asamblea Legislativa, pues hay que seguir
produciendo y hay que seguir denunciando.
Hoy tuve la oportunidad de estar en el Hospital de Traumas, en el
Instituto Nacional de Seguros, y me di cuenta de las irregularidades que se
cometen y que está cometiendo el presidente ejecutivo, don Guillermo Cónstenla,
con la clase trabajadora, los empleados de planta del INS.
Inauguran
un hospital para mejorar la calidad del servicio que se les brinda a los
asegurados y a las empresas que pagan el régimen de riesgos del trabajo en el
Hospital de Traumas. Pero, en vez de poner a la gente, a los empleados que
tiene el propio Instituto Nacional de Seguros a trabajar ahí, doctores,
enfermeros, auxiliares de enfermería, aseadores, guardas, transporte; no, no está
pasando eso.
Empresas
privadas están dando ese servicio y los empleados INS, los empleados con
planilla y pagados por planilla de INS están en los pasillos para arriba y para
abajo, y no los ponen a hacer nada.
No
sé qué será lo que están pensando hacer, si pensarán privatizar esa insigne
institución de más de ochenta años de darle servicio a este país y servicio de
calidad, porque no se puede negar. Pero con esa actitud lo que yo veo, lo que
yo siento y lo que yo denuncio hoy y que el pueblo de Costa Rica lo vea.
A
mí no me interesa que aquí algunos diputados ni pongan cuidado, eso es lo de
menos, pero sí me interesa que el pueblo de Costa Rica y la prensa les dé
seguimiento a esas irregularidades que están pasando en el Instituto Nacional
de Seguros, bajo la tutela del señor Guillermo Constela, porque parece que ahí
no hay Junta Directiva, él hace lo que le da la gana.
Igual, igual —y qué feo decirlo,
pero tengo que decirlo— igual pasa aquí, igual pasa en la Asamblea Legislativa.
Las empresas de aseo, lejos aquí de contratar ujieres, contratan una empresa
—no sé de quién será, puede ser hasta de un empleado de la Asamblea Legislativa
bajo otra representación— tiene el contrato del aseo. Gente que cobra un montón
de dinero por brindar el aseo a estos edificios de la Asamblea Legislativa, y a
los empleados les pagan una miseria.
O sea, eso quiere decir que están
haciendo clavos de oro con el sudor de la gente que está trabajando, están
haciendo clavos de oro a costillas de los que vienen a barrer, a limpiar, a
limpiar vidrios y a asear la Asamblea Legislativa, porque le compran un montón
de dinero, como si fueran empleados de la Asamblea Legislativa, y ni siquiera,
ni siquiera —óigase bien— les pagan las garantías sociales.
Tienen que estar calladitos, porque si estrilan, si
ellos reclaman, si ellos defienden sus derechos, simplemente les cortan el
rabo, simplemente los despiden. Y como hay tanta gente y hay tanto desempleo en
este país… Porque también hay que decirlo, que ni siquiera en Costa Rica, en
este Gobierno se han abierto fuentes de empleo para toda la gente, donde hay
cerca de millón doscientas personas des… trescientas cincuenta mil personas que
no tienen trabajo en este momento.
Eso quiere decir que hay como millón
y medio de ciudadanos y ciudadanas que no tienen asegurada la cena de esta
noche, el desayuno de mañana y el almuerzo.
Entonces, yo creo que si nosotros,
como legisladores, no denunciamos eso, si nosotros, como legisladores, no
denunciamos esas irregularidades y si el pueblo de Costa Rica no pone las
barbas en remojo y no actúa y no busca la forma… de alguna forma hacerse
respetar, vamos por un camino rumbo al despeñadero.
Yo quiero decir que es doloroso
darse cuenta de que empleados que vienen aquí a las siete, seis de la mañana a
barrer, a limpiar tienen que irse a las dos de la tarde y ni siquiera se ganan
el salario mínimo.
Pero el empresario o empleado que
hizo el contrato, que hizo esa contratación con esta institución y con un
montón de instituciones —en este país está pasando— esos están haciendo clavos
de oro, se están haciendo millonarios con el sudor y la necesidad de esos
trabajadores que son costarricenses, que merecen también un trato igualitario
como lo debemos tener todos los que vivimos en este país.
Porque para eso existe un Código de
Trabajo que se escribió hace más de sesenta años, y aquí eso se lo pasan ya
todos ustedes saben por dónde, ya todos ustedes saben por dónde se lo pasan.
Entonces, compañeros y compañeras,
es… Yo hablo así y ese es mi estilo de decir las cosas tal y como son, porque
es vergonzoso que esté pasando en Costa Rica lo que está pasando en un país en
el que nos jactamos de que tenemos democracia, en el que nos jactamos que
tenemos igualdad.
¿Cuál igualdad? Eso es mentira, aquí no existe la
igualdad.
¿Aquí cómo tratan a la persona con discapacidad?
Aquí se abrió… se quería abrir una
oficina de discapacidad en la Asamblea Legislativa, en el año en que presidió
la Alianza por Costa Rica y ni eso se pudo hacer siquiera, ni eso se puedo
hacer, abrir una oficina, una unidad de personas con discapacidad para que
trabajaran en este Plenario, y ni eso se pudo hacer en esta Asamblea
Legislativa.
Entonces, ¿cuál igualdad y de cuál
democracia estamos hablando? Este país es un país de desiguales, y cada día la
brecha social va a ser más grande y cuando esa brecha se ensanche más va a ser
peligroso para la democracia que tenemos, que hemos tenido durante años y que
debemos de preservarla.
Muchas gracias, presidente; buenas
tardes, Costa Rica.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Diputadas y diputados, hemos
concluido con el espacio de control político.
Antes de pasar a la siguiente parte,
voy a solicitarle al señor secretario que le dé lectura a una notificación que
ha llegado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que debe
ser conocida por esta Asamblea Legislativa.
El primer secretario Martín Alcides Monestel
Contreras:
Resolución N.º 2014004191 de la
Sala Constitucional
140031300007CO
Exp:
14-003130-0007-CO
Res. Nº 2014004191
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
catorce horas treinta minutos del veintiséis de marzo de dos mil catorce.
Consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad formulada por el
Directorio de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto de Ley de
"Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del
Fondo Multilateral de Inversiones II, suscritos entre el Gobierno de la
República de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo, y autorización a capitalizar organismos
internacionales", expediente legislativo No. 18.522.
Por tanto:
Se evacua la consulta formulada en el sentido de que no se observan
vicios esenciales de constitucionalidad en el trámite legislativo dado al
proyecto de ley para la "Aprobación del Convenio Constitutivo y el
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II, suscritos entre el Gobierno
de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, y
autorización a capitalizar organismos internacionales", expediente
legislativo No. 18.522; y en cuanto al fondo, no infringe el Derecho de la
Constitución. Comuníquese este pronunciamiento al Directorio de la Asamblea
Legislativa.
Gilberth
Armijo S.
Presidente
Ernesto Jinesta L. Fernando
Cruz C.
Fernando Castillo V. Paul Rueda L.
Nancy Hernández L. Luis Fdo
Salazar A.
Y las respectivas firmas de
diferentes magistrados y magistradas.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
De acuerdo con lo manifestado por la
Sala Constitucional, este expediente podrá continuar su trámite de segundo
debate en el momento procesal oportuno.
Reforma al Reglamento de la
Asamblea Legislativa
Expediente
N.º 18.127, Reforma Parcial del Reglamento de la Asamblea Legislativa
Diputadas y diputados, vamos a
pasar, de acuerdo con la moción, aprobada por esta Asamblea Legislativa, al
conocimiento de reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa. Es el
expediente número 18.127 y lleva como nombre Reforma Parcial del Reglamento de
la Asamblea Legislativa.
Pero antes quisiera hacer del
conocimiento de las señoras y señores diputados que el Directorio de la
Asamblea Legislativa está convocando a partir de este momento, en los próximos
treinta minutos, a una conferencia de prensa.
Vamos a decretar un receso, pero
antes quisiera informarles a los diputados que la conferencia de prensa
precisamente trata sobre la objeción que ha puesto el Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, la Oficina de Patrimonio, sobre la construcción del
edificio legislativo.
Entonces, vamos a dar un receso de hasta
treinta minutos. Pero antes la diputada Bejarano Almada tiene una nota y está
recogiendo unas firmas, y vamos a dar un receso de unos..., dentro de los
treinta minutos unos cinco minutos para que los diputados que se quieran sumar
con sus firmas lo puedan hacer. Posteriormente, en unos cinco o diez minutos
estaremos en el Salón de Expresidentes con la conferencia de prensa del
Directorio de la Asamblea Legislativa y los diputados que, además, quieran
sumarse a estas manifestaciones de la Asamblea Legislativa sobre el tema del
edificio legislativo.
Treinta minutos de receso, entonces,
a partir de este momento.
La presidenta ad hoc Annie
Alicia Saborío Mora:
Se amplía el receso hasta por diez
minutos.
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Ha vencido el receso.
No hay cuórum.
Transcurre el tiempo reglamentario
de cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
Diputadas y diputados, el día de
ayer este Directorio había dado lectura a una notificación que había llegado de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, referido a una consulta
facultativa de constitucionalidad interpuesta por varios diputados y diputadas,
referente al proyecto de aprobación de la Ley Reguladora de Investigación
Biomédica, que se tramita en el expediente legislativo 17.777.
Sobre esta notificación y realizando
una revisión no solamente de parte del Directorio, sino también de Servicios
Técnicos, se encontró un error material que de inmediato fue conocido, o más
bien fue notificado por parte de esta Asamblea Legislativa a la Sala
Constitucional.
Efectivamente en la disposición número doce
había un error que la Sala el día de hoy corrigió y nos está enviando
precisamente esa notificación, que le voy a solicitar al señor secretario darle
lectura para que, entonces, de esa manera quede corregido ese error material
que en alguna medida afectaba la resolución que la Sala Constitucional había
tomado respecto a este expediente.
Vamos a solicitar al señor
secretario darle lectura.
El primer secretario Martín
Alcides Monestel Contreras:
Resolución N.° 2014004472
de la Sala Constitucional
Exp: 13-013489-0007-CO
Res. Nº 2014004472
SALA CONSTITUCIONAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas y treinta minutos del
uno de abril del dos mil catorce.
Consulta facultativa de constitucionalidad
interpuesta por los diputados MARÍA EUGENIA VENEGAS, JORGE GAMBOA CORRALES,
VÍCTOR HERNÁNDEZ, RITA CHAVES CASANOVA, MARTÍN MONESTEL CONTRERAS, JOSÉ MARÍA
VILLALTA FLOREZ-ESTRADA, CARMEN GRANADOS FERNÁNDEZ, MANRIQUE OVIEDO GUZMÁN,
GUSTAVO ARIAS NAVARRO, CARMEN MUÑOZ QUESADA Y VÍCTOR EMILIO GRANADOS CALVO,
referente al proyecto de aprobación de la "LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA", que se tramita en el expediente legislativo número 17.777.
Por
tanto:
Se corrige error material de la parte dispositiva
del documento de sentencia del voto 2014-003969 de las dieciocho horas y cero
minutos del veinte de marzo del dos mil catorce, para que se lea correctamente
de la siguiente manera: “12°) Por mayoría, los artículos 45 y 48 no son
inconstitucionales. El Magistrado Rueda da razones diferentes. Los Magistrados
Armijo y Cruz estiman que son inconstitucionales por violación al principio de
independencia económica”.
Gilbert Armijo S.
Presidente
Fernando Cruz C. . Luis Fdo.
Salazar A.
Jorge Araya G. Aracelly Pacheco
S..
Alicia Salas T.. Anamari Garro
V..
Y sus respectivas firmas de
magistrados y magistradas.
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Hechas las correcciones, el proyecto
de ley…, el expediente podrá entonces ser conocido en el trámite de segundo
debate en el lugar que efectivamente le corresponde.
Hay una moción de orden.
Antes de conocer a la segunda…,
antes de conocer la moción de orden vamos a pasar a la segunda parte de la
sesión.
Pero antes de entrar a los primeros
debates, hay una moción de orden que le voy a solicitar a la señora secretaria
darle lectura.
La segunda secretaria Annie
Alicia Saborío Mora:
Del diputado
Víquez Chaverri:
Para que se guarde un minuto de silencio en
memoria del ex Diputado José Francisco Benavides Robles, quien fungió en el
período 1949-1953.
El presidente Luis Fernando
Mendoza Jiménez:
Esta moción es del diputado Víquez
Chaverri.
Tiene la palabra el diputado Víquez
Chaverri.
Diputado Víctor Hugo Víquez
Chaverri:
Gracias, señor presidente.
De nuevo, buenas tardes a las
señoras y a los señores diputados.
He solicitado a este Plenario
legislativo rinda un minuto de silencio en memoria del ilustre exdiputado José
Francisco Benavides Robles, quien en representación de la provincia de Heredia
ejerció en el período comprendido entre 1949 y 1953.
José Francisco, don José Francisco
fue hijo de otro distinguido hijo de la provincia de Heredia; hablo del
ingeniero Manuel Benavides Rodríguez, mi bisabuelo, y de doña Natividad Robles.
Nació el 11 de julio de 1918, casado
con doña Soledad Lobo Espeleta, que de Dios goce también, y conformó un hogar
de seis hijos.
El día de hoy, y próximo a cumplir
noventa y seis años, ha descansado en la paz del Señor.
Don José Francisco Benavides fue uno
de los diputados que tuvieron la responsabilidad de enrumbar el país luego de
los difíciles momentos que vivió Costa Rica a raíz de los acontecimientos de
1948.
A los diputados de su época les tocó
la promulgación de leyes como la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, la Ley Orgánica también del Registro Civil, la ley de la carretera a
Limón, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, entre muchas otras.
Hoy quiero enviarle un fraternal saludo a la
familia de José Francisco Benavides Robles, y decirles que los heredianos nos
sentimos muy orgullosos de la labor y ejemplo de vida de este insigne
herediano.
Descanse en paz, tío Quico, porque
también fue tío mío.
Gracias, señor presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
No hay ninguno otro diputado o
diputada que quisiera hacer uso de la palabra o ha solicitado el uso de la
palabra. Por lo tanto, damos por
discutida la moción.
Voy a solicitarles a los señores
diputados y diputadas ocupar sus curules para proceder con la votación de la moción
de minuto de silencio.
Hay cuarenta y cuatro diputadas y
diputados presentes en el salón de sesiones.
Voy a solicitarles a los señores
ujieres cerrar puertas, a los diputados y diputadas ocupar sus curules.
Los diputados y diputadas que estén
a favor de la moción para guardar un minuto de silencio en memoria del
exdiputado José Francisco Benavides Robles, quien fungió como diputado en el
período 1949-1953, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso de
impedimento. Cuarenta y cuatro diputadas
y diputados presentes; cuarenta y cuatro han votado a favor. La moción ha sido aprobada.
Vamos a dar el minuto de silencio a partir de este
momento.
Se procede de conformidad.
Pueden tomar asiento los señores
diputados.
Discusión de proyectos de ley,
estamos en la segunda parte.
En el primer lugar del orden del
día, se encuentra el expediente 19.053, Modificación a la Ley número 9193, Ley
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio
Económico 2014 y Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el
Ejercicio Económico 2014.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el informe de mociones de fondo vía artículo
137, y se han presentado nuevas mociones de fondo, las cuales pasan a la
comisión dictaminadora.
COMISIÓN
PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS
MOCIONES APROBADAS
Moción de
orden Nº 1-66 de la diputada Brenes Jiménez:
“Para que se dispense de lectura las moción de fondo presentada vía
artículo 137.”
Moción N.º 2-67 (1-137) del
diputado Céspedes Salazar:
Para que en el artículo
2 del proyecto, se agregue la siguiente modificación a la Ley Nº 9193, Ley de
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, en la forma que se
indica:
REBAJAR:
Título 209
MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Programa 327
ATENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
Sub programa
1
ATENCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL
|
7010228023102151208 |
CONSEJO NACIONAL DE VIALIALIDAD (CONAVI). Esta rebaja se aplica a la Coletilla, de
la siguiente forma: Donde dice: “….. SERVICIOS DE INGENIERÍA ¢1.000.000.000,00 MILLONES,…” Lease de la siguiente forma: “…SERVICIOS
DE INGENIERÍA
¢700.000.000,00 MILLONES,…” |
300.000.000 |
|
|
TOTAL REBAJO |
300.000.000 |
AUMENTAR:
TÍTULO 203
Ministerio de
Gobernación y Policía
Programa 44
Actividad
Central
|
|
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA FINANCIAR LA REALIZACIÓN DEL PLAN
REGULADOR, CON BASE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 7794 DE 30/4/98).). Cédula Jurídica. 3-014-042127 |
300.000.000 |
|
|
Total Aumento |
300.000.000 |
Moción N.º 1 de la diputada Brenes Jiménez:
Para que en el artículo 2 del
Proyecto, en la coletilla de gasto del registro contable 209 327-01 70102 280
2310 2151 208 Consejo Nacional de Vialidad, se elimine la palabra “MILLONES”
que se encuentra después de cada cifra incorporada.
Moción N.º 2 del diputado Granados Calvo:
Para que se conozca la
moción adjunta.
Para que se modifique el
artículo 1 del proyecto en la forma que se indica a continuación:
REBAJAR:
|
3000000000000 |
FINANC IAMIENTO |
15.450.000.000 |
|
3100000000000 |
FINANCIAMIENTO INTERNO |
15.450.000.000 |
|
3130000000000 |
EMISIÓN
DE TÍTULOS VALORES |
15.450.000.000 |
|
3131020000000 |
COLOCACIÓN
DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO |
15.450.000.000 |
|
3131020000280 |
Emisión Títulos Valores Deuda Interna |
15.450.000.000 |
y donde dice:
Autorizase al Poder Ejecutivo
para emitir hasta CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA
MILLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2014.
Se lea:
Autorizase
al Poder Ejecutivo para emitir hasta VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES 00/100 en Títulos
Valores de Deuda Interna 2014.
Para que se modifique el artículo
2 del proyecto en la forma que se indica a continuación:
REBAJAR:
Título 209
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
Programa 327-00
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Subprograma 01
ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL
|
70102 280 2310 2151 208 |
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) (PARA LA
ATENCIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DEL CONAVI, EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA
RED VIAL DEL PAÍS, SEGÚN LEY No.7798 Y ARTÍCULOS No.18 Y 20 DE SU REGLAMENTO,
DECRETO EJECUTIVO No. 27099 DE 12/6/1998, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, COMO APOYO A PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL).RED VIAL
PAVIMENTADA ¢7.500.000.000,00 MILLONES, DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA:
SAN JOSÉ ¢436.364.000,00 MILLONES, PURISCAL ¢259.091.000,00 MILLONES, LOS
SANTOS ¢300.000.000,00 MILLONES, ALAJUELA SUR ¢504.545.000,00 MILLONES,
ALAJUELA NORTE ¢586.364.000,00 MILLONES, SAN RAMÓN ¢272.727.000,00 MILLONES,
CARTAGO ¢409.091.000,00 MILLONES, TURRIALBA ¢190.909.000,00 MILLONES, HEREDIA
¢477.273.000,00 MILLONES, LIBERIA ¢272.727.000,00 MILLONES, CAÑAS ¢545.455.000,00
MILLONES, SANTA CRUZ ¢340.909.000,00 MILLONES, NICOYA ¢422,727.000,00
MILLONES, PUNTAR ENAS ¢409.091.000,00 MILLONES,
QUEPOS ¢313.636.000,00 MILLONES, PÉREZ ZELEDÓN ¢409.091.000,00 MILLONES,
BUENOS AIRES ¢204.545.000,00 MILLONES, SUR-SUR ¢286.364.000,00 MILLONES,
GUÁPILES ¢190.909.000,00 MILLONES, LIMÓN ¢204.545.000,00 MILLONES, SAN CARLOS
¢245.455.000,00 MILLONES, LOS CHILES-UPALA ¢218.182.000,00 MILLONES. CONSERVACIÓN
DE LA RED VIAL DE LASTRE ¢1.500.000.000,00 MILLONES, DESGLOSADA DE LA
SIGUIENTE MANERA: QUEPOS Ruta No.301 ¢500.000.000,00 MILLONES, NICOYA RUTA
No.902 ¢500.000.000,00 MILLONES Y RUTA No.905 ¢500.000.000,00 MILLONES. OBRAS
VARIAS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E IMPREVISIBLES EN TODO EL PAÍS ¢1.000.000.000,00
MILLONES, SERVICIOS DE INGENIERÍA ¢700.000.000,00 MILLONES; SERVICIOS DE
LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD ¢500.000.000,00 MILLONES; PARA
PROYECTOS DE OBRAS ¢4.250.000.000,00 MILLONES, DESGLOSADAS DE LA SIGUIENTE
MANERA: REHABILITACIÓN DE PUENTES MENORES - RUTA No. 121, SECCIÓN SAN RAFAEL
DE ESCAZÚ- CIUDAD COLÓN ¢1.500.000.000,00 MILLONES, OBRAS DE SEGURIDAD
DE LA AUTOPISTA FLORENCIO DEL CASTILLO ¢1.250.000.000,00 MILLONES, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN RUTA No.122- SECCIÓN
BARRIO NAZARET- OJO DE AGUA ¢500.000.000,00 MILLONES,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL EN RUTA No.113
SECCIÓN SAN RAFAEL DE HEREDIA- LOS ANGELES ¢500.000.000,00 MILLONES, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO VIRILLA RUTA No.220 SECCIÓN LA TRINIDAD
DE MORAVIA- PARACITO SANTO DOMINGO ¢500.000.000,00 MILLONES). Céd-Jur: 3-0007-231686 |
15.450.000.000 |
En el primer lugar del orden del día
de los segundos debates, se encuentra el expediente 18.593, Ley para la
Regularización de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la
Zona Marítimo Terrestre, (originalmente denominado): Ley para la Regularización
de las Construcciones Existentes en el Área Restringida de la Zona Marítimo
Terrestre.
Este expediente se encuentra en
consulta facultativa en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
En el segundo lugar, se encuentra el
expediente 17.777, Ley Reguladora de Investigación Biomédica.
Inicia la discusión, por el fondo,
en el trámite de segundo debate.
Sobre este expediente, a partir de
este momento, vamos a ofrecer la palabra para que los diputados puedan
referirse, por el fondo, en el trámite de segundo debate.
Tiene la palabra el diputado Mendoza
García. Hasta por quince minutos, señor
diputado.
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
Gracias, señor presidente; diputados
y diputadas.
La diputada Venegas Renauld me ha
solicitado que lea, a nombre suyo, una intervención que ella quiere hacer sobre
este segundo debate, así que todo lo que voy a plantear son palabras de la
diputada Venegas Renauld.
Señores diputados y diputadas, la semana antepasada
indicaba en este Plenario legislativo que el proyecto de ley que se votó en
primer debate, conocido como Ley de Biomédicas, había sido uno de los proyectos
en los que puse mi capital político junto con el tema de fecundación in vitro,
una reforma para lograr el Estado no confesional y el tema de los mares.
Estoy clara de que las luchas y argumentos que he
esgrimido pasan por los filtros morales y económicos más conservadores, y
efectivamente el camino así lo ha demostrado.
Hoy tenemos de vuelta de la Sala Cuarta el proyecto
para regular la investigación biomédica en este Plenario, con un voto muy
controversial dado por esa Sala a un proyecto de la envergadura y alcances que
tiene, justo por la temática: la experimentación en la que participan los seres
humanos, investigación en la cual en algún momento de la vida cualquiera de
nosotros podría estar participando bajo los estándares que este proyecto
tristemente ha dejado establecidos. A ellos me voy a referir en breve.
He tomado tiempo para analizar este voto que fue
comunicado el jueves por la noche. Yo me enteré por Radio Monumental, cuando
salí del Plenario. Quise analizarlo con
cabeza fría, la que da la experiencia de estos años en este lugar lleno de
intereses, luchas y complacencias.
Y analice con cabeza fría el comunicado sin perder
de vista a todos esos médicos y personal de salud que desde muy diversos campos
de la salud están en la actividad y realizan excelentes trabajos; muchos de
ellos verdaderos científicos que se plantean hipótesis de trabajo, desarrollan
metodologías y sus resultados son publicados para sumar a indicadores de
ciencia y tecnología, por su autoría, aporte intelectual y descubrimientos.
Algunos se han comunicado conmigo preocupados por
la forma como se dio este voto, y por el fondo. Estamos claros de las presiones
que tuvo la Sala que la llevó a buscar la manera de decir que no había
inconstitucionalidad, hasta que lo logró.
Falta desde luego el documento completo que me dé
más luz al respecto, ya habrá tiempo para ello.
Entender el fondo de todo esto ha sido tarea ardua
del despacho a mi cargo y ha sido la tarea más profunda y documentada, junto
con la FIV —continúa la diputada Venegas Renauld—. La lectura ha sido
científica, social y política, lecturas necesarias para un proyecto de este
calibre.
Yo quiero agradecer a todas las personas que con
diversas calidades, en forma pública y en forma privada, se acercaron a darme
información y testimonios de sus experiencias, y a grupos de profesionales del
campo de la bioética en hospitales, su reconocimiento al trabajo que realicé.
Continúa la diputada Venegas Renauld
indicando que responder a los sectores más conservadores en materia económica y
a los sectores de dominación espiritual ha estado en el fondo de toda esta
lucha en temas de derechos humanos, en la que el poder económico es el eje por
el cual gira toda acción política.
Ser vulnerable en la salud física y ser vulnerable
en el sufrimiento espiritual es tierra de médicos, curas y pastores potenciados
por políticos. Ser ciudadano vulnerable
enfermo o decaído en su salud espiritual reporta dinero. Es la historia por la que ha caminado la humanidad.
Muchos datos he requerido para llegar a entender que el
tema de la salud y la dignidad es más que citar, en discursos y leyes, normas
de trabajo científico de carácter internacional; es más que generar empleos,
estribillo usaba para hablar de investigación y desarrollo nacional; es más que
enlistar empresas en zonas francas para hablar de desarrollo humano, inversión
directa y economía; es más que decir a gente ingenua de este… que este país
entra en el oscurantismo por detener los experimentos multicéntricos de
compañías farmacéuticas; es más que los discursos sobre el desarrollo del país,
sujetos a estos experimentos que no curan; es más que apelar a supuestos
beneficios de medicamentos que no son medicamentos, porque este título se
adquiere cuando se han pasado las pruebas; es más que hacer creer a una
población de gente sin conocimiento básico ni de su propia ideología que se les
va a curar prestando su cuerpo porque… por el otro que va a ganar la plata.
Muchas
han sido las horas de pensamiento para llegar a separar la paja del trigo y
entender que este proyecto no es el texto que nos pueda hacer sentir dignos
como costarricenses en el territorio nacional y en el internacional en materia
de protección de la vida, y de la dignidad humana, mediante la investigación
clínica, porque es un texto ante el cual la misma Sala, presionada por este
Plenario, por su presidente, por los grupos que le fueron a tocar la puerta,
hizo todo lo que pudo para no encontrar vicios de constitucionalidad y lo
logró.
Tuvo
que ir artículo por artículo ampliando la interpretación que debería quedar
clara en el texto de la ley para salvar esa presión y mostrar con la realidad
de cuatro votos a favor y de tres votos en contra que había hecho la tarea.
Una
votación que dice eso, dice, eso sí lo reconozco, que el tema fue objeto de
discusión y debate, y que si le hubieran dado alguito de tiempo, y no le
hubieran metido el gas que le metieron —repito, diputados presionando, el
presidente del Congreso y otros grupos— talvez el texto consultado debería ser
reformado en totalidad.
Pero
si este pleno fuera independiente, si aquí fuéramos razonables en el alcance de
esta resolución que comunicó la Sala, y no estuviéramos a unos días de la
elección de un presidente, que va a ser el del PAC, estaríamos haciendo otra
cosa.
Y
es muy probable que los estados de desesperación este voto sea usado por los
opositores al Partido Acción Ciudadana como un voto que los hace resurgir por
sabios y justos, cuando este voto, y ustedes, señores y señoras magistrados y
magistradas de la Sala Constitucional, saben que no lo es.
La
Sala Cuarta es en la vía jurídica ─continúa
la diputada Venegas Renauld─ la última instancia para lo que procedía hacer.
Yo doy particular importancia a las consultas a la
Sala de proyectos votados en primer debate cuando el proyecto responde a temas
prohibidos por la Sala y este es uno.
Y aunque no estoy de acuerdo en decisiones de la
Sala, porque la Sala se ha equivocado, yo respeto la institucionalidad y
respeto el voto, pero esto no me impide hablar por el fondo y oponerme por el
fondo a sabiendas de que mi historia personal y en la historia de mi partido el
tema de la investigación humana, por humana y por científica, merece nuestro
apoyo y respeto, nuestro empuje y control, digan lo que digan quienes hoy
intentaran una vez más ponernos como opositores o como dijo la exministra de
Salud, Ávila, en un arranque de cólera, como de la caverna.
Y que conste en actas que a la señora Ávila le
reconozco su apoyo en temas como tabaco y FIV, y la forma como siempre
interactuó con la ciudadanía, pero no por ello sus intereses como investigadora
de farmacéuticas, yo procuro en mi vida ser consecuente.
Seguidamente me voy a referir al comunicado enviado
por la Sala. Continúa la diputada Venegas Renauld: Dice la Sala que, uno, por
mayoría en cuanto al vicio sustancial de procedimiento se estima que no lo hay,
los magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y estiman que sí lo hubo.
Habrá que ver el fallo completo para que las organizaciones
de personas con discapacidad valoren si retrocedieron en sus derechos a una
consulta efectiva.
Yo sigo convencida de que hubo atropello a la forma
como se les consultó. La Convención sí establece un procedimiento especial en
el punto 4,3, y aun así es evidente que el contexto sigue discriminando a esta
población.
En lo relativo a artículos uno y dos por mayoría,
concluye la Sala que no existen vicios de inconstitucionalidad y los
magistrados Armijo, Cruz y Rueda salvan el voto y estiman que resultan
constitucionales siempre y cuando se interprete que únicamente están permitidas
las experimentaciones reguladas en el proyecto por lo que no están permitidas,
salvo posterior regulación expresa, las experimentaciones con células madre,
genoma y proteoma humanos.
El artículo uno que define el campo de la ley y
requirió de una explicación de quienes salvaron su voto resulta inconcebible
que se haya dejado como está, el artículo más importante de la ley.
Ojo, los de minoría dicen que no se puede hacer,
pero el de mayoría dice que sí, o sea, se puede investigar genoma y proteoma y
células madre. Lástima que no aceptaran
lo que les propuse en mi moción para definir y limitarla.
Dice el comunicado que tres… en el punto tres: Por
mayoría se estima constitucional el artículo quinto siempre que se interprete
la palabra remuneración en los términos establecidos en la regla siete de las
pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres
humanos. Los magistrados Armijo y Cruz
salvaron el voto y declaran inconstitucional este artículo.
Recordemos que el artículo quinto del proyecto
dice: Gratuidad. La participación en una
investigación biomédica siempre deberá ser voluntaria por lo que no se
remunerará a los participantes. Solo podrán reintegrarse los gastos en que
eventualmente incurra un sujeto por su participación en la investigación.
En
el caso de los estudios de bioequivalencia, además del reconocimiento de
gastos, se permitirá la remuneración al participante por su participación voluntaria. Dicha remuneración deberá ser aprobada
previamente por el CEC, asegurándose de que estos pagos sean proporcionales con
el diseño del estudio.
El
comité ético científico que evalúa la investigación deberá establecer y
ejecutar medidas de protección especiales al participante durante el
reclutamiento y desarrollo para proteger el principio de autonomía.
Al
respecto, la regla siete de las pautas éticas internacionales para la
investigación biomédica en seres humanos dice: Incentivos económicos para
participar en una investigación. Se
puede reembolsar a los sujetos ganancias no percibidas, costos de viaje y otros
gastos en que hubieren incurrido al tomar parte en un estudio. Pueden,
asimismo, recibir servicios médicos gratuitos.
Se puede también pagar o compensar a los sujetos por los inconvenientes
sufridos y el tiempo empleado, particularmente a aquellos que no reciben
beneficio directo de la investigación.
Sin
embargo, los pagos no debieran ser tan elevados o los servicios médicos tan
amplios como para inducir a los potenciales sujetos a consentir, participar en
la investigación en forma poco racional, incentivo indebido. Todos los pagos, reembolsos y servicios
médicos proporcionados a los sujetos deben haber sido aprobados por un comité de
evaluación ética.
La
norma que se pide, la piden por minoría, pero la mayoría deja abierto el pago
que en caso de estudios de gran valor económico puede ser un gancho para
reclutar gente. Ver la página 56 en este
punto.
Añade
el comunicado en su punto cuarto: Por mayoría no se estima inconstitucionales los
artículos 18 y 64. Los magistrados
Castillo, Hernández y Salazar dan razones adicionales. El magistrado Rueda señala que son constitucionales
siempre que se interprete que el consentimiento informado suscrito por el
representante legal de la persona legalmente incapacitada solo procede en el
caso de la investigación terapéutica.
Los magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y
declaran inconstitucional los artículos por violar los derechos fundamentales
de las personas discapacitadas, contenidos en los instrumentos internacionales
tales como los artículos 12 y 15 de la Convención de Personas con Discapacidad
y el principio 11.15 de la Resolución de la ONU sobre Enfermos Mentales.
Bueno, aquí hay una clara violación a una
convención internacional y esto puede ameritar una demanda ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Ya la Organización de Naciones Unidas conoce del
tema y pidió explicaciones antes de este fallo al país. Veremos qué dice Costa Rica ahora con ese
voto.
Aquí conviene recordar lo que dice el artículo 18
del proyecto, Consentimiento de personas legalmente incapacitadas.
Señor presidente, la intervención que he venido
leyendo, que como indiqué al inicio, corresponde a la diputada Venegas Renauld,
quien ha analizado profusamente este tema y hace esta intervención, y pues
evidentemente no tuve el tiempo de leerla toda, se la voy a hacer llegar al
escritorio para que quede consignada, que es su intervención para este segundo
debate.
Gracias, presidente, diputados y diputadas.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado, atenderemos su
solicitud. Si nos trae el documento será incorporado en el acta, tal y como lo
está solicitando y sabemos que es también el deseo de la diputada Venegas
Renauld.
Diputado Juan Carlos Mendoza García:
Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y declaran
inconstitucionales los artículos por
violar los derechos fundamentales de las personas discapacitadas contenidos en
instrumentos internacionales tales corno los artículos 12 y 15 de la Convención
con discapacidad y el principio 11.15 de la resolución de la ONU sobre enfermos
mentales."
Bueno, aquí realmente hay una clara violación a una
Convención Internacional y esto puede ameritar una demanda ante la Corte IDH.
Ya la ONU conoce del tema y pidió explicaciones antes de este fallo, al país.
Veremos qué dice CR ahora con este voto.
Aquí conviene recordar lo que dice el artículo 18 del
proyecto.
"ARTÍCULO 18.- Consentimiento de
personas legalmente incapacitadas
En el caso de investigaciones biomédicas en las que
participen personas declaradas como incapaces, mediante un proceso judicial, el
consentimiento informado debe ser suscrito por su representante legal.
Quizá este tema revista una importancia mayúscula. Por
ejemplo el artículo 64 dice en el proyecto.
ARTÍCULO 64.- Menores de edad y personas sin
capacidad volitiva y cognoscitiva.
Es importante tener presente que el niño, abandonado y con
discapacidad es muy vulnerable y aprenda a expensas de los experimentos.
La investigación clínica en la que participe una persona
con incapacidad legal, sea una persona menor o sin capacidad volitiva y
cognoscitiva, declarada judicialmente, únicamente podrá realizarse cuando se
prevea que los resultados puedan producir beneficios reales o directos para su
salud, o cuando no se puedan obtener resultados en individuos mayores o capaces
de otorgar su consentimiento.
Cuando sea previsible que la investigación clínica no vaya
a producir resultados en beneficio directo para la salud de estos
participantes, la investigación podrá ser autorizada de forma excepcional, si
concurrieran las siguientes condiciones:
a) Que la
investigación tenga como objetivo contribuir a la comprensión de la enfermedad
o a un resultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la misma
enfermedad o condición.
b) Que la
investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el participante.
50) Por unanimidad, no es inconstitucional el
artículo 15 si se interpreta en concordancia con el artículo 24 en el sentido
de que el derecho al libre retiro de una experimentación es parte del libre
consentimiento y puede darse más allá de los supuestos contenidos en el
primero.
Este artículo entonces demuestra que es la población
vulnerable que queda así de vulnerable en el proyecto.
Dice 6') Por mayoría, los artículos 64 y 67 no son
inconstitucionales. Los Magistrados Castillo, Hernández y Salazar dan razones
adicionales. El Magistrado Rueda da razones diferentes.
Los Magistrados Armijo y Cruz estiman que son
inconstitucionales por omisión, por no garantizar ampliamente las reglas que la
experimentación con menores de edad, personas sin capacidad volitiva y
cognoscitiva y grupos subordinados, no debe realizarse sin un beneficio directo
a su salud.
Aquí hay que tener presente que nunca un experimento
clínico va con compromiso directo a la salud.
7') Por unanimidad el artículo 69 no es inconstitucional.
El Magistrado Rueda da razones diferentes. El Magistrado Armijo pone nota.
No voy a opinar en este punto 7 sobre el artículo 69 que
tiene que ser con la experimentación con privados de libertad.
En punto 8°) dice el comunicado: Por mayoría los artículos
17 y 64 no son inconstitucionales. Los Magistrados Castillo, Hernández y
Salazar dan razones adicionales.
Los Magistrados Armijo y Cruz los declaran
inconstitucionales por omisión, al no preverse que la experimentación con
menores de edad sólo debe realizarse si comporta un beneficio directo a su
salud y que no es posible someterlos a ensayos de medicamentos en fase I o para
ensayos de vacunas en fases I y II.
El Magistrado Rueda declara inconstitucional los tres
últimos párrafos del artículo 64 a partir de la frase “ Cuando sea previsible
(…" hasta el final del punto b) por permitir la investigación no
terapéutica en menores de edad y personas sin capacidad volitiva y
cognoscitiva.
Realmente este es un tema muy peligroso.
Veamos que dice el proyecto en el artículo 17
"ARTICULO 17.- Consentimiento de personas menores de
edad
Cuando en una investigación biomédica participen personas
menores de edad, el consentimiento informado debe ser suscrito por su
representante legal o por quien tenga su representación legal.
Cuando se trate de personas menores de edad, pero mayores
de doce años, además deberá contarse con su asentimiento informado; para ello,
se les informará sobre los alcances de la investigación, en un lenguaje
comprensible para ellos.
En caso de que la persona menor de edad se rehúse a
asentir, prevalece su criterio sobre el de su representante legal siempre y
cuando su vida o su salud no dependan de su participación en la investigación,
de acuerdo con lo establecido en la Ley N.o 7739, Código de la Niñez y la
Adolescencia, de 6 de enero de 1998.
Todos los aspectos relacionados con el consentimiento
informado en personas menores de edad debe ser valorado con la participación
del Comité Ético Científico, a efectos de que el Comité sea garante de este.
El asentimiento informado deberá ser aprobado, foliado y
sellado en todas sus páginas por el CEC, previo a su presentación a los eventuales
participantes."
Volvemos a un tema de fondo porque en el caso de la niñez
deberíamos tener al PANI en la toma de decisiones] especialmente
cuando se trata de menores en abandono.
9°) Por unanimidad, los artículos 17 y 64 no son
inconstitucionales, siempre y cuando se interprete que los menores de edad en
estado de abandono, que no tengan representante nombrado, deben ser
representados por el Patronato Nacional de la Infancia,
Bueno, aquí de nuevo, qué pasa, hay que agregarle una
interpretación a una redacción que deberá ser sumamente clara que no deje
cabida a hacer interpretación adicional.
Tampoco voy a referirme al punto 10 y punto 11.
En lo referente al punto 11 del comunicado.
100) Por unanimidad el artículo 59 no es
inconstitucional. Los Magistrados Jinesta y Salazar dan razones adicionales.
11°) Por unanimidad los artículos 70, 71, 72 y 73 no son
inconstitucionales. No voy a entrar a decir nada.
En cuanto al punto 12, dice la Sala:
120) Por mayoría, los artículos 45 y 48 no son
inconstitucionales. El Magistrado Rueda da razones diferentes.
Los Magistrados Armijo y Cruz estiman que son
inconstitucionales por violación al principio de independencia económica.
Veamos lo que dice el artículo 45 del proyecto:
"ARTICULO 45.- Presupuesto
El presupuesto del Conis estará constituido por los
siguientes recursos:
a) El
monto de los ingresos por concepto de registro e inscripción de
investigaciones.
b) Los
legados, las subvenciones y las donaciones de instituciones u organizaciones
públicas y los aportes del Estado.
c) Lo
generado por sus recursos financieros.
d) Los
ingresos percibidos por concepto de acreditación, certificaciones,
inscripciones por actividades educativas y, en general, por la prestación de
los servicios que brinda.
e) El
monto de las multas que se generen por la aplicación de esta ley.
El Conis estará sujeto al cumplimiento de los principios y
al Régimen de Responsabilidad establecidos en los títulos X y XI de la Ley N.o
8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18
de setiembre de 2001. En lo demás, se exceptúa al Conis de los alcances y la
aplicación de esa ley. En la fiscalización, el Conis estará sujeto únicamente a
las disposiciones de la Contraloría General de la República. Desde luego que es
necesario que estos entes tengan independencia ética, científica y económica.
Sobre este punto no haré referencia 13°) Por unanimidad,
los artículos 30 y 31 no son inconstitucionales.
14°) p9r mayoría, el artículo 531 inciso j) no
es inconstitucional.
Los Magistrados Armijo, Cruz y Rueda salvan el voto y lo
declaran inconstitucional.
15°) En relación con la consulta sobre los demás supuestos
derechos de los menores, por ambigua, no ha lugar a evacuar la consulta.
En consecuencia, la mayoría de este Tribunal
Constitucional, concluye que no existen vicios de forma o de fondo en el
proyecto consultado contrarios al Derecho de la Constitución.
Notifíquese esta resolución al Directorio de la Asamblea
Legislativa y a los
Diputados consultantes.- Comuníquese.-
Indiscutiblemente una quisiera saber qué discusión se dio
en relación con las personas privadas de libertad y con los grupos subordinados
por ejemplo. Eso quedará para la lectura posterior.
Sin embargo, debo contarles que pensé mucho en don Walter
Céspedes y su denuncia hace unas semanas y en particular en el tema de la niñez
sobre el Hospital Nacional de Niños. Yo creo analizando este proyecto, que ya
es hora que otras lecturas se hagan de la crisis de la salud. No en balde es el
Hospital Nacional de Niños el que más investigación ha hecho con niños y donde
acérrimos opositores a mis argumentos, han estado levantando tinta en los
periódicos con analistas afines, o comiendo micrófono en programas de radio y
TV para jactarse de que estos experimentos curan. No es en balde el trasiego de
órganos o la muerte de niños en el hospital más emblemático de este país
mientras su director disimula y mal disimula los números asociados a estos
hechos. Habrá que investigar si fuéramos más serios y exigentes, cómo suman
estos hechos a los servicios de salud y en especial en el Hospital Nacional de
Niños —dudo que queden expedientes- y qué pasa más allá de la privacidad del
expediente y la blancura de la gabacha de quienes están en estas lides
empresariales. No es en balde que otros ternas de salud, sean obviados o
reprimidos por estos fundamentalistas conservadores y ortodoxos de las
prácticas médicas asociadas a negocios farmacéuticos como es el caso de la FIV,
que nunca han presionado para poner este servicio en los hospitales. Curioso
que las iglesias católica y evangélicas, jamás levantan la voz ni hicieran
alianzas en la defensa de la dignidad humana desde los experimentos clínicos, y
desde este texto, pero se lanzan a las calles por los no nacidos y por todo lo
que signifique tocar el terna de la reproducción humana con apoyo de la
ciencia. Jamás salieron a defender a las personas con discapacidad, que son
objeto de experimentación clínica, ni a los niños en abandono, ni a los
privados de libertad para quienes hay abierta la cancha de ser sujetos de
investigación con este proyecto. No se leerán cartas en las iglesias del país,
el domingo para alertar a la gente de ser presa de invitaciones a investigar en
los consultorios de la CCSS y a pasarse a los consultorios privados con todo
gasto pagado, como lo hicieron el 23 de diciembre del 2012 con el fallo de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre FIV, ni publicarán los
alcances de este proyecto en sus periódicos y páginas como lo hicieron con la
FIV. La ciencia si les importa para sus temas de control de la vida humana
desde la sexualidad pero no desde otros ángulos. Y saben a cuáles poderes
políticos recurrir para seguir abonando a sus feudos y saben a cuáles políticos
llevar para acuñar su defensa de la vida, bueno, la vida económica, digo yo.
En el 2010, quienes presionaron a la Sala IV para que
dejara sin efecto la prohibición y se rasgaron los vestidos para que este país
no tuviera ley —los países más desarrollados no tienen ley de biomédicas me dijo
un médico que debería llevar un curso de bioética para completar su deficiente
formación- hoy son los que han pedido en barras una ley hechiza a sus intereses
y medidas y quienes han seguido presionando a la Sala en estas semanas.
Me queda la tranquilidad de haber sido una voz intrépida
en esta lucha donde no cedí a las presiones que me hicieron en la prensa, ni en
la TV ni en la radio, ni cedí ante la
presión de poner en duda mi formación y visión de la ciencia, tranquila de
haber llevado a mi fracción y compañeros las posiciones más documentadas para
que ellos tomaran las decisiones según sus principios, tranquila de no haber
cedido ante los discursos faltos de verdad que han venido señalando un día si y
otro también que con esta ley se resuelve el desarrollo nacional y la salud de
la gente, ni de caer en la trampa que se les pone a la gente haciéndoles creer
que estos experimentos son tratamientos alternativos, trampa con la que se les
invita en consultorios de la CCSS a participar en ensayos clínicos en
consultorios privados, ni haber cedido ni un ápice de mi trayectoria por los
Intereses politiqueros de nadie. Un señor de estos desesperados por sus negocios con las farmacéuticas dijo
en FB que había que ir a votar verde y blanco porque en el PAC no se avalaba la
investigación biomédica. Imagínense ustedes la clase de investigador que
resultó ser este señor, que durante más de tres años nunca entendió que lo que
se cuestionó fue un texto no el tema. Razón tengo yo para decir que caer en
estas manos es realmente de horror.
No voy a dar mi voto en este segundo debate. Menos con el
voto que nos dio la Sala. Saldré el 30 de abril de este año de esta Asamblea y
me sentiré con el deber cumplido en este terna. Un pésimo referente para el
país que en el año 2009 cuando aún la Sala no había prohibido la investigación
con seres humanos, el Banco Mundial para Costa Rica solo 98 artículos de
carácter científico de alto nivel provenientes de la ciencia: F. O. B. M. Ing.
Medicina, Ciencias del Mar y el Espacio e investigación biomédica según consta
en los datos publicados por ese organismo cuando se reporta el desarrollo
científico tecnológico de los países. Tranquila de no haberme tragado el cuento
de que la investigación maquilera de este país es la que desarrolla la salud y
la ciencia nacionales.
En el futbol, un gol permite ganar un partido o un
campeonato. No importa la calidad del partido. El resultado es tajante. En el
proyecto de ley consultado a la sala, efectivamente un voto definió el 100% de
lo jurídico. Pero el resultado de 4 votos a favor con 3 votos en contra,
refleja la complejidad política que es el nuevo panorama de este tema que
inició en año 2010 como un tema de total altruismo, inmaculado, la panacea para
la cura a las enfermedades del país, y la perfección. Tres años después, ya es
para mucha gente un tema que se cuestiona, en especial las personas con
discapacidad que el fallo completo podrán saber si retrocedieron en sus
derechos a una consulta efectiva.
Dimos el debate que se pudo contra el poder económico de
las farmacéuticas y sus médicos empleados en el país, y contra el silencio de
sus escuderos legislativos que todavía llaman a estos ensayos clínicos
multicéntricos, tratamientos alternativos levantando falsas esperanzas en las
personas vulnerables, lo cual da cuenta de que aunque la Sala diga, que no es
inconstitucional el proyecto, no significa que sea bueno.
Faltan muchas luchas aún, pues no se consultaron muchos
temas, que tendrá la ciudadanía preocupada que llevar a la Sala por la vía de
la acción de inconstitucionalidad, falta ver qué va a decir el país a la ONU
que ya le había llamado la atención al respecto de este proyecto, y falta ver
qué reglamentación hará a esta ley el nuevo gobierno.
No cabe duda que urge una mutación metafísica de nuestra
manera de comprender los aspectos médicos, económicos, sociales y éticos la
investigación con seres humanos y que las políticas sanitarias del “todo vale”,
con un sistema de reglas malas se justifica ante un sistema de investigación
biomédica en consonancia con los derechos humanos sin reglas claras. Los
presupuestos que se han dado para justificar este proyecto, como está, estoy
segura, legitima intereses que esta diputada se aparta de avalar en atención al
más alto sentido de responsabilidad. Salgo convencida de que este gobierno con
sus acólitos, será en la historia del país el gobierno que más retrocedió en
materia de derechos humanos.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Continúa en el uso de la palabra la diputada
Quintana Porras. Quince minutos, señora
diputada.
Diputada Damaris Quintana Porras:
Sí, muchas gracias, señor presidente; muy buenas
tardes, señorías y pueblo de Costa Rica.
Con gran placer y alegría, voy a dar mi voto
afirmativo en este segundo debate a la Ley Reguladora de Investigación
Biomédica, pues considero prioritario que el desarrollo científico vaya de la
mano con el respeto al libre deseo de todos los seres humanos involucrados en
procesos de experimentación clínica.
El marco jurídico contempla reglas esenciales para
el accionar de los temas investigativos, en apego estricto a los conceptos de
la salud pública y la integridad física de los participantes. Tiene como objeto
regular la investigación en seres humanos en materia de salud, tanto en el sector
público como en el sector privado.
Sabemos que es necesario que la ciencia avance y
solo investigando nuevos esquemas terapéuticos es como encontraremos soluciones
a enfermedades cada vez más complejas y en algunos casos letales.
El fin primario siempre debe ser el logro de
mejores condiciones de vida para el individuo y la consecución de una mayor
esperanza de vida al nacer, todo dentro del mayor respeto a la dignidad de
aquellos que voluntariamente se comprometen con la experimentación clínica. Sin
ella no puede haber avance tecnológico ni aparición de nuevos fármacos para el
combate de los diversos tipos de enfermedades.
Este proyecto ha sufrido un largo trámite
legislativo, numerosas consultas, y comparecencias personales de diversos
actores expertos en estos temas fueron realizadas. El criterio de expertos y de connotados
asesores de todas las fracciones políticas siempre fue escuchado.
Como diputada miembro de la Comisión de Asuntos
Sociales, estoy convencida de las bondades de esta ley. Como todo producto del intelecto humano puede
tener carencias y falencias susceptibles de ser corregidas a futuro, pero
considero que es un instrumento idóneo, bien intencionado, que servirá como
punto de partida para que de nuevo las investigaciones clínicas se realicen en
nuestro país y que decenas de compatriotas nos beneficiemos del alcance de esta
nueva ley.
El oscurantismo científico que hemos vivido durante
estos años y la fuga de cerebros que ha debido migrar por la ausencia de una
normativa tan importante tiene sus días contados. Un país con altos índices educativos y
prestigiosos indicadores en materia de salud pública no podía continuar por la
senda de la inacción y de la postración científica que estas provisiones
absurdas nos han traído.
La Caja de Seguro Social, la Universidad de Costa
Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, las universidades privadas, la
Asociación Costarricense de Investigadores y varios científicos con experiencia
internacional en el tema vertieron sus opiniones y reiteraron que el proyecto
se ajusta a la legislación y a los estándares mundiales y tutela adecuadamente
los derechos fundamentales y la protección de las personas que participan en
las investigaciones biomédicas.
En resumen, el derecho a la vida, a la salud, a la
integridad física, a la dignidad humana se ha conjugado de forma exitosa en
esta iniciativa de ley. Por estas
razones y por la urgente necesidad de contar con un marco legal al respecto en
nuestro país, mi voto será afirmativo para esta futura ley de la República.
Muchísimas gracias, señor presidente.
¿Cuánto tiempo me queda?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Diez minutos veinte segundos, señora diputada.
Diputada Damaris Quintana Porras:
¿Me los puedo reservar, verdad? Por favor.
Gracias.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto le reservamos el
tiempo.
Continúa en el uso de la palabra el
diputado Granados Calvo. Quince minutos,
señor diputado.
Diputado Víctor Emilio Granados Calvo:
Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Bien, se dilucidaron ya, mediante la
consulta de constitucionalidad, distintas dudas que teníamos muchas y muchos
legisladores en torno a la constitucionalidad o no desde diversas normas de un
proyecto de tantísima importancia como lo es, sin duda, este que permitirá la
experimentación en seres humanos.
Como suele ocurrir con las tesis
jurídicas, hay en efecto votos salvados que de muchas maneras respaldan tesis,
que hemos sostenido diputadas y diputados aquí en el Plenario legislativo, y
sobre las que queremos ahondar especialmente porque el voto salvado, pues,
significa precisamente que no existió uniformidad de criterios en el órgano que
finalmente verificó el control de constitucionalidad y el control de
convencionalidad de este proyecto de ley.
El primer aspecto es un aspecto de
procedimiento, me parece que es el único que se consulta, e incluso todo lo
demás es de fondo, y tiene que ver con la consulta a las organizaciones de las
personas con discapacidad, que está preceptuado en la Convención Internacional
de Derechos Humanos del año 2008, aprobada aquí en el Congreso de la República,
en agosto 2008.
Ciertamente, hay un cambio en el
paradigma. Y tengo que decir que hay voto salvado respecto de este tema
específico de procedimiento, de los magistrados Armijo y Cruz, considerando que
sí hubo en efecto inconstitucionalidad en el procedimiento de consulta.
Básicamente de lo que se trata es de
que el Estado se adapte a las necesidades de las personas con discapacidad, ese
es el nuevo paradigma de la Convención Internacional, y no que las personas con
discapacidad se adapten o se adapten al entorno en el que tengan que vivir.
Esto de alguna manera es un
principio que reconoce la necesidad de que el Estado tiene que impulsar medias
igualitarias para una población que sistemáticamente ha sido discriminada.
Con esto quiero decir que en el
procedimiento de consulta de este proyecto de ley a las organizaciones de
personas con discapacidad, en el que tengo buena responsabilidad o buena parte
de la responsabilidad, se incurre en efecto, de acuerdo con el criterio y los
votos salvados de los magistrados antes dichos, en un vicio de
constitucionalidad al no hacerse la consulta de acuerdo a las necesidades de
cada una de esas organizaciones.
Recordemos que se trata de una
población específica, de una población que bien puede presentar problemas de
lenguaje si estamos frente a organizaciones de personas sordas; que bien puede
presentar discapacidad visual, por lo que requerirían de formatos audibles para
las consultas, y que la consulta institucional que se hace de la Asamblea
Legislativa de los proyectos de ley a este tipo de población tiene que cambiar,
debe cambiar y puede cambiar razonablemente, porque no se requiere de muchísimo
esfuerzo para hacer esas adecuaciones para que las consultas cumplan con los
requisitos formales de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Nuevamente, no se trata de que esas
organizaciones y esas personas se adapten al entorno; se trata más bien de que
el Estado tiene la responsabilidad de adaptarse a las necesidades de esa
población para hacer valer sus derechos.
Podemos leer en las páginas del voto
de la Sala Constitucional, que se refieren a la consulta, cómo de manera
evidente algunas organizaciones no fueron tomadas en cuenta, porque el listado
que, en su momento, nos suministró el Consejo Nacional de Rehabilitación y
Educación Especial no estaba actualizado, como además algunas de ellas
manifestaron que la consulta no había llegado en formatos accesibles,
entiéndase en formatos que puedan ser audibles, por ejemplo, para el caso de
las personas no videntes, o en braille por ejemplo.
Y esto, aunque por voto de mayoría
la Sala Constitucional no lo considera inconstitucional, bueno, para nosotros
sigue siendo un paradigma que habrá que romper a futuro y habrá que evitar que
se siga cometiendo, porque a juicio de los señores magistrados y, por lo menos
a juicio de este legislador, sí es una obligación del Estado costarricense,
como un todo, buscar cómo hacer valer los derechos de las personas con
discapacidad.
El segundo aspecto es un aspecto de
fondo en el que hemos insistido, y tiene que ver con la capacidad cognitiva de
las personas con discapacidad, que eventualmente sean sujetos de algún proceso
de experimentación clínica.
Hemos insistido nosotros también en
un nuevo paradigma que está contenido en la Convención Internacional de
agosto…, suscrita en Costa Rica en agosto de 2008, Ley 8661, y que implica que
las personas con discapacidad cognitiva tienen también derecho a decidir.
Ese derecho a decidir nace
precisamente de que hay un cambio en la figura de la tutela y de la curatela.
Hay una sustitución de esas figuras, por una sustitución por una figura de
apoyo de responsabilidad que suponga que en casos tan clasificados, como sería
el sometimiento a un experimento clínico, pueda al menos… pueda de al menos
desprenderse el asentimiento de la persona.
Y sobre esto también hay votos
salvados de los magistrados Armijo y Cruz, que consideran o declaran
inconstitucionales por violentar los derechos fundamentales de las personas
discapacitadas, contenidos en instrumentos internacionales doce y quince de la
referida Convención.
Es un paradigma que evidentemente no
se logró romper en esta ocasión con la consulta de constitucionalidad, que se
realizó respecto de este expediente 17.777, pero que a nuestro juicio sigue
siendo objeto de inconstitucionalidad, especialmente si leemos del voto salvado
los magistrados Armijo y Cruz lo que tiene que ver con este tema de la
discapacidad cognitiva.
Antes sí me refiero al tema de
procedimiento del que hablaba en líneas atrás, respecto de la necesidad de que
el Estado establezca mecanismos, ayudas técnicas, logísticas, plazos y
procedimientos especiales para realizar consultas de proyectos legislativos a
organizaciones de personas con discapacidad.
Insistir en que, por lo menos, los
dos magistrados que salvaron el voto en este tema tuvieron por demostrado que
hay organizaciones que tenían cédula o personería vigente en el año 2013, y
cuya información no estaba disponible y que, sin embargo, consta a los señores
magistrados la consulta no les fue enviada.
Esto de alguna manera, repito, es en
mucho responsabilidad de este servidor, porque yo me encontraba ejerciendo la
Presidencia de la Asamblea en ese momento, y de alguna manera es culpa de la
discriminación sistemática en la que incurrimos todas y todos los funcionarios
del país, cuando estamos frente a derechos o frente a paradigmas como estos que
hay que cambiar.
Y yo esperaría que adelante,
especialmente las nuevas y los nuevos diputados de la República y quienes vayan
a asumir el control del Directorio legislativo, puedan en adelante, cuando
tengan la obligación de hacer consultas sobre proyectos de ley a organizaciones
con discapacidad, cumplir como debimos haber cumplido nosotros en su momento, con requisitos esenciales
como adecuar a las necesidades de la población con discapacidad las consultas
que, en efecto, se realicen.
Esto es para que no se conviertan en
un mero trámite, así de fácil; para que no se convierta en un mero requisito la
consulta y realmente sí se cumpla con el precepto de publicidad y se pueda
acceder desde una organización de personas con discapacidad a proyectos de ley
que son de trámite aquí en la Asamblea Legislativa.
Me refería, en segundo término, al
paradigma también contenido en la Convención Internacional de Derechos Humanos
sobre la figura del curador, el tutor, la sustitución que se está proponiendo
desde esa convención internacional de esa figura que es una figura que proviene
del derecho romano y que se quiere dejar atrás para tratar de impulsar
fundamentalmente la independencia de la persona con discapacidad.
Ese es uno de los grandes retos de
este nuevo siglo en materia de discapacidad: reconocer, promover y facilitar la
independencia de la persona con discapacidad, dejar de visualizar a la persona
con discapacidad como un ser que requiere asistencia.
No es un ser humano que requiere de
asistencia, no es un ser humano que requiere que el Estado le dé cosas para su
subsistencia, lo que requiere la persona con discapacidad es igualdad de
oportunidades para poder acceder en igualdad de condiciones a las mismas
oportunidades a las que tenga una persona que no presente discapacidad.
Y lo que requiere una persona con
discapacidad cognitiva, con discapacidad volitiva, también es el reconocimiento
de su independencia.
Y ya vamos a ver que ciertamente eso
es posible. Lo que parece imposible para muchas y muchos es posible, me refiero
a que una persona con discapacidad volitiva también tiene posibilidad de
asentir, de decir sí, de manifestar su voluntad.
En este caso fue, más bien, el
magistrado Paul Rueda Leal quien se aparta del criterio de la mayoría, a mi
juicio, elabora en lo que a este aspecto se refiere unas páginas bastante
hermosas en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad
empezando, incluso, por desarrollar lo que tiene que ver con la cosificación
del ser humano en general, presente o no presente discapacidad, los efectos de
esa cosificación de la que hemos sido objeto muchísimas veces los seres
humanos, para arribar finalmente al tema de la situación de las personas con discapacidad
como población altamente vulnerable frente a una investigación de tipo clínico,
frente a una investigación de tipo científico.
Y especialmente lograr, como lo
logra el magistrado Paul Rueda, diferenciar lo que tiene que ver con los
conceptos de consentimiento y asentimiento, y desde ese punto de vista concluye
el magistrado Rueda lo siguiente (abro comillas): “Ciertamente la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas en el año 2007, y ratificada por Costa Rica
mediante la Ley 8661, expresa en su artículo 15 que protección contra la
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; uno, ninguna
persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, en particular nadie será sometido a experimentos médicos o
científicos sin su libre consentimiento. Esto lo dice el artículo 15 de la
Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
De modo tal que más adelante el
magistrado Rueda Leal cuestiona, bueno, ¿de qué manera una persona con
discapacidad cognitiva y volitiva puede ofrecer su libre consentimiento si no
es a través de las figuras legales conocidas como tutor o curador?
Y desarrolla el señor magistrado lo
siguiente (abro comillas): “Asimismo, las personas que no sean capaces de dar
su consentimiento han de recibir una protección especial para evitar abusos
sobre ellos. En este contexto una de las formas especiales que se han
reconocido para validar el consentimiento dado por el representante legal es la
figura del asentimiento que, en algunos casos, puede obtenerse del sujeto de
experimentación vulnerable.
La regla proviene, por cierto —y
esto lo digo yo— del artículo 29 de la Declaración Helsinki, que recoge de
manera más clara esta exigencia. 29: Si un individuo potencial que participa en
la investigación, considerado incapaz de dar su consentimiento informado, es
capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el médico
debe pedirlo además del consentimiento del representante legal.
Nosotros, y me refiero o hablo en
este caso a título personal, vamos a votar en contra del proyecto como lo
hicimos en primer debate. Nos parece que se pudo en su momento hacer un
esfuerzo adicional aunque entendemos que la Comisión de Asuntos Sociales
trabajó arduamente en este tema, pero creemos que se pudo hacer un esfuerzo
adicional especialmente en este tema de las personas con discapacidad cognitiva
y con discapacidad volitiva.
Eso, más la coincidencia que tenemos
con algunos de los votos salvados de los señores magistrados y que tienen que
ver con otros aspectos también de los que no he podido hacer referencia en
razón de tiempo, nos hacen considerar que hubiésemos preferido un proyecto que potenciara
y protegiera de mayor y de mejor manera los derechos de esta población
vulnerable, así como los derechos, por ejemplo, de los niños y las niñas que a
nuestro juicio también se pudo haber ahondado y trabajado de mejor manera, y
los derechos de la población penitenciaria que son un gran conjunto de
poblaciones vulnerables que a nuestro juicio el proyecto no logró salvaguardar
de la mejor manera o de la manera que nosotros hubiésemos querido.
Muchísimas gracias por la atención.
Gracias, señor presidente, diputadas
y diputados.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra la
diputada Chaves Casanova.
Quince minutos, señora diputada.
Diputada Rita Gabriela Chaves Casanova:
Gracias, señor diputado presidente.
Buenas tardes a todas y a todos a quienes nos
escuchan también en sus casas.
Bueno, sin duda hoy es un día muy
importante el que se dé la discusión en segundo debate de un proyecto tan
esperado por muchos, y sobre todo, que ha traído gran controversia de discusión
en el país.
Tengo que decir que la respuesta a
la consulta impulsada, incluso, por la fracción del PASE, sobre dudas razonables
respecto al proyecto de Ley de Investigación Biomédica, es una consulta digna…,
una respuesta digna de haber sido leída en su totalidad en este espacio, donde
queda claro el último espíritu del legislador.
Sobre todo porque tratándose de un instrumento que
va a poner en práctica diferentes aplicaciones de la ciencia y la medicina, directamente
con implicación al ser humano, pues cuando hay votos salvados o con una
sustentación tan relevante y tan llena de riqueza, como la que se determina en
esta respuesta, por supuesto que queda claro que debió, debió de repente
haberse revisado el proyecto de ley.
Por eso, el día de hoy, es importante que quede
claro el espíritu del legislador, de las preocupaciones que planteamos algunos
legisladores y que fueron respaldadas, y más allá de respaldadas, sustentadas
con criterios muy sólidos por señores magistrados que separaron su criterio de
la absoluta constitucionalidad del proyecto de ley.
Debo decir que, como ya lo mencionaba el diputado
Granados respecto a la consulta, que también fue una de las dudas razonables
que tuvimos.
Lamento muchísimo el hecho de que se esté dando en
este 2014 la aprobación de una legislación tan importante, luego de ya contar
con un instrumento muy claro como lo es la Convención de Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad.
El hecho de que el día de hoy tengamos que votar
este proyecto sin haber logrado sentarnos en una mesa, como corresponde y como
la nueva convención así exige, para que quedaran en paz todas las partes
involucradas directamente de las organizaciones de personas con discapacidad.
Alabo, por supuesto, el voto salvado del magistrado
Armijo y Cruz, cuando expresan claramente que no fue la forma adecuada de
realizar la consulta y que no garantizó al cien por ciento de la población la
posibilidad de exponer su criterio. De eso, solo queda lamentarnos y saber que
ya no hay más remedio al respecto.
Pero sí, por el fondo de esta consulta evacuada,
creo que hay mucho que decir, y espero poder, por lo menos, resaltar algunos
antecedentes y criterios dados por parte de los magistrados, sobre cosas que
veníamos hablando al respecto.
Está claro que se requiere una ley de investigación
biomédica en Costa Rica y regularla, eso no está en cuestión. Quienes cuestionamos el proceso llevado para
la ley simplemente lo que insistimos es que se debió dar mayor participación
para todos los criterios que aquí se habían manifestado, y sobre todo, cuando
se trata de conceptos tan importantes como los que ha dejado con mucha
ampliación el magistrado Cruz.
Yo tengo que decir palabras textuales del
magistrado Cruz en su análisis de argumentos de fondo, en uno de los puntos
sobre los alcances de la libertad de experimentación en relación con el derecho
a la vida y a la dignidad humana: Todo análisis y razonamiento respecto a la
libertad de experimentación científica debe partir del derecho a la vida, a la
dignidad humana, pues estos son el origen y el fin del ejercicio del resto de
los derechos y libertades”, (cierro comillas).
Esa es la base fundamental en la que el magistrado
Cruz basa todo el resto de sus votos salvados y argumentaciones respecto a los
criterios de este proyecto de ley. Y cómo no, si es lo que hemos estado
diciendo, esta es una ley que va a cambiar todo lo que tiene que ver con
parámetros de salud en Costa Rica, pero sobre todo, es una ley que va directamente
a involucrarse con la vida humana, con la dignidad humana, con la libertad de
la dignidad humana y la protección de la misma.
Queda más que claro que respecto a estas
preocupaciones hay muchas declaraciones que fueron mencionadas en este proceso
de argumentación del proyecto de ley.
Se hace mención del Código de Ética de Núremberg;
también de la Declaración de Helsinki, tan discutida en el proceso de la ley;
las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica con sujetos
humanos; el Convenio de Asturias de Bioética y Convención de Oviedo; las pautas
para las buenas prácticas clínicas, guías operacionales para los comités de
ética que evalúan la investigación biomédica, la Declaración Universal de
Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, entre muchos.
Esos son los instrumentos legales internacionales
con los que sustenta el magistrado Cruz su voto salvado respecto a muchos de
estos artículos que nos han preocupado.
Acá debe constar también en la voluntad del
legislador, aunque muchos han dicho que esto no está en cuestión, pero sí debe
constar, y sobre todo, con la riqueza que lo plantearon los señores
magistrados, respecto a la interpretación que se debe dar del artículo 1 y 2,
donde ellos los declaran constitucionales, el magistrado Armijo, Cruz y Rueda,
siempre y cuando se interprete que únicamente están permitidas las
experimentaciones reguladas en este proyecto, por lo que no están permitidas,
salvo posterior regulación, las experimentaciones con células madres, genoma y
proteoma humano.
Con mucha riqueza fueron esbozados los criterios
sobre esta aplicación de la ley. Que quede muy claro que no se está
permitiendo, en este caso, la experimentación en este tipo de la parte del ser
humano.
Y ellos indican que aunque los consultantes
habíamos dado preocupaciones sobre si se considera que esto, dado con el objeto
de la ley, que nada más, muy limitadamente dice: El objeto de la presente ley
es regular la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, en
el sector público y privado.
Al
no excluirse, a veces nos preocupaba a algunos lo que se dice en derecho, que
lo que no está prohibido expresamente está permitido. Pero que conste en actas
la voluntad de este legislador y, por supuesto, la interpretación dada por los
señores magistrados de que no queda expresamente permitido, salvo una nueva
regulación, este tipo de experimentación que involucre a las células madre, a
las células madre embrionarias, y a los embriones; tampoco las prácticas de
clonación, manipulación genética aparte de esta regulación. Eso en lo particular era de vital importancia
mencionarlo.
Seguidamente, aunque es imposible poder, insisto,
plantear todas las preocupaciones dadas en esta respuesta, yo quiero resaltar
la opción de voto salvado que escogieron el magistrado Armijo y Cruz sobre el
artículo cinco de la gratuidad.
Con respeto a este artículo, se dice muy claro, muy
claro: sobre la investigación pagan. Los
señores magistrados hablan que consideran que los consultantes llevan razón,
conforme se expresó en la resolución que ya se había de previo establecido el
principio de gratuidad en las investigaciones biomédicas, el cual se vincula
con el principio de no comercialización del cuerpo humano.
Por ello es que se dijo también en dicho voto que, en el
caso de investigación no terapéutica, las garantías exigidas aumentan
especialmente en cuanto al consentimiento. Cuanto menos probable sea el
beneficio directo para el sujeto, más importante es el acuerdo explícito de que
el sujeto se somete a esta investigación.
Han
sido claros el magistrado Armijo y Cruz en declarar inconstitucional el
artículo cinco del proyecto. Ojalá que para futuras interpretaciones sirva de
algo para la protección del ser humano costarricense y para que las prioridades
a la hora de aplicación de esta ley no sean precisamente los intereses
económicos, sino los intereses de prioridad del ser humano.
Y
por supuesto aunque siguiendo en el proceso de los votos respecto a cada
artículo, hay que destacar la riqueza con que se planteó la excepción de parte
del artículo 64, por parte del magistrado Rueda Leal, quien dice que declara
constitucional los artículos 18 y 64, siempre y cuando se interprete que en ley
consentimiento informado, suscrito por el representante legal a la persona
legalmente incapacitada, solo procede en el caso de investigación terapéutica.
Más
allá sobre la investigación… de personas… en personas con discapacidad hay un
criterio diferente en cuanto al magistrado Rueda Leal, respecto al magistrado
Cruz y Armijo; sin embargo, rescato una interpretación a pesar de la parcial
constitucionalidad que le da el magistrado Rueda al artículo 64. Rescato una
excepción que menciona: No puede tolerarse un consentimiento dado por un
tercero para investigación no terapéutica, pues significaría la disposición del
cuerpo de la persona con discapacidad cognitiva de una manera a la persona, en
detrimento de derechos constitucionales fundamentales intrínsecos al ser
humano.
En
consecuencia, la investigación no terapéutica debe quedar reservada de forma
exclusiva a las personas que por sí mismas tienen facultad cognitiva suficiente
para otorgar su consentimiento a sabiendas de que los resultados en la
investigación van dirigidos a beneficios de un colectivo y no a ellas mismas.
Eso
tiene que quedar muy claro en cuanto a la interpretación… la aceptación parcial
que da el magistrado Rueda Leal del artículo 64.
Aunque
yo, como legisladora, definitivamente alabo y me apego a reiterar el criterio
que había sostenido durante todo este proceso, respecto a la posición clara de
voto salvado en completo del artículo 18 y 64 que hacen el magistrado Armijo y
Cruz, son amplios los criterios que dan ambos magistrados; sin embargo, quiero
mencionarlos en qué se sustentan respeto al artículo 18 y 64 de la
participación de menores de edad y de personas con discapacidad cognitiva en la
aplicación de la ley.
Se
respaldan en dos instrumentos jurídicos muy claros: la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, el artículo cinco y siete; y la
Convención de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, de este país.
Respecto
a la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco se resaltan el
artículo 5 y 7, que son los que sustentan ese criterio de inconstitucionalidad
de este expediente de ley. El artículo
5, Autonomía y responsabilidad individual, es una tesis más que respalda los
nuevos paradigmas de la discapacidad, que respaldan al ser humano con discapacidad
con su derecho de autodeterminación.
El
artículo 7 habla de personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento,
ambos artículos vienen de conformidad con la legislación a conceder protección
especial a las personas que carecen de capacidad para dar su consentimiento. Y
ni qué decir, por supuesto, del artículo 12 de la Convención de Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad, que ha sido quizás el instrumento de
mayor discusión en este proceso que quienes hemos tenido dudas de la aplicación
de esta ley.
Sobra
decir que esta legisladora no dará su voto afirmativo a este proyecto de ley.
Hubiese deseado que en el siglo presente tuviésemos más particular atención a
los derechos de grupos vulnerables como es niñez, personas privadas de libertad
y personas con discapacidad. Es algo que
se podía hacer, no estamos pidiendo perfección, pero me parece inaudito que al
día de hoy un instrumento tan importante que tiene que ver con la afectación de
la dignidad humana o no, se aísle de los nuevos paradigmas para aplicar los
tratamientos médicos y científicos para tutelar los derechos fundamentales de
personas, insisto, de grupos vulnerables.
Lamento
muchísimo el hecho de que se me haya ido el tiempo, señor presidente, se agotó
el tiempo.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Sí,
efectivamente, señora diputada, ya consumió los quince minutos que le
correspondían.
Continúa
en el uso de la palabra la diputada Espinoza Espinoza. Quince minutos, señora
diputada.
Diputada Xinia
María Espinoza Espinoza:
Muy
buenas tardes, compañeros y compañeras, público en la barra.
Como ustedes recordarán, a raíz de la resolución de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 27 de enero de 2010,
se anuló por considerarlo inconstitucional el Decreto Ejecutivo 31078-S de 5 de
marzo de 2003, Reglamento para las Investigaciones en que Participan Seres
Humanos.
Dicha declaratoria ha tenido un serio impacto, ya
que las experimentaciones clínicas que se pretendían iniciar con posterioridad
a la fecha de la publicación íntegra de la sentencia indicada quedaron
totalmente suspendidas hasta tanto no se dictara una ley requerida al efecto
para su debida regulación. Esta situación es la que hoy nos tiene en este
Plenario discutiendo los alcances del proyecto de Ley 17.777.
Debo indicar, en primer término, que este proyecto
de ley fue dictaminado de manera unánime por la Comisión de Asuntos Sociales,
después de un proceso riguroso en el cual se realizaron gran cantidad de
consultas y se recibieron más de veintidós audiencias de los diversos sectores
involucrados en el tema, dando espacio al Ministerio de Salud, Caja
Costarricense de Seguro Social, a la Universidad Costa Rica, farmacéuticas e
investigadores con amplia experiencia y de reconocido prestigio.
Producto del análisis de los distintos actores, se
dio como resultado un texto de consenso, el cual fue mejorado a través del
trámite de mociones.
Como legisladores, tenemos la obligación de que la
legislación que emane en esta materia contenga las medidas necesarias para
garantizar la vida, la salud, la dignidad y la autonomía de los sujetos que
participen en este tipo de investigaciones, y potenciar el fin primordial de
este tipo de investigaciones, el cual radica en dar una mejor calidad de vida a personas cuyos tratamientos
usuales les resultan ineficaces.
Lógicamente, un segundo fin sería tratar de
descubrir nuevas alternativas que les puedan resultar útiles a futuros
pacientes.
Tal y como lo establece la normativa en estudio, la
investigación biomédica que se realice en nuestro país se regirá por los
principios de respeto a la dignidad de las personas, beneficencia, no
maleficiencia, autonomía y justicia distributiva. De manera que les estamos garantizando a las
personas sujetas a este tipo de investigación que serán respetadas y que, por
encima de cualquier interés, estará su vida; además, el Estado deberá velar
porque se cumplan las normas éticas que rigen la materia.
Aquí evoco el espíritu del
legislador para que, por sobre cualquier otro objetivo que alguien quiera
esgrimir de esta ley, debe estar la vida y la dignidad humana.
En el texto de ley se le brinda particular
importancia al consentimiento informado, instrumento mediante el cual el sujeto
manifiesta su voluntad de participar en una investigación biomédica. Es el mecanismo mediante el cual el individuo
da su consentimiento de manera expresa, escrita y firmado, y sobre todo libre
de cualquier presión o coacción.
Para tal efecto, se establece un consentimiento
informado con cerca de veintitrés requisitos y siete requisitos adicionales si
se trata de investigaciones clínicas, sin perjuicio de que puedan implementarse
otros requisitos que se puedan determinar necesarios de incorporar vía
reglamentaria.
Este documento entre otras características le va a
señalar al paciente la explicación del proyecto de investigación, los
procedimientos que se le van a aplicar, la descripción de los riesgos o
molestias que podría sufrir, los tratamientos que se le van a utilizar, los
tratamientos o procedimientos alternativos, preventivos, diagnósticos y
terapéuticos disponibles, su derecho a una póliza de seguro, su derecho a
retirarse de la investigación en cualquier momento sin perder los beneficios a
los que tiene derecho, entre otros aspectos. Todo esto le permitirá al paciente
estar consciente de los beneficios y los potenciales peligros de que pueda ser
objeto.
Adicionalmente, si durante la investigación cambian
las condiciones, se requerirá un nuevo consentimiento para seguir con la
investigación. Esto es sumamente
importante en esta ley: el consentimiento informado. De igual manera, esta ley regula de manera
especial cuando se trate de consentimiento informado en menores de edad y
personas con discapacidad.
Esta iniciativa contiene un capítulo exclusivo de
derechos y deberes de los participantes.
Podemos destacar entre los derechos que les asisten a los participantes
el derecho a retractarse que tiene un participante en cualquier momento; de
igual forma se protege el derecho a que todos sus datos se manejen únicamente
para los fines que él consintió.
Asimismo, se le garantiza el derecho a tener toda
la información y que la misma sea otorgada en un lenguaje comprensible. Tendrá
el derecho a que se le informe si de la investigación se descubre que el sujeto
posee otras enfermedades, así como también tendrá derecho a acceder y tener
copia de su expediente personal actualizado.
De igual forma, si se produce un daño al
participante, el participante tendrá derecho a que sea compensado el mismo y
tendrá derecho a una póliza de protección que cubrirá como mínimo dos años
después de finalizada la investigación.
Respecto a los deberes de los participantes,
debemos decir que nos encontramos ante los más elementales, como cumplir con
las indicaciones de su médico, informar si tiene algún efecto adverso e
informar a su médico tratante que participa en una investigación biomédica.
En el tema de supervisión, debo indicar que las
investigaciones deberán ser supervisadas por el Conis, el cual funge como el
órgano estatal encargado de garantizar la calidad de las investigaciones y
dictar la política en esta materia.
Lógicamente, para el Conis sería imposible
supervisar todas las investigaciones; para tal efecto se crea jurídicamente la
figura de los CEC, comités éticos científicos, los cuales tienen la función de
conocer, aprobar o rechazar los proyectos de investigación en los que
participen seres humanos.
Además, deben dar seguimiento a la ejecución de los
proyectos mediante los informes que presente periódicamente el investigador
principal y deben realizar por lo menos una vez al año una auditoría a cada
institución y centro de investigación. Además, deberán revisar, registrar y
comunicar al Conis todos los eventos adversos serios o inesperados y las
situaciones más relevantes que ocurran durante el desarrollo de las
investigaciones.
Sabemos la calidad de investigadores con los que
goza este país, pero por ello no podríamos dejar planteado en la iniciativa de
ley los castigos para aquellos que quieran hacer investigación al margen de las
regulaciones. Para tal efecto, se prevé en la ley varios delitos para aquellos
que quieran aplicar medicamentos o procedimientos sin que medie un
consentimiento informado y sin que esta investigación haya sido aprobada por un
CEC.
También se tipifican las dádivas, la coacción, la
utilización de la información privilegiada y el tráfico de influencias con el
objetivo de evitar cualquier tipo de injerencia política, económica o de
cualquier otra especie que pueda ir en detrimento de la salud de los pacientes.
He querido hacer un resumen ejecutivo del proyecto
de ley para señalar que las señoras y señores diputados que estudiamos este
proyecto de ley lo hicimos con total responsabilidad y podría garantizar que
este proyecto tiene un alcance mucho más amplio que el Reglamento que fue
declarado inconstitucional, el cual funcionaba bien.
Me parece que Costa Rica gana como país con esta
legislación y que muchos de sus habitantes también obtendrán un beneficio
palpable de este tipo de investigaciones.
Por último, quisiera dejar muy claro que la vida de
los participantes en este tipo de investigaciones se debe de respetar y para
ello la ley indica los principios sobre los cuales edifica el resto del
articulado, siendo indispensable para el Estado, los investigadores, las
farmacéuticas, etcétera, tener muy presente el artículo 3 a la hora de aplicar
esta ley y actuar sabiendo que la vida, la salud, el interés, el bienestar y la
dignidad de los participantes prevalecerán sobre cualquier interés, ya sea de
la ciencia, de intereses económicos o comerciales, dejando claro este artículo
que me parece meridianamente importante para la reglamentación y posterior
ejecución de los alcances de este proyecto de ley.
Quiero dejar constando en el acta mi voto positivo
para esta iniciativa, que permitirá mejorar la calidad de vida de todos los
costarricenses.
Quiero decir que quisiera que esta ley, igual como
otras que hemos aprobado o que hemos estudiado, fuera perfecta y que hubiera
cubierto todas las inquietudes que tiene todos y cada uno de los diputados que
hoy vamos a votar, o que no votarán esta ley, pero esto no puede ser perfecto.
Ayer fue el agua, que algunos también tuvieron
dudas; hoy es investigaciones biomédicas y mañana será el Ley de Banca para el
Desarrollo. Y así es la vida en un Plenario de la Asamblea Legislativa como
este, donde cincuenta y siete personas pensamos de manera distinta de cómo
deben ser las cosas.
Pero por eso no podemos privar al país de una ley
de investigaciones biomédicas tan importante para el desarrollo, para la
ciencia y para la calidad de vida de todos los costarricenses.
Muchísimas gracias.
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señora diputada.
Continúa en el uso de la palabra el diputado
Fishman Zonzinski. Quince minutos, diputado Fishman.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias, señor presidente, compañeros diputados.
Este proyecto entró a la corriente legislativa el 1º de
julio del 2010. Estamos hoy
conociéndolo, 2010, y antes había un cierre, fueron mil quinientos veinticinco
días, —oigan, costarricenses— mil quinientos veinticinco días en que en este
país no hubo investigación biomédica.
En estos mil quinientos veinticinco días se cerraron
veinte centros de investigación, se cerraron veinte centros de investigación.
Fueron despedidos doscientos especialistas que se quedaron sin trabajo,
doscientas personas especialistas, médicos, que si esto se hubiera mantenido
hubieran podido acceder a tener trabajo.
En estos cuatro años, se perdieron cuatrocientos puestos
de alto nivel, cuatrocientos puestos de altísimo nivel.
Saben, costarricenses, ¿cuántos costarricenses dejaron de
percibir los beneficios de la investigación?, catorce mil costarricenses,
catorce mil costarricenses no pudieron ser atendidos con los sistemas que
estaban establecidos en Costa Rica y que quizás no sé qué porcentaje de esos
catorce mil perecieron y qué porcentaje se pudieron haber salvado.
El país dejó de percibir, durante ese período, de las
compañías, etcétera, cuarenta y tres millones de dólares. De los más grandes
talentos que tenía este país se han perdido, muchos se fueron a China, otros a
Panamá, otros a Chile, otros se quedaron sin trabajo.
¿Cuáles son las consecuencias de que esta ley no haya
sido aprobada?, cuatro años en el cual no se pudo hacer investigación
científica en Costa Rica, cuatro años y ahora empleaba un compañero diputado,
estimado, una palabra: cuatro años cuasi de oscurantismo medieval, cuatro años
en que se prohibió la investigación en este país.
En estos cuatro años, tuvimos el privilegio, como quieran
llamarlo, de ser el único país en el mundo donde no se podían realizar
investigaciones, único país en el mundo donde no se podía realizar
investigaciones.
Repito, se cerraron más de veinte centros, la fuga de
talentos, la prohibición que originó no tenía el cierre de todos los centros de
investigación, no tenía ningún sustento porque había una regulación vigente que
tenía que ver con la Ley General de Salud, con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, con el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, con el Código de Moral Médica, con la Declaración Universal de
Bioética y Derechos Humanos, y Ley sobre VIH, Sida, del 29 de mayo en su
artículo 29.
Traigo a colación este tema, porque durante la discusión…
Perdón,
don Danilo, perdón, don Danilo. Gracias, es que es importante porque usted lo
han acusado de que presentó veinte y pico de mociones, vía mociones 137, y yo
veinte y pico de mociones en el proyecto de Banca de Desarrollo.
¿Ustedes saben cuánto presentaron diputados del PAC en
ese proyecto el cuatro día?, ¿saben cuántas?, ¿alguien sabe?, doscientas
veinticuatro mociones, doscientas veinticuatro.
Y aquí están diciendo que usted y
que yo somos unos filibusteros. Y eso fue el cuarto día, doscientos
veinticuatro mociones; el tercer día, sesenta y dos; el segundo día,
veinticinco, y el primer día, una…, trescientas doce mociones.
Y aquí en un proyecto donde estaba
en juego la vida de miles de costarricenses, donde realmente había un ejercicio
con reglas éticas, donde había una supervisión, se eliminó esa posibilidad, y
duramos mil quinientos veintiún días, hasta el día de hoy, para lograr
recuperar que eso se haga.
Y habrá que esperar no sé cuántos cientos de días
más mientras se preparan de nuevo para poder atender a esos miles de
costarricenses, catorce mil costarricenses…, fueron mil quinientos veintiuno.
Y aquí tenemos, compañeros
diputados, en diciembre, en diciembre a hoy estamos discutiendo banca de
desarrollo que tienen recursos y nos han acusado de todo con quince días de
mociones de reiteración.
Cuando hablamos de la vida, yo creo
que es mucho más importante tener la sensibilidad de lo que se está en juego.
Aquí, repito, compañeros diputados,
y yo estoy feliz, estoy contento y ojalá que este proyecto se vote a la mayor
brevedad, porque hubo una oposición férrea, cerrada, con argumentos que
realmente fueron desnaturalizados en la Sala Cuarta. Se consultó a la Sala
Cuarta también, y en la Sala Cuarta duró su tiempo, más de la cuenta.
Aquí hablamos en algún momento de
que era importante, diputado Céspedes, ponerle plazos también a la Sala
Constitucional para que se pronuncie sobre consultas, porque no puede ser que
la Sala nos ponga plazos a nosotros y que diga que estamos incumpliendo, y que
la Sala pueda tomarse el tiempo que sea para poder definir un caso como el que
estamos hablando.
Se habían presentado textos
alternativos, se habían presentado desde hace muchos años textos que pudieron
haber arreglado este problema. Aquí los únicos que sufrieron fueron miles de
costarricenses y algunos y algunos que siempre están con una actitud de no a
cualquier cosa que pueda implicar desarrollo, actividad, inversión.
Y, realmente, compañeros diputados, es hoy un día
trascendental para esta Asamblea, un día trascendental, porque aquí nos estamos
garantizando devolverles la salud a muchos costarricenses.
Conozco, porque ha sido mi médico
por más de treinta años, al doctor Guillermo Rodríguez, al doctor Guillermo
Rodríguez; brillante investigador, de los hombres más honorables que tiene este
país y sé las penurias, las congojas de haber tenido una organización que
estaba haciendo investigaciones de la manera más ética, más equilibrada y lo
que ha tenido que hacer.
Conozco lo que montó ahí por el
Hospital México, el centro de investigaciones clínicas, donde universidades del
más alto nivel internacional, empezando por Harvard y otros, tenían la
confianza en ese instituto y tuvieron que desarmar el instituto.
Médicos como el doctor Arguedas, que lo conozco y
lo conocía también, tuvo que irse a vivir a China, tuvo que irse a vivir a
China, porque no tenía cómo mantener a su familia.
Y como él, puedo dar muchos ejemplos
más de personas que sufrieron las consecuencias de esta actitud que, realmente,
creo que se le produjo un gravísimo daño a Costa Rica, se le produjo un
gravísimo daño a la investigación, se le produjo un gravísimo daño a la salud
de miles de costarricenses.
Aquí no estamos hablando nada más y
nada menos que de la salud; aquí estamos hablando de la vida, aquí estamos
hablando que durante estos años —mil quinientos veintiún días— en este país no
se le pudo dar tratamientos a personas con fórmulas debidamente probadas, con
fórmulas debidamente acreditadas por gente absolutamente responsable y que
salvaron a cientos, miles de personas en estas investigaciones.
A mí me ha tocado, me ha tocado
vivir de parte de la familia política lo que significa poder ser objeto de
experimentación en los Estados Unidos, los cientos de miles de dólares que
cuesta poder ser objeto de una experimentación en Estados Unidos, y aquí lo
estábamos haciendo y se prohibió, aquí se estaba salvando la vida a muchas
costarricenses y se prohibió.
Así que, compañeros diputados, el
día de hoy es un día importante, demos el voto para esta ley, que de una vez
por todas, queda y clarifica los derechos que se tienen para realizar
investigaciones dentro de los parámetros que se han establecido, que creo que
son los correctos y los adecuados.
Muchas gracias, señores diputados.
¿Se me acabó el tiempo, señor
presidente?
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
En este instante, señor diputado,
está el reloj dictando que han concluido los quince minutos.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Gracias, muchas gracias, señor
presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Tiene la palabra el diputado Cubero
Corrales. Por quince minutos, señor
diputado.
Diputado Víctor Danilo Cubero Corrales:
Gracias, diputado presidente.
Esta tarde quiero referirme a este
tema de biomédicas como lo que realmente es: una deuda histórica con Costa
Rica, una deuda histórica con la salud, en la cual debemos honrar, debemos
salir adelante.
Y me parece que la información que nos ha brindado
el diputado Fishman en torno a la cantidad de días, de minutos, de tiempo, que
ha estado este proyecto de ley secuestrado, es muy valioso.
Porque lo he dicho en reiteradas ocasiones, es
diferente la forma en que se mide: unos cometen errores y otros cometen
delitos. Qué doble moral, qué doble moral.
Al tenor de lo expresado y lo indicado, como
siempre lo hemos hecho y como lo ha hecho la diputada Damaris Quintana, hemos
sido, y así la diputada Alfaro Murillo, y los diferentes miembros de la
bancada, hemos sido siempre de posiciones claras, hemos estado a favor de este
proyecto de ley desde su inicio. Creemos
en que este país merece desarrollar esta actividad, creemos que este país
genera riqueza, y que ser el único país que no lo permite no es la época de la
oscura medieval, no; no es esa época, es más allá de esa época, porque estamos
inmersos en una realidad mundial, don Luis.
En aquel momento histórico del oscurantismo existía
todo, una realidad; hoy es otra la realidad.
Yo no sé, dice José María que es culpa del chavismo, no sé si es un mea
culpa, no creo, no creo que esto sea el chavismo; él me lo está diciendo, yo no
creo que en esto tenga nada que ver el chavismo, aunque habían dicho por ahí
que el chavismo estaba infiltrado en otras cosas.
Pero, vamos a votar de manera positiva, estamos de
acuerdo con este proyecto de ley, porque así somos de claros en el Partido
Movimiento Libertario, y consideramos que le estamos haciendo un bien a este
país con convertir en ley este proyecto.
Gracias, diputado presidente.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Con mucho gusto, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada Zamora
Alvarado. Por quince minutos, señora
diputada.
Diputada Mireya Zamora Alvarado:
Señor presidente, como es un
proyecto tan importante para Costa Rica, y para nosotros los diputados, me
retiro de la lista.
El presidente Luis
Fernando Mendoza Jiménez:
Tiene la palabra el diputado
Hernández Rivera
No va a hacer uso de la palabra el
diputado Hernández Rivera.
Tiene la palabra el diputado
Villalta Flórez-Estrada, José María.
Diputado José María Villalta Flórez-Estrada:
Gracias, señor presidente.
Bueno, llega este proyecto de ley a
votación en segundo debate.
Analizando el voto de la Sala
Constitucional, hay efectivamente aspectos importantes a considerar. Tampoco es
cierto que la Sala Cuarta ratificó que no había nada que revisar o que
analizar; incluso, en artículos que no fueron declarados inconstitucionales se
dieron votaciones divididas cuatro a tres.
Y hay varios artículos donde la Sala Constitucional
estableció que no era inconstitucional el proyecto, siempre y cuando se
determinará y se interpretara de determinada manera. Esto es importante, esto es importante porque
el haber hecho efectivamente la consulta sirve para dimensionar e interpretar
los alcances de la ley.
Por ejemplo, cuando la Sala se refiere al artículo
5, y establece una interpretación sobre la palabra ‘remuneración’, y dice cómo debe
interpretarse ese término, respecto al principio de gratuidad de las
investigaciones en seres humanos, o al principio de no comercialización del
cuerpo humano, y lo vincula con las pautas éticas internacionales, estos son
temas relevantes, que van a incorporarse en el texto de la ley que aquí se está
aprobando.
La consulta, sin duda alguna, aunque no la
declararon constitucional el proyecto, que ese no debería ser el objetivo de
ninguna consulta, sino aclarar dudas y mejorar lo que se pueda mejorar en un
proyecto de ley.
En este caso, como en muchos otros, va a servir
para complementar la redacción de estos artículos, y eso es importante, eso es
valioso para tener una ley que, como esta, está lejos de ser lo ideal, lo que
habríamos deseado, pero que sí coincidimos en que hace falta llenar el vacío
legal que existe.
Ahora, yo difiero —y lo dije también en la
exposición en el primer debate—, yo difiero de esos que pretenden echarle la
culpa a la Asamblea Legislativa de que Costa Rica no haya tenido una
legislación sobre este tema, y que seamos —dicen— el único país donde no
estaban permitidas las investigaciones en seres humanos, eso es desconocer la
historia.
Los primeros proyectos de ley para regular este
tema se plantearon desde los años ochenta, con más fuerza desde principios de
la década del dos mil, en esta Asamblea Legislativa, y durante mucho tiempo no
quisieron aprobarle la ley.
Los mismos centros de investigación se opusieron a
que se aprobara una ley, porque consideraban que era más conveniente tener un reglamento,
que esto se regulara por reglamento, porque el reglamento se puede cambiar
fácilmente en una sesión de Junta Directiva de la Caja, o con un decreto
ejecutivo, y no quisieron discutir una ley sobre este tema.
Fue hasta que la Sala Cuarta anuló esos reglamentos
que existió conciencia sobre la importancia de que exista una ley, de que se
regule por ley.
Y ese voto de la Sala Cuarta hay que leérselo. No fue un
capricho o un acto de regresión o de oscurantismo ─como aquí algunos se han dejado decir─. Ese voto de la Sala Constitucional puso en el centro
del debate la protección de la dignidad humana en los derechos fundamentales, y
una materia que afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, la
salud, y sobre todo, a la dignidad humana.
No
puede regularse por reglamento, tiene que ser por ley y, obviamente, construir
esa ley no va a ser un trámite de un día para otro. Ese es el problema que
hemos tenido aquí, que diversos gobiernos eludieron la responsabilidad de
normar materias sensibles de derechos humanos a través de la ley, porque
prefirieron dictar reglamentitos que podían modificar para cada caso concreto.
Bueno, por eso es que Costa Rica se atrasó en este tema,
porque no se hizo la tarea oportunamente, y después llegó a esta Asamblea
Legislativa el proyecto, y querían que se aprobara de un día para otro.
Por
supuesto que es un tema que requirió análisis, que requirió consensos, los
buscamos en la discusión. Aquí se dio una importante negociación donde se logró
mejorar muchísimo el proyecto de ley.
En
el caso mío logramos, efectivamente, la aprobación de varias mociones que
mejoraron el texto. Estamos muy lejos de que se lograra aprobar todo lo que
buscábamos, pero quedó claro que siempre se persiguió un objetivo de mejorar la
ley, de tener una mejor ley. ¿Para qué?, para que pueda desarrollarse la
investigación y el conocimiento científico, pero con altísimos parámetros
bioéticos de protección de los derechos humanos y de protección de la dignidad
humana.
Y bueno, hoy se va a votar este proyecto en segundo
debate, muy probablemente tendrá los votos. Hay temas que siguen pendientes;
toda la regulación sobre investigaciones en sujetos vulnerables, no es
satisfactoria todavía en los temas de personas con discapacidad, de la niñez,
de poblaciones en las que su consentimiento informado se puede ver
comprometido; el caso del conflicto de interés cuando el médico tratante de un
paciente es al mismo tiempo la parte interesada en la investigación.
Son aspectos que tendrán que mejorarse y fortalecerse en
reformas futuras, pero vean ustedes que estos temas han sido tan actuales. Vean
ese voto de la Sala Constitucional repleto de votos salvados, repleto de normas
interpretativas, donde se dice: sí, la ley no es inconstitucional, siempre y
cuando se interprete de tal forma.
Bueno, eso es muy importante que haya ocurrido, antes de
tener la ley aprobada que tengamos la cancha más delimitada.
Llegamos al final de una larga discusión, la ley se
aprueba cuando ha estado madura, la ley se aprueba después de una discusión que
fue necesaria, y lamentamos que no se hayan podido aclarar o corregir otros
temas para tener una legislación que garantice todavía más la protección de la
dignidad humana.
Vamos
a seguir luchando para que eso se haga y fiscalizando la elaboración de los
reglamentos, la constitución del Conis, de los respectivos comités éticos
científicos, para que esto que se aprueba en esta legislación y los principios
internacionales sobre este tema que rigen también la normativa interna es algo
muy importante de este voto de la Sala Constitucional que termina de consolidar
la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de todas las normas sobre
bioética; aun aquellas que no forman parte de tratados internacionales, que han
sido aprobadas en declaraciones internacionales, y que forman parte de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, son vigentes, son exigibles
en Costa Rica, aunque no tengan la forma jurídica de un tratado, de una
convención. Y eso nos da un parámetro todavía más sólido para fiscalizar la
aprobación de esta ley.
Hoy
se votará. No contará con el voto de la fracción del Frente Amplio, no la vamos
a aprobar porque creemos que todavía es incompleta para garantizar esos
principios de protección ante la vida, de la salud y la dignidad humana; sin
embargo, reconocemos el trabajo que todas las fracciones han realizado,
reconocemos que se ha hecho un esfuerzo por mejorar el proyecto y reconocemos,
efectivamente, que Costa Rica necesita una ley que regule esta materia.
Gracias,
señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Con
mucho gusto, señor diputado.
Continúa
en el uso de la palabra la diputada Ruiz Delgado, quince minutos, señora
diputada.
Diputada María
Jeannette Ruiz Delgado:
Sí,
muchas gracias, señor presidente.
Posiblemente,
como dice el compañero Villalta, esta noche se vote este proyecto de ley, y yo
quisiera intervenir en varios sentidos.
El
primero es que a pesar de que se dieron cuestionamientos sobre el fondo del
proyecto, en palabras de la diputada Venegas Renauld, y en sus diferentes
acciones en la comisión que discutió el tema, y luego también en sus
actuaciones en Plenario, lo cierto es que nuestra bancada siempre ha creído que
tiene que existir una ley que regule las investigaciones biomédicas.
El
hecho de que no se haya llegado oportunamente, y hace mucho tiempo, a un
acuerdo, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos desde el año 2012 para que
se atendieran algunas de las observaciones planteadas, no significa que las mil
setecientas horas de las que habla el señor Fishman significaran un no a la
ley. No significaban objeciones y
observaciones con respecto al texto que se estaba discutiendo y a que era
necesario buscar mecanismos que viabilizaran un acuerdo político.
Sin
embargo, ¿qué es lo que sucede en ese proceso de discusión?, lo que sucede con
muchas cosas acá en la Asamblea Legislativa, que las posiciones de un lado y de
otro lado no permiten que se pueda salvar la diferencia que se plantea con
respecto a las visiones.
Entonces
el día de ayer yo escucho acá a los compañeros, atentamente, manifestarse con
respecto a la maravilla que es llegar a un acuerdo político en la discusión de
un proyecto tan importante como la Ley del Recurso Hídrico. Lo que pasa es que
lo que no dicen los compañeros es que la maravilla del acuerdo político se
sustentaba en que la votación de ese proyecto de ley tenía un plazo perentorio,
que era el día de ayer.
Entonces,
o se votaba como estaba y no se hacían las correcciones, o se hacían las
correcciones y todos quedábamos medianamente tranquilos con lo que se estaba
votando.
Por
eso es que en mis intervenciones con respecto al tema del Reglamento
legislativo y a las modificaciones planteadas una y mil veces he manifestado la
necesidad de que las votaciones tengan plazos perentorios. Porque ¿adónde vamos
a llegar con esos plazos perentorios?, a los acuerdos políticos, a los puntos
en los cuales las votaciones, ya sea que estemos a favor o estemos en contra se
van a tener que dar, y adonde las partes se van a tener que sentar a negociar.
Entonces,
venir aquí hoy a decir: es que esto tiene años porque resulta que la fracción
del Partido Acción Ciudadana no quiso que se votara, pasa por una visión muy
subjetiva de quienes lo manifiestan.
Pero,
además de eso, vean qué interesante que la diputada Venegas Renauld, un buen
día dijo: retiro todas las mociones, retiró todas las mociones. Porque de todas
esas reiteraciones que tenía, ¿cuántas se discutieron acá en el Plenario? Si
acaso, no sé, dos o tres, ahorita no tengo el dato. Y eso significa que hubo voluntad en un
momento dado de que se tomara una decisión.
Entonces,
en una discusión como la del día de hoy, si el proyecto es tan importante, pues
debimos de habernos sujetado a una votación, de hecho yo no había pensado ni
siquiera intervenir ni sobre el procedimiento, ni sobre el fondo del proyecto.
Pero
las cosas que se han manifestado en el Plenario el día de hoy me llevan a
intervenir y a decir estas cosas que estoy diciendo, porque me parece que es
importante que consten en un acta para el futuro. Porque acá cuando son unos
los que obstruyen una decisión, eso es obstrucción, pero cuando son otros no,
es derecho de enmienda.
Entonces,
todo depende del cristal con que se mire. Y no, aquí o permitimos que siempre
las cosas se voten tratando de llegar a acuerdos políticos o no permitimos que
se voten.
Las
decisiones nunca se quieren tomar en negativo, hay veces que hay que decirle
que no a las cosas, ya sea porque no estemos de acuerdo, ya sea porque le falta
algo para para que sea más potable lo que se está discutiendo, ya sea porque la
aplicación de esa norma a futuro, perfectamente desde nuestra forma, por lo
menos de ver el escenario podría causar que no se logren los objetivos
planteados en el proyecto de ley.
En
fin, una serie de consideraciones que cada bancada y cada diputado, y diputada
en forma individual tendrán que valorar antes de tomar una decisión.
Entonces,
este llamado de atención del día de hoy es con el ánimo de que acá se respeten
esas posiciones, oportunamente se respeten esas posiciones.
A
mí personalmente me hubiera encantado —y hablo personalmente— que esta Asamblea
Legislativa, este cuatrienio se hubiera abocado a hacer una modificación al
Reglamento legislativo que permitiera que los proyectos tuvieran esos plazos,
esos plazos perentorios en comisión, en Plenario y que las discusión no fueran
eternas.
Sin
embargo, cuando este planteamiento deviene de esta fracción, que todavía ahí
está sobre la mesa y se puede discutir, nos quedan tres semanas todavía como
legisladores, simple y sencillamente lo que se hace es tratar de desvirtuar el
discurso y decirle a la ciudadanía costarricense que el PAC se opone a una
modificación al Reglamento legislativo y esa es una falacia total y absoluta.
Lo
que pasa es que el PAC quiere una modificación al Reglamento legislativo que
sea de verdad, que provoque mejor llevar los procesos de toma de decisiones,
que provoque que las decisiones al final se tomen, y lo que se estaba
presentando por parte de otras fracciones era un recorte de tiempos que, desde
mi punto de vista, es muy laxo y que al final de cuentas no iba a mejorar
significativamente la discusión parlamentaria y la toma de decisiones.
Regresando
a este proyecto de ley, insisto —y quizá nunca quedó claro, porque las
posiciones de análisis de los temas con los cuales, por lo menos, había algunas
observaciones, llevaron a desvirtuar aquel mensaje de que había que buscar
acuerdos políticos— se buscaron absolutamente todas las rutas de la negociación
que existen, desde las internas de la Asamblea Legislativa hasta articular con
Casa Presidencial y con otros actores que fueran parte del proceso de
discusión. No se llegó a ningún acuerdo, la diputada Venegas Renauld retiró las
mociones que había presentado.
Entonces,
no es de recibo venir el día de hoy solamente a achacarle falta de claridad a
esta bancada cuando las observaciones, muchas de las planteadas, las hizo la
misma Sala Constitucional en su voto.
Ahí
quedan, porque incluso hubo espacios donde la misma Sala interpreta los
artículos y dice: Esto no es inconstitucional si se lee de la siguiente manera…
Prácticamente
hace la interpretación de la ley para que la norma, una vez que sea aplicada,
no contravenga los intereses de los ciudadanos sujetos a este tipo de
experimentación.
Así
que era importante hacer esas aclaraciones.
Yo
le voy a ceder, señora presidenta, el resto de mi tiempo al diputado Oviedo
Guzmán y vamos a seguir discutiendo un poco más cuál fue la posición de nuestra
bancada.
Gracias,
señora presidenta.
La presidenta ad
hoc Annie Alicia Saborío Mora:
Con
mucho gusto, señora diputada.
Tiene
la palabra el diputado Oviedo Guzmán por seis minutos.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Muy
buenas noches, señora presidenta; muy buenas noches, compañeros, compañeras,
diputados y diputadas y costarricenses que nos escuchan.
Yo,
en honor a la verdad, había pensado no utilizar la palabra el día de hoy; sin
embargo, escucho a algunos diputados hacer una serie de afirmaciones tan
categóricas que las personas podrían creérselas.
Dice
la sabiduría popular… Las personas sencillas, esas con las cuales a veces
conversamos y talvez sienten algún tipo de pena porque no tienen un grado
académico que los acredite como tal, porque eso ocurre, y yo les pongo atención
cuando hablan, y les digo siempre, antes de que terminen, que no se preocupen
por eso porque los seres humanos, pues, algunos tienen la facilidad de ir a una
universidad y prepararse académicamente, y otros dejan que sea la vida quien
les dé esos procesos de madurez, de objetividad, de discernimiento, de pausa y
de serenidad.
Son
personas que talvez no tienen conocimiento técnico a la hora de hablar, pero sí
tienen sabiduría, y dice la sabiduría del pueblo costarricense que el que no
sabe de altares ante cualquier tronco se persigna.
Entonces,
cuando llega alguien aquí y dice una serie de afirmaciones que incluso cuando
las analizamos son hasta contradictorias, dice uno: bueno, pero es que el que
calla otorga. Cómo voy a dejar yo que esa persona haga esa serie de
afirmaciones cuando se contradice.
Vean lo que dijo, por ejemplo, el
diputado Fishman Zonzinski, en su intervención, que bueno yo lo puedo
interpretar y disculpar en parte por… dice don Guillermo Rodríguez, persona a
que tuve el honor de conocer, que es muy amigo de él y su médico de cabecera. Y
eso lo lleva a la emotividad, y está bien, yo se lo acepto.
Pero dice don Luis Fishman, entre
otras cosas, que son medicamentos debidamente probados, al final de su
intervención. Bueno, sin son medicamentos debidamente probados, ¿por qué van a
ser tomados en cuenta para la elaboración de ensayos clínicos?
Es por una razón, porque son medicamentos que están
en un proceso de elaboración, son medicamentos que no están debidamente
probados.
Es contradictorio, y si no, pues, no
habría que utilizarlos, no habría necesidad de hacer ensayos
multicéntricos.
¿Qué son ensayos multicéntricos?, bueno, son
ensayos que se desarrollan generalmente por empresas transnacionales y son
desarrollados en diversas partes del mundo, en diversos países. Eso es un ensayo por eso se llama multicéntrico.
Entonces, a nuestro país lo que llegan son
protocolos de cómo se deben realizar esos ensayos, cómo deben ser los
pacientes, cuál es el perfil que deben tener, cuáles son los exámenes clínicos,
cuál es la anamnesis, cuál es la historia que se debe tener sobre cada uno de
esos pacientes. Y luego con el transcurrir del tiempo medicarlos o no
medicarlos en el caso de los placebos y evaluar si hay reacciones adversas,
cuál es el desarrollo del comportamiento del paciente con respecto a la
enfermedad.
Dice don Luis, y probablemente… no,
probablemente no, tiene razón en el tema de que Harvard es una universidad de
mucho prestigio y que al instituto este de don Guillermo —dice él— que llega
gente de Harvard. Yo le creo, pero Harvard no es ninguna autoridad a nivel de
investigación médica mundial.
Harvard es una autoridad en leyes y
en administración; en medicina, y máxime aún en la especialización de la
medicina actual, Harvard no es ninguna autoridad en medicina.
Aunque suena muy bonito en un discurso, verdad,
para los costarricenses decir llega gente de Harvard, porque es probablemente
de las pocas universidades que muchos costarri… norteamericanas, que muchos
costarricenses tenemos en nuestra mente.
Dice don Luis que por estos cuatro
años de oscurantismo…
Y diputado Villalta, si mal no recuerdo la primera
ley de investigación biomédica es de la década de los 70, fue una ley que se
desarrolló por un médico en el Gobierno de Daniel Oduber y Daniel Oduber la
vetó y esto fue si mal no recuerdo 74-78.
¿Sigo, sí? Me queda… okey. No puedo seguir, lo que es una lástima porque
ahí estoy anotado en la lista, presidenta, pero bueno, no importa, ahí
cortamos, a ver yo estaba en esa lista, pero no me veo en este momento,
presidenta.
Yo estaba en esta lista,
presidenta. Bueno, voy a retomar, voy a
retomar.
Dice el señor Fishman Zonzinski que
catorce mil pacientes —oigan bien—, cual si fueran centros médicos
institucionales públicos o privados, han dejado y han sufrido el no acceso a un
medicamento, como si estos fueran medicamentos probados.
Es que son medicamentos que están en
una etapa de desarrollo, normalmente en fase tres o fase cuatro, pero son
medicamentos que están en proceso de prueba.
Y saben qué más, algo que ya
dijimos. El hecho de que una persona
sujeta de estudio, sujeta de investigación, la cual haya tenido acceso…
Que le vaya bien, diputado
Víquez. ¿Qué pasó, presidenta, es que me
interrumpe, porque sonó…?
La presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
Diputado, ya se la agotó el
tiempo. Es lo que hay que explicar es
que aunque usted esté anotado, si usted se levanta y activa su micrófono, se
borra automáticamente.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
Perdón, presidenta, pero es que yo
estaba hablando por el tiempo que me cedió la diputada Ruiz Delgado, yo estaba
después del diputado Monge, de la diputada Muñoz y antes del diputado Arias.
La presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
Así es, lo que pasa es que lo que
hay es un sistema automático, donde usted levanta el micrófono, se le borra de
la pantalla.
Diputado Néstor Manrique Oviedo Guzmán:
No hay problema, lo que quisiera es
que por lo menos se me reserve el tiempo posteriormente, porque estoy ahí en
tercer lugar.
La presidenta ad hoc Annie Saborío Mora:
Está bien, diputado, con mucho
gusto.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Vamos a decretar un receso de un
minuto.
Diputadas y diputados, se reanuda la
sesión.
Ha llegado una comunicación del
Ministerio de la Presidencia que le solicito al señor secretario darle lectura.
El primer secretario Martín Alcides Monestel
Contreras:
Decreto
Ejecutivo N.º 38.285 -MP
1 de abril de 2014
DMP-881-2014
Señor
Martín Alcides Monestel Contreras
Primer Secretario
Señora
Dip. Annie Saborío Mora
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa
Estimados señores Diputados:
Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea
Legislativa, el Decreto Ejecutivo 38.285-MP, de esta fecha,
mediante el cual el Poder Ejecutivo retira del conocimiento de sesiones extraordinarias
los expedientes en él indicados.
Atentamente,
Carlos
Ricardo Benavides Jiménez
Ministro de la Presidencia
DECRETO
EJECUTIVO 38.285 -MP
LA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO 1: Retírese del
conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el
siguiente proyecto de ley:
EXPEDIENTE
N° 17.777: LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (ORIGINALMENTE
DENOMINADO): LEY GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
ARTICULO 2: Rige a partir del 01 de abril de 2014.
Dado
en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA
CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Se tiene por retirado el expediente.
Expediente N.º 18.371, Aprobación del Tratado
de Extradición entre la República de Costa Rica y la República de Perú
En el tercer lugar del orden del día, se encuentra el expediente 18.371,
Aprobación del Tratado de Extradicción entre la República de Costa Rica y la República
del Perú. Este proyecto se encuentra en
consulta preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.522,
Aprobación del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo
Multilateral de Inversiones II, suscrito entre el Gobierno de la República de
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y Autorización a Capitalizar
Organismos Multilaterales
En el cuarto lugar del orden del
día, se encuentra el expediente 18.522, Aprobación del Convenio Constitutivo y
el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II,
suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo y Autorización a Capitalizar Organismos
Multilaterales.
Inicia la discusión, por el fondo,
en el trámite de segundo debate para lo cual ofrezco el uso de la palabra.
Ningún… el diputado Fishman
Zonzinski, tiene la palabra.
Diputado Luis Fishman Zonzinski:
Treinta segundos, señor presidente.
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
No va a hacer uso de la palabra el
diputado Fishman Zonzinski.
Ningún otro diputado ha solicitado
la palabra; por lo tanto, quisiera consultarles a los diputados y diputadas si
damos por discutido este expediente en el trámite de segundo debate. Discutido.
Vamos a someterlo a votación.
Ruego a los diputados que se encuentran en las
salas adjuntas incorporarse para proceder con la votación.
Tenemos, en este momento, cuarenta y
cuatro diputadas y diputados presentes. Ruego
a los diputados cerrar puertas…, perdón, a los ujieres cerrar puertas, y a los
diputados hacer ingreso al salón de sesiones.
Tenemos en este momento cuarenta y
cuatro diputadas y diputados presentes.
Los diputados y diputadas que estén a favor del expediente 18.522, en el
trámite de segundo debate, se servirán ponerse de pie o levantar su mano en
caso de impedimento. Cuarenta y cuatro
diputados y diputadas presentes; cuarenta y dos han votado a favor, dos han
votado en contra. El expediente ha sido
aprobado en el trámite de segundo debate y pasa el Poder Ejecutivo para lo que
corresponda.
Los expedientes 18.588 y 18.805 se encuentran en consulta en la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.588,
Aprobación del Acuerdo sobre el Establecimiento del Global Green Growth
Institute
Se encuentra en consulta
preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º
18.805, Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la
República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia
Se encuentra en consulta
preceptiva en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expediente N.º 18.473, Creación del Distrito 6,
Caldera, del Cantón de Esparza, de la Provincia de Puntarenas
En el sétimo lugar está
el expediente 18.473, Creación del
Distrito Seis, Caldera, del Cantón de Esparza, de la Provincia de Puntarenas.
Este expediente se encuentra
suspendida la votación del segundo debate hasta después de las elecciones que
se celebrarán el día 6 de abril del 2014, de conformidad con el artículo 1 de
la Ley número 6068.
Ha llegado una comunicación del
Ministerio de la Presidencia que le solicito al señor secretario darle lectura.
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
01 de abril de 2014
DMP-882-2014
Señor
Martín Alcides Monestel Contreras
Primer Secretario
Señora
Annie Saborío Mora
Segunda Secretaria
Estimados señores Diputados:
Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea
Legislativa, el Decreto Ejecutivo 38.301-MP, de
esta fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a
sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.
Atentamente,
Carlos Ricardo Benavides Jiménez
Ministro de la Presidencia
DECRETO
EJECUTIVO 38.301-MP
LA
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.
Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO 1: Amplíase
la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por
el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente
proyecto de ley:
EXPEDIENTE
N° 17.777: LEY REGULADORA DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (ORIGINALMENTE DENOMINADO): LEY GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
ARTICULO 2: Rige a partir del 01 de abril de 2014.
Dado
en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA
CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
De acuerdo con la comunicación leída
se tiene por ampliada la convocatoria.
Expediente N.º 18.857, Reforma de los Artículos 68 y
69 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N.º 7494 de 2 de mayo de 1995,
(originalmente denominado): Autorización al Poder Ejecutivo para Donar a las
Instituciones Autónomas y Semiautónomas Bienes Inmuebles, cuyo Uso se Destine
al Cumplimiento de Fines Públicos
En el primer lugar del orden del día se encuentra
el expediente 18.857, Reforma de los Artículos 68 y 69 de la Ley de
Contratación Administrativa, Ley número 7494 de 2 de Mayo de 1995, (originalmente denominado): Autorización al Poder Ejecutivo para Donar
a las Instituciones Autónomas y Semiautónomas Bienes Inmuebles, cuyo Uso se
Destine al Cumplimiento de Fines Públicos.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate, y en esta sesión se contabiliza la segunda
sesión para la presentación de mociones de reiteración.
Expediente N.º 18.709, Ley de
Garantías Mobiliarias
En el segundo lugar se encuentra el
expediente 18.709, Ley de Garantías Mobiliarias.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate, y en esta sesión se contabiliza la segunda
sesión para la presentación de mociones de reiteración.
En el tercer lugar se encuentra el
expediente 18.650, Modificación del Artículo 11 de la Ley número 6723, de 10 de
marzo de 1982, y sus reformas, Ley de Registro y Archivos Judiciales.
Este expediente se encuentra en
espera del primer informe de mociones de fondo vía artículo 137.
En el cuarto lugar se encuentra el expediente
18.985, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la
Provincia de Puntarenas (Judesur).
Este expediente se encuentra
suspendida la discusión por la consulta del proyecto de ley a varias
instituciones y organizaciones.
En el quinto lugar se encuentra el
expediente 18.890, Ley para el Fomento de la
Competitividad de la Pyme mediante el Desarrollo de Consorcios.
Continúa la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con el primer informe de mociones de fondo vía
artículo 137, y se han presentado nuevas mociones de fondo las cuales pasan a
la comisión dictaminadora.
COMISIÓN PERMANENTE DE
ASUNTOS HACENDARIOS
Primer informe de mociones vía artículo 137 del
Reglamento legislativo
MOCIONES APROBADAS
Moción
de orden Nº 1-66 de la diputada Brenes Jiménez:
“Para
que se dispensen de lectura las mociones de fondo presentadas vía artículo 137,
y su contenido conste en actas”.
Presentación de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
Moción N.° 1 del diputado Villalta Flórez-Estrada:
Para que se modifique el artículo 8 del proyecto de
ley en discusión y en adelante se lea:
"ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE
SEGURIDAD
SOCIAL Y LABORALES DE LAS EMPRESAS
Las empresas que forman parte del consorcio deberán
estar al día con sus obligaciones tributarias, con la seguridad social y con
las obligaciones laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de
la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, N° 8262 del 29
de abril del 2002.
En caso de que alguna de las empresas consorciadas
no cumplan con estas obligaciones, el ente rector podrá cancelar la licencia de
funcionamiento y dar por concluida la relación contractual del Consorcio.
Las obligaciones tributarias generadas por las
actividades económicas derivadas de la actividad consorcial, serán asumidas por
cada una de las empresas que formen parte del consorcio."
Moción N.° 2 del diputado Fishman Zonzinski:
Para que el artículo 10 del proyecto de ley en
discusión se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 10.- ACCESO A RECURSOS
FINANCIAMIENTO
Los Bancos Comerciales del Estado otorgarán
facilidades crediticias en condiciones preferenciales de plazo y tasa de
interés a los consorcios empresariales que se encuentren bajo el amparo de la
presente ley."
Ha llegado una comunicación del
Ministerio de la Presidencia que le solicito al señor secretario darle lectura.
El primer
secretario Martín Alcides Monestel Contreras:
Decreto
Ejecutivo N.º 38.280 -MP
1 de abril de 2014
DMP-879-2014
Señor
Martín Alcides Monestel Contreras
Primer Secretario
Señora
Dip. Annie Saborío Mora
Segunda Secretaria
Estimados señores Diputados:
Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea
Legislativa, el Decreto Ejecutivo 38.280-MP, de esta fecha,
mediante el cual el Poder Ejecutivo retira del conocimiento de sesiones
extraordinarias los expedientes en él indicados.
Atentamente,
Carlos
Ricardo Benavides Jiménez
Ministro de la Presidencia
DECRETO
EJECUTIVO 38.280 -MP
LA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 118 y 140 inciso 5) y 14), de la Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO 1: Retírese del
conocimiento de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el
siguiente proyecto de ley:
EXPEDIENTE
N° 17.502: REFORMA INTEGRAL A LA LEY Nº 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO
Y REFORMA A OTRAS LEYES (ORIGINALMENTE DENOMINADO): FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
DE BANCA PARA EL DESARROLLO
ARTICULO 2: Rige a partir del 01 de abril de 2014.
Dado
en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA
CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Se tiene por retirado el expediente.
Continuamos con el conocimiento de
proyectos de ley.
En el sétimo lugar se encuentra el
expediente 18.312, Ley de Impuestos Municipales del Cantón de El Guarco.
Inicia la discusión, por el fondo,
en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen.
Si alguno de los dictaminadores
quisiera hacer uso de la palabra, la ofrecemos para explicar el dictamen.
Ningún diputado ha solicitado la palabra;
por lo tanto, ofrezco la palabra por el fondo.
Ningún diputado ha solicitado la
palabra para referirse al fondo del proyecto; por lo tanto, quiero consultarles
a los diputados y diputadas si damos por discutido este expediente.
Discutido.
Vamos a someterlo a votación.
Ruego a los diputados que se
encuentran en las salas adjuntas incorporase para proceder con la votación.
Nuevamente vamos a solicitarles a
los diputados que están en la sala adjunta incorporarse para proceder con la
votación del expediente.
Voy a solicitarle a los diputados…,
a los señores ujieres cerrar puertas.
Tenemos, en este momento cuarenta y
tres diputadas y diputados presentes.
Los diputados y diputadas que estén a favor del expediente 18.312 en el
trámite de primer debate se servirán ponerse de pie o levantar su mano en caso
de impedimento. Cuarenta y tres
diputados y diputadas presentes; cuarenta y tres han votado a favor. El expediente ha sido aprobado en el trámite
de primer debate, y se establece el día jueves 3 de abril para el inicio de la
discusión en segundo debate.
Ha llegado una nueva comunicación
del Ministerio de la Presidencia, que le solicito al señor secretario darle
lectura.
01 de abril de 2014
DMP-880-2014
Señor
Martín Alcides Monestel Contreras
Primer Secretario
Señora
Dip. Annie Saborío Mora
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa
Estimados señores Diputados:
Me permito hacer del conocimiento de la Asamblea
Legislativa, el Decreto Ejecutivo 38.284-MP, de
esta fecha, mediante el cual el Poder Ejecutivo amplía la convocatoria a
sesiones extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.
Atentamente,
Carlos Ricardo Benavides Jiménez
Ministro de la Presidencia
DECRETO EJECUTIVO 38. 284-MP
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 118 y 140 inciso 5) y 14),
de la Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO 1: Amplíase
la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, hecha por
el Decreto Ejecutivo 38.038-MP, a fin de que se conozca el siguiente
proyecto de ley:
EXPEDIENTE
N° 17.502: REFORMA INTEGRAL A LA LEY Nº 8634, LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL
DEARROLLO Y REFORMA A OTRAS LEYES (ORIGINALMENTE DENOMINADO): FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO.
ARTICULO 2: Rige a partir del 01 de abril de 2014.
Dado
en la Presidencia de la República, el día primero de abril de dos mil catorce.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA
CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
El presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Se tiene por ampliada la convocatoria.
La diputada Alfaro Murillo tiene la palabra por el orden.
Diputada Marielos Alfaro Murillo:
Muchas gracias, señor presidente.
A lo largo de estos cuatro años, yo he estado criticando
el tema este de que se convoque y se retire un proyecto. Pero ahora me surge
una duda: mañana en la mañana estamos convocados para ver banca de desarrollo,
pero el proyecto se desconvocó y se acaba de convocar a las dieciocho y
cuarenta y cinco. La pregunta es, si es pertinente, que a pesar de no tener el
tiempo de convocatoria obligado, tenemos que venir mañana a referirnos a este
tema.
Yo
no tengo ningún problema en venir mañana a las nueve de la mañana, pero
evidentemente me parece que lo que no corresponde es discutir ese tema.
Vendríamos a otra cosa, no sé a cuál, pero no a ese tema.
Entonces, quisiera que usted me aclare, porque esto se ha
estado haciendo ¿verdad?, el proyecto de banca se retira y se convoca la noche
antes del día siguiente que tenemos sesión.
¿Cuál va a ser el procedimiento?
Gracias, señor presidente.
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Sí, diputada, me permito dar respuesta a su consulta.
Dos aspectos quisiera manifestar en este momento, y son
los siguientes: la costumbre parlamentaria ha establecido que las convocatorias
realizadas en el Plenario de la Asamblea Legislativa, inmediatamente activan el
conocimiento de los proyectos en las comisiones a las cuales estos proyectos
vayan…, se conozcan. Eso es lo primero.
De todos modos, el principio de publicidad se cumple en
el momento de la convocatoria, dado que aquí, en este lugar, se encuentra el
pleno de la Asamblea Legislativa, y se está dando a conocer, en este momento,
el proyecto de ley que se quiere conocer.
Así que, dadas esas dos circunstancias, perfectamente
queda convocado y establecido el conocimiento de este proyecto de ley para la
sesión inmediata siguiente.
Diputado Cubero Corrales, tiene la palabra, por el orden.
Diputado Víctor Danilo Cubero Corrales:
Sí, diputado presidente.
La
práctica parlamentaria en torno al tema de la convocatoria siempre ha sido la
homologación con el artículo 172, inciso f) en lo concerniente…, 72, perdón,
inciso f) en lo concerniente a comisiones. Y cuando usted hace mención de que
aquí se encuentra el pleno, no, lo que estamos salvaguardando es el
procedimiento, no tenemos problema en venir, y vamos a estar aquí, eso no es
problema.
Sin
embargo, quiero decirle, diputado presidente, que por diferentes motivos, hay
diputados que no están presentes, por lo tanto, no está el pleno.
El
presidente Luis Fernando Mendoza Jiménez:
Sí, señor diputado, el pleno está integrado y puede
funcionar, y en ese sentido se cumple con el principio de publicidad.
De todos modos, diputadas y diputados, vamos a continuar
con el conocimiento de expedientes, continuando con el orden del día.
Expediente N.º 18.876, Ley de Creación del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
En el octavo lugar del orden del día, se encuentra el
expediente 18.876, Ley de Creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de
primer debate, con el segundo informe de mociones de fondo vía artículo 137, y
se han presentado nuevas mociones de fondo, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora.
COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Segundo
informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
MOCIÓN APROBADA
Moción Nº 4-50 (1-137) del diputado Sotomayor
Aguilar:
“Para que se modifique el artículo 2 del proyecto de ley en discusión y
se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.- Para el cumplimiento de sus fines, serán funciones del
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos las siguientes:
(...)
Q) Promover e impulsar convenios con instituciones financieras
nacionales e internacionales que permitan mejorar el acceso al crédito para la
vivienda y mejorar las condiciones del crédito”.
Presentación de mociones vía artículo 137 del
Reglamento Legislativo
Moción N.° 1 del diputado Fishman Zonzinski:
Para que el artículo 3 del proyecto de ley en discusión se lea de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 3.- El
Ministro o la Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, será la máxima autoridad del Ministerio, entidad
que contará con al menos un viceministerio;
así como los órganos y dependencias necesarias
para el cumplimiento de sus fines, acorde con
la legislación y las políticas que regulan la materia."
Moción N.° 2 del diputado Villalta Flórez-Estrada:
Para que se adicione el
artículo 1 del proyecto de ley en discusión y en adelante se lea:
"ARTÍCULO 1.- Créase
el Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos, en adelante llamado
Ministerio, el cual estará a cargo de un Ministro o Ministra, quien ejercerá la
rectoría, dirección, organización, y coordinación de las políticas nacionales
de ordenamiento territorial y de vivienda y asentamientos humanos.
Las políticas de ordenamiento
territorial que emita estarán sujetas a las siguientes disposiciones legales:
·
Ley de Planificación
Urbana, N° 4240, del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas
·
Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre, N° 6043 del 2 de marzo de 1977 y sus reformas
·
Ley Orgánica del
Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas
·
Ley Forestal, N° 7575
del 13 de febrero de 1996 y sus reformas
·
Ley de Biodiversidad N°
7788 del 30 de abril de 1998 y sus reformas
·
Ley de Uso, Manejo y
Conservación del Suelo, N° 7779 del 30 de abril de 1998 y sus reformas
·
Ley Nacional de
Emergencias y Prevención del Riesgo, N° 8488 del 22 de noviembre de 2005 y sus
reformas
Asimismo, deberán incluir los
Estudios de Impacto Ambiental de manera que incluyan la Variable Ambiental, y
se realizarán en coordinación con las municipalidades."
En el noveno lugar del orden del día, se encuentra el
expediente 18.968, Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Semiindustrial
Camaronera en Costa Rica.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de
primer debate, con el primer informe de mociones de fondo, vía artículo 137, y
se han presentado nuevas mociones de fondo, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora.
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS EXP N.°17748
Primer informe de mociones vía artículo 137 del
Reglamento legislativo
Las mociones fueron desechadas.
Presentación
de mociones vía artículo 137 del Reglamento legislativo
Moción N.º 1 del diputado Villalta-Flórez
Estrada:
Para que se
adicione un nuevo artículo 3 y corriéndose la numeración al proyecto de ley en discusión que en adelante se lea :
"ARTÍTULO
3. Adiciónese un párrafo final al
artículo 46 de la Ley de Pesca y
Acuicultura Ley N°. 8436 para que se lea de la
siguiente manera:
"Artículo
46. Prohíbase dentro de los
esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus
estados biológicos.
Prohíbase dentro
de los esteros del país la pesca de camarones en cualquiera de sus estados biológicos.
Asimismo,
prohíbase la pesca de camarones en zonas de desove de camarón, sitios de
agregación reproductiva de camarón, sitios
de reclutamiento de camarón (zonas de crecimiento de los juveniles) y fondos duros (zonas
de fondo de piedra y arrecifes)."
Moción N.º 2 del diputado Villalta-Flórez
Estrada:
Para que se
adicione un Transitorio
Único al proyecto de ley en
discusión que en adelante se lea:
"TRANSITORIO ÚNICO
El Incopesca deberá elaborar en un
plazo no mayor a un año, el Plan de Manejo
de la Pesquería de Camarón para las aguas jurisdiccionales costarricenses, el cual deberá contener al menos los siguientes elementos fundamentales:
a)Descripción
del recurso y la pesquería, con énfasis en la problemática que enfrentan.
b)Objetivos del
manejo pesquero y estrategias para alcanzarlos.
c)Programas
específicos."
Moción N.º 3 del diputado Villalta-Flórez
Estrada:
Para que se
adicione un Nuevo Artículo al proyecto de ley en discusión y corriéndose la numeración en de la siguiente
manera:
"ARTÍCULO
NUEVO. Adiciónese un nuevo artículo
48bis a la Ley de Pesca y
Acuicultura N.° 8436, de 1 de
marzo de 2005, y en adelante se lea de la
siguiente manera:
El Poder
Ejecutivo dotará de recursos financieros al INCOPESCA para contar con los mecanismos e insumos de inspección y
vigilancia necesarios para el control
eficaz del ejercicio de la actividad de pesca de captura de camarón por medio de la técnica de
arrastre, así mismo dotará de recursos
necesarios para que el Departamento de Investigación Pesquera realice los estudios técnicos y científicos
necesarios para determinar la
sostenibilidad de la actividad."
Moción N.º 4 de varios diputados:
Para que de conformidad con el artículo 137 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se modifique
el artículo 3 del expediente No. 18.968, y se lea de la siguiente manera:
(…) ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 47) de la
Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, de 1 de marzo de 2005, para que diga así:
(...) Artículo 47.-
Las licencias para capturar camarones con fines
comerciales en el Océano Pacifico, únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y
registro nacionales; así como a las
personas físicas y jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican en tres
categorías:
a)
Categoría A (Licencia para pesca de camarón costero): Embarcaciones con
licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan artes de pesca compatibles con el
desarrollo sostenible; podrán capturar recursos camaroneros como pesca objetivo únicamente en el
litoral pacífico, con la condición de que no sean áreas prohibidas, de protección total, con regulaciones especiales o
restringidas durante épocas y zonas de vedas.
b)Categoría B (Licencia
para pesca de camarón de profundidad): Embarcaciones con licencia o permiso de pesca, para la
captura de camarón Fidel,
camello real, camellito, langostino chileno y otras especies de este recurso que se pesquen en aguas de
profundidad igual o mayor que las especies anteriores, utilizando artes de pesca compatibles con el desarrollo sostenible únicamente en el litoral
pacífico. El camarón Fidel solamente podrá ser capturado en las áreas donde no se encuentre
mezclado con
especies de menor profundidad, tales como camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón Titi.
c) Categoría C: Permisionarios con
licencia o permiso de pesca con embarcaciones
artesanales en pequeña escala, autorizadas únicamente para capturar camarones
con redes de enmalle legalmente permitidas, según las medidas, tamaños y condiciones técnicas establecidas por la Autoridad Ejecutora e incorporadas en las licencias de pesca
respectivas."
Las embarcaciones con licencia para capturar camarones,
establecidas en las categorías A y B del
presente artículo, deberán en la realización de las faenas de pesca, utilizar artes
de pesca compatibles con el desarrollo sostenible, incluyendo dispositivos excluidores de
tortugas y de peces, definidos por la Autoridad Ejecutora, dirigidos específicamente a reducir
significativamente, la captura incidental de recursos hidrobiológicos no objetivo y de especies
de juveniles, así
como la utilización en las mismas redes de dispositivos excluidores de tortugas. La fauna de
acompañamiento y su cantidad o volumen, así como la duración de los lances de pesca,
deberán ser definidas por la Autoridad Ejecutora e incorporadas en las licencias de pesca respectivas.
Con respecto a la pesca
del camarón con red de arrastre, Incopescasolamente
podrá renovar las licencias vigentes. No podrá otorgar ningún permiso,
autorización o licencias nuevas renovar vencidas o reactivar las
inactivas.””
Rige a partir de su publicación.
Moción N.º 5 de varios diputados:
Para que de conformidad con el artículo 137 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se modifique los artículos 1, 2 y 3 del expediente No. 18.968,
y se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 1.- Refórmase el punto d, inciso 27)
del artículo 2) de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.° 8436, de 1 de marzo de 2005, para que se
lea de la siguiente manera:
(...) punto d.- inciso 27) del Artículo 2):
"d) Semiindustrial: pesca realizada por personas
físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas de la extracción del camarón,
así como de langostino chileno y otras especies similares, de la sardina y del
atún con red de cerco; con artes de pesca
compatibles con el desarrollo sostenible, establecidas por la Autoridad Ejecutora, utilizando dispositivos
excluidores de peces y tortugas y sujetas
a las regulaciones técnicas y científicas"
ARTÍCULO 2.- Reformase
el inciso d) del artículo
43) de la Ley de Pesca y Acuicultura N.°
8436, de 1 de marzo de 2005, para que diga así:
(...) Inciso d) Artículo 43):
"d) Semiindustrial: Pesca realizada por personas
físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas de la extracción del camarón, así
como de langostino chileno
y otras especies similares, de la sardina y del atún con red de cerco; con artes
de pesca compatibles con el desarrollo sostenible, establecidas por la Autoridad Ejecutora, utilizando
dispositivos excluidores de peces y tortugas y sujetas a las regulaciones técnicas y
científicas."
ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 47) de la Ley de Pesca y
Acuicultura de 1 de
marzo de 2005, para que diga así:
(...) Artículo 47.-
"Las licencias para capturar camarones con fines
comerciales en el Océano Pacífico, únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y
registro nacionales; así como a las
personas físicas y jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican en tres categorías:
a)Categoría A (Licencia para pesca de camarón costero):
Embarcaciones con
licencias o permisos de pesca de camarón que utilizan artes
de pesca compatibles con el desarrollo sostenible; podrán capturar recursos camaroneros como pesca objetivo
únicamente en el litoral pacífico, con la condición de que no sean áreas prohibidas, de protección
total, con regulaciones especiales o
restringidas durante épocas y zonas de vedas.
b)Categoría B (Licencia para pesca de camarón de
profundidad): Embarcaciones con licencia
o permiso de pesca, para la captura de camarón Fidel, camello real, camellito, langostino chileno y otras especies de
este recurso que se pesquen en aguas
de profundidad igual o mayor que las especies
anteriores, utilizando artes de pesca
compatibles con el desarrollo sostenible únicamente en el litoral
pacífico. El camarón Fidel solamente
podrá ser capturado en las áreas donde no se encuentre mezclado con especies de menor profundidad, tales como
camarón blanco, camarón café, camarón rosado y camarón Titi.
c)Categoría C: Permisionarios con licencia o permiso de
pesca con embarcaciones artesanales en
pequeña escala, autorizadas únicamente para capturar
camarones con redes de enmalle legalmente permitidas, según las medidas, tamaños y condiciones técnicas
establecidas por la Autoridad Ejecutora
e incorporadas en las licencias de pesca respectivas."
Las embarcaciones con licencia para capturar camarones, establecidas
en las categorías A y
B del presente artículo, deberán en la realización de las faenas de pesca, utilizar artes
de pesca compatibles con el desarrollo sostenible, incluyendo dispositivos excluidores de
tortugas y de peces, definidos por la Autoridad Ejecutora, dirigidos específicamente a reducir
significativamente, la captura incidental de recursos hidrobiológicos no objetivo y de especies
de juveniles, así
como la utilización en las mismas redes de dispositivos excluidores de tortugas. La fauna de
acompañamiento y su cantidad o volumen, así como la duración de los lances de pesca, deberán ser definidas
por la Autoridad Ejecutora e incorporadas en las licencias de pesca
respectivas.
Moción N.º 6 del diputado Villalta-Flórez Estrada:
Para que se
adicione un nuevo artículo al proyecto de ley en discusión que en adelante se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 4.-Adiciónese un párrafo final al artículo 47) de
la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, de 1 de marzo de 2005, que en adelante se lea:
"Artículo
47.-
Las licencias
para capturar camarones con fines comerciales en el Océano Pacifico, únicamente se otorgarán a las
embarcaciones de bandera y
registro nacionales; así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses, las cuales se clasifican
en tres categorías:
(…)
La Autoridad
Ejecutora deberá contar los estudios técnicos, científicos y de rentabilidad necesarios para determinar la
biomasa disponible, el impacto negativo
en los fondos marinos, así como los estudios que determinen el efecto acumulativo que genera el ejercicio de la pesca de arrastre en aguas profundas y en aguas someras,
previo al otorgamiento de licencias de
captura de camarones con fines comerciales en el Océano Pacífico
categorías A, B y C en el plazo de un año,
así como una evaluación de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias categorías A y B.
La Autoridad
Ejecutora no podrá otorgar licencias para capturar camarones en aguas profundas y someras hasta que no
se hayan concluido los estudios
técnicos, científicos y de rentabilidad, mencionados anteriormente, necesarios para
garantizar la sostenibilidad esta actividad.
Moción N.º 7 del diputado Fishman Zonzinski:
Para que el
artículo 1 del proyecto de ley en discusión se
lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 1.- Refórmese el punto d,
inciso 27) del artículo 2) de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.°
8436, de 1 de marzo de 2005, para que se lea de la siguiente manera:
d) Semiindustrial:
pesca
realizada por personas físicas o jurídicas, a bordo de embarcaciones orientadas de la extracción del
camarón, así como de langostino chileno y
otras especies similares, de la sardina y del atún con red de cerco; con redes de arrastre reglamentarias, establecidas por la
Autoridad Ejecutora, utilizando dispositivos
para la disminución de la captura incidental, que se encuentren sujetas a las regulaciones técnicas y científicas
establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)."
Moción N.º 8 del diputado Villalta-Flórez
Estrada:
Para que el
artículo 2 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 2.- Refórmese
el inciso d) del artículo 43) de la Ley de Pesca y
Acuicultura N.° 8436, de 1 de marzo de 2005, para que diga así:
d)
Semiindustrial: Pesca realizada por personas físicas o jurídicas, a
bordo de embarcaciones orientadas de la extracción del camarón, así como de langostino
chileno y otras especies similares, de la sardina y del atún con red de
cerco; con redes de arrastre reglamentarias, establecidas por la Autoridad
Ejecutora, utilizando dispositivos para la disminución de la captura
incidental, que se encuentren sujetas a
las regulaciones técnicas y científicas establecidas por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)."
Diputadas y diputados, al ser las dieciocho horas con
cincuenta minutos, se levanta la sesión.
Luis Fernando Mendoza Jiménez
Presidente
Martín Alcides Monestel
Contreras Annie Alicia
Saborío Mora
Primer secretario Segunda
secretaria